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EDICIÓN 64
ECUADOR CONSTITUYE un escenario de desafíos constantes para los diversos sectores productivos. Los fenómenos naturales, las crisis internas, los cambios económicos a nivel mundial, entre otros factores, impactan el normal desempeño de las empresas nacionales.
Ante esta realidad, la adaptación y la innovación son las mejores estrategias de negocios y en Revista ENFOQUE hemos sido testigos, en los últimos siete años, de las acciones ejecutadas por las compañías para mantenerse en el mercado local y ser competitivas en la dinámica globalizada.
En nuestra presente edición incursionamos en actividades financieras. El mercado de valores, que es un termómetro de la economía, evidenció un estancamiento en los montos negociados durante el 2023, y aunque nuevas empresas aprovechan esta alternativa de financiamiento para conseguir recursos a plazos y tasas convenientes. Sin embargo, hay pedidos de reformas a la normativa vigente para adaptar el marco legal a las realidades actuales y así generar mayor atracción a los inversionistas y hasta captar el interés de capitales extranjeros.
Mientras tanto, el sector de las cooperativas de ahorro y crédito continúa con su fortalecimiento con más depósitos, créditos y activos. Decenas de entidades están ampliando su atención con la apertura de agencias en otras ciudades y con la implementación de herramientas tecnológicas. Estas dos caras de la moneda demuestran el desafiante entorno ecuatoriano. En este marco, cumplimos el séptimo aniversario de circulación. Aprovechamos el momento para agradecer a los lectores por su preferencia y ratificamos nuestro compromiso para seguir informando la realidad productiva del país.
EDITORIAL•VISTAZO
Director Editorial y Gerente General: Francisco Alvarado González
Editor: Fausto Lara Flores
Reporteros: Cecibel Serrano y Sandra Armijos
Corrección: Henry Almeida
Fotografía: César Mera, José Dimitrakis, Shutterstock y cortesía
Director de Arte: Daniel Valverde López
Diagramación: Jose Zambrano Jael Vera
Jefe Nacional de Ventas: Ángel Seixas aseixas@vistazo.com
Quito Paola Cortez pcortez@uio.vistazo.com
Ventas y Clasificados: Editorial Vistazo
Guayaquil: (04) 2327-200; 2328-505
Quito: (02) 3985-700
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Publicación de Editores Nacionales S.A.
Las elecciones anticipadas, el anuncio del fenómeno de El Niño y la crisis energética en el 2023 afectaron el desenvolvimiento del mercado de valores ecuatoriano, que tiene barreras que frenan su desarrollo.
EL CONVULSIONADO escenario político y las condiciones volátiles de la economía del Ecuador durante el 2023 impactaron en el mercado nacional de valores que cerró el año pasado con una caída del uno por ciento en comparación con el 2022.
La actividad bursátil prácticamente se estancó. Una situación nada deseable, pero digna de resaltar si se analizan
todos los eventos que se presentaron en el país, según el criterio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).
La declaración de 'muerte cruzada' para los poderes del Estado, las posteriores elecciones anticipadas, el anuncio del fenómeno de El Niño y la crisis energética provocaron una caída de las ventas de las empresas, que desembocó
en menor liquidez y mayor necesidad de financiamiento.
A estos factores se sumaron condiciones externas como la escalada de inflación a nivel mundial, la subida de tasas de interés en los países más influyentes en la economía y complicaciones para el comercio internacional.
“En este contexto, es notable resaltar que para el 2023 el mercado de valores nacional pudo hasta cierto punto frenar la tendencia decreciente y se estabilizó en niveles similares a los del 2022”, resalta la SCVS.
Uno de los principales efectos de todo este escenario fue el aumento de las tasas de los títulos de deuda, indica
(en millones de dólares)
Certificados
Notas de crédito
Obligaciones
Papel comercial
Otros
la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Por ejemplo, las obligaciones a largo plazo pasaron de una tasa promedio ponderada del 7,53 por ciento en el 2022 al 8,70 por ciento al siguiente año. Mientras que, en los títulos a corto plazo el rendimiento subió del 5,71 por ciento a 7,92 por ciento en el mismo periodo.
SE NECESITAN REFORMAS en el mercado de valores para atraer más inversionistas y para crear nuevos productos.
Los títulos de renta fija representaron el 99,29% de los montos negociados en el mercado de valores ecuatorianos durante el 2023.
En otras palabras, las empresas emisoras debían estar dispuestas a ofrecer una mayor ganancia a los inversionistas para captar financiamiento en el mercado de valores.
A pesar de estas condiciones, la BVG indica que el sector público frenó sus inversiones en papeles del sector real el año pasado, lo cual redujo la inyección de recursos para las compañías que operan en bolsa.
Fue un gran impacto, puesto que la Corporación del Seguro de Depósitos y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) colocaron 1.336 millones de dólares en el 2022.
Los montos negociados en el mercado de valores nacional representan solo el 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto ubica al Ecuador muy por debajo con relación al dinamismo de otras bolsas de la región como las de Colombia, Perú y Chile.
Para la BVG, uno de los factores que limitan las negociaciones bursátiles en nuestro país es el manejo de los portafolios de inversión. Sugiere que los fondos provisionales, especialmente los manejados por las instituciones de la seguridad social, y las entidades públicas deben direccionar el mercado secundario.
"En el caso del sector público se puede evidenciar que los títulos comprados se mantienen hasta el vencimiento, limitando las negociaciones. Un mayor movimiento permitiría que se genere más liquidez de sus propias inversiones", explica el organismo.
A ello se suma, el escaso desarrollo del mercado de renta variable, que representa menos del uno por ciento de los montos negociados. La SCVS revela que este comportamiento se debe al poco conocimiento del inversionista promedio sobre el funcionamiento de las acciones y a la renuencia de las empresas de abrir sus capitales, sobre todo, aquellas de estructura familiar.
Otro de los problemas es la falta de integración con el mercado regional, lo cual no permite que los inversionistas puedan acceder a un amplio catálogo de títulos bursátiles a través de una sola cuenta.
Ante este panorama complejo surgen pedidos de cambios. La Bolsa de Valores Quito (BVQ) afirma que ha desarrollado varios proyectos de reformas, tanto de las diferentes leyes que norman el mercado de capitales como a la regulación secundaria.
Las modificaciones buscan la eliminación de las barreras de inversiones existentes en el país, la creación de nue-
vos productos y la mejora de los procesos de supervisión.
Para las negociaciones del sector público, la BVQ plantea que todas las operaciones y negociaciones de valores se realice a través del mercado bursátil, que los bonos y títulos sean emitidos siempre de forma estandarizada, que se permita las inscripciones temporales de empresas estatales para proceso de desinversión, entre otras reformas.
Foto Shutterstock
LAS TASAS DE RENDIMIENTO de las obligaciones a largo plazo y de los títulos a corto plazo aumentaron en el 2023.
Sobre todo, para adaptarse a las nuevas realidades de la actividad donde se utilizan fintech, trading automatizado, uso de algoritmos, tokenización de activos, el crowfounding, criptomonedas, digitalización y bonos temáticos relacionados al cambio climático o sociales. El organismo hace énfasis en mejorar las calificaciones de riesgo del sector, crear mejores condiciones para la participación de los inversionistas institucionales y extranjeros, fomentar la emisión de títulos de renta variable y actualizar la Ley de Mercado de Valores, cuya última reforma data de hace 10 años.
Sin embargo, hasta que se aprueben e implementen los cambios se trabaja en promover la cultura bursátil en el país. La BVG, por ejemplo, realiza programas especializados de formación para opera-
Los montos negociados en el mercado de valores nacional representan solo el 11 por ciento del PIB. Esto ubica al Ecuador muy por debajo de otras bolsas de la región.
dores de valores y el público en general.
También sugiere la creación de un nuevo Consejo de Mercado de Valores, así como cambios en las bolsas y casas de valores, en el depósito centralizado y banca de inversión.
Las voces de reformas también vienen desde la parte oficial. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros reconoce que falta un fortalecimiento institucional que le permita modernizar sus sistemas de supervisión y monitoreo del mercado.
Desde el 2021 hasta la presente, ha capacitado a más de 2.700 personas, entre cursos de introducción del mercado de valores, talleres sobre valoración, capacitaciones a casas de valores, conferencias y cursos sobre el uso de nuevas herramientas y tendencias como Inteligencia de Negocios y Finanzas Verdes.
Una línea similar ha seguido la Bolsa de Valores Quito con iniciativas de formación (talleres, seminarios y cursos) a distintos segmentos de la población. Solo en el 2023 alcanzó a más de 9.000 personas capacitadas.
También se ha desarrollado la plataforma 'InfoLab BVQ', que facilita el acceso a información relevante y actualizada, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas.
El mercado de valores permite que las empresas accedan a recursos con tasas, plazos y montos convenientes. Sin embargo, falta un mayor impulso para posicionarlo como una opción recurrente de financiamiento.
El financiamiento es el punto de partida para la ejecución de una obra de infraestructura, la expansión de operaciones, el crecimiento de la producción u otro proyecto de una empresa. Sin embargo, acceder al capital necesario con las condiciones adecuadas es la principal limitante.
Esta es una de las soluciones que brinda el mercado de valores, pues, a través de emisión de títulos, las compañías pueden captar recursos financieros de una amplia base de inversionistas, tanto institucionales como particulares.
“Al tener acceso a una mayor ofer-
ta de capital, las empresas pueden obtener tasas de interés más competitivas en comparación con otras fuentes de financiamiento”, explica Barbra Valle, subgerente comercial de Silvercross Casa de Valores.
Los plazos de pago de capital y de rendimiento también se ajustan a las necesidades de las compañías, gracias a la diversidad de instrumentos que pueden usar: obligaciones a largo plazo, papel comercial, titularizaciones, bonos temáticos y oferta pública de acciones.
A ello se suman que las emisiones se pueden realizar con garantía general, sin la necesidad de tener una garantía
AGLOMERADOS COTOPAXI estructuró una emisión de venta de obligaciones corporativas por 10 millones de dólares a través de la Bolsa de Valores Quito.
específica, y el ahorro que se logra con la desintermediación financiera, manifiesta Xavier Santos Layedra, presidente de Masvalores Casa de Valores.
Pese a estas ventajas, el mercado bursátil ecuatoriano no logra despuntar como una fuente de financiamiento alternativa para el sector privado.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), en el 2023, se autorizaron 165 procesos de oferta pública, que sumaron un monto de 5.200 millones de dólares. De este total, solo el 18,68 por ciento correspondió a emisiones de empresas privadas no financieras.
En montos, representó alrededor de 1.000 millones de dólares, mientras que la banca privada el año pasado destinó
18.529 millones de dólares para créditos del segmento comercial, dirigido a grandes, medianas y pequeñas empresas.
Los instrumentos más utilizados por las compañías en el mercado de valores fueron las obligaciones a largo plazo y el papel comercial. Los primeros alcanzaron un monto promedio de emisión de 7,46 millones de dólares y los segundos, llegaron a 9,34 millones de dólares.
El año pasado estaban registrados 332 emisores, pero solo 27 eran empresas que por primera vez participaban en la actividad bursátil.
Estas cifras evidencian el escaso posicionamiento del mercado de valores como un aliado estratégico para lograr financiamiento, una situación que se puede revertir.
“Esto se puede lograr mediante campañas de concienciación que resalten las ventajas y beneficios que ofrece este mercado, invitando a las empresas a robustecer sus estructuras internas para cumplir con los requisitos y estándares necesarios para participar activamente como emisores”, asegura Valle.
De esta forma, las compañías mejoran su visibilidad y reputación corporativa ante inversores, clientes y socios. A su vez, pueden facilitar su acceso a inversionistas extranjeros y a los mercados de capitales internacionales.
Santos ratifica que falta una mayor divulgación sobre las bondades de la actividad bursátil, pero también señala
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Emisiones
que se necesita más agilidad en la aprobación de las emisiones y un fortalecimiento integral del mercado a fin de atraer a más emisores.
Las casas de valores, por su parte, realizan una labor específica con sus clientes para identificar oportunidades de financiamiento o de inversión a través de sus diversos servicios.
Por ejemplo, Masvalores ofrece corretaje de títulos valores, estructuración de emisiones o bonos de compa-
ñías, titularizaciones y administración de portafolios. En el 2023, realizó 408 transacciones entre las bolsas de Quito y Guayaquil, sumando 612 millones de dólares de volumen tranzado.
En cambio, Silvercross se ha posicionado como un referente en la estructuración de procesos de emisión. “En este segmento, ofrecemos a los clientes alternativas atractivas de financiamiento, distintas a las tradicionales fuentes bancarias, con condiciones competitivas en
Los instrumentos más utilizados el año pasado por las compañías en el mercado de valores fueron las obligaciones a largo plazo y el papel comercial.
términos de tasas, plazos y montos”, manifiesta Valle.
También actúa como agente intermediario en la compra y venta de títulos inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores. Brinda asesoramiento financiero, gestión de patrimonios, análisis de inversiones y otros servicios complementarios.
Al cierre del año pasado, Silvercross negoció más de 4.900 millones de dólares, esto representó una participación global del 18,38 por ciento.
Las 10 principales casas de valores del país sumaron más del 80 por ciento de participación de los montos negociados en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Bolsa de Valores Quito (BVQ) durante el 2023.
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FUENTE: Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Bolsa de Valores Quito (BVQ) ELABORACIÓN: Dirección Nacional de Control-Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
A través de los fondos de inversión se pueden aprovechar las alternativas de rentabilidad que ofrece el mercado de valores. Hasta el 2023, existían 56 productos disponibles para invertir.
PARA MUCHAS PERSONAS el mercado de valores constituye un mundo complejo que permite hacer inversiones y que ofrece ganancias interesantes, sin embargo, desconocen su funcionamiento y no saben cómo participar en él.
Ante esta realidad, los fondos de inversión surgen como una alternativa práctica y sencilla para rentabilizar un capital aprovechando las herramientas que ofrece la actividad bursátil.
Hasta diciembre del 2023, a nivel nacional existían 56 fondos administrados que sumaban 1.155 millones de dólares de patrimonio y que estaban integrados por 405.271 partícipes, de acuerdo con datos de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles del Ecuador (AAFFE).
Este gremio destaca que los fondos de inversión son una bolsa común en la cual diversas personas naturales y ju-
rídicas colocan su dinero para que una compañía administradora los maneje e invierta en diferentes instrumentos o activos permitidos por la ley.
Una de las características es la diversificación, debido a que los recursos no se pueden concentrar en un título valor o en una actividad, y siempre deben garantizar la rentabilidad establecida a los partícipes.
Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, están registradas 29 administradoras de fondos y fideicomisos en el país, de las cuales 12 cuentan con fondos de inversión.
Una de las más importantes es Fiducia que contaba hasta el año pasado con un patrimonio administrado de 419 millones de dólares. A través de sus productos ofrece diversos plazos de permanencia mínima que van desde los dos años hasta un día y con rendimientos del nueve al cinco por ciento anual.
Cada fondo está pensado para las necesidades específicas de los partícipes, desde aquellos que quieren rentabilidad a corto y mediano plazo, como quienes desean financiar un proyecto de largo alcance o generar un patrimonio para el retiro laboral.
Fiducia se destaca también por su aplicación digital Mi Fondo, que permite hacer inversiones desde la facilidad del celular o de un dispositivo electrónico con aportes iniciales de 25 dólares.
Otra compañía protagonista del mercado es Fideval, que cerró el 2023 con un patrimonio administrado por 346 millones de dólares y con ocho fondos de inversión operativos, integrados por más de 12.300 partícipes.
Algunos de sus productos cuentan con permanencia mínima y en otros el tiempo los define el cliente, de acuerdo con sus requerimientos de liquidez. Además, brindan beneficios adicionales como seguros de vida, asistencia médica ambulatoria y ayuda legal.
La empresa también tiene la plataforma digital Fideapp que permite gestionar las inversiones de forma sencilla, donde el cliente desde su teléfono móvil puede registrarse y crear una cuenta en cinco minutos. Posteriormente,
debe definir un objetivo, diseñar su portafolio de inversión y poner a trabajar su dinero.
En el mercado también se destaca ANEFI Administradora de Fondos y Fideicomisos, que hasta abril pasado manejaba un patrimonio de más de 200 millones de dólares en fondos de inversión y fideicomisos de inversión.
(a diciembre de 2023)
La compañía tiene más de 30 años de trayectoria, tiempo en el cual se ha ganado la confianza de sus clientes gracias a la transparencia de sus operaciones, a la calidad del servicios y al manejo responsable de los recursos.
ANEFI ofrece alternativas de inversión innovadoras diseñadas según las necesidades tanto de personas naturales como de empresas.
Entre ellas se destaca un fondo de muy corto plazo, que invierte en las mejores instituciones del país, ofreciendo así alta liquidez.
Este producto paga un rendimiento del siete por ciento a la vista, motivo por el cual es ideal para las compañías que desean un manejo de liquidez y de capital de trabajo, así como de los inversionistas particulares que buscan una ganancia a corto plazo. La administradora también tiene fondos de mediano y largo plazo. Uno de ellos denominado Semilla, que ofrece un rendimiento del nueve por ciento.
Los maestros que se acogieron a la jubilación voluntaria deben seguir un proceso para negociar sus bonos en el mercado bursátil. La asesoría de las casas de valores es esencial.
Desde el 2013, el Gobierno nacional implementó el esquema de entrega de bonos para pagar a los maestros del sector público menores de 70 años de edad que desean acogerse a la jubilación voluntaria.
Esta iniciativa generó controversia porque no constituía dinero efectivo para los jubilados sino acceder al mercado de valores para obtener liquidez. Sin embargo, la demanda de estos títulos por los inversionistas ha permitido que se convier-
tan en opción real en la actividad bursátil. En el 2023, el monto efectivo negociado en bonos de jubilación a través de las bolsas de valores ascendió a 91 millones de dólares. Mientras que, de enero al 21 de mayo del presente año, se negociaron 14 millones de dólares, según datos de Mercapital Casa de Valores.
Aunque estas cifras representan menos del uno por ciento de los montos totales negociados en el mercado bursátil, demuestran que los títulos sí tienen demanda de parte de los inversionistas.
Para que la operación se complete hay que seguir un proceso, detalla Ulises Alvear, presidente ejecutivo de Metrovalores Casa de Valores. El jubilado primero debe firmar un convenio de dación de pago en el Ministerio de Educación y de ahí debe aperturar una subcuenta en el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador.
El siguiente paso es la asignación de la partida presupuestaria del Ministerio de Finanzas para la emisión del bono por el monto de la jubilación, y una vez emitido comienza la operación en el mercado de valores.
LAS CASAS DE VALORES brindan asesoría a los maestros jubilados para informar los detalles para la negociación de sus bonos.
Aquí es fundamental la participación de una casa de valores. “Le detallamos todas las condiciones del bono, y se le ofrece asesoría en caso de que requiera venderlo, entregándole datos como el monto a recibir, rendimiento y comisiones aplicables”, indica Alvear.
Si el cliente confirma su interés de vender el título, se genera una orden de negociación y se busca un comprador. La casa de valores se encarga de las gestiones correspondientes para lograr la venta en el menor tiempo posible, pacta la operación y una vez cumplidos los procesos de compensación se acredita el dinero a la cuenta registrada por el jubilado.
Para Daniella Cruz, gerente general de Mercapital, es fundamental una reunión inicial para comprender el tipo de asesoría que requiere la persona y sus necesidades, así como aclarar dudas o expectativas.
"La atención a este tipo de títulos debe ser completamente personalizada ya que cada bono tiene una cotización diferente", agrega Cruz, tras indicar que actualmente en el mercado hay papeles con vencimiento desde el 2024 hasta el 2032.
En estos casos, los plazos son los que influyen en el valor de la negociación, básicamente porque se trae un flujo futuro a valor presente con una tasa de interés solicitada por los clientes compradores según los rangos de mercado.
Aquí entra en juego el dinamismo bursátil. Al ser títulos emitidos por el sector público, la demanda de los mismos depende de la situación económica y política del país.
“En momentos de estabilidad, la demanda de estos títulos es mayor, lo que causa que los descuentos al momento de la venta sean bajos. Por otro lado, en momentos de incertidumbre, los compradores evitan la compra de los mismos, lo que causa que los descuentos en mercado sean altos”, explica Cruz.
La tasa de interés de los bonos de jubilación es fijada de acuerdo con las políticas del Ministerio de Finanzas y oscilan entre el 5 y 6,5 por ciento anual. Sin embargo, por las condiciones financieras del Estado, en los meses recientes, los
títulos se negociaban con un descuento del 11 al 14 por ciento.
“El respaldo gubernamental asegura que los pagos de intereses y capital estén garantizados, proporcionando tranquilidad y seguridad a los inversionistas. Si bien el Ecuador no tiene buen historial de pago en su deuda externa, lo que
sobre las condiciones del mercado y las políticas económicas para obtener las mejores condiciones de sus bonos.
Por ejemplo, existen momentos en los cuales los inversionistas del segmento institucional público salen a demandar estos papeles, tal como lo hizo la Corporación Financiera Nacional en el
el 2023, la Corporación Financiera
Nacional compró 30 millones de dólares de bonos de jubilación voluntaria en dos tramos. Con estas operaciones más de 620 maestros jubilados lograron convertir sus títulos en dinero tangible.
nos mantiene con un nivel de riesgo país muy alto; el país siempre ha cumplido con sus obligaciones de deuda interna”, destaca el Presidente de Metrovalores.
Este factor representa un gran incentivo para los inversionistas. Además, los ingresos generados por los bonos de jubilación, al ser instrumentos de inversión de más de 180 días y al haberse negociado por bolsa, son exentos del impuesto a la renta, lo que le suma otro atractivo.
Por el lado de los jubilados, se recomienda que siempre estén informados
2023, cuando compró 30 millones de dólares de bonos de jubilación voluntaria en dos tramos.
Con estas operaciones más de 620 maestros jubilados lograron convertir sus títulos en dinero tangible y con descuentos menores con relación a los que se obtienen normalmente en el mercado.
Por ello, son esenciales la asesoría profesional y la planificación financiera para maximizar los beneficios de estos instrumentos, y así equilibrar una oferta y demanda de estos títulos en la actividad bursátil.
Estas operaciones están reguladas por los organismos de control y son cada vez más frecuentes en el país. La asesoría legal es fundamental para una transacción sin obstáculos.
LA FUSIÓN y la adquisición en el mundo empresarial son dos tipos de operaciones corporativas que, aunque parecen similares, tienen diferencias importantes, por lo que una adecuada asesoría legal en materia societaria es relevante para lograr un proceso exitoso.
Mientras que la fusión permite la concentración de varias empresas con
el objetivo de combinar e integrar actividades para alcanzar una mayor dimensión o adaptarse a las exigencias del mercado; la adquisición, ocurre cuando una compañía compra la mayoría o la totalidad de las acciones o activos de otra, asumiendo su control.
En Ecuador, estas operaciones mercantiles han aumentado y están reguladas por dos entidades: la Superinten-
LA FUSIÓN y la adquisición son formas de reestructuración en las que dos o más compañías combinan sus operaciones.
dencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y la Superintendencia de Competencia Económica.
Desde enero de 2002 hasta abril del presente año, se han autorizado 59 de estos procesos, de acuerdo con información de la compañía Fiduvalor. Entre los más recientes está la adquisición mayoritaria de acciones de la cadena Multicines a la franquicia extranjera Cinemark, así como compra de Generalair S.A. por la multilatina peruana Talma, una operación que permite a la segunda brindar servicios de carga aeroportuaria en Ecuador.
Al tratarse de transacciones que incluyen varios componentes, la asesoría legal varía dependiendo de la complejidad de la operación, aunque existen elementos clave, menciona Cristina Martínez, gerente general de Ecuador Consulting Group.
“En primer lugar, se necesita reali
EL DUE DILIGENCE
ayuda a conocer la situación financiera y resultados de las operaciones de la empresa objetivo.
y -en ciertos casos- de la autorización de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).
“Es importante tener en cuenta que existen adquisiciones de compañías que pueden evidenciar una concentración económica que obliga a que dicha adquisición sea autorizada por la SCPM, la cual ordena cumplir con ciertas condiciones”, recalca el representante de Lex Bureau, que ya ha asesorado a varias organizaciones de distintos sectores económicos como la industria plástica, farmacéutica y de servicios tecnológicos.
Desde enero de
2002
hasta abril del presente año, se han autorizado 59 procesos de fusiones y adquisiciones, de acuerdo con información de la compañía Fiduvalor.
Por su parte, Mauricio Rodríguez, socio de Sempértegui Abogados, señala que entre las razones más comunes para llevar a cabo una fusión o adquisición empresarial están: un crecimiento acelerado; acceso a nuevos mercados; desarrollo tecnológico; cambio de la estrategia empresarial; optimización del capital y diversificación del riesgo.
En cualquiera de los casos, se debe realizar un adecuado análisis de la estructura de cada compañía, así como revisar los libros sociales, registros de contabilidad y otros documentos relacionados con la organización.
“Partimos siempre de un análisis inicial a suerte de auditorías, para de esa manera recomendar la operación a nuestros clientes o mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar en el camino. Así también, explicamos al cliente las tasas establecidas por la Superintendencia de Competencia Económica para revisar y resolver sobre la autorización de una operación económica de fusión o adquisición”, resalta.
Al momento de adquirir una empresa o ser parte de ésta, el inversionista debe conocer la situación, proyección, factores de riesgo y el conjunto de variables que podrían determinar el éxito o fracaso del proceso.
En estos casos, es imprescindible llevar a cabo un Due Diligence, es decir, un levantamiento de información y evaluación para conocer la situación real en el área financiera, económica, legal y estratégica, además de identificar riesgos dentro del control interno, que servirán como base para la toma de decisiones.
Whimpper Narváez, CEO de WENS Consulting Group -firma especialista en este ámbito-, asegura que en la auditoría se consideran varios aspectos, como: si los activos presentados por la empresa objetivo existen y están adecuadamente valuados; además de que todos los pasivos han sido reconocidos en los estados financieros.
También se verifica que no existan riesgos financieros, tributarios, legales,
ambientales que pudieran derivar en la medición y reconocimiento de algún pasivo; y que no existan eventos subsecuentes o posteriores entre las fechas de emisión del informe y del análisis y evaluación de la información que pudieran tener efectos significativos en los resultados finales.
“La aplicación del servicio de Due Diligence debe ser realizado previo a la estimación del valor de compra o de fusión. No hacerlo puede conllevar a pagar un precio exagerado o adquirir una empresa con cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo, valores que no existen o están desvalorizados”, enfatiza.
Esta revisión es aplicable también en las alianzas estratégicas, como una joint venture o una colaboración comercial, pues ayuda a comprender los riesgos y oportunidades asociados con la alianza. WENS Consulting Group ha participado en varios procesos para la adquisición y fusión de empresas a nivel nacional e internacional.
Los tributos pagados por los ciudadanos y las empresas representan una fuente importante de ingresos para el Presupuesto General del Estado. La carga fiscal en el Ecuador bordea el 20 por ciento.
En el Registro Oficial del pasado 2 de abril, se publicó el Presupuesto General del Estado aprobado para el presente año. Ahí se detalla que la recaudación de impuestos alcanzará los 15.715 millones de dólares, lo que es equivalente al 44 por ciento de los in-
gresos presupuestarios.
Sin embargo, con la vigencia de la reforma tributaria que incrementa la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y que implementa contribuciones temporales, la recaudación fiscal aumentará en aproximadamen-
PARA EL PRESENTE AÑO, las recaudaciones tributarias están previstas en 15.715 millones de dólares.
te 1.160 millones de dólares.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la estructura impositiva, el IVA es el de mayor participación con el 44 por ciento, seguido del Impuesto a la Renta que alcanza el 32 por ciento.
El porcentaje restante lo suman otros tributos como el ISD, vehicular, contribuciones temporales, de los Consumos Especiales, junto con los aranceles. “Los impuestos constituyen la principal fuente de ingresos permanentes del Estado, ya que se reciben
de manera continua, periódica y previsible”, destaca un comunicado de esa Cartera de Estado.
Sin embargo, en los últimos cinco años, las recaudaciones han experimentado fluctuaciones constantes. Los ingresos netos en el 2023 (sin contar devoluciones de impuestos y notas de crédito, regalías, multas e intereses) fue de 14.351 millones de dólares, es decir, cinco por ciento menos a lo recaudado un año antes.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esto obedece a una desaceleración de la actividad económica. “Los tributos más afectados fueron los relacionados con el comercio exterior (IVA, ICE y aranceles), por una caída del volumen de las importaciones”, destaca.
El promedio de las importaciones totales del país el año pasado, disminuyó un 3,9 por ciento con respecto al 2022.
Estas cifras se sustentaron en la reducción progresiva de la tarifa del ISD del 4 al 3,5 por ciento; en la aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que afectó la recaudación del impuesto a la renta; en la disminución de la contribución al patrimonio; y en la caída del crecimiento de la actividad económica, entre otros factores.
La carga fiscal
El término presión fiscal, formalmente, se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado recauda a través de impuestos y contribuciones, explica Max Aguirre Narváez, docente de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Casa Grande.
“En Ecuador, la presión fiscal se ha mantenido en niveles considerados moderados en comparación con algunos países de la región, situándose alrededor del 20 por ciento del PIB en los últimos años”, agrega.
Con este criterio coincide Mauricio Pozo Crespo, analista económico y exministro de Economía y Finanzas. “No estamos por fuera del promedio de la región, pero obviamente hay con-
ceptos que graban el coste de producción y que no existen en otros países, como el impuesto a la salida de divisas o la utilidad de los trabajadores del 15 por ciento”, explica.
Además, hay que analizar el tiempo que le toma a las organizaciones cumplir con sus obligaciones tributarias. A decir de Pozo, es algo relativo determinar este indicador, pero reconoce que las pequeñas y medianas empresas son las que enfrentan mayores dificultades.
Aguirre hace referencia al informe Paying Taxes 2020 elaborado por el Banco Mundial y la firma PwC, donde se indica que las compañías en Ecuador, en promedio, destinaban aproximadamente 664 horas anuales para efectuar sus trámites tributarios.
El tiempo que las empresas deben invertir varía significativamente entre países y está influenciado por la complejidad de sus sistemas tributarios. Por encima de Ecuador solo está Brasil con 1.501 horas anuales, por debajo Argentina con 317 y Chile, Perú y Colombia con menos de 300 horas anuales.
A ello se suma que, en menos de una década se han implementado 22 reformas tributarias, indica Aguirre, lo cual complica el cumplimiento por parte del contribuyente.
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS empresas son los contribuyentes que más dificultades enfrentan para cumplir con las obligaciones tributarias.
La legislación ecuatoriana contempla mecanismos de alivio tributario para las empresas a través de la deducibilidad de los gastos en determinados rubros, por ejemplo, el apoyo a los deportistas, a la educación y a las personas con discapacidad.
Las deducciones tributarias permiten a las empresas descontar de sus ingresos imponibles ciertos gastos incurridos durante el desarrollo de su actividad económica. Esto se traduce en un menor pago de impuestos, lo que genera un incentivo para invertir en activos productivos, innovar en procesos y tecnologías, y expandirse en nuevos mercados.
Del lado estatal, estos incentivos buscan promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable y de calidad; priorizar la producción nacional, o promover la realización de actividades consideradas de interés público por el Estado.
Estos mecanismos tienen sus re -
Las deducciones de impuestos tienen sus reglas, que están codificadas en la Ley de Régimen Tributario Interno.
glas, que están codificadas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí, se detallan las condiciones para acceder a los beneficios.
De acuerdo con Hanns Soledispa, director general de la consultora Exponential Research y académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es indispensable que las empresas lleven un registro adecuado de los gastos y pérdidas, conserven la documentación de respaldo requerida y cumplan con los límites y porcentajes establecidos para cada tipo de deducción.
“Es fundamental estar al tanto de las actualizaciones y cambios en la
normativa fiscal para asegurar el correcto cumplimiento y aprovechamiento de estos beneficios”, asegura Soledispa.
Entre las principales deducibilidades que contempla la legislación ecuatoriana constan: la depreciación y amortización, pérdidas comprobadas por caso fortuito o fuerza mayor, compensación de pérdidas, así como los gastos de viaje y de estadía.
También se pueden deducir las regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría con partes relacionadas, adquisición de bienes o servicios a organizaciones de la economía popular y solidaria, y valores de establecimiento o costos de puesta en marcha.
La normativa incluye una deducción adicional del 150 por ciento de las remuneraciones y beneficios sociales por pagos a colaboradores discapacitados, o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos.
Los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados a favor de deportistas y programas, proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora, también permiten un incentivo del 150 por ciento.
Igual porcentaje se reconoce por valores que de manera directa o mediante instituciones educativas, se entreguen para la concesión de becas a estudiantes de bajos recursos en modalidades de formación dual y de tercer o cuarto nivel.
A este grupo se suman, los gastos por aportes privados para el fomento a las artes, el cine y la innovación en cultura.
“Existe un desconocimiento que impide aprovechar estos beneficios”, destaca Soledispa, tras indicar que es fundamental los servicios de una firma especializada para conocer los de-
EL AÑO PASADO, 55 contribuyentes recibieron certificados de deducibilidad tributaria por su apoyo a proyectos de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Foto cortesía programa Ecuador sin Desnutrición Infantil
Los mecanismos de deducibilidad disminuyen la capacidad recaudatoria del Estado. En el 2022, las deducciones adicionales representaron 71,9 millones de dólares menos para el fisco.
talles de los incentivos tributarios y cómo acceder a ellos.
Los mecanismos de deducibilidad originan beneficios para los contribuyentes y, al mismo tiempo, disminuyen la capacidad recaudatoria del Estado, lo que el Servicio de Rentas Internas (SRI) denomina como gasto tributario.
Así, en el año 2022 las deducciones adicionales representaron 71,9 millones de dólares menos para el fisco. De este total, los patrocinios a favor de deportistas y programas deportivos llegaron a 8,4 millones.
Sin embargo, el Gobierno observa a estos incentivos no solo como un gasto tributario, sino también como una herramienta para sumar aliados en la consecución de objetivos sociales.
Un ejemplo de ello fue el anuncio de la Presidencia de la República, del pasado 21 de mayo, de que existen 13 proyectos de combate contra la desnutrición crónica infantil calificados
y listos para ser patrocinados, que requieren de aproximadamente 50 millones dólares para su ejecución.
La empresa privada que invierta en estas iniciativas recibirá un beneficio fiscal del 150 por ciento adicional de deducibilidad para el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta.
María José Pinto, secretaria técnica del programa Ecuador sin Desnutrición Infantil, resalta que en el 2023 los proyectos calificados en este ámbito alcanzaron auspicios por 4,7 millones de dólares, los cuales significaron 64 certificados de deducibilidad emitidos a favor de 55 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas.
“En el presente ejercicio fiscal, hasta el mes de mayo, nueve contribuyentes han solicitado la reserva de cupo para patrocinar proyectos calificados dentro del mecanismo de deducibilidad. El objetivo es alcanzar los 10 millones de dólares”, manifiesta.
La facturación electrónica brinda transparencia y control en las operaciones tributarias. También ayuda a los contribuyentes a realizar sus procesos de forma más eficiente.
Desde el año 2014 Ecuador empezó a implementar la facturación electrónica, a través de varias normas establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con un calendario de integración a dicho sistema.
Hasta que, para noviembre del 2022, se convirtió en una obligatoriedad para las personas naturales y jurídicas. Actualmente, a excepción de los contribuyentes del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares
(RIMPE), todos están obligados a utilizar este medio digital.
Serguei Proaño, fundador y CEO de Mi Negocio, quien trabajó por una década en el equipo de implementación de facturación electrónica en el SRI, recuerda que entre 2010 y 2014 solo 80 sujetos pasivos estaban obligados a utilizar este sistema. En la actualidad, alrededor de 2,4 millones de personas y organizaciones en el país están inmersos en la facturación electrónica, de acuerdo con datos del ente tributario.
El 98 por ciento de los contribuyentes ya facturan de forma digital, resalta Ricardo Vallejo, director Comercial de Iconta, tras indicar que incluso quienes están en régimen RIMPE ya están optando por este servicio de acuerdo con sus necesidades de transaccionalidad, por ejemplo, al ser proveedores de una empresa grande que ya no acepta facturas de papel.
Esta tendencia generó también un incremento del servicio de plataformas de facturación. Esto lo vivió ACTA Asesores Empresariales, que entre noviembre del 2022 y agosto del 2023 registró un crecimiento mensual de aproximadamente el 10 por ciento.
Ya para septiembre y octubre del año pasado el incremento fue del tri-
En el país, existen 13 empresas autorizadas para emitir firmas electrónicas, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
ple dado que los contribuyentes cuyo talonario de facturas pre impreso caducó, prescindían del servicio para continuar con su actividad económica, explica Richard Guano, gerente general de la empresa.
Si bien el SRI dispone de un facturador electrónico gratuito, este tiene ciertas limitaciones que las empresas que ofertan este servicio pretenden solventar, la más importante: la accesibilidad, poder emitir una factura desde cualquier dispositivo.
La generación de reportes es otra de las ventajas de las plataformas privadas.
En el caso de Mi Negocio, oferta planes desde 10 dólares al año, para una persona natural que no emite muchas facturas, hasta opciones para empresas medianas, con sucursales, que podrían pagar 600 dólares anuales, donde el cliente puede analizar cuál es el producto que más rota, el menos rentable o quienes son sus mejores clientes.
En el caso de Iconta, sus planes van desde 30 hasta 70 dólares al año, los cuales incluyen manejo de clientes, reporte de ventas, inventario, récord de facturación, entre otros servicios.
ACTA, por su parte, dirige su oferta de servicios a los emprendedores, con planes que van desde cinco dólares al año, hasta negocios en etapa de crecimiento con una emisión ilimitada de documentos por 100 dólares anuales.
Una herramienta segura
Iconta, con todos sus servicios en la nube, garantiza la protección de los datos con un software de alta tecnología
Certificados electrónicos aprobados en cinco minutos, con procesos de validación de identidad y estándares de seguridad son los valores agregados que ofrece Uanataca Ecuador S.A.
La empresa ofrece firma electrónica en la nube, de larga vigencia, en token o en archivo, y firma electrónica One-Shot (de un solo uso). Tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, y a través de partners la presencia llega a las 24 provincias del país.
Con estos servicios, la compañía contribuye con la masificación de la identidad digital, que ayuda en los procesos tributarios y bancarios, así como a reducir los tiempos en temas contractuales o legales, entre otros.
El CEO de Uanataca, Elias Barzallo, explica que otro de los factores distintivos de la empresa es la certificación Adobe a nivel mundial. Además, cumple con los estándares de seguridad de la Unión Europea, convirtiéndose en un Prestador de Servicios de Confianza Global de Europa; tiene la ISO/IEC 27001:2014 de seguridad de la información, la ISO 9001:2015 de calidad y certificaciones de Seguridad criptográfica.
En el 2022, la compañía logró una participación del 13 por ciento en el mercado de emisión de certificados digitales en el Ecuador; para el 2023 ascendió al 26 por ciento; y en el presente año, el objetivo es llegar al 44 por ciento.
donde solamente el cliente conoce la contraseña que utiliza, ya que está encriptada. Está en proceso de obtener la certificación ISO 27001 de Seguridad de la información y la ISO 9001 de Gestión de calidad.
El cambio a facturación electrónica no resultó fácil para todos los contribuyentes, por lo que Mi Negocio desarrolló la funcionalidad de facturación por voz, con inteligencia artificial.
Para garantizar la seguridad de la información, los servidores de esta empresa están en la nube Google, en tres zonas de Estados Unidos y un respaldo en Brasil.
Las cooperativas amplían su cobertura para atender a los socios que han migrado a otros cantones. Más de la mitad de los nuevos puntos de atención se ubican en 10 ciudades importantes del país.
El Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) cumple un rol importante en la inclusión financiera del país. Se estima que, por cada dólar que capta en los cantones con ruralidad y pobreza coloca 1,67 y 1,75 dólares, respectivamente.
En el 2023, los activos del SFPS ascendieron a 26.668 millones de dólares, con un crecimiento anual del 6,9 por ciento. Los depósitos del sector muestran también la confianza de los socios, al cerrar en 21.363 millones de dólares,
representando un incremento del 8,5 por ciento.
Es esa misma confianza la que ha impulsado la expansión de estas instituciones. Muchas de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC), por ejemplo, han salido de sus cantones de origen para ubicarse en las principales ciudades del país.
Los factores para esta expansión son diversos, entre los cuales se destacan: atender a los socios que han migrado a otras zonas geográficas, generar una ma-
yor inclusión financiera, ingresar a nuevos mercados y aumentar el patrimonio.
La superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, señala que hasta el año pasado las COAC y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda contaban con 6.027 puntos de atención. De estos, 3.652 abrieron en el periodo 2019-2023.
Aproximadamente, la mitad de los nuevos puntos de atención se establecieron en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Loja, Riobamba, Machala, Latacunga y Azogues. Aunque otras ciudades que solo tenían una o dos agencias registraron un comportamiento positivo.
“Al finalizar el 2023, El Triunfo tenía 14, Paján y Pallatanga contaban con cinco cada uno, Portovelo y Arenillas ocho
CREDI YA abrió una agencia en Guayaquil para cubrir la necesidad de financiamiento de los negocios y emprendimientos del cantón.
cada uno. Durán también presentó un crecimiento considerable en este periodo, pasando de 19 a 76 puntos de atención”, señala Hernández.
La confianza es el principal elemento para que las instituciones financieras crezcan, así lo refuerza el gerente general de la COAC Chibuleo, Rodrigo Llambo, quien cuenta que en los últimos cinco años la cooperativa creció un promedio del 25 por ciento, producto de la seguridad que proyectaba a sus socios y clientes.
El directivo explica que son varios los factores que se toman en cuenta antes abrir una nueva agencia, entre ellos: demografía y densidad poblacional; perfil económico y potencial de mercado; competencia; accesibilidad y visibilidad; seguridad; regulaciones locales y zonificación; costos de operación; infraestructura tecnológica e impacto social y responsabilidad corporativa.
Actualmente, Chibuleo tiene 35 agencias a nivel nacional, siendo las de Manta, Babahoyo, Portoviejo, Quevedo y La Mana las últimas en abrirse.
“Para el 2025 tenemos planificado la apertura de cinco más que se ubicarán principalmente en el austro ecuatoriano, con eso abarcaríamos casi la totalidad de las provincias”, anuncia Llambo.
Otra cooperativa que también amplió su campo de acción fue Credi Ya. En el 2022, abrió puntos en las ciudades de Macas, Sangolquí y Guayaquil, a esta última llegó con la visión de cubrir la necesidad de financiamiento de negocios y emprendimientos del cantón.
Durán: 64
“Detectamos que es un mercado que se ha caracterizado por trabajar con bancos, donde en muchas ocasiones el cliente no puede acceder, pues la parte burocrática le impide obtener financiamiento para su emprendimiento o crecimiento de su empresa. Como cooperativa contamos con mayor apertura y conocemos a detalle al cliente, ya que nos especia-
lizamos en microcrédito”, enfatiza la gerente general, Cristina Santamaría.
Credi Ya cuenta hasta la fecha con más de 12.000 socios, así como 13 agencias en: Ambato, Izamba, Huachi Grande, Píllaro, Quisapincha, Quito, Riobamba, Latacunga, Sangolquí, Ibarra, Santo Domingo, Guayaquil y Macas.
LA COAC CHIBULEO tiene 35 agencias a nivel nacional. En el 2025 abrirá cinco puntos más en el Austro.
En el 2023, las COAC y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda contaban con 6.027 puntos de atención. De estos, 3.652 abrieron en el periodo 2019-2023.
Liquidez: 25,9% con un incremento de 1,8% versus el 2022.
Solvencia: 15,6%, con 6,6 puntos por encima del requerimiento legal vigente (9%).
Guayaquil: 200
Utilidades: 122 millones de dólares.
Morosidad: 7,2%.
Número de cuentas: 19’007.827
Los créditos de las COAC han permitido financiar actividades comerciales y a los sectores agrícola, pecuario, textil y florícola. Los préstamos de consumo fueron los más solicitados en el 2023.
De acuerdo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en el 2023 las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) junto a las asociaciones mutualistas aprobaron 1’454.427 operaciones de crédito, de las cuales el 55,1 por ciento fue para financiamiento de consumo y el 44,1 por ciento para microcrédito.
A través de este último, el sector se posicionó como el mayor promotor del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El año pasado, según la SEPS, se efectuaron 641.750 operaciones de
crédito para este segmento.
El microcrédito se caracteriza por financiar a individuos y pequeños emprendimientos que normalmente enfrentan dificultades para obtener servicios bancarios convencionales. A decir del gerente general de la COAC Acción Tungurahua, Elías Pacari, estos generan un impacto positivo en las ventas, producción y capital de trabajo de los clientes y, en algunos casos, no requieren de garante o la firma del cónyuge.
Para la institución este segmento representa el 92 por ciento de su cartera. Sus productos Credi Productivo,
Emprendedor, Frecuente y Reactivante, por ejemplo, tuvieron el año pasado un peso importante en los sectores pecuario, agrícola, comercial, textil, de transporte, cuero y calzado, y florícola.
El microcrédito también es de relevancia para la cooperativa Juan Pío de Mora. Para atender de mejor manera las necesidades de sus socios y clientes desarrolló varias sublíneas: Emergente para Negocio y Productivo; Micro Agrícola y Ganadero; MIPRO; y los microcréditos Agropecuario, Hipotecario, Individual o Quirografario y Prendatario.
El año pasado estos productos crediticios tuvieron una participación del 52 por ciento y un saldo de 28 millones de dólares.
Pedro Pablo Lucio, gerente general de la COAC Juan Pío de Mora, señala que la cartera de consumo también fue representativa y ocupó el 42 por ciento con un saldo de 22 millones de dólares.
El 71 por ciento del financiamiento solicitado se usó en el pago de servicios y la adquisición de bienes finales. “En el
EL 92 POR CIENTO de la cartera de crédito de la COAC Acción Tungurahua corresponde a crédito productivo.
en créditos durante el periodo 2023.
último año este producto tuvo un crecimiento de 4,1 millones de dólares, lo que representó un incremento anual del 23 por ciento”, destaca.
Un comportamiento parecido fue el que registró el crédito de consumo de la cooperativa Atuntaqui. Éste ocupó el 48 por ciento de su cartera, seguido por el microcrédito con 31 por ciento.
En el 2023, la institución otorgó 177,8 millones de dólares en créditos, de los cuales 54,9 millones de dólares se colocaron principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Manabí y Tungurahua.
Además, la cooperativa ingresó al plan de financiamiento inmobiliario con los productos de créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP), impulsados por el Gobierno Nacional a una tasa preferencial. Desde entonces, la COAC ha colocado 131 operaciones por 9,2 millones de dólares
“Atuntaqui es la primera institución en el Ecuador dentro del segmento cooperativo en calificarse y poder otorgar este producto, y además es una de las cinco instituciones a nivel nacional en poder otorgar créditos de vivienda de interés social y público”, destaca el gerente general, Alejandro Pazmiño.
Las cooperativas de ahorro y crédito se han sumado al fomento de la economía verde y ya cuentan con productos que apoyan proyectos y emprendimientos sostenibles.
LA ECONOMÍA POPULAR y Solidaria (EPS) empieza a tener un rol importante en la lucha contra el cambio climático. En los últimos años, este segmento ha impulsado por cuenta propia o con financiamiento de terceros, productos crediticios para el financiamiento de iniciativas y proyectos amigables con el medio ambiente.
Del lado público, en el 2022, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) aprobó el ‘Crédito Verde’ para financiar actividades sostenibles. Desde entonces se han asignado a emprendedores y microempresarios fondos para créditos productivos por 2’948.670 dólares, a través de 577 operaciones.
Hasta la fecha dos cooperativas de ahorro y crédito (COAC) han accedido al fondeo que promueve la institución. Paralelamente, la CONAFIPS ha presentado proyectos a organismos multilaterales para que los actores de la EPS accedan a financiamiento con condiciones favorables en esta línea.
La gerente general (e) de la corporación, Tatiana Witt, comenta que se gestionan otras líneas de crédito, tales como: BID Bioeconomía región amazónica; AFD Bioeconomía: cambio climático y microcrédito por Europa; BID Electromovilidad; y Bono Temático BID por aproximadamente 160 millones de dólares.
Una cooperativa que desde el 2017 viene consolidando su crédito verde es Mujeres Unidas (CACMU). La cartera de este producto alcanza a la fecha los 4,9 millones de dólares, distribuidos en 1.160 operaciones crediticias.
Este financiamiento está orientado a soluciones climáticas como: agricultura orgánica, apicultura, control integrado de plagas y enfermedades, ecoturismo, lombricultura, restauración de suelos, paneles solares, entre otras.
A más de capital, los socios reciben seguimiento en sus proyectos, capacitación y asistencia técnica. La gerente general, Jeaneth Chávez, señala que a través de la herramienta tecnológica YAPU se califica y evalúa que los proyectos postulantes sean económica, ambiental y socialmente sostenibles.
Entre las iniciativas financiadas por CACMU está la producción y comercialización de cacao orgánico con las asociaciones REDESCOCPE, APROCA y Sabor Arriba; la de hortalizas orgánicas con PRODUCAMPO; y de miel de abeja y carpintería apícola del emprendimiento familiar Santa Marianita en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Ibarra.
En la última iniciativa mencionada, la cooperativa otorgó un crédito de
4.000 dólares, destinados para la compra de abejas y materia prima para la fabricación de cajas y marcos para la construcción de colmenas.
La beneficiaria, Carla Chamorro, cuenta que su familia tiene una década dedicada a la apicultura y que es precisamente el beneficio que ofrecen estos insectos al medio ambiente lo que les llevó a ser considerados.
“Actualmente, tenemos unas 100 colmenas, entre grandes y pequeñas. Estamos produciendo aproximadamente una tonelada de miel al mes y vendemos cajas y marcos apícolas a nivel nacional; gracias al crédito el negocio ha podido crecer en un 50 por ciento”, recalca.
En el amazonía ecuatoriana también se han cristalizado emprendimientos sostenibles. Ese es el caso de la marca de bisutería Nisha; los helados Kindys Rasu cuya envoltura orgánica es una hoja de bijao; los cosméticos naturales ancestrales Bio Warmi y, el proyecto de turismo comunitario San José de Veracruz que ha empoderado a los miembros de esta comunidad.
Estas y otras iniciativas se concretaron gracias a los créditos verdes de la cooperativa CACPE Pastaza. El gerente
general, Edgar Acuña, dice que esta línea crediticia motiva a los socios a fomentar soluciones climáticas.
A TRAVÉS DEL CRÉDITO Semilla de CACPE Pastaza se han desarrollado varios emprendimientos sostenibles en la región amazónica.
promover la inclusión financiera.
En el último año, la CACPE Pastaza ha destinado 3’158.935 dólares en créditos verdes.
Estos productos cuentan con el Sistema de Gestión Social y Ambiental y Social (SARAS), una aplicación tecnológica desarrollada por la CONAFIPS para ayudar a las organizaciones del sector financiero popular y solidario a gestionar los riesgos ambientales y sociales de sus operaciones de crédito.
La herramienta permite a las instituciones evaluar la capacidad de sus socios para gestionar riesgos ambientales y sociales. Hasta la fecha, se han gestionado cerca de 1.750 millones de dólares en créditos productivos a COAC y mutualistas, alrededor del 50 por ciento de este monto ha sido verificado por SARAS.
“Al ser un producto relativamente nuevo, la corporación implementó un
La economía verde es crucial para combatir el cambio climático y la degradación de la naturaleza. Los créditos en esta línea se destinan al apoyo de iniciativas ambientales y a promover el uso eficiente de los recursos.
“En los últimos años hemos impulsado la formalización de varios proyectos, no solo orientados a fomentar la sostenibilidad ambiental, sino también la social”, indica.
Entre los productos desarrollados por la cooperativa está el Crédito Semilla, destinado a impulsar la agricultura, producción y comercialización con responsabilidad ecológica; y CrédiWarmi que atiende a mujeres emprendedoras y en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un capital que no requiere la firma del cónyuge.
Acuña destaca además que se creó una oficina móvil con paneles solares para llegar a todos los sectores rurales y
programa de capacitación sobre ‘Líneas de Crédito Verdes y SARAS’, involucrando a las cooperativas. Esta iniciativa prepara a las instituciones y sus usuarios para llevar a cabo operaciones de crédito con un enfoque responsable”, manifiesta Witt.
La funcionaria prevé que a futuro la demanda de estos productos se incrementará, tanto por una mayor conciencia ambiental como por las regulaciones que promuevan una economía baja en carbono, las oportunidades en sectores verdes y tecnologías limpias, y la necesidad de financiar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Los avances tecnológicos permiten a las COAC gestionar de manera eficiente sus operaciones, mejorar la precisión de los datos, reducir el tiempo de las transacciones y perfeccionar el servicio.
EL FRAUDE cibernético es uno de los desafíos más fuertes que enfrentan hoy las instituciones financieras. Ecuador no está ajeno a esta realidad y se ha convertido en uno los países con más ataques de phishing en la región, junto a Perú y Colombia, y el quinto en el ranking de intentos de phishing a nivel global con 12,2 millones vulneraciones en un año.
Dos de cada diez intentos de ciberataques a nivel nacional están dirigidos a instituciones financieras, incluidas las del sector popular y solidario. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) éstas ya están tomando medidas para dar más seguridad a sus usuarios.
La Cooperativa de la Policía Nacional (CPN), por ejemplo, se blindó de estos ataques con inteligencia artificial
(IA). Recientemente, implementó una herramienta que utiliza esta tecnología para analizar los comportamientos transaccionales de los usuarios en su app, oficina virtual y cooperativa web, así como para identificar su autenticidad al realizar movimientos de sus cuentas.
El gerente general, Roberto Romero von Buchwald, explica que ésta permite que las transacciones digitales tengan una capa extra de seguridad. Dentro del proceso de autentificación se toman en cuenta datos como: horas de conexión, cómo se digita la información, si es diestro o zurdo e incluso la cantidad de pre-
EL ECOSISTEMA de Coonecta Red Transaccional permite acceder a cajeros automáticos y otros servicios.
sión con la que sujeta el dispositivo.
El socio ingresa a su aplicativo móvil, que es donde se realiza el 95 por ciento de las transacciones digitales en la CPN; selecciona la opción de transferencias y realiza la operación.
“Al momento de autenticar, nuestra IA ya aprendió y analizó los datos de comportamiento de la persona. Estos pasan por un algoritmo que evalúa el riesgo de fraude de la transacción y determina si la operación es segura, en cuyo caso se aprobaría el movimiento”, manifiesta Romero.
De requerirse un segundo factor de autenticación, el usuario recibe un código OTP para la transacción y en caso de que se detecte un riesgo alto, se detiene la operación y se deriva al usuario con un Contact Center para verificar su identidad. La cooperativa invirtió más de 250.000 dólares en esta innovación.
La atención es otra de las líneas en las que más innovan las cooperativas. La Andalucía desarrolló el año pasado su Chatbot Lucy, una herramienta basada en IA que en tiempo real resuelve dudas y asesora a los clientes vía WhatsApp.
Entre las funcionalidades que ofrecen están: consulta de movimientos, saldos de créditos, fechas de pagos, valores vencidos, horarios de atención y ubicación de sucursales, en sus próximas versiones se prevé incorporar más
COOPCENTRO emitió su tarjeta de débito Visa De Una y se unió a la red de cajeros automáticos Coonecta.
opciones y transacciones.
Otro de sus desarrollos es Andalucía Móvil, una app que brinda opciones transaccionales, transferencias interbancarias, pago de servicios públicos y privados, y consulta de los productos de la cooperativa.
“Cerca del 57 por ciento de nuestros usuarios utilizan estos canales digitales, se observa que la utilización predominante es Andalucía Móvil por las facilidades que ofrece con opciones rápidas de visualizar y ejecutar, principalmente la consulta consolidada, transferencias locales e interbancarias y pagos de servicios”, resalta el subgerente de Tecnología y Operaciones, Gerardo Dorfflinger.
A decir del gerente general de Coonecta Red Transaccional, Ramiro Baldeón, en los últimos años el sector financiero popular y solidario ha experimentado una notable evolución en términos de tecnología, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia ope-
rativa, brindar servicios más accesibles y seguros, y fomentar la inclusión financiera.
Esta evolución viene de la mano con mejoras en los sistemas de core financiero; enlaces de comunicación más seguros; migración de infraestructura a data centers especializados; implementación de aplicativos webs y móviles; así como tecnificación de sistemas de cobranzas y medios de pago digitales.
Uno de esos casos es CoopCentro, que desde que implementó en el 2019 su portal web transaccional y app móvil su nivel de atención mejoró considerablemente.
Actualmente, el primero registra un promedio de 1.500 transacciones al mes y una tasa de crecimiento mensual de alrededor del dos por ciento. Su tarjeta de débito Visa De Una soporta un promedio de 3.600 transacciones al mes.
El jefe de Tecnología de la Información de CoopCentro, Juan Freire, detalla que se incorporó un core financiero robusto, una red de agencias interconectadas con enlaces redundantes de comunicación y el uso de la nube.
des inusuales en la red de datos y en estaciones de trabajo”, menciona.
La evolución del sector cooperativo financiero ha obligado a las instituciones a buscar aliados tecnológicos para adoptar servicios con estándares que protejan la información y prevengan fraudes.
Coonecta Red Transaccional, por ejemplo, pone a disposición de este segmento nuevas tecnologías en medios de pago, cuya plataforma incluye productos como las tarjetas de débito VISA, cajeros automáticos y puntos para pago, recaudaciones y remesas. Su red comprende 75 instituciones financieras.
Ramiro Baldeón destaca que la infraestructura de la empresa ha modernizado la forma en la que cooperativas y mutualistas interactúan con sus socios. La expansión de cajeros automáticos y puntos de venta en áreas rurales ha facilitado el acceso al efectivo y la opción de depósitos y, en el caso de las entidades que tienen agencias móviles se ha podido llevar los servicios financieros a localidades rurales específicas.
Este año, Coonecta mejoró sus esquemas de seguridad en los cajeros automáticos y tarjetas de débito con la implementación de notificaciones de transacciones financieras por vía SMS y mail, así como mejoras en esquemas de prevención de fraudes como tecnología 3DS.
Dentro de las innovaciones en las que trabaja están también el servicio de billetera móvil y el desarrollo de una tar