b cedca como casos más sutiles y elaborados, como el flujo de productos genuinos que no cumplen con las regulaciones de sus mercados de origen o destino. Es decir, circulan violando normas fiscales, aduaneras, sanitarias y de libre competencia. Los actores criminales abusan de las bondades y debilidades del comercio electrónico. Se aprovechan de las distancias geográficas; de la ausencia de una adecuada y eficiente identificación de los oferentes y propietarios de plataformas digitales; de la facilidad de migración dentro del ecosistema digital y, cómo no, de la ausencia, lasitud y divergencia, de una regulación adecuada o, de lo que es más grave aún, de la dificultad para perseguir, judicializar y ejecutar sanciones. La prevención y combate del comercio electrónico ilícito requiere, entre otras medidas, de la cooperación público-privada. Como árbitros, debemos seguir adaptándonos a esta “nueva normalidad” impuesta por el COVID-19. Ello, por ejemplo, con el fin de garantizar una efectiva solución de controversias, en el marco de los arbitrajes virtuales y la digitalización de nuestras actuaciones procesales. (Ref. Art. 10 del Decreto Legislativo colombiano 491 https://dapre.presidencia. gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf). b
of origin or destination. That is, they circulate in violation of tax, customs, health and competition rules. Criminal actors abuse the strengths and weaknesses of online trade. They take advantage of geographical distances; the absence of an adequate and efficient identification of the providers and owners of digital platforms; of the ease of migration within the digital ecosystem and, of course, of the absence, lassitude and divergence, of adequate regulation or, what is even more serious, of the difficulty in pursuing, prosecuting and executing sanctions. Preventing and combating illicit online trade requires, among other measures, public-private cooperation. As arbitrators, we must continue to adapt to this “new normal” imposed by COVID-19. This, for example, in order to guarantee an effective dispute resolution, within the framework of virtual arbitrations and the digitization of our procedural actions. (Ref. Article 10 of Colombian Legislative Decree 491 https:// dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf). b
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