Libertades individuales: ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado?

Libertades individuales: ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado?

El pasado viernes 20 de noviembre se llevó a cabo el foro “Libertades individuales: ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado?” organizado por el Observatorio Regional Valle Visible y en el que el Centro de Ética y Democracia de la Universidad ICESI fue acompañante. En él participaron la Representante a la Cámara Catalina Ortiz Lalinde del partido Alianza Verde, su homólogo Juan Fernando Reyes Kuri del Partido Liberal y el Senador del partido Colombia Justas Libres, John Milton Rodríguez.

El evento se desarrolló sobre los debates planteados en los proyectos de ley presentados por Juan Fernando Reyes Kuri y sus coautores, en los que se relaciona la regulación de la eutanasia como derecho de morir de manera libre, autónoma y digna, y el de regulación del cannabis de uso adulto y recreativo. Los debates en torno a estos temas no son menores. Por el contrario, suscitan diversas posturas sostenidas sobre creencias religiosas y morales, hallazgos científicos, entre otras. Así pues, en profundidad, el debate se desarrolló sobre la capacidad que tienen los y las ciudadanas de decidir sobre sus vidas de manera libre y autónoma, de manera consiente e informada, así como de la capacidad que tiene el Estado por intervenir o no en este tipo de decisiones, así como el rol que debe jugar como garante de las libertades individuales, pero también como responsable en la regulación y/o prohibición de estas prácticas. Y es sobre todo en este punto donde hay más discusiones: ¿cuál es la responsabilidad del Estado en garantizar la libertad y la vida? ¿debe el Estado regular o prohibir? ¿qué circunstancias le impiden al Estado intervenir en las decisiones individuales de la ciudadanía? O, por el contrario, ¿debería intervenir en cualquier tipo de circunstancias? ¿qué tipo de intervención debería ejercer? Estas y otras preguntas fueron desarrollando un debate en el cual los y la congresista aportaron de su experiencia personal y legislativa.

Sobre la capacidad de incidencia que debería tener el Estado en las decisiones individuales de morir dignamente en determinadas circunstancias y de consumir cannabis de manera recreativa, el Representante Reyes insistió en que las decisiones individuales deben estar fundamentadas en la autonomía de la ciudadanía, por lo cual el Estado debería no “meterse en estas decisiones”. Al contrario, el Estado debería preocuparse más por garantizar las libertades religiosas y políticas, así como el respeto por las mismas. Así, en “decisiones profundamente individuales” el rol del Estado debería ser más de garante y regulador que de prohibicionista.

Coincide la Representante Ortiz al reconocer la importancia que tiene, para la ciudadanía, la escogencia de las creencias y cómo a partir de esta, se toman

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decisiones sustentadas sobre un modo propio de vivir la vida. Así pues, el Estado debería, sobre todo, regular para proteger la vida y la salud, afirmando a su vez que la regulación no implica la promoción de determinada práctica. En el caso de la regulación de la eutanasia y del consumo de cannabis de uso recreativo, esto implicaría reglamentar prácticas que se desarrollan pero que desbordan la capacidad del Estado.

En este sentido, regular tendría un sentido de asumir las problemáticas para prevenir afectaciones a la salud o, en otras circunstancias, brindar la información necesaria para que este tipo de decisiones se tomen sobre la base de una conciencia informada.

Por su parte, el Senador Rodríguez afirma que el deber y la responsabilidad del Estado debe estar dirigida a garantizar el derecho a la vida consagrado en la Constitución Política de 1991. En esta medida, todo tipo de práctica que implique afectaciones a la salud y la vida, deben ser rechazadas. Así, el ejercicio de las libertades debe estar acompañada por la responsabilidad del Estado en garantizar y defender la vida, por lo cual habría que distinguir entre derechos, deberes, libertades y deseos, en la cual, insiste el Senador, los derechos no pueden responder a deseos.

Frente a este último punto, la Representante Ortiz sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no se refiere a un deseo sino a una manifestación de la individualidad y que contrario a la prohibición, debe ser un derecho desarrollado a partir de la garantía de la información válida. Para la Representante, “la vida no es tener signos vitales” sino que significa vivirla según las perspectivas individuales y por ello, parte de estar vivo implica tener la posibilidad de escoger. En esta misma vía, el Representante Reyes considera que estas perspectivas de vida se desarrollan sobre visiones de mundo que no pueden imponerse unas sobre otras, sino que deben coexistir sobre la base del respeto, por lo cual, el deber del Estado es el de informar a partir de hallazgos científicos con el objetivo de lograr que las decisiones individuales de la ciudadanía se tomen sobre la base de la información. No obstante, el Senador Rodríguez insiste en que algo recreativo no es algo que destruye la vida y la dignidad de las personas por lo cual el Estado debe regular sobre los derechos y no los deseos individuales, sosteniendo que de ninguna forma el ejercicio de las libertades puede recaer en el libertinaje.

En cuanto a las formas en las que se aborda el problema del consumo de cannabis, asociado también a un problema de micro y narcotráfico, la Representante Ortiz considera que el Estado debe hacer frente a una nueva realidad económica que podría significar oportunidades de financiación. Regular el consumo y el comercio del cannabis no solo sería arrebatarle el negocio al narcotráfico, sino que supondría la posibilidad de obtener recursos de un negocio creciente en el mundo. Así, para ella, es importante

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pensar el problema en términos de seguridad, por la violencia que implica el narcotráfico, pero también de salud pública por las afectaciones que tiene el consumo sobre la salud de las personas. En este sentido, la regulación permitiría la reducción de la violencia, la promoción de información sobre los efectos nocivos del cannabis y a su vez, sería una fuente de financiación del Estado.

Para el Representante Reyes avanzar en la regulación implica una responsabilidad aún mayor del Estado pues necesariamente se debe avanzar en la prevención y la reducción del riesgo. “¿Qué política genera menor riesgo: la lucha contra las drogas o la regulación del cannabis?” Para el Representante la lucha contra el narcotráfico es una lucha que se ha ido perdiendo y que, por el contrario, ha conducido a un aumento de la violencia, por lo cual la regulación supone una reducción en los riesgos para la vida de las personas. No obstante, esta reducción del riesgo no se hace nula por medio de la regulación, por lo cual el Estado debe trabajar en la prevención y la promoción de la información para así garantizar decisiones conscientes. Así pues, los riesgos se disminuyen no prohibiendo sino regulando por medio del control del Estado.

Sin embargo, para el Senador Rodríguez regular el uso recreativo de una sustancia como el cannabis, que posteriormente llevaría al debate de regular el uso de otras sustancias como la cocaína, sería “poner al Estado al servicio del narcotráfico”. Desde su postura, no existe consumo recreativo sin riesgo por lo cual regular una sustancia que para él conlleva a la dependencia de otras sustancias, sería regular en favor de un negocio que ha desangrado el país. A partir de esto, propone que se deben brindar oportunidades reales de mercados estables para aquellos campesinos que obtienen del cultivo de coca el sustento para sus familias. En esta vía, la sustitución integral de los cultivos de uso ilícito debe ser una política del Estado para garantizar la transición de economías ilegales a economías legales que reduzcan los niveles de violencia en los territorios.

El debate finalizó sobre este último punto polémico mencionado por el Senador. Para el Representante Reyes regular el uso recreativo del cannabis no necesariamente implica legislar en favor del narcotráfico, por el contrario, supone quitarle un negocio a un actor generador de violencia en los territorios. De igual manera asiente la Representante Ortiz al afirmar que mas que servirle al narcotráfico, regular supondría una oportunidad para hacer de esas rentas ilegales una renta legal para el Estado.

De esta manera se dio por terminado el foro del cual resaltamos la capacidad política de los y la participante de debatir temas tan álgidos y con posturas tan distintas desde el respeto y la convivencia, demostrando así que es necesario construir desde valores

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democrĂĄticos para construir rutas conjuntas que resuelvan algunos de los problemas que atraviesa nuestro paĂ­s.

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