Punto Seguido Ed.99 (2025-20) #PS99

ESTADO En EMERGENCIA

La incertidumbre y el desconcierto amenazan la democracia peruana. En ese marco, las elecciones generales de 2026 aparecen como una oportunidad para impulsar el cambio necesario, de la mano de una generación joven que alza la voz para recuperar el rumbo.

EDITORIAL

Las elecciones generales de 2026 representan una oportunidad para impulsar los cambios que el país reclama. En este escenario, la generación Z se posiciona en un espacio visible en nuestra actualidad política. Sus iniciativas y mirada crítica anuncian un momento de renovación que ya no es posible ignorar.

Se trata de una etapa que atravesamos por dificultades en la gestión pública, la institucionalidad, la seguridad y la representación política. En consecuencia, se vuelve cada vez más importante vigilar al poder y exigir decisiones que favorezcan el bien común. La fragilidad de los partidos políticos y de la Ley Electoral revela profundas grietas que deben enfrentarse con urgencia.

Esta edición de Punto Seguido se acerca a ese momento de transición. A cuatro meses del proceso electoral, examinamos las luces y sombras del sistema político, el impacto de las economías ilegales, el déficit fiscal y las grietas normativas que requieren atención inmediata, entre otros contenidos de coyuntura. Y lo hacemos bajo la convicción de que comprender estos desafíos constituye el primer paso para superarlos.

Invitamos al lector a sumergirse en estas páginas, las cuales han sido elaboradas también por los nuevos protagonistas de la profesión periodística, estudiantes de los Talleres de Periodismo Informativo y Diseño Gráfico 2. Así, esperamos vislumbrar el panorama de la crisis actual que urge enfrentar. Porque, aunque intenten convencernos de lo contrario, nunca es demasiado tarde para iniciar el cambio.

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Punto Seguido

Punto Seguido

En las elecciones de abril, los peruanos enfrentarán la cédula más saturada de la historia. Detrás de las 39 opciones políticas hay un sistema que premia la inscripción fácil y pone en jaque la confianza ciudadana.

Fotomontaje:

PARTIDOS

Escriben: Ariana Benites, Flavia Carranza y Gianella Fernández

Flavia Carranza

Los partidos políticos se han multiplicado de forma exponencial durante los últimos años. En las próximas elecciones generales, el ciudadano peruano deberá decidir entre candidatos de 39 agrupaciones políticas. Se trata del proceso electoral con mayor cantidad de oferta política en la historia republicana del país.

Este panorama resulta paradójico, ya que, actualmente, la mayor parte de la ciudadanía rechaza a la clase política.

Según una encuesta realizada por el LatinoBarómetro en 2024, en el Perú solo el 8% de la población confía en el gobierno, posicionando al país

como

último en el ránking latinoamericano.

Quienes se enfrentarán a la enorme y cargada cédula de votación, lejos de una elección, estarán frente a un gran desafío. Distinguir entre nombres, logos y promesas se configura como una tarea complicada y tediosa. En otras palabras, si se quiere llegar a abril con certeza y no tomar la decisión en la cola, resulta imperativo empezar a estudiar para el examen desde ahora.

De allí nace una duda central: ¿cómo terminamos con casi 40 organizaciones en carrera? Para responder esta interrogante es necesario abordar el problema desde diferentes ángulos, ya que la sobreoferta de partidos es el resultado del trabajo de distintos actores.

El laberinto jurídico

El exceso de partidos en la cédula no se explica con una sola causa, sino por una serie de engranajes fallidos: el ámbito legal, político e institucional. Es decir, empieza por las normas, pasa por quienes las manipulan y termina en la institución que, finalmente, puede hacer poco o nada por corregirlas.

Para empezar, a nivel estructural tenemos un sistema político basado en la Constitución de 1993. De ahí parten dos pilares fundamentales: la Ley Electoral y la Ley de Organizaciones Políticas.

Ambas son normas que, en teoría, deben velar por asegurar un proceso de votación democrático y regulado. Sin embargo, lejos de establecer filtros suficientes, abren de par en par la puerta de entrada a las elecciones. En este sentido, José Naupari, abogado experto en derecho electoral, sostiene que el marco normativo no ha terminado de diseñar reglas que generen desincentivos para la proliferación de partidos.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Una muestra de ello es la valla electoral, un requisito que exige a los partidos contar con un mínimo de 5% de votos válidos a nivel nacional para acceder al Congreso y conservar su inscripción. La ley fue establecida con el fin de validar que las organizaciones gocen de un mínimo comprobado de representatividad. Sin embargo, en el caso de las alianzas, la norma solo pide un punto porcentual, sin importar cuántos partidos las integren y, en cuanto al futuro bicameral del Poder Legislativo, sólo bastaría con un representante en el Senado o en la Cámara de Diputados (uno sobre 190).

Claro está que la fórmula facilita la supervivencia de partidos sin respaldo real. En adición a esto, tenemos la verificación de firmas, que supuestamente garantiza el respaldo ciudadano. Sin embargo, en septiembre se confirmó lo que miles de ciudadanos denunciaban: partidos políticos como Primero la Gente y Perú Acción, entre otros, habían afiliado a personas sin permiso, a través de 230,000 firmas falsas. La ley plantea las firmas de adherentes como requisito para inscribir a una organización política; empero, no exige mecanismos avanzados (como

PRIN Perú Moderno Primero La Gente

Demócrata Verde Voces del PuebloPartido Político Perú Primero

Fuente: Perú 21

los biométricos) ni una revisión exhaustiva, dado que no cuenta con peritos grafotécnicos. El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) es el ente a cargo del proceso; no obstante, se enfrenta a innegables limitaciones metodológicas y de presupuesto. Según el miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramirez, ningún órgano autónomo o del sistema electoral recoge las firmas, solo lo hace el Reniec, que las valida superficialmente: “El control biométrico es la única manera, porque tanto la firma manuscrita como digital pueden ser adulteradas o suplantadas. En cambio, con este mecanismo, el control se vuelve mucho más eficiente y seguro”, asegura Ramírez.

Pero la debilidad no termina en la inscripción. Tras entrar al sistema, los partidos se encuentran con un marco igual de permisivo en el ámbito económico. Las normas que regulan el financiamiento partidario tienen amplios márgenes de opacidad, al permitir que gran parte del dinero que financia las campañas se mueva lejos de la fiscalización ciudadana.

La Ley de Organizaciones Políticas ha sido modificada por el Congreso actual, que autoriza que hasta el 40% de los aportes sean confidenciales, cuya fiscalización es realizada exclusivamente por el Banco de la Nación. A ello se suma la posibilidad de recibir aportes empresariales y la débil fiscalización de la ONPE, que depende de la voluntad de los partidos para transparentar sus registros reales. Todo esto choca frontalmente con la voluntad popular, ya que la gran mayoría de ciudadanos votó por prohibir a los partidos "aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado" en el referéndum de 2018.

Fotomontaje: Gianella Fernández

Intención de voto. Según la última encuesta de Ipsos (octubre), Rafael López Aliaga encabeza las preferencias con 9%, seguido por Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, ambos con 7%.

Este es un vacío que, según el abogado José Naupari, representa un serio retroceso: “Han dinamitado el financiamiento. No se ha colocado, por lo menos, una limitación o prohibición para evitar que esas empresas que aportaron terminen luego siendo

beneficiadas con una contratación directa, como una forma de devolver el favor al partido que ganó la elección”. Esta figura ha sido moneda corriente; por ejemplo, en el caso de los aportes de Odebrecht a distintos partidos y políticos peruanos.

El Congreso, juez y parte

¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

¿Aprueba la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República?

¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

Si hay una institución que ha consolidado este modelo permisivo, es el Congreso de la República, que, a través de su rol como parte y juez en esta situación, ha debilitado el marco normativo bajo el cual se rigen los procesos electorales y de inscripción de partidos.

Una de las reformas más significativas ocurrió a mediados de diciembre del 2023: la eliminación de las elecciones primarias abiertas, popularmente llamadas “PASO”. Este fue un mecanismo introducido en 2019 para filtrar a las organizaciones políticas y transparentar la competencia interna, ya que exigía que los ciudadanos afiliados a los partidos, como mínimo el 1.5%, participen eligiendo a los representantes que pasarían a los comicios finales. En su lugar, el Parlamento votó por restablecer el sistema de delegados, un proceso interno donde los afiliados designan a ciertas personas como responsables.

A esta modificación se le debe prestar cuidadosa atención, ya que fomenta la reducción de la participación real de los militantes y deja en manos de pocos las decisiones importantes, como la elección de candidatos. El contexto de la aprobación resulta relevante ya que, a pesar de que la reforma debía pasar a segunda instancia de

votación, Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), expresidente del Parlamento, autorizó la votación para la exoneración. El resultado de este cambio, indudablemente, fue brindar mayor control a las fuerzas políticas y reducir la representación ciudadana. Sobre ello, Willy Ramírez, integrante del JNE, lamentó que la reforma elimine los filtros internos.

tanta sobreoferta política, y el electorado termina votando por descarte, más que por convicción.

A pesar de que las instituciones sigan en pie, la confianza que las respalda está resquebrajada. De acuerdo con el politólogo Julio Carrión, la mayoría de peruanos considera que la clase política está vinculada con la corrupción, lo cual alimenta un gran sentimiento antipolítico que puede derivar en apoyo a salidas autoritarias. De esta forma, la desconfianza lleva al pueblo a dejar de creer en las reglas.

“nos hemos quedado sin ‘PASO’ y, como resultado, todos pasan”.

WiLLY RAMíREZ CHÁVARRY

Miembro del Jurado Nacional de Elecciones

Una democracia fracturada

La cantidad de partidos inscritos no representa necesariamente un indicador de que la democracia se esté desarrollando; por el contrario, genera ruido y desconcierto. La voz del ciudadano se ha diluido entre

En las redes sociales, el hartazgo se percibe con rapidez. Movimientos sociales como “Por Estos No” son el reflejo de una ciudadanía que sobrevive a crisis políticas como rutina. “Somos un colectivo ciudadano que hace activismo en contra de los partidos políticos y autoridades de turno que buscan reelegirse en el 2026”, figura como descripción del movimiento en la plataforma “X”. Cuando las marchas no rinden frutos, la apatía hacia los políticos se configura como una esperanza.

Protestas en Lima. Un joven de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sanz, falleció tras recibir un impacto de bala durante las movilizaciones del 15 de octubre.

Foto: Flavia Carranza.

Foto: Flavia Carranza.

Una investigación realizada por los politólogos

Julio Carrión, Noam Lupu y Patricia Zárate explica que la crisis actual se debe a una doble falla de representación. La primera es la falla de “representación como mandato” y supone que los ciudadanos eligen una propuesta política que el gobierno debe cumplir. La segunda es la “representación como responsabilidad” e implica la capacidad de premiar o castigar a los gobernantes en base a su desempeño. En nuestro país, ambas dimensiones han colapsado. Los últimos gobiernos han sido prueba de ello y, como consecuencia, el ciudadano termina renunciando a la esperanza de representación. La representatividad se ha convertido en una ilusión, una fantasía; cuando realmente debería ser un principio latente de la democracia.

Entre la indignación y la reforma

La indignación y confusión de los ciudadanos se repite cada cinco años, pero la reforma electoral aún no tiene fecha en el calendario nacional. Mientras los peruanos exigen elecciones más transparentes y

democráticas, el Congreso, que debería legislar en favor de la mejoría del sistema, sigue diseñando reglas que protegen sus intereses.

El abogado José Naupari sostiene que las últimas decisiones legislativas han “dinamitado” el sistema.

“Si tú me preguntas qué están haciendo para fortalecer los partidos, el día de hoy te diría que nada, hoy por hoy no están debatiendo absolutamente nada”.

JOSÉ NAUPARI WONG

Abogado especialista en Derecho Electoral

Asimismo, explica que el Congreso no sólo ha ignorado la necesidad de elevar la valla electoral o mejorar la fiscalización del financiamiento, sino que ha retrocedido en casi todos los frentes. Además, califica la aprobación de elección por delegados como una forma de socavar la democracia interna.

Willy Ramírez sostiene que las instituciones están atrapadas en la normativa vigente, lo que les impide actuar con la contundencia necesaria frente a las irregularidades. “Lamentablemente, el marco legal no nos permite actuar de otra manera. Que quede claro: el Jurado no legisla; las leyes las da el Congreso”, explica.

Sin embargo, el JNE sí ha intentado implementar soluciones técnicas, como “ID Perú”, una propuesta de control biométrico desarrollada junto a Reniec. Este mecanismo, destinado a la verificación de firmas, fue aprobado después de descubrirse las más de 230 mil firmas fraudulentas. El hecho confirma una constante: las reformas sólo avanzan cuando el escándalo ya estalló.

Para los especialistas, el problema no es técnico, sino político. Recuperar la confianza en el sistema implica identificar responsabilidades y dotar de recursos reales a las instituciones electorales. Sobre todo, exige que superemos la indignante y desvergonzada falta de voluntad política para que las instituciones funcionen.

ECON ILEGA

OMÍAS LES

Escriben: Nadira Jave y Alessandro Yauri

Eldel precio

Son las siete de la mañana en algún punto de la Amazonía peruana. Un líder indígena sale de su casa de madera y encuentra varios ár boles marcados con pintura roja. Es la señal que temía: alguien ha puesto los ojos sobre su territorio. Su comunidad es una entre las más de 270 que conviven hoy con el narcotráfico, con pis tas clandestinas abiertas en medio del bosque y hombres armados que siembran coca donde an tes había árboles gigantes, según el informe Nar cotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana del Instituto del Bien Común, Amazon Watch, ORAU y Aidesep.

A esa misma hora, en una comisaría de Lima, un policía registra la denuncia número 76 del día. Antes del mediodía habrá varias más: en el Perú ocurre una extorsión cada 19 minutos, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Detrás de cada cifra hay un conductor asesinado, una familia que cierra su negocio, un empresario que paga para sobrevivir.

Más al norte, en Loreto, las balsas tipo draga ilegales ya devoraron el primer tramo del río. Este año, el país exportará más de 100 toneladas de oro que oficialmente no existen y cuyo valor supera los 12 mil millones de dólares, según el Instituto Peruano de Economía. Por primera vez, el oro ilegal podría superar en valor al de origen legal.

Y en esa misma Lima donde se denuncian extorsiones, una joven acepta una oferta de trabajo falsa. Es la víctima número 669 del año, según el INEI: el 62% de los casos de trata de personas tiene como fin la explotación sexual.

No es un día excepcional. Es un martes cualquiera en un país donde las economías criminales mueven más de 10 mil millones de dólares al año, según el economista Dante Vera Miller. Y donde el 78% de los peruanos teme que ese dinero —del narcotráfico, del oro ilegal, de la extorsión y de la trata— influya en las próximas elecciones, según el Observatorio del Crimen y la Violencia 2025 (Ipsos, BCP y CHS Alternativo).

EXTORSIÓN CRECIENTE

Entre enero y septiembre de 2025, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) registró más de 20 mil casos de extorsión. Son decenas de denuncias al día. Además, según la Cámara de Comercio de Lima, los casos aumentaron de manera exponencial entre 2019 y 2024.

Para la abogada y especialista en criminalidad, Erika Solís, lo más preocupante es la evolución del delito: “Hoy la extorsión decanta casi siempre en sicariato. Antes quedaba en amenazas. El miedo era ‘tengo tu información’. Ahora es ‘yo te mato, así como maté a uno, dos, tres’”.

El Sistema Informático Nacional de Defunciones reporta más de 1,600 homicidios en lo que va del año, con un promedio de seis asesinatos diarios en el país.

Uno de los sectores más golpeados es el de transportes, que registró el asesinato de 46 conductores solo el último año. Esto ha provocado paros y marchas constantes de gremios y empresas afectadas. En julio se contabilizaron más de 200 acciones colectivas de protesta frente a la ola de inseguridad.

Las consecuencias económicas son directas, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima: empresas que postergan inversiones, ajustan rutas logísticas o trasladan sobrecostos a los consumidores.

territorio del perúmiedo

Cada 19 minutos se denuncia una extorsión en el país.

En cinco años, los casos crecieron un 478%. La amenaza ya no es solo económica: ahora termina en sicariato.

Fuente: Ministerio del Interior, SIDPOL (2025)

EXTORSIONES AL DÍA

Narcotráfico amazónico

Instituto Peruano de Economía (IPE, 2025)

Se estima un valor de US$12.000 millones, una riqueza que destruye selvas y financia redes criminales.

"La resistencia les cuesta muerte, amenazas, violación de sus derechos Y penetración de sus estructuras comunales".

Ricardo Soberón Expresidente de DEVIDA

La expansión del narcotráfico en la Amazonía peruana está en su nivel más crítico. Según el informe del Instituto del Bien Común, Amazon Watch, ORAU y Aidesep, esta actividad ilícita está presente en los territorios de más de 270 comunidades indígenas, cerca del 10 % del total. También opera en reservas de pueblos en aislamiento voluntario.

El costo humano es devastador. Desde 2020, 27 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en la Amazonía. Al menos 17 casos están directamente vinculados al narcotráfico.

Ricardo Soberón, ex presidente de DEVIDA y autor del informe, lo resume así: “Es un martillazo que reciben los pueblos indígenas amazónicos de un Estado indolente. La resistencia les cuesta muerte, amenazas, violación de derechos, penetración de sus estructuras comunales y debilitamiento de su organización”.

MINERÍA ILEGAL

Si el narcotráfico avanza en silencio, la minería ilegal lo hace a plena vista. En 2024, el Perú exportó cerca de 200 toneladas de oro, pero solo 108 fueron registradas oficialmente. El resto provendría de fuentes informales o ilegales.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, señala: “Estimamos que este año el Perú superaría las 100 toneladas de oro ilegal exportado y que su valor superaría los 12 mil millones de dólares”.

Instituto del Bien Común, Amazon Watch y Aidesep (2025)

Desde 2020, los pueblos amazónicos pagan con su vida la defensa del territorio: 27 líderes asesinados, 17 a manos del

"Cada vez Exportamos más oro cu yo origen no p odemos de terminar Y cada vez el p orcen ta je de l o que e xp or tamos es más gr ande".

Christian Campos Vasquez Investigador del Instituto de Criminología

Christian Campos Vasquez, investigador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, agrega: “Cada vez exportamos más oro cuyo origen no se puede determinar No sabemos si salió de una mina informal, ilegal o de una legal que no registró bien un kilo. No tenemos idea. Y ese porcentaje crece”.

TRATA DE PERSONAS

La trata sigue en expansión. En 2024 se registraron 669 denuncias, el número más alto de los últimos años, según el INEI y la Policía Nacional.

Lima encabeza los casos, seguida por Madre de Dios, San Martín y Arequipa. La modalidad predominante es la explotación sexual, con víctimas en su mayoría mujeres y niñas— procedentes de zonas vulnerables. También aumentan los casos de explotación laboral y formas mixtas.

El Ministerio Público señala, además, que la trata es fuente del lavado de activos y opera a través de

MÁS QUE EL 2023

INEI y Policía Nacional del Perú (2024)

La trata sigue creciendo: 669 casos registrados en de explotación sexual. La mitad ocurre en Lima.

Reporte de denuncias registradas en el SIDPOL a setiembre 2025

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En solo tres años, las denuncias por extorsión aumentaron en más de 5,000 casos. Detrás de cada cifra hay negocios cerrados, familias amenazadas y un país dominado por el crimen.

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Diciembre 2025 / 17

BUSCANDO BUKELE PERUANO al

En el Perú, mientras la inseguridad avanza y la confianza en las instituciones se desmorona, tres candidatos prometen imitar el “milagro” salvadoreño. Desde la moral del castigo hasta la ingeniería del control, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Phillip Butters ensayan sus propias versiones del “modelo Bukele”. Todos prometen paz, aunque ninguno menciona el precio.

Escriben: Alexander Silva y Jose Villalba

Las luces azules de los patrulleros rebotan sobre las calles silenciosas y vacías de delincuencia. No hay pandilleros en las esquinas y el contador de homicidios parece haberse paralizado y escondido bajo el yugo gubernamental. Solo hay silencio y un olor metálico que se cuela desde el penal más cercano. En las pantallas del presidente, los reos desfilan rapados, encadenados, disciplinados, subyugados. Las imágenes recorren Latinoamérica como una promesa de orden.

En menos de tres años, Nayib Bukele convirtió a El Salvador en el escaparate mundial de la “mano dura”. Las cifras oficiales afirman una caída histórica en los homicidios: menos de dos por cada 100 mil habitantes según un reporte de 2024, una reducción drástica frente al pico histórico de 106 homicidios por cada 100 mil personas en 2015, año en que Bukele se convirtió en el alcalde de San Salvador. Sin embargo, el dato evita, con intención evidente, incluir las muertes dentro de cárceles y las desapariciones no reportadas. Detrás de ese espejismo de seguridad total se acumulan más de 80 mil detenciones, miles de denuncias por tortura y decenas de muertes bajo custodia.

En el Perú, tres políticos han tomado, cada uno a su conveniencia, fragmentos de ese estilo que se presenta como la solución a la crisis de inseguridad que flagela al país: prometen cárceles, castigo y orden. El llamado “modelo Bukele” busca su más reciente exportación en las próximas Elecciones Presidenciales 2026: los candidatos bukelianos.

EL ESPEJISMO DE LA SEGURIDAD

A simple vista, las cifras son inapelables: en 2024, según el gobierno de Bukele, solo 114 homicidios se registraron en el país. Aquello equivale a 1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja de su historia reciente. Escudado en estas cifras que él mismo provee, Bukele se presenta como el señor de los sueños de paz sin precedentes que por mucho tiempo los salvadoreños buscaron.

Pero detrás del velo triunfalista, la sombra de la verdad comienza a extenderse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que oficialmente más de 88 mil personas han sido detenidas durante el régimen de excepción que el gobierno ha instaurado desde marzo de 2022 y que ha sido prorrogado 41 veces.

Además, la CIDH ha observado que el régimen de excepción se aplica también a críticos del gobierno, y documenta que el debido proceso está suspendido pues existen detenciones prolongadas sin audiencia, comunicación restringida y desapariciones que permanecen sin explicación.

Y en el Perú, la seducción del modelo crece. Según una encuesta de IPSOS realizada en febrero de 2025, el 62% de la población “prefiere un Estado que sea muy duro para combatir los delitos aun a riesgo de que algunos inocentes sean víctimas”. En un país que, según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), registró 1690 homicidios en los primeros tres trimestres del 2025, la promesa del control absoluto para seguridad absoluta se vuelve tentadora. Y entre los aspirantes al poder, ya hay quienes en su discurso prometen replicar la fórmula del orden salvadoreño.

Extrañamente, una estrategia para reducir la inseguridad es la negociación con el crimen. El mismo Bukele, antes de aplastar con su puño de hierro a las pandillas, lo hizo. "Al igual que políticos anteriores, él sí negoció. Hay evidencia periodística de negociaciones secretas entre el entonces alcalde Bukele y las dos pandillas más importantes: los Mara Salvatrucha y Barrio 18. No obstante, ellos tenían una estrategia bajo la manga en caso no resultara. Cuando las negociaciones fallaron, los Mara cometieron una serie de masacres en marzo de 2022 y desde allí, Bukele aplicó lo que se conoce como su régimen de excepción", comenta Ramiro Guevara, periodista del portal El Faro, de El Salvador.

Por el lado peruano, el especialista en seguridad ciudadana Enrique Castro opina que el gobierno peruano ya negocia con muchas organizaciones criminales. "No creo que esto no exista. Tampoco creo que sea una estrategia que no se ha aplicado en otros lados. Habría que ver de qué manera se dialoga y en función de qué. Yo creo que para cada

negocio hay factores claves con los cuales habría que establecer un medio de comunicación. Este podría ser uno de ellos", precisó.

EL “MODELO BUKELE” Y SU EXPORTACIÓN POLÍTICA

El modelo bukeliano no solo se limita a una serie de políticas de seguridad: es una mezcla calculada de medidas coercitivas, reformas institucionales y una estrategia comunicacional que eleva la figura presidencial a la de salvador.

Funciona, además, en tres planos: directo, masivo y performativo. Tiene comunicación directa vía redes, de forma que evita los intermediarios mediáticos tradicionales. La masividad también es una característica importante: las imágenes de presos y patrullajes justifican los resultados. Y es también una performance: prima la puesta en escena en instalaciones carcelarias, exhibición de detenidos y “ceremonias” de orden que funcionan como propaganda emocional.

En contraposición con la luminosidad de su estra-

vas, como la Ley de Agentes Extranjeros, que imponen cargas y tributos a ONG y medios con “incidencia política”. Según Ramiro Guevara, “El Faro ha tenido que cambiar de sede jurídica a Costa Rica porque el impuesto que ha puesto Bukele nos quitaba demasiado dinero”.

El actual presidente del Perú, José Jerí, que sucedió a la vacada Dina Boluarte, ha adoptado esta forma de estrategia comunicacional para llegar a tener, al menos durante su primer mes de gobierno, 55.9% de aprobación, según la encuesta del CPI. Jerí usa la famosa camisa blanca bukeliana: con las mangas remangadas y bien ajustada por la correa del pantalón. El presidente siempre posa para las fotos y se pasea por cuanta cárcel haya en Lima, acompañado, entre otros, por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), acusado de recibir coimas para liberar presos. Ese cóctel crea una “figura política carismática”: un líder que promete seguridad inmediata y visible, que se comunica como un influencer -incluso recogiendo cachorros abandonados en las calles de Lima- y que convierte cada intervención en un acto de reafirmación del

El atractivo del “modelo Bukele” es una ecuación política simple: promete resultados visibles, como una baja tasa de homicidios, a corto plazo, y además ofrece un relato moral con el líder que “limpia” el país. Para sectores conservadores y electores asustados por la inseguridad, ese combo es seductor: eficacia, maneras, narrativa. En contextos de crisis y debilidad institucional, la receta aparece como una solución “pragmática” que legitima atajos autoritarios. Sin embargo, para el abogado especialista en derechos humanos, Manuel Ríos, “el estado de sitio funciona, pero no se menciona lo que trae como consecuencia. Uno de los efectos es la vulneración de derechos fundamentales que acarrearía respuestas negativas de algún sistema interamericano. Además, estaríamos hablando de consecuencias a nivel económico, ya que nuestro país no tendría garantías ni seguridad jurídica”.

Este fenómeno se ha venido propagando en América Latina. En la región han prosperado liderazgos que combinan populismo conservador de derecha con desprecio por contrapesos opositores. Casos

como Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina muestran patrones similares: culto al líder, retórica contra los políticos tradicionales, medidas de choque y tendencias a gobernar por decreto o por control sobre cortes y parlamentos. Esos ejemplos han normalizado en algunos electores la idea de sacrificar controles democráticos a cambio de “orden” y cambios rápidos. Para Guevara, “la exportación del modelo Bukele a otros países de la región tiene su atractivo en la comunicación directa y la espectacularidad con la que estos personajes muestran sus ideas. Bukele, por ejemplo, está destinando más dinero a los canales de comunicación del gobierno”.

En un Perú golpeado por una escalada de homicidios y una percepción ciudadana de inseguridad creciente, la lección es clara: un liderazgo que entregue “resultados” rápidos y una narrativa de orden puede ganar simpatías masivas del lado conservador. Los candidatos que hoy se perfilan como bukelianos exploran ese discurso para llegar a calar en la opinión pública peruana y cimentar factores estructurales como gobierno sin oposición,

En marzo de 2025, Nayib Bukele anunció que El Salvador recibiría una compensación de 6 millones de dólares por albergar a presos deportados, según documentos del gobierno estadounidense. El acuerdo establece un pago de 20.000 dólares por preso al año, lo que contribuye a financiar parte del sistema penitenciario salvadoreño, cuyo costo anual asciende a unos 200 millones de dólares.

silenciamiento de disidentes, y efectividad ante la inseguridad. Estos los hacen atractivos como ofertas electorales.

LOS CANDIDATOS BUKELIANOS DEL PERÚ

En el caos de la inseguridad ciudadana, tres candidatos se presentan con una narrativa similar, pero desde sus propias trincheras y perspectivas. Para el politólogo Eduardo Dargent, “nosotros buscamos este candidato de mano dura porque el problema de la inseguridad es uno que viene de años. Aunque no recuerdo que ninguno haya ganado con un discurso como tal, todos van a pelear la idea de que pueden ser ese perfil”. Estos candidatos que pelean por los reflectores para alcanzar el poder son muy conocidos por sus discursos políticos: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Phillip Butters.

Rafael López Aliaga: cruzado del “orden”

Empresario, ex alcalde, religioso fervoroso y, para las redes sociales, el candidato caricaturesco. Rafael López Aliaga ha construido un discurso político en el que recalca que el Perú necesita orden de manera inmediata y con la seguridad de un gobierno estilo Bukele.

enrique castro

especialista en seguridad ciudadana

Nayib Bukele es un presidente que tuvo que condicionar al Congreso de El Salvador para que le genere un préstamo y una capacidad de endeudamiento, que viene financiando y respaldando la política de tolerancia cero que tiene actualmente. Cabe destacar que organizaciones como las maras salvatruchas se hicieron en las cárceles, se fortalecieron en los penales de El Salvador.

ramiro guevara

periodista de "el faro", el salvador

Los riesgos que puede haber en la población peruana por la réplica de este modelo es básicamente perder el sentido de ciudadanía, el sentido de libertades individuales, de libertades civiles. El “modelo Bukele” implica que el ciudadano deja de ser el ciudadano y se convierte en un fan. El modelo impuesto exige fanatismo y sumisión a la gente.

El 20 de agosto de 2025, el entonces alcalde de Lima emitió un comunicado a través de la Municipalidad, que reunía diez propuestas que exigían medidas urgentes y radicales para frenar la violencia. Los más sonados fueron los juicios exprés para personas capturadas en flagrancia, retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ampliación de penales como Challapalca y el envío de 20 criminales de alto riesgo al CECOT de El Salvador.

El ahora candidato presidencial de Renovación Popular se pronunció el 28 de septiembre para proponer una fusión ministerial y reducir los 18 ministerios a solo seis con el objetivo de destinar más presupuesto a infraestructura. Según López Aliaga, los fondos deben priorizar la seguridad ciudadana. Estas propuestas lo acercan a un modelo bukeliano populista, pero sin explicar las consecuencias reales de estas medidas.

KEIKO FUJIMORI: HEREDERA DEL ORDEN NOSTÁLGICO

A diferencia del empresario, Keiko Fujimori carga con una historia y un apellido que pesan. Su candidatura de 2026 -la cuarta desde el 2011- busca reconciliar la herencia del fujimorismo con un nuevo relato de modernidad. El candidato a la primera vicepresidencia en su plancha presidencial, Luis Galarreta, anunció el 20 de octubre que “mientras que el señor López Aliaga quiere imitar a Bukele, nosotros tenemos que hacer fujimorismo como en su origen: sabiendo enfrentar al crimen y al terrorismo para pacificar nuestra patria”.

Fujimori intenta ahora vestirse de pragmatismo. Su discurso ha perdido el tono autoritario explícito, pero conserva la estructura del poder vertical: seguridad a cambio de confianza, disciplina a cambio de estabilidad. A raíz de la anulación del proceso judicial contra ella y su partido por el Tribunal Constitucional, el fujimorismo anunció que una de sus propuestas será una reforma integral del sistema judicial. Esto supone un peligro, pues como afirma Manuel Ríos, “el Poder Judicial debe ser un sistema autónomo, ya que es de las pocas instituciones que ayudarían a luchar contra la vulneración de derechos fundamentales en un régimen como el de Bukele”. Siendo el partido naranja uno de los que apoyó las leyes pro crimen que expedía el Congreso, el anuncio de una reforma al sistema judicial enciende las alarmas.

A pesar de que dice no imitar a Bukele, la estrategia de Fujimori en redes sociales es acercarse a sus seguidores mediante videos que muestran el proceso de orden y dirección de su partido. En su cuenta de TikTok sube videos y genera interacción. No es difícil imaginar que en un hipotético gobierno fujimorista, uno de los principales canales de comunicación sea este mismo.

PHILLIP BUTTERS: PREDICADOR DEL CASTIGO

El más reciente en la arena política, Phillip Butters, representa la mutación mediática del populismo autoritario. Desde su tribuna radial construyó un personaje que mezcla indignación, sarcasmo y nacionalismo emocional. Su salto a la política con Avanza País es casi natural: la audiencia deviene electorado, el micrófono se convierte en púlpito.

Butters propone militarizar las fronteras, policializar el Ministerio del Interior y aplicar la pena de muerte a violadores y asesinos, incluso si eso implica retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su visión del Estado es la de un cuartel moral donde la justicia se mide por la dureza del castigo. En materia económica, defiende privatizaciones masivas, bajo el argumento de que “el Estado no sirve para hacer negocios”.

Su estilo, frontal y emocional, es el que más se asemeja al de Nayib Bukele. Al ser periodista, parece comprender el poder como espectáculo y la política como performance: cada gesto busca viralidad, cada promesa apela al hartazgo del ciudadano que ya no quiere deliberar, sino ver acción. En Butters, el bukelismo se convierte en un producto mediático: rápido, extremo, sin matices. La democracia, bajo esa lógica, se reduce a un aplauso.

Foto: Partido Renovación Popular

Philip Butters

Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga

Foto: @keikofujimorih

Foto: César Zamalloa / Hildebrandt en sus 13

GENERACIÓN

EN MARCHA

Nacidos entre finales de los noventa y mediados de los dos mil, los jóvenes de la Generación Z han crecido conectados. Son digitales por naturaleza, políticos por impulso y desconfiados por experiencia. Se expresan con memes, hashtags y videos de 15 segundos, transformando la ironía en arma y el humor en protesta. En un país donde la credibilidad institucional se desgasta, su activismo surge desde el Wi-Fi: espontáneo, veloz y sin líderes visibles.

En los últimos años, las marchas en el Perú ya no comienzan en las plazas, sino en las pantallas. La organización se gesta entre mensajes de Telegram, historias de Instagram y videos de TikTok que, en cuestión de horas, pueden convertir una consigna dispersa en una multitud sincronizada. Son los nuevos códigos de la Generación Z: breves, virales y, sobre todo, imprevisibles.

De acuerdo con un estudio de DataReportal del 2025, el 93% de los jóvenes peruanos entre 16 y 25 años usa redes sociales todos los días, y más del 70% dice haberse informado o participado alguna vez en una causa social a través de ellas. La protesta, antes física y lenta, se volvió instantánea y colaborativa. Pero también más volátil.

Así ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando miles de jóvenes se reunieron en distintos puntos de Lima previa coordinación por redes sociales.

Alessia Morante, estudiante de Periodismo, fue una de ellas. “Me enteré a través de redes sociales porque tengo amigos que son cercanos a la política, a los podcasts y a los grupos universitarios que invitaban a la gente a sumarse. Había distintos puntos de encuentro según el grupo: los universitarios, los transportistas, los artistas. Yo me organicé con mis compañeros, llevamos bicarbonato, mascarillas y chalecos, y compartimos la ubicación en tiempo real por seguridad”, comenta.

Morante recuerda el caos posterior. “No había intención de hacer daño. Estábamos con familias, con niños, con gente mayor. Pero en un momento comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Fue confuso, no sabíamos qué estaba pasando. Los que grababan en vivo ayudaban a mostrar lo que ocurría”, cuenta. Su relato resume el contraste entre la planificación digital y la imprevisibilidad de la calle.

LA RED VS. LA CALLE

Pero esa misma dinámica que permite movilizar miles en pocas horas también genera riesgos. El comandante Daniel Salinas, de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo resume con frialdad institucional al explicar que la PNP sigue un “manual de documentación policial” con tres fases:

“Antes de cada marcha realizamos un monitoreo de redes públicas para anticipar rutas y puntos de con-

Escriben: Estrella Garrido, Vidette Vasquez y Vasco Ventura

centración, como ocurrió el 15 de octubre. Durante las movilizaciones, aplicamos criterios de proporcionalidad, garantizamos corredores seguros y usamos la mínima fuerza posible. Después, elaboramos informes de transparencia. Respetamos las libertades del artículo 2 de la Constitución y actuamos únicamente ante delitos flagrantes, siempre con debido proceso”, detalla.

Desde su perspectiva, el desafío no es solo logístico, sino informativo. “Las marchas digitales exigen adaptaciones constantes. Nos han dado nuevas variables, en especial en el ámbito de la comunicación. La falta de verificación o el compartir rumores en vivo puede multiplicar el conflicto”, indica.

La brecha entre el Estado y los jóvenes no se mide solo en ideología, sino en lenguaje. Mientras la policía rastrea hashtags, los manifestantes crean tendencias. Para la socióloga Alizon Rodríguez, este contraste no solo es tecnológico, sino cultural. “La nueva generación es interesante, pues nos están dando nuevas lecciones. Se organizan y mueven a través de las redes sociales, que se han convertido en el espacio del encuentro, la discusión y la participación política. Prácticamente es una generación que ha nacido con la tecnología y en un mundo globalizado como el nuestro, lo que configura un nuevo escenario”, explica.

Octubre, 2025. Aunque inició de forma pacífica, la marcha contra el Ejecutivo y el Congreso se tornó violenta.

Además, destaca el valor simbólico con el que esta generación interpreta su entorno: “Series como One Piece reflejan ese sentido de inclusión y rebeldía que los jóvenes adoptan como emblema. En contraste, perciben a la clase política como un espectáculo vacío, un circo. Cada año, el ciudadano tiene un concepto peor de su gobierno y confía menos en él”.

Datos de Ipsos Perú del 2022 revelan que el 68% de los peruanos entre 18 y 25 años considera que las redes sociales son más efectivas que los medios tradicionales para generar presión política.

Durante las movilizaciones del 14 de noviembre de 2020, por ejemplo, TikTok y Twitter lograron posicionar etiquetas como

#MerinoNoMeRepresenta y #GeneraciónDelBicentenario, que alcanzaron millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Ese pulso ha modificado la manera en que el país protesta. Cifras del Banco Mundial del 2024 indican que el Perú es uno de los países con mayor crecimiento de conectividad móvil en la región, con más de 28 millones de usuarios activos en redes sociales.

Esa penetración tecnológica convierte cada celular en una herramienta de vigilancia, convocatoria y denuncia. El experto en liderazgo y gestión pública Álvaro Cortés Montúfar considera que este fenómeno revela una nueva estructura de participación social. “Las redes facilitan la vinculación de la Generación Z con el debate político. Antes, ese debate ocurría en los espacios clásicos; ahora se traslada a un escenario virtual que, al mismo tiempo, impulsa acciones en la calle. La comunicación inmediata y la espontaneidad permiten que los jóvenes se organicen con rapidez, aunque esa flexibilidad también puede ser desgastante”.

Para Cortés, esta forma de liderazgo horizontal refleja los tiempos actuales: “Los partidos políticos deben voltear la mirada y dialogar con los movimientos sociales. En las marchas, no hay voceros ni jerarquías, solo nodos interconectados que se activan ante una causa concreta. Los movimientos son efímeros pero, cuando surgen, logran impactos reales, como ocurrió en enoviembre del 2020 con la salida de Merino”.

El especialista también advierte que los símbolos y el humor son parte esencial de esta nueva política digital. “Los memes resumen lo que la sociedad siente; son herramientas de crítica y conexión emocional. A través de ellos, los jóvenes reconfiguran el discurso público”.

A pesar de su carácter temporal, estas movilizaciones digitales han dejado huella. Para Cortés, “lo ideal sería que los cambios que nacen en las redes puedan transformarse en reformas estructurales. Los jóvenes están más atentos, más informados y con más herramientas. Es su futuro, finalmente, el que está en juego”.

En esa frase se condensa el nuevo espíritu de las calles peruanas: la protesta ya no necesita megáfonos, sino conexión estable. El poder se disputa en dos escenarios: el físico y el digital. En ambos, la Generación Z parece haber encontrado su voz.

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Planificación digital: se definen rutas, consignas y equipos mediante redes sociales y chats seguros.

Organización de materiales, puntos de encuentro y medidas de seguridad antes de salir a las calles.

Desplazamiento de los participantes al punto central, con apoyo y comunicación constante en línea.

COORDINACIÓN MOVILIZACIÓN LOGISÍTICA PROTESTA

Acción pública: se expresan demandas y se registran los hechos en tiempo real.

Foto: Matias AlvarezLetra Negra

PRESIDENTE POR ACCIDENTE

De congresista accidental a mandatario improvisado, José Jerí intenta construir legitimidad reinventándose como símbolo de orden y seguridad. Pero su gobierno nace entre denuncias archivadas, una fuerte desaprobación al Congreso que presidía y la pregunta que lo persigue: ¿puede el azar sostener el poder?

Escribe: Alexander Silva

Las palabras solemnes, firmes, repetitivas resonaban en cada curul del Poder Legislativo. La figura del octavo presidente del Perú en diez años se había cambiado la medalla oval de congresista para utilizar la trajinada banda presidencial. A pocas cuadras de allí, la recién vacada expresidenta Dina Boluarte era despedida mientras daba un discurso a medio transmitir. “Asumo esta responsabilidad para instalar y dirigir un Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional”, aseguró José Jerí Oré ante una nación hastiada de crisis y de promesas de cristal. Cuatro años antes, el mismo joven de por entonces 34 años veía su suerte sonreír al acceder, con apenas 11654 votos, al escaño que perdió Martín Vizcarra debido a su inhabilitación.

La mañana del 11 de octubre, Palacio de Gobierno recibía a un nuevo huésped. Radiante y con el semblante de un hombre que parece tener a la suerte como socia, José Jerí iniciaba su primer día como mandatario convencido de darle vuelta al título que ya empezaba a circular entre las voces de su gente: el presidente por accidente.

Su llegada al poder se dio en medio del hartazgo político, el funesto 93% de desaprobación al Congreso, según el Instituto de Estudios Peruanos, y la caída del último dique en el pacto tácito que sostenían Boluarte y el Parlamento. No hace mucho, el abogado de 38 años lideraba la Mesa Directiva del Poder Legislativo al ser su lista postulante elegida con 79 votos el 26 de julio del presente año. Al hacer público el anuncio, el pueblo peruano ratificó su desazón ante el Congreso: José Jerí cargaba con acusaciones por corrupción y con una denuncia por presunta violación sexual desde principios de año. Denuncia que hoy, por obra y gracia del cuestionado Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se encuentra archivada por falta de pruebas. Después de dos meses y medio como cabeza del Parlamento, un estudio de opinión elaborado por Datum arrojó una muestra más del descontento popular: la gestión de Jerí como presidente del Congreso contaba con el 83% de desaprobación.

Como congresista, Jerí solo era reconocido por ser el parlamentario de Somos Perú que “parchó” la ausencia de Vizcarra. No obstante, su nombre quedó impreso para siempre en la lista de votantes a favor de leyes en beneficio del crimen que hoy, desde el Ejecutivo, dice combatir en una cruzada mediática contra la inseguridad. Entre las leyes más cuestionadas se encuentran la Ley 32181, que establece que la Fiscalía y el Poder Judicial pueden detener de forma preliminar a una persona solo cuando está cometiendo un delito en flagrancia, o la 31990, que pone trabas a la colaboración eficaz en las investigaciones de la Fiscalía a delitos complejos.

Durante su infancia política, Jerí ejerció cargos internos en Somos Perú como personero legal alterno y jefe de juventudes. En su madurez, ejerció de jefe nacional de doctrina y de primer vicepresidente. La maternidad política -se dice que, en el partido, se refieren a ellos como madre e hijo- que le brindó Patricia Li, presidenta de Somos Perú, fue el trampolín que necesitaba para que su figura política resalte. Una es la hacedora del presidente y el otro, su creación consumada. Y como toda madre con su hijo, Patricia Li se encarga de hacerle la vida más fácil. “Ella es la que negocia con todos”, señaló a La Mula la periodista Graciela Villasís, remarcando que tras la figura del hombre que dirige al Perú se encuentra la de una mujer con talento para consolidar espacios de poder.

El presidente por accidente recorre los pabellones del penal Ancón I junto al jefe del Inpe y el comandante general de la Polícía. Es su primer día y las cámaras enfocan el rostro del hombre del azar seguro. Viste con jeans y una camisa blanca remangada al estilo bukeliano. Da comienzo a la espectacularización de sus actividades al imitar a su símil de El Salvador y poner a los reos de rodillas para enaltecer su figura. Pero es en realidad solo un líder gestual. La misma policía que comanda terminaría con la vida de Eduardo Ruiz Saenz, el rapero “Trvko”, durante las protestas del 15 de octubre contra su gobierno tan solo un día después del demorado nombramiento del gabinete ministerial.

A pesar del descontento, Jerí busca acercarse a la gente: realiza operativos en penales, está presente en todo acto público posible, responde a través de su cuenta de X y ha impuesto un estado de emergencia como arma definitiva contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao. En una entrevista para Perú 21, el politólogo José Requena indicó que “lo que busca Jerí es la proyección de una persona con las manos en los problemas de la gente”. Y eso parece estar funcionando parcialmente: según CPI, el 55.9% de peruanos aprueba su gestión un mes después de asumir como mandatario. El presidente por accidente quiere que su breve gobierno sea fotografiable y hará cuanta pose sea necesaria para salir bien en la foto.

Señalado. La marcha del 15 de octubre le recordó a Jerí que sus denuncias no se pasan por alto. Diciembre

Foto: Matías Álvarez / Letra Negra

EL COSTO DEL POPULISMO

Escribe: Jean Avendaño, Juan Canchumanta y Alejandro Osorio

El Congreso legisla sin medir el impacto financiero de sus decisiones. Más de doscientas normas aprobadas generan gasto sin respaldo.

nómicos, aumentos salariales, devoluciones tributarias, nuevas obligaciones presupuestales o asignaciones adicionales a gobiernos regionales y locales.

El asesor del Consejo Fiscal, Juan Carlos Sosa, explica este problema de manera pedagógica: “Muchas de estas leyes generan un mayor gasto público sin identificar una fuente de financiamiento firme. Financiar un gasto significa tener los recursos para pagarlo, ya sea con ingresos o con deuda. Si los ingresos no alcanzan, el Estado tiene que endeudarse, como sucede en cualquier familia”.

Christiam Dominguez

"El congreso

peruano ha convertido la producción de leyes en un instrumento de visibilidad política

mÁsqueenunaherramienta de reforma institucionalsostenible".

El problema abarca tanto el contenido de las leyes como el procedimiento de aprobación: el Congreso recurre con frecuencia a la promulgación por insistencia, mecanismo que permite validar una norma incluso cuando el Poder Ejecutivo la ha observado por considerarla técnicamente inviable o fiscalmente riesgosa. El documento del Consejo Fiscal revela que una cantidad significativa de leyes con costo fiscal alto fue impulsada por este camino, ignorando opiniones técnicas y advertencias.

Este crecimiento legislativo ocurre en un contexto en el que el país viene incumpliendo consecutivamente sus propias reglas fiscales del Sector Público No Financiero. Estas reglas, creadas para evitar que el gasto estatal se descontrole y genere crisis, han sido dejadas de lado mientras el número de leyes con efecto fiscal adverso escala cada año. En el periodo 2021-2026, la cifra ya superó cualquier registro previo y todavía falta más de un año para el cierre del actual Congreso.

Politólogo

Incluso algunas normas más pequeñas, como sanciones educativas por infracciones tributarias o la homologación de beneficios laborales regionales, generan impactos recurrentes que, sumados, terminan afectando la estabilidad del presupuesto nacional.

El Consejo Fiscal también identifica las leyes con impacto más alto. Entre las normas con mayores costos figuran la actualización del bono de reconocimiento de la ONP, el incremento del FONCOMUN y la creación de nuevos beneficios tributarios, cada una con costos que ascienden a miles de millones de soles.

Según el politólogo Christiam Domínguez, la reciente oleada legislativa en el Perú ha debilitado el principio de independencia institucional, especialmente en los órganos electorales y judiciales al configurar un escenario de concentración de poder dentro del Parlamento. “El Congreso peruano ha convertido la producción de leyes en un instrumento de visibilidad política más que en una herramienta de reforma institucional sostenible”.

Esto revela un problema estructural, donde el Congreso peruano ha asumido competencias de gasto sin coordinar con el Ministerio de Economía y

Sanciones educativas por infracciones tributarias

Nuevo régimen de repatriación de capitales

Foto:

Jean Carlos

Avendaño

Finanzas, al romper con el principio básico de que toda política pública debe tener financiamiento real y sostenible. El resultado es un presupuesto desbordado desde el Congreso, donde se legisla para obtener beneficios inmediatos o réditos políticos, sin medir las consecuencias de largo plazo.

Déficit y deuda

Durante el periodo legisla tivo 2021-2026 se aproba ron por insistencia 101 leyes que implican un costo fiscal total de casi 36 mil millones de soles. Esto significa que el Congreso aprobó dichas nor mas incluso después de que el Ejecutivo expresara obser vaciones técnicas sobre su via bilidad presupuestal. “La apro bación de más de 100 leyes en un corto periodo evidencia una hiperactividad le gislativa que prioriza la cantidad sobre la calidad y se generan normas contradictorias, ineficaces y de escaso sustento técnico”, señala Christiam Domínguez.

necesidades sin aumentar la deuda pública o recortar servicios esenciales. “Cuando la carga financiera del Estado es más alta, tienes menos espacio para hacer gasto que cierre brechas. Si la deuda pública sube a 70%, la carga de intereses podría elevarse a 4% del PBI. Eso son más de 40 mil millono podrás usar para equipar hospitales, mejorar comisarías o construir carreteras”, señala Juan Carlos Sosa.

"Cuando la carga financiera es tan alta que ya no puedes cubrir tus obligaciones, llegas a una situación insostenible".

JUAN SOSA, Asesor consejo fiscal

Otro aspecto grave es el debilitamiento de la institucionalidad fiscal. El uso reiterado del mecanismo de insistencia legislativa demuestra un desbalance en los contrapesos del sistema, ya que las decisiones políticas terminan imponiéndose sobre las consideraciones técnicas. Más allá de solo aumentar el gasto, muchas de las normas aprobadas también reducen los ingresos del Estado mediante exoneraciones tributarias. De esa manera, el impacto fiscal se multiplica, ya que el país gasta más y, al mismo tiempo, recauda menos.

Ese monto no es una simple estadística, pues representa dinero que el Estado deberá gastar o dejar de recaudar, sin que necesariamente exista una fuente de financiamiento segura. En la práctica, se trata de recursos que podrían haberse destinado a otras prioridades, como programas de lucha contra la pobreza, obras de infraestructura o políticas de seguridad ciudadana.

El Consejo Fiscal advierte que esta tendencia compromete el llamado “espacio fiscal”, es decir, la capacidad del gobierno para responder a nuevas

Las leyes con mayor costo fiscal del Congreso de la República, 2021-2025 (millones de soles)

Las consecuencias de esta situación no se limitan al ámbito financiero. Para los ciudadanos, el efecto se traduce en menos recursos disponibles para enfrentar emergencias, mejorar la educación o fortalecer la salud pública. Cuando gran parte del presupuesto queda comprometido por leyes apro badas sin respaldo, se restringe la inversión pú blica en sectores clave para el desarrollo.

A largo plazo, esto puede frenar el cre cimiento económico, desalentar la inversión privada y aumentar la vulnerabilidad del país ante choques externos, como cri sis internacionales o desas tres naturales. En última

Alarmado. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, muestra su preocupación por el gasto irresponsable del Congreso.

instancia, las decisiones actuales significan una pesada carga para las futuras generaciones, que deberán asumir el costo de una deuda creciente y de un Estado con menor margen de maniobra.

Proyecciones fiscales

Si el país continúa por el camino actual, las proyecciones del Consejo Fiscal revelan un panorama devastador para la economía peruana. La deuda pública podría dispararse hasta alcanzar el 70% del PBI en apenas once años, para 2036, triplicando el límite legal del 30% establecido por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Incluso en el escenario más optimista, considerando únicamente las leyes ya promulgadas, la deuda superaría el 47% del PBI, un nivel que compromete seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El déficit fiscal promedio entre 2026 y 2036 se elevaría a 5,8% del PBI, muy lejos del 1% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta brecha significa que el Estado peruano gastaría, año tras año, mucho más de lo que recauda al acumular compromisos imposibles de honrar. La hemorragia fiscal superaría los 35 000 millones de soles anuales solo por las leyes aprobadas por insistencia durante los últimos cuatro años, una cifra que representa 65 veces más que lo registrado en los 16 años previos. Para Sosa, esto no solo es preocupante, sino potencialmente insostenible: “Cuando la carga financiera es tan alta que ya

no puedes cubrir tus obligaciones, llegas a una situación insostenible. Esto ya ha pasado en el Perú: dejas de pagar, pierdes acceso a financiamiento y solo quedan medidas duras que afectan directamente a toda la población”.

Las consecuencias de esta irresponsabilidad legislativa serían devastadoras para la vida de los peruanos. El Estado perdería completamente su capacidad de respuesta ante crisis futuras, ya sean desastres naturales o emergencias sociales. No habría margen fiscal para actuar cuando más se necesite, lo que dejaría al país indefenso ante cualquier eventualidad.

Los recursos destinados a inversión pública se evaporarían. La infraestructura, la educación, la salud y otros servicios esenciales verían recortado drásticamente su financiamiento al hipotecar el desarrollo futuro del país. Las generaciones venideras heredarían una deuda impagable, además de un Estado incapaz de proveer los servicios básicos.

La rigidez presupuestal se convertiría en una camisa de fuerza permanente. Las leyes que han eliminado controles, permitido indexación salarial automática y creado gastos sin financiamiento hacen que cada vez sea más difícil asignar recursos según las verdaderas prioridades del país. El presupuesto quedaría secuestrado por compromisos inamovibles, sin espacio para la planificación estratégica ni la eficiencia.

“La sostenibilidad fiscal es un concepto que muchas veces te impacta, pero no en el momento, sino en el futuro. Y cuando tú tienes un grupo de personas en política que ve el cortísimo plazo y ve si van a conseguir nuevamente un escaño en el congreso, en las elecciones que vienen en abril, tienes el fuerte incentivo a conseguir prebendas para tus electores en este momento”, sostiene el asesor Juan Sosa.

El Consejo Fiscal advierte que incluso bajo supuestos optimistas de mayor crecimiento económico o reasignación presupuestal, la deuda mantendría una trayectoria ascendente e insostenible al alcanzar niveles de entre 59 % y 75 % del PBI. El Perú se encamina así hacia una crisis fiscal comparable a los episodios más oscuros de su historia económica, cuando la insolvencia del Estado destruyó el ahorro de millones de peruanos y sumió al país en el caos. La diferencia es que, esta vez, el desastre sería completamente predecible y evitable.

Petroperú enfrenta su peor crisis en medio de pérdidas millonarias, una deuda insostenible y presión política. La empresa debe decidir entre reestructurarse con gestión privada, abrirse al capital o asumir una liquidación ordena da que pondría en riesgo empleo, abastecimiento y la credibilidad fiscal del país. En este escenario, distintos sectores coinciden en que la raíz del pro blema es estructural: una mezcla corrosiva de de cisiones políticas, proyectos sobredimensionados y falta de control financiero.

Entre ellos destaca uno de los golpes más severos: la modernización de la refinería de Talara, una in versión de más de 6 mil millones de dólares que multiplicó sobrecostos y dejó una deuda que la empresa hoy no puede pagar sin ayuda. Para en tender las implicancias de esta caída sin frenos, conversamos con Javier Enciso, economista es pecializado en gestión pública, quien rompe el silencio sobre lo que considera una verdad incómoda: la empresa lleva años arrastrando decisiones que la empujaron al borde. “No hay manera de maquillar la situación: Petroperú entró en un ciclo de pérdidas que evidencia un modelo mal gestionado y financieramente insosteni ble”, afirma Enciso.

La petrolera estatal atraviesa la crisis más profunda en medio siglo, y la decisión sobre su futuro podría redefinir el mapa energético peruano en los próximos años.

Escriben: Miluska Capuñay y Rafael Dongo

Crisis ETROPERÚ

“Las pérdidas no solo afectan a la empresa, sino que comprometen recursos públicos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura”.

Enciso subraya que la enfermedad principal tiene nombres y apellidos que todos reconocen hoy: “La empresa es el reflejo de años de decisiones políticas tomadas sin rigor técnico. Eso explica por qué, incluso en períodos de altos precios internacionales del crudo, Petroperú siguió perdiendo dinero”. Y agrega: “Si no se ejecuta una reestructuración profunda, la empresa seguirá acumulando deuda, y el Estado ya no tiene espacio fiscal para sostener ese costo”.

La deuda pesa

El deterioro financiero de Petroperú no es abstracto: se puede rastrear con nitidez desde 2022. Ese año, la empresa registró pérdidas superiores a los 800 millones de dólares, producto del incremento de su deuda y de un flujo de caja que ya no compensaba sus obligaciones. El impacto del megaproyecto de Talara agravó todo: la refinería demandó inversiones crecientes, créditos internacionales y una presión que empuja a la empresa al límite. “Hablamos de pérdidas acumuladas que superan el umbral del riesgo financiero. Los números son claros y obligan a tomar decisiones que deberían haberse aplicado hace años”, explica Enciso, mientras insiste en que el Estado no puede seguir actuando como garante ilimitado de una empresa que no genera rentabilidad sostenida.

El problema, sostiene, es que mientras la deuda crece, la empresa pierde participación en el mercado. Hoy, su influencia en la fijación del precio de los combustibles es mínima, y su capacidad operativa depende de inyecciones de liquidez que llegan tarde y se evaporan rápido. “Petroperú necesita una reforma estructural que no dependa de voluntades políticas. El tiempo juega en contra, y el mercado se mueve más rápido que cualquier decreto”, recalca Enciso.

La voz del sindicato

En paralelo a la mirada técnica, el sindicato habla fuerte y claro. Desde las oficinas del SINAPROC, donde el eco de otras crisis laborales sigue vivo, Omaida Marquina, trabajador y representante sindical, sostiene una posición férrea: la defensa de la empresa pública no es nostalgia, sino supervivencia del mercado energético. “Privatizar Petrope

PÉRDIDAS aNUALES

US$ 773.9.2 millones

Entre 2022 y 2024, PetroPerú acumuló pérdidas superiores a los US$2000 millones, golpeada por el sobrecosto de la refinería de Talara, la caída de su participación en el mercado y una gestión financiera ineficiente. Aunque en 2025 se proyecta una reducción del déficit, la empresa estatal aún enfrenta el reto de recuperar la rentabilidad

US$ 822.7 millones 2023 2024

US$ 271.2 millones 2022

sin experiencia técnica, cambios constantes de gerentes, decisiones que priorizan intereses particulares antes que la sostenibilidad de la empresa.

“No apañamos errores. Defendemos a la empresa, pero exigimos que se nombren autoridades técnicas e idóneas”, insiste consciente de que la opinión pública suele colocar al sindicato en la vereda equivocada.

¿sostener lo insostenible?

El debate sobre qué hacer con Petroperú se ha convertido en un campo minado. No hay consenso entre economistas, políticos ni trabajadores. Las opciones están sobre la mesa, pero ninguna es indolora. Javier Enciso lo plantea sin adornos: “La privatización parcial podría ser una alternativa razonable, pero solo si se ejecuta de manera transparente y con salvaguardas que eviten monopolios privados”. Aun así, recalca que el problema inmediato no es ideológico, sino financiero: la empresa necesita flujo, necesita orden, necesita autonomía técnica. Marquina insiste en que el país perdería el único actor que equilibra el mercado de combustibles. Para él, la solución es depurar la empresa de decisiones políticas y fortalecer su estructura profesional interna.

Posiciones enfrentadas

En el plano político, el Gobierno ha descartado una privatización total, aunque reconoce que no puede seguir financiando a la empresa indefinidamente. El Congreso, por su parte, mantiene posiciones divididas. Un bloque propone abrir la gestión a un

operador privado con experiencia internacional, sin vender la propiedad estatal; otros plantean declarar la insolvencia para detener la sangría fiscal. La discusión está marcada por tensiones entre eficiencia y control estatal. En los últimos años, cada inyección de capital a Petroperú ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que advierte el impacto de los rescates en la deuda pública. Desde esa cartera se ha promovido la idea de una reestructuración integral, con participación privada en la gestión, pero sin pérdida de titularidad estatal. El escenario político, sin embargo, limita el margen de maniobra. Cualquier intento de privatización —incluso parcial— podría generar resistencia en el Congreso y en los sindicatos. En ese contexto, la viabilidad de la empresa depende menos de la retórica y más de una hoja de ruta técnica que garantice resultados medibles.

Talara en la mira

El futuro de Petroperú va más allá de balances y deuda. Lo que el país arriesga es la capacidad de influir en el precio de combustibles, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y el destino de una empresa que, durante décadas, formó parte del imaginario estatal y que hoy enfrenta un futuro incierto para todos.

Enciso concluye con una advertencia: “El Estado debe decidir si quiere salvar a Petroperú como empresa estratégica o si seguirá permitiendo que se convierta en un foco permanente de pérdida fiscal. Sin una decisión firme, la caída será inevitable”.

El Perú observa. La refinería de Talara intenta encender motores, mientras la deuda que la sostiene amenaza con apagar cualquier esperanza. Petroperú está frente a su última oportunidad de reestructurarse y demostrar que puede seguir siendo un actor relevante. Si no lo logra, la historia del gigante energético peruano podría acabar como empiezan todas las tragedias financieras: con advertencias que nadie escuchó a tiempo sobre crecientes riesgos financieros cada vez mayores.

El desafío inmediato

Petroperú enfrenta una presión simultánea en tres frentes: financiero, operativo y reputacional. La empresa necesita financiamiento urgente para sostener su flujo de caja, pero su calificación de riesgo la deja con escaso acceso a crédito internacional. Internamente, debe reducir gastos, optimizar su operación logística y garantizar la continuidad de la refinería de Talara, un proyecto que se convirtió en el eje de su crisis pero también en su posible tabla de salvación. Al mismo tiempo, la compañía debe reconstruir su credibilidad ante el mercado y ante la ciudadanía, que observa con desconfianza cada intento de rescate estatal. La principal apuesta del nuevo directorio es implementar un plan integral de reestructuración que incluya una gestión profesional externa. El objetivo es devolverle sostenibilidad a una empresa

“No apañamos errores, pero no permitiremos que se destruya una empresa que aún puede levantarse”

Omaida MaRquina SINAPROC

que durante años fue símbolo de soberanía energética, pero que hoy representa un desafío fiscal para el Estado. Sin embargo, cualquier avance dependerá de la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, así como de la aprobación política del Congreso. Las tensiones entre la necesidad técnica y las decisiones políticas podrían definir el futuro inmediato de Petroperú. Si no se logra un consenso rápido, el riesgo de insolvencia podría escalar y poner en peligro la confianza del mercado en la capacidad del Estado peruano para administrar empresas públicas de gran tamaño con eficiencia operativa.

un futuro en juego

El destino de Petroperú compromete tanto las cifras de su balance financiero como el modelo de gestión estatal en el país. Su situación se ha convertido en una prueba de fuego para definir si el Estado peruano puede administrar con eficiencia una empresa estratégica sin repetir los errores del pasado. El desenlace dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica para implementar cambios reales. Si logra reinventarse, podría volver a ser un referente de desarrollo nacional. Pero si fracasa, su caída marcará un precedente sobre los límites del Estado empresario en el Perú contemporáneo. El tiempo, una vez más, será el juez definitivo. Cada decisión que se tome en los próximos meses determinará la credibilidad del Estado.

cambios en el aire

El gobierno proyecta reemplazar los cazas Mirage 2000 y MiG-29, al borde de su vida útil. En evaluación se encuentran modelos de fabricación estadounidense, francesa y sueca. La decisión marcará la mayor inversión militar de los últimos años.

Escriben: Hugo García y Antuanette Salazar

En una conferencia de prensa, el pasado 3 de septiembre, Walter Astudillo, ministro de Defensa, anunció que el gobierno realizará la compra de modernos aviones caza para renovar la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y reforzar la defensa nacional. La FAP, en la actualidad, cuenta con modelos de aviones caza Mirage 2000, aeronaves de origen francés adquiridas en el primer gobierno de Alan García, y MiG-29, aviones de fa bricación soviética que fueron vendidos por Bielo rrusia y llegaron durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Ambos modelos se encuentran al límite de su vida útil.

Posteriormente, el sábado 20 de septiem bre, Astudillo informó ante la Comisión de Defensa del Congreso que la eva luación de los tres modelos –F-16, Gripen y Rafale– continúa, y que en octubre se anunciará la em presa ganadora de la licitación. El ministro subrayó que este proceso constituye la mayor in versión en equipamiento mili tar de los últimos años.

Los Mirage 2000 y MiG-29 en fase de retiro

Los Mirage 2000 y MiG-29, a lo largo de los años, han recibido actualizaciones en su sistema para mantenerse operativos; sin embargo, ya llegaron al tope de mejoras que se les pueden realizar. Omar Palacios, comandante de la FAP, indica que la renovación de la flota de aviones caza era inminente. “Ya no se les pueden hacer más actualizaciones a los Mirage 2000. Por lo tanto, en 2028 o 2029 ya terminan su vida operativa esos aviones. También el mismo MiG-29 prácticamenteyasehadeclaradoinoperativo y es muy costoso volver a

La FAP y sus pilotos de caza

Un vocero del Museo Aeronáutico del Perú, quien pertenece a la FAP y fue piloto en su juventud, señala que en la Escuela de Formación de Pilotos (EFOPI), base aérea ubicada en Pisco, son pocos los alféreces que llegan a graduarse como pilotos. “Del 100% de alumnos que entran a la Fuerza Aérea, todos quieren ser pilotos, pero al final casi entre el 3% o 4% de cada promoción se gradúan en ese rubro. Es muy complicado”.

El Perú en comparación a sus vecinos

El comandante Palacios menciona que la adquisición de nuevos cazas permitiría mantener una capacidad disuasiva frente a eventuales conflictos en la región, donde las tensiones fronterizas, aunque latentes, aún persisten. El especialista recordó que la paz con Ecuador, por ejemplo, no se logró solo mediante el diálogo, sino gracias a que el Perú contaba con una fuerza aérea operativa que generó respeto en la negociación. “Al yo sentirme con esa fuerza, y al otro sentir que no tiene la capacidad para hacerme frente, obviamente va a aceptar todo lo que yo le digo. Esa es la parte disuasiva”.

Además, indicó que dentro de las especializaciones de pilotos, los que manejan caza son los más destacados. “En la carrera de los pilotos hay tres niveles. Los pilotos de caza son los mejores, seguidos de los de aviones de transporte, y los últimos son los de helicópteros. Para ser piloto de caza se necesita tener una capacidad de reacción muy rápida; estos aviones utilizan tecnología que se opera en segundos, ni siquiera en minutos. Los pilotos de caza dominan la seguridad del espacio aéreo”.

Por último, advirtió que mantener una política de “no tener nada” en materia de defensa podría dejar al país vulnerable, y sostuvo que la compra de nuevos aviones caza es vital para el equilibrio estratégico regional y la seguridad nacional. “En cinco o seis años Chile nos podría hacer la guerra, Ecuador nos podría hacer la guerra, Brasil nos podría quitar más territorio, Colombia nos podría quitar más territorio; nunca vamos a estar tranquilos en la región, siempre va a pasar algo. Por cualquier chispa se puede encender una pradera”.

DATO:

Actualmente, el Perú cuenta con 15 aviones caza operativos, Chile tiene 45; Brasil, 43; Venezuela, 30; Argentina, 23; y Colombia, 16.

AZUL EL ORO E

l fenómeno de El Niño de 2023 marcó un punto de inflexión: las altas temperaturas afectaron la floración y redujeron la producción. Sin embargo, con un clima más estable y una demanda internacional creciente, el Perú busca recuperar su ritmo y alcanzar nuevos récords. Más de 318 mil toneladas de arándanos fueron exportadas durante la campaña 2024-2025, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Para el próximo año, se proyecta superar las 400 mil toneladas, lo que representaría un incremento superior al 20 %. En valor, las exportaciones podrían sobrepasar los 3 mil millones de dólares, consolidando al Perú como el principal proveedor mundial de arándanos.

La producción nacional de arándanos alcanzaría las 355 mil toneladas, según las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), de las cuales la mayoría se destinará a exportación. El informe advierte que el futuro del sector dependerá de las condiciones climáticas y de la capacidad del país para diversificar sus mercados más allá de Estados Unidos, que actualmente concentra más de la mitad de las ventas.

El Perú se prepara para romper otro récord en la exportación de arándanos en 2026. Después de alcanzar más de 326 mil toneladas en 2024, las proyecciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) apuntan a un crecimiento que consolidará al país como el líder mundial del “oro azul”.

Escriben: Miluska Capuñay y Rafael Dongo

El especialista en comercio agroexportador Omar Salinas Fernández afirma que “el mercado internacional reconoce la calidad del arándano peruano; la meta ahora es mantener ese liderazgo con inversión y tecnología”. Según explica, los productores están apostando por sistemas de riego más eficientes y variedades más resistentes al calor, en respuesta a los cambios climáticos.

Más del 10 % del total de arándanos exportados corresponde ya al cultivo orgánico, según la plataforma de noticias Fresh Fruit Portal. Este crecimiento está impulsado por la demanda europea, y las em-

Destinos Del aRÁNDANO

FUENTE

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

La mayor parte de las exportaciones de arándanos en el año 2024 se concentran en los siguientes mercados que representaron el 85% del total exportado al mundo.

EE.UU.

Países Bajos

Hong Kong

Además, mercados como Rusia, Taiwán, Singapur, Bélgica, Francia, Emiratos Árabes y Arabia Saudita han impulsado el crecimiento de las exportaciones de arándanos peruanos.

presas peruanas buscan acceder a ese mercado mediante buenas prácticas agrícolas y la reduc ción del uso de insumos químicos.

No obstante, los retos persisten. El portal Fres hPlaza advierte que, aunque las exportaciones aumentaron más de 130 % entre mayo y agos to, los precios internacionales bajaron debido a la sobreoferta y a la competencia de nuevos productores como Marruecos y Sudáfrica. Este escenario obliga al Perú a mantener su ventaja en calidad, innovación y tec nología.

En el plano regional, La Libertad continúa liderando la producción nacional con más del 50 %, seguida por Lambayeque, Ica y Áncash. Nuevas regiones como Arequi pa y Piura se suman con fuerza, ampliando la frontera agrícola y reduciendo riesgos ante fenóme nos naturales.

El exviceministro de Agricultura, Juan Risi Carbone, señala que “el de safío no es solo producir más, sino ha cerlo con eficiencia y planificación para no saturar el mercado”. Su análisis refleja la preocupación del sector por mantener un crecimiento ordenado, capaz de sostener el lide razgo peruano sin depender únicamente del au mento del volumen exportado.

De cara a 2026, el panorama es alentador. Si el clima acompaña y los precios se estabilizan, el arándano seguirá siendo uno de los símbolos del agro peruano: un fruto pequeño que representa la capacidad del país para innovar, resistir y com petir en los mercados más exigentes del mundo.

Hace poco más de una década, el aránda no era casi un desconocido en los campos del Perú. Su cultivo comenzó tímidamen te en la región de La Libertad hacia 2012, cuando las condiciones de clima, suelo y disponibilidad de agua despertaron el interés de los inversionistas agrí colas. Rápidamente, el fruto azul encontró su lugar en los valles costeros del norte, donde el sol constante y la cer canía al mar permitieron

una producción de alta calidad. Entre 2015 y 2020, el Perú pasó de ser un actor pequeño a convertirse en el mayor exportador de arándanos del mundo, superando a gigantes como Estados Unidos y Chile. Según un reportaje de la BBC, el éxito se explicó por la adopción de tecnología moderna, la inversión privada y la apertura de nuevos mercados en Asia y Europa. Así nació una industria que transformó el agro peruano.

Historia del Arándano PERUANO

RESIGNADOS OLvido al

Escriben: Ariana Benites, Flavia Carranza y Gianella Fernández

Fotos: Flavia Carranza

El reloj marca las cuatro. Para ellos, no es necesario colocar una alarma. Sus cuerpos se han acostumbrado a despertar a aquella hora, producto de años siguiendo estrictamente la misma rutina.

“Trabajo desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde. No hay descanso, ni los sábados, domingos o feriados. Haya lluvia o frío, igual trabajo”, narra Maruja Quilca, una vendedora de periódicos con 42 años de experiencia en la cuadra 42 de la Avenida Perú, en San Martín de Porres.

Su historia es similar a la de muchos peruanos, ciudadanos de un país en desarrollo donde los menos privilegiados deben crear sus propias oportunidades. Sin embargo, entre los millones de casos con los que comparte semejanzas, existe un factor distintivo: la desaparición de su oficio es inminente.

Ante la omnipresencia del internet como medio informativo y de entretenimiento en el Perú, sobre todo después de la pandemia, los canillitas atraviesan una profunda incertidumbre debido a la posibilidad de la desaparición de los periódicos.

En ese sentido, Mark Thompson, ex CEO del New York Times, declaró para CNBC que, considerando el actual ritmo de declive de venta de la versión física, resultaría sorpresivo si el periódico se continúa imprimiendo en 2040. Al ser consultada al respecto,

Quilca no puede negarlo. Las pocas monedas en su bolsillo revelan una realidad que no se puede ocultar. No ante un micrófono, y mucho menos a sí misma. “Es la verdad. Lamentablemente, se ve que en el futuro el periódico va a desaparecer”.

Vientos del pasado

El 5 de octubre, se celebró el día del canillita peruano, un motivo de reunión. Sin embargo, en tiempos de crisis, son pocos los motivos para brindar entre amigos con la serenidad y algarabía que podían permitirse en épocas de abundancia.

Luis Llactahuaman, de 50 años, recuerda con claridad las palabras de uno de los dirigentes. “Nos dijeron que veamos, que más adelante compremos un carrito y hagamos taxi, porque poco a poco va a desaparecer el diario”.

Aún así, continúa saliendo de su

Consumo informativo. web han tomado el lugar de los pe riódicos.

casa en medio de la madrugada, como lo ha hecho durante los últimos 20 años, para realizar un viaje desde Ate hasta Breña, que le toma aproximadamente una hora. Después, regresa a Mirones. Le da a su hermano los buenos días y le agradece por haber guardado su bicicleta durante la noche. En ella, realiza un recorrido por los alrededores durante dos horas, repartiendo periódicos, principalmente a personas mayores de 50 años

El más popular. Los canillitas venden en mayor cantidad el diario Trome. Antes de la pandemia, el más solicitado era El Comercio, pero su demanda cayó notablemente con el paso del tiempo.

porque ahora, según él, para los jóvenes prácticamente todo es virtual. “Varios de mis clientes ya han fallecido, mayormente las personas adultas son las que se desesperan por tener temprano el diario en sus casas”, confiesa Llacctahuaman. Sabe que es cuestión de tiempo para que dicha demanda desaparezca por completo.

Gana aproximadamente 40 y 50 soles al día, 150 si hay suerte. Una cantidad que no ha hecho

“Gracias a Dios tengo dos hijos que están trabajando, quizá más adelante podría dedicarme al mototaxi, pero ahorita la situación es tan desastrosa que te cobran cupos. No voy a comprarme una moto, la ven nueva y me van a fastidiar”, explica con resignación.

José Martinez, quien labora en un puesto ubicado en San Miguel, heredó el empleo de sus padres hace más de 20 años y se dedica al oficio desde entonces. Sin

Crónica

Cada distrito tiene su propio ritmo, su propio paisaje, pero en todos ellos el mototaxi es el hilo invisible que mantiene en movimiento la vida cotidiana.

EN MOTOTAXI

Escriben: Estrella Garrido, Vidette Vasquez y Vasco Ventura

La Lima que madruga no siempre arranca con el rugido de un bus ni el pitazo de un policía de tránsito. En los márgenes de la ciudad, donde las pistas se quiebran y el transporte formal se diluye, el movimiento comienza con un motor más pequeño, áspero, insistente: el de un mototaxi.

Ancón: el motor de Juan José

Por las calles polvorientas de Ancón, entre el ruido del mar y el bullicio de los pescadores que se preparan al amanecer, avanza una motocicleta azul con el logo ya desgastado por el sol. En ella viaja Juan José Simón Cucho, un hombre de mirada serena y manos curtidas que ha hecho del motor su herramienta, su sustento y, sobre todo, su compañero de vida.

Su jornada empieza antes del amanecer. “A veces comienzo a las cinco, pero hay días que me llaman a las cuatro o a las diez de la noche. No hay horario fijo, depende del mar”, indica Juan José. En los días buenos puede hacer entre 20 y 30 carreras, ganar 400 o 500 soles; en los malos, apenas 70. “De mayo a julio es duro. Pero algo es algo”, añade.

En distritos como Ancón, Ventanilla y Chosica, el mototaxi se ha convertido en algo más que un medio de transporte: es una respuesta a la precariedad y una oportunidad de subsistencia.

Pese a la inestabilidad, su compromiso no decae. “Mi hijito Gabrielito tiene tres meses. Es mi motor, mi alegría. Todo lo que hago es por él”. Como él, miles de mototaxistas en Lima sostienen su vida sobre tres ruedas. A nivel nacional, el parque de motocicletas y mototaxis supera los tres millones de unidades, y entre 2019 y 2023 los accidentes fatales relacio-

nados con estos vehículos aumentaron en 48,4 %, según la Policía Nacional y Ojo Público.

Ventanilla: Deyvi y la ruta del esfuerzo

A 40 kilómetros de Ancón, entre el polvo, los cerros y el ruido metálico del Callao, Deyvi Omar Chávez Chávez enciende su mototaxi a las seis de la mañana. Tiene 27 años, nació en Cajamarca y llegó a Ventanilla cuando tenía siete. “Antes todo esto era arena”, recuerda. “Ahora es bulla, tráfico y mototaxis por todos lados”.

Vive con su pareja y su hija de tres años, la razón por la que trabaja sin descanso. “Uno cambia cuando es papá”, reflexiona. “Yo me levanto todos los días a sudar la gota gorda por ellas”. Deyvi empezó hace cuatro años, cuando compró una moto usada para independizarse. “No quería seguir dependiendo de trabajos donde uno se mata y gana menos. Así que me lancé”. Hoy su jornada se extiende hasta las ocho de la noche, con paradas rápidas para comer algo o abrazar a su hija.

En un día bueno puede ganar 200 soles; en uno malo, 60. “Todo depende del movimiento, del clima, y del humor de la gente”. Calcula que lleva entre 60 y 80 pasajeros diarios. “Suben de todo, jóvenes, señoras, niños, trabajadores. Algunos conversan, otros no”.

Ventanilla, dice, no es el distrito más bonito, pero “la gente es fuerte y se ayuda”. Su sueño es tener más mototaxis o abrir un pequeño taller. “No quiero estar toda la vida en la calle, pero por ahora esto me mantiene y me da dignidad”, finaliza.

En este distrito, como en gran parte de Lima, la informalidad es parte del paisaje. Según el portal TV Perú Noticias, el 40 % de los mototaxis de la capital operan sin permisos municipales ni seguro vigente, y cada año los operativos solo logran detener una fracción mínima. “A veces viene el Serenazgo y te quiere multar por todo”, comenta Deyvi. “Pero

uno no tiene otra opción. Si no trabajo, no como.”

Chosica: José y la jornada sin descanso

En las laderas de Chosica, donde los cerros se confunden con las nubes y las pistas se vuelven empinadas, José Navarro acelera su mototaxi entre calles angostas y tramos de tierra. Comenzó a manejar en 2022, después de perder su empleo tras la pandemia. “No me quedó otra. Había que salir a buscar el pan”.

En los fines de semana, cuando los colegios están cerrados y las familias salen, puede hacer hasta 250 soles. Entre semana, su ingreso baja a 100 o 150 diarios. “Depende mucho del movimiento escolar. Cuando los chicos no van al cole, todo se cae”, señala.

Chosica, como muchos distritos periféricos, sufre por la falta de transporte formal. Los informes del Observatorio de Movilidad Urbana indican que más del 70% de los viajes diarios en Lima Metropolitana se realizan en medios informales o semiformales, entre combis, colectivos y mototaxis. En esos espacios, José es parte de un ejército invisible que mantiene a la ciudad en movimiento.

“He llevado desde señoras con compras hasta abuelitos que no pueden subir las cuestas. A veces no cobro si es alguien del barrio. Aquí todos nos conocemos”. Aunque le preocupa la falta de mantenimiento de las vías y la poca fiscalización, prefiere mirar el lado positivo. “Por ahora me da de comer, y eso es lo que importa. Uno no puede quedarse quieto”.

Los tres distritos retratan una misma historia: la de una Lima que avanza entre el polvo, la necesidad y la resiliencia. Juan José, Deyvi y José no solo manejan mototaxis; mueven barrios enteros, transpor-

tan vidas y sostienen economías familiares.

Detrás del ruido de sus motores hay más que informalidad o desorden: hay esfuerzo, esperanza y una ciudad que sobrevive gracias a quienes, con tres ruedas y un tanque de fe, siguen avanzando.

Foto: Vasco Ventura

Foto: Estrella Garrido

Foto:VidetteVasquez

PERÚES

Escriben: Franco Herrera, Majo Suárez y Gonzalo Zapata Fotos: Conida

CLAVE

Desde Pucusana, el Perú será escenario de lanzamientos científicos que aportarán datos inéditos sobre la alta atmósfera. La alianza con la NASA confirma que el talento humano y la infraestructura nacional son determinantes para la investigación espacial global.

El futuro está aquí. Cohete sonda en la Base en Punta Lobos - Pucusana.

Acuerdo internacional. Conida firma acuerdo de cooperación con la NASA.

"El mismo administrador de la NASA dijo el año pasado que nuestros cielos eran maravillosos"

roberto melgar sheen

Mayor General FAP

i

COHETE SONDA, UN MEDIO DE INVESTIgaCIóN

Los cohetes sonda son vehículos espaciales de tamaño medio diseñados exclusivamente para investigar la atmósfera y el espacio cercano. No llevan personas: su misión es transportar instrumentos científicos hasta alturas que vean desde los 50 hasta más de 300 kilómetros, donde los satélites y aviones no pueden operar. Su estructura es ligera y contienen un propelente sólido

que los impulsa en un ascenso rápido y vertical. En la punta llevan una carga útil, es decir, sensores y equipos que miden fenómenos como radiación solar, partículas energétias o variaciones del campo magnético. Además, después del lanzamiento, trasnsmiten los datos mediante telemetría, permitiendo estudiar en tiempo real procesos clave para la ciencia espacial.

Más de la mitad de los universitarios del mundo admite no sentirse preparado para usar inteligencia artificial en su formación. En el Perú, las universidades enfrentan una decisión urgente: enseñar a convivir con la nueva tecnología o seguir formando profesionales desconectados del futuro.

Escriben: Nadira Jave y Alessandro Yauri

La inteligencia artificial (IA) ya no pertenece al futuro de la educación superior: habita su presente y transforma silenciosamente sus cimientos. Cada día, miles de estudiantes universitarios peruanos abren ChatGPT, Claude o Gemini para hacer tareas, preparar exámenes o entender mejor los temas de clase. Sin embargo, una encuesta global aplicada a alumnos de pregrado, maestría y doctorado en 16 países revela un dato inquietante: el 58% de los estudiantes no se siente preparado para usar herramientas de IA generativa en su futuro profesional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que presentó estos resultados, advierte que la falta de una mentalidad basada en la responsabilidad individual puede ampliar aún más la brecha tecnológica. El estudio Challenges of AI in Higher Education and Institutional Responses, elaborado por Arianna Valentini y Alep Blancas, confirma que las universidades del mundo —y especialmente las latinoamericanas— carecen de un marco sólido para desarrollar competencias en alfabetización digital e inteligencia artificial. La mayoría apenas alcanza a elaborar guías de uso o,

en el otro extremo, opta por prohibir las herramientas por completo.

“En lugar de simplemente prohibir el uso de herramientas de IA, es esencial educar a los estudiantes sobre cómo usarlas de manera responsable. Esto resalta la importancia de desarrollar ‘habilidades transversales’”, señala el informe.

Docentes ante el cambio

Kervin Manco, especialista en educación superior, propone preguntarse qué hacen los estudiantes con la IA, y conviene mirar qué hacen los profesores. “Esta brecha es latente y más preocupante en los docentes”, afirma. “Tienes a muchos profesores que enseñan una materia por más de cinco o diez años. Tienen un sílabo ya establecido, evaluaciones establecidas, e incluso son muy reticentes a usar las aulas virtuales”.

Entonces, la falta de actualización docente es el primer obstáculo para una transformación real. Renzo Arauco, experto en generación de inteligencia artificial y docente de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), coincide en que el uso de estas herramientas en la academia es inevitable.

IA. Entonces, si usas IA, tienes que ponerlo en tus fuentes. Solo así se confía en ese texto”, explica.

Nuestra brecha tecnológica

La otra cara del problema está en la infraestructura. El Informe sobre Tecnología e Innovación 2025: Inteligencia Artificial Inclusiva para el Desarrollo, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advierte que las transformaciones impulsadas por la IA descansan sobre tres pilares: infraestructuras, datos y competencias. Las necesidades van más allá del acceso a electricidad o internet; implican potencia computacional y capacidad de servidores que procesen datos y ejecutar algoritmos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 58,4% de la población tiene acceso a internet. Con ese panorama, hablar de inclusión digital y de igualdad de oportunidades frente a la IA resulta casi una utopía. Aun así, el informe es claro: “Con las políticas adecuadas, la IA puede reforzar la capacidad humana y ayudar a mantener la competitividad de los países en desarrollo”.

La discusión, asegura, debe girar en torno a la transparencia. “Ahora en la academia lo que se dice es que es inevitable que uses

El desafío, por tanto, no es tecnológico, sino educativo y ético. La IA ya está en las aulas, y las universidades peruanas no pueden seguir observando desde la distancia. Deben pasar del miedo a la innovación. O aprenden a enseñar con responsabilidad en esta nueva era, o quedarán al margen del conocimiento que define el siglo XXI.

afterTRUMP

CUANDO LA VERDAD INCOMODA, EL PODER LA REESCRIBE

El gobierno de Donald Trump ha impulsado un nuevo ecosistema mediático en donde las cadenas más influyentes se ven amenazadas por funcionarios alineados con su agenda y la batalla por la verdad se libra en plataformas donde la veracidad importa menos que la viralidad.

Escriben: Alexander Silva y Jose Villalba

El segundo mandato de Donald Trump ha incrementado la ofensiva de su gobierno contra los principales medios de comunicación y ha comandado una estrategia de presión hacia instituciones mediáticas que contradicen su narrativa. En su propia red social, Truth Social, el presidente de los Estados Unidos difunde noticias falsas que alimentan su discurso político, el mismo que lo devolvió al sillón presidencial más poderoso del mundo.

Presiones, amenazas y silencios: la ofensiva contra Colbert y Kimmel

Las reacciones posteriores al asesinato del activista político conservador Charlie Kirk, el 10 de setiembre, trajeron consigo la intensificación de una campaña de ataques a la prensa y silenciamiento de voces críticas por parte del gobierno de Trump.

Uno de los afectados fue el presentador de televisión Jimmy Kimmel, conductor del talkshow Jim-

Fotos: Wikimedia Commons

my Kimmel Live!. Tras comentarios satíricos sobre el asesinato del activista, la presión gubernamental consiguió suspender su programa. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) designado por Trump, sugirió que ABC, cadena que transmite el programa, debía despedir a Kimmel por “mentirle al pueblo estadounidense” o, caso contrario, el gobierno “tomaría cartas en el asunto”. Horas después, ABC decidió suspender indefinidamente el programa de Kimmel. Sin embargo, tras una semana, el martes 23 de setiembre, el presentador volvió a la televisión luego de fuertes críticas hacia ABC y su empresa matriz, Disney.

Figuras como el legislador demócrata Robert García aseguraron que la suspensión evidencia “los esfuerzos para censurar la oposición al presidente”. Para el analista político Cristhiam Domínguez, la estrategia de ataque a medios funciona porque “hay medios desgastados que enfocan de manera parcial noticias y generan comentarios dependiendo de la figura política actual”.

Otro caso fue el del presentador Stephen Colbert, crítico abierto de Trump, cuyo programa Late Show fue cancelado por la cadena CBS en un sorprendente anuncio que justificaron como decisión financiera. Sin embargo, la medida se produjo después de que la empresa matriz de CBS, Paramount, acordara pagar una millonaria indemnización al presidente por una demanda impuesta. Además, la empresa estaba buscando la aprobación de la FCC para una fusión con Skydance Media.

La periodista peruana Karina Montoya, radicada en Estados Unidos, afirma que “los criterios que la FCC utilizaría para aprobar fusiones, adquisiciones o permisos para operar medios de comunicación ya no son lo que solían ser”. Según explica, esto se debe al presidente, Brendan Carr, quien “es conocido por creer, como gran parte de la facción trumpista, que existe una conspiración demócrata para censurar puntos de vista conservadores y dominar el marketplace of ideas”. Como ejemplo, Montoya menciona el reciente caso de T-Mobile, que eliminó sus programas de diversidad, equidad e inclusión para cumplir con las condiciones de la FCC y lograr la aprobación de una adquisición. “Ha sido extraño. Si empresas como CBS o ABC quieren que sus intereses se lleven a cabo, tienen que estar alineados ideológicamente con la administración actual. No es algo que se recuerde, al menos, en tiempos recientes”, señaló.

Charlie Taylor, periodista y productor ejecutivo de la BBC World Questions, en una conferencia reali zada en la Universidad Peruana de Ciencias Apli

cadas (UPC), acotó que “la libertad de expresión no significa libertad para decir lo que sea, sino que esta viene con una responsabilidad importante para tratar temas e informar con la verdad hacia una audiencia que espera justamente eso”.

Fake News: las nuevas armas del siglo XXI

Según el equipo de verificación de datos del The Washington Post, durante su primer mandato, Donald Trump emitió 30 573 afirmaciones falsas o engañosas, lo que equivale a un promedio de 21 por día. Hoy hasta sus colaboradores las replican, las amplifican y, en muchos casos, las producen ellos mismos. Con su regreso al poder, el gobierno republicano está institucionalizando la desinformación, que ya es parte de la maquinaria oficial del Estado.

La desinformación se ha consolidado como una industria peligrosa. Para Miguel Sánchez, profesor del departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “hay empresas que generan trolls, ideas y noticias construidas desde lo falso; líderes de opinión y medios de comunicación que se suma n a la desinformación que es utilizada para confundir, para infringir miedo y para consolidar totalitarismo”.

Medios de comunicación afines al gobierno actual, como Fox News, operan en tándem con plataformas de desinformación. Su presentador más influyente, Sean Hannity, legitima y refuerza el discurso del gobierno ante la audiencia preferente de Trump. Muchos de los seguidores republicanos, por otro lado, descalifican a otras cadenas como ABC, CNN o MSNBC, que intentan ejercer una oposición crítica.

Según Sánchez, “los seguidores de Trump siguen el juego por miedo. Es un fanatismo ciego, como un dogma irracional que no admite cuestionamientos”. Sin embargo, para él, el diálogo y la labor periodística efectiva suponen caminos para combatir esta maquinaria: “Los periodistas deben participar de la discusión, trabajar con la verdad e incomodar al poder. Y, sobre todo, deben colaborar con la construcción de ciudadanía crítica y utilitaria para la toma de decisiones”.

Entre presupuestos reducidos, escasa distribución y un público poco acostumbrado a propuestas alternativas, las películas peruanas que apuestan por una mirada más artística y crítica apenas logran encontrar un espacio en las carteleras locales.

Escriben: Hugo Garcia y Antuanette Salazar

El cine peruano enfrenta una gran desventaja entre lo comercial y lo independiente. Producciones como ¡Asu Mare! (2013), dirigida por Ricardo Maldonado y protagonizada por Carlos Alcántara, marcaron un antes y un después en la industria cinematográfica nacional al recaudar más de 11 millones de soles y atraer a más de tres millones de espectadores. Su éxito confirmó que el público peruano está dispuesto a llenar las salas, pero también evidenció una tendencia: las historias que triunfan en taquilla suelen ser comedias ligeras, centradas en figuras mediáticas y con una campaña publicitaria amplia. En cambio, películas de autor como Canciónsinnombre(2019), de Meli-

na León, MancoCapac (2020), de Henry Vallejo, o la más reciente, Mistura (2024), de Ricardo de Montreuil, apenas logran mantenerse en la cartelera durante algunos pocos días, pese a obtener reconocimientos en festivales internacionales. Esta desigualdad no solo se refleja en la taquilla, sino también en la percepción cultural. Títulos como Los patas y las patas (2025), una comedia comercial que repite fórmulas de humor televisivo, reciben amplia promoción en medios tradicionales y redes sociales.

Las producciones independientes se enfrentan a limitaciones estructurales: presupuestos que no

superan los 200 mil soles, dificultades para acceder a fondos estatales y la escasa disposición de las salas comerciales a proyectarlas. Incluso cuando consiguen estrenarse, suelen hacerlo en horarios reducidos o espacios alternativos como la Sala Armando Robles Godoy o el Centro Cultural PUCP.

En ese contexto, voces como Leny Fernández, crítica de cine en la revista Careta; GuillermoCastañeda, director de los Lospatosylaspatas; y Rómulo Sulca Licra, director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo y presidente de la Asociación de Cineastas Indepedientes del Perú (ACIP), ofrecen distintas perspectivas sobre los retos, tensio-

Fotomontaje: Hugo García / IA

Producciones cinematográficas peruanas (2013-2024)

En promedio, de cada 10 películas realizadas entre 2013 y 2024, 7 son independientes y 3 son comerciales.

El cine de comedia lidera el ranking de películas peruanas con más espectadores de todos los tiempos.

¡Asumare! 2 (2015) con 3,082,942

¡Asumare! (2013) con 3,037,677

¡Asumare! 3 (2018) con 2,042,567

A los 40 (2014) con 1,686,367

Locos de amor (2016) con 1,221,932

Fuente: Cinencuentro

Cine independiente y regional

Cine comercial 28%

nes y contrastes que atraviesa la industria cinematográfica nacional, donde el valor del cine sigue medido más por su capacidad de generar grandes ganancias que por su aporte artístico o social.

Decisiones de cartelera

Leny Fernández indica que las producciones independientes no tienen tanta acogida por parte del público nacional, por lo que las empresas exhibidoras no tienen tanto interés en proyectar este tipo de películas en sus salas. “Si algo no es muy comercial, por lo general, las películas se ven acorraladas a horarios pésimos, a exhibiciones de una vez o dos veces por día en algunas salas. Por eso es que hay películas que realmente no pueden o no pasan a veces la primera semana de exhibición”.

Por su parte, Guillermo Castañeda también expone que los cines son quienes escogen los horarios, los locales y los días en los que se proyectan las películas. “Obviamente son empresas y tienen que mantener su negocio: si tengo una película que me llena las salas, le voy a dar prioridad. Es por eso que muchas veces las cintas peruanas no están tanto tiempo en cartelera”.

PREJUICIOS Y FALTA DE COSTUMBRE

Asimismo, Fernández menciona que dentro del cine independiente nacional las películas independientes regionales filmadas en lenguas originarias son las que tienen menor repercusión. “El público peruano en general no cuenta con educación audiovisual y eso pesa mucho; aún más que el prejuicio, es un tema de desconocimiento total. El público peruano no quiere leer subtítulos; quieren películas en castellano”.

Esta falta de educación audiovisual se refleja en la escasa conexión del público con las producciones que retratan otras realidades del país. Mientras que algunas películas comerciales suelen ambientarse en Lima y presentan tramas ligeras o humorísticas, el cine regional aborda historias ligadas a la identidad, la memoria o los conflictos sociales, muchas veces habladas en quechua, aymara o lenguas amazónicas.

Guillermo Castañeda coincide en que la distancia entre el público y este tipo de producciones responde a una falta de costumbre más que a un rechazo directo. “Creo que hay una desconexión del público porque quizás se ha repetido mucho

la fórmula y en algún momento la gente se ha cansado, por eso cuando ven que salen otras películas piensan que es más de lo mismo”, señala el director.

UN ESTADO AUSENTE

El 26 de abril del presente año entró en vigencia el nuevo cambio de la Ley N° 32031, que reemplaza al Decreto de Urgencia 022-2019, vigente desde el 2019. Mediante la nueva Ley de Cine, el Estado como máximo podrá financiar el 70% del presupuesto total de las películas nacionales que lleguen acceder a los concursos promovidos por el Ministerio de Cultura. El 30% restante de la producción de las películas tendrán que ser cubiertos por sus autores.

Guillermo Castañeda menciona que hacer cine en nuestro país es todo un riesgo, debido a que si no se cuenta con el financiamiento correspondiente no se puede sacar adelante la producción y distribución de un filme. Es por ello que considera que en lugar de haberse promulgado la actual ley se debió priorizar otros aspectos en beneficio del cine peruano y, sobre todo, del independiente, que no recibe auspicio de grandes marcas.

“DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura) es un premio que busca apoyar a productores, a directores independientes a seguir con su trabajo; es un proceso que premia a algunos. es una licitación entre varios, pero se debería crear una ley que permita recibir apoyo tanto del Estado como de las empresas privadas. No estoy diciendo un invento o un sueño que tiene un director de cine peruano, es algo que es una realidad en Colombia, en Argentina, en Brasil, en República Dominicana; es una realidad que se vive alrededor y acá no llega”.

En esa línea, Fernández considera que la nueva Ley de Cine debe ser regulada en aras de impulsar las producciones independientes y que estas lleguen a ocupar mayor número de salas de cine a nivel nacional y prolonguen su tiempo en cartelera. Además, señala que décadas atrás este tipo de producciones contaban con mayor apoyo por parte del Estado. “La ley de cine que existía en los años 70, que promovió Armando Robles Godoy y que surgió durante el gobierno de Velasco sí exigía una cuota de pantalla. Las empresas exhibidoras estaban obligadas a pasar cine peruano. Es verdad que esto también tuvo sus vicios, pero si queremos consolidar una industria en general que no solo respalde las películas ultra comerciales, sino que también dé cabida a este cine independiente y regional, se debe regular la ley. Recordemos que aquí no existe una industri,a y por lo tanto podríamos llamar a todo el cine peruano independiente”.

Sin respuesta

dit quis volore verecta tioratasite velit volorum ipitatius.

Rómulo Sulca Licra, como representante de los cineastas independientes, menciona que muchas películas, en su mayoría regionales, todavía no han recibido el presupuesto que les fue asignado por el Ministerio de Cultura (Mincul) para la distribución de sus películas. El monto de este presupuesto ronda entre los S/70.000 y S/100.000 por metraje. Además, indica que sin el desembolso de aquel dinero muchas productoras no pueden costear los gastos en publicidad y copias de exhibición. Cabe resaltar que el presupuesto destinado a la distribución no es concursable.

Sin la recaudación de dicho presupesto, muchas productoras independientes tuvieron que costear su propia distribución o, en el peor de los casos, han tenido que retrasar la fecha de sus estrenos que tenían previstos para este año.

Ante la inacción de los funcionarios del Mincul, el pasado 17 de septiembre, el ACIP, en conjunto con la congresista Susel Paredes, quien es la Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, solicitaron a Fabricio Valencia, entonces ministro de Cultura, explicaciones con respecto a la demora del desembolso del presupuesto destinado a la distribución y las medidas administrativas que se piensan ejecutar para solucionar dicho inconveniente; pero no recibieron respuesta alguna. Para los cineastas independientes, el silencio oficial es un recordatorio más de que la desigualdad en el acceso a la pantalla empieza mucho antes de llegar a la sala de cine.

Escribe: Jean Avendaño, Juan Canchumanta y Alejandro Osorio

un pueblo que todavía reza

Más que una procesión, el Señor de los Milagros representa un fenómeno cultural que une generaciones, moviliza multitudes y revela la fuerza espiritual de un pueblo que encuentra en su fe una forma de comunidad. Lima se cubre de morado cada mes de octubre mientras el paso solemne del Cristo de Pachacamilla transforma la ciudad en un espacio de fervor, identidad y encuentro.

Las hermandades del Señor de los Milagros nacieron del fervor de mujeres y hombres que, movidos por la fe, decidieron mantener encendida la devoción al Cristo Moreno. Todo comenzó con una pintura hecha por un esclavo angoleño en el siglo XVII, sobre una humilde pared de adobe en Lima. Aquella imagen, que desafiaba el olvido, resistió terremotos que arrasaron los templos y las casas de su entorno. Su permanencia, inexplicable para muchos, encendió en el corazón del pueblo una fe que creció con fuerza hasta convertirse en una de las más grandes manifestaciones de espiritualidad colectiva del país.

Con el paso del tiempo, esa devoción tomó forma y disciplina. Las hermandades se organizaron para custodiar el culto y dar vida a las procesiones que cada octubre recorren las calles limeñas. Dentro de ellas, los cargadores —quienes levantan el anda sobre sus hombros—, las sahumadoras —mujeres que portan el incienso— y el consejo directivo forman una estructura que combina jerarquía y servicio espiritual. Ser parte de una cuadrilla es un honor que se alcanza después de años de espera y entrega.

La organización de la fe

La planificación de una procesión del Señor de los Milagros es un proceso que comienza meses antes de octubre. Generalmente, desde julio o agosto se realizan las reuniones de coordinación donde revisan los aprendizajes del año anterior y se actualizan los protocolos.

ros y bandas acompaña el andar del Cristo Moreno. Este fenómeno global ha converti do al Señor de los Milagros en un símbolo de pertenencia y resistencia cultural, es pecialmente para los peruanos que viven fuera del país. La devoción reafirma así la fuerza de una fe que se expresa tan to en el cuerpo de quienes caminan como en la comunidad que los une.

“El Señor de los Milagros ya no es solo una expresión de fe; representa un ritual social que refuerza la perte nencia y el sentido de comunidad en un país profundamente diverso como el nuestro”, señala el sociólogo Ángel Crovetto. “Durante la procesión, las diferencias sociales, económicas e incluso políticas tienden a diluirse. Es uno de los pocos momentos del año en que el espacio público se convierte en un escenario de unión colectiva”.

SEESPACIO“eLPÚBLICO CONVIERTE EN UN ESCENARIO DE UNIÓNAngelCOLECTIVA” Crovetto Sociólogo

Omar Angulo, tesorero general de la 15.ª cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de La Victoria, explica: “Lo más difícil de coordinar en cuanto a logística son las gestiones tanto con las municipalidades como con los ministerios y con el Arzobispado, para definir los recorridos y todas las fechas en que puede salir el Señor”.

Como fenómeno cultural, el Señor de los Milagros trasciende lo puramente religioso y se convierte en un eje de identidad colectiva y cohesión social. Su presencia anual en las calles limeñas no solo moviliza a miles de fieles, sino que activa una red de expresiones culturales que abarcan desde la música y la gastronomía al arte popular.

Durante octubre, Lima se transforma: los balcones se visten de morado y el sonido solemne de los co-

El día de la procesión

El día de la procesión del Señor de los Milagros representa la culminación de meses de preparación y devoción. Desde muy temprano, las calles por donde pasará la sagrada imagen se convierten en un corredor de fe y organización precisa. Cada detalle —desde el orden de las cuadrillas hasta los puntos de relevo de los cargadores— se define con antelación por la Hermandad, que asume esta jornada como una demostración de disciplina y compromiso espiritual.

La jornada comienza con la concentración de las cuadrillas en la iglesia de Las Nazarenas, donde los hermanos reciben las últimas indicaciones y participan en una breve ceremonia de oración. Los cargadores se distribuyen en turnos, relevándose en cada tramo del recorrido, mientras las sahumadoras acompañan con incienso y cánticos. A la par, otros miembros de la Hermandad supervisan la seguridad, el orden del cortejo y la asistencia de los fieles.

“La Hermandad coordina con el Serenazgo y los bomberos para asegurar el tránsito y atender cualquier eventualidad médica”, comenta Juan Canchumanta Govea, miembro de la 2.ª cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Villa María del Triunfo. Todo se desarrolla bajo un sistema interno de comunicación que conecta a los responsables de cada área. La Hermandad demuestra una capacidad organizativa digna de cuaquier gran evento.

Foto: Andina

Everardo Zapata Santillana

de América Latina El maestro

Escriben:

Gary Alvarez

Álvaro Quispe

Nicolás Tapia

Con su método intuitivo y cercano, Everardo Zapata Santillana transformó la enseñanza de la lectura en el continente. Su obra Coquito, nacida en un aula rural de Arequipa, acaba de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, recordándonos que la educación también puede escribirse con ternura y vocación.

Everardo Zapata Santillana, un pedagogo peruano, con su método intuitivo y sencillo, logró la hazaña de enseñar a leer a más de 40 millones de personas en América Latina al desafiar métodos anticuados y reformas educativas.

Su obra cumbre, la primera edición de Coquito (1955), fue declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Nación. Este reconocimiento con-

solida un legado que comenzó con un sueño y una firme convicción: la letra no entra con sangre, entra con cariño y método.

Pocos nombres dejaron una huella tan profunda y a la vez tan cotidiana en la memoria de generaciones de his panoamericanos como Coquito. Este li

bro de texto, simple pero revolucionario, se convir tió en el faro que guio a millones de niños a tra vés de las primeras letras y transformó el paisaje educativo de un continente.

La génesis de este fenómeno se remonta a 1947, cuando el joven profesor Zapata recibió el encargo de fundar una escuela en el remoto poblado de Punta de Bombón, en Islay, Arequipa. Allí descubrió la cruda realidad del analfabetismo, que por entonces afectaba al Perú con cifras alarmantes. Los métodos de enseñanza importados, basados a menudo en estructuras lingüísticas anglofrancesas que no se ajustaban a la fonética “transparente” del castellano, fracasaban estrepitosamente y dejaban a la mayoría de los niños sin aprender a leer ni a escribir.

La génesis del método

Esa frustración se convirtió en el motor de una investigación que duró siete años. Zapata decidió crear un método desde cero, adaptado a la lógica de su lengua materna. A partir de la observación de sus alumnos, desarrolló y organizó un enfoque distinto al silabeo tradicional y al deletreo. Su método, descrito en ocasiones como global de palabras, partía de una imagen —una figura familiar, como un sapo—, presentaba la palabra completa (S-A-P-O), la dividía en sílabas y luego formaba oraciones. Este proceso, que avanzaba de lo simple a lo complejo de manera gradual y significativa, demostró una eficacia sin precedentes. El objetivo era claro: que el niño asociara, jugara y comprendiera, para que el aprendizaje de la lectura resultara rápido y efectivo.

un hijo ideal, fue rechazada al inicio por editoriales que no percibían el potencial comercial en la propuesta de un humilde profesor. Su convicción y el apoyo de un amigo editor en Arequipa hicieron posible la primera impresión. El éxito fue inmediato y creció de manera orgánica: los maestros que lo adoptaron comprobaron que sus alumnos aprendían en pocos meses, y la noticia se difundió de boca en boca. DeL Perú al mundo

Desde entonces, Coquito trascendió las fronteras peruanas y se convirtió en una herramienta fundamental para la alfabetización en países como México, Venezuela y Colombia. En sus años de apogeo llegó a vender hasta 720 mil ejemplares anuales y acumular más de 52 ediciones. Sus palabras y frases emblemáticas, como “Mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá”, quedaron grabadas en el imaginario colectivo y marcaron el primer contacto con la lectura para millones de ciudadanos.

La reciente declaratoria de la primera edición de Coquito como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú representa algo más que un homenaje a un libro: es el reconocimiento a un pedagogo que confió en la capacidad de su pueblo y probó que la educación de calidad nace del conocimiento de la realidad y de las necesidades locales. Everardo Zapata Santillana, condecorado con las Palmas Magisteriales en grado de Amauta y homenajeado con un monumento en su natal Arequipa, resumió su trayectoria con profunda humildad.

En 1955, el esfuerzo de Zapata, junto con las ilustraciones de Raúl

Tamayo Calderón y Víctor

Valdivia Miranda, dio origen a Coquito. Sin embargo, el camino estuvo lleno de obstáculos. La obra, bautizada con el nombre que el maestro imaginó para

Hoy, mientras nuevas generaciones de niños abren el libro de tapas blandas, el legado del maestro Zapata y su querido Coquito permanece. Su historia recuerda que la herramienta más poderosa contra la ignorancia siempre será un buen libro creado con el corazón y con propósito.

"Las

DOBLE

DOBLE

Son venezolanas de nacimiento, pero peruanas de corazón. Valentina y Victoria Rocha, hermanas de 20 y 17 años, respectivamente, representan al Perú al ocupar el primer y segundo puesto del ranking nacional en el deporte de BMX en la rama de Freestyle.

Escriben: Franco Herrera, Majo Suárez y Gonzalo Zapata Fotos: Majo Suárez

dos nos enamoramos del freestyle porque NO TIENE FINAL"

Victoria rocha

1er lugar del ranking nacional de BMX

a familia Rocha, en busca de oportunidades, emigró a Lima desde Venezuela en 2010 con el sueño de una vida mejor. Las hermanas Rocha, venezolanas de nacimiento, se identifican plenamente como peruanas y nos representan con orgullo. Victoria lidera el ranking nacional de BMX Freestyle, mientras que su hermana, Valentina, ocupa el segundo lugar en todo el Perú. Desde 2022, han representado al país en diversos torneos internacionales, como próxima meta es clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un paso crucial hacia su gran objetivo: participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Valentina empezó a los 15 años con el

PODIO PODIO

ciclismo. Un año después, su hermana siguió sus pasos, y ambas ya practicaban el BMX, deporte que consiste –según Ángel Luis Pasquier, entrena dor de las hermanas y campeón nacional– en ma nejar bicicletas diseñadas para realizar distintas series de acrobacias o competir en circuitos con obstáculos y saltos.

Valentina inició su camino en la rama de BMX Racing, centrada en la velocidad en pista, donde gana quien cruza la meta primero. Sin embargo, luego de ver a unos jóvenes realizar trucos en bi cicletas en el skatepark cerca a su casa, su fijación se inclinó hacia la rama de Freestyle, la cual premia la destreza y el equilibrio en la ejecución de diversos trucos en rampas y muros. Las hermanas reconocen que llegar hasta donde están no ha sido sencillo. "Somos deportistas de alto rendimiento. Siempre hemos sacrificado tiempo con amigos, familia y eventos importantes por este sueño”, dice Valentina con firmeza.

es para todos, no importa tu sexo. Simplemente, sé buena persona, haz lo que amas, y si amas este deporte, hazlo con el corazón”. Y aunque el miedo siempre está presente –en cada salto, en cada truco nuevo–, no las detiene. “Siempre está el margen de error, porque un truco nuevo no te va a salir de la noche a la mañana. Hay lesiones, moretones, huesos rotos. Pero una lesión se cura; el dolor es momentáneo, la gloria es infinita”, confiesa Victoria.

Ambas entrenan todos los días, conscientes de que el cuerpo también es una herramienta que exige disciplina y constancia.

Victoria, por su parte, recuerda que al inicio fue difícil ser aceptadas. “Este deporte

Y, efectivamente, su camino continúa. Valentina y Victoria entrenan con la vista puesta en los próximos torneos internacionales. “Las dos metas más grandes son los Panamericanos del 2027 y Los Ángeles 2028, que ya es algo que se ha planteado, pero obviamente va a ser complicado”, coinciden.

El ruido de las llantas de sus bicicletas y el eco de los aterrizajes de los saltos marcan su rutina diaria. Dos hermanas, dos estilos, una misma pasión. Sobre ruedas, el Perú también aprende a volar.

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