Feminismos, democratización - G. Di Marco, C. Tabbush (Adelanto)

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CIENCIAS SOCIALES

Feminismos, democratizaciรณn y democracia radical


Colección: Ciencias Sociales Director: Gerardo Aboy Carlés Feminismos, democratización y democracia radical: Estudios de caso de América del Sur, Central, Medio Oriente y Norte de África. Compilado por Graciela Di Marco y Constanza Tabbush. 1ª edición - San Martín: Universidad Nacional de Gral. San Martín. UNSAM EDITA, 2011. 248 pp.; 15 x 21 cm. Traducido por: Marta Castillo ISBN 978-987-1435-30-2 1. Democracia. 2. Feminismo. I. Di Marco, Graciela comp. II. Tabbush, Constanza comp. III. Castillo, Marta, trad. CDD 306 Existe versión en inglés: Feminisms, democratization, and radical democracy: Case studies in South and Central America, Middle East and North Africa. UNSAM EDITA, 2011. Esta publicación se basa en una investigación financiada por:

International Development Research Centre de Canadá, www.idrc.ca, y el Programa de Apoyo a la Universidad Argentina del Ministerio de Educación de Argentina.

1ª edición, julio de 2011 © 2011 Graciela Di Marco © 2011 Constanza Tabbush © 2011 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín

Campus Miguelete. Edificio Tornavía Martín de Irigoyen 3100, San Martín (B1650HMK), Provincia de Buenos Aires unsamedita@unsam.edu.ar www.unsamedita.unsam.edu.ar

Traducción: Marta Castillo Diseño de interior y tapa: Ángel Vega Edición digital: María Laura Alori Corrección: Graciela Oliva

Imágenes de tapa: Marcha del 30 de mayo. Cortesía: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú. Participantes del Curso Breve sobre Agricultura Urbana. Oriente Medio y África del Norte (MENA), Amman, Septiembre 2005: Cortesía International Development Research Centre (IDRC), Canadá. Las mujeres en la acción colectiva: trabajo, derechos y ciudadanía. Argentina en el siglo XX y XXI; exposición fotográfica, curadoras Mirta Lobato y Ana Lía Rey: Cortesía Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos (CEDEHU-UNSAM). Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723. Editado e impreso en la Argentina.

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de sus editores.


GRACIELA DI MARCO CONSTANZA TABBUSH (compiladoras) CIENCIAS SOCIALES

Feminismos, democratización y democracia radical Estudios de caso de América del Sur, América Central, Medio Oriente y Norte de África



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PREFACIO

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INTRODUCCIÓN

Graciela Di Marco Constanza Tabbush

SECCIÓN 1 LA DEMOCRACIA, EL INTErNACIONALISMO Y LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES

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CAPÍTULO 1

La democracia y los derechos de las mujeres: reflexiones sobre el Medio Oriente y el África del Norte

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CAPÍTULO 2

Movimientos de mujeres: negociaciones de los contratos sociales en espacios intergubernamentales multilaterales y entre movimientos transnacionales

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CAPÍTULO 3

La dimensión de género en los procesos de paz y conflicto

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SECCIÓN 2 EL IMPACTO DEMOCRATIZADOR DE LOS FEMINISMOS

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CAPÍTULO 4

Mujeres en movimiento por la igualdad de género en el Magreb

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CAPÍTULO 5

El papel central de la ley de familia en el movimiento feminista marroquí

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CAPÍTULO 6

Movimiento popular de mujeres y movimiento feminista: coincidencias en lo público-político

145

CAPÍTULO 7

Vigencia ininterrumpida de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos

161

CAPÍTULO 8

Las demandas en torno al aborto legal 177 en Argentina y la constitución de nuevas identidades políticas

Valentine M. Moghadam

Josefa Francisco Peggy Antrobus

Dina Rodríguez

Khadija Arfaoui Fatima Sadiqi Gaby Cevasco

Herminia Di Liscia Graciela Di Marco


SECCIÓN 3 LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES

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CAPÍTULO 9

La nueva Ley musulmana de Estatus Personal en Marruecos: contexto, partidarios, detractores y argumentos

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CAPÍTULO 10

Familias y hogares palestinos: el manejo del conflicto, contra viento y marea

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Moha Ennaji

Eileen Kuttab

SOBRE LAS AUTORAS

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PREFACIO

Este libro es el resultado de la convergencia de los objetivos de dos redes: la Red UNESCO sobre Estudios de las Mujeres e Investigación sobre Género (WS/GR) y los de la Red Interuniversitaria en Estudios de Género, Democratización y Derechos Humanos, originada en la Argentina. En este sentido resulta relevante hacer una breve descripción de sus principales actividades, de modo tal de poner de relieve el marco en el cual se inscriben los estudios que presentamos en este libro. La Red de UNESCO sobre Estudios de las Mujeres e Investigación sobre Género (WS/GR) se formó para promover y considerar los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género en los programas y proyectos del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO (UNESCO-SHS). Sus objetivos son: promover la participación de instituciones que realicen investigación en África, América Latina, América del Norte, América Central, la Región Árabe y Asia; fortalecer la cooperación académica sobre estudios de las mujeres y de género; fomentar la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur en este campo de estudios; impulsar e incorporar los instrumentos normativos internacionales sobre temas relacionados a las mujeres / el género, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta red incluye a estudiosos/as feministas, y a los departamentos de estudios sobre las mujeres de Universidades de África, Asia, América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa y Oceanía. Hasta la fecha las participantes de la Red han iniciado y desarrollado una serie de actividades, entre ellas: varios proyectos de investigación, conferencias, reuniones y publicaciones. La activa sucesión de reuniones que se han realizado consolidó este ambicioso proyecto. La sección de UNESCO Igualdad de Género y Desarrollo (GED) de la Sección de Ciencias Sociales y Humanas (SHS) organizó un taller sobre Derechos Humanos de las Mujeres: El Nexo entre Investigación y Políticas, que se llevó a cabo en el Foro Internacional sobre el Nexo entre las Ciencias Sociales y las Políticas (IFSP), Buenos Aires, Argentina, el 20-24 de 9


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febrero de 2006. En esta oportunidad el taller ofreció un espacio innovador para un nuevo tipo de diálogo, reuniendo a científicos sociales y políticos de la administración pública en la búsqueda de un lenguaje y objetivos comunes. Miriam College en Manila, Filipinas, auspició la primera reunión oficial de la Red WS/GR los días 25-26 de julio de 2007. Durante este evento, los participantes de la Red acordaron las formas y los medios de colaboración con el programa de UNESCO - SHS para la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres, identificaron áreas de cooperación interna entre los miembros de la red, y también examinaron las nuevas temáticas y tendencias en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a fin de promover y profundizar el trabajo de la red. La Red Interuniversitaria en Estudios de Género, Democratización y Derechos Humanos se constituyó en el año 2008, promovida por el Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos (CEDEHU) de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín y el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Sus objetivos son: fortalecer los estudios comparativos sobre género, democratización y derechos humanos y el nexo entre investigación y formación de políticas públicas. El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) del Ministerio de Educación y el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá han apoyado esta iniciativa. En septiembre de 2008 se realizó en Buenos Aires la Conferencia Internacional sobre: Estudios comparativos sobre democracia, democratización de lo público y lo privado, en Buenos Aires, con el propósito de promover el intercambio académico interregional en el estudio comparativo de la articulación de la democratización de las familias y la democratización política, desde la perspectiva de la ampliación de los derechos de las mujeres y la profundización de la democracia. Esta Conferencia es la base del libro que presentamos. El tema propuesto para este proyecto da cuenta de antiguos y nuevos intereses (en el Sur y en el Norte), y permite una sinergia creciente de una nueva generación de estudios de género, democratización y derechos humanos.

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INTRODUCCIÓN

La necesidad de tomar en cuenta las esferas política, social, cultural y económica en cada país y región se deriva de un enfoque en el que se examinan la adquisición de derechos en su contexto de surgimiento. Los diferentes estudios de caso en países de América Central, del Sur, Medio Oriente y Norte de África son la base para una comparación de los procesos de democratización de las relaciones entre los sexos, y entre adultos y niños/adolescentes, tanto dentro de las estructuras familiares como en los contextos nacionales y globales. En este marco, se prestó especial atención al análisis de las articulaciones de las diferentes luchas sociales que tienen lugar en cada país en el proceso de expansión de derechos. Los procesos que nos hemos propuesto comparar tienen un sustrato común en todas las regiones, dado por la instalación desde fines de los setenta del debate acerca de los derechos de las mujeres. Por un lado, debido a las diversas conferencias de Naciones Unidas, como las Conferencias mundiales sobre la mujer (1975, 1980, 1985 y 1995), conferencias regionales, etc.; y por el otro, a causa de las directivas de las organizaciones de crédito, que en los noventa comenzaron a plantear requisitos acerca de la equidad de género en las políticas de combate a la pobreza y condujeron a casi todos los gobiernos a la adopción paulatina de distintas posturas favorables a incorporar algunos derechos de las mujeres (Molyneux, 2003). Ahora bien, los feminismos y las feministas de cada región tomaron diversas actitudes con respecto a las políticas impulsadas por aquellas organizaciones. Algunas de aquellas cooperaron con las medidas de ajuste estructural, o bien otras eligieron caminos de confrontación y de resistencia por afuera y por dentro del Estado, haciendo uso de las grietas y oportunidades a través de las cuales los portadores de discursos progresistas podían intervenir en el mismo (Di Marco, 1997). Este proceso sucede simultáneamente a la instalación de una concepción hegemónica que finalmente se expresó en el Consenso de Washington, por 11


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el cual se establecieron un conjunto de requisitos para el desarrollo. El Consenso de Washington se caracterizó por un enfoque decididamente favorable al mercado y una reducción de la capacidad estatal; por medio de un conjunto de medidas, entre las cuales se pueden mencionar: disciplina presupuestaria, reorientación del gasto público, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, apertura comercial, liberalización de la inversión directa extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación y derechos de propiedad garantizados. Las políticas neoliberales se fueron profundizando durante los años noventa, por la necesidad de acumulación para posibilitar el crecimiento, concebido como meta principal, por el énfasis en las virtudes de la liberación-globalización del mercado y por la concepción acerca de la irracionalidad del intervencionismo estatal y la planificación económica (Coraggio, 1998: 3). Esta visión economicista del desarrollo, tendía a dejar de lado –o a subordinar– las metas sociales. Tal concepción involucraba, también, una perspectiva optimista en cuanto al futuro: se suponía que el crecimiento económico por su sola virtualidad, librado a su propio dinamismo, acabaría por “derramar” sus beneficios a todos los sectores. Lo cual llevaba a una concepción minimalista y asistencialista del rol del Estado en el campo social. Si la teoría del “derrame” era cierta, el Estado no debería tener otra función que cubrir los desfasajes transitorios, montando apenas programas focalizados y coyunturales para atenuar los impactos de las políticas de ajuste. Así, a fin de balancear estas medidas económicas, se aconsejaba proteger a los grupos sociales considerados “vulnerables”, por lo que se debilitó la posibilidad de desarrollar políticas universales basadas en los derechos ciudadanos y se socavaron las ya existentes. Desde esta perspectiva, el gasto público –particularmente el gasto social– era considerado como improductivo e ineficiente por definición. Los organismos internacionales de crédito orientaron, como parte de las políticas de ajuste, programas que redujeron el discurso de la política social al de “combate a la pobreza”. Hoy, las políticas económicas neoliberales se encuentran sufriendo una fase de descrédito, más actuado que real, pues lo único que se avizoran son algunos paliativos a la crudeza de la devastación generada por doquier. Simultáneamente, sus mecanismos culturales han podido impregnar las mentalidades con sus valores, en un proceso que se acerca mucho a la governamentality analizada por Foucault (1991), al gobierno de las conductas que lleva a la aprobación del individualismo, de las normas del mercado, del culto a la eficiencia y hasta al consentimiento de la apelación a la sociedad civil, para terciarizar servicios recubiertos en un discurso de empoderamiento y autogobierno de los actores, frecuentemente referido a las mujeres. 12


Introducción

Democratización política y democratización social Los estudios realizados en los ochenta en América Latina sobre la transición desde los regímenes autoritarios que predominaban en toda la región a los democráticos (democratización política), se centraron en la reflexión sobre las formas de gobierno democráticas, los derechos políticos y civiles, la gobernabilidad y el papel de los partidos políticos y de las fuerzas armadas. En este libro, Moghadam, tomando los casos de Europa Oriental, Argelia, Irak y Palestina, considera que en esta bibliografía se dejaron por fuera las cuestiones de los derechos de las mujeres. Por su parte, Rodríguez en este volumen enfatiza la ausencia de las consideraciones de género en los análisis de los conflictos y procesos de paz tanto a escala nacional como internacional. A su vez, durante los años noventa los debates sobre la democracia se centraron en la aplicación de las políticas neoliberales que desplegaron una concepción minimalista del Estado y la democracia, cuya noción de ciudadanía respondía a la idea de la inserción individual en el mercado y al cumplimiento de los deberes políticos con un mínimo asegurado de derechos civiles. Sin embargo, estas discusiones no tomaron en cuenta diversas preguntas de importancia para una concepción más abarcativa de la democracia, como por ejemplo: ¿cómo se lograría la consolidación de la democracia?, ¿qué tipo de sujetos colectivos se conformarían dentro de ella?, ¿cuáles serían sus derechos?, ¿cuál sería su concepción de ciudadanía en un contexto cuyos rasgos preponderantes son la pobreza y la desigualdad? Los procesos, relaciones y actores que han sido frecuentemente ignorados, son los que se engloban en el concepto de democratización social. Este concepto considera que las relaciones sociales susceptibles de ser democratizadas no son solo las que median entre el Estado y la sociedad civil, sino también aquellas que se establecen al interior de todo tipo de instituciones –familias, escuelas, lugares de trabajo, instituciones públicas– y en todos los planos: el político, social, cultural y tecnológico (Hopenhayn, 1993). Sin embargo, el análisis tradicional de las condiciones para la democracia no suele tomar en cuenta los procesos de transformación de los contratos autoritarios en la cultura y las instituciones sociales, las reglas de incorporación a la vida social y los beneficios que ellas aportan, como tampoco los contratos de igualación de oportunidades y participación en las diversas esferas de la vida individual y colectiva, y las nuevas formas de hacer política paralelas de las prácticas políticas tradicionales que tenían lugar en los espacios públicos. En esta misma dirección, Jelin (2007: 8, 10) argumenta que en los años ochenta, en los estudios de los politólogos “se privilegió el sistema político mismo, y se dejó en un segundo plano el análisis de las condiciones económicas y las bases sociales”. La atención de aquellos no estuvo dirigida a las cuestiones de la participación 13


Feminismos, democratización y democracia radical

y la ciudadanía, mientras que grupos de investigadores sociales comenzaron a estudiar la relación entre los espacios públicos y los privados por medio de analizar las prácticas sociales cotidianas, sin dejar por ello de lado lo ideológico y lo institucional-político. De una manera u otra, en la mayoría de los estudios de las democratizaciones políticas está ausente el análisis de los micro-espacios sectoriales, aquellos, en "donde las nuevas fuerzas históricas se constituye" (Laclau, en prensa). Asimismo, no se puede desconocer otro espacio y nivel de análisis, dado por la globalización. El mismo autor citado, al referirse al nuevo internacionalismo y a la posibilidad de crear cadenas de equivalencias mediante un lenguaje en común, reflexiona acerca de la obsolescencia de las formas institucionales tradicionales de mediación política (Laclau, 2005: 287). Nos inclinamos a pensar que nuevas formas de articulación y nuevas identidades populares guardan un potencial de nuevas alternativas que nos permiten reflexionar acerca de la ampliación de los procesos democratizadores. Francisco y Antrobus en este libro señalan que generalmente los movimientos sociales fueron analizados en función del Estado-Nación, y que en el presente no se puede ignorar la escala planetaria de los problemas, estrategias y acción política. Se refieren a que en los años ochenta y en los años noventa muchos movimientos de mujeres luchaban por la ampliación de la ciudadanía simultáneamente en las arenas nacionales e internacionales. Consideramos que la radicalización de la democracia implica la democratización tanto de la esfera pública como de la privada. Ambas están conectadas, y pueden favorecer la ampliación de derechos y de la ciudadanía, así como contribuir a la profundización y madurez de la democracia. Estas vinculaciones adquieren diversas especificidades y espesores en diferentes culturas, de allí que el estudio comparativo que aquí se presenta pueda iluminar los desarrollos y logros en cada una de ellas. En este libro, por ejemplo, en varios capítulos se presentan, desde diferentes perspectivas, las leyes del derecho familiar en el Norte de África. Los debates políticos y conflictos con respecto a las mismas son definidos como clave para la democratización de las relaciones de género y generaciones en esta región. No puede haber una radicalización de la democracia que no considere simultáneamente, tanto lo privado como lo público. Al proceso de democratización de lo privado se lo denomina democratización social. A su vez, el nivel de análisis de lo público macrosocial, la democratización política, esto es, la construcción de contra-hegemonías dadas por la articulación de las luchas de los pueblos, es abordado mediante la categoría de democracia radical. Seguimos para esto a algunos autores, como Laclau y Mouffe (1985) o Fraser (1989, 1997). Los primeros la definen como una nueva hegemonía dada por la expansión de los derechos democráticos, de acuerdo con el principio de 14


Introducción

equivalencia democrática, generada por la articulación de las reivindicaciones de cada colectivo o grupo con las de los otros. Esta hegemonía posibilitaría las condiciones para relaciones, prácticas e instituciones sociales igualitarias (Mouffe, 1999: 111, 113). Al estudiar la emergencia de nuevos espacios políticos, y frente a lo que estos autores denominan como el estallido de la idea de un solo espacio de constitución de la política por medio de la conjunción de las luchas obreras, las de las mujeres, las de las minorías raciales, sexuales, Laclau y Mouffe (1985) desde una perspectiva posmarxista, consideran que la revolución democrática, la democracia radical, se basa en la construcción de un sistema de equivalencias democráticas entre las distintas luchas contra la opresión. La expansión de las cadenas de equivalencias contribuye a la democracia radical, en una forma de construcción hegemónica, mientras que cada lucha mantiene su especificidad diferencial respecto de las otras (Laclau y Mouffe, 1985: 198, 204-205). Mouffe (1999: 111) defiende “la necesidad de establecer una cadena de equivalencias entre las diferentes luchas democráticas, para crear una articulación equivalente entre las demandas de las mujeres, los negros, los trabajadores, los homosexuales y otros”. De este modo, se construye una política colectiva articulada mediante el principio de equivalencia democrática, que no elimina las diferencias de cada lucha específica. Las consideraciones sobre la democracia radical unen tanto los aspectos de las articulaciones horizontales de los diferentes movimientos sociales entre sí, como las verticales en el sistema político. A diferencia del concepto de democracia, la noción de democratización sugiere un proceso abierto, con un orden por crear y donde los grados de exhaustividad del valor “democracia” a lo ancho de la sociedad son siempre extendibles (Hopenhayn, 1993: 217-218). Desde este enfoque, la participación y la ampliación de los espacios de igualdad no se refieren solamente a la ciudadanía política, civil y social, sino que se extienden a las relaciones de género, de generaciones, a los diferentes modos de vivir las culturas, los cuerpos y las sexualidades. Además de un enfoque de los actores sociales, considerados como agentes, esta perspectiva considera relevante el acceso, en igualdad de condiciones, a los derechos sociales, económicos y culturales, junto con la democracia interna de las organizaciones sociales, ya que los derechos no pueden existir fuera de las instituciones, los valores y las prácticas sociales (O’Donnell, 2003: 84-85). Los procesos de democratización social redefinen la distribución de los recursos simbólicos y materiales de los colectivos sociales, a través de la revisión de los supuestos que sustentan las bases de la autoridad y los procesos que permiten la explicitación de la desigualdad para los actores marginados o subordinados, que se basan en la desnaturalización y crítica de la misma. En las diferentes esferas, tanto públicas como privadas, se pueden suscitar procesos democratizadores; entre ellos, las relaciones de sexo, de género, y de 15


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generaciones. El enfoque de democratización pone el énfasis en las relaciones de poder y autoridad entre los sexos, los géneros y entre adultos, niños y jóvenes, y de toda relación de subordinación, por ejemplo, aquellas forjadas por cualquier tipo de diferencias, como las étnicas o de capacidades. Las relaciones susceptibles de ser democratizadas son tanto las del mundo público como del privado, lo nacional y lo global. Como ya hemos mencionado en diversos tipos de instituciones, ya sean familiares, escolares, laborales o públicas, y en los diversos planos político, social, cultural, tecnológico y económico (Hopenhayn, 1993). El proyecto democratizador se refiere a una progresiva consolidación de una democracia radical en los niveles microsocial, nacional y global, con nuevos discursos de derechos, participación, pluralismo, desnaturalización de las dominaciones (muchas de ellas conformadas por un sistema capitalista), redefinición de la autoridad y el poder. Se considera importante la democratización de la vida cotidiana, el ámbito de lo privado, desde la concepción de la vida cotidiana como fermento de la historia (Heller, 1977) y no solo como el lugar de las “pequeñas cosas”. La vida cotidiana puede ser pensada como el lugar de la repetición, de la satisfacción de las necesidades materiales, y también como el lugar de la creatividad, del reconocimiento del otro, y el espacio donde se sufre y se goza, donde se siente, de ahí el atribuirle el lugar de la multiplicidad. Si bien lo que sucede en la vida cotidiana no es suficiente para explicar la estructura social, los cambios que ocurren en ella repercuten en la totalidad de la sociedad. Del mismo modo, la vida cotidiana también está conectada con la historia, como señala Heller (1977: 20) ... en la vida cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o se conservan, o al menos se despliegan por algún tiempo, y por lo tanto se desarrollan, o bien retroceden. Es decir, la vida cotidiana también tiene una historia. Y esto es cierto no solo en el sentido de que las revoluciones sociales cambian radicalmente la vida cotidiana, por lo cual bajo este aspecto esta es un espejo de la historia, sino también en cuanto los cambios que se han determinado en el modo de producción a menudo se expresan en ella antes de que se cumpla la revolución social a nivel macroscópico, por lo cual bajo este otro aspecto aquella es un fermento secreto de la historia.

Los procesos de democratización tienen lugar primordialmente en los espacios colectivos. La acción colectiva se encarna en la vida cotidiana y si consideramos la imbricación del poder en todas las relaciones sociales, la participación en diversos sectores crea una acumulación de efectos positivos en el avance hacia una sociedad más democrática. En este sentido, los procesos participativos y la democratización son mutuamente interdependientes. Desde el enfoque de la democratización se trata de observar si los sujetos tradicionalmente subordinados pueden desarrollar poder y autoridad en 16


Introducción

sus relaciones, y si este proceso forma parte de una ampliación del reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, más que referirnos a procesos de empoderamiento, como es frecuente encontrar en la literatura sobre género, preferimos considerar “los procesos de reconocimiento del poder en diversos ámbitos”, es decir, el reconocimiento de la legitimidad de ese poder (autoridad).1 Cuando hablamos de las mujeres, un eje central es el proceso de reconocimiento de su autoridad en el mundo privado, por ejemplo en las relaciones familiares. Pasaremos revista a algunos autores que han tomado al concepto de democratización. Giddens (1992) considera que la ampliación de la democracia en la esfera pública ha sido mayormente un proyecto masculino, mientras que en la democratización de la vida personal las mujeres han jugado el papel más importante. Según este autor, este es un proceso menos visible, en parte porque no ocurre en la arena pública, pero sus implicaciones son tan profundas como la anterior. Las características de la democratización de la vida privada se vinculan con el establecimiento de relaciones libres e igualitarias entre los individuos y de sistemas de autoridad que no están fijados a contratos rígidos, basados en la complementariedad de roles, sino en la especialización de cada uno/a, de acuerdo con las capacidades de cada persona, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen para desarrollarlas más allá de ser varón o mujer. La democratización tiene en su centro la creación de circunstancias en las cuales la gente pueda desarrollar sus potencialidades y expresar sus cualidades. Un objetivo clave es que cada individuo debe respetar las capacidades de los otros, tanto como su habilidad para aprender y aumentar sus aptitudes (Giddens, 1992: 184 y ss.). Entre otros que sostienen la perspectiva de democratización, Held (1992: 351-353) pone el énfasis en un concepto de democracia que se basa en si los ciudadanos tienen verdadero poder para actuar como tales, o sea, si son capaces de disfrutar de la serie de derechos que les permitan demandar participación democrática y considerar la misma como un título. Considera un doble proceso de democratización: la transformación, en tanto reorganización democrática, interdependiente, tanto del Estado como de la sociedad civil y la aplicación del principio de autonomía alrededor de este proceso, al que denomina un modelo de estado y de sociedad civil de autonomía democrática o socialismo liberal. La realización de este modelo reside en el derecho de todos los ciudadanos para participar en las cuestiones públicas, para lo cual es necesario que no queden grandes categorías de ciudadanos en una posición de subordinación (Held, 1992: 360). Este autor desarrolla el concepto de nautonomía, para referirse a las relaciones de poder que generan asimetrías 1 Para una ampliación de la crítica al enfoque de empoderamiento, ver Di Marco (2005), capítulo 6.

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sistemáticas de perspectivas de vida, que producen asimétricamente o imponen límites artificiales sobre las mismas y las posibilidades de participación política para tomar decisiones (Held, 1997: 210). Por su parte, Fraser (2003) también menciona la noción de democratización. Su perspectiva dualista de justicia no se agota en las dimensiones de redistribución y reconocimiento. En su último libro desarrolla una tercera dimensión, lo político, entendido como exclusión o marginación política, dada por procedimientos de toma de decisiones que obstaculizan o impiden el acceso a los procesos de toma de decisiones, aun en ausencia de falta de reconocimiento o de distribución (Fraser, 2003: 68-69). La democratización es entonces, el remedio para la marginación y se refiere a lo que se necesita para reparar los obstáculos políticos que producen marginación política (Fraser, 2003). La adición de esta tercera categoría a su modelo, que en otros trabajos es denominada representación (Fraser, 2005: 305), es poco clara, ya que para que la exclusión o marginación tengan lugar debe existir una falta de reconocimiento y/o de distribución de una categoría de ciudadanos que no les impide participar en la toma de decisiones. Lo cual indica que no es un simple asunto de procedimientos, en el sentido de que si se alteran los procesos no necesariamente se posibilita la democratización remediando así la exclusión. Los contratos autoritarios implican la naturalización de algún orden de desigualdades, sea de clase, de género, de sexo, religión, etnia, o todas juntas. Por otra parte, ya en su concepción de justicia coloca como núcleo central la paridad en la participación, esto es, para esta autora la justicia requiere que todos los miembros de la sociedad sean considerados como pares, para lo cual se precisan dos condiciones: una objetiva, la distribución de recursos materiales para asegurar la independencia y la voz de los participantes (Fraser y Honneth, 2003: 36); y la otra intersubjetiva, conformada por las pautas institucionales de valor cultural que expresen respeto por todos los participantes y que aseguren la misma oportunidad para obtener estima social. Por lo tanto, la democratización implica que se hayan reconocido esas pautas. Estas construcciones teóricas referidas a la democratización social y democracia radical nos permiten leer los cambios producidos en los diferentes contextos, en clave de avances o retrocesos en las luchas contrahegemónicas, o como afirman Francisco y Antrobus en su capítulo, antipatriarcales y anticapitalistas. Estas luchas se dirigen a la ampliación de la ciudadanía, a partir de la toma de conciencia del entramado de relaciones de dominación y subordinación que atraviesan las relaciones sociales, entre ellas las de género. Por consiguiente, para abordar desde una perspectiva feminista la categoría de ciudadanía es crucial considerar el núcleo central de la misma, la tensión igualdad y diferencia. 18


Introducción

Ciudadanía: igualdad y diferencia En la base del desarrollo de la concepción de ciudadanía subyace el enfoque universal, que implica que todas las personas son iguales por naturaleza. Pero la realidad muestra que la postulación de los derechos universales implica una concepción de ciudadanía que no tiene en cuenta ni las diferencias/desigualdades de género, ni las diferencias étnicas, religiosas, etc. Cuanto más se predica la igualdad, más se corre el riesgo de no reconocer las diferentes identidades. La ausencia de reconocimiento de las diferencias muchas veces genera desigualdad y asimetrías de poder, por lo tanto, pavimenta el camino hacia la negación de los derechos de las personas y colectivos que no se adecuan al “ideal” del ciudadano universal, ya que viven y expresan sus necesidades materiales y simbólicas en circunstancias culturales y sociales específicas. Mouffe (1999: 119) considera que el ámbito público de la ciudadanía moderna fue construido de una manera universal y racionalista lo cual impidió el reconocimiento de la división y el antagonismo, y relegó así a lo privado toda particularidad y diferencia. La distinción público/privado fue central para la afirmación de la libertad individual, pero contribuyó a la subordinación y exclusión de las mujeres. Aun así, ella aboga por no abandonar la distinción público/privado, y sí por reformularla: establece que la distinción no corresponde a esferas separadas sino que “…cada situación es un encuentro entre lo ‘privado’ y lo ‘público’, puesto que cada empresa es privada aunque nunca sea inmune a las condiciones públicas prescritas por los principios de la ciudadanía” (Mouffe, 1999:120). Las teorías enmarcadas en el pluralismo cultural se han preocupado por las diferencias sociales. Entre las más lúcidas, Young desarrolla el concepto de “ciudadanías diferenciadas” o “política de grupos diferenciados” para enmarcar, especialmente en Estados Unidos, la integración ciudadana de diversos colectivos, entre ellos, negros, mujeres, pueblos aborígenes, homosexuales, lesbianas, minorías étnicas y religiosas (1990: 174-184). Para Young “...las instituciones democráticas deberían facilitar la expresión pública de las necesidades de aquellos que tienden a ser socialmente marginados o silenciados por el imperialismo cultural, la representación del grupo facilita dicha expresión” (1990: 185). Desde una perspectiva democrática pluralista su planteo es muy seductor ya que reclama la visibilidad y la voz de diversos grupos que se resisten a ser incorporados a la ciudadanía universal y a diluir sus especificidades. Sin embargo, este enfoque del vínculo con la comunidad política puede suponer un desafío en la medida en que esas diferencias se exacerban y se esencializan. Los derechos de los grupos, como la tensión universalismo-particularismo, son también fuente de conflictos. Si es llevada al extremo esta posición puede conllevar a que los derechos de las mujeres y de niños y niñas queden subsumidos 19


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en los derechos de un colectivo; y por lo tanto, si las prácticas de este colectivo de pertenencia vulneran los derechos de las mujeres en aras de tradiciones culturales, aquellas no tendrían el poder suficiente para resistirlas. En este mismo sentido despliega sus argumentaciones Moller Okin (1999: 3-4). Esta autora pone énfasis en señalar que todas las culturas tienen entre sus principales objetivos la subordinación de las mujeres (Moller Okin, 1999: 5); a lo cual Benhabib responde aludiendo al hecho de que no existen culturas homogéneas (2006: 113). Ella considera que es necesario rechazar el holismo cultural y estar atentos a los relatos de los propios actores en espacios multiculturales discursivos deliberativos bajo tres condiciones normativas: la reciprocidad igualitaria, la autoadscripción voluntaria, y la libertad de salida y asociación (Benhabib, 2006: 174-176-181), lo cual podría ser perfecto en un mundo en el que ya no existieran esas diferencias que provocan flagrantes desigualdades. Para reflexionar acerca de las diferencias, la feminista Joan Scott utiliza el argumento de la deconstrucción, en cuanto al desmantelamiento de lo binario, que es, además, jerárquico, producto y productor de relaciones de poder. Afirma que existe una oposición binaria ofrecida a las feministas: igualdad-diferencia, alegando la interdependencia de los dos términos, porque “igualdad no es la eliminación de las diferencias y la diferencia no excluye a la igualdad” (Scott, 1988: 38). Justamente desde esta perspectiva, la antítesis de la igualdad es desigualdad, y no diferencia. La reconstrucción de este binario permite desenmascarar las relaciones de poder construidas poniendo a la igualdad como lo opuesto de diferencia y al rechazo a la construcción dicotómica de las elecciones políticas. Por lo tanto, en la teoría de los derechos, la igualdad que se demanda significa ignorar las diferencias entre individuos en contextos particulares, a los que considera equivalentes, pero no idénticos. La igualdad se apoya en las diferencias contextualizadas y confronta las diferencias binarias. Por eso propone oponerse a la división binaria e insistir en las diferencias, pero como construcciones particulares en contextos específicos. Para ella, en fin, se trata de reconciliar las teorías de la igualdad de derechos con los conceptos culturales de la diferencia sexual, señalar las contradicciones, sin pretender resolverlas, y articular una política de la identidad para las mujeres sin caer en los estereotipos (Scott, 1988: 43-48). En la misma dirección, Brown (2002: 422) considera que se debe renunciar a la idea de que igualdad y diferencia constituyen una oposición. Una de las paradojas de la tensión igualdad y diferencia consiste en que ignorar las diferencias de género da lugar a la idea de universal; y tener como perspectiva la diferencia puede aumentar la discriminación. La diferencia puede servir para hacer visible lo invisible, pero no podría dar lugar a las identidades, deseos y motivaciones de cada género. Pero la diferencia también se usa para el maltrato, para negar oportunidades, para la violencia. 20


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Para ejercer la ciudadanía se requiere hablar desde la propia voz y poder elaborar un discurso de derechos.2 Históricamente la vida social y política no significó para las mujeres un ámbito en el cual expresarse con autoridad, pues ese ámbito estaba reservado a los varones de la familia. Constituir una voz propia que recupere el mundo de la vida cotidiana en un movimiento que permita incluirlo como ámbito de lo político, forma parte de la revolución democrática a la que aspiramos. La igualdad de oportunidades y de derechos para las mujeres es condición para el pleno ejercicio de la ciudadanía, la cual está definida como una práctica de sujetos corporizados, cuya identidad de sexo / género afecta fundamentalmente su pertenencia y participación en la vida pública. Este es un análisis de la ciudadanía que pone también su foco en los cuerpos físicos, en la sexualidad, la reproducción y la producción. Si se tiene en cuenta esta perspectiva, existen diversos obstáculos para el ejercicio del poder y la autoridad por parte de las mujeres: la política de la maternidad y el cuidado infantil, la regulación y normativización de los cuerpos de las mujeres y de la heterosexualidad obligatoria, la violencia, la dificultad de acceso a los recursos económicos y su utilización. Este análisis de la ciudadanía que toma en cuenta los cuerpos y las emociones subraya también que las luchas del feminismo frente a la hegemonía de los discursos conservadores, articulan tendencias subyacentes de las sociedades hacia más secularismo, y que esto atraviesa todas las sociedades de las regiones que analizamos, sean predominantemente católicas o musulmanas. En este libro las contribuciones de varios autores se orientan en esta dirección. Por ejemplo para el análisis de Marruecos que realiza Ennaji, la nueva reforma a la Ley de Estatus Personal (Mudawana) parece constituir un paso importante en el proceso de secularización en Marruecos. Por ello afirma que “La sociedad civil feminista y democrática convirtió al Mudawana en algo no tan sagrado”, contemplando dos aspectos que es importante destacar: un feminismo que no es solo portado por las mujeres, y la dislocación de lo sagrado. Por su parte, Sadiqi afirma con respecto a la Ley de Estatus Personal del mismo país que debe separarse la religión de la política para lograr la igualdad de las mujeres y se pregunta “¿Puede existir la igualdad sin laicismo?”, respondiendo obviamente que no. En los capítulos de Di Liscia y de Di Marco, al referirse a la campaña en torno al aborto legal en Argentina también se apunta a reflexionar sobre la necesidad de una mayor secularización en Argentina.

2 Presento el concepto de lenguaje de derechos en B. Schmukler y G. Di Marco (1997) como resultado de los hallazgos de investigación, que relacionan el modo de producirse este discurso dialógicamente vinculado a la participación social.

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Estructura del libro Los capítulos de este libro dan cuenta de las transformaciones tanto en lo privado como en lo público, que en su conjunto permiten considerar la democratización en los espacios microsociales, nacionales e internacionales.: 1) La democracia, el internacionalismo, los movimientos de mujeres (Moghadam, Francisco y Antrobus, Rodríguez); 2) El impacto democratizador de los feminismos en todos los países considerados (Arfaoui, Sadiqi, Cevasco, Di Liscia, Di Marco); 3) La democratización de las relaciones familiares, tanto a través de nuevas leyes de familia, como por las experimentaciones de nuevas relaciones de género en aquellas (Ennaji, Kuttab). Sección 1: La democracia, el internacionalismo y los movimientos de mujeres Valentine Moghadam propone un argumento provocador que plantea una fuerte relación positiva entre los resultados de las transiciones a la democracia y la participación política de las mujeres. Explica las diferentes definiciones del término democracia y sus consecuencias para los Estados del Medio Oriente, así como los puntos en donde las mismas facilitan la participación de las mujeres y organizaciones feministas. Moghadam incita a reflexionar sobre la noción de democracia, no tanto desde una definición liberal de la misma, sino desde la calidad y la igualdad de género, y desde la participación e inclusión de ciudadanos y ciudadanas en esas sociedades llamadas ‘democráticas’. Este argumento se traduce para la región del Medio Oriente en cambiar el foco con el que se piensa su apertura democrática. De poner el acento en la participación de partidos islamistas, a favorecer la participación de las mujeres y las organizaciones feministas en la vida pública. El postulado fuerte que deriva de esta discusión entre teoría feminista y democrática es que los problemas sobre la democratización y los ligados a los derechos de las mujeres no deben ser tratados independientemente. Estos aparecen íntimamente ligados y son co-dependientes. La autora explora estas interrelaciones a través de diversos ejemplos de su región de estudio, el Medio Oriente y el África del Norte. Reformulando la tesis de Moore que afirma que una burguesía moderna es el elemento indispensable para la democratización, la autora propone que para el Medio Oriente los principales actores que promueven un cambio democrático y cultural hoy son las “mujeres modernizantes”. Por su parte, Josefa Francisco y Peggy Antrobus ponen la lupa en los desafíos que para el feminismo y los movimientos de mujeres del sur significan las nuevas acciones y movimientos sociales globales. Esta sociedad civil global o movimientos sociales globales implican una concientización de la escala planetaria de sus problemas, estrategias y objetivos. Las autoras nos dicen que en términos de la lucha de las mujeres, las conferencia de las Naciones Unidas de 22


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las décadas de 1980 y de 1990 expandieron el activismo feminista al ampliar los límites del Estado-Nación e intentar postular la igualdad entre los géneros en el plano internacional. En este proceso, afirman que para muchas feministas estas conferencias internacionales proveían un sitio donde luchar por los derechos de las mujeres, más aún en contextos nacionales donde el poder político se encuentra en manos de gobiernos extremadamente patriarcales. El activismo feminista en el contexto internacional ha tenido varios logros. Las autoras destacan acuerdos globales que reconocen la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, el reconocimiento internacional de los derechos sexuales y reproductivos, y la perspectiva de derechos humanos en el centro de la crítica a las políticas neoliberales. Sin embargo, el análisis también remarca que estos logros no son unívocos sino que reflejan las tensiones y contradicciones que los estados sostienen acerca de diversas agendas políticas. Por ejemplo, negociaciones multilaterales simultáneas de diferentes tratados llevaron, en palabras de las autoras, “a sacrificar el lenguaje de los derechos de las mujeres a cambio de determinado texto referido a concesiones económicas”. A su vez, indican que estos espacios de discusión internacional benefician a las feministas por su enriquecimiento a partir de los intercambios con otros movimientos sociales de mayor envergadura y campañas globales. Francisco y Antrobus son críticas de la globalización neoliberal y de la predominancia del mercado sobre los derechos de los y las ciudadanas. Y señalan el surgimiento de diversas articulaciones de movimientos de resistencia contra aquella, el militarismo y las guerras. En estos espacios, ellas forman alianzas con mujeres y varones que integran otros movimientos sociales, y pueden negociar y coordinar agendas con otros movimientos progresistas. Como ellas indican, el intercambio entre movimientos sociales “implica un espectro más amplio y diverso de movimientos de mujeres en espacios democráticos abiertos y de contenido plural” que también es una práctica en construcción, como lo revela el análisis que realizan sobre el Foro Social Mundial. Finalmente, Dina Rodríguez inspecciona las prácticas diferenciadas de varones y mujeres con relación a la guerra y los procesos de paz. La autora comienza identificando diferentes formas de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, para argumentar que la paz en la vida de las mujeres no solamente debe considerar las situaciones de paz negativa, es decir, la ausencia de guerra. Sino también las situaciones en las cuales esta ausencia de guerra está marcada por la agresión, el abuso de las fuerzas de poder, la discriminación, las ofensas de algunas tradiciones, la marginación, la pobreza, etc. Este análisis identifica tres posiciones de sujetos que pueden adquirir las mujeres durante los conflictos armados: víctimas de los conflictos, activas combatientes y constructoras de paz. A su vez, reforzando el cruce de las categorías de género con otras distinciones sociales, el nivel de vulnerabi23


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lidad de las mujeres para participar en alguna de estas situaciones depende, muchas veces, de su situación de clase, educación y origen étnico. La autora destaca que en la actualidad hay una serie de negociaciones para alcanzar la paz, que se están gestando paralelamente y que merecen especial atención, en las cuales la incorporación de la perspectiva de género se hace impostergable. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el instrumento internacional más importante para incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de construcción de la paz. Con esta resolución las Naciones Unidas confirmó que integrar la perspectiva de género y asegurar la participación de las mujeres en las posiciones de toma de decisión es necesario en todas las etapas de los conflictos armados incluyendo las etapas de pre-conflicto y post-conflicto. Estos avances internacionales contribuyen a un espacio público en donde las mujeres pueden expresar sus posiciones y experiencias en relación con la paz y la seguridad. Sin embargo, también marca este análisis razones para la cautela ya que hasta el momento su implementación ha sido muy difícil. Sección 2: El impacto democratizador de los feminismos Khadija Arfaoui se centra en los países del Magreb (Marruecos, Argelia, y Túnez), más Mauritania, que fue incluida por su reciente alianza con el movimiento de mujeres magrebíes. Analiza el impacto social que tuvieron los esfuerzos de democratización de las relaciones de género en las esferas del hogar y del trabajo. La investigación muestra que la discriminación contra las mujeres se halla en la raíz de las condiciones de pobreza de las mujeres y de su débil participación en puestos laborales y sindicales de jerarquía. A pesar de ello, con el foco en las activistas de la nueva ola feminista en estos tres países a partir de la década de 1980, la autora expresa que se lograron avances en términos de la igualdad entre mujeres y varones, por medio de la acción directa y la ratificación de algunos gobiernos de la CEDAW y su Protocolo Facultativo. Como afirma Arfaoui, en este siglo, “las magrebíes ya no se encuentran ausentes de la escena pública, sino que son también activistas que exigen igualdad de derechos y ciudadanía plena”. La autora nos muestra que a partir de la década de 1980, en estos tres países existe gran presión para que se efectúen cambios radicales en las relaciones de género. Las organizaciones de mujeres de esta región han interpelado a sus respectivos gobiernos, han ejercido presión sobre sus representantes parlamentarios o en la Comisión sobre la Condición de la Mujer de la ONU. Resalta que la modificación más llamativa y compartida por los tres países estudiados consiste en cambios en la actitud de las mujeres frente a la educación. Modificación más pronunciada en Túnez, ya que cuenta con una clase media más numerosa. Marruecos encabeza otro avance sustantivo. En diciembre de 2008 retiró las reservas a las disposiciones 24


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de la CEDAW, alentando las esperanzas de avances futuros. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, la autora señala que la discriminación contra las mujeres está lejos de haber sido derrotada. El caso más importante lo refleja la desigualdad de género frente a los derechos a la herencia. Con una mirada en América Latina, Gaby Cevasco escribe desde la experiencia y militancia feminista peruana. Como consecuencia, su contribución se centra en la potencialidad de colaboración entre dos movimientos sociales con una activa participación de las mujeres: el movimiento popular de mujeres y el movimiento feminista en el Perú. La importancia de esta articulación yace en que el trabajo con las organizaciones populares de mujeres es una apuesta política del movimiento feminista que conlleva el desarrollo de estrategias que fortalezcan los espacios de articulación y las capacidades de las mujeres como sujetos políticos y autónomos. Así Cevasco nos propone una reflexión desde la praxis, tomando como caso de estudio la experiencia y los esfuerzos realizados por la institución feminista Flora Tristán en promover la articulación entre ambos movimientos. Intenta así dilucidar los aspectos que unen a estos movimientos y las tensiones que se producen entre ellos para poder debatir la profundización de la articulación política entre ambos. La autora inspecciona principalmente las tensiones entre clases sociales y género, que a su vez marcan prioridades en las agendas de ambos movimientos, así como en las relaciones que estos mantienen con las estructuras estatales. Como conclusión Cevasco nos propone incluir los derechos sexuales y el trabajo doméstico como labor productiva como parte de los proyectos de los movimientos de mujeres para así lograr “que su acción organizacional, institucional, sea al mismo tiempo una práctica liberadora”. María Herminia Di Liscia examina las tensiones existentes en el área de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina por medio de un análisis de las relaciones políticas entre el Estado, los partidos políticos, la Iglesia Católica y los movimientos feministas en la provincia de La Pampa. Señala que los retrocesos legislativos sobre derechos sexuales y reproductivos en La Pampa se deben a la actuación de ciertos actores estatales y a la no difusión y/o implementación de la legislación existente. Un caso importante que resalta la autora es la progresiva judicialización de los casos de abortos no punibles. Por su parte, los avances logrados en torno a esta temática se plasman en las movilizaciones y debates públicos promovidos por grupos y movimientos de mujeres. Tomando como caso de estudio el protocolo sobre abortos no punibles en La Pampa y el veto del gobernador a dicha ley, sostiene que las estrategias de judicialización por parte del Estado de los casos de abortos no punibles, y una política estatal de abandono de personas coexisten y se contradicen con otros impulsos del ámbito legislativo que han sancionado normas favorables a los derechos de las mujeres. En el centro de estas disputas por los 25


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cuerpos de las mujeres se sitúa el veto del gobernador de La Pampa que aquí se expone como un caso de utilización de argumentos legales que encubre posturas ideológicas. En un tono más positivo, el capítulo concluye argumentando que estas contradicciones dieron lugar al surgimiento de nuevas identidades sociales en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de conciencia ciudadana. Con la lupa en el Norte de África, Fátima Sadiqi analiza el desarrollo y estrategias del feminismo en Marruecos. Después de la descolonización, el derecho de familia negaba a las mujeres ciertos derechos básicos. Sin embargo, a partir de que las mujeres adquieren mayor acceso a la educación y el mercado de trabajo estos derechos fundamentales se han convertido en centrales para la lucha de las mujeres. Este capítulo pone de relieve así, que los derechos de las mujeres en este contexto están íntimamente vinculados a la democratización y la apertura política. A través de su análisis del movimiento feminista, Sadiqi sostiene que el mayor triunfo del mismo ha sido la introducción en el debate público de un texto sagrado en la arena pública, como lo es el Código de Estatus Personal (Mudawana). La autora afirma que por medio de la utilización de valores universales, al mismo tiempo que adoptando estrategias locales, pragmáticas y socialmente aceptables, este movimiento, “ha logrado involucrar a los principales actores políticos en la promulgación de la nuevas reformas de Ley de la Familia”. La autora muestra que el movimiento feminista marroquí ha tenido éxito en desmitificar el aspecto “sacro” de la “Sharia” (ley islámica), y como resultado ha contribuido a la democratización del espacio público y la aplicación de los derechos humanos en la vida cotidiana. A pesar de ello, este análisis también advierte que aún queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de formas eficaces para aplicar la nueva Ley de Familia a través de dos mecanismos: la sensibilización de las mujeres y los varones a los importantes cambios que se han introducido, y el trabajo con los jueces para la aplicación de la nueva ley sin ninguna reserva por parte de los mismos. El capítulo concluye argumentando que el debate público de los problemas privados de la familia contribuye a que la sociedad marroquí se abra a lo que Sadiqi considera el próximo gran reto del movimiento feminista en este país: el papel de la religión en un espacio público cada vez más secularizado, en un contexto de mayor visibilidad pública de las mujeres. Por último, Graciela Di Marco presenta un estudio acerca de las articulaciones de mujeres de movimientos populares con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista de Argentina. A partir de un análisis sociológico exhaustivo de los desarrollos de la acción colectiva de las mujeres en la Argentina de los años noventa, nos muestra cómo las mujeres que participan en diferentes movimientos sociales construyen diversas nociones de sus intereses y derechos, así como estrategias para obtenerlos. Son justamente estas articulaciones 26


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entre derechos y estrategias las que resultan en el desarrollo de alianzas entre mujeres de los movimientos de trabajadores desocupados, obreras de empresas recuperadas, y miembros de los movimientos feministas. La autora identifica un nuevo momento histórico en el Movimiento de Mujeres que se fundamenta en estas alianzas de mujeres de diferentes sectores sociales, urbanos y rurales. La hipótesis más fuerte de Di Marco postula que con la participación de un gran número de mujeres de los movimientos sociales, el legado del feminismo y las estrategias de protesta afianzadas en las organizaciones de derechos humanos conllevan a la organización, por primera vez en nuestro país, de lo que se podría denominarse un Feminismo Popular. Con este concepto se hace referencia a la utilización por parte de las activistas de barrios populares de discursos y estrategias feministas. Di Marco señala como ejemplo paradigmático de estas articulaciones los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), un espacio privilegiado de relaciones entre el feminismo de clase media y las mujeres que participan de los nuevos movimientos sociales. De estas articulaciones surge un hecho remarcable para la autora: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la primera de alcance federal en Argentina. Di Marco introduce la noción de Pueblo Feminista, para referirse a las articulaciones entre diversos sectores, tanto de mujeres como de varones, que luchan por un mayor secularismo en Argentina, representada por la demanda en torno a la legalización del aborto, al que se oponen las fuerzas conservadoras, hegemónicamente lideradas por la jerarquía de la Iglesia Católica. Di Marco argumenta que al instalarse nuevos intereses en la agenda pública a través de una amplia gama de movimientos sociales, se posibilitó la exploración de caminos para la ampliación de la ciudadanía. Y es justamente una de estas convergencias la que dio como resultado la emergencia del feminismo popular y del pueblo feminista, que articulan diversas luchas para la ampliación de los derechos de las mujeres y para la consolidación de una democracia pluralista. Sección 3: Democratización de las relaciones familiares Eileen Kuttab examina el papel de la familia como una de las principales instituciones de la sociedad Palestina. Pone de manifiesto las dificultades en el mantenimiento y la reproducción de los hogares en el contexto político del conflicto palestino-israelí y la crisis económica que enfrentan las personas que viven en los territorios palestinos. La autora subraya que este escenario es aún más complejo si se considera que los hogares palestinos están no solamente bajo el dominio colonial de la ocupación israelí, sino que tampoco poseen un Estado para canalizar sus demandas ya que la Autoridad Palestina tiene una capacidad limitada y poco control sobre sus propias instituciones y recursos. En este contexto socio-político los hogares palestinos seguirán siendo vulnerados y deberán hacer frente a los retos de la supervivencia sin 27


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ningún tipo de apoyo formal de la Autoridad Palestina. Kuttab indica que este conflicto prolongado en el tiempo impacta en las relaciones y las dinámicas de género. Utilizando la noción de Sen que define a los hogares como senos de “cooperación y conflicto”, lo primero que describe la autora son las paradojas dentro de las dinámicas familiares palestinas. Estas familias muestran cooperación y solidaridad entre sus miembros en tiempos de crisis para poder hacer frente a los desafíos externos, dentro de los cuales se destaca la ocupación israelí. Sin embargo, simultáneamente los miembros del hogar están en tensión con respecto a los términos de las relaciones de poder, autoridad, control y división del trabajo al interior del hogar. Así Kuttab afirma que el rol de los hogares palestinos en la resistencia y supervivencia frente al continuo conflicto, los posiciona como la unidad de análisis más relevante de la teoría social y política palestina. Esta realidad de por sí pone de relieve el contexto más amplio de colonización, o dominación colonial, como una dimensión del análisis inevitable. Pero a pesar de reflejar el lado oscuro de la ocupación, el análisis de los hogares en este contexto socio-político demuestra las dimensiones positivas de la resistencia y supervivencia plasmadas en las dimensiones de cohesión y cooperación de las familias en particular, y la sociedad en general. La autora afirma que la falta de un Estado soberano y el deterioro de las condiciones económicas resultan en la dificultad para proporcionar cualquier tipo de protección social a los hogares, especialmente los más pobres. De este análisis se desprende la necesidad de promover un Estado soberano independiente que sea capaz de atender adecuadamente las necesidades de los hogares palestinos. Por lo tanto, considera de gran importancia abrir un nuevo horizonte donde quienes sean miembros de los hogares “sean capaces de planificar sus vidas y atender a brindarse apoyo y protección emocional, moral y económica”. La autora concluye proponiendo que dada la articulación entre el rol que cumple la solidaridad en los hogares y la lucha democrática por la liberación de la ocupación, esta última debe estar íntimamente vinculada a la liberación social del patriarcado. Así, argumenta la autora, “tanto varones como mujeres serán capaces de realizar sus propias aspiraciones y ambiciones”. Por su parte, Moha Ennaji realiza un pormenorizado análisis y discusión política de los recientes cambios de la Ley de Familia marroquí –o Mudawana–, una de las leyes más progresistas del mundo árabe en términos de los derechos de la mujer y de la familia. El autor analiza dichas reformas promovidas por el Rey Mohammed VI, las posibilidades políticas de las mismas, y los roles de diferentes actores políticos como los islamistas, las parlamentarias femeninas y las asociaciones de mujeres en el proceso mismo de deliberación de la legislación familiar en Marruecos. Este análisis político nos ilumina en detalle el papel desempeñado por cada uno de los actores más relevantes en 28


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la promoción de la nueva legislación familiar que le provee iguales derechos a varones y mujeres. La Ley de Familia marroquí fue siempre una de los puntos más controvertidos en Marruecos en los últimos años. Ennaji explica que “con base en la ley islámica (la Sharia), el Mudawana solía dejar a las mujeres en situación de vulnerabilidad dentro de la familia. Los esposos podían divorciarse con facilidad y arrojar a las mujeres fuera del hogar, mientras que a las mujeres les resultaba muy difícil escapar de relaciones abusivas”. También indica que la nueva reforma pretende reafirmar ciertos derechos básicos en favor de las mujeres y los menores así como luchar contra el abuso y la discriminación. Estas reformas colocan a la familia bajo la responsabilidad conjunta de los esposos, tornan la poligamia prácticamente imposible, y reorganizan la normativa del matrimonio y el divorcio. Así esta nueva iniciativa, que provee más derechos a hombres y mujeres, tendrá potencialmente un impacto positivo en la democratización de las familias. El autor concluye afirmando que la sociedad civil feminista y democrática transformó la Ley de Familia en algo no tan sagrado, y afirma que es este movimiento “el que ha abierto un espacio para la sociedad civil y democrática”. Graciela Di Marco Constanza Tabbush

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