lcanzar la paz que costó cerca de seis años de negociaciones con las Farc tomará varias generaciones, entre otras cosas, porque la violencia que hemos vivido no se debe exclusivamente al conflicto armado. Cientos de desaparecidos, miles de muertos y millones de desplazados son el saldo de estos años. Pero, además, la guerra frenó, de manera lenta y constante, nuestro desarrollo como Nación, pues su existencia sirvió de excusa para no invertir recursos necesarios en educación, salud, generación de empleo e infraestructura. Acorde con el informe “Gastos de la guerra en Colombia”, publicado por Indepaz y Uniciencia, el Estado gastó cerca de 333 billones de pesos en los últimos 40 años para hacer frente al conflicto. Gracias a los diálogos en La Habana, en dos años, y por primera vez en casi un siglo, el presupuesto del Ministerio de Educación fue mayor que el de Defensa. Esto ha permitido, entre otras bondades, que 40.000 jóvenes de escasos recursos económicos hayan iniciado sus estudios de educación
superior en las mejores universidades del país gracias al programa Ser Pilo Paga. En la implementación del acuerdo las universidades tienen mucho que aportar. Sus estudiantes y profesores constituyen un enorme potencial para proponer ideas innovadoras que faciliten este proceso. Se requiere, entre otras cosas, poner en marcha una reforma rural integral, primer punto del acuerdo de paz, la cual implica diseñar un catastro rural multipropósito; desarrollar una nueva agricultura de precisión, ambientalmente sostenible e incluyente con los pequeños productores y construir vías terciarias que conecten estas modernas fábricas de alimentos con los centros de comercialización. El uso de nuevas tecnologías de procesamiento de imágenes, el manejo de grandes volúmenes de información en tiempo real para que los pequeños productores puedan tomar decisiones apropiadas (aplicación de lo que hoy se conoce como big data y analytics), la caracterización de nuevos materiales locales para ser utilizados en la construcción de
El aporte de la
ingeniería al desafío de la paz Por Alfonso Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería.
Foto: David Amado. Oficina de Comunicaciones-Facultad de Ingeniería
A
vías terciarias —en un país tan heterogéneo como el nuestro—, el diseño de vehículos autónomos o de tecnología adecuada para el campo, así como el desarrollo de mecanismos de desminado que tengan en cuenta las características particulares de nuestro territorio, son tan solo algunos ejemplos de los aportes que las facultades de ingeniería pueden hacer a la implementación del acuerdo de paz. La FAO ha estimado que en el 2050 debemos doblar la producción de alimentos para mantener la creciente población planetaria. Por su estratégica posición geográfica, sus vastos e inexplotados recursos naturales y el potencial de su población, Colombia puede liderar una nueva industria global de alimentos ambientalmente sustentable y que funja como motor de desarrollo del campo. Este futuro promisorio requiere, sin embargo, de gobernantes que actúen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Es urgente que la justicia sea pronta y efectiva y que haya certeza y seguridad jurídica para todas las personas. A lo anterior se suma la importancia de impulsar la implementación de medidas que sirvan a la transparencia en la gestión y, especialmente, al control y juzgamiento adecuado de quienes ocupan los más altos cargos. Esto incluye impulsar, de nuevo, ajustes institucionales como el llamado tribunal de aforados. Esta política de Estado debe diseñarse e implementarse con el protagonismo de la Rama Judicial, pero también de la academia y los sectores sociales. En cuanto al proceso de paz, tal vez los desafíos más importantes son lograr la consolidación de la paz en los territorios y una verdadera reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y, al mismo tiempo, la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Eso supone dar sostenibilidad política y jurídica al acuerdo
e implementar las políticas necesarias para lograr estos objetivos. Finalmente, la Justicia Especial para la Paz (JEP) juega un papel fundamental en el proceso de protección de las víctimas y de reconciliación nacional. Es necesario apoyarla, pues su tarea no es nada fácil y de ella depende, en buena medida, el tránsito a la paz de conformidad con estándares internacionales, es decir, con respeto a los derechos de las víctimas del conflicto. Esa tarea no es menor y ella es la responsable, en parte, de que transitemos a una más sólida reconciliación.
Mayo de 2018 • NOTA UNIANDINA
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