Informativo Un Norte edición 75 - julio de 2012

I N F O R M A T I V O

Una publicación de la academia para la comunidad

ISSN 1692-780X

Año 10 No. 75 Junio - Julio de 2012

¡A recuperar la legitimidad!

Después de la cuestionada legislatura pasada, senadores y representantes inician un nuevo período de sesiones con un paquete de proyectos que ley a través del cual intentan recuperar su legitimidad como poder político. El éxito dependerá de la suerte de las iniciativas, algunas de las cuales están en el centro de la controversia nacional.

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Niños ricos sfsdfsdfsfdfdsd

Para restaurar los ríos

Cansados de la violencia

Los hijos pueden construir una nueva cultura de bienestar a través del adecuado manejo del dinero, o repetir la historia de angustia de sus padres. En cualquier caso, todo entra por casa.

Manual para que los niños de hoy se puedan convertir, inclusive, en los ricos de mañana.

Para que no se repita el drama de todos los años en las zonas ribereñas -inundaciones, damnificados, desplazados, daños irreparables a la economía- la Universidad del Norte le propone al país, a través de Ideha, una solución estructural que regularía definitivamente nuestros ríos.

Un grupo de expertos de la Universidad del Norte entrega su análisis a Un Norte sobre las razones y efectos de la violencia de género, a propósito de los casos recientes que se han presentado en el país.

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Editorial Rector: Jesús Ferro Bayona – Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas: María del Pilar Palacio – Editor: Alberto Martínez Monterrosa – Redacción Un Norte: Luis Manuel Gil, Denise Lagares y Luis Picón – Colaboración: Hernando Baquero, Octavio Ibarra, María Mercedes Botero y Mariela González Fotografía: Centro de Producción Audiovisual Uninorte, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas Uninorte, EL TIEMPO – Diseño e impresión: Casa Editorial EL TIEMPO – Distribución: Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Valledupar, Sincelejo, Cartagena y Santa Marta con El Tiempo; Barranquilla con El Heraldo – Esta es una publicación de la Universidad del Norte, KM 5 Vía Puerto Colombia, Barranquilla.

Teléfono: (5) 3509228. Las opiniones expresadas en el Informativo Un Norte son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad. Envíenos sus comentarios a grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

OPINIÓN EDITORIAL

Política o ciencia

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Con la crisis de Colciencias, que derivó en la renuncia de su director, Jaime Restrepo Cuartas, quedó develada la fragilidad de la ciencia en Colombia.

Cuando todos pensábamos que, por fin, el desarrollo científico dejaría de ser cenicienta de los presupuestos públicos y el país se pondría a tono con un tema que, de esta manera, apuntalaría su crecimiento económico e irrigaría bienestar, una gran incertidumbre empezó a rondar las decisiones de política y administración.

Ahora el problema no es de recursos, pues la participación del 10% en los dineros provenientes de las regalías aseguran unos ingresos históricos para la investigación; el tema es de legitimación institucional.

De un momento a otro, nadie, en el gobierno, volvió a llamar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y las funciones de este empezaron a aparecer en instancias como el Departamento Nacio-

nal de Planeación, Bancoldex y los ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Con el argumento de que Colciencias es una entidad débil y sin el recurso humano adecuado, el gobierno creó, inclusive, una nueva instancia, Innovar, que se supone manejará todo el componente de innovación.

Este no era el tratamiento que esperábamos ni para la institución ni para su espectro misional. Si bien reconocemos un carácter deleznable en la entidad, que muchas veces interfirió procesos, lo que justamente aguardábamos en la academia era una revisión a fondo de su estructura, para darle la solidez que las expectativas de inversión y desarrollo estaban reclamando.

Para ser más precisos: antes que repartir las tareas de Colciencias en un puñado de organismos ansiosos de poder que ahora terminarán por atomizarlas y dispersarlas y volverlas parte

de las más llanas dinámicas burocráticas, lo que demandábamos, y lo seguimos haciendo hoy, era la creación de un gran ministerio de la ciencia, la tecnología y la innovación que evitara el manoseo de la política y le diera al sector capacidad de negociación política y robustez en su acción.

Pero está claro que una cosa piensan los políticos y, otra, los científicos. Colciencias había logrado acercar a unos y otros alrededor de un propósito común que, mal que bien, estaba empezando a crear conocimiento y a verterlo sobre el progreso nacional.

Ahora, de nuevo, nos quedamos en orillas distintas.Y, en la nuestra, volvimos a estar más solos que nunca.

En los antagonismos hemos sido incapaces de entender, lo que ya hicieron sociedades que en algún momento de su historia fueron similares a la nuestra: solo la investigación desprovista de feudos y celos, permite construir estadios de desarrollo.

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Política

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Reforma a la justicia: otra oportunidad perdida. hjjlkjñalsjkdaljkdalkjdñaljkdñalkjsdalksjdañlksjdañlkjsdañlskjdñalskjdalksjdñalkjsdañlksjalksj

CARLOS JAVIER VELÁSQUEZ MUÑOZ Redacción UnNorte. unnorte@ uninorte.edu.co

Un asunto con múltiples aristas.

En las últimas semanas el país siguió con atención la discusión y aprobación por parte del Congreso de la República, su posterior devolución del Presidente y finalmente el archivo definitivo, nuevamente a manos del Congreso, del Proyecto de Acto Legislativo a través del cual se pretendía reformar la administración justicia, el cual terminó convertido en una vergonzosa entrega de prebendas entre las ramas del poder público.

Además del sinsabor e indignación que produjo en la sociedad, el intento de reforma arrojó temas para una reflexión amplia y profunda sobre el futuro de este tipo de actuaciones.

Entre los asuntos que pueden ser analizados se encuentran los vacíos de la Constitución y la Ley ante la aprobación de reformas constitucionales; el rol del Presidente al interior del sistema presidencial frente a la aprobación de actos legislativos; la creciente deslegitimación popular y generalizado descontrol del Congreso; el sistema de elección de los gobernantes; la desaparición de los partidos políticos, la ineficacia y tramitología de los mecanismos de participación; el rol de las altas Cortes frente a su reforma, o la fuerza de la tecnología y las redes sociales para promover causas y movilizaciones ciudadanas.

Sociólogos, politólogos, comunicadores, entre otros profesionales, afinan hoy sus opiniones y análisis sobre el particular, pero de manera principal el derecho tiene tierra fértil para iniciar una fecunda y constructiva reflexión en torno a lo acontecido y allanar caminos de claridad hacia futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo refiere de manera concreta a los cauces jurídicos por los que discurrió el fallido intento por reformar la justicia colombiana y a proponer idas de

lo que una propuesta como ésta debe contener.

Los problemas jurídicos de la intentona.

Desde el derecho fueron varios los puntos planteados, en su mayoría aún no resueltos.

Primero: ¿Existe norma expresa que permita al Presidente objetar una reforma constitucional vía acto legislativo? La respuesta es no.

Hay un vacío jurídico, pues ni la Carta del 91, ni la Ley Orgánica del Congreso, hacen alusión al asunto. Por su parte, el Gobierno, a través del Director de la Oficina para la Defensa Jurídica del Estado, ha señalado que la posibilidad del Presidente de objetar un acto legislativo estuvo amparada en un pronunciamiento jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional en 2007.

Segundo: ¿Habilita la jurisprudencia de la Corte Constitucional al Presi-

dente para objetar reformas constitucionales aprobadas vía acto legislativo? La respuesta otra vez es no. No existen pronunciamientos jurisprudenciales que señalen expresamente dicha posibilidad. Lo que la aludida sentencia de 2007 señala, es que cuando haya vacíos en las normas y procedimientos de reformas constitucionales, se aplican los mismos mecanismos que para objetar leyes ordinarias.

Tercero: ¿Existen motivos excepcionales para que el Presidente de la República pueda objetar Actos Legislativos? Hasta hoy no había argumentos para proceder. En este caso se consideró que el Congreso actuaba como detentador del poder originario, y en ese sentido, su acto no podía ser objetado. Fue a partir de lo acontecido cuando diversas autoridades, ex magistrados, juristas y abogados hicieron análisis y manifestaron sus opiniones.

Para el Fiscal General el Presidente puede objetar atendiendo el argumento de que es posible la analogía en relación con el trámite de las leyes. De la misma forma, como segundo argumento señaló, que el Presidente ostenta en todo tiempo y lugar un poder omnímodo para ejercer control constitucional a partir de su dignidad como primera autoridad del país; posición bastante controversial.

Por su parte, algunos exmagistrados de la Corte Constitucional como Carlos Gaviria y Alfredo Beltrán consideraron la decisión del Presidente arbitraria y en contra de la jurisprudencia.

Para éstos, lo único que se buscaba era evitar la consulta a los colombianos para consultar vía referendo derogatorio.

En general, las opiniones apoyaron la acción del Presidente frente a la propuesta. Mal precedente, pero buena acción consideran-

Y de la reforma qué?

A pesar las situaciones descritas anteriormente, es necesario dejar en claro que el problema sobre la justicia no es solo jurídico, pues refiere nada menos que a uno de los pilares del Estado democrático de Derecho. Frente a lo anterior se perdió, sin duda, una nueva oportunidad para corregir sus males estructurales.

Sin embargo como se ha dicho, algunas lecciones quedan.

En primer lugar, será necesario que jueces y magistrados tomen conciencia de que la re fo r m a s o l o p o d r á provenir a partir de su esfuerzo propio. La tarea ha sido encomendada a diferentes instancias en distintos momentos, esta última al Congreso, y pese a ello, ha terminado convertida en todo, menos en una reforma adecuada.

De otro lado, reformar la justicia implica trabajar en pro de la calidad, organizarla a partir de altos estándares en favor de los operadores judiciales y la sociedad e n g e n e r a l . F re n t e a ello, instituciones como la Universidad del Norte, han venido desarrollando iniciativas para implementar normas de calidad en los juzgados del Caribe, lo que demuestra el interés y amplia aceptación de este tipo de iniciativas.

Así mismo, será indispensable proscribir del referente colectivo la perpetua inclinación a cambiar las cosas una y otra vez. Por esa vía, el acceso y comprensión por parte del ciudadano común y corriente a la

do lo aprobado. Es necesario llenar el vacío para evitar conflictos a futuro.

Por otro lado, se presentó la situación relacionada con la devolución del Acto al Congreso estando en receso. Tanto la Constitución como la Ley establecen que

justicia se ha vuelto casi imposible; por el contrario, se genera es un amplio margen para la mala praxis por parte de jueces y abogados.

Por último, hay otro asunto de la mayor importancia. Tiene que ver con el compromiso de las Facultades de Derecho frente a la formación de los futuros abogados. En los últimos meses hemos seguido a través de los medios de comunicación sonados casos de corrupción judicial y ejercicio antiético de la profesión. En el fondo, la crisis de la Administración de Justicia, es la crisis deontológica de sus operadores. Por lo anterior, se hace indispensable revisar qué está pasando en las Facultades de Derecho del país para determinar con claridad, cuál es el tipo de abogado y de ser humano que se está formando.

En Colombia el abogado exitoso es sinónimo d e a b o g a d o s h o w, taquillero, y que no pierde, independientemente de los métodos que emplee para ello.

Por lo visto, los colombianos seguiremos a g u a rd a n d o l a t a n anhelada reforma mientras el país avanza en medio de violencias y con una sociedad altamente conflictiva. La realidad es que tenemos una justicia que opera mal y con lentitud, discrimina, está congestionada y sucumbe ante la imposición de ideas foráneas que no se aplican a nuestro contexto; necesitamos de una seria y duradera reingeniería a nuestra justicia.

los actos legislativos deben aprobarse en sesiones ordinarias y en una misma legislatura. Así las cosas, las objeciones no podían analizarse en sesiones extraordinarias, lo que de hecho ocurrió. Otro asunto para revisar.

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Política

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NUEVA LEGISLATURA

Primer punto del Orden del día: recuperar la legitimidad Aún convaleciente por el cuestionado desempeño de las sesiones pasadas, el Congreso de la República se la juega con un portafolio de proyectos políticos y sociales con el que espera mostrar su utilidad para la sociedad colombiana

JUAN PABLO SARMIENTO E. Doctor y magíster en Derecho.

Abogado y profesor de la División Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. jpsarmiento@uninorte.edu.co

El Congreso de la República ha enfrentado, recientemente, importantes desafíos y contradicciones que cuestionan, las más de las veces, su pertinencia como mediador entre el interés general y los intereses particulares.

Al comenzar una nueva legislatura es posible atribuir el pobre y crítico período pasado, así como las sesiones venideras, a tres fenómenos esenciales: el hiperpresidencialismo neopopulista, que construye la identidad popular mediante la articulación de demandas sociales sin contenidos específicos, tal como caracteriza a nuestro diseño institucional, la investigadora Alejandra Salinas; el populismo legislativo que, como lo menciona Javier Rincón Salcedo, se apropia progresivamente de la producción normativa para convertirla en un instrumento al servicio de intereses electorales y coyunturales de corto plazo, dejando de lado la capacidad fundadora e integradora de la comunidad política y vaciando la capacidad trasformadora de las normas jurídicas en oportunidades electorales muy particulares; y la composición del órgano legislativo, en tanto provoca un empobrecimiento sostenido de los debates y permite la subordinación de sus miembros al ejercicio clientelar del poder ejecutivo.

Profundizados por la reelección presidencial, tales fenómenos han provocado una subordinación indeseable del Congreso y le ha restado, peligrosamente, legitimidad como órgano legislativo.

Lo antedicho puede constatarse en aquellos proyectos que ganaron mayor visibilidad en la opinión pública, como ley de tierras, reforSIGUE EN LA PAG.5

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El Congreso de los códigos Hay un nuevo interés del Congreso por la “codificación”.

Ciertamente, en los últimos dos años, el legislativo ha emitido códigos actualizados, tales como el de Procedimiento Administrativo, el General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje. En trámite, se encuentra el Código Aeronáutico (PL 26/11), que deroga el vigente, aunque se nutre de buena parte del contenido del que aún se encuentra vigente.

Leyes estatutarias El Congreso estudiará las Leyes Estatutarias para la regulación del Derecho de Petición (PL Estatutaria 226/12) y de la Objeción de Conciencia (PL 136/11). Aunque su efecto puede ser desconocido para la ciudadanía en general, hacen parte central del ordenamiento jurídico y garantizan en buena medida, el funcionamiento del Estado de Derecho, así como la interacción de los individuos con el Estado y los particulares que prestan servicios públicos –entre ellos, domiciliarios y de salud-. En el contenido de ambos estatutos no se advierten grandes trasformaciones al ordenamiento jurídico, pero su ausencia puede significar graves consecuencias para la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados.

La idea, ahora, es que la adaptación del ordenamiento jurídico y las necesidades de la comunidad política, tengan más correlación.

Tarifa diferencial para el transporte público Quizá, uno de los proyectos de ley que más se dejará sentir, será el proyecto de ley por medio del cual se establece una tarifa diferencial para los sistemas de trasporte público masivo y sistemas integrados de transporte (PL 147/11). Aunque el proyecto de ley había nacido como iniciativa para favorecer, con un 30% del valor del tiquete, a los estudiantes de primaria básica y secundaria Sisbén I, II y III, se incluyeron paulatinamente a las personas de la tercera edad y a estudiantes de educación superior del Sisbén I, II y III, estos últimos, con un beneficio equivalente al 20% de la tarifa.

Tratados internacionales La aprobación de tratados internacionales también ocupará una parte importante del quehacer institucional del Congreso. Entre los principales tratados que serán discutidos por el legislativo se encuentra el Convenio para combatir el cohecho de funcionarios extranjeros (PL 212/12) y el acuerdo para la asistencia judicial entre Colombia y México, que pretende modificar y actualizar los mecanismos de cooperación judicial en materia penal (PL 213/12).

Política

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El fuero militar

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Habrá importantes decisiones y debates alrededor de temas nada fáciles de legitimar, pero que vienen presionados por el mismo Gobierno Nacional. Nos referimos al “fuero militar” (Proyecto de Acto Legislativo 192/12), cuya principal modificación radica en la creación de tribunales de garantía y en la definición de las materias que decidirá la justicia militar, a saber, se le retira el conocimiento de los crímenes de lesa humanidad, de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores, excepto conductas conexas con los anteriores delitos, faculta a la justicia penal militar para decidir de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública. Igualmente, la “despenalización del cultivo” (PL 183/12) de plantas que puedan producir estupefacientes generará, sin duda, importantes discusiones y cuestionará el papel del Congreso en nuestra comunidad política.

VIENE DE LA PAG.5

ma a la justicia y ley de regalías, entre otras. La mayoría, de iniciativa gubernamental, parecería demostrar que la capacidad creativa del Congreso es muy reducida y las medidas en las que avanza no son más que el “blanqueamiento” de programas de gobierno central.

Pero, aún convaleciente por las dificultades que ha provocado la “parapolítica”, la reforma a la justicia y el lamentable, pero ampliamente difundido “tráfico de influencias”, el Parlamento quiere evitar seguir aproximándose al abismo de la desinstitucionalización, que diluiría su existencia y representatividad en las decisiones del Gobierno Nacional, de la Corte Suprema de Justicia –en cuanto al juzgamiento de sus miembros- y la Corte Constitucional –en tanto juzga la constitucionalidad de las leyes por el Congreso expedidas-.

Parece ello se valdrá de iniciativas que quedaron pendientes y de las nuevas que acuerde con el Ejecutivo o surjan de su propia iniciativa. La idea, ahora, es que la adaptación del ordenamiento jurídico y las necesidades de la comunidad política, tengan más correlación.Y sus miembros harán lo posible para superar el empobrecido desempeño del legislativo, aunque tengan que enfrentarse a las renovadas objeciones presidenciales y al escepticismo popular.

Sólo así probarán que el legislativo es una rama de poder útil para la comunidad política colombiana.

Protección a la mujer y a los lustrabotas La apuesta por la legitimación del legislativo se manifiesta con diversos proyectos de ley que pretenden, desde la conformación del contenido normativo, trasformar la realidad social. Ejemplo de esto lo constituye el proyecto de ley de la “violencia contra la mujer”, que afecta normas de procedimiento penal, elimina el carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y hace más severo el delito de violencia intrafamiliar, imponiendo como pena mínima, la de 4 años. Lo anterior supone que el acusado puede ser sujeto a medida de aseguramiento, que tendrá por resultado, la detención preventiva del investigado. Por supuesto, se trata de un proyecto de ley con un objeto legítimo y exigido por la comunidad colombiana, pero que, al igual que en el estado actual de cosas, difícilmente alcanzará la eficacia deseada para eliminar una práctica, lamentablemente común.

En el mismo sentido parecen haberse dirigido algunas propuestas que fueron retiradas del Congreso debido a que no obtuvieron ponencia de los legisladores o porque sus autores consideraron que no se encontraban ante un ambiente político propicio para su aprobación. Esto se revela con el proyecto de ley que intentaba formalizar el ejercicio de la actividad del lustrado de calzado, que inclusive creaba un sistema que registraba a quienes se dedicaran a este oficio (PL 212/12), así como aquel que intentaba reformar la Constitución, para hacer del derecho a la salud, un derecho fundamental (Proyecto de Acto Legislativo 200/12), éste último, considerado por los mismos ponentes del proyecto, como un Acto Legislativo inocuo que trataba un objeto de regulación desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional (ver la Sentencia T-760 de 2008).

El 28 de febrero, fue citada la reunión de gobernadores para discutir el futuro del Canal. A la cita, asistieron el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre, y delegados de las otras administraciones departamentales.

La mayoría de las leyes, de iniciativa gubernamental, parecería demostrar que la capacidad creativa del Congreso es muy reducida y las medidas en las que avanza no son

Contra la violencia escolar Así mismo se pueden observar otros proyectos de ley que, aunque no han sido archivados o retirados, tienen dificultades para su aprobación, como el caso del proyecto de ley que intenta prevenir la violencia escolar (PL 201/12). Su dificultad se evidencia no en la legitimidad que claramente ostenta, sino en los problemas que puede suponer su implementación para el Estado, que por demás, crea un Sistema dirigido por Ministros de Despacho y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, claramente centralizado, que no cuenta con ningún miembro de entidades territoriales. La barrera entre la creación de la norma y su implementación visiblemente superan la capacidad creativa e innovadora del Congreso de la República y lo vuelve a posicionar en un lugar rezagado de la democracia colombiana.