UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE-RECTORADO ACADÉMICO
Autora: Carolina Herrera, C.I. 7.164.852
Sección 2024/A SAIA
Prof. Yasmin Di Giacomo
Barquisimeto, Enero de 2025
La actividad administrativa en el derecho administrativo se refiere a las acciones y funciones que desempeña la Administración Pública en el cumplimiento de sus objetivos y en la gestión del interés público. Se trata de una función jurídica que implica la regulación y limitación de derechos, así como la implementación de políticas públicas. Esta actividad puede ser entendida como parte de una "función administrativa" más amplia en el contexto de la división de poderes del Estado. Con respecto a la actividad de fomento, se refiere a las acciones que lleva a cabo la administración pública con el objetivo de proteger o promover ciertos intereses públicos. Esta intervención busca facilitar y dirigir las acciones de las personas hacia metas de interés común, contribuyendo así al desarrollo social y económico. Ambas herramientas, fundamental para que el Estado pueda orientar el desarrollo económico y social de un país, ofrecer incentivos a los particulares, por ser estas actividades de la administración del Estado, llegar a cumplir con sus funciones y satisfacer las necesidades de la sociedad. A continuación se desarrolla: La Policía Administrativa y la actividad de fomento.
Analizar el régimen jurídico de la actividad administrativa nos presenta la función que realiza la Adm-inistración Pública para llevar a cabo acciones de gestión y regulación en el ámbito estatal. Esta actividadsemanifiestacomo unafunción jurídicaqueimplicael establecimientodenormas ydecisiones quelimitanoregulanderechos, garantizandoelinteréspúblico.Seequipara ala"funciónadministrativa" y es parte de la división tripartita de las funciones del Estado. De ello emana el conjunto de actos, decisiones, planes, programas y normas que adoptan y desarrollan las administraciones públicas en ejercicio de sus competencias, en los que se concreta su función de servicio a los intereses generales.
En esta forma, ante el elenco de derechos y garantías que declara la Constitución, corresponde a la legislación propia del derecho administrativo su regulación, actualización, limitación y protección concretas, y con ello la de las diversas formas de la actividad administrativa, que corresponden a las clásicas formas o cometidos de: policía, fomento, servicio público, control y gestión de los asuntos públicos
Se define como la actividad del Estado mediante la cual, con el objeto de asegurar el mantenimiento del orden público, se imponen las restricciones necesarias a la libertad personal y a la propiedad de los administrados, (Lares, 1998, p. 231).
Por su parte, Grau (2004, p. 231), establece que la noción de policía administrativa en el Derecho Administrativo moderno se define como la ejecución administrativa de toda limitación a los derechos o actividad de los particulares, por razones de interés público: bien, para garantizar el orden público, bien en atención al bienestar colectivo.
IgualmenteIzquierdo(1997,p.181),señalaque es una actividad del Estado, tendente al mantenimiento del orden interno, que es una condición previa para la existencia del poder público, cuyo objetivo se centra en el mantenimiento del orden público, lo que implica acciones concretas para regular la actividad de los individuos ygrupos en el centro de la colectividad.
Bajo estas perspectivas, destaca que toda actividad de la policía administrativa se norma a través de las leyes del orden público.
Su fundamento posa en la figura de sujeción en la que se hallan todos los ciudadanos. Busca Evitar que se produzcan hechos que atenten contra el orden público. Impone sanciones a quienes incumplan las normas administrativas. Colabora con otros órganos del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. La Policía administrativa, en ejercicio de su función se encarga de garantizar algunos elementos de importancia para la vida en comunidad, los cuales encuentran su justificación en la necesidad de proteger los bienes jurídicos de los demás ciudadanos, considerados en forma individual y colectiva. Se caracteriza por ser:
Es de orden público
Es de carácter preventivo
Es coercitiva
Es un poder subsidiario
Es normativa
Entre los elementos que garantiza se precisan:
Seguridad pública
La tranquilidad Pública
Salubridad pública
Moralidad Pública
Por lo tanto, en Razón del interés público se tienen:
Protección del interés público
Condiciones de Seguridad del Mercado Confianza pública
Las medidas de policía se clasifican en dos categorías principales: las medidas reglamentarias, que son aquellas que se establecen a través de normativas y regulaciones generales, y las medidas individuales, que son decisiones o acciones que se toman en respuesta a situaciones específicas o a desviaciones policiales, (Izquierdo, 1997, p. 192).
Las medidas reglamentarias de las actividades de los particulares es la medida por la excelencia de la policía administrativa. Sin embargo, debe recordarse que toda limitación de los derechos particulares debe tener un fundamento en la ley, el ejercicio de los derechos individuales no puede ser condicionado ni limitado sino se apoyan en disposiciones de la ley.
Al analizar las dos categorías principales, debe recordarse que toda limitación de la libertad y de la propiedad de los particulares debe tener su fundamento en la Ley. El ejercicio de los derechos individuales no puede ser condicionado ni limitados sino mediante Ley; y por ello, los reglamentos de policía carecen de validez si no se apoyan en disposiciones legales.
Las reglamentación de policía contienen dos (2) tipos de prohibiciones: las unas, de carácter absoluto, que niegan a los individuos toda posibilidad de realizar determinada actividad; las otras, de carácter relativo, que abren la posibilidad de que las autoridades, apreciadas las circunstancias del caso, otorguen autorización para que un individuo determinado pueda realizar la actividad prohibida en términos generales.
El poder de la policía administrativa delimita derechos constitucionales de manera general y abstracta, el establecerlas reglaslegalesquepermiten su específica yconcretalimitaciones para garantizar los elementos que componen la noción de orden público, mientras que a través de actos administrativos concretos, las disposiciones establecidos en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de policía.
Naturaleza: Son normas generales y abstractas que establecen reglas de conducta para una pluralidad de sujetos y situaciones.
Objetivo: Regular de manera preventiva actividades o situaciones que puedan afectar el orden público, la salud, la seguridad o el bienestar general.
Ejemplos:
o Normas de tránsito
o Reglamentos sanitarios
o Ordenanzas municipales sobre ruidos molestos
o Limitaciones al horario de funcionamiento de ciertos establecimientos
Naturaleza: Son actos administrativos concretos dirigidos a un sujeto determinado.
Objetivo: Aplicar las normas generales a casos particulares, resolviendo situaciones específicas que perturban el orden público.
Ejemplos:
o Clausura de un establecimiento por incumplimiento de normas sanitarias
o Retiro de una licencia de conducir por infracciones graves al tránsito
o Imposición de multas por contravenciones a las ordenanzas municipales
Los límites del poder policial se fundamentan en varios principios legales que buscan proteger derechos y libertades individuales. Entre estos se incluyen:
1. Reserva Legal: Implica que solo las leyes pueden establecer restricciones a los derechos, evitando la arbitrariedad.
2. Principio de Legalidad: Todo acto policial debe estar basado en la ley, garantizando que las actuaciones estén justificadas y sean previsibles.
3. Principio de Proporcionalidad: Las acciones policiales deben ser proporcionales a la amenaza que se enfrenta, evitando el uso excesivo de la fuerza.
4. Principio “Favor Libertatis”: Se debe interpretar cualquier restricción a la libertad en el sentido más favorable a la persona afectada.
5. Principio de Igualdad ante la Ley: Todos los individuos deben ser tratados con igualdad y no deben ser discriminados en la aplicación de la ley.
El poder de policía en Venezuela está, efectivamente, distribuido entre el Poder Nacional y las entidades de los estados y municipios.
El Poder Nacional ejerce este poder a través de cuerpos de seguridad, mientras que los estados y municipios tienen sus propias fuerzas policiales y pueden establecer normativas locales. Es importante verificar información actualizada sobre la estructura y funcionamiento de estas entidades.
El Servicio de Policía es responsabilidad exclusiva del Estado, bajo la rectoría del Poder Nacional.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 156 Numeral 6 atribuye competencia del Poder Nacional, la policía nacional; a la competencia de los Estados, la organización de la policía urbana y rural (artículo 164 Numeral 6), y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal; yen fin, dispone que corresponde a los municipios, el gobierno y la administración de los intereses peculiares de laciudad,enparticularcuandotengarelación con las materias propias de la vida local, entre otras, la policía municipal.
En los espacios geográficos de cada estado, la primera autoridad de policía es el Gobernador.
Objetivo: Regular las actividades financieras y tributarias, asegurando el cumplimiento de las leyes y normas en materia fiscal.
Funciones:
Control: Vigila el cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas naturales y jurídicas.
Fiscalización: Realiza auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades en materia fiscal.
Sanciones: Aplica las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las normas tributarias.
Prevención: Implementa programas de educación tributaria para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Ejemplo: La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SENIAT) en Venezuela es un ejemplo de un organismo encargado de la policía financiera y tributaria.
Objetivo: Proteger la salud pública, controlando los factores que pueden afectar negativamente la salud de la población.
Funciones:
Control: Vigila el cumplimiento de las normas sanitarias en establecimientos de alimentos, servicios médicos, etc.
Fiscalización: Inspecciona los establecimientos para verificar las condiciones higiénico-sanitarias.
Sanciones: Aplica sanciones a quienes infrinjan las normas sanitarias.
Prevención: Implementa programas de educación sanitaria para promover hábitos saludables.
Ejemplo: Los organismos de salud pública, como los ministerios de salud y las direcciones de salud municipales, son los principales responsables de la policía sanitaria.
Objetivo: Garantizar el desarrollo ordenado y sostenible de las ciudades, velando por el cumplimiento de las normas urbanísticas y de construcción.
Funciones:
Control: Verifica el cumplimiento de las licencias de construcción y los usos del suelo.
Fiscalización: Inspecciona obras en construcción para asegurar que se ajusten a los planos y normas establecidas.
Sanciones: Aplica sanciones a quienes infrinjan las normas urbanísticas.
Ordenamiento territorial: Participa en la elaboración de planes de ordenamiento territorial y en la gestión del espacio público. Ejemplo: Los organismos municipales encargados de la planificación urbana y la construcción son los principales responsables de la policía urbanística en cada localidad.
Objetivo: Proteger el medio ambiente y los recursos naturales, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales.
Funciones:
Control: Vigila el cumplimiento de las normas ambientales en actividades industriales, agrícolas y otras.
Fiscalización: Realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de las autorizaciones ambientales.
Sanciones: Aplica sanciones a quienes causen daños al ambiente.
Prevención: Implementa programas de educación ambiental para promover la conciencia ecológica.
Ejemplo: Los ministerios de ambiente y los organismos ambientales regionales son los principales responsables de la policía ambiental.
La actividad de fomento se refiere a la intervención administrativa que busca dirigir y estimular la acción de los particulares, promoviendo el desarrollo de diversas actividades. Esta modalidad incluye diversos medioscomoestímulos,incentivos yfinanciamiento,quepuedenabarcar premios o apoyos de índole variada para facilitar el ejercicio de estas actividades por parte de los individuos o entidades.
En esencia, el fomento consiste en que el Estado, a través de diversas herramientas, incentiva a los ciudadanos o a empresas a realizar acciones que contribuyan al desarrollo económico, social o cultural del país.
Las actividades de fomento constituyen una rama fundamental del Derecho Administrativo, donde la Administración Pública, en lugar de limitar o restringir las libertades individuales (como ocurre en la policía administrativa), busca estimular y promover determinadas conductas o actividades de los particulares, siempre y cuando estas sean de interés general.
Las actividades de fomento en el Derecho Administrativo son intervenciones que buscan dirigir y estimular la acción de los particulares para alcanzar objetivos de interés público. Estas actividades se caracterizan por producir actos favorables en lugar de adoptar medidas restrictivas o ablatorias.
Es la acción desarrollada por la Administración, encaminada a estimular, ayudar y proteger las empresas y particulares cuyas tareas sean favorables al interés general, tales como: economía, cultura, educación y asistencia social.
Los medios de fomento incluyen estímulos, incentivos y el financiamiento administrativo, que son herramientas utilizadas para motivar la participación y la colaboración de los ciudadanos y empresas en proyectos que benefician a la comunidad.
Medios de Fomento Honorífico: son los reconocimientos o recompensas entregados por el Estado a las personas físicas o jurídicas por las acciones que estos han realizado y que han servido de beneficios positivos a la sociedad.
Medios de Fomento Económico: son aquellos interpretados como una ayuda de capital de la administración a la empresa que sirve de un interés general. Los medios de fomento económico pueden clasificarse en auxilios directos o indirectos; ejemplo de los directos pudiesen ser las subvenciones, préstamos o créditos y los incentivos fiscales; pues son una entrega directa de dinero proveniente del Estado.
Medios de Fomento Jurídicos: Son aquellos que configuran a la empresa poderes jurídicos especiales derivados de privilegios que el Estado le concede a la empresa o institución de interés general.
1. Estímulos:
Medios Técnicos: Los medios de fomento técnicos son los que el Estado implementando una ayuda técnica, asiste a las empresas, de carácter privado; con el fin de " favorecer el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la producción nacional.”
Reconocimientos: Otorgamiento de títulos honoríficos, condecoraciones, menciones especiales, etc., que valorizan socialmente determinadas conductas o logros.
Difusión: Publicidad de las acciones o productos de los particulares, lo que les otorga mayor visibilidad y prestigio.
2. Incentivos:
Económicos:
o Subvenciones: Aportes de dinero para financiar total o parcialmente proyectos o actividades de interés general.
o Exenciones fiscales: Reducción o eliminación de impuestos para determinadas actividades o sectores.
o Préstamos blandos: Préstamos con condiciones favorables en cuanto a intereses y plazos de pago.
o Garantías estatales: El Estado se compromete a responder por determinadas obligaciones, facilitando así el acceso al crédito.
Jurídicos:
o Concesiones administrativas: Otorgamiento de autorizaciones para la explotación de servicios públicos o recursos naturales.
o Permisos: Autorizaciones para realizar determinadas actividades.
3. Financiamiento Administrativo:
Creación de empresas públicas: El Estado crea empresas para desarrollar actividades económicas de interés general.
Participación en el capital de empresas privadas: El Estado adquiere acciones o participaciones en empresas privadas para impulsar sectores estratégicos.
El financiamiento administrativo es un aspecto clave en las actividades de fomento. Los recursos económicos necesarios para llevar a cabo estas actividades pueden provenir de:
Presupuesto general del Estado: Asignaciones presupuestarias específicas para programas de fomento.
Crédito público: Obtención de préstamos en el mercado financiero.
Recursos propios de las entidades públicas: Ingresos generados por la propia actividad de las empresas públicas.
Desarrollo económico: Fomentar la inversión, la innovación y la creación de empleo.
Desarrollo social: Mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo la educación, la salud y el bienestar social.
Desarrollo regional: Reducir las desigualdades regionales y fomentar el desarrollo de zonas menos favorecidas.
Protección del medio ambiente: Promover prácticassostenibles ylaconservacióndelos recursos naturales
Los Medios de Fomento: Estímulos, incentivos y el financiamiento administrativo
Enelcontextode"LosMediosdeFomento",esto incluye estímulos, incentivos y financiamiento administrativo quebuscan promover yfacilitar el desarrollo de servicios públicos yla economía en general. Esta actividad implica no solo la regulación, sino también la intervención activa del Estado para asegurar el bienestar y el desarrollo social.
Tomando la matriz de Peña, S. (2003) en el Manual de Derecho Administrativo, lo precisa como “Desde el mismo Preámbulo es posible inferir la voluntad del constituyente de consagrar la acción de fomento, desde luego, para que sea ejercida por los Poderes Públicos, pues no debe olvidarse que en una perspectiva finalista con esta acción el Estado persigue el bienestar de los ciudadanos”
En este sentido, en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ve contenida, de manera indirecta la acción de la actividad administrativa de fomento, promoviendo esta que el Estado logre ofrecer a la colectividad un bienestar tanto en aspectos sociales, como en aspectos económicos.
Estímulos
Reconocimientos pueden ser de carácter honorífico, como condecoraciones o títulos honoríficos, o pueden tener implicaciones prácticas, como la prioridad en la obtención de licencias o permiso.
Incentivos
A través de los incentivos, la Administración busca dirigir los esfuerzos de los particulares hacia objetivos de interés general.
Financiamiento administrativo
Puede adoptar diversas formas y puede estar dirigido a particulares, empresas o entidades públicas.
El Estado Social y Democrático consagrado en la Constitución de 1999 exige un compromiso prestacional por parte del Estado. Ello quiere decir que la Administración pública ha de llevar a cabo una actividad positiva de prestación de servicios públicos de la que están llamados a ser beneficiarios todos los ciudadanos Los Servicios Públicos es un conjunto de operaciones y tareas a cargo de un sujeto de derecho, consistente en dar o hacer algo a favor de otros, en suma, de prestar.
Se trata, por tanto, de una actividad prestacional; pero no de cualquier tipo de prestación sino de una que es de interés de todos, de interés público o colectivo por lo que los sujetos a los cuales se destina son todos, es decir, al público en general.
La noción de servicio público en la administración pública se refiere a actividades realizadas por la administración destinada a satisfacer necesidades colectivas. Este concepto se originó en Francia y se considera una modalidad de la actividad administrativa, cuyo propósito es garantizar el acceso a servicios esenciales a través de un régimen jurídico específico. Para que un servicio sea considerado público, debe estar declarado por la Constitución o la ley. Es una actividad prestacional que el Estado, en cumplimiento de una obligación constitucional o legal, realiza de manera directa o indirecta para satisfacer necesidades colectivas o generales. Es decir, son aquellas actividades que el Estado asume para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo del país. En Venezuela, los servicios públicos prestados con carácter de exclusividad por el Estado o por medio de un concesionario, sólo pueden ser creados por leyes nacionales. Sin embargo, la obligación del Estado a prestar determinados servicios públicos deriva de la propia
Constitución, cuyas disposiciones consagran en varios casos deberes del Estado.
Son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad garantizando la igualdad entre los ciudadanos. Es una actividad que constituye una tarea emprendida por los órganos que se encuentran dentro de la estructura organizativa del Estado, a los cuales se le atribuya tal competencia. Sin embargo, aquellos servicios ejecutados por órganos que no formando parte de este perfil estatal cometen actividades de interés general pertenecen a otra noción que consideraremos en orden a establecer características diferenciales y poder concretar el significado de servicio público. En concordancia con lo anterior, se conceptualiza de la siguiente manera: aquella actividad de las administraciones públicas mediante la que se prestan a los ciudadanos concretos servicios esenciales para la comunidad (como, por ejemplo, prestaciones sanitarias, docentes, culturales, de transportes y comunicaciones, suministros energéticos, entre otras).
Los servicios públicos son actividades y procedimientos esenciales que el Estado garantiza a su población para satisfacer necesidades básicas. Se caracterizan por ser otorgados por la administración pública, estar organizados como un conjunto de actividades y, en general, estar sujetos a regulaciones legales. Entre las más notables tenemos:
Emplea las herramientas gerenciales a las funciones del proceso administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y operativo.
Funciona de manera permanente, en otras palabras, de carácter regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan.
La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan
Principio de la Continuidad: Los servicios públicos deben prestarse de manera ininterrumpida, garantizando su disponibilidad constante para los usuarios.
Regularidad: La prestación de los servicios públicos debe ser estable y conforme a unos estándares de calidad previamente establecidos.
Generalidad: Los servicios públicos deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades de la colectividad en general, sin discriminaciones.
Igualdad: Todos los usuarios tienen derecho a acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad, sin privilegios ni discriminaciones.
Mutabilidad: Los servicios públicos son dinámicos y deben adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad.
Eficiencia: La prestación de los servicios públicos debe ser eficiente, buscando optimizar los recursos y garantizar la mejor calidad posible.
El fundamento constitucional de los servicios públicos en Venezuela se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual establece que el Estado tiene la obligaciónde garantizarelaccesoaserviciospúblicosdecalidadparatodoslosciudadanos Paralacreación de los servicios públicos deben tomarse las previsiones legales pertinentes a fin de prever en la Ley de Presupuesto, en leyes especiales y ordenanzas municipales, las partidas necesarias para su organización y funcionamiento ininterrumpidos.
Los servicios públicos están fundamentados en la Constitución, que los declara como derechos irrenunciables de la Nación. Esto implica que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a estos servicios, asegurando que satisfagan necesidades de interés general bajo un régimen de derecho público. La Constitución establece los mecanismos para descentralizar y transferir a comunidades y grupos vecinales organizados parte de la gestión de estos servicios.
Los servicios públicos se pueden clasificar según diversos criterios, entre los cuales destacan:
1. Esenciales vs. No esenciales: Los servicios esenciales son aquellos que son fundamentales para el bienestar de la población, como la salud, la educación, y el suministro de agua, mientras que los no esenciales son aquellos que no son imprescindibles en la vida diaria.
2. Permanentes vs. Esporádicos: Los servicios permanentes son aquellos brindados de manera constante y regular, como el suministro de electricidad. Los esporádicos son aquellos que se ofrecen solo en situaciones específicas, como los servicios de emergencia.
3. Según el tipo de entidad que los presta: Si el servicio es proporcionado por el Estado o entidades de carácter público, se considera un servicio público; si es prestado por entidades privadas, se clasifica de manera diferente.
El régimen jurídico de los servicios públicos se encuentra regulado por diversas leyes y normas, las cuales establecen los principios, derechos y obligaciones aplicables a su prestación. Este régimen comprende aspectos como:
1. Organización y funcionamiento de las entidades prestadoras: Se establecen los órganos y mecanismos de gestión y control de las entidades encargadas de prestar los servicios públicos.
2. Relación entre la entidad prestadora y los usuarios: Se definen los derechos y deberes de los usuarios, así como los mecanismos para la atención de sus reclamos.
3. Tarifa y financiamiento: Se establecen los criterios para la fijación de las tarifas de los servicios públicos y las fuentes de financiamiento para su prestación.
4. Control y supervisión: Se establecen los mecanismos de control y supervisión para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Capacidad que tiene un estado de invertir capital financiero y generar riquezas a partir de la producción industrial. Este capital por lo tanto se obtiene a partir del pago de impuesto de todos los venezolanos y de las distintas recaudaciones que hace el estado y el estado genera industrias o crea empresas (para echar a andar la empresa se necesita mano de obra, materias primas y todos los componentes básicos para que esta empresa genere riquezas)
La estatización por parte del gobierno venezolano de una variada cantidad de empresas ha sido una acción recurrente durante los últimos años. Cementeras, siderúrgicas, bancos, compañías eléctricas y hasta torrefactoras de café han sido algunas de las empresas que han sido sujeto de adquisición forzosa por parte del Estado.
Estado empresario o no, es un debate abierto del cual hay respetables argumentos tanto a favor como en contra. Pero dejando de lado cualquier discusión ideológica al respecto, lo cierto es que independientemente de quién esté detrás de la propiedad de una empresa es fundamental y aún más en los sectores estratégicos del país, una gestión eficiente, profesional, transparente
La actividad administrativa es un concepto amplio que abarca todas las funciones del Estado, mientras que la policía administrativa es una parte específica deesta actividad, enfocada en laregulación dela conducta delos particulares y la protección del interés general.
Las actividades de fomento son una herramienta fundamental del Estado para impulsar el desarrollo económico y social. A través de diversos instrumentos, como estímulos, incentivos y financiamiento, la Administración Pública busca promover conductas y actividades que beneficien a toda la sociedad
Allan R. Brewer-Carías, A. (2002). El Régimen Constitucional de los Servicios Públicos en Venezuela. Ponencia presentada en el IV Congresso da Associação de Direito Publico do Mercosul, Curitiba, Brasil, 22, 23 y 24 mayo 2002
Dromi, R. (1996). Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires
Fernández; G. (1983). La Subvención, Concepto y Régimen Jurídico. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1983.
Garrido, F. (1989). Tratado de Derecho Administrativo II. Tecnos. Madrid,
Giusti, R. (1997). Diritto Pubblico della Economía Cedam. Padova, Jornada de Pozas, L. (1949). Ensayo de una Teoría de Fomento en el Derecho Administrativo. En Revista de Estudios Políticos N° 48. Madrid
Larez, E. (2001). Manual de Derecho Administrativo. Universidad Central de Venezuela. Caracas
Martínez, J. (1985). Subvenciones al ejercicio de Libertades y Derechos Fundamentales en el Estado Social de Derecho: Educación y Sindicatos. En Revista Española de Derecho Administrativo N° 47. Civitas. Madrid
Martin-Retortillo, S. (1988). Derecho Administrativo Económico I. La Ley. Madrid.
Martin-Retortillo, S. (1996). La Actividad Administrativa de Fomento y el Régimen de las Subvenciones Administrativas. En el Libro Las Formas de la Actividad Administrativa. FUNEDA, Caracas.
Meier, H. (2001). La Constitución Económica. En Revista de Derecho Corporativo. Vo.l N°l. Universidad Metropolitana. Caracas
Morel, L. (1999). Curso de Derecho Administrativo II. Aranzadi. Pamplona
Parada, R. (1997). Derecho Administrativo I. Marcial Pons. Madrid
Pérez, J. (2001). Estado Social de Derecho. En el libro Temas Básicos de Derecho Constitucional I. Civitas. Madrid.
Santamaria, J. (1999). Principios de Derecho Administrativo II. Centros de Estudios Ramón Areces. Madrid.