Issuu on Google+

Medio Informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia LOS CRÍMENES DE LA BP EN COLOMBIA II

LOS MEDIOS, LAS MAFIAS DEL CONTRABANDO Y LA OLIGARQUÍA COLOMBIANA: ENEMIGOS DE DOS PUEBLOS HERMANOS

PÁG.

3

Agosto - Septiembre 2015/Edición 23

PÁG. 5

PÁG.

6

ESCUDOS HUMANOS

www.trochandosinfronteras.info / www.centrooriente.org/@trochandosf


LOS LÍMITES DE LA PAZ DE SANTOS En nuestro anterior número señalamos las contradicciones que existen entre la lógica política con que el gobierno nacional pretende legitimar y movilizar sus ideales de modernización y la lógica económica con la cual se pretende transformar el país. El actual gobierno usa conceptos como paz, equidad y educación para establecerlos como pilares ideológicos de su política social; sin embargo, las medidas económicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo -PND- 20152018, chocan por completo con las actuales condiciones materiales de nuestra sociedad. Los problemas de nuestra sociedad tienden a agrandarse cada vez más, aunque ello se pretenda ocultar por parte del gobierno nacional: por ejemplo, en materia fiscal, la situación apenas si se puede disimular, dado que el plan financiero se diseñó con base en un precio del barril del petróleo a 97 dólares, pero este ha disminuido hasta llegar a los 58 dólares, es decir, casi la mitad de lo previsto; el Ministerio de Hacienda tuvo que reconocer que esa baja en el crudo afectó el fisco nacional en 14, 5 billones de pesos1. Para superar esa situación, las medidas acostumbradas son la ampliación del endeudamiento público y el ajuste del régimen tributario (aumento de impuestos), que afectan a la mayoría de las familias colombianas. En el mismo sentido, el Producto Interno Bruto -PIB- nacional ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años: en el 2013 el aumento fue de 4,9 puntos porcentuales y en 2015 se pasó a 2,8; las exportaciones también han caído cerca 8,1% (en lo que va corrido del año), mientras que las importaciones de bienes para la agricultura y alimentos sí han subido 2 puntos porcentuales. El índice de precios al consumidor -IPC- ha pasado de 1,94 en el 2013 a 3,66 en el 2014 y a un 4,7 en lo que va del 2015; esto se explica porque se trasladan los costos de la pérdida de valor de la moneda directamente a las familias trabajadoras, mediante la carestía de los bienes de consumo, lo que desvaloriza el salario real y beneficia la concentración de capital; otra consecuencia de esto es que los pequeños y medianos productores quiebren y dejen el espacio libre a las grandes empresas nacionales y extranjeras. La descrita situación económica llevará al gobierno a priorizar el recorte del gasto social y a profundizar su función represiva. Todo esto, en medio de un escenario marcado por un intenso debate político y social en torno a la paz y la justicia social, orientado por una propuesta que ha sido respaldada por empresarios, partidos de derecha y hasta por el gobierno de Estados Unidos. Pero tal propuesta precisamente empieza a evidenciar sus falencias y límites en relación con las verdaderas necesidades y problemas de los trabajadores colombianos. La encrucijada del movimiento social El movimiento social, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada: acoger las banderas de la paz, pero asumir el reto histórico de dotar esa paz con los contenidos que hacen de ella algo tangible, concreto, alcanzable y real. Para ello es necesario que se aclaren las

reales causas del conflicto y los intereses particulares que hacen inviable la justicia social.

mitigar los efectos de este modelo en los territorios campesinos e indígenas2.

En esa dirección, el pueblo ha venido retomando su dinámica de acción movilizadora. Las demandas y exigencias de las organizaciones sociales y gremios de pequeños productores han establecido en los escenarios de negociación los principales ejes de la conflictividad social y política de este país, lo cual incomoda fuertemente al establecimiento y al gobierno nacional. Ejemplo de ello es que las negociaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular se han estrellado con una actitud negligente y dilatoria por parte de los delegados de Estado, quienes insisten en que las políticas gubernamentales son las que los colombianos necesitan y hacen caso omiso de las justas peticiones del movimiento social. Como era de esperarse, el diálogo hasta el momento, ha fracasado.

En síntesis la política nacional pretende viabilizar las garantías de los sectores privados para contener y asegurar sus ganancias, mientras busca encerrar, aleccionar, castigar y fustigar la protesta y la movilización social, que a su vez es inevitable debido a la potencia que arrastran los múltiples problemas de nuestra nación. Tales problemas no podrán ser resueltos efectivamente sin la realización de transformaciones estructurales, que sólo el pueblo organizado podrá lograr, a partir de su accionar en el actual escenario de los conflictos sociales

Así, mientras el movimiento social presiona por soluciones y atención a sus pliegos y gana terreno sectorial y territorial, el gobierno nacional ha terminado desnudando su carácter, incumpliendo los acuerdos y endureciendo sus mecanismos de control social y militar. Por ello decimos que el discurso sobre la paz queda simplemente como un adorno cínico y caricaturesco. Y no es para menos. Mientras el gobierno intenta lograr la hegemonía sobre la base de la paz, ha priorizado: 1) el incremento del presupuesto militar y de infraestructura de saqueo de los recursos naturales 2) la oferta de bloques petroleros y títulos mineros a capitales extranjeros y nacionales, a pesar de haberse demostrado que este factor es un detonante de violencia y conflictividad 3) la impunidad de los crímenes de Estado, la no reparación a las víctimas de los asesinatos, desplazamientos y persecuciones por parte de Estado y sus aparatos legales y extra-legales, 4) la persecución política hacia el movimiento social, mediante la vieja estrategia de las capturas masivas contra activistas sociales. Y es que así los dos últimos gobiernos se echen puyas entre sí, uno y otro han recurrido a las mismas artimañas y mecanismos de guerra sucia, cuando de neutralizar la protesta social se trata. Lo que ha primado sobre las habladurías de desarrollo, equidad, justicia, etc., ha sido el privilegio de la tranquilidad y la paz para los inversores para que sean ellos quienes se apropien cada vez de más riqueza a costa de la nación. El actual régimen impone serias restricciones al ejercicio de las fuerzas políticas opositoras y todo el andamiaje jurídico y militar lo favorece para enfrentar un futuro escenario de creciente movilización y disgusto social. Se suma a esta situación el polémico proyecto de fuero penal militar y la reforma al código de policía y y a la ley de seguridad ciudadana, medidas que apuntan directamente a fortalecer la represión y la exclusión política del movimiento social colombiano. En el sector rural arrecia la militarización de la vida civil como forma de control social y de sofocar el descontento del campesinado debido al daño ambiental de la economía extractiva y la ineficacia gubernamental para

1 http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ ingresos-petroleros-se-reduciran-para-2015/15419736 2 En la región del cetro oriente se desarrolló un Cabildo Abierto “Por la Vida y la Permanencia Digna en nuestro Territorio” para denunciar la violación de los derechos humanos y del DIH de las comunidades que habitan las zonas rurales de Arauca, las cuales no solamente han sido objeto de las consecuencia de la explotación minero-energética, sino también de la militarización estatal indiscriminada de sus territorio.


los medios, las mafias del contrabando y la oligarquía colombiana: enemigos de dos pueblos hermanos Por: Oglis Ramos

Fuente TelesurTV Fuente TelesurTV “Llevo 7 años”... “Yo llevo 5 en el país...”. Así comenzaban los relatos de algunos de los entrevistados por los medios de información sensacionalistas al servicio de la oligarquía colombiana. Todo esto, a raíz de la medida adoptada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que consistió en el cierre de la frontera con Colombia, en algunos municipios del estado Táchira.

Lo último que sucedió, y que dio origen al cierre de la frontera, fue el ataque armado contra varios integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la ciudad de San Antonio por parte de las bandas ilegales que se dedican al contrabando y a sembrar violencia en esa zona.

Para entender la situación en la frontera colombo venezolana, hay que revisar por lo menos los últimos 3 años, durante los cuales el fenómeno del contrabando dejó de ser una simple práctica cotidiana de las poblaciones de los dos países y se convirtió en un mecanismo de desestabilización política y económica hacia Venezuela.

La situación de seguridad nacional en la que se encuentra Venezuela hace que el gobierno tome medidas extraordinarias para enfrentar a las mencionadas mafias internacionales.

Es de público conocimiento la posición que el gobierno colombiano ha asumido frente al proceso de cambios que se viene dando en Venezuela. Primero se atacó directamente al ex presidente Chávez y a su programa de gobierno. En los últimos tiempos se ha dado una tregua diplomática entre gobiernos, pero los medios de comunicación privados siguen lanza en ristre contra todo lo que sucede en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del país bolivariano sigue resistiendo los duros embates de las mafias económicas nacionales y trasnacionales, pues a pesar de todos los ataques, ha ganado la gran mayoría de las elecciones que se han celebrado desde 1999. La fuga de alimentos, bienes y dinero hacia Colombia, no es ocasionado solamente por grupos a los que se les llama bachaqueros , ya que estos son empleados al servicio de las grandes mafias. Estas son las que reciben todos los productos del contrabando y además cobran impuestos ilegales a quienes desarrollan actividades comerciales (formales o informales) en la zona de frontera. Traigo esto a colación, ya que cientos de miles de personas que vivimos en la frontera sufrimos a diario las acciones desestabilizadoras ejecutadas por los grandes capos del contrabando; éstos, junto a sectores corruptos de la fuerza armada, permiten que las denominadas trochas y también las vías principales se conviertan en venas abiertas para empobrecer al pueblo venezolano. Es por ello que en los estados fronterizos y en las principales ciudades venezolanas la población debe soportar la escasez de productos básicos, de materiales para la construcción y hasta de combustible. Porque la mayor parte de esos productos son subsidiados por el gobierno de Venezuela, por lo que resultan muy baratos y al llevarlos a Colombia, la ganancia es jugosa.

Medidas del presidente maduro no son contra el pueblo colombiano

Para nadie es un secreto que hay actualmente casi 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela, pues de una u otra manera lograron ubicarse allí en busca de una mejor calidad de vida que la precaria que ofrece Colombia. Esa situación es la que han aprovechado los grupos ilegales o mafias para poner a su servicio a estos migrantes que hacen lo posible para sobrevivir, y ven un ingreso fácil en el contrabando de productos. También es sabido que la migración hacia Venezuela ha sido ocasionada por la privatización de los servicios de salud, vivienda, educación y alimentación, y además por la violencia estructural que ya lleva más de 50 años en Colombia y que ha desplazado a más de 6 millones de personas dentro y fuera de las fronteras del país.

rales entre Colombia y Venezuela. Mientras los medios de la oligarquía dicen que miles de desplazados salen de Venezuela hacia Colombia -como si se tratara de un exterminio al mejor estilo nazi- enaltecen al nefasto personaje que se presenta en Cúcuta y en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela; justamente allí donde Uribe es recordado por los falsos positivos que aún no se borran, ni se borrarán de la página de la historia de esa región fronteriza. Inició por atacar desde el departamento del Norte de Santander al gobierno del presidente Maduro, tratando de hacer ver que él es inocente del fenómeno de los miles de desplazados hacia Venezuela que causó en los años de su gobierno represivo y paramilitar. Las mafias de contrabando en la frontera ya se pueden catalogar como grupos terroristas de carácter internacional con planes y líneas de desestabilización claras, los cuales tienen lamentablemente a su servicio a cientos de compatriotas colombianos y venezolanos que por su condición de pobreza son captados como mulas para realizar el trabajo de estos carteles, así como otros que lo realizan a manera de enriquecerse a costa del estómago del pueblo y del sueldo del trabajador honesto; las diversas maneras de operaciones desatadas en contra de Venezuela y sus millones de habitantes, es una estrategia que permite satanizar y estigmatizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ya que la escasez inducida le hace un grave daño al pueblo venezolano y proceso bolivariano.

Ahora bien, la exportación del fenómeno paramilitar desde Colombia lleva claramente el guión que las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos han implementado en Latinoamérica. Éstas usan hoy el fenómeno de la migración como arma de terrorismo social contra la revolución bolivariana. Ante estos hechos el presidente Nicolás Maduro, en la facultad de ejercer funciones de gobierno de una república soberana y a fin de proteger la seguridad y estabilidad de la población, toma medidas no contra el pueblo colombiano que habita entre millones de venezolanos, sino contra el plan terrorista orquestado por las mafias del paramilitarismo y del contrabando, que desde el inicio del proceso bolivariano se han propuesto borrar del mapa cualquier rastro de la construcción social ideada por Hugo Chávez.

La doble moral de los que gobiernan a Colombia.

Se golpea a las mafias, el plan internacional contra Venezuela se cáe

Entonces la defensa de los colombianos a la que se refiere Santos debería empezar por defenderlos de la privatización, del TLC empobrecedor, de las trasnacionales petroleras y mineras, del paramilitarismo, del exterminio a los dueños originarios, de la contaminación ambiental, del desempleo de las EPS, etc

Álvaro Uríbe Vélez, reconocido en el ámbito nacional e internacional por sus vínculos con el paramilitarismo y las mafias del narcotráfico, no podía perder un minuto en salir y tratar de entorpecer las relaciones bilate-

No hay que olvidar de dónde proviene el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Es heredero de una de las familias más adineradas del país y del grupo de aristócratas que desde hace dos siglos controlan la política y la economía nacional. Por ello parece ser que con las declaraciones frente a la crisis de la frontera, Santos estuviera burlándose de sus conacionales. Le echa la culpa al gobierno vecino de expulsar colombianos, y trata de ocultar las razones por las cuales esa cantidad de personas se vieron en la obligación de irse para Venezuela. Como se dijo, la mayor parte de ellos no tuvo otra opción que migrar al vecino país, para salvaguardar su vida o para conseguir cómo alimentar a su familia.


INUNDACIONES QUE CONTAMINAN

Misión de verificación en Caño Limón Este invierno ha traído inundaciones y contaminación como pocas veces se ha visto en el departamento de Arauca. Caminos, trochas y miles de hectáreas de cultivo fueron anegados por los ríos desbordados. La inclemencia del tiempo puso en evidencia, una vez más, la criminal indiferencia estatal para con las comunidades del departamento y la falta de inversión en infraestructura de todo tipo. La presencia de corporaciones multinacionales petroleras no ha hecho más que agravar esta situación de por sí inaceptable para un país que se dice democrático. Mientras las compañías

cional del Cabildo Abierto por la Permanencia Digna en el Territorio y la Defensa de la Vida, realizado el pasado 30 de Julio. En dicho cabildo se señaló que la presencia de las petroleras ha traído no sólo la muerte y el desplazamiento de la población, sino que ha significado también la destrucción de los recursos naturales que son su patrimonio. Según los testimonios de los pobladores, la situación se ve empeorada hasta el absurdo por el hecho de que tanto la fuerza pública como la seguridad privada de las compañías petroleras impiden transitar libremente por el territorio. A

Misión de verificación en Caño Limón petroleras extraen las riquezas del subsuelo y se quedan con más del 90% de la ganancia que esto genera, gran parte de la población, y en particular del sector campesino, está marginada de los programas de desarrollo e inversión del gobierno. Esta es una de las muchas razones por las cuales las comunidades que habitan en la zona de influencia petrolera, los municipios de Arauca y Arauquita, acompañaron el ejercicio constitu-

ello se suman testimonios de los pobladores de la zona que demuestran cómo la extracción de crudo ha contaminado fuentes de agua natural y taponado varios caños, ocasionando graves inundaciones que se agravan con el invierno. Gracias a una larga jornada de protesta de las comunidades afectadas por estos desmanes, se logró firmar un acta de acuerdo entre éstas y la petrolera Occidental Petroleum de Colombia, mediante el cual la multinacional se compro-

metió a reparar los daños que ha ocasionado a la población. Por todo lo anterior, el llamado de las comunidades afectadas ante las instituciones del Estado se centró en la exigencia del cumplimiento de dichos compromisos, de los cuales el gobierno quedó como garante. Otro compromiso de la OXY fue permitir que una comisión entrara al campo Caño Limón a fin de verificar las denuncias de la comunidad. Pero a la hora de cumplir ese compromiso, la multinacional empezó a decir que eso era propiedad privada y que no dejaría entrar a nadie. Finalmente, el día 18 de agosto el Comité de Verificación logró entrar a las instalaciones del complejo Caño Limón para inspeccionar los daños ambientales ocasionados por la petrolera. Fue así como se logró corroborar que existía una acumulación de materiales para construir una vía de acceso sin drenaje de agua. A ello se sumó la construcción de las estructuras de perforación, extracción y bombeo de crudo dentro de los humedales, que sirven como mecanismos naturales para controlar o contrarrestar las inundaciones. Esto ocasionó el taponamiento de los caños afluentes a los ríos principales que desaguan de manera natural en épocas de invierno. Estas intervenciones en desmedro del medio ambiente son una clara muestra de hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad social y ambiental de las corporaciones multinacionales cuando no existe un debido control de sus actividades por parte del Estado. Sólo una transformación del modo de producción en el país podrá lograr lo que a la luz de los antecedentes históricos parecería ser una verdadera hazaña: que el Estado Colombiano cumpla con su rol de representar los intereses del pueblo


LOS CRÍMENES DE LA BP EN COLOMBIA II

Por Rodrigo Vázquez

Edita Guenis de Arrigui Edith Guenis de Arrigui, viuda de Carlos Arrigui, dirigente social asesinado el 13 de Abril de 1995 en Yopal, Casanare, demandó a la compañía petrolera BP ante la Alta Corte de Londres faltando sólo dos días para que prescribiera la acción judicial por ese crimen. Habían pasado 20 años de impunidad tanto para los autores materiales como para sus ideólogos. Visitamos a Edith poco después de que iniciara la demanda. Queríamos desentrañar porqué la BP estaría interesada en la muerte de un líder campesino. Edith nos recibió en su casa con un tinto y enseguida comenzó a hablar de Carlos. “Su sueño era trabajar con la gente. Así no comiera, él decía que tenía que servir a la gente. Nuestra situación económica era tenaz, pero ese era su sueño”, dice Edith y sonríe, nostálgica. “Carlos inició su trabajo en Belén, organizando a los muchachos para jugar al fútbol y creando la escuela. Después entró a hacer parte de la Junta Comunal. Inició el sindicato de trabajadores en Belén y se fue a Bogotá, a capacitarse en la Federación Agraria. Sólo había llegado a primero de primaria. Faltaba lo económico para movilizarse y trabajamos en una finca ganadera. Era la época del M-19. El ejército la ocupó y asesinó a la gente de la cooperativa y del sindicato. La persecución fue tenaz. Nos tocó irnos. Lo único que teníamos era una máquina de coser”. Edith hace una pausa, respira profundo: “Fuimos a Jericó, donde Carlos se hizo amigo de la gente. Lo nombraron presidente de la junta. Yo no hacía más que llorar, porque estábamos lejos. Él me decía: ‘No m’ija, aquí hay que luchar por nuestros ideales’. Yo, que tenía padres católicos, lo único que hacía era prender velas a un santo. Entonces Carlos nos llevó a Monserrate:“Vea, ésta es la explotación más grande, la del clero” nos dijo. Ahí aprendí eso. Nos tocó irnos a Yopal. La situación era muy precaria”.

inversión y además arruinaba la carretera de El Morro con su maquinaria. La gente dijo basta y plantó un paro”. Según estimaciones de la propia BP, el paro significó una pérdida diaria de un millón de dólares. Quedaba poca gente que creyera en las petroleras. Edith puntualiza: “Después de que empezaron los problemas, Carlos le decía a la gente: “Ahora sí ve?” Y más cuando empezaron las amenazas por teléfono y por radio. La represión… Yo no salía”. Poco antes de ser asesinado, un vecino que era militar le advirtió a Edith que Carlos estaba en una lista negra. Cuando ella le pidió a Carlos bajar el perfil, él dijo que no tenía porque huirle a nadie. Cuando les hicieron el último allanamiento, Carlos siguió desafiante: “Hagan lo que hagan yo no me voy, ni los dejo a ustedes solos”, dijo. Lo asesinarían 20 días después. Fue difícil preguntarle a Edith sobre el día del asesinato: el Jueves Santo de 1995. En la tiendita que habían puesto hacía poco, Carlos juega al ajedrez con Gabriel Ascencio, otro sindicalista. Un muchacho llega a pedir cerveza, se la toma y se marcha. Una hora después vuelve con otro. Juntos, entran al orinal. El hijo de

Por esa época llegaron también a Casanare las petroleras OCENSA y British Petroleum. Como en todos los lugares donde vivió, allí Carlos se dedicó a concientizar a la gente. Cuenta Edith: “Cuando llegó la BP fue el dolor de cabeza más grande. Carlos ya era presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La BP no hacía ninguna

Funeral de Carlos Mesías Arruiguí en Yopal

Carlos, Vladimir, desconfía de ellos y le toca el hombro a su padre. Pero Carlos no le presta atención mientras continua jugando al ajedrez. Entonces Vladimir se acerca a Edith, pero ella tampoco le presta mayor atención. Hoy se arrepiente de ello: “El papá se fue con Gabriel Ascencio y el niño para adentro y al ratitico escuché unos tiros…” dice Edith y hace una pausa. Le falta el aire. Luego agrega con un hilo de voz: “El niño estaba ahí y vio todo. Uno de los muchachos sacó una pistola”. Los testigos aseguran que Carlos forcejeó con el pistolero y logró tumbarlo. Y que el segundo se acercó y disparó contra Carlos a quemarropa. “Después balearon a Gabriel”, agrega Edith, “… Y una vez caído los remataron a los dos. Al cuarto de hora ya estaba todo militarizado. El asesino pasó 8 días en la cárcel, salió y ya.” El asesinato de Carlos nunca fue investigado. Edith espera que sea una corte de Londres la que juzgue lo que pasó hace 20 años, pero hoy tiene bien claro tres cosas: “Primero, que el crimen benefició a la BP. Segundo, que en Colombia nunca hubo justicia y tercero, que como decía siempre Carlos: hay que seguir luchando.”


ESCUDOS HUMANOS

Escuelas, colegios y centros de salud en las zonas rurales de Tame y Arauquita son usados como trincheras por parte de la fuerza pública La problemática viene sucediendo en los centros poblados de Puerto Jordán, El Botalón, La Pesquera, Panamá, El Oasis, La Paz y Aguachica, en donde maestros y padres de familia han pedido al Ejército que no se ubique dentro de los centros educativos ni en sus alrededores, a fin de evitar que en una

posible alteración del orden público resulte afectada la comunidad educativa. Precisamente un hecho así se produjo en La Paz (Arauquita). Según denunció la directora del colegio ubicado allí, a la hora en que los estudiantes terminaban la jornada escolar se presentó un tiroteo en los alrededores del centro educativo, ocasionando angustia, zozobra y desesperación a la comunidad educativa. Niños, maestros y padres de familia tuvieron que resguardarse hasta que se calmó la situación para poder salir de ese lugar.

mediante la firma de tratados y protocolos. Esa excesiva militarización se corresponde con la cantidad de proyectos petroleros que ya existen o que se pretenden implantar en esta región. Tal situación fue recientemente denunciada por dirigentes comunales el pasado 6 de mayo, en reunión con el Vice-defensor Nacional del Pueblo, representantes de la ONU, la Defensora Regional del Pueblo y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Al no obtener respuesta alguna de parte del gobierno ni de los organismos de control del Estado, las comunidades realizaron un Cabildo Abierto por la Permanencia Digna en el Territorio y la Defensa de la Vida, el pasado 30 de julio. Allí se presentaron graves denuncias por afectaciones ambientales y violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, relacionadas con la presencia de la fuerza pública en Arauca. Se esperaba que las autoridades competentes tomasen las medidas necesarias frente a

Desde el mismo momento en el cual las tropas especiales del ejército llegaron al centro poblado de la Paz, la comunidad y sus dirigentes comunales denunciaron las infracciones a las normas y principios del DIH que venían ocurriendo, sin obtener respuesta positiva por parte de la fuerza pública. En el departamento de Arauca el ejército nacional ha desplegado su fuerza en poblaciones rurales y cerca o dentro de las instituciones educativas, vulnerando de manera flagrante las normas internacionales que regulan los conflictos armados, normas que el Estado se ha obligado a cumplir

Misión de verificación en La Paz

la mencionada situación, por lo cual se cursó invitación al gobierno nacional, al departamental y a las autoridades municipales de Arauca y Arauquita. Sin embargo, sólo hubo asistencia de la alcaldía de Arauquita y de la Defensoría del Pueblo; las autoridades del orden departamental y nacional brillaron por su ausencia. Los participantes del cabildo manifestaron estar cansados de ser usados como escudos humanos en el conflicto armado, porque esa situación viola derechos fundamentales como la educación. Los padres de familia se han visto obligados a no mandar a sus hijos al colegio, lo cual tampoco resuelve el problema de seguridad, puesto que la militarización se extiende a las viviendas y vías públicas de pequeños caseríos como La Paz y otros en los que habita la población civil. Tales espacios son en los que la gente desarrolla su vida cotidiana, por lo tanto, la exigencia más fuerte que se realizó en el cabildo fue la desmilitarización de la vida y los espacios civiles, es decir, que el Ejército Nacional salga de los caseríos lo más pronto posible. Hasta la fecha de cierre de edición de Trochando Sin Fronteras no se conocen medidas o decisiones que las autoridades civiles y organismos de control hayan tomado en relación con tan graves denuncias


ANJECO LANZA CAMPAÑA CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y EL SERVICIO OBLIGATORIO Las decisiones de la Corte Constitucional son ambiguas frente a los jóvenes que se encuentran en situación de remisos, puesto que ese alto tribunal declara que es necesario ‘compeler’ tales jóvenes para que definan su situación militar. Eso permite que se sigan dando las famosas redadas, en las que echan al remiso a un camión y lo llevan a cualquier parte del país a prestar el servicio. Por ello, defensores de los derechos humanos han manifestado que ese procedimiento representa es una violación grave a los derechos a la libertad de locomoción y a la libertad personal, dado que lo que se produce es una retención arbitraria.

Fuente: http://www.micomunados.com/lasbatidas-del-ejercito-son-ilegales/

En Colombia, la Constitución política Nacional y la Ley definen que todo joven mayor de 18 años está obligado a tomar las armas para defender la independencia Nacional y las instituciones públicas. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el servicio militar obligatorio responde al sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda de las instituciones y el mantenimiento del orden público en nuestro país. Con estos imperativos se encuentran los jóvenes en este país, enfrentados a 3 opciones: prestar el servicio militar obligatorio -de 1 a 2 años, según el caso-, pagar una multa por su condición de remiso o declararse como objetor de conciencia; esto último, como veremos más adelante, sin mayores resultados. En todas las ciudades de Colombia los jóvenes son incorporados al ejército para cumplir con el servicio militar obligatorio. En ese proceso de incorporación obligada, a muchos jóvenes se les vulnera el derecho a objetar conciencia, puesto que no se les permite plantear su deseo de permanecer ajeno al conflicto armado o, simplemente, su decisión de no usar armas de fuego. Según la sentencia C-728 del 2009 de la Corte Constitucional, para acceder al derecho de objetor -relacionado con la libertad de religión y de culto-, en primer momento el joven debe enviar una declaración de objeción al comandante del distrito militar donde esté ubicado, añadiendo todas las pruebas suficientes para tal fin. Pero esto no lo sabe cualquier persona, y tampoco es facilitado por los funcionarios encargados del reclutamiento. Por otro lado, las tales pruebas no las tiene uno en el momento de ser llevado por la fuerza a los cantones militares. Por todo lo anterior, se hace casi imposible ejercer el derecho a ser reconocido como objetor y, más difícil aún, ser exonerado de prestar el servicio militar obligatorio. Dado que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia queda en manos de quienes son precisamente los transgresores del mismo, la Corte se ha visto obligada a tomar medidas al respecto. En la sentencia T-455 del 2014 ordena al Jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional adelantar las acciones necesarias para que todas las autoridades militares del país encargadas de funciones de reclutamiento, reciban las solicitudes de objeción de conciencia, dándoles un trámite adecuado. Por supuesto, ello no se ha cumplido en la práctica.

Actualmente son más de 95.000 los jóvenes en condición de remisos que no se presentan a las instalaciones militares para resolver su situación militar, bien sea por razones políticas, religiosas, éticas, filosóficas o por el simple hecho de no poder responder con la multa que se les impone por estar en esa situación. El problema se agudiza cuando la Jefatura de Reclutamiento establece las dos únicas formas de cómo un remiso puede solucionar su situación militar; como primera opción el joven debe incorporarse para prestar el servicio militar y en este caso quedará exento de pagar multa. Sin embargo, en los requisitos piden justificación del por qué no se presentó en la fecha estipulada, donde el comandante de la zona es quien determina si la condición de remiso se levanta con multa o sin multa. Y como segundo punto el joven debe demostrar la exención legal mediante solicitud dirigida a la autoridad correspondiente, anexando los soportes o pruebas necesarias a fin de que la Junta de remiso tome la decisión. La siguiente gráfica nos muestra el trámite que es llevado a cabo por el Ejército Nacional, ubicando al joven que por diferentes razones incumple con el procedimiento o a aquellos que, también por diversas razones, deciden prestar el servicio militar obligatorio. Aquí va la gráfica 1, con el siguiente texto: Imagen tomada de Informe de la defensoría del pueblo; Bogotá, D,C., 2014 El aparato militar en Colombia juega un papel muy fuerte en la cotidianidad de los jóvenes en la ciudad y el campo. Una de las principales razones que llevan al joven a optar por el Servicio Militar es el ingreso económico que, a pesar de ser bastante precario, resulta un aporte a su hogar. Esto obviamente es alimentado por el desempleo y la falta de oportunidades para la educación superior que hay en nuestro país. Y es que hoy en día no se encuentran en la ciudad, barrio o vereda opciones para alguien que termina la secundaria o que tiene que abandonar el colegio por x o y razón. Un informe de la Defensoría del Pueblo, basado en datos de la Dirección de Reclutamiento, evidencia lo que acabamos de

referir: la mayoría de soldados incorporados para prestar el servicio militar obligatorio en el año 2013 son de estratos 0, 1 y 2, es decir, los jóvenes más pobres de Colombia. Aquí va la gráfica 2, con el siguiente texto: Informe de la defensoría del pueblo; Bogotá, D,C., 2014 Pero además de las razones expuestas, ANJECO se manifiesta en contra del servicio militar obligatorio porque éste significa obligar a los jóvenes de Colombia a integrar unas fuerzas militares que han sido puestas a defender los intereses que no son los nuestros, los del pueblo, sino los de una pequeña minoría. Por eso es común ver al Ejército o a la Policía cuidando los campos petroleros, los oleoductos, las minas de oro o de carbón y cualquier otro proyecto económico que no beneficia a los pobres sino a los ricos. Se ha demostrado en procesos judiciales que las fuerzas militares han desplazado campesinos, afros e indígenas; que han asesinado a otros jóvenes igual o más pobres que los que son reclutados (en los mal llamados ‘falsos positivos’; que persiguen y desaparecen a los líderes sociales; que representan un país que no está organizado para aquellos jóvenes que entregan su vida por él. Por ello los jóvenes que hacemos parte de ANJECO nos declaramos Objetores de Conciencia ante la guerra y la militarización de la vida. Denunciamos el servicio militar obligatorio como una imposición que viola el derecho a objetar conciencia y no da solución a miles de jóvenes que tenemos un proyecto de vida diferente. Porque consideramos que los jóvenes somos un actor de cambio en la realidad nacional y no debemos sostener la guerra que se promueve en el país. Por ello emprendemos el desarrollo de la campaña REMISO: Resistencia a la Militarización de la Sociedad. A través de ella promovemos la movilización de los jóvenes del país, para hacerle frente a la represión y vulneración de los derechos humanos por parte del Estado Colombiano. Exigimos que se dinamicen las herramientas legales adecuadas para que los jóvenes podamos hacer uso de ellas y que se brinden oportunidades laborales, educativas y recreativas para los jóvenes que se ven conducidos a optar por prestar el servicio militar 1 Artículo 216 de la Constitución Política de Colombia y Ley 48 de 1993

2 “La conducción del remiso sólo implica una restricción momentánea de sus libertades es claramente pertinente para que cumpla con la obligación de prestar el servicio militar, de lo que finalmente resulta una afectación moderada de la libertad personal y de la libertad de locomoción y un alto grado de satisfacción de la obligación de cumplir con el servicio militar de quien ha sido declarado remiso”. 3 Multa que equivale a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.288,700 valor aproximado 2015) por cada año de retardo o fracción sin exceder 20 salarios.


CUMBRE POPULAR URBANA, Ciudad Alternativa en Construcción

“El poder popular emana del Pueblo mismo” • Procesos de comunicación y formación popular alternativos en los territorios. • Incidir con propuestas construidas desde los territorios en los espacios y encuentros que discutan, propongan y decidan planes y políticas sobre el territorio. 4. Construir agendas y acciones territoriales con justicia social, incidiendo y tomando parte activa en las decisiones que afecten nuestros territorios, procesos y comunidades.

Ya empezamos andar, vamos por el derecho a la ciudad y al territorio, somos los excluidos, los que estábamos callados, los que día a día madrugamos para mantener una familia. La vivienda

El cambio climático es evidente. La minería, la privatización del río de la Magdalena y sus 19 represas, el plomo en los ríos, la contaminación de las ciudades por uso excesivo de vehículos, las grandes fábricas y las canteras nos llevan a pensar cómo haremos efectivo el derecho al medio ambiente.

Son muchos los problemas de la ciudad, no contamos con una vivienda digna porque 1. Profundizar las discusiones y avances cada día el gobierno ofrece espacios más de la Pre Cumbre Popular Urbana en los pequeños. Primero eran casas de interés siguientes aspectos: social, ahora son viviendas prioritarias y • Reconstrucción y recuperación de el hogar digno hogar no se ve. Por eso nos la Memoria de las luchas urbanas en los fuimos encontrando para responder y dar últimos veinte años. soluciones al problema de vivienda en la • Caracterización de los conflictos ciudad. presentes en el territorio e identificación de los puntos comunes de trabajo. El transporte público • Identificar los avances, debilidades, vacíos y propuestas para desarrollar en los La movilidad cada día la privatizan más y próximos años. los Sistemas Integrados de Transporte se van apoderando de las ciudades, imponien- 2. Construir una ruta colectiva que nos do el monopolio para beneficiar el capital permita diseñar alternativas desde los proprivado. Los buses ya no nos llevaran por cesos territoriales en relación a un modelo mil pesos, porque toca pagar la tarifa com- alternativo de ciudad y región que se matepleta. A los pequeños propietarios de buses rialice en una carta de la Ciudad de Bogotá y colectivos los van acabando. Han aumen- por el derecho a la ciudad. tado el Índice de Pasajeros por Kilómetro cuadrado (IPK), para sacar mayor ganancia 3. Construir, movilizar e impulsar: de cada vehículo. Por eso no envían rutas • Planes de vida y Mandatos Urbanos muy seguido, se crean largas colas y el Populares para los territorios que garantihacinamiento de pasajeros es cada vez ma- cen la justicia social y la vida digna. yor. El pasaje caro genera la necesidad de colarse, porque hay gente que no tiene para pagar. Por todo eso proponemos mayor frecuencia en las rutas y una tarifa preferencial para estudiantes, personas en condición de discapacidad y para los abuelos. La degradación ambiental


PRODUCTIVIDAD, LA SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA LA VIDA DIGNA Territorio y Soberanía vs Consolidación Territorial Hoy en los territorios los campesinos luchan por mantener viva la esperanza y la alegría de permanecer en sus territorios para construir poder social y transformar las relaciones sociales.

Para el movimiento social y político del Centro Oriente de Colombia la productividad es un elemento central o fundamental del trabajo porque de ella depende el bienestar de una buena parte del pueblo. Las comunidades de esta región del país organizadas en diferentes gremios y sectores que conforman el tejido social, han forjado su propio bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida. Por un lado, exigiendo al Estado colombiano la garantía de los derechos fundamentales y la inversión social, pero principalmente construyendo y llevando a la práctica el Plan Alternativo de Equilibrio Regional o Plan de Vida, que se contrapone al modelo depredador y de desarrollo que impone el sistema capitalista. En ese PLAN DE VIDA el movimiento social del Centro Oriente propone que la productividad –o desarrollo de las fuerzas productivas del pueblo- debe estar en equilibrio armónico entre seres humanos y la naturaleza, haciendo un uso racional de la tierra, respetando los ciclos naturales y atendiendo las capacidades del medio para brindarnos los alimentos y demás productos necesarios para la subsistencia. En nuestra propuesta de productividad los campesinos y demás trabajadores deben apropiarse de la ciencia, la técnica y la tecnología, pero además buscan elevar la capacidad de administración y autogestión, es decir, de organización de la producción. Así mismo planteamos formas alternativas de distribución de los excedentes de la producción, de tal manera que se puedan resolver las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. La erradicación de la coca y el apoyo estatal que nunca llegó En el 2007 los campesinos del departamento de Arauca erradicaron de manera voluntaria y autónoma cerca del 80% de cultivos de coca que existían en la región. Con esta acción el pueblo ha retomado su vocación agrícola y pecuaria, ha reorientado la producción de acuerdo a las posibilidades particulares del territorio; se han constituido asociaciones de plataneros en Saravena, Fortul y Arauquita, que junto a la de Tame conforman hoy el Comité Departamental de Plataneros, representando uno de los productos de mayor calidad en el país (en la variedad de plátano hartón). Lo mismo ha sucedido con lecheros, porcicultores, piscicultores y cacaoteros, entre otros. Precisamente éstos últimos han venido participando en exposiciones internacionales, ocupando los primeros lugares.

Arauca es hoy el 2do productor a nivel nacional de Cacao con 14300 ha sembradas, se destaca por ser el 1er productor de plátano con 29 mil hectáreas sembradas, de igual manera la producción ganadera y de otros sectores de la producción agropecuaria presentan datos y cifras significativas que reafirman la vocación agropecuaria de este departamento contrario a la idea de región petrolera que se ha vendido a la población. Los jóvenes han retomado su relación y tradición campesina de cultivar la tierra y volvieron a sus actividades estudiantiles, dedicando su tiempo libre al deporte, recreación, y el fortalecimiento de la identidad cultural. Luego de la erradicación voluntaria los campesinos araucanos no recibieron ningún tipo de apoyo gubernamental por erradicar la coca, esas cifras que hoy se presentan son fruto de la organización y movilización social. Arauca y el apetito transnacional Arauca y la región Centro Oriente de Colombia es apetecida por los intereses económicos del imperialismo y las empresas transnacionales como OXY y Pacific Rubiales. De aquí salen dos oleoductos (Caño Limón-Coveñas y Bicentenario) que transportan el crudo que esas empresas explotan.

Pero como lo mencionamos anteriormente las transnacionales tienen sus ojos puestos en esta región, actualmente el departamento de Arauca vive una militarización excesiva del campo, se intenta vincular al campesino al conflicto armado mediante programas “sociales” que adelantan las fuerzas militares, se señala y estigmatiza al campesino o se pretenden jugar con sus necesidades. Precisamente jugar y manosear las comunidades es como han definido los dirigentes campesino el papel del Plan Nacional de Consolidación Territorial que brinda unos recursos mínimos para quienes erradicaron la coca, pero con soterradas intenciones. Este plan busca insertar la fuerza pública en las comunidades, porque son ellos quienes lideran o auspician estos programas, en resumidas cuentas hace parte de un plan de guerra afirman dirigentes campesinos. La propuesta productiva de los campesinos se recrea en los espacios de reunión y debate, en foros, encuentros y/o festivales que pretenden afianzar y arraigar los campesinos a su tierra y territorio como el Festival del Plátano que año tras año desarrolla el Comité departamental de Plataneros de Arauca y la Asociación de Tame que en esta oportunidad llega a su sexta versión. Mientras los campesinos fortalecen su identidad, el Estado y las transnacionales no paran en su intento por imponer sus proyectos de cualquiera manera. Así, se configuran dos propuestas antagónicas en el territorio, donde la soberanía será un factor determinante

Esta es la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para el territorio


CUATRO ESPANTOS QUE ATACAN A LOS NIÑOS CAMPESINOS EN COLOMBIA

Por: Isaac Marín Lizarazo

La niñez campesina se encuentra en el extremo de la población vulnerable, en esa franja extensa que integran varios sectores de la población colombiana, en esta sociedad donde la brecha de desigualdad es ancha. Aquí diversas amenazas los asedian. No solo el problema de la vinculación a los grupos armados, situación de mayor preocupación en varias instituciones y organismos internacionales. “Yo los llamo los cuatro espantos que atacan a la niñez campesina y son causales de que muchos niños resulten en las filas de los grupos insurgentes; estos son: la pobreza, el trabajo excesivo, los castigos, y el acoso sexual”. Así los define un veterano profesor de un colegio rural, al referirse con preocupación a las mayores causas de deserción escolar, a la vinculación de los niños a los grupos armados y al desdén del gobierno y de la sociedad. Las familias campesinas que habitan las regiones más apartadas en su mayoría viven en condiciones de extrema pobreza, carecen de elementos básicos como el vestido, calzado o una vivienda digna. Estas realidades son caldo de cultivo para que niños y adolescentes, buscando oportunidades y mejores condiciones de vida, abandonen la escuela, migren a las ciudades o se enrolen en los grupos armados. Otro factor es el trabajo en el campo, que es rudo y de extensas jornadas que involucran a todos los miembros de la familia; Todos deben trabajar, no importan sus condiciones físicas, edad o género, porque la economía campesina

no da para pagar muchos obreros. Así, es muy frecuente que niñas y niños realicen trabajos riesgosos, duros y extenuantes. No porque sus padres tengan la intención de explotarlos laboralmente, sino porque el trabajo del campo es mal remunerado, y la única forma de suplir las necesidades básicas es que toda la familia produzca. Con frecuencia los chicos campesinos son sometidos a castigos físicos por sus padres o parientes cercanos, sin saber que las fueteras y reprimendas no corrigen ni educan al niño; por el contrario estas se constituyen en maltrato físico y psicológico, generan resentimiento, inseguridad, pérdida de su autoestima, provoca deserción escolar y hasta el abandono de su hogar.

remuneraciones y desarrollando actividades que atentan contra su dignidad. Nada justifica que los niños estén involucrados en la guerra, pero es deplorable la doble moral de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, así como de los medios masivos de comunicación que se limitan a rechazar ese fenómeno, pero se quedan callados frente al hecho de que miles de niños sean obligados a las duras labores del agro, a trabajar en el microtráfico, en las ventas callejeras, cantando en los buses para colectar monedas o ejerciendo la prostitución. Difícilmente se superarán las causas de la violencia si la niñez sigue viviendo en tales condiciones y no en su casa, en la escuela, disfrutando su niñez

Otro espanto es el del acoso sexual que con frecuencia ronda a niñas, niños y adolescentes en su hogar. Suele darse por un miembro de su familia o alguien cercano a la casa y es un problema que los chicos sufren en silencio, por lo que se ven obligados a tomar decisiones desesperadas con tal de liberarse de los abusos y maltratos. Ahora la reflexión es si los niños prevalecen sobre los demás, y si la familia, la sociedad y el estado están obligados a asistir y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Es necesario llamar la atención de por qué en Colombia hay más de 1.380.000 casos de trabajo infantil, no sólo en labores del campo, muchos en el trabajo informal, con míseras

a

o g lo ser n e v o s


CRÓNICAS CUBANAS I: EL SOCIALISMO EN CUBA

Harry “Pombo” Villegas, Orlando Castro y Hernando Cruz, La Habana, agosto de 2015

Cuba se derrite en el verano más caluroso desde 1880, mientras el Secretario de Estado norteamericano John Kerry iza la bandera de su país en La Habana. La misma bandera que hace 54 años fue quitada al hacerse pública la agresión de Estados Unidos contra el naciente socialismo cubano. Era 1961. Días después de retirar su embajada, EEUU instigaría un ataque paramilitar contra la isla, la invasión de Playa Girón, que pasó a la historia como la primera derrota militar norteamericana del siglo 20 en América Latina. Desde el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba el 17 de diciembre del año pasado, el veterano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Orlando Castro, viene sosteniendo que es el socialismo cubano el que ha logrado que el gobierno norteamericano cese su agresión abierta. Trochando Sin Fronteras conversa con él, acompañado por el luchador social y agricultor colombiano Hernando Cruz, exiliado en Venezuela tras ser perseguido durante décadas. Nuestro objetivo es hablar con Orlando y con Harry Villegas –alias “Pombo”, veterano de la Sierra Maestra y sobreviviente de la campaña del Che Guevara en Bolivia. Nuestra primera charla con Orlando es reveladora del entusiasmo con el que se llevó a cabo la revolución en Cuba. Él tenía 15 años y, al igual que toda su familia, se puso a disposición para trabajar en pos del socialismo. Tuvo sus primeros roces con el conflicto Cuba - EEUU durante la crisis de los misiles en 1962, aprendiendo de los soviéticos el uso del equipamiento militar que éstos dejaron en la isla una vez retirados los controvertidos misiles. El saludo inicial es fraterno. Enseguida nos ponemos a charlar. “Aquí nuestra revolución se hizo improvisando, con mucho sacrificio pero también con entusiasmo. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría todo de nuevo”, dice Orlando con una sonrisa que compartimos. “Fueron los yanquis los que empezaron la agresión contra Cuba. Y nuestra revolución tuvo que inventar un nuevo camino para hacer el socialismo que tenemos, sin manuales ni instrucciones ”, agrega. Le preguntamos por los cambios económicos realizados hasta ahora. Orlando responde: “Seguimos inventando. Estos cambios son para mejorar el socialismo”. Hernando Cruz asiente y opina que es así como debe construirse la nueva sociedad.

Orlando quiere saber sobre el proceso de paz en Colombia y la situación en Venezuela. “Pues no vemos cómo puede haber paz sin que se solucionen las causas de la guerra”, responde Hernando. “Sin justicia social, con la explotación de las multinacionales y la persecución a los luchadores sociales, no puede haber paz”, agrega. Orlando piensa que la paz en Colombia sólo será posible si hay un cambio de régimen político. Volviendo a Cuba, Hernando pregunta si hoy los jóvenes participan en los cambios a través del Partido Comunista. Orlando piensa un momento y contesta: “El último Congreso de la Juventud Comunista me ha dado aliento. Pero no son todos los jóvenes los que participan”, dice. “La mayoría esta de acuerdo con las reformas económicas y atraer inversiones, pero hay que estar vigilantes”, advierte. “Una parte de la nueva generación tiene una mentalidad de corto plazo. Quieren satisfacer sus necesidades ya”. A Orlando le preocupa que no se valore justamente lo que constó a su generación mantener a Cuba independiente del poder estadounidense. Llega la hora de ir a visitar a Pombo, en su modesta casa del barrio Playa, donde nos recibe con un ron. Le preguntamos qué diría el Che de lo que está pasando en Cuba hoy, a lo que contesta: “El Che no confiaba en el imperialismo ni tantico así”, dice, citando a su querido comandante. “Yo pienso lo mismo, y eso es lo que piensa Fidel”, agrega con

Fuente: diarionuevosur.com

vehemencia. “No por restablecer relaciones vamos a olvidarnos de la agresión yanqui que durante tantos años tuvimos que soportar y de la que ahora lanzan contra Venezuela, un país que es tan importante para nosotros”, dice mirando a Hernando, quien comenta: “Sí, allí la derecha está especulando con los alimentos y creó el desabastecimiento de productos básicos para tumbar al gobierno”. A lo que Pombo agrega: “Pues allí hay que concentrar el poder de fuego. Y Cuba seguirá firme junto a Venezuela”. Pombo opina que se vive un momento complicado en los gobiernos progresistas tanto en Venezuela como en Brasil, en Ecuador y en Argentina, por la ofensiva de la derecha para dar marcha atrás a los avances sociales de la última década, que han logrado redistribuido la riqueza en esos países. Esa estrategia se ve más claramente en Venezuela, por lo que Pombo sugiere que si la burguesía y el imperio proponen una guerra allí, habría que librarla, contando con la mayoría del pueblo. En cuanto a Cuba, advierte que “como decía Marx, hay que resolver el problema de la escasez primero, para poder construir el socialismo. Aunque el Che no estaba de acuerdo con pasar por el capitalismo de Estado para eso. Necesitamos atraer capitales para desarrollar las fuerzas productivas, pero no hacer capitalismo”, concluye Pombo. Queda en el aire la duda de si la nueva conducción cubana, y una anunciada reforma Constitucional en el 2016, lograrán sostener el proceso revolucionario o, por el contrario, se dará un paso hacia un capitalismo de Estado más que transitorio. “Lo importante es que el pueblo participe desde la base en los cambios. Hay que estar vigilantes, pues el apoyo de EEUU a las negociaciones de paz en Colombia y la agresión a Venezuela están conectadas y, por ende, la guerra continúa”, opina Hernando. Estos tres luchadores, que han dedicado su vida a construir el socialismo, coinciden en la necesidad de continuar la lucha, ahora más que nunca. La nueva estrategia estadounidense de atacar a Venezuela mientras negocia con Cuba y promueve la desmovilización de las guerrillas en Colombia, parece ser un capítulo más del largo conflicto, no su fin. Hernando, Pombo y Orlando esperan que el pueblo sepa participar y organizarse para defender sus derechos y sus conquistas en esta nueva etapa de la lucha


“No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante.”

El 8 de octubre de 1967 asesinaron al Ché. Como diría él mismo, “podrán morir las personas, pero jamás sus ideas”. Por eso hoy nos identificamos con su pensamiento y mantenemos en alto la consigna por una sociedad sin miseria, injusticia ni explotación.


Edición 23 | Trochando Sin Fronteras | Agosto - Septiembe 2015