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Julio-Septiembre de 2018 ISSN 2619-3116
Medio Informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia
Páramos para la gente, Paramos para la Vida
Páramos para la Soberanía, Paramos para avanzar La renovación del viejo poder
POLÍTICA
Pág 4
Caravana por el territorio y la dignidad de los pueblos
DERECHOS HUMANOS Pág 7
En Boyacá siguen diciendo No a la explotación de hidrocarburos
AMBIENTE Y TERRITORIO
Pág 9
Duque y los gremios, los intereses de los terratenientes y del capital financiero
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al como lo mencionamos en la anterior editorial de este medio informativo popular, acudimos a un momento político esp e cial donde s e empieza a evidenciar las reales intenciones del gobierno de Iván Duque que se encaminan a continuar favoreciendo los intereses de su clase, la burguesía colombiana. Comenzamos por referirnos a la composición de su gabinete de Gobierno, c onformada p or personas que han estado relacionados con los principales casos de corrupción, que tienen un pasado reciente de apoyo y connivencia con las estructuras paramilitares, comprometidas con los intereses de la clase terrateniente y ganadera del país, así como, al servicio de las empresas transnacionales que saquean y despojan los territorios y b i e n e s d e l a n at u r a l e z a , e n detrimento de los intereses de las mayorías del pueblo colombiano. Un claro ejemplo, el ministro de defensa Guillermo Botero Nieto quien preside una cartera que tiene que ver c on la defensa de la soberanía nacional y asuntos de guerra, sin haberse posesionado hizo su primer anuncio de restringir la protesta s o cial. Declaraciones como esa, en un país envuelto en el caos con altos niveles de pobreza, miseria y desempleo, con un campesinado abandonado a su suerte, que lo llevarán en el corto plazo a la lucha y movilización social como única herramienta de exigibilidad de dere chos, deja claro que este Gobierno seguirá dando tratamiento de guerra a la protesta en lugar de un abordaje social y político. D e igual manera, el ministro Botero, frente a los cultivos de coca ha dicho que la erradicación no va a s er voluntaria c omo lo había concertado el anterior Gobierno, sino que s e hará de forma obligatoria y a través de aspersiones aéreas con glifosato, así, ha ordenado a la Fuerza Pública darle un tratamiento de delito a ese tema y no como un problema de orden social y económico del modo establecido en los acuerdos de La Habana. Si vemos el ministerio de hacienda estará presidido p or Alb erto Carrasquilla, quien fue ministro de hacienda en el Gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007, impulsor de políticas neoliberales como la reforma constitucional de 2005, mediante la cual se modificó el régimen pensional y acabó con el régimen especial de pensiones, creación de las zonas francas
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especiales, la ley de estabilidad jurídica para beneficiar a empresas transnacionales, partidario de la venta de activos estratégicos de la nación como Ecopetrol, entre otras. Para este periodo promete una nueva reforma tributaria a fin que la clase media y pobre del país pague más impuestos y las empresas paguen menos; y un recorte drástico de los aportes que el Estado hace a los colombianos en materia de pensiones. La ministra de minas y energía María Fernanda Suárez Londoño, asumió la tarea de profundizar la locomotora minero energética a través del fracking (técnica que permite extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en capas de roca que se encuentran a gran profundidad. Al perforar la roca, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca.). Por otra parte, el presidente Iván Duque ha anunciado su posición política frente a la implementación de los acuerdos de La Habana y los ajustes que habría que hacerle a la Jurisdicción Especial para la Paz; así mismo, cierra las posibilidades de una solución política al conflicto a r m a d o a l e x i g i r d e m a n e ra unilateral y por fuera de la mesa de diálogo con el ELN las condiciones de suspensión de todas las acciones de esa organización rebelde, como muestra de voluntad de desmovilización, desarme y reinserción. Ha anunciado también, la reforma a la justicia, con miras a unificar las cortes para garantizar la impunidad en los crímenes de Estado. Se prevé que las relaciones de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, y el cumplimiento de todas las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDEserán cumplidas y profundizadas en el gobierno de Duque, quien además seguirá torpedeando los espacios de articulación regional como UNASUR, de donde presentó la carta de retiro; así mismo, priorizará las relaciones con países de Latinoamérica donde se va a ahondar la cooperación con los regímenes ne olib erales, y s e terminará de alejar de los países c on gobiernos p opulares o demo crátic os, tales s on los anuncios frente al Gobierno venezolano y la posibilidad de desconocimiento del fallo internacional sobre la delimitación de áreas marinas en la costa con Nicaragua.
Pasando al plano regional latinoamericano, el pueblo brasilero ha evidenciado mediante multitudinarias movilizaciones el favoritismo de Luis Ignacio Lula da Silva como candidato a la presidencia, en un claro rechazo a las p olíticas represivas aplicadas después del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Se continúa la intención de derrocar el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, ya no a través de los golpes blandos, sino haciendo uso de la violencia terrorista con el apoyo de EEUU y Colombia se intenta sacar del camino, no solo al presidente, sino a la conducción política del Gobierno y al alto mando militar presentes en un acto de conmemoración de un nuevo aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta arremetida se aceleró debido al fracaso del golpe blando ante la respuesta organizativa del pueblo, y la implementación a partir del 20 de agosto del nuevo cono monetario que tiene que ver con la supresión de cinco ceros en los billetes y el anclaje de éstos a la criptomoneda con lo cual se terminará la dolarización de la economía venezolana augurando sup erar la crisis financiera causada por la guerra económica. Caso parecido, ocurre en Nicaragua, donde se pretendía un golpe de Estado utilizando la oposición y un sector de las juventudes, y que causó la muerte de más de 100 personas. En el plano internacional, la continuidad de la guerra contra Palestina sigue generando muerte a los pobladores, así como, despojo y saqueo de sus territorios. Estados Unidos, impone medidas económicas contra Rusia, China, Turquía e Irán, buscando un control global sobre los territorios y sus recursos, sin embargo, éstos países han resp ondido c olo cando aranceles a las mercancías norteamericanas que llegan allí y avanzan e n e l fo r t a l e c i m i e n t o d e s u s relaciones políticas y económicas en una clara puja por el establecimiento de relaciones multipolares. Ante este panorama, nos queda a los pueblos del mundo continuar fortale ciendo el tejido s o cial, articular los planes de vida, ejecutar las apuestas políticas de construcción de condiciones de vida digna, afianzar el relacionamiento internacional que nos permita hacer frente a todo ese proceso de globalización capitalista.
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El periódico Trochando Sin Fronteras es una publicación de la Corporación Trochando Sin Fronteras
Dirección General Mauricio Reyes Rojas Editor Sandra Riveros Colaboradores Edición N° 36 América Niño Leguizamon Giovanny Bermúdez Isaac Marín Lizarazo Gustavo Torres Kuatizo Ayala Ever Guerrero
Concepto gráco y diagramación Mauricio Reyes Rojas Foto Portada
Mauricio Reyes Rojas Contacto trochandosinfronteras@gmail.com
Las opiniones, análisis y/o similitudes expresadas por los autores, artículos, fotos o gracos, son libres y de ellos son responsables sus autores
Fundado en 2009
Editorial ... Pág 2 Los pasivos ambientales en Casanare, lucro para las empresas ... Pág 3 La renovación del viejo poder ... Pág 4 Entre anaqueles y realidades; entrada de Colombia a la OCDE ... Pág 5 Páramos para la gente, paramos para la vida, páramos para la soberanía, paramos para avanzar ... Pág 6 Caravana por el territorio y la dignidad de los pueblos ... Pág 7 Contradicciones y fracturas ... Pág 8 de la hegemonía Neo oligárquica En Boyacá siguen diciendo NO a la explotación de hidrocarburos ... Pág 9 En ningun momento nos dijeron “Van a perder el derecho al Cauca” ... Pág 10 Vamos por FECODE con Juan Luis Granados Soto, Trabajamos porque ... Pág 11 otra práctica sindical es urgente
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AMBIENTE Y TERRITORIO
Los pasivos ambientales en Casanare, lucro para las empresas Por: Gustavo Torres - Líder comunitario de Yopal -Casanare
Cadáver caimán, sequia Casanare 2014 - Foto de Archivo
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asanare, s e c onvirtió en departamento pro ductor petrolero a partir de 1990, donde, se inició una transformación cultural y s o cio e c onómica provocando un choque entre la cultura casanareña, los intereses y la c u l t u ra p e t ro l e ra , a d e m a s l a migración hacia el departamento, pro dujo un aumento desproporcionado de la población paso de 158.149 habitantes en al año 1993 a 362.721 para lo corrido del año 2016, es decir un aumento del 130%, un crecimiento casi del doble del que se registró a nivel nacional en ese mismo periodo de tiempo según fuente DANE, no se tuvieron programas sociales para mitigar la problemática social que se generó, que aún hoy en día sus consecuencias son notorias. El boom petrolero de esas décadas finalizo a mediados del año 2016, después de tener el barril de crudo en 2008 a más de US 130 y mantenerse por encima de los US 100 hasta el último trimestre de 2014 según fuente Ecopetrol, con estos precios se despertó un interés inusitado de las multinacionales y el Gobierno Nacional en busca de recursos económicos hizo la más fácil entrego bloques petroleros a este sector extractivo, sin tener en cuenta los parques naturales, reservas naturales, páramos, zonas de importancia hídrica y ecosistemas sensibles, originando c ontaminaciones, p erdida del recurso hídrico, de fauna y flora, así como tampoco se tuvo en cuenta a la toda la población aledañas a las zonas de exploración y explotación, razón por la cual estas comunidades buscando la protección de estos ecosistemas y por los constantes incumplimientos a los acuerdos entre las multinacionales y esta población, se han manifestado por
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medio de marchas, protestas y consultas populares en contra de esta actividad. Para compensar en algo y mitigar mínimamente este desastre ambiental hasta el año 2006 el Gobierno Nacional a través del decreto 1900, reglamento el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 “Por el cual todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la re c u p e ra c i ó n , c o n s e r va c i ó n , preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica”, el mismo decreto señala que el titular de la licencia ambiental deberá presentar ante el ANLA dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en operación el proyecto la liquidación de las inversiones realizadas y deberán estar certificadas por el contador público o revisor fiscal, del año 1993 al 2006 que se reglamentó la ley pasaron trece años, sin que se sepa del aporte tendrían que haber realizado este sector extractivo, estas son una de las tantas prevendas y regalos entregados a este sector por los gobiernos de turno. Adicionalmente, el mismo decreto señala que el solicitante de la licencia ambiental presentará simultáneamente ante la autoridad ambiental, el Estudio de Impacto A mb i e n t a l y e l p ro g ra m a d e inversiones correspondiente a la inversión del 1% y deberá contener como mínimo la delimitación del área donde se ejecutará, el valor en pesos constantes del año en el que se pres ente, las actividades a desarrollar y el cronograma de ejecución respectivo, igualmente,
cada vez que se vaya a ser una modificatoria a la licencia y que involucre el recurso hídrico, se deberá liquidar esta inversión por el valor del proyecto a realizar. En el año 2016 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible expide el decreto 2099 donde s e hicieron algunas modificaciones al decreto 1900 como son: La inversión forzosa no será inferior al 1%, es decir, podrá ser superior a este porcentaje, ¿será que alguna multinacional va aportar más del 1% en el marco de la responsabilidad social? La inversión se hará con el siguiente ámbito ge ográfic o y orden de prioridades, en la sub-zona hidrográfica dentro del cual se desarrolla el proye cto o zona hidrográfica donde se desarrolla el proyecto, esto es muy importante anteriormente, la poca inversión del 1% se estaba haciendo lejos del área de influencia directa ejemplo en el nacedero y en la cuenca del rio C r a v o S u r, a h o r a c o n e s t a modificación “subzona Hidrográfica” se puede hacer estas inversiones dentro de las m i c ro c u e n c a s d e l b l o qu e d e exploración y explotación que son las áreas realmente afectadas por este sector extractivo.
Lo critico del tema es que se ha oficiado al ANLA en varias oportunidades solicitando el valor d e l p a s i vo a mb i e n t a l p o r l a inversión del 1% y de las compensaciones por aprovechamiento forestal, cambios del uso del suelo y pérdida de biodiversidad para el departamento y no han sabido dar razón alguna, más aún cuando es obligación presentar con el Estudio de Impacto Ambiental la propuesta de la inversión a desarrollar y las áreas a compensar, es decir la autoridad ambiental está entregando las licencias sin el lleno de los requisitos exigidos, y sin hacer seguimiento al cumplimiento de las licencias ambientales, igualmente, Corporinoquía no nos ha dicho que cantidad de recursos invertidos, qué proyectos se hicieron, cual ha sido el seguimiento y el impacto en la zona, con los pocos recursos que se han invertido, estamos ante unas entidades totalmente pasivas y entregadas a la buro cracia y clientelismo, donde prima el interés económico antes que la protección y conservación de nuestros recursos n at u ra l e s , d e a h í l a f a l t a d e credibilidad y confianza en estas autoridades ambientales.
Sobre la destinación de estos recursos, la novedad está en que se pueden destinar a sistemas de recuperación a través de construir interc eptores y sistema de tratamientos de aguas residuales domésticas, para los municipios de categoría 4,5 y 6, que, por cierto, estas funciones son del Estado que tendría que solucionar con recursos propios.
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POLÍTICA
La renovación del viejo poder Por: Giovanny Bermúdez
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on la elección de Ivan Duque como presidente de la república de Colombia para el periodo 2018-2022, se cierra el ciclo electoral colombiano. Este deja como resultado un oscuro régimen de gobierno sostenido en un retrogrado caudillismo de ultra derecha y reacomoda la correlación de fuerzas en la súper estructura política e ideológica de nuestra sociedad. Ello en medio de una crisis económica con salidas limitadas, un inocultable proceso de descomposición de la institucionalidad estatal del país, un panorama de fuerte incertidumbre generado por una economía internacional a la deriva, una agudización y extensión de las tensiones geopolíticas que resquebrajan aún más el decadente orden mundial. Las fuerzas retardatarias organizadas en el uribato consiguieron hegemonizar el espectro político de la institucionalidad colombiana, colocándose al frente de la tradicional dominación oligárquica del país. La crisis del “santismo” y el fracaso del “llerismo” motivo la transacción del respaldo político de los sectores del empresariado nacional y extranjero hacia el uribato, que ofreció una mejor alternativa para la gestión política de sus intereses, permitiendo la renovación de la dominación oligárquica, viejo poder, cerrando filas a la socialdemocracia que capitalizo parte de la participación popular y los sectores medios a través de la política de la urna. El resultado no pudo ser peor para las clases trabajadoras que sufrirán la contundencia de las políticas promocionadas por parte del uribismo: ampliación de impuestos regresivos y depreciación de salarios, grades excepciones a latifundistas y excepciones a empresarios nacionales y extranjeros, impunidad transicional como máxima expresión de la justicia guerrerista, tenebroso y contraproducente caudillismo cubierto con un halo de despotismo democrático, terrorismo psicológico, exterminio social y político hacia todo tipo de fuerza social considerada enemiga del statu quo, reacomodamiento territorial del poder para militar como las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La vuelta al poder del cartel de pillos y gánsters que comanda el señor Alvaro Uribe Vélez, ha sido lograda en un momento oportuno para los intereses de este sector. Por un lado, porque el acorralamiento judicial del “eterno tirano” y su pandilla, debido a sus vínculos con crímenes de lesa humanidad y abuso de sus funciones en el Gobierno puede ser reversado judicialmente; a la vez, se da la oportunidad para un inescrupuloso ajuste de cuentas
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Duque ofrece renovación, pero lo primero que hace es invocar a Uribe, Pastrana, Martha Lucia... foto: www.pulzo.com
con toda clase de contradictores y enemigos políticos. Por otro lado, la regresión de los mínimos avances de los acuerdos de La Habana Cuba es inminente, pues amenazan intereses de sectores políticos y económicos, neo terratenientes, empresarios y narco paramilitares afines al uribismo. Así, se reversará lo acordado en términos de tierras, justicia transicional y participación política, pues se congelará la ya insuficiente democratización y modernización de la estructura agraria, se obstaculizará el proceso de juzgamiento de las responsabilidades de la violencia reaccionaria en el conflicto armado, se limitará la participación política de los ex insurgentes en el decadente Estado colombiano y, se buscara marginar políticamente, degradar y reducir a su mínima expresión lo que queda de insurgencia armada. El uribato recompuso su hegemonía, renovó sus liderazgos, cohesiono ideológica y políticamente los sectores más regresivos del país, dio gabela al gatopardismo de la clase política y, luego de su victoria en el plebiscito refrendatorio de octubre del 2016 y las parlamentarias de marzo del 2018, dio el golpe de mano del 7 de junio pese al optimismo de los sectores progresistas y de las aun minúsculas pero expectantes fuerzas reformistas y socialdemócratas que incursionaron con cierto éxito en la pasada coyuntura electoral. Lo sucedido con la social democracia, reformistas o progresistas, tubo un grado de importancia considerable, el “petrismo” y el “fajardismo” lograron movilizar amplios sectores populares y clases trabajadoras de estratos medios que apoyaron y legitimando distintas miradas de los problemas nacionales y diferentes formas de orientar el avance social, económico y político del capitalismo colombiano. A su forma al final eran caballos de troya, uno escondiendo intereses del empresa-
riado antioqueño y el otro por más coqueteos que intento no encontró apoyo en el empresariado nacional y los sectores del liberalismo, con quién siempre ha pujado contraproducentes alianzas. Con criterios de justicia social, reconciliación democrática, modernización educativa, transparencia pública y diversificación económica, las estrategias de campaña de este sector recogieron y entumecieron el descontento social y popular con la odiosa situación nacional. En algunos casos se tendió puentes con sectores del empresariado y trabajadores medios, en otros con organizaciones de base, movimientos sociales y “ciudadanos libres” que les permitieron cimentar clientelas electorales insuficientes para hacerse al Gobierno, pero considerables para impulsar sus propuestas programáticas, como base de la política alternativa con cierto tufo caudillista. La derrota de la socialdemocracia, hoy al margen del poder y del gobierno, se alimenta optimistamente del posible éxito que los resultados electorales les dejan percibir a futuro. Esto motiva su sentimiento de aceptación del juego democrático colombiano y de su maltrecha institucionalidad, que requiere reparos para viabilizar un capitalismo más humano o redistributivo que permita “enriquecer los más pobres sin empobrecer los más ricos”, garantizar la inversión productiva e ingenuamente contener la corrupción inherente al pillaje capitalista. Aun con diferencias entre sí y en la orilla opositora la socialdemocracia mantiene consensos con los sectores del bloque dominante: conservar el falso espíritu de reconciliación del post conflicto, sanear la crisis de legitimidad de la institucionalidad y la democracia colombiana, finiquitar el proceso de derrota insurgente, moldear la joven y prometedora fuerza laboral nacional y
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buscar salidas al desarrollo económico del capitalismo mediante la diversificación de sus patrones de acumulación. Los movimientos populares y la izquierda “democrática y revolucionaria” sistemáticamente exterminada, judicialmente y militarmente perseguida, encontró en su nueva condición política limitaciones para posicionarse con perfil propio, apropio un seguidismo de oportunidad, en su mayoría, burocrático y embusteramente programático, experimento su disciplinamiento vía cooptación ideológica, coerción institucional, amedrentamiento judicial y exterminio selectivo. Ello desprende el reto de ganar perfil político, mayoría de edad y configurar condiciones de autonomía social y política y, proyectar sus propuestas estratégicas de país. El actual escenario desata tendencias de derechización difíciles de transformar en lo inmediato, y su confrontación debe ubicarse en la acumulación de fuerzas para sí, y no como una táctica para fortalecer el caudillismo de la nueva izquierda, entender los límites del parlamentarismo en el momento actual y disputar la clase obrera y popular al uribato, único factor capaz de cambiar la adversa situación. Se abre un ciclo político que reordena el ajedrez de la lucha de clases en Colombia y deja un bloque dominante con tensiones y contradicciones, pero con consensos claros sobre como conservar condiciones de hegemonía. Una izquierda multifacética con claras tensiones y en un proceso de reacomodamiento de sus distintas tendencias que posiblemente despertara un nuevo ímpetu de reconfiguración política e impulso de su vocación de poder que deberá desmarcarse de su acostumbrado caudillismo y concentrar sus esfuerzos en la configuración estratégica de factores reales de poder social y popular.
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ECONOMÍA
Entre anaqueles y realidades; entrada de Colombia a la OCDE
Por: Kuatizo Ayala
Juan Manuel Santos acepta integrar la OCDE foto: Cofidencial Colombia
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sculcando entre anaqueles, encontré apuntes sobre los pactos internacionales de Colombia, se refiere a la entrada de Colombia a la OCDE, otra de las perlas que los gobiernos nacionales han firmado en contra de los intereses de la clase popular. ¿Pero que es la OCDE?, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[1], es una organización intergubernamental, creada mediante la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), suscrita el 14 de diciembre de 1960, en París, Francia, y la cual entró en vigor el 30 de septiembre de 1961. Ésta organización nace como un club de países ricos, los países son distintos pero con un denominador común “todos capitalistas y con políticas neoliberales[2]”, actualmente 36 países[3] tienen membresía[4]. Su principal objetivo es el de realizar la más fuerte expansión de la economía, Su misión es “construir economías sólidas en sus países miembros, mejorar la eficiencia, los sistemas de mercado nacionales, ampliar el libre comercio y contribuir al desarrollo tanto en países industrializados como en desarrollo”. En pocas palabras, la OCDE actúa en nombre de y en colaboración con sus gobiernos miembros para promover políticas y comercio de libre mercado. Retomé los apuntes y después de consultar varios expertos y fuentes bibliográficas entre ellos uno titulado Estudios económicos de la OCDE Colombia de mayo 17 de 2017 que lo leí con detenimiento y de manera diagnóstica cuenta varias verdades como decir que éste país, aunque no es petrolero sí depende de la renta del petróleo, que la educación no es competitiva laboralmente, que el sistema vial no corresponde a la cons-
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trucción de un Estado moderno, que la productividad es baja y que se debe hacer mayor investigación e innovación tecnológica. Para tener mayor claridad de lo que querían decir esos apuntes un amigo de los entrevistados me recomendó una página en internet llamada Razón Pública y efectivamente me envío un enlace sobre las tareas pendientes[5] entre Colombia y la OCDE, también recomiendo leerlo, pues argumenta e ilustra sobre la pobre o casi nula inversión en investigación ciencia e innovación tecnológica cuya inversión es apenas del 0,2 por ciento del PIB[6] nacional, suma irrisoria para un país que se supone ingresa a un selecto club de mercado. Indagando sobre las cosas positivas se encuentra que el gobierno Santos lo cacaraquea por ser un buen negocio para los empresarios y la burguesía en general y no para la clase popular o trabajadora. El convenio sirve a los empresarios debido a que es un club de buenas prácticas y eso significa mayor acumulación de ganancia. Los acuerdos de Minta denominados así al acuerdo firmado entre Colombia y OCDE en México en 2014, son libre de impuestos para las importaciones o exportaciones de la OCDE, si por alguna razón se le realiza tributación, esta debe ser reintegrada. Aunque algunos alegan que éste no es un tratado de libre comercio, si es un Forum donde se decide la política en materia comercial y con dichas excepciones estamos hablando de tender la sábana para que otro coloque sus productos, los comercie, deje la tela sucia, pero sin pagar la lavada y menos da jabón, quiere decir que el país no se beneficia por éste negocio.
Los expertos argumentan que Colombia no se va a transformar por ingresar a la OCDE, ésta es una tercera oleada de reformas en función del mercado mundial, la primera fue la apertura económica de 1991[7], la segunda la implementación de acuerdos con el fondo monetario internacional (FMI) que arranca con el plan Colombia y se fortalece con una etapa superior en los tratados internacionales de libre comercio[8] y ahora implementar los acuerdos con la OCDE en materia de Libre mercado y reforma institucional. Primero, para estar en la OCDE se necesita hacer reformas neoliberales como reforma pensional enmarcada en el aumento de edad de jubilación y con montos por debajo o igual al salario mínimo, tributaria con mayores impuestos, seguridad social, desmejoramiento de la calidad y mayor privatización de la educación media y superior, reducción de la escala salarial, adecuación del sistema contable, normativo de tierras y recursos naturales a disposición del nuevo mercado, medidas que afectan a la clase trabajadora. Segundo al querer ingresar al club de los países ricos, estos disminuyen los recursos de cooperación internacional a la nuestra, situación desvenjosa, ello implica que muchas agencias que antes podían apoyar con cooperación[9] para ONGs en especial de derechos humanos, pues como en apariencia el país es rico y no necesita, no lo van hacer. La OCDE ha realizado más de 200 recomendaciones al gobierno colombiano que en el fondo se convierten en obligaciones en las que juicioso viene trabajando según sus intereses. Medidas de conflictos mineros, de violación de derechos humanos son mecanismos o mejor una ventanita que la clase popular debe revisar para hacer alguna clase de lobby o seguimiento.
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FOTO: Sandra Rivero Aunque el diagnóstico por parte de la Organización[10] es insatisfactoria en materia de productividad y de ingreso, ésta no plantea como medio para desarrollar el país la investigación e innovación tecnológica y la productividad como mecanismo para salir del atasco y no depender de la renta del petróleo, recomienda y así lo asume el Gobierno de aumentar la tributación para resolver todo[11] y se le olvidó usar la renta del petróleo y otros recursos para avanzar por ese lado, esto nos llevará a mayor crisis social y por ende mayor movilización. Ahí les dejo. [ 1 ] L e y 7 2 d e 2 0 1 5 S e n a d o http://www.imprenta.gov.co/gacetap/ g a c e t a . m o s t r a r _ d o c u m e n t o ? p _ t ipo=05&p_numero=72&p_consec =42605 [2] Entrevista Alejandro Mantilla, filósofo, escritor y analista revista Siniestra. [3] Página OCDE, consultada el 26 de julio de 2018, tomado de https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ [4] Membresía se refiere a que son miembro de. [5] Colombia y la OCDE, tareas pendientes, Razón Pública, consultado 26 de julio 2017, tomado de https://www.razonpublica.com/ index.php/pol it ica-y-gobie r no-temas-27/7169c o l o m b i a - y - l a - o e c d - t a r e a s pendientes.html#.W1m5f1AWmFQ.whatsapp [6] Producto Interno Bruto. [ 7 ] A u r e l i o S u a r e z , c o n s u l t o r, a n a l i s t a . https://www.youtube.com/watch?v=xz8qDLaEvZ8 [8] Hoy hay 23 tratados de libre comercio firmado con distintos países. [9] Entrevista Alejandro Mantilla, filósofo, escritor y analista revista Siniestra. [10] OCDE, se dice así en el acuerdo. [11] El gobierno está implementando una amplia reforma tributaria para mejorar la recaudación impositiva, aumentar la competitividad de las empresas y hacer al sistema tributario más progresivo y eficiente. Al aumentar la recaudación tributaria, la reforma ayudará a cumplir las metas fiscales intermedias y a reducir la vulnerabilidad a choques externos, promoviendo al mismo tiempo la productividad. Ésta debe complementarse con reformas estructurales para reducir la desigualdad y reiniciar el crecimiento, tales como incrementar la inversión en innovación, mejorar la calidad de la infraestructura y la educación, reducir la incompatibilidad entre las habilidades ofrecidas y demandadas, aumentar la competencia y cerrar la brecha de género en la participación en la fuerza laboral.
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AMBIENTE Y TERRITORIO
Páramos para la gente, paramos para la vida, páramos para la soberanía, paramos para avanzar ambiental, que supuestamente abren participación pero no discuten de fondo la prohibición de nuestra actividad campesina. Rechazamos el plan de sustitución y re c onversión que imp one el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, igualmente rechazamos la ley 1930 (ley de páramos) que además de mantener las prohibiciones agropecuarias nos prohíbe la construcción de vías y casas nuevas.
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Encuentro Regional de Campesinos de Páramos - Foto: Ever Guerrero
os páramos son ecosistemas e s t rat é g i c o s ú n i c o s e n e l mundo, ellos proveen la riqueza hídrica. En Colombia contamos con el 50% de los páramos del planeta, ubicados en 399 municipio, en ellos viven entre 300.000 a 500.000 personas en los departamentos de Magdalena, Cesar, Choco, Antioquia, Cauca, Boyacá, Norte de Santander, Arauca, Meta, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Tolima. Estos ecosistemas también son territorios ancestrales para los pueblos indígenas, donde 12 complejos de páramos tienen alguna parte de su área dentro de un resguardo y donde comunidades campesinas que han aprovechado la riqueza para el cultivo, su perviviencia y para su protección. Los 37 páramos equivalen a 2’906.137 hectareas, el 3% de la superficie del país, aunque son estratégicos las autoridades ambientales no tienen una caracterización establecida que los re c onozca y p ermitan su protección y la coexistencia de indígenas y campesinos en ellos. Por el contrario el Estado colombiano en cabeza del ex presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Medio Ambiente, a través de la aprobación de la ley de delimitación de páramos, redefinió uno a uno por medio de resoluciones, 36 de los 37 páramos del país, sin consulta previa o consentimiento de las comunidades y habitantes históricos de estos territorios. Esta nueva delimitación suprime sus prácticas campesinas y culturales, cambia su vocación y arraigo por la tierra y establece la recreación, el turismo y la investigación como las únicas actividades permitidas en estos ecosistemas, aunque la ley habla de proteger y defender estos ecosistemas, detrás de estas buenas intenciones se encuentran la entrega de los páramos a multinacionales del Agua y las mineras para la explotación de los recursos presentes. Aunque el panorama sea oscuro para las comunidades, estas no paran de
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discutir, proponer y proyectar la defensa de sus territorios y la defensa del páramo como fundamental para la soberanía. En el marco de esta situación, campesinos de Cocuy, P i s b a , C h i t a , To t a , S o g a m o s o , Santurban, Sumapaz, Guántiva, Chingaza se reunieron el 17, 18 y 19 de agosto en La Laguna, Norte de S a n t a n d e r p a ra e l re a l i z a r e l Encuentro Regional de Campesinos de Páramo del Centro Oriente de C o l o mb i a , e s p a c i o d e l c u a l s e presento al país la siguiente declaración:
DECLARACIÓN POLÍTICA PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CAMPESINOS DE PÁRAMO DEL CENTRO ORIENTE La Laguna, Norte de Santander, agosto 19 de 2018 Los delegados de los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de S a n t a n d e r, A ra u c a , C a s a n a re , Cundinamarca, Meta, Huila, y la Nación U´WA, que defienden los páramos de Cocuy, Santurbán, Pisba, A l m o r z a d e r o , To t a B i j a g u a l Mamapacha, Guántiva – La Rusia, y Sumapaz, nos hemos encontrado del 17 al 19 de agosto del presente año en el primer Encuentro Regional de Campesinos de Páramos del Centro Oriente con el objetivo de seguir fo r t a l e c i e n d o l a o r g a n i z a c i ó n campesina y su justa lucha por la defensa de los páramos, la economía campesina, la permanencia en el territorio y la vida. En el desarrollo de este espacio organizativo c ontamos c on el respaldo y cariño de los pobladores de la Laguna municipios de Mutiscua y Silos, Norte de Santander, así como de su alcaldesa, Ana Dolores Solano y el rector del centro educativo CER La Caldera. Frente a la actual situación de los páramos en el país declaramos que: Las potencias mundiales en cabeza de sus multinacionales y con apoyo incondicional del Estado colombiano
han implementado la locomotora minero energética en los páramos. Así mismo busca ampliar sus ganancias con negocios verdes a través de la venta de bonos de carbono y de servicios ambientales.
Los campesinos e indígenas que habitamos los páramos lo hacemos a causa del acaparamiento de tierras en las zonas bajas por parte de los terratenientes y el despojo violento. Nuestra salida para subsistir ha sido desarrollar nuestra economía en e s t a s z o n a s . N o e s c i e r t o qu e atentemos con nuestra actividad económica el equilibrio natural de los sistemas de páramo. Por el contrario, garantizamos cerca del 70% del consumo alimentario nacional y nunca hemos sido escuchados por parte del Estado Colombiano. Una reforma agraria integral es urgente, de tal manera que s e garantice a los campesinos y trabajadores rurales, el acceso a la tierra, el mejoramiento técnico, el acceso a mercados y subsidios a la producción. Así mismo, debe sustituirse las importaciones de alimentos, que actualmente suman más de 14 millones de toneladas anuales, por producción campesina nacional. Solo así se generan empleos dignos, a la vez que se garantiza la soberanía alimentaria. Se debe reconocer al campesinado como sujeto político de derechos ya que su actividad es fundamental para la soberanía alimentaria y para la formulación de políticas públicas que protejan de manera efectiva los páramos. Este reconocimiento, se ha impulsado desde foros, seminarios y asambleas, hasta escenarios legislativos en el Congreso de la República donde la respuesta ha sido el hundimiento y desconocimiento de esta justa lucha. Por el contrario, la respuesta institucional es el favorecimiento del capital agroindustrial y multinacional, para seguir haciendo negocio con el campo colombiano. Re c h a z a m o s l a i m p o s i c i ó n d e medidas proteccionistas y conservacionistas, como las resoluciones de delimitación que prohíb en las actividades agrop e cuarias, las propuestas de zonificación
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Rechazamos la militarización de los páramos y las acciones de violencia contra los líderes campesinos y organizaciones sociales que vienen defendiendo los territorios y exigiendo el respeto por los derechos humanos, por la vida y por la soberanía alimentaria. Re s p o n s ab i l i z a m o s a l E s t a d o colombiano de la violencia contra los líderes sociales, de la reestructuración del paramilitarismo. Denunciamos la doble moral del Estado porque prohíbe la producción de comida en los páramos pero abre las puertas a la infraestructura para el despojo. Denunciamos la instalación de peajes en el tramo BucaramangaCúcuta. Rechazamos la presencia de la multinacional minera MINESA en el páramo de Santurbán. Impulsaremos la organización y lucha camp esina p osicionando nuestro pliego nacional de páramos por la permanencia, defensa del territorio y la soberanía alimentaria, nos movilizaremos en defensa de la vida digna. En defensa de nuestro territorio, impulsaremos la creación de Te r r i t o r i o s C a m p e s i n o s Agroalimentarios como ejercicio de poder popular y las guardias Interetnicas, Campesinas y Populares para la protección del territorio y sus comunidades. Invitamos a las diferentes organizaciones sociales a luchar por la defensa de los páramos, la vida, la soberanía alimentaria y las comunidades que los habitan. A las clases populares de los distintos barrios y ciudades a reconocer las luchas del sector campesino, su importancia en la soberanía alimentaria y su labor protectora del territorio; a unir luchas por el acceso a los Bienes de Consumo Colectivo que deben garantizarse tanto en el campo como en la ciudad y donde éstos bienes no sean acaparados por el gran capital. Hacemos un llamado a los trabajadores agrarios o jornaleros del campo a hacer conciencia sobre la prohibición de actividades agropecuarias en el p á ra m o y a u n i r n o s e n l u c h a conjunta en pro de la vida digna. Páramos para la gente, paramos para la vida. Páramos para la soberanía, paramos para avanzar
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DERECHOS HUMANOS
Caravana por el territorio y la dignidad de los pueblos Por: Sandra Riveros - Trochando Sin Fronteras el trabajo social en los diferentes territorios. Son algunas de las valoraciones que ha recogido la caravana durante su recorrido. Que queda después de la caravana
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Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos - El Cocuy - Foto: Mauricio Reyes
l primero de agosto se dieron cita en la ciudad de Bogotá 7 internacionalistas (5 de España y 2 de Alemania) que hacen parte de la Red de Hermandad y Solidaridad c on Colombia – REDHER- junto a delegados de procesos y organizaciones sociales de Colombia como el Coordinador Nacional Agrario –CNA- Comité de Presos Políticos seccional Tolima, CIMA Nariño, Proyecto Huila, Comité Ambiental de Ibagué, MOVICE y con el acompañamiento permanente de una comisión del Movimiento Político de Masas Social y Popular, para hacer un recorrido por la región Centro Oriente con el objetivo de visibilizar la problemática minero-energética que pone en riesgo la permanencia en el territorio de las comunidades indígenas y campesinas. Visibilizar las violaciones de Derechos Humanos. La delimitación de páramos y las afectaciones para las comunidades. Coadyuvar al fortalecimiento de iniciativas que permitan la defensa de la vida, el agua, y el territorio. Apoyar el proceso de articulación entre organizaciones nacionales e internacionales. Luego de un recorrido por la región Centro Oriente en el transporte típico de Colombia “ la Chiva”. Del 1 al
12 de agosto, “La Caravana por el territorio y la dignidad de los pueblos de Centro Oriente” se adentró en las c omunidades para es cuchar y recoger las diferentes problemáticas, entre ellas:
aparte del daño ambiental, también producen desplazamiento, y ni siquiera cumplen los acuerdos que hacen con las comunidades respecto a al beneficio social que deben traer a las regiones.
Conflictos sociales y territoriales
A esto se le suma las problemáticas en las zonas de páramos, donde se da otra forma de desplazamiento desde los intereses nacionales e internacionales que han definido una delimitación de páramos, pero, “páramos sin gente” a los campesinos no se les da opción de vida, ni garantía respecto de sus derechos fundamentales. Así lo evidenciaron los participantes de la caravana en los diferentes lugares donde las comunidades expusieron sus problemáticas.
Las afectaciones de las multinacionales y mega proyectos sobre las comunidades con características de cada región como las afectaciones de mega proyectos agro industriales, que desplazan al campesino de su tierra convierte una pequeña parte de mano de obra en asalariados. Pero la gran mayoría de estos campesinos tienen que abandonar sus tierras y desplazarse al casco urbano donde no tienen vivienda, ni trabajo y sufre revictimización, primero cuando son desplazados de su tierra y segundo cuando llegan a la ciudad sin ninguna garantía de los derechos básicos. Colombia teóricamente es un Estado Social de Derecho desde la constitución política de 1991 así lo define, realmente los derechos sociales económicos no son garantizados no hay igualdad, ni trabajo, ni educación, ni salud ni vivienda digna. Por otra parte, las afectaciones por los mega proyectos multinacionales extractivas de minería o petróleo
Derechos humanos No existen garantías en Derechos Humanos empezando por la vida. Es el caso del asesinato de líderes sociales como el Daniel Abril. Otros líderes sociales han sido judicializados y otros son amenazados y estigmatizados, es el caso de Nelson Tamara en el municipio de La Salina. Contra líderes se usa la estigmatización como intento de desactivar su trabajo organizativo al igual que con las personas que han sido judicializadas lo que ha hecho que se desactive
víctima de señalamientos y persecución ante la caravana por el territorio y la dignidad de los pueblos de Centro Oriente de Colombia al paso por la Salina Casanare. El trabajo de Tamara se centra en acompañar los procesos sociales del sector campesino y a los gremios sociales del municipio de la Salina - Casanare con el objetivo de mantener vivo el trabajo social.
Nelson Támara líder social del municipio de La Salina
Ser Líder Social No Es Delito Trochandosf
N o e s l a p r i m e r a ve z q u e hombres y mujeres de la región Centro Oriente sufren señalamientos, estigmatización y persecución por parte del Estado, pero también es de resaltar que en cada líder de esta
“ Yo soy un líder social y un dirigente campesino” esas fueron las palabras de Nelson Ta m a r a , t e s o r e r o d e l a Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro – ASONALCA-, al denunciar ser
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Los objetivos se cumplieron y se seguirán cumpliendo, se ha visibilizado y se han constatado las diferentes problemáticas quedando plasmados en diferentes artículos, informes y trabajos periodísticos que han salido y seguirán saliendo. También se ha cumplido el fortalecimiento y la defensa de la vida, el agua y el territorio ya que la llegada a territorios como el Cocuy de una caravana con internacionalistas y procesos nacionales ha permitido sentar al alcalde, c onc ejo y las Fuerzas Militares a que escuche las comunidades. Desde el 2011 en el Cocuy no se había podido hacer una reunión donde la gente contara y hablara sus problemáticas. El ultimo foro se realizó en el 2011 siendo este boicoteado por la institucionalidad ya que no les era conveniente que saliera a la luz pública las violaciones de Derechos Humanos, afectaciones ambientales. La posibilidad de juntar la gente con garantías y de poder que gente hablara y contara lo que les estaba pasando en tema de Derechos Humanos y sobre la delimitación de páramos es muy importante para el fortalecimiento organizativo una de las pretensiones de la caravana. Como resultado de esta caravana se entregará un informe para el mes de septiembre, que servirá como base de trabajo a nivel nacional e internacional. También se continuará con la articulación entre organizaciones internacionales y nacionales sin importar la distancia ya que la organización es muy importante para las comunidades. De esta caravana se continuará con la producción de artículos que den a conocer a nivel nacional e internacional las diferentes problemáticas que vive la región Centro Oriente, así mismo se harán llegar los diferentes do cumentos e insumos a cada
región se mantiene la gallardía y la entereza ante la represión. Es el trabajo social, la lucha por el territorio, la defensa de los derechos y la búsqueda diaria de vida digna lo que mantiene a los líderes s o ciales juntos y organizados, así lo reafirma Nelson Tamara: “acá estamos para seguir trabajando por la defensa de nuestro territorio y la p ermanencia en él, y para empoderar nuevos líderes que defienda nuestro pueblo salinero’’. Defender nuestros derechos y territorio, el denunciar las injusticias no nos puede costar la vida ni la libertad.
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POLÍTICA
Contradicciones y fracturas de la hegemonía Neo oligárquica Por: Giovanny Bermúdez uribistas, quienes pese a presentarse como la fracción de dominio privilegiado deberán consensuar con los sectores del corporativismo oligárquico, aglutinados en los partidos Liberal, Cambio Radical y el Partido Social de la Unidad Nacional, la agenda parlamentaria y las sobras de la clientela burocrática que los gremios económicos dejaron en el plato.
Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana Foto: Archivo
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l pasado 7 de agosto del 2018 se formalizo el inicio de un nuevo periodo presidencial en me dio de un c ontradictorio escenario lleno de tensiones y fracturas. Pese al optimismo del uribato por el lugar de privilegio que hoy ocupan en la comandancia del poder oligárquico, sus condiciones de hegemonía no dejan de ser por ahora más que contradictorias y parciales, puesto que los factores de poder que les permitió volver hacer Gobierno pueden volverse en contra de no saber estabilizar su administración hegemónica. El rasgo distintivo del actual momento es la recomposición de la inestable y contradictoria alianza de los sectores oligárquicos, en función de renovar y adecuar el régimen de dominio político a sus intereses más esenciales como sectores dominantes: defender el estatus quo del régimen capitalista en Colombia, cerrar brechas frente al avance de la social democracia parlamentaria, neutralizar el descontento popular, reprimir la protesta social, desestructurar los movimientos sociales, continuar el liquidacionismo de la izquierda revolucionaria y el anexionismo de la región al imperialismo norteamericano. El uribato ha forjado en el fuego de la guerra y de la ilegalidad, aunque pretendan fungir como sectores honorables, su génesis está ligada al p ro c e s o d e l u m p e n i z a c i ó n y d e g ra d a c i ó n d e l a b u r g u e s í a c o l o mb i a n a , a l o s c u ra n t i s m o ideológico y político que convive
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con la doctrina de la economía de mercado, la democracia restringida y excluyente, el fanatismo caudillista y el gamonalismo retardatario, terrorista y gansteril. En términos generales aunque los s e ctores uribistas p os en de vencedores, su victoria es la síntesis de la colcha de tensiones y contradicciones que han mantenido la inestable alianza inter oligárquica en diferentes ciclos de la historia política del país. Los resultados de la pasada treta electoral dejan ver que el triunfo oligárquico se logró bajo la fusión pragmática de los intereses de los gremios e c onómic os del gran capital, la cuota clientelista y electoral de las fuerzas políticas de los s e ctores dominantes, la connivencia de trabajadores de clase media y de sectores del mundo popular, todos representantes de una alianza de Gobierno que es contradictoria en si misma por la multiplicidad de intereses que encierra y la dificultad de la nueva gestión presidencial para satisfacer de forma igualitaria cada una de estas fracciones. Aun extremo de este contradictorio bloque los sectores del capital nacional, articulación de los gremios económicos, ha puesto los puntos cardinales de la política económica que el nuevo régimen de Gobierno deberá seguir, asegurándose para su certidumbre la cuota burocrática de los ministerios y reduciendo su
gestión a una supuesta lab or tecncista y economicista, falsamente presentada como no clientelar ni corrupta, enfocada a lograr los máximos beneficios a sus perspectivas de lucro privado. En otro extremo los intereses de las clases trabajadoras, clases medias y sectores populares, que hayan o no apoyado el nuevo Gobierno, serán afectados directa e indirectamente p or cada una de las p olíticas económicas del Gobierno y de los s e ctores privados: reforma tributaria, ajustes salariales, reforma al sistema de salud, al sistema pensional o al sistema educativo, entre otras medidas, que se enfocan a redistribuir entre sectores medios y populares los desequilibrios que generen los ajustes e c onómic os, dirigidos netamente al beneficio privado. En palabras de la lamentable senadora Paloma Valencia “una cosa es el Gobierno y otra el Centro Democrático”. Pues el Gobierno expresa la fusión corporativista de las distintas frac ciones de la oligarquía en torno a una salida de unidad y conveniencia pragmática, que congela o desplaza sus temas de distanciamiento y prioriza otros de interés común para todas las partes, pero no por eso, contradictores e inestables. Las contradicciones y tensiones que contienen esta forma de hegemonía oligárquica permiten disipar en parte el triunfalismo de los sectores
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La rep ercusión de p olíticas e c onómicas de tip o regresivo impactará la condición de vida de la mayoría de la población de los centros urbanos, lo cual permite dilucidar que dichos s e ctores puedan radicalizar sus posturas frente al nuevo régimen de acumulación, y que puedan entrar a los circuitos de la protesta y la oposición real, cotidiana y no institucionalizada, sin que ello sea una transacción formal a los partidos de centro izquierda o las estructuras orgánicas de los movimientos sociales y populares, pero sí, un potencial hacia sus posicionamientos como referentes políticos del cambio social. La implementación de este proyecto oligárquico agudizara conflictos regionales a causa de la continuidad de los patrones de la economía extractivista, que tanta resistencia ha tenido por parte de sectores comunitarios, indígenas, afrodesendientes, campesinos y de trabajadores del campo, con la gravedad que se cuenta con nuevos territorios librados por el acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC.EP, que podrán ser vinculados mediante la mega minería, la inversión agroindustrial y mega proye ctos de infraestructura a nuevos circuitos globales de valorización de capital. Si bien, el nuevo Gobierno expresa la articulación de los intereses, contradicciones y tensiones de las fracciones oligárquicas, sectores económicos del capital nacional y extranjero, trabajadores medios y círculos del mundo popular movidos a la derecha en el espectro político nacional, es un bloque implosivo y con diversas oportunidades de fractura, condición que puede ser bien utilizada por la socialdemocracia, los movimientos sociales y populares sobre líneas de disputa y conveniencia mutua, que incentive su articulación unitaria en diferentes formas de convergencia democrática y popular.
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AMBIENTE Y TERRITORIO
En Boyacá siguen diciendo NO a la explotación de hidrocarburos Por: América Niño Leguizamon
Comunidades de Boyacá rechazan proyectos de hidrocarburos - Fotos América Niño Leguizamón
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n Boyacá se realizó el pasado 29 de junio la audiencia pública por un proyecto de exploración que compromete 13 municipios de la región Cundiboyacense, días atrás se dio un escenario muy interesante que dio como resultado a esta audiencia. Por redes sociales comenzaron a circular fotografías y vídeos que identificaban una situación de exploración para posible extracción de yacimientos no convencionales (Fracking) en el Lago de Tota, se veía maquinaria entrando, campesinos en los caminos indignados hablando con funcionarios y levantando los cables que ya se habían puesto para hacer la sísmica. Lo interesante es que el lugar era errado, efectivamente había una empresa que intentaba entrar a un municipio en Boyacá para hacer sísmica pero no se trataba de Tota o Aquitania sino de Simijaca, un pueblo de la provincia de Ricaurte, más cercano a Cundinamarca y a gran distancia del Lago de Tota. Esta locura mediática generó una atención especial tanto de las comunidades y municipios proyectados para la exploración y explotación de la empresa multinacional Geofizyka Torún, como de la gobernación de Boyacá que llamó a una audiencia pública con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la empresa multinacional, FONADE (que fue quien concedió el contrato de exploración), las administraciones municipales y la comunidad. En esta audiencia se evidenció que la comunidad exige la cancelación inmediata del contrato de exploración, pero el gobernador Carlos Andrés Amaya que se ha manifestado en distintas oportunidades como opositor a las políticas
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de explotación en el departamento, s olo pidió una susp ensión del contrato. Las razones que argumentaba Carlos Amaya radicaban en una falta cometida al conducto regular, en la cual no existía la socialización del proyecto; razón por la que es posible suspender por un tiempo su desarrollo, pero no cancelar el mismo. Si bien la comunidad aplaudía cada intervención del gobernador, lo que se concluye es que la suspensión se puede dar hasta el fin de periodo de Carlos Amaya en la Gobernación y luego de esto, la empresa comenzará estudios y luego la explotación. La audiencia se realizó en Chiquinquirá, uno de los municipios con mayores problemas de acceso al agua que tiene el departamento, por eso la comunidad repetía hasta el cansancio, que necesita del gobierno nacional y departamental un proyecto para la optimización de este recurso y no uno que con llevaría a una mayor escasez agua que les toca repartir con mesura. Las intervenciones fueron diversas, pero lo que quedó claro es que las comunidades de los 13 municipios afectados (Simijaca, Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema, Maripí, Buenavista, Pauna, Raquira, Sutamarchan, Sáchica, Cucaita y Samacá) por el proyecto de la multinacional Geofizyka Torún dicen al unísono ¡NO a la explotación petrolera en nuestros municipios! Y en este sentido son claros en afirmar que llevarán su lucha a todas las instancias posibles hasta que se respete su soberanía y uso del suelo.
El modelo mineroenergético en Colombia ha sido una constante preocupación del movimiento social en su conjunto, desde hace décadas se están denunciando los casos de violación a Derechos Humanos y las consecuencias ambientales, sociales y culturales que deja en los territorios la entrada de multinacionales para la extracción de hidrocarburos, minerales o la implementación de represas hídricas, todas para la generación de energía. Sin embargo, estas alertas no habían tenido tanta acogida como hasta ahora. La Coyuntura electoral de 2018 puso en la palestra pública lo que con anterioridad se viene denunciando desde las organizaciones sociales; que los abusos que trae el extractivismo son insostenibles para cualquier municipio en el país. La gente por fuera de las organizaciones y los grupos de investigación territorial ha comenzado a reconocer que transformar el modelo energético del país es una cuestión urgente, de no hacerse está en juego el agua y por ende la vida misma. Pero el debate es mucho más amplio que pregonar “Agua SÍ, petróleo NO”, claro que el eje ambiental y la conservación de los ecosistemas es una razón de peso para rechazar cualquier estudio de exploración o explotación de minerales e hidrocarburos, pues ya mucho se ha dicho acerca de que fragmentar el suelo para la extracción conlleva a la profundización de las aguas subterráneas, la muerte de los nacederos, el vertimiento de materiales pesados en lagunas, ríos y quebradas, la deforestación de los bosques nativos y la desaparición de especies animales.
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Pero también es importante precisar que las consecuencias de este modelo s on sup eriores al deterioro ambiental. La forma como han llegado estas empresas a muchos territorios ha sido c on engaños; prometiendo un incremento en los índices de empleo y de calidad de vida o a través del despojo de tierras, no por casualidad los departamentos c on mayor presencia paramilitar han sido también donde yac en los más grandes bloques petroleros en la actualidad. Con la entrada de multinacionales petroleras se han alterado los patrones culturales, ya que gran parte de la mano de obra proviene de otros departamentos, esto genera brotes de inseguridad, prostitución, abandono escolar, agudiza la pobreza y aumenta las brechas sociales. Así pues, las comunidades en Boyacá siguen siendo ejemplo de reacción temprana a alertas de explotación de hidrocarburos, pues en muchos municipios con minería a gran escala se ven los efectos en la agricultura, la sociedad, la cultura y el medio ambiente, por eso la audiencia es apenas el primer paso en la lucha contra la multinacional Geofizyka Torún.
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AMBIENTE Y TERRITORIO
En ningun momento nos dijeron “Van a perder el derecho al Cauca” Por: Isaac Marín Lizarazo en cuenta por los operadores del proyecto. Los daños ambientales, socioeconómicos y las pérdidas de vidas humanas, son un desastre de incuantificables proporciones, que desde el año 2009, fecha en que EPM. Consiguió la licencia Viene cometiendo. La inundación de 22.365 hectáreas de tierras fértiles y con sistemas de bosques biodiversos, la fragmentación del sistema del río y con esto la pérdida de la vida silvestre (24 especies de peces), el desplazamiento de aves y otras especies. La contaminación a las aguas por el represamiento y por la descomposición de árboles, animales muertos y múltiples sedimentos. La represión, el desplazamiento de las comunidades y el despojo de sus parcelas, sus playas el río que les daba el sustento; Allí son cuatro décadas de fuerte presencia militar y paramilitar.
Movilización Ituango - Antioquia - 2011 foto: Colombia Informa
“Que tristeza, tener que salir de nuestras casas, dejar todo atrás, nuestros animalitos, lo poco que tenemos como pobres que con harto sacrificio lo hemos conseguido; ¿Por qué vinieron a Puerto Valdivia a dañar nuestra tranquilidad? La de nosotros y la de nuestras familias”. María Rosmira. Del cañón del río Cauca. Desplazada por Hidroituango.
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l reclamo de María Rosmira es la manifestación de impotencia y de ira, es la angustia de miles de familias afectadas y desplazadas por la represa de Hidroituango, el megaproyecto que está acabando con el río Cauca, arruinando a más de ochocientos mil rivereños que tradicionalmente cimentaron sus vidas en torno al segundo afluente más importante del país, el río Cauca; o el señor Mono, como le llaman los cañoneros. El cañón del río Cauca donde se ubica la represa de Hidroituango, ha sido una región de campesinos mineros, comunidades pescadoras, agricultores que, por generaciones, sus vidas y sus dinámicas socio- económicas vienen siendo a partir del río. Familias barequeras que con algún gramo de oro sostienen sus familias, o pescadoras que el día a día dependía de estas aguas. Aquí el empresariado paisa asociado en Empresas Públicas de Medellín –EPM-. Desconociendo a los campesinos, afros e indígenas, localizó el más ambicioso proyecto hidroeléctrico que en los últimos años se haya implantado en el país, y con este también trajeron la mayor pesadilla que por décadas sufren estas poblaciones. América del sur por su potencial hídric o, sus numeros os ríos caudalosos que corren por entre montañas, se constituye en un
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ambicioso nicho para la inversión en mega-proyectos de represas como la del Quimbo o Hidroituango; cientos de presas son financiadas por la banca internacional que en adelante son agentes que presionan y obligan a sus operadores locales a saltarse las leyes y normas del país, a desplazar c omunidades y generar daños irreparables en los territorios impactados, con la certeza que la jurisdicción nacional poco o nada podrá enjuiciarles. El modelo de mega-represas es oprobioso, prueba de esto tenemos la presa de Belo Monte construida sobre el río Xingú en el estado de Pará en Brasil, acusada en el 2015 de etnocidio, por destrozar la cultura y desplazar por lo menos siete c o mu n i d a d e s d e l o s p u e b l o s Paracaña, dejar sin sustento a las comunidades Juruna, Arara, Xipaya, Kuruaya, y Kayapó que durante siglos habían vivido a lo largo de la gran curva (Volta Grande) del río Xingú, y dependían de él para su sustento, según el informe del Ministerio Públic o Fe deral de Brasil[1]. Otro vergonzoso proyecto es el de Agua Zarca que c onstruyó la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA. Sobre el Río Gualcarque en Honduras, esta represa dejaba sin río a los pueblos originarios Lenca; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se enfrentó a DESA y a su proyecto hidroeléctrico, en esta lucha asesinaron a varios de sus dirigentes, entre ellos la reconocida Lideresa indígena y ganadora del premio Goldman Bertha Cáceres. Las investigaciones indicaron que funcionarios de DESA y agentes del Estado hondureño estarían directamente implicados en los repudiables asesinatos.
En Colombia tenemos, entre otras a Hidroituango, de esta presa empezaron a hablar desde los años 70s; en el año 1979 se conocen los primeros estudios de viabilidad, en décadas siguientes el proyecto toma fuerza, con esto coinciden otros tenebrosos acontecimientos en esta región, masacres como la del Aro que p erp etraron paramilitares c on complicidad de militares, donde as esinaron a 17 camp esinos, quemaron 42 viviendas, se robaron unas 1.000 vacas y desplazaron unas 700 personas. Eran tiempos del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. En el territorio de influencia de la mega-obra, han o currido, 11 masacres en Ituango que dejaron 71 personas muertas. Valdivia (11 masacres y 68 víctimas), Yarumal (6 masacres y 38 víctimas), San Andrés de Cuerquia (5 masacres y 32 vítimas), Santa Fe de Antioquia (5 masacres y 23 víctimas), Buriticá (5 masacres y 22 víctimas), Peque (4 masacres y 31 víctimas), Briceño (4 masacres y 19 víctimas), Sabanalarga (4 masacres y 26 víctimas), Toledo (4 masacres y 23 víctimas), Liborina (3 masacres y 19 víctimas), para un total de 372 asesinatos en esta zona[2]. Además, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la zona de influencia de Hidroituango se cree que hay 643 víctimas de desaparición forzada. El Registro Único de víctimas contabiliza 622, mientras que el Registro Nacional de Desaparecidos señala que son 343. Una de las exigencias que las comunidades hacen a EPM. Y a los gobiernos, Es que no inunde la región, hasta tanto no se realice la búsqueda de los desaparecidos. A pesar que las comunidades se organizaron, estas no fueron tenidas
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El asesinato de lideresas y líderes, la criminalización de la protesta y el desplazamiento masivo son los mayores daños que sufren las c omunidades víctimas de Hidroituango. Las poblaciones que siguen en eminente riesgo por una p osible avalancha, s on. En Antioquia, son los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nechí, Ituango y Tarazá. En Sucre los municipios de Majagual, Guaranda, San Marcos, Sucre, Caimito y San Benito de Abad. En Córdova, Ayapel y en Bolívar los habitantes de los municipios de Achi, Magangué y San Jacinto del Cauca. En tanto que, al empresariado paisa, a los medios de comunicaciones y al Gobierno Nacional su mayor preocupación ha sido los daños que seguramente sufrieron las turbinas que están ahogadas en la casa de máquinas, las averías que está presentando el muro, el retraso en la programación de la obra y las s a n c i o n e s p o r d e m o ra s e n l a generación de energía. Los mega-proyectos hidroeléctricos, hacen parte del modelo de economía extractiva que trata de abastecer el intenso consumo moderno a costa de los bienes de uso común. Las empresas o los capitales extranjeros c o n e l f a vo r d e e m p r e s a r i o s n a c i o n a l e s e n t ra n a e x p l o t a r recursos sin asumir mayores costos, estos proyectos no generan posibilidades económicas para la zona, allí lo qu e m á s d e j a n e s e l d e s a s t re ambiental, el socavón, los conflictos y las regiones más empobrecidas. Agua Zarca, Belo Monte, Hidroituango, el Quimbo y cientos de presas que abundan, son kilómetros de muro de la infamia, del desastre ambiental, allí se anclan turbinas generadoras de muerte y pobreza en Nuestra América. [1] El gobierno de Brasil acusado de etnocidio por la construcción de una presa en el Amazonas. 28 de enero de 2016. https://es.mongabay.com/2016/01/el-gobierno-debrasil-acusado-de-etnocidio-por-la-construccion-de-unapresa-en-el-amazonas/ [2] 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el p ro ye c t o Hidroit ua ngo. 22 de e ne ro de 2018. http://www.contagioradio.com/62-masacres-los-12municipios-donde-se-desarrolla-proyecto-hidroituangoarticulo-50767/
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SINDICAL
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n bus ca de promover un cambio que genere inclusión, p a r t i c i p a c i ó n e qu i d a d y reconocimiento de la labor docente, la Fuerza Nacional Magisterial FUNAMA, participa en estas elecciones para conformar el Comité Ejecutivo de la de la Federación de Trabajadores de la E ducación FECODE, con candidato propio que representa las particularidades de la labor docente en los 32 Departamentos del país. Se trata del candidato Juan Luis Granados Soto, un profesor de base solidaria que con sus más de 20 años en la vida sindical y magisterial cuenta con el conocimiento y los criterios suficientes para representar a los maestros y maestras que reclaman que Otra Práctica Sindical es Urgente.
Entre sus propuestas figuran: Establecer las pautas para que las decisiones sindicales sean tomadas desde la base magisterial, c on un criterio participativo, inclusivo con información y formación desde arriba. No a la privatización de la educación, no a los colegios en concesión, ni en convenios que buscan la pauperización de la labor docente y la evasión de la responsabilidad del estado. No a la jornada única sin presupuesto, ni criterios, más recursos para la educación, para que todos los niños y niñas tengan acceso a la escuela. Defensa del preescolar de tres grados y facilidades para que todos los niños accedan a el.
Defensa de un estatuto que permita el mejoramiento de la calidad de vida del docente y le permita garantías laborales, de permanencia en el trabajo, de ascenso sin la implicación directa del Estado, con los méritos propios del docente, eliminando la evaluación de desempeño y la evaluación diagnóstica formativa, que no diagnostica, ni forma y se ha convertido en un parapeto para evitar el ascenso del docente, denunciar lo nuevos protocolos que ha sido una decisión unilateral del estado para estandarizar la labor docente, golpeando la autonomía escolar y la capacidad de las instituciones de buscar lo mejor para sus alumnos. Nombramiento inmediato de los docentes que vienen en provisionalidad y contratos sin solución de continuidad para los que ocupan plazas temporales.
Un modelo pedagógico que permita acercar el conocimiento popular, al aula de clase y una escuela alternativa y popular que permita la inclusión y el avance científico y formativo de todo el alumnado, Una prestación del servicio de salud, que permita el cumplimiento de lo contratado y que no se quede en cartillas de hermosa presentación, una exigencia férrea desde el comité ejecutivo que con la ayuda de lo económico y jurídico evite las dilaciones y la falta de cumplimiento de los contratistas de este servicio. Por qué otra práctica sindical es urgente, Juan Luis Granados Soto, número 5 en el tarjetón al comité ejecutivo de FECODE.
Los retos de los trabajadores frente al gobierno Duque En ese sentido, la energía libre como derecho, es el objetivo; para ello nos plateamos un D iálogo Minero Energético y Ambiental que posibilite un acuerdo de Transición Energética con un enfoque social y comunitario, así como un plan de transición. En este proceso, exigiremos mejorar las condiciones de empleo y salud de los miles de trabajadores y trabajadoras del petróleo, energía eléctrica, carbón y minería en general. Lo central es la defensa del territorio
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s innegable que el gobierno de Ivan Duque se puede definir como una Plutocracia, es decir busca beneficiar a un grupo de poder económico. Las propuestas de reforma laboral de la INIF, la venta de Ecopetrol y Banagrario hecha por parte del consejo gremial, la reforma tributaria del ministro carrasquilla que favorece a los empresarios y la reforma pensional que plantea la comisión de expertos del gasto público muestran la voracidad de la clase domimante. Los trabajdores como clase debemos estar a la altura de las circunstancias y responder, por eso proponemos:
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Unidad: La clave en la construcción de unidad es la capacidad de reconocernos en la diversidad, para de esta manera, ganar fortaleza como sujetos políticos; por ello es importante asumir de manera conjunta elementos que nos identifican y que tengan como punto de partida nuestras necesidades y proyectos comunes. la unidad es con el pueblo. Para ello debemos potenciar nuevos liderazgos, separados de prácticas que los/as trabajadores/as vienen cuestionando; el/la líder debe estar en vivencia con la base social. Una nueva práctica sindical es urgente.
Paz: Nuestra visión de paz es transformadora, partimos de una ruta adecuada de cambios que permita vivir en paz. Conscientes de la importancia de sacar la violencia de la política, exigiremos parar la violencia estatal contra los/as trabajadores/as. Impulsaremos, junto a otros sujetos políticos, la construcción de paz que conduzca a un nuevo pacto social. Teniendo en cuenta que la paz implica desmontar el paramilitarismo, como el principal factor de violencia que esta asesinando a la dirigencia social.
Energía y Territorio: La apuesta central debe ser la construcción de una alternativa al modelo agroextractivista.
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Derechos Laborales: El trabajo es un derecho, lo cual hace imperativo disponer de una política pública que lo garantice y desarrolle de manera digna; en tal sentido, trabajaremos en una propuesta de política pública con enfoque diferencial que dignifique a los y las trabajadores/as. dicha política pública debe erradicar todas las formas de flexibilización y tercerización laboral que son deshumanizantes; y como alternativa, proponer y luchar por el pleno empleo directo, digno y decente. Ayudaremos a construir las propuestas para que los y las trabajadores/as, tengan un régimen pensional y de s eguridad s o cial c omo p olítica pública con un enfoque de derechos humanos. Movilización: La fuerza de los/as trabajadores/as es el resultado de la acción política como sujeto social empoderado; por ello es necesario que el derecho a la protesta social se garantice y respete como un elemento clave para la oposición política. En este sentido la base para realizar esta oposición, son lo derechos de libertad sindical (asociación, negociación y huelga) construidos en autonomía y reconocidos por gobiernos y patronos.
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