Medio informativo del Movimiento PolĂ­tico de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano

El futuro de nuestro país, lejos de debatirse en la Habana, se debate en territorio colombiano. En este campo de batalla en el que se contraponen las propuestas del pueblo y las imposiciones del gran capital. Ejemplo de ello es el más reciente paro nacional agrario: el esperado incumplimiento a los acuerdos asumidos por el gobierno; la represión contra

asesinado en Samaniego (Nariño)... Casualidades?

Es decir, mientras los gringos le dan un espaldarazo a los diálogos de paz, aquí en suelo colombiano la fuerza pública y las multinacionales continúan la guerra contra el pueblo.

Ahora, con el caso de Gustavo Petro

tra Feliciano Valencia, tienen un carácter similar. Simplemente son un mecanismo más de anulación de la participación política de la izquierda en el escenario electoral, escenario que representa una falsa expectativa de poder para el pueblo. En conclusión, la demodracia en este país no existe, lo que ha existido es un entramado de instituciones jurídicas, fieles al poder económico. Los artículos que se incluyeron en esta edición de TSF también son claras muestras de esa pugna entre el capital y la humanidad. La gran minería que tanto se defiende desde las élites y el régimen contrasta con la falta de agua potable y con la inexistencia de soberanía alimentaria en la mayoría de las regiones.

Ahí, precisamente en uno de los sectores productivos más ‘prometedores’ para la economía colombiana quienes se oponen a los planes económicos de las transnacionales. Más de 6 personas asesinadas y más de 80 detenidas durante las protestas demuestran en la práctica que lo que ha dicho el gobierno, tanto aquí como en la Habana, es cierto: el modelo económico no será discutido.

La negación es categórica, vertical. Y ese mismo carácter tienen las medidas que se toman a fin de impedir que quienes muestran su desacuerdo. Tal como lo es la detención de 3 dirigentes de la Unión Sindical Obrera -USO- por haber participado en una protesta contra la petrolera Pacific Rubiales1; el homicidio de un integrante de Sinaltrainal por la lucha contra la transnacional Nestlé2; dos dirigentes sociales de Arauca encarcelados hace 10 meses a raíz de un paro cívico contra el saqueo del petróleo por parte de la OXY; hace apenas unos días, un integrante del Coordinador Nacional Agrario fue 1 Héctor Sánchez, Campo Elías Ortíz y José Dilio

Naranjo, sindicalistas de la USO fueron capturados el pasado 4 de diciembre y se les imputó 5 delitos, entre ellos secuestro y concierto para delinquir. 2 El trabajador de Nestlé, Oscar López Triviño, fue asesinado de 4 impactos de bala el 9 de noviembre de 2013. El hecho ocurrió en el Barrio Municipal en Bugalagrande.

encontramos otro escenario de disputa: mientras la legislación laboral, ambiental y tributaria se acomoda a las necesidades de las trasnacionales, los pequeños mineros, quienes escasamente viven del arduo trabajo, son detenidos y tachados de delincuentes: según la misma Fiscalía General de la Nación3, más de 470 personas han sido capturadas, sólo en el presente año, a causa de la ‘minería ilegal’.

muchos dirán que se ha asestado un ‘golpe a la democracia’, lo cual no deja de ser un análisis ingenuo de la realidad política de nuestro país, ya que se parte de una premisa falsa, cual es la existencia de democracia en Colombia. Para nosotros, tanto la destitución del alcalde Petro, como la inhabilidad a Piedad Córdoba, como el proceso penal seguido con-

Ante este panorama de agudización de las contradicciones, cobra vigencia la consigna del proceso organizativo que hemos venido forjando desde hace más de 50 años: “Por una Colombia libre y soberana, UNIDAD Y LUCHA!”

3 h t t p : / / w w w. f i s c a l i a . g o v. c o / c o l o m b i a /

noticias/470-personas-han-sido-capturadas-pormineria-ilegal-en-colombia/

BOYACÁ. GRAN MINERÍA DE CARBÓN: ¿MUERTE A CIELO ABIERTO? La reprimarización económica Con la política del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos y su “joya de la corona”, la locomotora minero-energética, la gran mayoría de los territorios de nuestro país se encuentran concesionados, ya sea para proyectos mineros, petroleros, energéticos, agroindustriales o turísticos. Esta política extractivista y saqueadora está llevando a una reprimarización económica que se refiere a la importancia en la economía que retoman los procesos de explotación de materias primas tales como el petróleo y los minerales, además de la producción de otros bienes poco elaborados, como el aceite de palma, y la cual trae consigo despojo de tierras, pobreza, daños ambientales irreparables y pérdida de soberanía nacional. Entre los principales objetivos de la explotación minera está el carbón, mineral que desde tiempos inmemorables ha sido aprovechado por las comunidades de nuestro país. Sin embargo, desde el año de 1975, con la invitación del gobierno nacional, empieza la explotación a gran escala en la mina de “El Cerrejón” en la Guajira; para 1995 la Drummond y la Glencore (condenadas por vínculos con los paramilitares) explotan las minas situadas en el sur del Cesar en los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso, convirtiéndose en la segunda mayor mina de carbón en Colombia1. Para el Centro Oriente, en la actualidad, la arremetida de los monopolios económicos se centra en la explotación de los yacimientos petroleros, las minas de carbón térmico y coquizable, las arenas bituminosas, la ampliación de la concentración de tierras para la agroindustria, los monocultivos y la extracción de oro. En Rondón

Rondón, en Boyacá, es un pequeño municipio de aproximadamente 3000 habitantes. Su cabecera municipal se encuentra a 2075 m.s.n.m., cuenta con 12 veredas y forma parte de la provincia de Lengupá. Limita con los municipios de Zetaquirá, Ramiriquí, Viracachá, Siachoque, Ciénega y Pesca; su economía principalmente agrícola se fundamenta en el cultivo de: Plátano, Café, Caña de azúcar, Yuca, Arracacha, Fríjol, Arveja, Aguacate, Guayaba, Chirimoya, Guanábana, Papa, Haba, maíz, Ibias, Fríjol, Rubas, dada la variedad de climas.

En las veredas Nueva Granada y Sucre de este municipio boyacense la empresa Carbones de los Andes S.A. –Carboandes- planea poner en funcionamiento una mina a cielo abierto para explotar carbón mineral que por su extensión sería la segunda más grande del país. En el año 2008 la Empresa empieza la exploración de este yacimiento carbonífero que hace parte de la llamada Formación Guaduas ubicado en la región oriental del departamento de Boyacá, por medio del proyecto “Palmarito” que se ubica sobre la cota de los 3.000 m.s.n.m. y en palabras de la empresa: “En una primera fase se planea lle1 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/ Cuadro-10-mineras-de-colombia.pdf

gar gradualmente a una producción de 335.000 toneladas anuales”2 de carbón térmico de alto poder calórico.

En la fase inicial de la exploración que empezó en el año 2012, la empresa obtuvo permisos de aprovechamiento forestal por un total de 7.646,22 m3 de helechos arbóreos3, planta propia de los bosques alto-andinos. En la operación se prevé que haya un inmenso socavón a cielo abierto con monstruosas volquetas del tamaño de edificios sacando el mineral y continuas explosiones que arrancarán la riqueza del subsuelo.

Por esta pretendida explotación carbonífera se contaminará la cuenca alta del río Muche, afluente del río Lengupá, que nace en el páramo de Siachoque, afectando la calidad y cantidad del agua disponible para los municipios de Berbeo, Zetaquirá, Miraflores, San Eduardo, y San Luis de Gaceno, así como municipios de Casanare y Meta. Los impactos

La explotación de carbón a cielo abierto constituye una amenaza para los cuerpos de agua, la fauna, la flora y los asentamientos humanos en su cercanía o en lugares apartados. Los yacimientos carboníferos poseen gran cantidad de azufre, elemento químico que al entrar en contacto con el agua produce ácido sulfúrico, compuesto altamente corrosivo y peligroso que pondría en riesgo por lo menos a 800 personas que residen en la vereda Gacal de Zetaquirá, quienes dependen del agua de quebradas que nacen en el sector Picaderas de Rondón. Existen registros de lumbalgia, silicosis, trastornos del sueño, estrés laboral, hernias discales, hipoacusia, cáncer de piel, dermatomicosis4 y otras enfermedades oculares y respiratorias recurrentes entre quienes laboran en las empresas carboníferas del norte de Colombia.

Por la ubicación de esta zona, la operación de esta empresa en Boyacá arrasaría con bosque de niebla o alto andino (hogar de osos de anteojos, venados, 7 cueros y otras especies nativas), nacimientos de agua y desviaría cursos de quebradas, generando pérdidas irreparables para los ecosistemas. Al igual, la actividad de extracción explosiva y mecánica generaría y aumentaría las grandes remociones en masa (deslizamientos) que se han presentado en esta zona del departamento. 2 http://www.carboandes.com.co/site2/index.

php/es/mina-de-carbon-palmarito-rondon-boyaca 3 Corpoboyacá, Boletín oficial N° 54, 2010. Pág 91. 4 http://elturbion.com/?p=6310

La empresa Carboandes es una empresa que funciona bajo la figura de Sociedad Anónima con capital de la transnacional Mitsui y de otros inversionistas locales y extranjeros, posee inversiones en el norte del país (la Jagua de Ibirico), Socha Boyacá, el ferrocarril de Fenoco, el occidente de Santander (región del Chucurí y Landázuri) y el puerto de Santa Marta.

En estas regiones se ha asociado con multinacionales del carácter de la Drummond, Glencore, Prodeco y BHP Billiton, así como con la empresa Carbosan, todas ellas responsables de daños ambientales, desplazamientos y financiación del paramilitarismo en Cerromatoso (Córdoba), el sur del Cesar, La Guajira, entre otraos. Finalmente, la entrada de estas transnacionales a lugares tan frágiles y necesarios para la vida como las zonas de recarga hídrica y los páramos, constituye un crimen contra quienes habitamos el territorio. Además, este tipo de explotación históricamente ha estado pensada para el beneficio de los privados.

La opción más consecuente que han tomado las comunidades boyacenses en otros proyectos mineros ha sido el accionar directo contra los trabajos de las empresas como el represamiento de maquinarias y taponamiento de vías en Socotá y Tasco, acciones necesarias para la defensa de los territorios y la construcción de la vida digna

LA LUCHA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SABANA DE BOGOTÁ propietarios tenían algo más del 65% de la tierra.

La agroindustria se ha abierto paso a través del modelo del siglo XX de la Gran Hacienda, producto de la época de la violencia y de millones de familias desplazadas que han hecho “crecer” demográficamente a Bogotá y a sus municipios cercanos.

La expansión de la lógica de acumulación capitalista a nivel mundial no solo ha traído consigo muertes por causa de la guerra y la invasión a países ricos en recursos energéticos, sino que también se ha traducido en una profunda crisis humanitaria derivada del precario acceso a alimentos de una gran parte de la población mundial, condenada al hambre, a la malnutrición y al padecimiento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación. En ese sentido, Colombia y en particular la Sabana de Bogotá no han sido la excepción, sino más bien un ejemplo de lo que el capital puede hacer con un territorio y su producción agroalimentaria. Según la FAO,1 en el 2010 las cifras mundiales de hambre crónica rondaban los 925 millones de personas. Paradójicamente, las políticas que promueve este organismo a nivel mundial parecieran dar cuenta de un interés en perpetuar esta realidad y no en combatirla. Esto tiene una causa bien clara: esas políticas y en general la economía alrededor del campo no están planteadas sobre la base de las necesidades de la población, sino sobre los intereses de grandes conglomerados económicos y multinacionales que controlan la producción, distribución, comercialización, procesamiento y consumo de alimentos. Alrededor de 50 empresas transnacionales tienen el control mayoritario sobre estos campos y han desplegado una cantidad de marcas que así lo demuestran; entre las más fuertes se encuentran Nestlé, Kraft, Pepsico, Unilever, Coca Cola, las que a su vez controlan otras empresas encargadas de las demás ramas en el sistema agroalimentario y que han monopolizado aproximadamente el 85% de la producción mundial de cereales.

La brecha entre países del “primer y tercer mundo” ha condenado a naciones como Colombia a la dependencia alimentaria, la cual se ha dinamizado con la expropiación violenta y ‘legal’ de las tierras y, en general, de los medios de producción necesarios para garantizar la alimentación del pueblo. Para el 2010, en Colombia el 0.5% de los 1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Los ejemplos para ilustrar el problema en Colombia resultan diversos. Por un lado, en varias zonas del país los cultivos de palma africana o aceitera han sustituido una buena cantidad de producción alimentaria, lo mismo ha sucedido con la caña, maderables, proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos, como son los ya renombrados casos de la Pacific Rubiales en Puerto Gaitán (Meta), las hidroeléctricas en el Quimbo (Huila) y en Ituango (Antioquia) y por supuesto, la predominante producción ganadera que se asienta mayoritariamente en manos de latifundistas o narcotraficantes (aunque la línea divisoria no sea muy clara) y que en su conjunto se agrupan en Fedegan2, distinguidos contradictores de la reforma agraria y de las luchas del campesinado colombiano. Hacia el 2009 se calculaba que los ganaderos eran dueños de más de 39 millones de hectáreas de suelo cultivable, en un territorio en donde 114 millones de hectáreas son de vocación agrícola, pero en donde apenas 5 millones son dedicados a la agricultura.

De tal manera, el “Plan de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad Para Todos” es un evidente fomento del latifundio, expresado en la creación de las Zonas de Desarrollo Empresarial que se enfocan en garantizar que el monopolio de la agroindustria se quede en las pocas manos que han podido adquirir los medios de producción necesarios para este tipo de negocio. Las consecuencias ambientales de los monocultivos, los pesticidas, fungicidas y demás productos agrotóxicos son alarmantes, especialmente las relacionadas con la fertilidad del suelo, la contaminación de fuentes de agua y apropiación privada de las mismas, lo cual ha acelerado aún más la actual crisis ambiental en el mundo. En este panorama, no es casualidad la puesta en marcha de los ya viejos planes de especialización de los territorios y en 2 Federación Colombiana de Ganaderos

Por: CRECIENTE POPULAR

particular en la región Bogotá-Sabana. La perspectiva dada desde el plan Ciudadregión apunta a convertir estos territorios, ancestralmente cultivados, en el lugar ideal para el almacenamiento de mercancías (bodegas y parques industriales), la manufactura libre de impuestos (Zonas Francas); y sobre todo, para el aprovechamiento de su potencial en la producción agroindustrial de tipo exportación, sobre la base del latifundio, la explotación laboral y el monopolio agroindustrial.

De vieja data son los conflictos laborales y ambientales con las grandes empresas dedicadas a la producción de flores para la exportación, en las que extensas zonas cultivables son sobre explotadas durante años hasta su desgaste y, de paso, el de las mujeres y hombres que las trabajan. La utilización de la tierra para su producción tiende a agudizar con el tiempo la crisis alimentaria que ya vive la sabana y Bogotá. No obstante, desde este territorio también se vienen pensando y construyendo formas de organización acordes con la realidad que vive nuestro pueblo, sustentados desde la propuesta política de la soberanía alimentaria, entendiendo a ésta más allá del mero plano de exigibilidad del derecho y llevándolo al plano de construcción de un nuevo enfoque sobre lo agroalimentario consecuente con las necesidades del pueblo. Con las reflexiones puestas en distintos espacios de encuentro y articulación se delinearon algunos aspectos centrales en la lucha por el territorio y, en este sentido, se identificó la Soberanía Alimentaria como espacio estratégico en su potencial organizador y reivindicativo. Alrededor de este concepto, propuesto por primera vez en 1996 por Vía Campesina3, se han comenzado a dar numerosas batallas en Bogotá y la sabana con procesos organizativos que reivindican la lucha por la tierra, el agua, las semillas; poniendo en cuestión todo un modelo agroalimentario agenciado por el capital y sus intereses.

Asumimos la Soberanía Alimentaria como una propuesta política, ética y organizativa para nuestras comunidades, que combina una profunda reflexión de la realidad de nuestro territorio, con la proyección organizativa de nuevos espacios de articulación. Las experiencias acumuladas por colectivos de jóvenes como Hilos y Semillas en Usme o el Colectivo Territorial Comancipar (Red Juvenil Itoco) en Madrid, pertenecientes junto con otras organizaciones a la Creciente Popular, dan cuenta de un interés cada vez mayor de la juventud por abanderarse de la lucha por la Soberanía Alimentaria y defender el territorio desde muchos otros campos y escenarios de lucha 3 La Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Esta organización es considerada hoy en día uno de los principales actores en los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por instituciones como la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A DOCE AÑOS DE LA MASACRE, PEREGRINACIÓN AL PÁRAMO DE LA SARNA

En memoria de las víctimas de la masacre en la Sarna, para exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición

En Boyacá las comunidades no se han librado de la violencia y la represión que por años han golpeado al país. Graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes oficiales y para-estatales hoy continúan en la impunidad. El páramo de la Sarna es testigo silencioso de una masacre que el primero de diciembre del 2001 estremeció al país.

Allí, cerca de la ciudad de Sogamoso, un grupo de hombres armados detuvieron un bus de la empresa Cootracero que hacía la ruta Sogamoso – Labranzagrande. Sus 18

pasajeros fueron obligados a bajar del vehículo y a acostarse boca abajo sobre la carretera, para luego ser asesinados con tiros de gracia. De esta masacre sólo se salvaron dos niños -de 7 y 12 años- y una anciana, pero frente a ellos se ejecutó el crimen. La mayoría de las víctimas eran habitantes de los municipios de Paya, Pisba y Labranzagrande, amas de casa, campesinos y estudiantes de esta región del piedemonte.

Sobre los responsables de este acto criminal se conoce que la justicia ha condenado a varios miembros de la estructura paramilitar que se conoció como “Autodefensas Campesinas de Casanare -ACC-”, quienes dentro del proceso penal afirmaron que en la masacre participaron efectivos de la inteligencia militar de Tunja, agentes del DAS y miembros activos de la policía de Sogamoso, señalados por haber ubicado el lugar para efectuar la masacre, permitir el paso de los asesinos hasta ese sitio y proporcionar las armas de fuego.

Los familiares de las víctimas y comunidades de la zona rememoraron el hecho este primero de diciembre y realizaron una nutrida peregrinación al lugar de los hechos, a fin de mantener viva la memoria, exigir al Estado la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; así mismo, la intención es realizar un acto de dignificación a las víctimas y a sus comunidades que por años vienen siendo estigmatizadas y perseguidas. Los boyacenses, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos participan de este acto de memoria y dignificación para juntar voces de exigencia y denunciar la impunidad que ha cobijado este brutal crimen (hasta la fecha no se ha investigado ni juzgado a los principales responsables del mismo), recordarle al Estado colombiano que debe asumir su tarea de resarcir a las víctimas y honrar a las personas asesinadas allí para avanzar en la verdadera construcción de la paz con justicia

“LAS VÍCTIMAS”:

Luís Ángel Gil Orduz, 30 años, ingeniero. Tania Leonor Correa Pidiachi, 25 años, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá. Mercedes Rivera 22 años, aseadora de la Alcaldía municipal de Paya. Luis Arturo Cárdenas, director de la Umata de Paya. Isidro Alba Guío, 50 años, docente. Jonh Fredy Poveda Bayona, estudiante universitario. Luís Miguel Melo Espitia, 17 años, ayudante del bus. Abel Cudris Rodríguez. Gonzalo Rincón Barrera, 31 años, ingeniero sanitario. Luís Alejandro Pérez Fernández 25 años, estudiante de la UPTC. José Antonio Monguí Pérez, 52 años, tendero residente en Sogamoso. Jairo Isidro Peña, 42 años. Bertulfo Nova Arguello, 50 años, agricultor. Herminda Blanco de Peña, profesora, esposa de don Jairo. Hernando Gómez Garavito, conductor del bus.

SANTO DOMINGO: EJEMPLO DE PERSISTENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Conmemoramos 15 años desde aquel 13 de diciembre de 1998, cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la población de Santo Domingo (Tame, Arauca), ocasionando la muerte a 17 campesinos y campesinas, entre ellos 6 menores de edad. También se ocasionaron graves heridas a otros 25 integrantes de esa población.

Resaltamos que en este crimen de Estado partició la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC., mejor conocida como OXY, pues el avión Skymaster desde donde se dieron las coordenadas de los lugares donde debían descargar las bombas, estaba al servicio de esa compañía petrolera. Desde ese momento las víctimas emprendieron una ardua lucha, acompañadas por las organizaciones sociales de Arauca, la Fundación de Derechos humanos Joel Sierra y otros organismos del orden nacional e internacional. Esto, con el fin de es-

tablecer la verdad, lograr justicia a través de penas ejemplares a los autores y determinadores del crimen, alcanzar reparación integral para las víctimas y garantías que nunca más se cometerán crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio. El último logro alcanzado en esa lucha contra la impunidad fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puso fin a un proceso de investigación que se adelantaba a raíz de la masacre. Ese organismo internacional condenó al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y a la circulación y residencia. Esto, porhaber asesinado, herido y desplazado de manera forzada a los pobladores de Santo Domingo.

Hoy rendimos un póstumo homenaje, exaltamos la vida, retomamos los ideales, sueños e ilusiones de los niños JAIME

CASTRO BELLO, LUIS CARLOS NEITE MÉNDEZ, OSCAR ESNEIDER VANEGAS TULIBILA, GEOVANI HERNÁNDEZ BECERRA, las niñas EGNA MARGARITA BELLO Y KATHERINE CÁRDENAS TILANO, los campesinos SALOMÓN NEITE, LEVIS HERNANDO MARTÍNEZ CARREÑO, PABLO SUÁREZ DAZA, CARMEN ANTONIO DÍAZ COBO, ARNULFO ARCINIEGAS, LUIS ENRIQUE PARADA ROPERO, RODOLFO CARRILLO, y las campesinas TERESA MOJICA HERNÁNDEZ, EDILMA LEAL PACHECO, MARÍA YOLANDA RANGEL y NANCY ÁVILA CASTILLO, asesinados en el bombardeo a Santo Domingo Rreconocemos la valentía de los familiares de las víctimas, de la comunidad araucana en general y de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos del orden regional, nacional e internacional por su papel fundamental en la lucha inclaudicable por derrotar la impunidad

“LOS PUEBLOS QUE NO LUCHAN TIENDEN A DESAPARECER”: ASCATIDAR

Los indígenas Sikuani asentados en el departamento de Arauca se niegan a olvidar su cultura. Han pasado treinta años desde el momento en que fueron desplazados de su santuario espiritual, la Laguna del Lipa, pero aún conservan la intención de recuperarlo.

Con ese fin, los Sikuani han mantenido una lucha permanente por la recuperación de su territorio ancestral. En tal sentido, el pasado 30 de octubre se realizó en el municipio de Arauquita un Cabildo Indígena, cuyo fin fue la defensa del territorioen el que habitan muchos santos: “Ware Fereto”. Los capitanes indígenas y campesinos que participaron en la reunión dieron sus testimonios recordando la majestuosidad que caracterizaba dicho lugar, pues representaba un centro de reproducción biológica y cultural. Gracias a su biodiversidad, para los 80 la Laguna del Lipa fue declarada por la autoridad ambiental de la época -INDERENAcomo ‘santuario de Flora y Fauna’.

Este santuario fue una de las primeras víctimas de la explotación petrolera en Arauca. Cuando en 1983 se inicia el saqueo de crudo en el campo Caño Limón, cientos de miles de barriles de producción diaria ayudaron al país a superar una crisis energética que lo tenía sumido en la dependencia. No obstante, en lugar de traducirse en vida digna para los araucanos y mejoramiento de las condiciones de los aborígenes, el hallazgo de Caño Limón se convirtió en una especie de ‘maldición’, pues significó la destrucción de la Laguna del Lipa.

Los indígenas fueron sacados por la bota y el fusil del estado colombiano que les arrebató el derecho a permanecer en el territorio

que desde hacía miles de años habitaron. Lo mismo pasó con los campesinos que colonizaron tierras cercanas al campo petrolero: la población era un estorbo para las compañías extranjeras que querían sacar el petróleo. Los más de mil indígenas que a s i s t i e ro n al cabildo coincidieron en afirmar que entablarán las acciones judiciales de orden nacional e internacional que sean del caso para recuperar su territorio y evitar que acaben con lo que aún se conserva de la laguna del Lipa. Además los Sikuani solicitaron el acompañamiento y solidaridad del campesinado y el pueblo colombiano atraves de la moviliza-

ción y la denuncia, especialmente en relación a los graves impactos que ya empieza a generar el más reciente proyecto de explotación petrolera denominado Chipirón TB. Esta nueva etapa de la explotación petrolera por prte de la OXY, se piensa desarrollar en

el corazón de la laguna, a través de la construcción de una plataforma sobre el agua. La historia de los Sikuani

El pueblo indígena Sikuani se caracterizó por ser nómadas. Permanecía en el territorio de los llanos colombo-venozolanos, los cuales recorrian por las costas de los ríos que bañan esta basta regíón. Para todos ellos la laguna de lipa era su referente espiritual, de abastecimiento de alimentos y fortalecimiento cultural.

Al ser despojados de su territorio, poco a poco y con el paso del tiempo los indios fueron perdiendo su lenguaje; sus ritos y saberes fueron desapareciendo con la muerte de los sabios y la imposición del modelo de “civilización” emergente. En estos tiempos los Sikuani intentan recuperar su lenguaje y su cultura. Por esa razón acuden a los mecanismos legales y la movilización para mantener su dignidad y no desparecer como pueblo. La organización indígena

La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca -ASCATIDAR- es la organización que agrupa a los pueblos ancestrales del departamento de Arauca. Desde su nacimiento, esta asociación ha fortalecido la lucha y movilización de los indígenas en defensa de su derecho a existir como pueblo. De la misma forma, ha enarbolado la bandera de la recuperación del territorio ancestral, pues sus dirigentes han

sido enfáticos en afirmar que no se conformarán con seguir confinador en ‘un pedazo de tierra’, que es lo que significan para ellos los actuales resguardos.

Ascatidar también ha entendido la lucha de manera integrada con otros sectores sociales como el campesino, que históricamente

se ha movilizado en defensa de un territorio que les ha costado conseguir.

Juntos, indígenas y campesinos expresan su arraigo al territorio, ponen su pie en tierra y gritan “¡devuélvannos a Ware Fereto!”

Gustavo Petro, víctima de su propio invento

Fragmento tomado de: rebelión.org Libardo Sánchez Gómez

Desde cuando el M-19 decidió abandonar la lucha armada y someterse a la legalidad del régimen selló para bien o para mal el destino de los excombatientes. Los mismos ex M-19 ayudaron a darle cuerpo a la normatividad, que hoy les aprieta el cuello, pues hicieron parte de quienes crearon la Constituyente del 91.

Gustavo Petro junto a Antonio Navarro han sido de los pocos reinsertos que han sabido aprovechar exitosamente el estrecho espacio político que otorga el sistema a quienes abandonan las armas. La mayoría de excombatientes andan en el rebusque y otros viven de milagro. Desde el principio Petro buscó mimetizarse dentro del sistema y lo primero que hizo fue renegar de la lucha armada, declarándose enemigo del uso de las armas como combinación de la forma de lucha para acceder al poder, muy a tono con las posiciones de la ultraderecha, que inspiran al paramilitarismo; muchas veces no se sabía quién era más enemigo del pueblo en armas si Álvaro Uribe Vélez o su (¿aparente?) detractor Gustavo Petro Urrego.

Las líneas políticas de estos dos personajes, por principio, opuestas, muchas veces han sido coincidentes. Incluso en la forma se parecen: Uribe tejió su discurso contra los cambios sociales a través de la “seguridad democrática” y Petro pretende propiciarlos mediante la “izquierda democrática”. Ambos, en su tiempo, fueron furibundos antichavistas, es decir, que se oponían a la superación del nefasto modo de producción capitalista y por tanto al socialismo del siglo XXI. Y ambas posicio-

nes han sido exitosas en su capacidad de atraer (¿y confundir?) a la opinión pública.

El pueblo creyó que la “seguridad democrática” era la panacea para salir del atolladero en que anda metido el 99% de los habitantes del país, pero luego de la estela de muertos y terror que dejaron 8 años de gobierno del paisa mesías el pueblo comprendió que Uribe Vélez no era más que un mafioso comerciante de la muerte. Con Petro la ilusión renace, la “izquierda democrática” promete ser la vía que llevará al pueblo excluido al paraíso. Es un artista para adornar la dura realidad con populismo matizándola con arrebolado asistencialismo. Así lo demostró durante el tiempo que ejerció como burgomaestre de la capital. Es muy efectista bajar las tarifas del transmilenio y asegurar el mínimo vital de agua a los menos favorecidos.

A través de La “izquierda democrática”, muy lejos de la izquierda revolucionaria, maneja un discurso, en términos de Uribe, melifluo el cual atrae a las clases populares, como las flores vistosas atraen a las laboriosas abejas; su discurso no asusta a las castas en el poder ni al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien realmente maneja los hilos del poder en Colombia. Petro, siendo Doctor en

Economía, conoce perfectamente la diferencia entre el capitalismo keynesiano, que favorece la intervención del estado en la dirección de la economía así como el fortalecimiento de la cosa pública y el neoliberalismo (capitalismo clásico) opuesto a todas estas formas de direccionar el modelo capitalista de un país. Es ahí donde encaja su discurso, aparentemente, transformador, pero en la realidad alejado del cambio de modelo económico, el cual ha demostrado que ni a través del Keynesianismo ni del neoliberalismo es capaz de solucionar los graves problemas que enfrenta el 99% de la población a nivel mundial. Pero su keynesianismo es suficiente para que la gente y sus mismos detractores lo vean como un político de izquierda.

Gustavo Petro ha sido, definitivamente, víctima de su propio invento. Primero aceptando la legalidad burguesa y en segundo lugar contribuyendo a elegir al hoy procurador Ordoñez [1], su verdugo. Él mismo hizo una elocuente defensa de las cualidades de Ordoñez. Y Ordoñez, simplemente, hizo uso de las facultades que la normatividad vigente le concede, y que Petro defiende. Que se extralimitó, no; “a papaya puesta papaya partida”. De acuerdo a las normas el Procurador tipificó la actuación de Petro frente al manejo de las basuras como falta gravísima la cual da para su destitución y para una sanción que va de 10 a 20 años. Que por ser de izquierda, tampoco, para nada; simplemente Petro se atravesó a los operadores privados que venían contratando con el Distrito por un valor cercano a los $2,4 billones. Algunos de los contratistas son familiares del ex presidente Uribe, y con este señor las cosas son a otro precio; los contratistas le tendieron una trampa y el alcalde cayó en ella

YOPAL: CAPITAL PETROLERA, PRÓSPERA, EN DESARROLLO... SIN AGUA POTABLE desde hace años y un vacío de planeación estratégica para un municipio que tiene suficientes fuentes de agua, cuenta con recursos económicos importantes y de ninguna manera puede justificar la falta de acueducto por tanto tiempo. Los planes privatizadores del agua, la urbanización acelerada y sin planificación, las economías de enclave (petroleras, para el caso) que en estas regiones solo están de manera temporal y usufructuando los recursos, sumados a la degradación ambiental, ponen sobre el tapete un conflicto donde el agua es el elemento de disputa.

El caso Yopal se suma a la problemática que se presenta en otras zonas del país (como Santander, algunos municipios en Boyacá, la costa caribe y pacífica) y del mundo, ya que el modelo económico propicia unas condiciones en las que este tipo de elementos vitales se convierten en propiedad privada, mercancía y, por ende, en objeto de disputa. La capital del Casanare, uno de los mayores productores de petróleo de Colombia, lleva dos años y medio sin agua potable y sin una solución a la vista. Han pasado treinta meses desde que un movimiento de tierra de grandes proporciones sobre la cabecera municipal de Yopal, en la margen derecha del río Cravo Sur, estropeó la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas, averió las redes del acueducto, la línea de transmisión del gas y la carretera marginal del llano, dejando a esa ciudad incomunicada y sin agua.

La vía y el gas se restablecieron pronto, pero lo del acueducto no. Desde entonces los yopaleños han pasado múltiples penurias: les tocó volver a los tiempos de “aperar el burro pa’ ir al caño a traer agua en bidones” (garrafas plásticas), hacer plan de baño y lavada al río con mayor frecuencia; claro que no todos, porque algunos compran el agua de carrotanques, recogen el agua lluvia, la toman de los puntos que instaló la cruz roja, aplican el “baño francés”... en fin, cada uno se las arregla como mejor puede.

Yopal con unos 80 mil habitantes y más de 20 años de bonanza petrolera, ha recibido en los últimos tres años, por concepto de regalías, más de 130 mil millones de pesos (a los que se debe sumar, por lo menos 7.912 millones proyectados para la actual vigencia). A pesar de lo anterior, su administración no ha sido capaz de destinar 75 mil millones de pesos para la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo acueducto. Que el dinero no está? Que debe salir de las regalías que ya se esfumaron? O de los planes departamentales de agua que maneja a su acomodo el gobierno nacional? Eso se sigue preguntando la población de ese municipio que por ahora sigue afrontando la escasez del preciado líquido. La situación se tornó insoportable, por lo que en marzo de este año a los habitantes de la capital casanareña “se les cansó el burro”. Salieron a las calles a protestar, molestos por la inoperancia administrativa,

indignados de ver que los gobernantes locales, departamentales y las instituciones nacionales, todas responsables de resolver de manera pronta el problema de abastecimiento de agua, se tiraban la pelota unos a otros.

Fueron varios días de bloqueo, hubo parálisis en buena parte del departamento, se afectó de manera indirecta la explotación petrolera y las demás actividades en el Casanare, los colegios de Yopal cerraron, se agudizó la emergencia hospitalaria. La respuesta de los gobiernos rápidamente llegó, no la que esperaban los yopaleños, ¡no! Llegaron cientos de efectivos de los escuadrones antidisturbios de la policía -ESMAD- con la orden de desalojo por la vía violenta, como lo sabe hacer el gobierno. Los choques entre el ESMAD y los manifestantes agudizaron los problemas, pero también pusieron en la escena nacional los conflictos sobre el agua, los cuales están cruzados por varios actores con diversos matices. Un problema de fondo es la ausencia de una política pública que garantice el acceso al agua como elemento esencial para la vida, como un derecho fundamental para todas y todos. También se reflejaron las deficiencias de los planes departamentales de agua que, lejos de garantizar su acceso a todos los colombianos, ocasionan mayores conflictos y, para el caso particular de Yopal, se añade el despilfarro de las regalías, la corrupción administrativa que hace carrera

Según el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), más de 1.000 millones de habitantes del mundo en desarrollo viven en condiciones de pobreza, y una gran proporción de esas personas se encuentran en África, el sur del Sahara y en América Latina, donde la carencia de agua es cada vez mayor. En el 2025 la mayoría de la población vivirá bajo condiciones muy bajas y casi catastróficas de agua potable, afirma el programa. En Yopal, el descontento por la escasez de agua se mantiene y el disgusto aumenta cuando los gobernantes dan prioridad a otros asuntos como las fiestas tradicionales que, a propósito, se avecinan. Esto deja la impresión que los políticos aplican la política de “pan y circo para su pueblo”, para entretener a la plebe. Entre los pobladores de Yopal se escuchan voces de ¡Agua primero, Fiestas después!

INICIA UNA NUEVA ETAPA DEL COORDINADOR NACIONAL AGRARIO baldíos que quedan en Colombia, obviamente con la intervención del Estado. Un nuevo referente organizativo del campesinado

Luego de la construcción colectiva de plataforma política, las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que participan del Coordinador Nacional Agrario se decidieron a dar lo que se llamó un salto cualitativo: el CNA pasará de ser un espacio de coordinación a un organismo de carácter jurídico que represente y reúna al campesinado colombiano.

Esta nueva organización campesina, que recoge un legado de más de 16 años de construcción colectiva de movimiento agrario a través del CNA, se regirá por los principios, postulados y líneas de acción estipulados en el Mandato Agrario, el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía y las estipulaciones emanadas de sus cuatro asambleas nacionales.

CNA culmina el 2013 con la celebración de su 4a Asamblea y la decisión de conformar un organismo de carácter nacional al campesinado colombiano.

En el municipio de San Lorenzo (Nariño) tuvo lugar la 4a Asamblea del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, evento que reunió más de 400 delegados de organizaciones campesinas de Cauca, Huila, Antioquia, Sur de Bolívar, Centro Oriente, Catatumbo, Nariño y Valle. La reunión se desarrolló durante 5 días -del 18 al 22 de noviembre-, jornada en la que se trabajó y debatió acerca del papel del campesinado como sujeto político de transformación social, así como en la construcción de estrategias de lucha frente al nuevo período, tanto en lo organizativo, como en lo político. El momento actual desde la perspectiva campesina

La Asamblea sirvió como escenario para analizar la situación actual del modo de producción capitalista, así como de la configuración política y económica del continente latinoamericano.

Se partió de señalar la crisis actual del sistema capitalista, la cual es de carácter estructural y se expresa en aspectos económicos, políticos, ambientales y sociales en todo el mundo. Muestra de ello es la crisis inmobiliaria en Europa, la crisis fiscal en Estados Unidos, el cambio climático, la desocupación o desempleo en los países desarrollados, entre otros fenómenos que han generado amplias protestas sociales. Ante esta profunda crisis, el capital o los capitalistas han implementado varias salidas que, antes que resolver las problemáticas causadas, las han agudizado. Se estableció que lo que buscan esos ‘remedios’ es recuperar la tasa de ganancia o, en otras palabras, restablecer el margen de utilidades que los diferentes sectores productivos generan y con ello el grado de acumulación y reproducción del sistema capitalista. Tales medidas para salir de la crisis son, entre otras, las guerras imperialistas con

el propósito de apropiarse de los recursos naturales, de las rutas comerciales y de los mercados (ejemplo de ello es la conspiración contra el proceso bolivariano en Venezuela para tumbar su gobierno progresista y para controlar su recurso petrolero, así como la agresión a Libia y Siria); la reducción del gasto social en salud, educación y empleo, incluso en los países desarrollados; el refinanciamiento de los bancos con dineros públicos; la especulación financiera y la fluctuación de precios que afectan directamente tanto a pequeños y medianos productores, como a los consumidores de mercancías y servicios. En cuanto al contexto nacional, se hizo un análisis del estado actual del conflicto por la tierra en Colombia, resaltando elementos como la agroindustria, la extranjerización de la tierra, importación de alimentos, factores que han agravado la situación del campesinado luego de una larga época de despojo violento de los territorios por parte de la burguesía y el Estado.

Con la nueva política de tierras el gobierno pretende avanzar en la legalización de la propiedad, pero mantiene y fortalece las restricciones a la tenencia y uso de la misma, dado que favorece a los agroindustriales, empresarios y terratenientes que por medio de la violencia se apropiaron de la mayor parte de las tierras productivas del país y que lo siguen haciendo ahora con el proceso de acaparamiento de los últimos

La nueva etapa organizativa del CNA se inicia con la creación de una estructura más participativa y representativa de varias regiones del país que tendrán asiento en una Junta Nacional compuesta por 34 delegados de los diferentes departamentos, zonas y procesos organizativos; además, se determinó la conformación de un Ejecutivo Nacional conformada por 13 delegados representativos de todas las regiones que conforman el CNA y, por último, una Junta Directiva conformada por cinco dignatarios elegidos en asamblea por votación directa de todos los participantes. En esta oportunidad, ROBERT DAZA, del departamento de Nariño, fue elegido con más de 190 votos como presidente del CNA; ISAAC MARÍN, de la región del Centro Oriente, fue designado como vicepresidente, con más de 140 votos a su favor. El Plan de Acción

La Asamblea también concluye en la aprobación de un plan de acción para el próximo período de 2 años, haciendo énfasis en los temas de tierra y territorio, y de soberanía alimentaria. En tal sentido, se ratifica la lucha contra el latifundio y en pro de una Reforma Agraria Integral. Igualmente, se aprueba la realización de una Gran Movilización Campesina en abril de 2014, la celebración de una Cumbre Agraria y la creación de una Escuela Nacional de Soberanía Alimentaria y Economía Propia

LELIO MANOSALVA SUÁREZ: UN LEGADO DE LUCHA SOCIAL

Sentimientos de tristeza y desasosiego nos embargaron el pasado 8 de noviembre, fecha del fallecimiento del compañero Lelio Manosalva Suárez “Don Lelio”; luchador innato, amante de la agroecología, defensor de Derechos Humanos, esposo, padre y abuelo. Don Lelio deja un legado de lucha por la permanencia en el territorio a los jóvenes y campesinos de las provincias de Pamplona y García Rovira, pues con tenacidad, constancia y sin importar sus condiciones de salud, nunca desistió en el trabajo y en su responsabilidad con la construcción de nueva sociedad, la que soñó para su pequeño nieto.

Durante sus 70 años de vida, Don Lelio ayudó a construir en el corazón del pueblo del ‘Gran Santander’ los cimientos para continuar con la lucha y estructuración del poder popular. También fue un incansable defensor de las reivindicaciones del campesino santandereano. En la historia de esta región quedará el aporte de Don Lelio al apogeo de la defensa de los derechos humanos a través de la conformación de la seccional Santander de la fundación de Joel Sierra. Así mismo, la semilla sembrada en su hija -hoy lideresa del sector juvenil y estudiantil- y los consejos dados a cada uno de sus compañeros más cercanos, colmados de elementos políticos y éticos fundamentales para la construcción del hombre nuevo. Un proceso que se vio afectado por dinámicas de represión violenta en el trabajo social y popular de la zona de los Santanderes, hoy renace y se mantiene fuerte en cada uno de los jóvenes, campesinos, mujeres, obreros y líderes sindicales que recibieron de Don Lelio el ejemplo de la lucha constante, de la firme creencia en una sociedad diferente que tenga por prioridad las decisiones del pueblo. Además de la pérdida de un sujeto político, la muerte de Don Lelio representa para cada uno de los procesos de las organizaciones sociales un ideal más por el cual reivindicar su lucha, por el cual seguir con el proyecto político que nos hemos trazado

A Don Lelio Manosalva, quien dedicó su vida a nuestro pueblo y cultivó en su tierra ¡liberación!

Trabajaron tus manos campesinas, cultivando el amor de nuestra gente, activaste causa, y brindaste posibilidades a los desposeídos. Caminaste la construcción de un mundo nuevo y conquistaste enarbolando la furia del que resiste, la dignidad popular.

Hoy te has convertido en parte de nuestra historia, te haces inmortal en el corazón de los que mantienen viva nuestra razón verdadera.

Se nos vuelve un motivo más, tus pies cansados, tus ojos tiernos y ancianos, la vida tuya, condensada en nuestro tejido de esperanza.

En esta lucha que nunca descansa estás descrito como el verso más guerrero, estas dibujado en el horizonte libre y justo que sueña nuestro pueblo. En cada paso que damos reafirmamos tu historia, tu tiempo, tu vida derramada eficazmente.

Hoy yaces con las almas puras,

y te inscribes al lado de los que nunca mueren, compañero viajero de la revolución popular. Es imposible despedirnos,

pues estarás presente en cada grito, en cada sublevación,

estarás ahí cuando se digan palabras de aliento a los desahuciados, y cuando al fin todos cantemos con júbilo el logro de nuestra libertad… ¡Hasta siempre compañero!

LIBERTARIA

Esta publicación cuenta con el respaldo, apoyo y solidaridad de empresas comunitarias y organizaciones sociales que forjan a diario un futuro digno en nuestro territorio

Cuando respiro aún siento el aroma de tu piel rondando los rincones del recuerdo, socavando lágrimas de esperanza. Cuando respiro se liberan las memorias de mi dulce Amante, mi guerrero inquebrantable, mi constructor de utopías. Cuando respiro recuerdo aquel último amanecer, en el que te vi partir tras senderos de luchas Libertarias. Cuando respiro aún siento que el amor es emancipador, Liberador, y eternamente re constructor. Por esto y mil razones más, seguiré respirando “HASTA SIEMPRE”. Para todos los hijos e hijas de Latinoamérica, SUMERCÉ

¡Porque nuestra lucha social es justa y legítima seguiremos adelante!

CARTA ABIERTA

¡Porque nuestra lucha social es justa y legítima seguiremos adelante!

Hoy al transcurrir más de 8 meses de encontrarse privados de la libertad los compañeros ERNESTO ALEXANDER ROA MONTAÑÉZ y PEDRO LEÓN CARRILLO SOLANO, quienes fueron judicializados tras la participación en la jornada contra la exploración y explotación petrolera en la región, proceso social que se adelantó producto del análisis y consenso de los diferentes sectores sociales que hacen vida política al interior del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. A más de 20 años de trabajo de extracción petrolera en el departamento de Arauca, la región tiene que contar y mostrar que las ganancias para las comunidades ha sido un panorama de destrucción ambiental, como la desaparición del santuario natural Laguna del Lipa, el desplazamiento y desarraigo de las comunidades indígenas Macaguan y Sikuani, el desplazamiento de comunidades campesinas aledañas a los pozos petroleros, la estigmatización permanente a los diferentes espacios organizativos en el departamento, la falta de inversión social, la militarización de la vida civil, la corrupción político administrativa, acciones de guerra sucia y la financiación de grupos paramilitares; razones que legitiman las acciones de movilización de las comunidades, en procesos mediante los cuales se exige la mitigación de la deuda ambiental, social y humanitaria, desde la inversión en proyectos de orden prioritario en el nivel regional

que mejoren la calidad de vida de las comunidades del departamento.

La criminalización de la protesta social se evidencia con la judicialización de nuestros compañeros PEDRO y ERNESTO, quienes han tenido que asumir el rigor de la persecución contra el movimiento social y sus gestas, aún cuando las decisiones de las mismas han sido históricamente colectivas y guiadas por las necesidades sentidas del pueblo, se pretende escarmentar o amenazar a las organizaciones sociales y sus bases, echando presos a quienes participan de ellas.

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente es la expresión de voluntades y deseos de un pueblo organizado, donde confluyen hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores tanto públicos como privados, en torno al Plan Alternativo de Equilibrio Regional, nuestro Plan de Vida, en el cual las definiciones y decisiones se toman de una forma horizontal, donde la construcción es popular y colectiva, mediante la delegación de voceros y voceras, cuyo propósito es transmitir el sentir contenido en esas

definiciones y decisiones, sin que haya jerarquías, ni subordinación, ni se impartan o tengan que cumplirse órdenes.

El Gobierno Nacional maneja un discurso hacia la paz y la reconciliación, que a nivel internacional se deja ver como un Estado que defiende y promueve los derechos y garantías de las personas; pero al interior se persigue y judicializa a los defensores de los derechos humanos y líderes sociales. ¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA… UNIDAD Y LUCHA!

MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA