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Medio informativo de las Organizaciones Sociales del Centro Oriente Colombiano Marzo / 2014 / Edición 17

trochandosinfronteras @gmail.com - www.centroriente.org

6. Movimiento Social

3. MineroEnergetico La trampa y chantaje del “costo de oportunidad”

4. Educacion Porque d con gratuida SÍ ES calidad ¡ E! POSIBL

9. Internacional Un paso más hacia la integración

i n á s o l y s o d a ñ a g n e s o m i t n e s s o n s o a n u “Los campesin a o d n a c o v n o c s e c o v y a h , o d n a t n e l a n i f e d mos se están ca e u q a l e r b m u c a l á r e s y o r a p e d nueva jornada .” o r e c a r o h a l y a í el d

Por una Colombia libre y soberana ¡ Unidad y lucha¡


DEMOCRACIA VS.

ELECCIONES Mientras una parte del pueblo colombiano se trasnocha pensando en la rodilla de falcao, la maquinaria electoral se pone en marcha, tal como sucede cada vez que hay que elegir congresistas, alcaldes o presidentes. Cosa curiosa, ya que se sabe que ni Falcao ni los políticos nos van a sacar de la crisis social, económica y humanitaria en la que andamos hace rato. Más curioso es que mientras la gente hace cadenas de oración por Falcao, éste reza porque a Pacific Rubiales (uno de sus principales patrocinadores) le vaya bien saqueando el petróleo de todos los colombianos. Así tendrá más dinero para pagarle por las propagandas de televisión.

Pero el problema no es del futbolista, ni de los políticos que se hacen elegir (y reelegir) cada vez que hay oportunidad. El problema está en que la mayoría del pueblo colombiano no contamos con la riqueza de Pacific ni podemos aprobar leyes y tomar decisiones (como los políticos).

Por esa razón, la presente edición de Trochando Sin Fronteras intenta llamar la atención sobre las reales problemáticas del país, pero también resaltar las propuestas que desde el movimiento social se están construyendo. Asumimos la humilde tarea de contribuir al propósito que se ha planteado una buena parte del pueblo organizado: propiciar transformaciones estructurales en la sociedad, destruir las actuales relaciones de dominación, explotación, saqueo, despojo y violencia.

Estamos convencidos que el camino para ello no es otro que el de la organización y movilización de los sectores populares, de aquellos que hemos venido cargando sobre nuestras espaldas la riqueza y opulencia de unos pocos (nacionales o extranjeros). Por ello, saludamos la victoria de algunos candidatos de izquierda en las elecciones al Congreso de la República, y los exhortamos a asumir (o seguirlo haciendo) la tarea de denunciar desde sus curules las injusticias y crímenes que se cometen a diario en Colombia; pero no recargaremos sobre esos compañeros la responsabilidad histórica que recae sobre el pueblo conciente, la transformación social la debe impulsar y protagonizar el pueblo mismo.

Tenía razón Vladimir Lenin cuando dijo hace más de 100 años: “A los oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada varios años qué mandatarios de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el parlamento”; hoy en día siguen apareciendo ejemplos claros de cuánta razón le asistió al líder de la revolución Bolchevique.

Hablamos de los casos de Venezuela y Ucrania, tan distantes en la geografía mundial, pero tan cercanos en lo que tiene que ver con los intereses que las potencias tienen sobre ellos. El presidente constitucional de Ucrania, Víktor Yanukovich, fue objeto de golpe de estado promovido por la Unión Europea, a fin de evitar la cercanía comercial y política de ese país con la Federación Rusa.

Caricatura de: Arq. Arley Leal

en que El problema está ueblo la mayoría del p ontamos colombiano no c pacific e d a z e u iq r la n o c bar leyes ni podemos apro es (como y tomar decision los políticos).

Además, hoy como siempre, la derecha es mayoría absoluta en el Congreso. Más del 95% de quienes resultaron electos son representantes de la burguesía y de la oligarquía; ellos seguirán aprobando leyes en favor de los de arriba, de los terratenientes, empresarios, gamonales y mafiosos (nacionales y extranjeros).

Y en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos impulsa y financia una estrategia de desestabilización, cuya finalidad es, igualmente, derrocar el gobierno constitucional presidido por Nicolás Maduro. Eso explica la escasez o desabastecimiento de artículos de primera necesidad, la inflación y los recientes brotes de violencia que se presentan en las principales ciudades.

Estos casos son ejemplares, dado que demuestran cómo la burguesía pasa por encima de sus reglas “democráticas” o de los resultados electorales, a fin de defender sus intereses económicos. Demuestran también que las decisiones populares no están garantizadas con el voto, sino con la movilización permanente del mismo pueblo, pues resulta claro que los ricos nunca renunciarán a la herramienta que mejores resultados les ha dado: la violencia. Por ello, consideramos necesario reavivar las antorchas de lucha de nuestras organizaciones sociales y populares, salirle al paso a las ‘locomotoras’ que pretenden atropellar la dignidad del pueblo y seguir defendiendo la vida y la permanencia en el territorio.


LA REDUCCIÓN DEL 50% AL PRECIO FINAL DE LOS Por: Alianza por el 50% COMBUSTIBLES “UN PROBLEMA COMPLEJO Y 1

SENCILLO”

Además de los planteamientos propios del sector agrario, las pasadas movilizaciones campesinas dejaron en evidencia un elemento clave, que en su momento animó a los gremios de transportadores. Los altos precios de insumos agrícolas y fletes, y su relación directa con los incrementos constantes de los combustibles, fue un clamor que trazó puentes con varios sectores sociales.

Desde entonces el gobierno colombiano ha tratado de eludir la discusión alrededor del tema, pues sabe que es de gran sensibilidad por afectar de manera directa e indirecta el bolsillo y la calidad de vida de la gran mayoría de colombianos. Congelar los precios del ACPM para mantener a raya al sector camionero, anunciar una nueva fórmula para definir los precios del combustible, hasta prometer una eventual rebaja sustancial, han sido parte de las maniobras empleadas por el gobierno.

Lo cierto es que a pesar de las habladurías y promesas propias de la época preelectoral, la realidad mostró lo vacío de ellas, iniciando este año con un nuevo aumento y con un escandaloso precio del ACPM, que casi equipara al de la gasolina. El Ministro de Hacienda, descartó de plano las palabras del Ministro de Minas y Energía, quien para mermar los ánimos sociales se atrevió a hablar de una posible reducción de hasta mil pesos.

El principal argumento del Estado es que el disminuir los precios de los combustibles generaría un déficit económico en las finanzas de Ecopetrol y el país. Este argumento, parcialmente cierto, esconde verdades aterradoras que nos obligan a abordar de manera profunda el problema de los combustibles. 1. Ecopetrol depende del bolsillo de los colombianos.

Si la reducción del precio de los combustibles hace tambalear a Ecopetrol, “empresa con mayor solidez del país”, entonces tal solidez no está respaldada en su actividad misional, que es la exploración y extracción de crudo principalmente, sino en la creación de un mercado monopólico, asegurado por decreto a su favor y en detrimento del bolsillo de los trabajadores. Ello explica por qué las acciones de Ecopetrol experimentaron un fuerte retroceso, con la falsa promesa de una posible reducción. Lo que quiere decir que, a pesar del incremeto en la actividad petrolera y el aumento de la participación de Ecopetrol en las últimas rondas petroleras, la empresa depende fundamentalmente del bolsillo de los colombianos. ¿A dónde van a parar entonces, los ingentes recursos de la actividad petrolera? 2. La nación no recibe los recursos suficientes del negocio de la explotación petrolera

1. Twitter: @alianzaxel50 Facebook: Alianza XCincuenta Blog: alian- z a x e l 5 0 . blogspot.com

Cuando se revisan anualmente las empresas más rentables en las revistas económicas internacionales, son las empresas petroleras y sus consorcios económicos los que ocupan los primeros puestos; el negocio del petróleo sigue siendo el más jugoso del mundo.

El argumento de la inviabilidad financiera de Ecopetrol en un caso de reducción al precio de los combustibles, deja en evidencia que la nación no tiene una participación significativa en el negocio. En efecto, al comparar el State Take, o participación del Estado, Colombia se ubica por debajo de la mayoría de países de la región. De allí que el haz bajo la manga del gobierno frente a las demandas sociales siempre sea: “no hay plata”. 3. La trampa y chantaje del “costo de oportunidad”

Otro de los argumentos engañosos del gobierno para justificar el alto precio de los combustibles es el trillado costo de oportunidad. En resumidas palabras, este concepto señala que el precio de referencia para la venta de una mercancía debe ser la mejor oferta existente, que para el caso concreto es uno de los precios más altos del mundo: el del golfo de los Estados Unidos.

Que los trabajadores de Colombia debamos pagar uno de los combustibles más costosos no solo es un atraco, sino también un chantaje para toda la nación. El anterior Ministro de Minas y Energía fue claro cuando señaló que de no asegurarse un precio interno de combustibles en referencia al de los EEUU, las compañías petroleras podrían optar por vender la totalidad del crudo explotado fuera del país. En conclusión, las empresas transnacionales tienen asegurada no sólo su producción con exenciones de impuestos e incentivos de todo tipo, sino también el negocio de venta a uno de los precios más altos en uno de los países más pobres.

Reflexión Reducir el precio final de los combustibles lejos de ser un asunto meramente técnico y de cálculos de la cartera económica, es ante todo una decisión política que siempre ha asumido el Estado colombiano.

Tres elementos deben ser tenidos en cuenta para la reflexión alrededor del debate de los combustibles: i) es necesario crear una empresa nacional de petróleos que abarque todos los procesos de la producción de crudo, incluyendo su administración, es decir la potestad de asignar en concesión bloques y contratos de exploración y explotación2 , ii) debe incrementarse la participación de la nación en el negocio petrolero, iii) debe cotizarse el precio final de los combustibles en relación al costo interno de producción y no al precio internacional de referencia.

Por ello, el problema de la reducción del 50% en el precio final de los combustibles es complejo, pues requiere de una nueva política no solo de combustibles, sino de hidrocarburos para la nación; es a su vez sencillo, pues ante todo es necesario tener en cuenta que el recurso primario sale de aquí: de la nación.

2. Ecopetrol ya no es una empresa estatal. Parte de sus acciones han sido vendidas a particulares. También su función de administrador de los campos del país ha sido cedida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; institución en la que participan regularmente directivos y antiguos directivos de las transnacionales petroleras.


EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA Una asignatura sin aprobar

Por: Andrés Montenegro Poches Vocero nacional de Identidad Estudiantil 1

A poco menos de tres meses de las elecciones presidenciales Santos no abandona su pretensión de reformar la educación superior o los “rieles” de las “locomotoras de desarrollo”, como él mismo las ha denominado.

Luego de aplazarla dos veces, la ministra de educación María Fernanda Campo ha dicho que para marzo de este año se presentará la política pública de educación superior y ha insinuado que ésta se aplicará en el país por medio una nueva reforma a la ley 30 de 1992.

Esta noticia ha traído bastante preocupación al movimiento estudiantil, la comunidad universitaria y la sociedad colombiana que no olvidan cómo en el 2011 el gobierno lanzaba su primer intento de reforma antidemocrático e inconsulto, con el objetivo de ajustar la educación superior al ánimo de lucro y a modelos empresariales. En este segundo intento el gobierno habla de una política pública construida a través de un proceso según él, democrático y consulto; que ha copiado la metodología de discusión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-2 , pero ha limitado la participación y aportes de actores que no compartan la idea de modelo empresarial en la educación superior. El MEN -Ministerio de Educación Nacional- ha llamado a este proceso el “diálogo nacional por la educación superior”3 adelantado por el CESU -Consejo Nacional de Educación Superior- que no escapa al control del ministerio, a pesar de la deslegitimidad que tiene la ministra. La composición del CESU es de 11% para el sector productivo (2 representantes), de 21% para el gobierno nacional (ministra de educación, jefe de planeación y directores de Colciencias y el ICFES), 68% para las instituciones educativas representados en 8 rectores (1 de la Universidad Nacional, 1 de universidades públicas, 2 de universidades privadas, 1 de la Universidad Cooperativa, 1 de instituciones tecnológicas públicas, 2 de instituciones técnicas profesionales pública y privada); además de 1 representación estudiantil, 1 representación de docentes y 1 representación de la comunidad académica.

La ministra ha dicho que el CESU es la instancia idónea para reformar el sistema educativo ya que, según ella, es independiente del ministerio. Sin embargo cuando vemos la composición de dicho consejo encontramos que el CESU sigue siendo ilegítimo y antidemocrático. La comunidad académica cuenta con 11 consejeros de los cuales 8 son rectores, elegidos la mayoría de ellos en los Consejos Superiores Universitarios -CSU- de cada institución donde el Ministerio preside y controla las decisiones que allí se toman4 ; la representante de los estudiantes Johanna Pacateque hace parte de FENARES -Federación Nacional de Representantes- organización bastante cercana al ministerio y que no defiende en lo absoluto los intereses del estudiantado colombiano; los otros dos miembros son delegados del sector productivo y del gobierno por supuesto son cercanos al ministerio, y para completar, la presidencia del CESU la ejerce la misma ministra de educación María Fernanda Campo.

Según el CESU se han realizado 6 diálogos regionales (con limitada participación), se han recogido más de 500 propuestas y han participado más de 30.000 personas. Sin embargo toda esta “participación” pasa por el filtro del grupo CEIBA -Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad-, que son un grupo de expertos en educación bancaria y modelos empresariales para la educación, que no han hecho más que acatar los lineamientos del BM -Banco Mundial- y la OCDE -Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico-, instrumentos del capitalismo transnacional.

La ministra preside el CESU y tiene control de la gran mayoría de los rectores, consejeros del sector productivo, y por supuesto , de los representantes del gobierno.

La política pública de educación superior tendrá una vigencia de 20 años (20142034). Hasta el momento se han definido los siguientes puntos de acuerdo: • Creación de comisiones, agencias y superintendencia para asegurar la calidad educativa.

• Cambiar la categoría de educación superior por la de educación terciaria . • Creación de subsistemas regionales. La apertura de nuevas carreras estaría condicionada a planes regionales de formación y de desarrollo. • Modificación del sistema de financiación por indicadores, ligadas a las estampillas, que representan un nuevo uso para las regalías.

1. El proceso Identidad Estudiantil es una organización nacional de estudiantes 4. Como en el caso de Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional que fue elegido universitarios con presencia en más de 20 universidades públicas y privadas del país. a “dedo” por el ministerio, en contra de toda la comunidad universitaria que apoyaba al Estudia y lucha en defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y al servicio profesor Leopoldo Múnera. de las necesidades del pueblo colombiano.

2. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil es la expresión organizada del movimiento estudiantil colombiano que en el 2011 tumbó con movilizaciones la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno y hasta la fecha viene construyendo su propuesta de ley alternativa de educación superior. 3.http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/w3-propertyname-2942.html

5. Se refiere a las instituciones educativas que confieren una titulación superior o profesional. Se puede entender también como el siguiente nivel en la formación, posterior a la educación primaria y secundaria (bachillerato). La pretensión del gobierno al cambiar esta titulación no es meramente gramatical, responde al interés de recoger diferentes instituciones de dudosa procedencia y calidad al interior del sistema de educación superior o ahora, como pretende el gobierno, educación terciaria.


Que las instituciones departamentales y municipales contribuyan a la financiación de la educación superior. • Para el 2034 se logrará el acceso universal.

• El SENA será el referente de la educación terciaria, en la formación de mano de obra y la aplicación de ciclos propedéuticos.

• Creación de un marco nacional de créditos y competencias.

• Inclusión en la educación superior de comunidades vulnerables y minorías.

Los anteriores puntos de la política pública no resuelven la profunda crisis educativa, la reajusta para que sigamos en un modelo excluyente en el acceso de la juventud, ausente del compromiso con la solución de las problemáticas del país y

La política pública no resuelve la profunda crisis educativa, la reajusta y mantiene el mismo modelo excluyente y empresarial.

pueda acceder a la educación superior por sus capacidades académicas, investigativas, humanas y no por sus capacidades económicas.

n o c d a d i u t a S r g E e qu ¡SÍ r ! o E P d L a d i B l aplicando un modelo empresarial en el a I c que el ánimo de lucro será el eje central del S modelo educativo. Este nuevo intento de O P reforma no solucionará la actual crisis, por lo cual, la educación superior colombiana seguirá siendo una asignatura sin aprobar.

De allí que el papel del movimiento estudiantil sea el de denunciar y movilizarse en contra de dicha reforma, continuar con la construcción de la propuesta de ley alternativa de educación superior y exigir junto con los demás sectores sociales condiciones de vida digna, en las cuales la juventud

TÁCTICA Y ESTRATEGIA EN LA REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO Por: Asociacion Nacional de Jovenes y Estudiantes de colombia -ANJECO. SOCIAL

De los cerca de 3500 crímenes de estado conocidos como “falsos positivos” incentivados en el gobierno Uribe, cuando el ministerio de defensa estaba bajo la dirección del ahora presidente Santos, después de cinco años de investigación solamente se emitió sentencia en 2013 respecto de cinco miembros de la fuerza pública. Este hecho, además de vergonzante, permite esclarecer de qué lado está la legislación y el aparato judicial colombiano: Del lado de la impunidad gubernamental y la represión de la protesta social.

A la movilización social y popular que se ha generado a partir de la implementación y profundización del modelo neoliberal en Colombia, las clases dirigentes han respondido con una estrategia represiva que busca desvertebrar e incluso exterminar las diferentes expresiones de lucha social. La persecución judicial, la represión militar y paramilitar han sido algunas de las tácticas utilizadas por las élites en la búsqueda de generar esa “confianza inversionista” que favorece al capital extranjero en detrimento de los intereses del pueblo colombiano.

La inversión que en seguridad y defensa se ha efectuado en los últimos cuatro periodos presidenciales ha tenido un crecimiento importante en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). En el gobierno Pastrana se pasó de un 3,6% a un 4,1%; en los dos periodos del gobierno Uribe se pasó de un 4,3% a un 5,1% y finalmente, en el gobierno Santos se ha mantenido un 4,2% del PIB para este sector (1). Estas cifras se ven reflejadas en el aumento del pie de fuerza tanto del ejército como de la policía, el equipamiento militar, la inversión en tecnologías de inteligencia y la especialización las fuerzas. Todo esto sin contar la inversión en los otros frentes de control social como el aparato judicial o el sistema penitenciario

La ley de seguridad ciudadana impulsada y aprobada por el actual gobierno es el mecanismo que legaliza la prohibición de la protesta social en Colombia. Para las élites colombianas reglamentar el derecho a la protesta implica que los manifestantes generen un empadronamiento frente a la “autoridad competente”, a la vez que penaliza el bloqueo de vías con dos años de cárcel. La autorización de allanamientos después de las seis de la tarde sin presencia de la procuraduría, y la extensión del periodo reglado de tres a seis meses en las interceptaciones, son otras herramientas jurídicas de las cuales ha hecho uso el establecimiento para detener y judicializar a varios de los líderes que participan activamente de las movilizaciones.

Al no ser suficiente el ejercicio de represión legal desde lo jurídico y lo militar, la “mano oscura” del Estado, reconfigurada y re-territorializada a partir del proceso de “desmovilización” paramilitar efectuado en el gobierno Uribe, continúa generando prácticas de asesinato selectivo y desaparición forzada. Según un reporte emitido en 2011 por la US office en Colombia, a 2010 se registran más de 51.000 desapariciones. En enero de 2011 la Fiscalía publicó un informe donde se documentan 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar (2).

Así las cosas, es claro cómo se ha configurado una estrategia que tiene como objetivo el establecimiento del miedo como herramienta para la “prevención” de los posibles brotes de descontento y movilización social, así como la desarticulación y el exterminio del movimiento social colombiano. La táctica de represión legal desde lo jurídico y lo militar, e ilegal desde el asesinato y la desaparición, va acompañada de la ficción de participación ciudadana y la domesticación de la protesta social, ya que el establecimiento sólo valida las vías “no violentas”, llegando al extremo de considerar “violento” el caminar por las calles o el pintar las paredes. Esta estrategia busca también socavar el carácter político de las luchas sociales y populares, limitando las mismas a escasos reformismos que, en ninguna medida, cuestionan el régimen económico, político y social erigido por las clases dominantes en contra de los sectores populares.

Pese a lo difícil que pareciese el panorama, como jóvenes y estudiantes herederos de la sangre libre y rebelde de un pueblo que ha sabido no callar frente a la arremetida de los poderosos, manifestamos nuestro compromiso con la lucha por la vida digna, toda vez que reafirmamos que no permitiremos que el miedo se apodere de nuestros sueños. Hoy, como ayer, no seremos inferiores al tiempo que se nos presenta. Hoy, como ayer, reafirmamos nuestro grito rebelde: Jóvenes y estudiantes por vida y dignidad, luchando por la región construimos nueva nación. (1) INFORME “GSD 199-2012” En: https://www.dnp. gov.co/Programas/JusticiaSeguridadyGobierno/Subdirecci %C3%B3ndeSeguridadyDefensa.aspx

(2) Desapariciones forzadas en Colombia rebasan cifras de las dictaduras del cono sur. En: http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=965:desapariciones-forzadas-en-colombia-rebasancifras-de-las-dictaduras-del-cono-sur&catid=64:nacionales &Itemid=48)


“HAY QUE RETOMAR LA JORNADA DE PARO NACIONAL AGRARIO”: CNA s de A 6 messeuspenla pactadea la jornada sión d s sectores con lo que partis socialen paro l e n e ciparo al agrario, nacionos 88 com72 de lsos hechos promi gobierno por el l han sido nacionamplidos. incu

Durante la jornada de paro de agosto pasado se presentaron tres pliegos de petición o exigencias: el de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos -MIA-, el del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, y el de las denominadas “Dignidades Agropecuarias”. Tales pliegos fueron discutidos en las mesas que el gobierno se vio obligado a establecer, luego que los campesinos se volcaran a las calles, bloqueando vías y paralizando gran parte de Colombia.

Pero a estas alturas nos preguntamos qué pasó con esos acuerdos y compromisos? Al respecto, Trochando Sin Fronteras habló con ISAAC MARÍN, vicepresidente del Coordinador Nacional Agrario, quien hace un balance de los resultados y avances en el compromiso del gobierno nacional con los movilizados en el paro nacional agrario del año pasado. De entrada los resultados son poco alentadores, en la medida en que el gobierno nacional abrió varias mesas de negociación pero no ha habido cumplimientos, lo que viene animando una próxima jornada de movilizaciones y paro para los próximos meses.

Trochando Sin Fronteras: ¿A qué acuerdos llegaron gobierno y sectores agrarios en el marco del paro agrario de agosto del 2013? Isaac Marín: Lo primero que hay que decir es que diversos sectores agrarios se movilizaron con pliegos distintos, es decir, los campesinos cerealeros tenían sus peticiones distintas a las de los cafeteros, los paperos tenían exigencias un poco particulares, al igual que el sector lechero.

Para entender el complejo tema de las reclamaciones de los sectores agrarios, se puede resumir en que los campesinos convocados por gremios de la producción tienen unas reclamaciones de carácter reivindicativo referidas a precios de productos, semillas, problemas de importaciones y fletes, entre otros. Por su parte, otros sectores campesinos que hacen parte de movimientos como CNA, MIA y otros procesos, suman a las anteriores unas exigencias de carácter político, entre las que se cuenta el acceso a la tierra, la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, el reconocimiento al campesino como sujeto político, los derechos sociales, la paz, entre otros. Ante este panorama los acuerdos en las mesas fueron pocos y básicamente giraron alrededor de la revisión de precios o compra de cosechas; por ejemplo, el programa de protección al ingreso de los cafeteros ‘PIC’, la compra de la papa, la revisión de los topes de importación, algunas garantías para el producto nacional, la baja de precios de insumos agrícolas, entre otros.

Con las organizaciones campesinas se comprometió a sesionar en diversas comisiones para debatir y construir posibles acuerdos en los temas políticos del pliego.

TSF: ¿Cuánto de los acuerdos y compromisos le ha cumplido el gobierno nacional a los diferentes sectores movilizados en el paro agrario?

I.M.: El balance sobre el cumplimiento de compromisos y acuerdos es bastante desalentador, el gobierno nacional trazó un plan de negociación que consiste en ceder a la instalación de mesas para levantar bloqueos y paros, dialogar, oír a los voceros campesinos y a través de sus ministros y asesores, exponer y justificar sus planes y programas de gobierno, que desde luego es el que ya conocíamos y precisamente es el que estamos rechazando.

Pero en términos concretos, la estrategia de negociación del gobierno ha sido un plan de desgaste, de reuniones técnicas, de aplazamientos y más reuniones pero no se avanza ni se compromete; salvo pequeñas cosas como lo del PIC a los cafeteros, algunos recursos a los paperos, a los indígenas, los temas fundamentales y los problemas que motivaron las movilizaciones siguen sin resolver.

“la estr negocia ategia de gobiern ción del plan de o ha sido un reuniondesgaste, de de apla es técnicas, más reuzamientos y no se avniones pero compraonza ni se mete”

TSF: ¿Cuantas mesas de interlocución y negociación se han instalado entre gobierno nacional y campesinos, indígenas, trabajadores y demás sectores sociales?

I.M.: Durante las diferentes jornadas de paro del año pasado se instalaron alrededor de cien mesas, eso es una exageración, pero solo con los hermanos indígenas el gobierno tiene alrededor de 32 mesas de negociación, imagínense con los otros sectores, con las organizaciones del Coordinador Nacional Agrario se instalaron alrededor de cinco mesas regionales con compromisos del gobierno nacional.


TSF: ¿Cuáles son los avances que se han tenido en materia de unidad con los diferentes sectores para un pliego único nacional en el tema agrario?

I.M.: Las movilizaciones y el paro de agosto pasado nos dejaron lecciones que es necesario aprender, ponerlas en práctica para superar divisiones y avanzar en la construcción de un movimiento nacional campesino y social. En esta medida el CNA viene convocando a los demás procesos campesinos a construir unidad.

Fruto de esa insistencia se viene caminando hacia la realización de la Cumbre Nacional Agraria Étnica y Popular, aquí hay unos avances en la construcción de unidad con los indígenas, comunidades afrodescendientes y el campesinado colombiano. Desde varios espacios se trabaja en la elaboración de un pliego unitario que recoja una propuesta agraria para el país. TSF: ¿Qué opiniones o reacciones se han generado a raíz de los incumplimientos del gobierno? I.M. Todos los sectores que se han movilizado en el país lo hicieron para exigir mejores condiciones de vida, de trabajo, de oportunidades para el estudio, para la participación, para producir en condiciones favorables, para exigir respeto a la naturaleza, al territorio y a las expresiones sociales.

Dado que no sólo se han incumplido los acuerdos, sino que tampoco se han planteado por parte del gobierno oluciones estructurales o de fondo a las problemáticas agrarias, el descontento es enorme; los campesinos nos sentimos engañados y los ánimos se están calentando, hay voces convocando a una nueva jornada de paro y será la cumbre la que defina el día y la hora cero. El gobierno y sus incumplimientos nos obliga a movilizarnos de nuevo, y por eso el CNA se une a la convocatoria para una nueva jornada de paro nacional agrario y popular.

s nos o n i s e p m a “los c gañados n e s o m i t sen están e s s o m i n y los á oces v y a h , o d calentan a una o d n a c o v con ada de nueva jorn bre m u c a l á r e paro y s el día y a n i f e d e la qu ro.” la hora ce

TSF: ¿Desde el Coordinador Nacional Agrario cual es la propuesta de pliego que están planteando?

I.M.: El CNA le presentó al país y al gobierno nacional una propuesta de pliego que fue construida con los campesinos a través de sus organizaciones en las regiones. En este pliego se integran puntos que abarcan elementos de política agraria nacional, tales como:

Acceso a la tierra a través de la titulación de predios y formalización de la pequeña propiedad rural.

La implementación de subsidios a la producción agropecuaria.

La garantía de acceso al mercado para la producción campesina

La reducción de los precios de los medios de producción tales como combustibles, insumos, fletes, etc.

El reconocimiento del campesino como actor político, como sujeto de derechos.

La implementación de políticas seguridad y soberanía alimentaria, basada en la agroecología.

La implementación de las zonas agroalimentarias y de biodiversidad.

Plenos derechos políticos, garantías para la libre asociación y movilización.

Por una Colombia libre y soberana unidad y lucha!!


LA CONSULTA POPULAR: UN MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE INCOMODA A LAS MULTINACIONALES

Los habitantes de este municipio deberían responder el día de las votaciones con “SÍ” o “NO” a la pregunta: “Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?” La respuesta de la mayoría de la población fue un NO rotundo a la explotación petrolera.

Luego de ese ejercicio, el problema está en que no hay claridad frente a los reales alcances de esa decisión que soberanamente tomó el pueblo a través de la consulta popular. Así la norma rece que “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo...” la consulta popular, como herramienta efectiva para defender los derechos de una comunidad, tiene algunas debilidades:

• En primer lugar, están los trámites que previamente se deben dar, debe ser aprobada por el respectivo gobernante y depende de la voluntad política de alcaldes, concejales y otros actores políticos regionales. “La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia, es sometida a consideración del pueblo. En todos los casos la decisión del pueblo es obligatoria” Por estos días comunidades en varias regiones del país vienen impulsado consultas populares; un mecanismo de participación ciudadana que de forma directa les permite tomar decisiones en lo local, regional o nacional. La atención se centra en que cuando el ciudadano “de a pie” se apropia de normas constitucionales como la consulta popular, causa molestia en las élites, genera debates en los medios de comunicación y causa la reacción de ciertos sectores que hábilmente salen a torpedearla. Pero concretamente, ¿qué es la consulta popular? De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, es el mecanismo mediante el cual un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.

Uno de esos temas de trascendencia nacional o local es la intervención en casi todas las regiones regiones del país por parte de multinacionales que explotan los recursos naturales del pueblo. Eso ha generado que el mismo pueblo vea con preocupación cómo sus comunidades y su entorno se están afectando; así, grandes movimientos se vienen expresando en enérgicas movilizaciones, agotadoras jornadas de gestión política y la implementación de mecanismos legales como las consultas populares u otros que buscan frenar los planes devastadores de explotación de oro en zonas de alta montaña o de hidrocarburos en terrenos estratégicamente protegidos para el suministro de agua, como sucede en los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare). En los últimos años ha habido otras consultas tales como las de Aguachica (Cesar), Nemocón (Cundinamarca) o Duitama (Boyacá) en las que los pobladores de los municipios o distritos se han pronunciado. Pero la relevancia de las dos últimas, celebradas en Piedras y Tauramena, está en que representan manifestaciones contundentes contra la gran minería, en defensa del agua, la salud y de la preservación de la vida. “¿Qué vale más? Yo pregunto a la comunidad y a toda la gente, ¿qué vale más? ¿Lo que hay debajo, en el subsuelo? ¿O lo que hay encima del suelo, que somos los seres humanos?” Aseveró Carmelita Vargas, una lideresa que participaba en la reunión en la que funcionarios del alto gobierno presionaban al alcalde y a la comunidad Tauramenera a que desistieran de la consulta. Había intereses de los ministerios de minas, medio ambiente y directivos de Ecopetrol en seguir las exploraciones en un municipio altamente productor de petróleo y gas, y una población profundamente afectada en más de dos décadas de explotación petrolera.

No valieron las promesas de los ministros que por todos los medios trataban de “persuadir” y la consulta se realizó el domingo 15 de diciembre de 2013, con la pregunta establecida mediante el decreto 079 de octubre 30 de 2013 expedido por la Alcaldía Municipal de Tauramena.

• También se enfrenta a la sucia manipulación de las leyes, la presión que ejercen las multinacionales y grupos económicos que tienen intereses en las regiones, la amañada interpretación de la constitución y las leyes como lo vienen manifestando funcionaros del gobierno nacional;

• Finalmente, tampoco es clara la forma en que se puede hacer cumplir el resultado de la consulta cuando esta resulta favorable a las comunidades.

De todo esto hay lecciones aprendidas, como que nada cambia si no se presiona el cambio; en este país “santanderista” y de “leguleyadas” nada se logra si no es luchando, no de otra manera se alcanza el respeto. Ya los pueblos vienen integrando diversas formas de exigibilidad, sobre la base de que la lucha es organización, acción y movilización, los movimientos sociales crecen y se fortalecen si actúan, si son dinámicos, creativos y combinan sus iniciativas. En los territorios y en la defensa de la vida, las consultas populares, los derechos de petición o la tutela funcionan si, y solo si se acompañan de jornadas de movilización, de acciones políticas, así al estado o a las compañías multinacionales le resulten incómodas las jornadas de paro y manifestación. Estas últimas consultas plantean un desafío para las comunidades: el de defender su derecho al ejercicio pleno del poder político plasmado en el reconocimiento de su voluntad, en tanto que al estado, que se define como un estado de derecho, le obliga a asumir la norma y le exhorta a respetar la soberanía del constituyente originario, el pueblo. 1. Artículo 8 de la ley 134 de 1994 (Comunicado de Prensa No. 959 de 2013 Registraduría nacional del estado civil)


II CUMBRE DE LA CELAC: UN PASO MÁS HACIA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA ces a p a c s o m a “Se rra ie T ta s e e d r e de hac mau h la e d a b m no la tu esta e d s o m a g a h nidad, cielo n u , lo ie c n u Tierra y de z a p e d , a de vid toda a r a p d a d n herma a la r a p , d a id n a la hum a” n a m u h ie c e p s e Hugo Chávez Cuando Hugo Chávez y Fidel Castro coindidieron en establecer la necesidad de crear un organismo que agrupara a los estados de Latinoamérica y en Caribe, pocos le dieron credibilidad a semejante reto para la región. La existencia de organismos de control regional como la OEA -Organización de Estados Americanos-, además de la creciente incidencia del gobierno estadounidense y de las potencias europeas en algunos de los países de nuestro continente, hacían casi una utopía la intención de liderar un proceso integracionista de ese calibre. Como escribió Atilio Borón: ¿quién habría podido imaginar, hace apenas cinco años, que el sueño bolivariano de Hugo Chávez –sueño fundado en un impecable diagnóstico de la geopolítica mundialpor construir un organismo regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá rendiría sus frutos? En enero pasado se celebró en La Habana (Cuba) la segunda cumbre de jefes de estado de la CELAC. A la reunión llegron delegados de los 33 países de América Latina y el Caribe que hacen parte de este nuevo organismo multilateral.

Ya desde la cumbre constitutiva, el comandante HUGO CHÁVEZ insistió a los demás presidentes en retomar la conciencia del proyecto concreto unitario, en llevar a cabo una integración política, económica, social, científica técnica y cultural a fin de convertir la CELAC en un verdadero bloque que conecte nuestro continente, sobre la base del respeto y la soberanía, con otras regiones del mundo.

En esta oportunidad se presentaron propuestas en dirección a recuperar y fortalecer la soberanía de los pueblos. Un claro ejemplo lo puso la República Bolivariana de Venezuela al plantear la necesidad de integrar a Puerto Rico, país que desde hace varias décadas funciona como un protectorado de los Estados Unidos, situación que está en contravía de las aspiraciones y luchas de nuestro pueblos. Y es que TODOS los países latinoamericanos y caribeños integran la CELAC,

la única excepción es Puerto Rico, cosa nada gratuita, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el que más obstáculos le ha puesto al proceso de integración representado en este novedoso organismo.

Por eso fue que los gringos trataron de restarle importancia a la CELAC, aprovechando que la primera presidencia del organismo correspondió a Chile (uno de sus aliados en lo político y económico). Peero luego, cuando en 2013 la presidencia la ejerció Cuba, se produjeron grandes avances en el plan de trabajo establecido.

También se debatió profundamente acerca de los mecanismos de cooperación, entendimiento y solidaridad entre los latinoamericanos y caribeños, diseñando política conjunta coherente con la reducción de la pobreza, pero también las estrategia para neutralizar un modelo impuesto de saqueo desde la privatización de la riqueza por parte de las corporaciones multinacionales. El plan de erradicación del hambre y la pobreza y la propuesta de Zona de Paz de América Latina y el Caribe, requieren obligatoriamente reformular la estructura productiva extrativista y el comercio monopolizado.

Otras propuestas debatidas fueron el apoyo para el reclamo argentino en relación a las Islas Malvinas, el levantamiento del bloqueo a Cuba, el repudio al espionaje que realiza los Estados Unidos (presentada por Eduador), la consolidación del Banco del Sur, entre otras. Otros Avances En La Integración

No es gratuito que el primer gobierno que apoyó y sutentó políticamente las niciativas de Chávez fuera el de Cuba. Han sido el gobierno cubano y su líder histórico Fidel Castro quienes desde el triunfo de la revolución socialista en 1959 han planteado la necesidad de establecer mecanismos de integración latinoamericana, a fin de contrarrestar los que ha creado el imperialismo para mantener orpimidos a los pueblos (OEA, ALCA, TLCs, etc.).

No sólo la CELAC representa una estrategia itegracionista en América Latina y el Caribe. A partir de los gobiernos progresistas y de izquierda se han conformado o fortalecido organismos como MERCOSUR, Alianza Bolivariana para las Américas -ALBA-, UNASUR y CELAC; además se han materializado iniciativas particulares en el campo energético, financiero y las comunicaciones, tales como Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur y Telesur. El trayecto en esa dirección es eviente en la declaración emanada de la segunda cumbre:

“Fortalezcamos nuestras democracias y todos lo derechos humanos paras todos; demos mayores opor tunidades a nuestra gente; construyamos sociedades más inclusivas; mejorem nuestra productividad;os estrechemos nuestro comer cio; mejoremos nuestra in- fraestructura y conectividad y las redes necesarias que unan cada vez más a nu estros pueblos; trabajemos por el desarrollo sostenible por superar las desigualda-, des y por una más equitativ distribución de la riqueza, a para que todas y todos sientan que la democracia les da sentido a sus vidas. Esa es la misión de la CELAC, esa es la tarea a la que hemos sido convocados y esa es la responsabilidad polític tenemos por delante y adequlae cual deberemos dar cuenta a nuestros pueblos”.


VENEZUELA:

La amenaza fascista1

La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes de la derecha sino por sus principales líderes e inspiradores locales: Leopoldo López y María Corina Machado. En algunas ocasiones se refirieron a sus planes utilizando la expresión que usa el Departamento de Estado: “Cambio de régimen”, forma amable de referirse al “golpe de Estado”. Esta feroz campaña en contra del gobierno bolivariano tiene raíces internas y externas, íntimamente imbricadas y solidarias en un objetivo común: poner fin a la pesadilla instaurada por el comandante Hugo Chávez desde que asumiera la presidencia, en 1999.

Para Estados Unidos, la autodeterminación venezolana –afirmada sobre las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo– y sus extraordinarios esfuerzos a favor de la unidad de Nuestra América equivalen a un intolerable e inadmisible desafío. Para la oposición interna, el chavismo significó el fin de su coparticipación en el saqueo y el pillaje organizado por Estados Unidos y que tuvo a los líderes y organizaciones políticas de la Cuarta República como sus socios menores y operadores locales. Esperaban unos y otros la derrota del chavismo una vez muerto el comandante, pero con las presidenciales del 14 de abril del 2013 sus esperanzas se esfumaron,

Por: Atilio A. Borón 2

si bien por un porcentaje muy pequeño de votos. La respuesta de estos falsos demócratas fue organizar una serie de disturbios que cobraron la vida de más de una decena de jóvenes bolivarianos, amén de la destrucción de numerosos edificios y propiedades públicas. Se aplacaron porque la respuesta del gobierno fue muy clara y con la ley en la mano y además porque confiaban en que las elecciones municipales del 8 de diciembre, que concibieron como un plebiscito, les permitirían derrotar al chavismo para exigir de inmediato la destitución de Maduro o un referendo revocatorio anticipado. La jugarreta les salió mal porque

perdieron por casi un millón de votos y nueve puntos porcentuales de diferencia.

Atónitos ante lo inesperado del resultado –que por primera vez le ofrecía al gobierno bolivariano la posibilidad de gobernar dos años y administrar la economía sin tener que involucrarse en virulentas campañas electorales– peregrinaron a Washington para recibir consejos, dineros y ayudas de todo tipo para seguir llevando adelante el plan. Ahora la prioridad era, como lo exigiera Nixon para el Chile de Allende en 1970, “hacer chirriar la economía”. De ahí las campañas de desabastecimientos programados, según recomienda el experto de la CIA Eugene Sharp, la especulación cambiaria, los ataques en la prensa en donde las mentiras y el terrorismo mediático no conocían límites y, luego, “calentar la calle” buscando crear una situación similar a la de Benghazi en Libia que desbaratase por completo la economía y generase una gravísima crisis de gobernabilidad que tornase inevitable la intervención de alguna potencia amiga, que ya sabemos quién es, que acudiese en auxilio para restaurar el orden. Nada de eso ha sucedido, pero no cejarán en sus propósitos sediciosos. López se entregó a la Justicia y es de esperar que ésta le haga caer, a él y a Machado, todo el peso de la ley. Llevan varias muertes sobre sus mochilas y lo peor que le podría pasar a Venezuela sería que el gobierno o la Justicia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo de la serpiente. Un castigo ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad vigente, y la activa movilización de las masas chavistas para sostener a la Revolución Bolivariana es lo único que permitirá aventar el peligro de un asalto fascista al poder que pondría sangriento fin a la gesta bolivariana. Y lo que está en juego es no sólo el futuro de Venezuela sino, indirectamente, el de toda América latina.

1.Tomado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-240111-2014-02-19.html 2.Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini


PROVINCIAS DE PAMPLONA Y GARCÍA ROVIRA UNEN FUERZAS PARA CONTINUAR HACIENDO HISTORIA EN LA LUCHA SOCIAL I Foro De Derechos Humanos Por La Vida, El Ambiente Y El Territorio - Fundación De Derechos Humanos Joel Sierra – Seccional Santander Valentín Basto Calderón.

Reunidos en Málaga- Santander, más de 500 personas de la comunidad, dan a conocer sus problemáticas, posturas y propuestas en aquellos temas que hoy aquejan a la población y violentan su soberanía territorial.

Los departamentos de Santander y Norte de Santander no son ajenos a los daños desmedidos de las locomotoras impulsadas por el gobierno Santos, los pobladores de las provincias de Pamplona y García Rovira son testigos de los atropellos al medio ambiente, a los derechos humanos, a la dinámica agrícola, a la educación, a la salud, al bolsillo del campesino trabajador, a los que se han visto sometidos en los últimos años.

La riqueza en recursos naturales de este territorio es el foco de atención de multinacionales, del gobierno nacional y administraciones municipales para la explotación desmedida e inmediata de estos. Ejemplo de ello, son la explotación por parte de Pacific Rubiales de hidrocarburos no convencionales en Macaravita1 y otros municipios de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander y La construcción de la infraestructura para la explotación del pozo Magallanes en el municipio de Toledo (Norte de Santander)2 . 2.Durante el evento se realiza denuncia de los Hermanos Mayores de la comunidad U’WA, de la presencia de la maquinaria para iniciar esta actividad. 3.Denuncias realizadas por los habitantes y directos afectados de estas actividades de explotación. 4.Decreto 970 de 2010 - Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas en el país, su control y se dictan otras disposiciones. 5.La comunidad de las provincias de Pamplona y García Rovira, en apoyo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y su seccional Santander oficina Valentín Basto Calderón, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA, Asociación del Pueblo UWA ASOUWA, la Asociación para el Manejo Sostenible del Medio Ambiente AMASOMA, la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia ANJECO, el Movimiento Comunal de Santander y Norte de Santander, La Corporación para el Desarrollo, la Paz, la Protección Ambiental CODEPAM 6.Declaración política I Foro de Derechos Humanos, por la Vida, el Ambiente y el Territorio – Málaga 21 de Febrero de 2014.

Es tema de descontento de los agricultores e indígenas de estas provincias la problemática generada a raíz del decreto 970 de 2010 – uso de semillas , ley que afecta los métodos de cultivo propios de la cultura ancestral e histórica de los campesinos de la provincia, la población expresa que aparte de obligarles a comprar las semillas a precios muy altos, esta medida establece que la actividad que han realizado por años y que aprendieron de sus antepasados los terminara llevando a la cárcel, “una excusa más para llamarnos delincuentes” expreso uno de los participantes al foro. Las comunidades organizadas que participaron en el Foro declararon que:

• Continuarán con la lucha en defensa de la vida, los derechos humanos, el ambiente y el territorio.

• Rechazan la intromisión de los imperios, el capital transnacional, los organismos multilaterales, y la aplicación de las políticas del Estado colombiano que las favorecen propiciando el despojo y saqueo de nuestros recursos violentando nuestra soberanía. • Denuncian la injerencia de los intereses norteamericanos sobre el hermano pueblo venezolano, así como las medidas que buscan manipular a la opinión pública por medio de la prensa internacional yel financiamiento de la violencia por parte de intereses imperialistas mezquinos.

• Continuarán ejerciendo la denuncia permanente de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, haciendo seguimiento a las mismas, visibilizándolas a nivel local, regional, nacional e internacional, exigiendo verdad, justicia, reparación integral y seguridad de no repetición frente a dichas violaciones. • Reafirman el compromiso por la paz, entendida como el goce y vigencia plena de los derechos humanos, que no es posible en este modelo capitalista y debe ser el fruto de una construcción colectiva del pueblo organizado en la superación de las causas estructurales que ha generado el conflicto. • Exaltan la vida, el ejemplo y la dignidad de VALENTÍN BASTOS CALDERÓN, BENEDICTA JOYA APONTE, MARTÍN CALDERÓN JURADO, EXCELINO FORERO y demás dirigentes y compañeros de lucha social víctimas de esta barbarie.

• Rinden homenaje y tributo perenne al compañero LELIO MANOSALVA SUAREZ, entrañable amigo, luchador social y defensor de derechos humanos que entregó toda su vida al servicio de las causas de los humildes desde su espacio desde el sector campesino y presidente de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra seccional Santander ofician Valentín Bastos Calderón.

Así culminó el I Foro de Derechos Humanos, por la Vida, el Ambiente y el Territorio, en el municipio de Málaga (Santander) dejando en claro que este pueblo está dispuesto a defender su soberanía, a exigir sus derechos y construir propuesta de una Colombia libre y soberana.


AGENDA SOCIAL DEL CENTRO ORIENTE

ESTA PUBLICACI{ON CUENTA CON EL RESPALDO, APOYO Y SOLIDARIDAD DE EMPRESAS COMUNITARIAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE FORJAN A DIARIO FUTURO DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO:

Edición 17 | Trochando Sin Fronteras | Marzo - Abril 2014  

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