OPINIÓN
TEMUCO Semana del 20 de abril al 26 de abril de 2018
Pilar Armanet y la elite del PPD
La creación de una comisión para investigar las supuestas irregularidades del CAE, impulsada por Camila Rojas y el movimiento Deuda Educativa con apoyo de todos los sectores, es un hito importante para las familias de deudores/as y la ciudadanía en general.
Debemos enfrentar un proceso de renovación profunda que permita iniciar un nuevo camino con otra forma de sentir y hacer la política, solo de esta manera lograremos que los chilenos y chilenas renueven su confianza y vuelvan a apoyar al PPD.
Por: Mario Gebauer*
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ay muchos que piensan que es mejor declarar invisible estos temas, estos debates democráticos, declarar invisible lo que no quieren ver o lo que no les conviene ver. La lógica parece ser, “lo que no se nombra no existe”. Pero el conflicto existe y en el radica el verdadero debate interno del PPD. Está claro que no formamos parte de un partido homogéneo, no podemos reducir todo a una sola lógica y olvidamos otras que son mayoritarias entre los militantes y dirigentes. Sin embargo, algunos pretenden seguir dominando las ideas y acciones frente a una mayoría hasta ahora silenciada. En todo partido democrático puede haber muchas miradas y propuestas pero cuando se ha adoptado una definición de fondo a largo plazo en apoyo a una Reforma relevante para el Gobierno y para el país como fue el rechazo al lucro en la Educación, por todos es sabido que es una posición formal y profunda del PPD. La acción realizada por Pilar Armanet ante el Tribunal Constitucional representa una vez más esta contradicción y debate interno que hoy más que nunca se debe expresar no solo internamente sino también públicamente, ya que representa en lo más profundo la deslegitimación del PPD con sus principios, su acción política y como se relaciona con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esta acción es parte de lo que llamamos “partido del orden”, una red de dirigentes de distintos partidos (Concertación/Nueva Mayoría), que se mueve transversalmente y representa muchas veces intereses predominantes de grandes grupos económicos chilenos y extranjeros. A esta “vieja guardia transversal” no le interesan los cambios que experimenta nuestro país ni los nuevos desafíos que requieren altura de
miras y desprendimiento, sólo priorizan sus espacios de poder. Fueron los mismos que se opusieron y plantearon excusas permanentes a las Reformas del Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ahora se sienten orgullosos de las editoriales en defensa de Armanet en La Segunda, La Tercera y El Mercurio. Para estos “dirigentes” este caso es emblemático porque su desenlace no solo afecta al PPD, es también un ejemplo para todos los partidos que pertenecieron a la Nueva Mayoría, es un ejemplo más de su poder y control. Así lo demuestra la defensa de Pilar Armanet frente al Tribunal Supremo del PPD, su red de apoyo y protección encabezado por su abogado Samuel Donoso y su defensor público Sergio Bitar que prontamente será investigado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la creación del CAE. Esta vinculación es evidente y su defensa a Pilar Armanet tiene directa relación no con la diversidad interna del PPD, no con la democracia interna, sino con esta política pública incoherente y que benefició en más de $ 150 mil millones entre 2016 y el 2011 a la banca nacional y permitió el aumento de la matrícula y recursos invertidos en desarrollos inmobiliarios de las Universidades Privadas. Debemos recuperar la confianza de los ciudadanos, necesitamos profundizar este debate interno en el PPD, es tiempo de cambiar, de escuchar y comprender los desafíos del Chile de hoy. No hay iniciativas y es necesario reimpulsar un proyecto transformador, profundizar la democracia, la ampliación de las libertades, la generación de equilibrios sociales, el ejercicio de la solidaridad y ayudar a recomponer con altura de miras la oposición. Debemos enfrentar un proceso de renovación profunda que permita iniciar un nuevo camino con otra forma de sentir y hacer la política, solo de esta manera lograremos que los chilenos y chilenas renueven su confianza y vuelvan a apoyar al PPD. *Mario Gebauer, posee estudios de Antropología Social. Gobernador de las provincias de Talagante y Melipilla en el periodo 20062010. Actualmente es alcalde de la comuna de Melipilla, llevando a cabo su segundo periodo, tras su reelección en 2012. Su gran interés por el servicio social y vecinal lo ha llevado a levantar iniciativas de progreso a nivel histórico en la comuna.
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Por Felipe González*
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l CAE está nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez, sin embargo, no por haber financiado el crecimiento desmedido del mercado educativo, ni por las excesivas tasas de interés, la gran carga que llevan muchas familias o el tremendo costo que ha significado para el Estado.
La iniciativa de crear una comisión investigadora apunta a otros hechos que, hasta ahora, no han estado en el debate sobre los créditos estudiantiles. El más importante de todos es que los movimientos sociales —en este caso Deuda Educativa— han tenido que realizar el trabajo que le competía a la clase política y a las instituciones, que es el de velar por los derechos de los endeudados por la educación. Lo han hecho de una manera que ha dejado boquiabiertos a muchos: alzando seis demandas colectivas contra los bancos que han participado en la licitación del CAE, patrocinadas por el abogado y profesor universitario, Belisario Prats, a quien Deuda Educativa encomendó esta tarea. ¿El motivo? Cláusulas abusivas en los contratos del CAE que violan la Ley del Consumidor. ¿El objetivo? Declarar ilegal el pagaré que el banco firmó por el estudiante y, de esta manera, liberar a cientos de miles de la deuda. La creación de una comisión para investigar las supuestas irregularidades del CAE, impulsada por Camila Rojas y el movi-
Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado miento Deuda Educativa con apoyo de todos los sectores, es un hito importante para las familias de deudores/as y la ciudadanía en general. Es un hito para los deudores, porque el CAE está plagado de ‘letras chicas’, propias de un instrumento creado por y para mercados financieros que han hecho la vida imposible a miles de personas que, ante la indiferencia de las autoridades políticas, han debido organizarse con sus propios recursos para demandar justicia. Es un hito para la ciudadanía, porque el CAE ha tenido un costo fiscal tremendo costeado por todos los chilenos que, en los últimos 2 años, ha representado alrededor del 35% del presupuesto para educación superior del Ministerio. En este sentido, la demanda de los deudores en contra de los bancos no solo es una medida sin precedente en el sistema judicial chileno, sino también una demostración de la incapacidad e incompetencia de las instituciones existentes para hacerse cargo de las asimetrías de poder entre bancos y familias chilenas. Esto lleva el problema del endeudamiento a otro plano; no el de la discrimina-
ción por estar en Dicom, las filas en los bancos para pagar la cuota los días 5 o los llamados incesantes por cobranza. Lo lleva al ámbito de la responsabilidad política y administrativa por una política pública que desbalanceó el poder a favor de bancos e instituciones de educación superior (muchas de las cuales son investigadas por lucro), en detrimento de aquellos que querían estudiar en el país de los bajos salarios y la educación más cara del mundo. Lo que ha de hacer la comisión investigadora es ponerse del lado de las familias chilenas, esclarecer a la ciudadanía por qué por cada millón de pesos que el fisco compró a los bancos se les entregaron $300.000 pesos adicionales (recarga promedio de alrededor del 30%); cómo se hicieron esas licitaciones; por qué el Sernac no interpuso una demanda contra los bancos cuando se le solicitó; cuáles son las responsabilidades políticas y jurídicas en las cláusulas abusivas; y cómo avanzar para reparar los abusos del ‘Transantiago de la educación superior’, entre muchos otros. Felipe González* es investigador de la Universidad Central.
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