TEXTOS ALEJANDRO CÁNEPA
aja de resonancia de los debates que atraviesan a una sociedad, el Congreso Nacional es, en una democracia representativa, el ámbito diseñado para que se debatan y aprueben las leyes que rigen en el país. Desde 1994, cuando fue fundada la revista Tercer Sector, normas de muy diversas temáticas, relacionadas con causas promovidas por Organizaciones de la Sociedad Civil, han sido sancionadas por el Parlamento. Lo cierto es que más allá de interpretaciones judiciales, lobbies, debates por momentos muy intensos, manifestaciones y negociaciones, en términos históricos, las entidades del sector social lograron en estas dos últimas décadas acentuar su presencia en la agenda legislativa e incidir así en la definición de políticas públicas. “La Reforma Constitucional del 1994 es un antes y un después en materia de preservación del medio ambiente porque, en su artículo 41, incorpora esto como nuevo derecho. En ese sentido, la Ley de Protección Ambiental, sancionada en el 2002, es clara consecuencia de ese artículo”, señala Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn). Una mirada a las principales normas sancionadas en estos últimos años revela cómo las preocupaciones de distintas OSC lograron plasmarse en leyes como la de Bosques y la de Glaciares, aunque en estas últimas persisten cuestionamientos en lo que respecta a su implementación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también interpreta como logros las diversas normas aprobadas en los últimos años: “Nuestro país ha logrado la sanción de numerosas leyes que constituyeron importantes avances en la promoción de derechos e impulsaron cambios en el enfoque de políticas públicas”, señalan desde la ONG. En este sentido, destacan “la anulación de las leyes de impunidad”, así como también la sanción de la “Ley de Migraciones, la de Salud Mental y la de Matrimonio Igualitario”. No obstante, señalan que si bien persisten numerosos desafíos en la implementación de normas como las de Migraciones y Salud Mental, “el reconocimiento de derechos ha sido el primer paso para impulsar medidas que produzcan cambios en la calidad de vida de las personas”. En tanto, para Renzo Lavín, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (Acij), “ha habido una gran participación de organizaciones sociales para determinadas leyes. Por ejemplo –remarca–, las de
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TERCER SECTOR – 20 AÑOS – 20 LEYES
La huella de la incidencia A lo largo de las últimas dos décadas, muchas Organizaciones de la Sociedad Civil lograron ver plasmadas en políticas estatales y leyes su capacidad de incidencia pública. Aquí, una selección de una veintena de normas de contenido social que en su momento fueron promovidas por las ONG en representación de los intereses de la ciudadanía.
“Nuestro país ha logrado la sanción de numerosas leyes que constituyeron importantes avances en la promoción de derechos e impulsaron cambios en el enfoque de políticas públicas”, subraya el Cels.
memoria, verdad y justicia tuvieron todo el apoyo del Movimiento de Derechos Humanos clásico. También la de Matrimonio Igualitario y la de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvieron mucho empuje por parte de las organizaciones”. Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), su director ejecutivo, Torcuato Sozio, entiende que, a nivel de incidencia legislativa, “ha habido un crecimiento de la sociedad civil, que es positivo”, pero advierte que “lo malo es si, en ocasiones, las OSC terminan haciendo lo que no hace el Estado”. No hay dudas de que, en los últimos 20 años, las Organizaciones de la Sociedad Civil se sumergieron en el desafío de ver plasmadas en leyes las problemáticas sobre las que día a día trabajan. De todos modos, resta mucho camino por andar: “Leyes hay miles, pero el tema también es cómo se aplican y si es que se aplican”, señala Nápoli, de Farn. También allí, entonces, el tercer sector deberá afrontar el desafío de construir nuevos senderos de incidencia. 1- Ley de Protección de los Datos Personales. Octubre del 2000.Esta norma per-