Seguridad social: políticas públicas en función del empleo

El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación analiza el rol que la seguridad social adoptó en la era pospandemia, las nuevas formas de organización del trabajo y los desafíos que éstas plantean.

¿A través de qué herramientas podría o puede llegar el sistema de seguridad social, de manera sostenible, no sólo a las personas trabajadoras cubiertas por el sistema sino también a aquellas que aún están en el sector informal?

El riesgo de desvincular a la seguridad social del empleo formal es que podría llegar a contribuir a la visión ideológica según la cual la cobertura social del trabajo es meramente un “costo” y que, por lo tanto, para fomentar el crecimiento económico es necesario reducir esos costos y así ser más competitivos. El problema de esto pasa por sus efectos multidimensionales: por un lado, se tiende a la informalidad –de hecho o de derecho- de las relaciones laborales. Por el otro, se deterioran los niveles de cobertura que, muchas veces, quedan en manos de los sujetos afectados y no del sistema social. Tampoco queda asegurada por las solas reglas del mercado que un mayor crecimiento económico redunde en una mejor distribución de la riqueza. Y, finalmente, se deteriora la dignidad del individuo que trabaja en la informalidad o incluso de trabajadoras y trabajadores formales de baja calificación profesional. El desafío está, en lograr la mayor cobertura posible mediante la máxima formalización de las relaciones laborales, y no conformarnos con políticas de coyuntura que, aun siendo muy necesarias y valiosas, no deben consolidarse a costa de soluciones estructurales que hagan superar esa coyuntura que las hizo necesarias.

Usted mencionó que la seguridad social es vista por muchos sectores como un “costo” antes que una inversión. ¿Por qué es importante asignarle un lugar prioritario dentro de la concepción y elaboración de políticas públicas?

No cabe duda alguna que vivir en sociedad tiene un “costo” y que éste representa un gasto para el erario público. Lamentablemente, desde las cartas de lectores, los posteos en las redes sociales, hasta las opiniones de los pseudoexpertos en los medios, sólo se habla de la magnitud de ese gasto, pero no de la calidad del mismo y, mucho menos, de las consecuencias que se generarían en el supuesto de su ausencia. Sí se habla del costo/gasto que supone para los empleadores el tener que afrontar el pago de las cargas sociales, pero no se habla sobre lo que significaría para ese mismo empleador, que vive en esta misma sociedad, si no existiera la red de contención que es intrínseca a la protección social.

Por otro lado, surge de nuestra historia local reciente que cada vez que se redujeron las cargas sociales para “fomentar” el empleo registrado, ese ahorro no significó un solo puesto de trabajo formal adicional.

La seguridad social debe ser vista como una política pública que debe ir estructuralmente de la mano de las políticas de empleo. Obviamente, con la capacidad instrumental y financiera para atender contingencias propias de la vida en sociedad, pero nunca puede ser un anestésico que esconda los graves efectos de la informalidad laboral, tanto para el propio mercado como para la sociedad democrática en su conjunto.

El mundo de la pospandemia obligó a pensar reformas y cambios para reorientar las políticas para la cohesión social. ¿Cuáles de éstas se deben implementar en la seguridad social? El Ministerio de Trabajo, y también la Secretaría de Seguridad Social, han planteado en todos los foros internacionales posibles (OIT, EUROsociAL+, OEI, etc.) que es necesario diseñar estrategias de políticas públicas que contengan, en una fuerte amalgama, tanto los principios de pisos de protección social como de transición a la formalidad.

Con la pandemia y el auge del trabajo remoto, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa y de la región se dio un movimiento de trabajadoras y trabajadores –por distintas razones y bajo distintas circunstancias- del sector formal en relación de dependencia al trabajo independiente. Ese movimiento recibió el nombre de “el gran renunciamiento”. Sin embargo, lo que parecía un cambio sin retorno ha empezado a mostrar sus aristas con un contramovimiento que los analistas están llamando “el gran arrepentimiento”, para poner en evidencia el desconcierto generado en esas trabajadoras y trabajadores frente a una nueva realidad.

Las nuevas formas de producción e intercambio de bienes y servicios han hecho que el mercado laboral se enfrente a nuevos y más sofisticados mecanismos de exclusión o procesos de informalización laboral.

Además, luego de superada la etapa más difícil de la pandemia, muchos países comenzaron a ver a la seguridad social como un costo y no como una inversión, porque precisamente son políticas que articulan una sociedad, y destaco la centralidad del empleo como eje articulador de las sociedades, teniendo en consideración que las políticas de seguridad social pueden atender contingencias y coyunturas, pero no pueden solucionar todos los problemas de fondo derivados de las causas profundas de la informalidad laboral.

Hay, en nuestro país, una mirada despectiva generalizada en relación a los distintos planes y programas de asistencia a personas desempleadas o en otras situaciones de vulnerabilidad. ¿Llegaron para quedarse o existe la voluntad política de reconvertirlos en empleo genuino? las herramientas con las que encaramos la realización del derecho y la contención de la necesidad. En términos futboleros… atajar un penal es fantástico, pero hay que jugar para ganar el partido.

En línea con todo lo que venimos sosteniendo, la pandemia del COVID-19 demostró que, en situaciones extremas, la inmensa mayoría de los países del mundo recurrió a las políticas de seguridad social para preservar la salud de la población, preservar los ingresos de las familias, evitar la destrucción de empresas y preservar las fuentes de trabajo. Claramente, los países “invirtieron” en seguridad social para evitar un caos generalizado.

Esa “mirada despectiva” acerca de las políticas de contención social, lamentablemente es fomentada a partir de una falta de debate político serio, de una simplificación de la problemática de fondo, pero que permea fácilmente en una sociedad descreída de las instituciones y de las dirigencias de todo tipo.

Debemos intentar hacer un análisis desapasionado de la realidad y tratar de contribuir a superar las brechas existentes hacia el verdadero desarrollo inclusivo que tanto se pregona.

Puestos en este desafío, es tan insustancial como riesgoso para la cohesión social calificar a todos aquellos que requieren de la asistencia del Estado, para alcanzar niveles mínimos de subsistencia, con el despectivo mote de “planeros” y queriendo significar que no trabajan porque no quieren, como enamorarse de las políticas de coyuntura que se implementan para atender una necesidad real, pero se desentienden de buscar una solución al problema de fondo que la ha generado. El problema es mucho más complejo.

En 2022 participó del “Diálogo birregional de alto nivel entre la Unión Europea y América Latina”, organizado por EUROsociAL+. ¿Cuáles fueron sus conclusiones al respecto?

Abrazo la idea de que con cada necesidad nace un derecho, pero no debemos confundir organización de los servicios públicos de empleo de Italia, Alemania y Francia, y su articulación con las políticas de protección social destinadas a establecer esquemas no contributivos de ingresos mínimos.

Con el apoyo del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ a la Secretaría de Seguridad Social, en 2018 se inició un esquema de cooperación e intercambio para el análisis del ciclo de las políticas públicas en el marco de la línea de acción “Políticas de inclusión social y lucha a la pobreza”. Esta acción continuó hasta el año 2020, cuando se dio inicio a un segundo proyecto, denominado “Regímenes de seguridad social redistributivos y solidarios en la Argentina”, en el marco del cual se realizaron, talleres de intercambio sobre políticas de protección ante el desempleo, formas atípicas de empleo e inseguridad de ingresos y misiones de funcionarios de la Secretaría a diversos países europeos. En particular, el objetivo estaba centrado en conocer el funcionamiento y los modelos de Debemos intentar hacer un análisis desapasionado de la realidad y tratar de contribuir a superar las brechas existentes hacia el verdadero desarrollo inclusivo que tanto se pregona.

Entre los aspectos revisados se destacaron: a) el análisis del marco normativo en el que se encuadran dichos servicios; b) el examen de sus competencias y modelos de organización institucional; c) la especificación de los criterios de descentralización administrativa y de distribución territorial de las oficinas de empleo; d) el relevamiento de los servicios brindados a los empleadores, así como a las personas demandantes de empleo; e) la consideración de los modos de articulación con los servicios sociales y el acompañamiento que realizan a los colectivos que se encuentran en situación de exclusión del mercado laboral.

En 2022 en el “Diálogo birregional de alto nivel entre la Unión Europea y América Latina” tuve la oportunidad de exponer la postura del Ministerio en el panel “Nuevos pactos sociales y transición justa”, dedicado al análisis de las reformas y cambios para reorientar las políticas para la cohesión social en clave de transición verde, digital y socioeconómica.

En esta exposición sostuve que las políticas públicas deberán tener una perspectiva de

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)

Como uno de los miembros fundadores de ASDRA, y militante activo en esta temática, expone cuál es la situación de nuestro país en cuanto a la legislación laboral en relación a las personas con discapacidad y su inclusión en el sistema.

La legislación vinculada a las personas con discapacidad es, por definición, transversal a las diferentes políticas públicas, ya que abarcan no sólo la cuestión laboral sino también la educación, la salud, el transporte, la comunicación, la obra pública, etc.

La Ley 22.431, vigente en la Argentina desde 1981, ya establecía el derecho al trabajo y se imponía el cupo del 4% de la planta laboral de la administración pública nacional, nunca cumplido a pesar del tiempo transcurrido. En 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual fue suscripta y ratificada por nuestro país y luego incorporada a la Constitución Nacional.

Un tema a tener en cuenta al abordar la necesaria transformación de las políticas y la legislación es la enorme heterogeneidad de este colectivo social, que debe ser reconocida y guiar el diseño de los instrumentos con los que se han de derribar aquellas barreras y tender los caminos hacia el efectivo reconocimiento de los derechos.

Las políticas enraizadas en el modelo médico, con un sesgo asistencialista, que quizás en su momento fueron una respuesta adecuada, contribuyó a generar una red de respuestas que, en determinados casos, funcionan como un fuerte desincentivo a que las personas con discapacidad accedan a un trabajo decente, digno, adecuadamente remunerado y libremente elegido.

Deberíamos adoptar un camino multidimensional. Uno de los la persona como centro, de modo que nadie quede relegado.

Del intercambio con los organismos de empleo y seguridad social europeos visitados, cabe destacar la relevancia de sus estrategias de políticas públicas centradas en la persona pero con una muy realista mirada del contexto social local, regional y nacional, de manera tal de buscar soluciones a las contingencias derivadas de la informalidad laboral que sean el producto de una conexión directa entre el trabajador y la trabajadora, su posible empleador y las herramientas de capacitación y reconducción de las tareas. Se trata en definitiva de que los efectores de la política desde el sector público, tienen un conocimiento y un contacto personal, cercano y directo tanto de quien busca empleo o requiere de asistencia, como de quien está en condiciones de aportar a la solución, brindando un trabajo o una capacitación o una combinación de estrategias, sobre la base del diálogo y la cooperación tripartita. problemas del empleo en la Argentina es la desconexión entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. Esto es más problemático aún en el ámbito de la discapacidad, donde a pesar de que el Art. 24 de la CDPD impone la educación inclusiva, en nuestro país son pocos los alumnos con discapacidad que pueden librarse de la escuela especial segregada.

Como conclusión rescato que nuestras preocupaciones, nuestro diagnóstico y nuestra propuesta es conceptualmente compartida tanto por la inmensa mayoría de los países de nuestra región como por parte de los países de la Unión Europea.

Otros desincentivos pueden derivarse del temor a que un trabajo inestable les haga perder una pensión por discapacidad o la cobertura de una determinada obra social, todo lo cual genera incertidumbres que hacen que muchas personas con discapacidad, que tienen solucionada una fuente mínima de ingresos, ya ni siquiera busquen activamente trabajo.

El trabajo a encarar para mejorar las posibilidades de empleo, requiere no sólo un marco legal adecuado, sino también un trabajo conjunto y coordinado de los poderes públicos, los empleadores, los sindicatos, las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, ya que desbrozar el entramado de barreras requiere una mirada que excluya la autocomplacencia y promueva la reconversión de un sinnúmero de prestaciones que hoy han perdido no sólo actualidad o razón de ser, sino que de haber sido una solución forman ahora parte del problema.