COMITÉ INTERDEPENDENCIAS HARTAZGO Y SORPRESA

Ante el hartazgo producido por la larga e inexplicable espera para la entrada en vigor del III Convenio Colectivo, y tras el shock producido por la propuesta del MITMA para que siete nuevas torres de control pasasen a manos privadas, la Junta Directiva de USCA decidió convocar un Comité Interdependencias los días 8 y 9 del pasado mes de mayo. Unos 65 controladores llegados de todas las dependencias de España se reunieron en Madrid y debatieron en profundidad sobre estas y otras muchas cuestiones.

Texto y fotos: ATC Magazine

El Comité Interdependencias arrancó con unas palabras de bienvenida del presidente de USCA, Pedro Gragera, tras las cuales pasó a destacar los cuatro asuntos que marcarían la agenda de la reunión:

1) Proyecto de Orden Ministerial del pasado 9 de febrero, en el que se abría la puerta a la privatización del servicio de control en siete torres. Gragera lo calificó de “desvarío” gestado en el MITMA sin informes previos que evaluasen la complejidad del proceso, la realidad de las torres afectadas, ni por supuesto las implicaciones en la seguridad aérea. A su juicio, no cabe duda de que la impulsora de esta nueva tentativa de privatizaciones ha sido Aena y su política atroz de reducción de costes, con la connivencia de la antigua secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, una tecnócrata que, al parecer, movía los hilos dentro del MITMA de forma autónoma, muy valorada por las grandes empresas de infraestructuras y firme defensora de la liberalización a ultranza de los sectores aéreo y ferroviario.

Ante este ataque frontal, la Junta Directiva de USCA descartó la opción del “puñetazo en la mesa y la acción sindical inmediata”, como demandaban muchos de sus afiliados, y optó por una respuesta más inteligente y estructurada. Se formularon alegaciones técnicas al proyecto y sobre todo se recabaron apoyos a nivel político e institucional para contrarrestar la acción de los lobbies interesados en que el proyecto siguiese adelante. Gragera afirmó que todo parece indicar que esta estrategia ha dado sus frutos y que el proyecto ha quedado guardado en un cajón, pero que realmente la amenaza permanece latente y que no podemos perderla de vista. Ta y como apuntó nuestra abogada, Yolanda Borrás, los proyectos de Orden Ministerial nunca caducan.

2) III Convenio Colectivo Profesional. El último convenio colectivo firmado sin ataduras por USCA data de 1998; ha pasado ya un cuarto de siglo desde entonces. El pasado mes de noviembre, la Asamblea Nacional de USCA dio por válido el acuerdo alcanzado con Enaire para la firma de un nuevo convenio, pero siete meses después aún no ha entrado en vigor. Según explicó el presidente, estas dilaciones se deben a las reticencias del Ministerio de Hacienda, algo sorprendente por cuanto el Acuerdo de Bases de agosto de 2018, pilar del nuevo convenio, fue visado y aprobado por ese mismo ministerio. Además, David Lucas, nuevo secretario de Estado de Transportes, a la sazón profesor de Derecho Tributario, entiende que es un convenio equilibrado y apuesta por su firma.

3) Huelga de controladores aéreos privados. Los servicios mínimos impuestos por el MITMA están cercenando el derecho a la huelga dentro del sector aéreo. Lo mismo está ocurriendo con la huelga de pilotos de Air Europa o Air Nostrum de las últimas semanas. Si la fluidez del tráfico no se resiente, los efectos de la huelga son inocuos para las compañías aéreas, pasajeros y Aena. A juicio de Pedro Gragera, la situación está enquistada y no hay avances.

4) Imparable avance en la automatización ATC. Indra ha desarrollado una nueva herramienta integrada en el SACTA denominada Tactical Trayectory Management (TTM), con la que se pretende aumentar las capacidades de los sectores. Según Gragera, no podemos renegar de los avances tecnológicos ni oponernos a ellos, sino que tenemos que ser capaces de adelantarnos para que su implementación cuente con las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar nuestro desempeño profesional.

Susana Romero, secretaria de Comunicación, e Itzíar Sastre, secretaria de Relaciones Institucionales, pasaron a dar cuenta del ingente trabajo realizado por ambas secretarías para neutralizar la tentativa de nuevas privatizaciones. Según explicaron, el sindicato ha sido capaz de generar un tsunami de comunicación cuyo objetivo era lograr que la opinión pública empatizara con nuestro argumentario. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo en equipo: decenas de compañeros, algunos con responsabilidades dentro de la Secretar ía de Comunicación, pero otros muchos no, se han convertido en eslabones de una cadena muy robusta que ha logrado meter nuestro mensaje en la agenda informativa de la prensa, radio y televisión, con más de 3.000 informaciones publicadas desde el 9 de febrero. Susana Romero agradeció el trabajo de todos esos compañeros, pero sobre todo su disciplina, siempre necesaria para poder fijar objetivos y evitar la dispersión de mensajes.

Mención aparte mereció el trabajo de nuestro community manager Quique Mainzer, responsable de las redes sociales, que trabaja 24/7 y que ha convertido la cuenta de Twitter controladoresaereos. org en un referente extremadamente fiable de información dentro del sector. Los datos hablan por sí solos: 132.000 seguidores frente a los 31.000 de Enaire o los 122.000 de Aena. El resto de los sindicatos de controladores europeos tienen en sus cuentas de Twitter entre 1.000 y 1.500 seguidores, mientras que los norteamericanos (NATCA), con más de 20.000 afiliados, no pasan de los 13.000. Y todo ello gracias al trabajo de un community manager amateur.

A diferencia de lo que se hizo en el año 2010, USCA no ha contratado a un bufete de abogados de prestigio ni a una agencia de comunicación para defender sus intereses, sino que ha usado su propio capital humano para plantar cara a este nuevo desafío. En estos trece años hemos aprendido mucho, y hemos sido capaces de actuar como un loby y acceder a la clase política, impulsando una enmienda transaccional contra el proyecto de Orden Ministerial que fue debatida y aprobada el pasado 7 de marzo en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Algunos partidos políticos han apoyado incluso nuestra propuesta de revertir la privatización de 2010 y recuperar las doce torres perdidas entonces por Enaire.

Representantes de las siete torres citadas en el proyecto de Orden Ministerial compartieron ante todos los delegados sus inquietudes y reflexiones. Todo empezó el 7 de febrero con un simple whatsapp reenviado por la Junta Directiva que decía: “Ángel Luis Arias nos acaba de informar de que esta tarde va a salir una Orden Ministerial, trámite de información y consulta, en la que se liberalizan siete torres”. Tras la sorpresa, llegó la estupefacción y más tarde la incertidumbre.

Cada dependencia tenía sus particularidades: muchos de los controladores de LEPA, GCTS o GCLP eran prácticamente recién llegados y acababan de conseguir su puesto de trabajo en Enaire y, sin apenas poder disfrutarlo, estaban en riesgo de perderlo; en otras dependencias muchos controladores más veteranos habían vivido y padecido el año 2010 o incluso venían rebotados del primer proceso de privatizaciones.

Lo que sí teníamos claro era que el escenario no era ni parecido al de trece años atrás, y rápidamente nos dimos cuenta de que la situación no era inevitable y que con trabajo tendríamos posibilidades de parar el golpe. Se inició una actividad frenética: todos nos pusimos en marcha para tirar de cualquier contacto que pudiese hacer llegar a todo el espectro político nuestra argumentada posición en contra del nuevo proceso. No descartamos a nadie, hablamos con todo aquel que estuvo dispuesto a escucharnos, sin importarnos ni su bandera ni su color político. Poco a poco, aquellos contactos con los políticos y sus declaraciones posteriores para erosionar a sus rivales generaron el ruido mediático que necesitábamos y aquel trabajo de pico y pala al final dio sus frutos con la enmienda transaccional aprobada en el Congreso de los Diputados. También conseguimos el apoyo unánime de los Comités de Centro de los siete aeropuertos afectados.

Somos conscientes de que aparentemente el primer golpe lo hemos parado, pero pasado el ciclo electoral no podemos descartar que se reactive. Todos estuvieron de acuerdo en que USCA tiene que funcionar como un loby con capacidad de influencia política y mediática, y algún delegado incluso sugirió la idea de crear una nueva Secretaría de Inteligencia para poder detectar las amenazas con mayor antelación.

Alex Castellá (LECM), que desde la Secretaría Jurídica da su apoyo a los compañeros de las torres privatizadas, comentó que, tras la huelga convocada por los controladores de Saerco y Skyway (antigua FerroNats), la situación estaba enquistada. La acción sindical no incomoda al banco empresarial, porque el MITMA deja en manos de estas empresas la determinación de las plantillas para cubrir los servicios mínimos fijados. Este ministerio sólo exige una serie de porcentajes de vuelos protegidos, nunca inferior al 70%, pero a su vez determina que el 100% de los tráficos ambulancia o al servicio de la ONT, de correos, de mercancías perecederas o vuelos de posicionamiento de tripulaciones han de ser atendidos. En las torres monoposición, que entre las privatizadas son mayoría, esto implica que el único controlador de servicio no puede acogerse a su derecho a huelga por estar obligado a atender a ese tipo de vuelos ante la eventualidad de que operen en su aeropuerto. USCA ha presentado numerosas demandas por la imposición de servicios mínimos abusivos, pero mientras se resuelven, sólo nos queda armarnos de paciencia.

El secretario Jurídico de USCA, Israel Fuentes, presentó ante los delegados cuatro temas de interés:

1) Situación laboral de los controladores aéreos al cumplir 65 años. Como norma general, a todos los que hayan cumplido 65 años y hayan cotizado el mínimo de años estipulados por ley, Enaire procederá a rescindirles el contrato y obtendrán la condición de jubilados. Los que no hayan cotizado los años necesarios pasarán a la Reserva Activa Especial hasta que cumplan la edad legal de jubilación o hayan completado sus años de cotización mínima, lo que ocurra antes. Existe igualmente la posibilidad de que teniendo 65 años cumplidos y los años mínimos cotizados, el controlador decida pasar a la RAE, en cuyo caso tendría que firmar el despido de Enaire como no conforme y reclamar individualmente ante un juzgado de lo Social.

2) CPT minorado para promociones 31+. En diciembre de 2021, un grupo de controladores pertenecientes al sindicato SNCA decidieron presentar conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por la minoración del 60% en su CPT. En contra del criterio inicial de USCA, que apostaba por otra estrategia jurídica, algunos afiliados a nuestro sindicato decidieron adherirse a esta demanda y para ello eligieron un letrado externo. Obtuvieron una victoria parcial, ya que la Audiencia Nacional les reconoció el cobro de los haberes no devengados en el último año, pero no reconoció que hubiera discriminación. Enaire, por supuesto, recurrió la sentencia, pero ni SPICA ni SNCA lo hicieron. Sólo USCA decidió recurrir, pero al abogado externo se le pasó el plazo de presentación. Se elevaron recursos de súplica y de queja ante el Tribunal Supremo, pero ambos fueron denegados. Sólo quedaba la posibilidad de presentar un recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, pero los afectados rechazaron mayoritariamente esa posibilidad.

3) Nombramiento de Técnicos ATC a controladores con CIMA en suspenso. Es una práctica habitual de Enaire, pero las siete demandas presentadas por USCA ante los juzgados por estos nombramientos han sido resueltas a nuestro favor.

4) Cambio de proveedor en una torre. Ante este escenario, el controlador podrá aceptar el puesto de trabajo que Enaire está obligada a ofertarle, rescindir su contrato y reclamar indemnización por despido improcedente, o bien subrogarse al nuevo proveedor, pero manteniendo sus condiciones contractuales hasta que se firme un nuevo convenio colectivo entre los trabajadores y el nuevo proveedor.

Meler aceptó la invitación de USCA y acudió a la reunión, donde intentó aclarar el laberinto burocrático en el que parecía encontrarse nuestro convenio. Como cabría esperar, intentó tranquilizarnos y, como viene siendo habitual en él, se atrevió a poner fecha, asegurando que esa misma semana tendríamos el visto bueno de Hacienda. Al final la cuestión se demoró veinte días adicionales y fue el 30 de junio cuando finalmente el Ministerio de Hacienda visó y validó la propuesta de convenio.

Ahora dicho texto tendrá que pasar algunos otros trámites burocráticos y formales y podría estar publicado en el BOE en el mes de julio o agosto, momento en el cual empezará a estar vigente. Difícil saber cuál es el origen de estas dilaciones. Alguien llegó a apuntar que tal vez en el Ministerio de Hacienda se preguntasen: ¿Cómo es posible que Enaire llegue a un acuerdo con los controladores aéreos y que éste no sea lesivo para los intereses del Estado?

Contestando a las preguntas de varios delegados, Meler afirmó que una vez solventado el III Convenio llegaría el momento de empezar a abordar el RD 1001 con la AESA para modular su aplicación y converger con la Guía de Buenas Prácticas de Programación ATC de Eurocontrol, que por ejemplo blinda el sleeping day y asegura el disfrute de al menos un fin de semana completo al mes.

Algunos asistentes aprovecharon la ocasión para hacerle llegar su malestar sobre la querencia de la empresa a judicializar todas las controversias laborales, así como sobre la manifiesta inoperancia del nuevo sistema de programación de cuadrantes Quintic/Abaco. Esta nueva herramienta de programación se implementó supuestamente para mejorar la conciliación, pero algunos participantes aseguraron echar de menos al antiguo Gestur. “Tened paciencia” fue la única respuesta que obtuvieron de Meler.

Nuestros compañeros Sofia Abalo, secretaria Económica, Ayech Alayech, secretario de Comunicación Interna, y Martín Camero, delegado de LEMG, presentaron un interesante informe sobre el peso que tiene la actividad aeronáutica en las cuentas de Aena. Tras el repaso de multitud de datos y documentos relacionados con las tasas de navegación (ruta y aproximación), las tarifas de control de aeródromo y el contrato de provisión de servicios ATS que Aena ha firmado con Enaire, llegaron a la conclusión de que solo el 3% de los costes de esta empresa son imputables al servicio de control de aeródromo.

Resulta difícil de entender que una empresa con unos beneficios fabulosos ponga en riesgo la estabilidad del sistema y su seguridad por intentar rebajar unas décimas ese porcentaje e incrementar en cantidad ridícula el pago de dividendos a sus accionistas.

En la mañana del jueves 10 de mayo tuvimos la oportunidad de desplazamos a los Servicios Centrales de Enaire para tener un primer contacto con las consolas iTEC y con una nueva herramienta SACTA denominada TTM (Tactical Trayectory Management), diseñada para incrementar capacidades sectoriales y poder implementar en todos los FIR españoles el free route, en el que todas las compañías podrán planificar sus rutas libremente sin apenas restricciones.

El departamento de Automatización descartó por completo que sea una herramienta para implantar la monoposición. Se trata de un programa capaz de hacer una prognosis de la trayectoria real de una aeronave a base de los datos suministrados por el modo S y las performances de la aeronave en cuestión. El programa puede detectar conflictos en un rango de entre 11 y 16 minutos entre múltiples tráficos, proponiendo al controlador los rumbos, niveles de vuelo y rates de ascenso/descensos óptimos para resolver dichos conflictos. Es importante resaltar que en un entorno free route crecen exponencialmente los puntos de conflicto entre los tráficos; la fluidez del tránsito se mejora, pero es necesario a su vez ser más rápidos en detectarlos. La División de Sistemas de Automatización tiene previsto introducir el TTM en el ACC de Barcelona en el año 2024.

Antonio Alonso, secretario Internacional, trató de desmontar el argumento del MITMA de que uno de los objetivos de la privatización del servicio ATS en nuevas torres sea converger con el modelo europeo. Alonso comentó que Alicante es la torre privatizada con más tráfico de todo Europa, seguida de las de Edimburgo y Dortmund, y que el volumen de tráfico gestionado en Palma es similar al de Paris Orly -en verano incluso supera al de Heathrow- y el de Málaga es comparable al de Bruselas.

“¿Alguien puede imaginarse ambas torres privatizadas en Francia y Bélgica?”, se preguntó.

Según explicó, no existen problemas de seguridad o eficiencia en Enaire como para ceder más torres a unos proveedores privados que cuando acceden al mercado extranjero, como por ejemplo Saerco en Noruega, sólo operan en aeropuertos con menos de un millón de pasajeros. Además, como Saerco se ha visto forzado a respetar allí las condiciones laborales de lo controladores (con sueldos entre los 68.000 y los 137.000 euros), las cuentas no les salen, por lo que no van a renovar la concesión.

Rafael González (LECM) hizo una detallada exposición sobre el origen de esta plataforma, que nació de la alianza entre USCA y el sindicato de maquinistas SEMAF en el año 2019, y a la que posteriormente se agregaron el sindicato de pilotos SEPLA y el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, COMME. Como objetivos transversales de la plataforma pueden destacarse la creación de una Comisión de accidentes e incidentes intermodal independiente del gobierno, la creación de la Agencia de Seguridad del Transporte con la participación de expertos del sector y donde se respete la Cultura Justa, y la protección de la responsabilidad profesional a través de cambios legislativos.