• Todos los miembros del personal de los centros evaluados tienen experiencia en la atención residencial a personas menores de edad. Para su contratación, se recurre a la acreditación de su cualificación académica y de su experiencia profesional, salvo, normalmente, en el caso del personal perteneciente a congregaciones religiosas. • No existen planes de formación permanente adaptados a las necesidades detectadas en la práctica diaria de la atención por los profesionales, en su mayoría licenciados en psicología o pedagogía o diplomados en trabajo social o magisterio, aunque muchos profesionales asisten a cursos organizados desde los servicios especializados de infancia. Tampoco existen sistemas formales de supervisión que garanticen un apoyo individualizado a los educadores y a los directores de los centros. • Los profesionales responsables de la atención directa a los niños, niñas y adolescentes residentes organizan sus intervenciones aplicando, en la mayoría de los casos, un sistema de turnos que garantiza la presencia continuada de un educador, o de dos educadores siempre que se encuentran presentes los usuarios. La organización de los turnos plantea importantes problemas. Cuando el número de trabajadores es muy reducido, obliga a una jornada laboral anual excesivamente larga; cuando por el contrario la plantilla es muy amplia, los niños, niñas y adolescentes conviven con un número muy elevado de figuras de referencia. • Todos los centros evaluados mantienen registros actualizados de los usuarios, del personal, y un dietario o cuaderno de incidencias que, entre otras, ejerce funciones de transmisión de la información en el cambio de turno, y de registro de las visitas autorizadas o acordadas administrativa o judicialmente. • Si bien en todos los casos la Administración pública responsable visita los centros, lo cierto es que estas visitas únicamente ofrecen una pauta sistemática en el territorio de Álava y en los centros dependientes del IFAS en Bizkaia. Con todo, en ningún caso, la visita de control aplica métodos de observación destinados a verificar el funcionamiento y las pautas reales de atención que los educadores aplican en su práctica diaria y en su relación con los niños, niñas y adolescentes. • Todos los centros evaluados disponen de algún documento declarativo de funciones en el que, con mayor o menor detalle, se explicitan los objetivos y las funciones que se persiguen. Algunos, muy completos, responden a la estructura de un proyecto educativo de centro; otros, adoptan la forma
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