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Hallazgos como el de Teuchitlán y la Lucha Incansable de las Familias Buscadoras
Por Andrea María Guzmán Mauleón
El reciente descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a la sociedad mexicana, revelando una realidad aún más aterradora: la existencia de múltiples campos de exterminio presuntamente operados por grupos criminales en diversas regiones del país. Estos sitios, lejos de ser casos aislados, evidencian una práctica sistemática que se extiende por al menos cinco Estados de la República Mexicana, según informes recientes.
En Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, se han documentado hallazgos similares que datan de hace más de dos décadas. A través de las redes sociales, tanto testigos como víctimas, aseguran que se trata de espacios controlados por grupos criminales, donde se cometen crímenes que van desde la desaparición forzada hasta el asesinato, pasando por el sometimiento y la amenaza.
Pero esta desgarradora realidad no termina ahí… con el hallazgo de restos humanos se confirma que, ante el claro objetivo de borrar cualquier evidencia, en estos lugares se han utilizado métodos ilegales como la incineración, trituración o disolución en sustancias químicas.
De tal modo que la magnitud y recurrencia de estos descubrimientos reflejan la profunda crisis humanitaria que enfrenta México.
El Rancho Izaguirre, en particular, ha sido identificado como un centro de entrenamiento y exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este lugar funcionaba como un espacio donde se reclutaba forzosamente a jóvenes, muchos de ellos engañados con promesas de empleo, para luego ser sometidos a entrenamientos brutales y, en muchos casos, a la muerte.
Y sí, las tasas de desempleo en nuestro país están orillando a quienes buscan una oportunidad laboral a caer en trampas que han comenzado a emerger con un patrón aún más siniestro: el de falsas ofertas laborales en Estados Unidos como anzuelo para captar víctimas.
La Comisión Nacional de Búsqueda y organizaciones civiles han advertido sobre el aumento de casos en los que jóvenes migrantes desaparecen tras contactar con supuestos reclutadores.
Lo que inicia como un deseo de superación personal o de apoyo a sus familias, termina en una pesadilla: los jóvenes son privados de libertad, obligados a entrenarse en tácticas armadas, y aquellos que se niegan o intentan huir, son asesinados.
Este modus operandi ha sido documentado en estados como Michoacán, Guerrero, y el norte de Veracruz, donde varias familias han denunciado públicamente la desaparición de sus hijos tras responder a supuestas ofertas de trabajo en el norte del país o en EE.UU.
Si lo analizamos bien, incluso podemos determinar que esta secuencia de hechos se está convirtiendo en una modalidad de trata de personas, misma que encuentra cobijo en la impunidad y la descomposición institucional que atraviesa nuestro país.
La socióloga Carolina Robledo, fundadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense en México, ha señalado que Teuchitlán es la manifestación de una maquinaria preparada para deshacerse de cuerpos.
Esta afirmación subraya la existencia de un sistema complejo que implica colusión y recursos organizados para la desaparición sistemática de personas.
Robledo destaca también el importante papel de los colectivos de búsqueda, que se esfuerzan por visibilizar y proteger estos espacios de crímenes, aunque enfrentan un sistema institucional que muchas veces deja estos lugares en el abandono, afectando la preservación de evidencia, que es crucial para conocer verdad y exigir justicia.
Pero hablemos también la extrema vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en su tránsito por el país. Lejos de encontrar un camino hacia una vida mejor, muchos de ellos se ven atrapados en redes del crimen organizado, expuestos a secuestros, extorsiones y asesinatos masivos que reflejan una crisis humanitaria de dimensiones alarmantes.
Es una realidad que estos espacios clandestinos, utilizados para la desaparición sistemática de personas, son el rostro más oscuro de una realidad que exige respuestas urgentes del Estado y solidaridad internacional.
Los migrantes, que ya han dejado todo en busca de esperanza, no deberían convertirse en víctimas invisibles de una violencia impune y deshumanizante.
Frente a esta escalofriante realidad, la respuesta del gobierno federal ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, negligente
La falta de acciones contundentes y la minimización de la gravedad de estos hallazgos por parte de las autoridades han generado una creciente desconfianza entre la ciudadanía.
La omisión y la inacción gubernamental no solo perpetúan la impunidad, sino que también envían un mensaje de desamparo a las víctimas y sus familias.
En este contexto, las familias buscadoras emergen como el pilar fundamental en la lucha por la verdad y la justicia. Madres, padres, hermanos e hijos que, armados con palas y una determinación inquebrantable, recorren el país en busca de sus seres queridos desaparecidos.
Su labor, además de ser una búsqueda física, representa una resistencia activa contra la indiferencia y la negligencia institucional.
Estas familias han logrado visibilizar la crisis de desapariciones y forzar al Estado a reconocer y atender esta problemática.
Sin embargo, su camino está plagado de peligros. El reciente asesinato de Teresa González Murillo, líder del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, es un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan.
Teresa fue atacada en su propio hogar, un acto que subraya la vulnerabilidad en la que operan estas valientes buscadoras.
México se desangra en una crisis de desapariciones que parece no tener fin. Más de 125 mil personas están desaparecidas, una cifra que debería sacudir la conciencia nacional.
Sin embargo, son las familias, principalmente lideradas por madres incansables, quienes llevan sobre sus hombros la pesada carga de la búsqueda, y en sus corazones un pequeño fragmento de esperanza.
Su lucha es un testimonio de amor y resistencia, una luz en medio de la oscuridad.
Porque cada persona desaparecida, cada una de las 123 mil 808 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 11 de marzo del 2025, de acuerdo con en reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda, representa el dolor de toda una familia que nos recuerda que, mientras haya quienes busquen, la memoria y la justicia seguirán vivas.
Es imperativo que, como sociedad, nos unamos a su clamor, exigiendo al Estado acciones concretas y efectivas. No podemos permitir que la indiferencia y la impunidad sigan siendo la norma.
Sirva este artículo para extender un lazo de solidaridad y apoyo a los familiares de las personas desaparecidas, porque sus voces deben ser escuchadas y es urgente que sus demandas sean atendidas.
Solo así podremos aspirar a sanar las profundas heridas que la violencia ha dejado en el tejido social de nuestro México.
Andrea María Guzmán Mauleón es Maestra en Dirección de la Comunicación y Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Con más de 9 años de experiencia en Igualdad de Género dentro de la Administración Pública. Asesora Legislativa en Cámara de Diputados.
