Marejada Vol. 21 #1

REVISTA AMBIENTAL

Vol. 21, Núm. 1 2023

Carta del director Esta edición de Marejada atiende un tema que nos toca a todos los que vivimos en Puerto Rico porque todos tenemos esas cosas comunes que muchas veces no reconocemos, no entendemos o no nos importa y por eso no las defendemos. La Zona Marítimo Terrestre de Puerto Rico es la guardarraya más larga que tiene el archipiélago y la de más alto valor. Es por esto que en siglos pasados ocurrían tantas peleas a machetazos y a muerte: por el reclamo de una guardarraya que los jíbaros defendían con su propia vida. Me cuesta entender porqué en pleno siglo 21 a la gente no le importa que le roben la ZMT. Será que no saben que la ZMT nos pertenece a todos los puertorriqueños y que por eso, como buenos jíbaros, tenemos que defenderla. Esa defensa de lo común es uno de los temas que nos trae la licenciada Érika Fontánez en esta revista, quien nos urge a ser más proactivos.

En otro artículo, Francisco Félix nos presenta un caso de justicia social: el caso de Doña Ramona y su familia que lleva más de 100 años en un lugar especial frente al mar en Aguadilla. Durante todos estos años a nadie le molestaba su presencia, pero ahora, su casa es un estorbo para unos contratistas que desarrollan cerca de la casa de Ramona y quieren ver el mar desde sus balcones. El pueblo está detrás de la defensa del derecho de Ramona y su familia y le dicen a estos abusadores: ¡Aquí vive gente!

Francisco Félix también habla con organizaciones sobre el karso, un recurso que brinda servicios ecológicos a la sociedad puertorriqueña. El karso es un habitáculo para aves, almacena agua, tiene cuevas y paisajes, salvaguarda restos arqueológicos y contiene el mayor número de especies de árboles. En el municipio de Aguadilla, este recurso tan valioso está siendo amenazado por un proyecto sumamente antipático llamado “The Cliff Villas and Country Club”. Este proyecto nunca debió haber sido aprobado por la Oficina de Permisos Gubernamentales (OGPe) porque privatiza el acceso a la ZMT, contamina nuestras aguas y destruye los beneficios ofrecidos por el karso.

Además, el deslinde es fatulo y reta todas las leyes ambientales bajo engaño.

Por último, Jannette Ramos nos trae una preocupación por las propiedades de alquiler a corto plazo en Puerto Rico y sus impactos en la sociedad y los ecosistemas marinos. Este tipo de desarrollos violentan todas las leyes y reglamentos establecidos en el proceso de permisos, reflejando una falta de ética de las agencias gubernamentales y las consecuencias que esto representa sobre la población local al eliminar los alquileres a largo plazo.

Presentamos en esta revista una tendencia que nos alarma: OGPe aprueba permisos con declaraciones de impacto ambiental (DIA) y evaluaciones ambientales (EA) incongruentes que no aguantan una evaluación y la policía defiende a los desarrolladores irresponsables.

Mientras tanto, comunidades y grupos ambientales arriesgan su salud y hasta su vida defendiendo los recursos naturales, haciendo cumplir las leyes y los reglamentos establecidos. Seamos como los jíbaros, que como buenos puertorriqueños, entienden que las cosas comunes nos pertenecen y por eso, las vamos a proteger.

Ruperto Chaparro Serrano, MA

Joyuda, Cabo Rojo 2

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Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Visión Mucha gente piensa que el espacio sideral, el universo, es nuestra frontera final de la exploración y del conocimiento.

Sin embargo, los océanos todavía son una región desconocida y nuestros mares, los que nos quedan a unos pasos de nuestras casas, aguardan por nuestros esfuerzos en investigación, para conocerlos a profundidad, mantener su valor ecológico y salvaguardarlos para que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las oportunidades económicas y recreativas que estos ofrecen. Tal vez, lo irónico es que muchos conocen sobre el planeta Tierra o sobre nuestro sistema solar, pero conocen muy poco sobre los ecosistemas marinos y costeros y su extraordinaria biodiversidad, su fuerza y su energía física, así como su papel en la climatología. Como ciudadanos, debemos entender bien esa inmensa parte de esta biosfera que está formada por las aguas de los océanos.

Marejada surge como un medio de comunicación enfocado en educar a los hispanoparlantes acerca de la importancia de proteger nuestros mares y océanos de los complejos procesos climáticos y antropogénicos que los amenazan.

Marejada es una revista ambiental comprometida con la conservación y el desarrollo sustentable de nuestros recursos y atracciones marinas y costeras.

Nuestro interés es educar al público general y llevarle información científica de una manera sencilla y fácil de entender. Para nosotros, uno de los puntos clave, en el marco de las investigaciones científicas aplicadas, es poder desarrollar proyectos dirigidos a solucionar problemas actuales que afectan los recursos marinos y costeros que nos rodean, al tiempo que facilitamos los resultados de estas investigaciones a los manejadores y los usuarios de estos recursos. Estos resultados deben ser publicados y puestos al alcance de la mayor cantidad de personas. Esta revista ambiental constituye ese espacio accesible para que los investigadores, los científicos, los usuarios de los recursos, los educadores, los manejadores y los especialistas publiquen artículos cónsonos a nuestra visión, al tiempo que el lector disfruta en este proceso del saber.

Marejada: una manera de acercarte más a la costa.

Marejada es publicada por la División de Comunicaciones y Publicaciones del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, bajo la subvención Núm. NA180AR4170089 del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA).

ISSN 1947-1424 Para este número Francisco Félix Canales Dalmau: Editor y Redactor de Información Cynthia Lee Gotay: Diseñadora editorial Raúl Omar Ortiz Arroyo (“Pichón Duarte”): Impresión División de Comunicaciones y Publicaciones Ruperto Chaparro Serrano: Director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez Delmis del C. Alicea Segarra: Especialista en currículo y evaluación Francisco Félix Canales Dalmau: Editor Cynthia Lee Gotay Colón: Ilustradora científica/Artista gráfico Fabiola Nieves Guerrero: Ilustradora científica Oliver Bencosme Palmer: Artista gráfico/Diseñador editorial Raúl Omar Ortiz Arroyo (“Pichón Duarte”): Jefe de imprenta Wilmarie Cruz Franceschi: Traductora Las opiniones y los puntos de vista expresados en esta revista no necesariamente reflejan los de la Universidad de Puerto Rico o los del Programa Sea Grant. La mención de marcas de productos no debe ser interpretada como un endoso a las mismas.

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REVISTA AMBIENTAL

Cruz Sanabria, su 6 Ramona familia y el derecho a vivir en paz

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13 La defensa de lo común y la justicia climática

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Peligro el Karso. Las 23 En comunidades vs The Cliff Villas and Country Club

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de Alquiler 31 Propiedades a Corto Plazo en Joyuda:

Impactos en la Sociedad y los Ecosistemas Marinos Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

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Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Ramona Cruz Sanabria, su familia y el derecho a vivir en paz Por Francisco Félix

El mar se iba confundiendo con el azul del cielo mientras bajábamos la cuesta. El fotógrafo Pichón Duarte bajaba la velocidad de la pick up para contemplar la belleza. Sin embargo, nuestro paisaje se vio interrumpido por la tala de monte de una máquina estacionada. Troncos, grama y tierra quedaban enrolladas en una sola masa uniforme.

Primero hacen de la montaña un pedregal y luego aplanan el suelo. Eventualmente se establecerá el cemento con portones de metal al frente y piscinas con vistas al mar en las terrazas. Lo sé porque eso es parte de lo que se sigue sembrando sobre pedazos del karso en el barrio Playuela y en el resto de Puerto Rico. Casas lujosas y más estructuras en desarrollo.

Seguimos nuestro camino hacia la playa El Manglito y nos estacionamos bajo una ceiba majestuosa cuyas raíces se manifiestan sobre la grama a lo largo del paisaje. La sombra del árbol no nos cobijó y el calor nos azotó. A veces se escucha el golpe de las olas sobre las piedras a lo lejos. Pero esa vez lo que poblaba el silencio era la máquina de cortar grama que un hombre pasaba tranquilamente. Arriba del karso, el balcón de una casa lujosa. Pensé que la vista desde ahí debía ser imponente. Volví a contemplar todo el paisaje. Esta 6

playa siempre me recibe bien los días que puedo escaparme para un chapuzón. Los residentes de esta zona han desarrollado un espacio amable para que las familias puedan acampar. Grama siempre recién cortada y varias palmas para la sombra en los días más calurosos. Pasan barbacoas, campamentos y hasta cumpleaños para toda la familia. El hombre apagó la máquina de cortar grama para saludarnos. “Qué calor”, nos dijo mientras sonreía. El mar se apoderó del silencio del día. Algunos pájaros se escuchaban en los árboles. Caminamos hacia la casa de Ramona Cruz Sanabria con el sol acompañándonos.

Pichón Duarte se refugió en la sombra y le tomó fotos a la casa de paredes blancas, cristales y metales que parecía antagonizar la casita de color amarillo y rojo que tenía de frente. Arriba de esa casa hay dos mansiones construidas sobre el karso y otra en proceso de construcción. Algunas son residencias vacacionales con vistas al mar. Antes de llegar a este lugar, leí unos anuncios de publicidad en Internet del presidente de la compañía Playa India SE, Víctor Añeses, quien promocionaba la disponibilidad de lotes residenciales, algunos con permisos, cercanía a las costas y las playas más visitadas con acceso y vista a la bahía de Aguadilla,

Unos perritos nos recibieron alborotados.

Contemplé el vaivén de las olas en lo que Ramona salía de su casa. Las gallinas hacían su trabajo por toda la tierra. Había una caseta de acampar bajo un árbol. Más adelante supimos que ahí había estado el ambientalista Tito Kayak acompañando a esta familia durante semanas. Sobre la tierra se siente la armonía cuando se vive en conversación con la naturaleza. La flora y fauna que contrasta con el cemento y el acero. Esa tranquilidad de que el mar no irá a ninguna parte. Bajo el lindo balcón, Ramona y su esposo salieron a recibirnos.

Doña Ramona caminó de la puerta de su casa al patio para darnos la mano. Nosotros ya oprimidos por el calor, nos presentamos y buscamos donde conversar tranquilamente. Los perros continuaban su algarabía, menos uno que, aparentemente, era el elegido para acompañarnos. Tenía tres patas y buscaba cada planta de su tamaño para marcar el territorio. Una guinea se nos unió.

Parecía acostumbrada a la presencia de la gente.

Ramona le dijo dos o tres palabras y la guinea no volvió a pronunciar sonido y siguió con sus tareas terrenales. Quise presentarme con familiaridad, diciéndole que mi amiga la había visitado hace poco, pero ella respondió que la había visitado tanta gente últimamente que era improbable que la recordara.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

“en medio de los atardeceres más espectaculares”.

También ofrecía acceso al arrecife “El natural", a la playa “El Manglito” y “Gas Chambers” así como se destacaban la cercanía del aeropuerto, restaurantes y campos de golf. Las fotografías promocionales completaban el anuncio: Aguadilla (y Puerto Rico) al disfrute de las visitas. Pichón terminó de tomar fotos y seguimos nuestro camino hacia aquella casita amarilla de madera.

¿Qué son 140 años contemplados frente al mar? ¿Cuántas historias pernoctan en la costa? ¿Sobre la memoria? Las arrugas en nuestra piel son un privilegio, es la evidencia de la supervivencia, de la experiencia y la lucidez. Los años acumulados se expresan por la paciencia, la sonrisa y la entereza.

Eso y más se debe necesitar para perdurar la batalla legal que lleva Ramona desde hace más de 30 años.

Setenta y seis años viviendo frente al mar, rodeada de amor, la naturaleza y su familia, pero también de violencias sistemáticas. Setenta y seis años amenazados, como tantas personas en Puerto Rico, por el interés económico y el poder adquisitivo de unos pocos y la desidia de un gobierno que está supuesto a velar por nuestro bienestar. Por más de 140 años, la familia de Ramona ha vivido sobre esta tierra en el barrio Playuela.

Un suelo obligado a la magia de la costa y los atardeceres. Todavía quedan algunos vecinos junto al hogar de Ramona y su familia. El dueño original de esa tierra era un hacendado estadounidense que dejó que el abuelo de Ramona, Avelino Cruz Arroyo, construyera una casita en ese paraíso del que la quieren desalojar ahora. Ahí fue que su abuelo construyó un hogar y formó una familia.

Sobre esa misma tierra, su nieta, doña Ramona Cruz Sanabria, creció junto a sus diez hermanos.

Durante nuestra visita nos contó sobre sus aventuras encima de las piedras, alrededor de los árboles y sobre el mar. Entre algunos recuerdos, habló de cómo su papá una vez se perdió por tres días en una lancha buscando alimento para su familia.

Paseo Real Marina, Aguadilla.

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“Yo era como un pichón”, nos dijo con alegría, “me movía por ahí todo el día, para arriba y para abajo. Más bien parecía un pescaíto porque yo nadaba mucho y cogía mucho sol”. Nos narró cómo nadaba desde Playa India hasta Crash Boat. “Ahora mis pies y mi piel no aguantarían este sol, pero yo todavía soy feliz, me levanto y puedo ver el mar desde el primer momento que abro mi ventana”.

Pensé que debe ser una bonita costumbre ver la luz sobre el agua al levantarse en la mañana.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Ramona se convirtió en madre, crió a sus hijos y se sigue encargando de su familia hasta el momento.

Tiene cuarenta nietos y tataranietos. Vive con su esposo y sus tres hermanos. No tienen otro lugar a dónde ir y es donde siempre estarán, nos confirmó la mujer con mucha seguridad. Ella ha visto toda la transformación de ese lugar que le servía de escondite y refugio, donde su familia hacía comidas al leño y buscaba agua de un pozo. Nos dijo que había de todo: árboles de corazones, guanábanas, mangos, anones, almendras. “Todo esto ha sido mi vida desde mi niñez” nos dijo. Rodeada por flora y fauna, la mujer se levanta todos los días junto a su familia a habitar la tierra que les pertenece. Toda una vida contemplando la costa, sus bondades y sus inclemencias. La marejada es una compañera fiel. Su historia es un ejemplo del derecho a vivir en paz y en armonía con la naturaleza.

Terreno desplazado en Barrio Playuela.

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Rodeada por el salitre, a fuerza de naturaleza, a fuerza de mujer y madre, la señora Ramona sigue acompañada por la costa, por su familia, y ahora por el pueblo de Puerto Rico. El pequeño terreno de doña Ramona goza de la sombra de unos flamboyanes sembrados por su familia y ella. Las palmas, el arrullo de las olas y una vista eterna al mar son procurados por grupos de inversionistas y desarrolladores, como la corporación Playa India S.E., la cual busca vender terrenos en el área de Playuela para el desarrollo turístico. Algo que lleva ocurriendo hace tiempo pero que se ha acelerado luego del paso del huracán María en el 2017, la pandemia y la continua llegada de beneficiarios de la Ley 22. Los terrenos con geografías paradisíacas son presas de personas con poder adquisitivo e influencias políticas. Muchas casas están habitadas por el abandono o por gente mayor que, muchas veces, viven solas. Personas vulnerables al engaño y a la expropiación de sus casas y terrenos. El caso de Ramona es el caso de muchas personas de comunidades marginalizadas en Puerto Rico.

Al igual que el acceso a la playa y a nuestros recursos naturales, nuestro derecho a la vivienda se ha convertido en un privilegio cada vez menos accesible. Ramona es una mujer fuerte, ágil y con buen sentido del humor. Ella encarna esa dualidad entre la esperanza y la derrota, la primera que aparece como inevitable por el apoyo recibido de la comunidad puertorriqueña y la segunda, producto de la espera por la sentencia de un tribunal.

Los desahucios en Puerto Rico siempre han ocurrido. Estas prácticas están sustentadas por marcos legales y razonamientos económicos particulares, sea de sectores privados o el gobierno. Recordemos el asesinato de Adolfina Villanueva Osorio en su casa en el pueblo de Loíza el 6 de febrero de 1980 por parte de la policía de Puerto Rico y los desalojos del 18 de mayo de 1982 a los residentes de los terrenos de la Finca La Dolores de Río Grande, mejor conocida como Villa Sin Miedo.

Ambas tragedias tenían como protagonistas comunidades y personas que buscaban donde vivir dignamente. Sin embargo, sus necesidades de vivienda chocaban con intereses económicos o políticos. Siempre parece que los asuntos legales se superponen a los derechos humanos.

Al derecho a tener un techo, por ejemplo. La crisis de vivienda es algo innegable. Ya sea por la fijación de estructuras vacacionales, o el desarrollo de terrenos, la velocidad y la violencia del desplazamiento de las personas que viven en Puerto Rico se ha disparado en los últimos años. El gobierno ha fracasado en encontrar un balance entre el enfoque de Puerto Rico como destino turístico y el derecho básico a vivienda y las necesidades de los que vivimos en este archipiélago.

a “examinar los efectos de los alquileres a corto plazo sobre las comunidades, sobre la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda con el fin de promover políticas públicas que atiendan los impactos negativos y auscultar la posición de distintos sectores y grupos de interés sobre este asunto”. Entre los resultados, se encontraron el encarecimiento del costo de vivienda y el acaparamiento de inmuebles que causa retos para conseguir vivienda asequible para comprar o alquilar, la destrucción de áreas de alto valor ecológico como manglares, la construcción de muelles sin los debidos permisos, así como la limitación al acceso a los bienes públicos, como las playas. El supuesto desarrollo turístico puede convertirse en una vorágine que arrasa con todo lo que está a su paso. Se convierte en una oportunidad para la ganancia de unos pocos y la desgracia de muchos. El uso de casas para alquileres implica también una merma en la disponibilidad de casas que se pueden comprar. Los espacios para poder vivir aquí se reducen. Las personas se quedan sin techo y esto implica un deterioro continuo en la calidad de vida. Es un problema que se extiende a la costa y a los interiores.

El derecho a permanecer, negado. La merma poblacional lo confirma.

Según algunos hallazgos en un informe publicado este año por la organización El Enjambre comisionada por el Hispanic Federation, los impactos negativos de los arrendamientos a corto plazo son mayores a los beneficios. Este informe estuvo dirigido

En el 2017, luego del huracán María, cuando el fenómeno había derrumbado casi toda la casita de Ramona, unas personas derrumbaron lo poco que había sobrevivido. Ni la policía ni el gobierno intervino en defensa de la familia.

Sobre este suceso, la abogada Ariadna Godreau Aubert, hizo una reflexión en un artículo para el periódico El Nuevo Día que quisiera citar aquí: “Esa destrucción física de la casa tiene una carga simbólica muy poderosa: quienes desplazan, buscan arrasar con todo, hasta con la gente. Lo que ocurrió después, cuando familia y comunidad volvieron a construir la casita, revela otra gran verdad: defender la permanencia de esta familia es una responsabilidad compartida.

No debemos pasar por alto que doña Ramona vive en Playuela, un terreno preciado, una zona costera de gran interés para los desarrollos turísticos y el alquiler a corto plazo que poco tiene que ver con el derecho a la vivienda de una adulta mayor de ingresos limitados”.

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La información se viralizó y en muy poco tiempo, la familia contaba con el apoyo de la gente. Grupos como la Colectiva Feminista en Construcción y la iniciativa comunitaria Salvemos a Playuela llegaron hasta la casa de Ramona como acto de presencia y manifestación. Otras personas como el fotógrafo Sebastián Castrodad y la fotógrafa Joselyn Cortés, documentaron y compartieron esta historia de lucha y resistencia. Ya son décadas del conflicto legal, de la amenaza constante de que, en cualquier momento, tengan que abandonar su hogar. Un lugar que más que casa, es memoria histórica; un eco de cultura y herencia por el derecho de habitar esa tierra por más de 140 años junto a su familia, en armonía y conversación con la naturaleza.

Ramona dijo en algún momento, “ha sido un momento bien difícil, bien desesperante, bien triste, es como si fuera una agonía, una agonía de muerte, esperando la muerte pero que la muerte nunca llega”. Ese desasosiego lo podemos reconocer cuando no encontramos vivienda asequible, cuando los costos de los alimentos y los servicios aumentan, con la falta de personal y servicio en los hospitales y con la falta de agencia sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestras vidas. Una incertidumbre a la que no somos ajenos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por medio de la vía legal y judicial se borra lo que debe ser correcto y solidario. El intento de desahucio invalida la vida de Ramona, la de sus hijos, su familia y su comunidad. La historia es la evidencia: una vida entera frente a la costa. Debemos abrirle los brazos a la gran memoria que existe sobre las 10

arrugas, sobre la piel y sobre el pedazo de tierra frente a la costa que, por derecho del tiempo, no del hombre, le pertenece a Ramona Cruz Sanabria y su familia. Dicen que 100 años no son nada.

Díganle eso al mar, a las piedras y a Ramona.

Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Doña Ramona espera con angustia la sentencia. El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia emitida el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, a través de la cual se declaró con lugar la demanda de desahucio presentada por Playa India, S.E. Un duro golpe para Ramona y su familia.

“Me siento tan cansada, tan cansada”, ha dicho en varias ocasiones públicamente esta mujer tan fuerte y resiliente. Un sentimiento que no es ajeno a la mayoría de los residentes del archipiélago.

Sin embargo, en el momento de esa sentencia, Jaimee Pérez Jaime, nieto de doña Ramona, se puso en acción y compartió lo sucedido en las redes sociales.

El 4 de abril de 2024, el Senado de Puerto Rico aprobó una medida para ordenar al Departamento de la Vivienda presentar en el Tribunal General de Justicia un recurso para evitar la expropiación forzosa de la tierra donde viven Ramona Cruz Sanabria, su esposo y sus hermanos por la demanda de Playa India, S.E. para desarrollar turismo. La Resolución Conjunta del Senado 492 buscaba relevar a la parte demandada de cumplir con la sentencia de desahucio y otorgarle el título de propiedad a la familia. Además, proponía ordenarle al Departamento de la Familia proveer la ayuda social justificada de conformidad a lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado, mientras se dilucida el pleito de expropiación forzosa.

Esto no ha detenido los intentos judiciales y extrajudiciales para desalojar a esta familia, en una muestra clara de la desigualdad que existe entre una corporación poderosa y los recursos de una adulta mayor empobrecida que busca defender su vivienda. A finales de abril, el Tribunal Supremo volvió a fallar en contra de Ramona y su familia al decidir no intervenir nuevamente. El ente jurídico rechazó la reconsideración que Ramona solicitó para intervenir y detener la orden de desahucio emitida a favor de la compañía. Este fue el último recurso por las vías judiciales apoyados por Ayuda Legal Puerto Rico. Según una pieza en el periódico

Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Parque Colón, Aguadilla

el Nuevo Día, la representante legal de Ramona argumentó que la familia es dueña de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión). Sin embargo, como todas las peticiones e intentos de la familia, este intento también ha sido ignorado.

Se han organizado todo tipo de actividades sobre las piedras y frente al mar. El chapuzón en la playa ahora es una excusa para visitar a la familia. La voz de alerta y la defensa de esta puertorriqueña no han cesado. Hemos compartido asopaos, plenazos y abrazos. La comunidad se reúne de vez en cuando y entre todos, celebramos la vida de una puertorriqueña y su derecho a vivir en su tierra.

Esta amenaza pernocta sobre la familia. Sin embargo, Ramona y su familia están listos para permanecer en su tierra a como dé lugar. La caseta donde pernocta Tito Kayak, las gallinas sobre la tierra, los perros ladrando, el mar golpeando las piedras, los pelícanos que pescan sobre el agua y nuestra sonrisa mientras apretaba el calor confirman que todos pertenecemos aquí y que tenemos el derecho a permanecer. Una sábana ondea frente a la casa de Ramona, tiene escrito bien grande “¡AQUÍ VIVE GENTE!”.

Nos despedimos y regresamos por la carretera hacia la ceiba. Sobre un cable del tendido eléctrico cuelga un cartel con la cara de Ramona que dice “Justicia pa Ramona”. He regresado algunas mañanas al barrio Playuela. A veces logro ver a Ramona y su esposo de camino a hacer una diligencia o a sus familiares sentados frente al mar.

Más allá de la casa de la familia hay unos escalones que dan hacia una playa más cerca de Crash Boat; es un paraíso escondido por donde aparece una cueva cuando baja la marea. He contemplado la luz sobre el mar cobijado bajo esas piedras mientras imagino a la pequeña Ramona en plena libertad, el barrio Playuela lleno de árboles frutales, los pescadores navegando las aguas con tranquilidad y a las personas contemplando el mundo submarino en abundancia. Afortunadamente es una memoria que sigue viva. El mar sigue ahí. Ramona también.

Ramona y su esposo nos confirmaron su determinación. Se quedan en su hogar. Solo buscan seguir viviendo en paz en su casita frente a la playa, como lo han hecho toda su vida. Y como la vida continúa, la gente sigue yendo a Playuela y a casa de Ramona. Buscan su bienestar y su permanencia.

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Agradecemos a Ramona Cruz Sanabria y a su familia por abrirnos las puertas de su casa. También agradezco a Sebastián Castrodad Reverón por todo su apoyo. Pueden conseguir el documental sobre Ramona en https://www.youtube.com/watch?v=KB81WcJXR3s

Referencias: Rosa Rosa, M. E.; Rodríguez Del Valle, L. N.; Cotté Morales, A.; Santiago Bartolomei, R. (2023).

Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo en el desplazamiento de comunidades [Informe]. El Enjambre; Hispanic Federation. https://www.hispanicfederation.org/ images/pdf/INFORME_Arrendamientos-de-Corto-Plazo_v3.pdf (2024, 21 de febrero). Hispanic Federation publica un informe sobre el impacto de los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico y las soluciones impulsadas por la comunidad para atender las preocupaciones [Comunicado de prensa]. https://www.hispanicfederation.org/es/news/hispanicfederation-publica-un-informe-sobre-el-impacto-de-los-arrendamientos-a-corto-plazo-en-puertorico-y-las-soluciones-impulsadas-por-la-comunidad-para-atender-las-preocupaciones/ Metro Puerto Rico. (2024, 8 de abril). Senado exige a Vivienda presentar recurso para evitar desahucio de familia en Aguadilla. https://www.metro.pr/noticias/2024/04/08/senado-exige-a-vivienda-presentarrecurso-para-evitar-desahucio-de-familia-en-aguadilla/ Ibarra Vázquez, G.(2023, 12 de mayo). Tribunal Supremo cierra la puerta a escuchar argumentos contra el desahucio de Ramona Cruz Sanabria en Playuela. El Nuevo Día. https://www.pressreader.com/ puerto-rico/el-nuevo-dia1/20230512/281663964353476 (s. f.). Desplazan a doña Ramona y 140 años de su historia con orden de… WAPA.tv. https://wapa.tv/ noticias/locales/desplazan-a-do-a-ramona-y-140-a-os-de-su-historia-con-orden-de/article_ d42317b4-f060-11ee-9375-d3904977d448.html Rivera Clemente, Y. (2023, 8 de diciembre). Suplican reconsideración en el caso de desalojo de septuagenaria en Aguadilla. El Nuevo Día. https://periodicovision.com/suplican-reconsideracion-enel-caso-de-desalojo-de-septuagenaria-en-aguadilla/ La Señal. (s. f.). [Ramona] [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KB81WcJXR3s Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tribunal de Apelaciones – Panel Especial. (2023, 12 de septiembre). KLAN202300478 – Play­a India, S.E. v. Ramona Cruz Sanabria; Jacobo Pérez; Margot Cruz Sanabria; Jesús Cruz Sanabria; Departamento de la Vivienda; Secretario de Justicia [Sentencia]. https://dts.poderjudicial.pr/ta/2023/KLAN202300478-12092023.pdf Pedrazza Leduc, L. (s. f.). El desafío de doña Ramona o la defensa de nuestros derechos. La Casa Editora. https://lacasaeditora.org/luis-pedrazza-leduc-el-desafio-de-dona-ramona-o-la-defensa-de-nuestrosderechos/ Abadía Rexach, B. (s. f.). Puerto Rico. NACLA. https://nacla.org/adolfina-villanueva-osorio-puerto-rico Centro de Periodismo Investigativo. (2022, diciembre). Una pesadilla para los puertorriqueños: conseguir hogar mientras otros acaparan propiedades. https://periodismoinvestigativo.com/2022/12/unapesadilla-para-los-puertorriquenos-conseguir-hogar-mientras-otros-acaparan-propiedades/ Encarnación Martínez, José M. (2022, 8 de agosto). La ola del desplazamiento. https:// periodismoinvestigativo.com/2022/08/la-ola-del-desplazamiento/ 12

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Cabo Rojo, Puerto Rico.

La defensa de lo común y la justicia climática* Por Érika Fontánez Torres: Catedrática, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico* (Editado para este número por Francisco Félix)

En nuestro ordenamiento legal, en el que priman los derechos individuales y pocas veces se discuten los sociales y colectivos, se discute, se critica y se denuncia el poder de expropiación del Estado sobre bienes privados. En cambio, ¿cuántas veces se discute la inconstitucionalidad del poder que nos expropia y se apropia de lo que nos es común?1 ¿Por qué no podemos hablar en esos términos cuando ocurre una apropiación de un bien común y el Estado permite o fomenta la apropiación que nos afecta tanto individual como colectivamente? 2 A diario lo común desaparece ante nuestros ojos con la anuencia del gobierno. Aunque existe un ordenamiento legal ambiental y urbano que supone atender el asunto, éste se queda corto * Para una ampliación sobre lo aquí expuesto, véase Érika FontánezTorres, El derecho a lo común. Bienes comunes, propiedad y justicia climática (San Juan, P.R.: Laberinto, 2023).

1Sobre este punto, véase Ugo Mattei, Bienes comunes. Un manifiesto, trad. Gerardo Pisarello (Madrid: Trotta, 2013).

2 La reflexión sobre este punto surge de largas y atesoradas conversaciones con Mariolga Reyes Cruz, defensora y gestora de lo común.

porque todavía lo común en ese ámbito se concibe utilitariamente en tanto “recurso” y no como fin en sí mismo. Con poca consideración, “lo ambiental” (que no alcanza a ser sinónimo de lo común) se subordina a la explotación de ciertos propietarios y el cuestionamiento a la apropiación particular de los bienes comunes es muy tímido por parte de los operadores jurídicos judiciales y ni hablar de funcionarios de gobierno. Defender lo común con y a pesar del derecho es fundamental.

Pero lo común y los elementos comunes que siempre han sido indispensables hoy están en riesgo de desaparecer y con ello, la vida misma como se ha entendido hasta ahora. El derecho a lo común remite a aquellos elementos o condiciones indispensables para la vida que, por tratarse de tal, no pueden ni deben ser apropiables. Por el contrario, deben concebirse o administrarse desde una lógica distinta a la de apropiación mercantilista, excluyente o de competencia.

Destaco dos asuntos que me parecen fundamentales para entender la importancia e inevitabilidad del papel central de los bienes 13

La ecodependencia y la interdependencia son negadas por el sistema económico hegemónico con implicaciones raciales, de género y multiespecies diferenciadas. Reconocerlas, como expone una economista feminista, requiere acercamientos críticos que incluyen las nociones hegemónicas de la apropiación, la propiedad individual, progreso, riqueza, justicia, libertad, las jerarquías y el derecho. Asimismo, es necesario “analizar y comprender sobre qué piso se sostiene nuestra cultura, cuáles son los dogmas, mitos y creencias, a través de los que interpretamos y actuamos”.4 Eso incluye las nociones y principios que sostienen el derecho patrimonial y la protección constitucional absolutista de ciertos derechos individuales como el de la propiedad privada a expensas de nuestros bienes comunes, como es el caso de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, el agua, los ríos, las riberas, el mar, los bosques, entre otros elementos indispensables para la vida. ¿Qué es apropiable en nuestras sociedades y por qué? ¿Por qué ciertas cosas apropiables pueden cercarse para uso exclusivo? ¿Qué elementos de la vida y trabajos son valorados en términos económicos y cuáles no? Estas preguntas son fundamentales para cada esquina y espacio que habitamos, sobre todo si nos planteamos acercarnos a la justicia climática.

vida sobre la que alertan las ecofeministas y otros grupos defensores de lo común. Sin reconocer la ecodependencia y la interdependencia en el ser humano difícilmente podremos atajar de raíz lo que nos ha traído a la crisis climática.

No reconocer estos dos elementos, o más bien negarlos, ha permitido el olvido y la condena hacia lo común y los bienes comunes. No se trata solamente de la defensa de las playas, el aumento en el nivel del mar o la protección de propiedad en el litoral. Se trata de que sin un cambio de paradigma sobre lo común no sobreviviremos.

Coincido con muchos quienes en este momento claman por devolverle la dignidad a los bienes comunes, sacarlos del conjuro que cargan e imaginar otras formas de relaciones humanas en las que no la competencia ni la avaricia, sino la cooperación y la solidaridad sean el punto de partida. Como han planteado las ecofeministas, nos va la vida en ello pues la existencia misma en esta sociedad depende de otros modelos en los que la vida esté en el centro.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

comunes. Tanto las economistas feministas como las ecofeministas afirman y parten de dos premisas fundamentales: los seres humanos somos sujetos eco dependientes e interdependientes. Somos, al decir de Yayo Herrero, “radicalmente eco dependientes”, dependemos de nuestros entornos y ecosistemas. Pero, además, continúa Herrero, el ser humano presenta “una profunda dependencia de otros seres humanos”.3 Esto significa que desde nuestro nacimiento hasta que envejecemos, enfermamos y morimos siempre necesitamos de los demás. Afirmar la ecodependencia y la interdependencia y el valor de lo común implica también revisitar nuestras cotidianidades.

Lo que hoy conocemos como crisis climática forma parte de la crisis de la sostenibilidad de la 3 Yayo Herrero, «Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible», Revista de Economía Crítica, no16 (2013): 281.

4 Herrero, “Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible”, 283.

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Cabo Rojo, Puerto Rico.

En Puerto Rico son múltiples y variadas las organizaciones que llevan años atendiendo temas de justicia climática, exigiendo visibilizar el impacto diferenciado de la crisis climática en términos de clase y raza y planteando la necesidad de políticas públicas acorde. La organización Ayuda Legal PR ha elaborado parámetros para una abogacía que atienda la justicia climática y ha celebrado actividades y encuentros para trazar una agenda común. Algunas organizaciones de base comunitaria y activistas que trabajan desde los entendidos de la justicia climática son: El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, el Sierra Club de Puerto Rico, el Observatorio Acción Climática Ahora, 350 Puerto Rico, Comité Diálogo Ambiental, Amigxs del Mar, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Alianza por la Acción Climática de Puerto Rico y Eco Exploratorio, La Colmena Cimarrona, entre varias.

Los movimientos de justicia ambiental a nivel global han incorporado las dimensiones globales y los cuestionamientos al modelo económico extractivista según señalado por activistas de la justicia climática. No se trata solamente de un riesgo desproporcionado producto de situaciones de vulnerabilidad ante problemas de justicia social; aliviar la pobreza y la vulnerabilidad sin atender la raíz de los problemas que intrínsecamente impone el modelo económico no es suficiente.5 A su vez, los movimientos por la justicia climática han reconocido la importancia de los llamamientos que hacen los temas del colonialismo y la colonialidad, 5 Scholsberg y Collins, 12.

Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Justicia Climática y Ambiental

El concepto justicia ambiental es tanto un concepto como un movimiento. Cuestiona las distinciones que en algún momento hubo entre lo que es “ambiente” y lo que son argumentos de justicia.

Para el movimiento de justicia ambiental no es posible hablar de medioambiente sin vincularlo a asuntos de eminente injusticia. Los movimientos de justicia ambiental denunciaron, en su momento, la desproporción del impacto ambiental que enfrentaban ciertos grupos producto de decisiones gubernamentales y propuestas privadas avaladas que no eran sino formas de racismo ambiental.

Parque Colón, Aguadilla.

el impacto diferenciado en comunidades del sur global, la diversidad multiétnica y racial de quienes apalabran y encarnan la experiencia climática.

La justicia climática persigue cambiar el rumbo del impacto que ha tenido el modelo económico extractivista desde la educación, la toma de conciencia, medidas de prevención, mitigación y la exigencia de medidas de equidad en la toma de decisiones hacia transiciones justas.

En términos de política pública –ya sea desde la justicia ambiental como desde la climática– es importante establecer criterios que nos ayuden a diseñar políticas concretas y que obliguen a quienes toman las decisiones a establecer procesos para garantizar transversalmente lo que la justicia climática propone. De la mano de lo planteado por diversos sectores activistas, la literatura sobre el tema y la experiencia práctica, comparto tres criterios que deben aplicarse transversalmente a toda legislación y procesos de planificación, decisionales y gubernamentales 1. Justicia en la distribución. La justicia en la distribución atañe a los recursos materiales, al conocimiento y a las oportunidades disponibles para atender el impacto del cambio climático 15

y los beneficios de los bienes comunes en esta generación e intergeneracionalmente. Fondos públicos, información, tiempo son todos recursos esenciales, pero no se distribuyen con equidad. El criterio de justicia en la distribución implicaría tomar en cuenta cómo se distribuyen los presupuestos –nacionales y locales– los riesgos, los beneficios y las responsabilidades en la distribución de los recursos que tiene el Estado. La distribución debe tener elementos de equidad y justicia que tomen en cuenta los grupos que históricamente han sido excluidos de los beneficios de los bienes comunes o han sufrido el impacto desproporcionado de la apropiación privada de éstos. La justicia en la distribución implica, en primer lugar, cuestionarse los planes de recuperación y los criterios que se diseñan para la prevención y la mitigación; y ver si esos criterios refuerzan la exclusión de los sectores racializados o vulnerabilizados y los mantienen en un ciclo de desigualdad. Por ejemplo, en el uso

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del dinero público, ¿se toman en cuenta factores de costo-beneficio sobre el valor de propiedades en exclusión y perpetuación de la vulnerabilidad de comunidades que no son primariamente “propietarias” o que sus propiedades valen muy poco en el mercado en comparación con comunidades privilegiadas? También incluye aquilatar los beneficios del derecho a lo común.

Si se permite una construcción –nueva o para mitigar– en una zona costera en que es evidente la erosión, ¿quién/quiénes saldrán beneficiados y a quiénes afectará acorto, mediano y largo plazo? El reconocimiento de que todos y todas tenemos un derecho a lo común y que lo común es indispensable para la vida implica una toma de conciencia de cómo su afectación, apropiación o impacto tendrá implicaciones para el resto. La justicia en la distribución hace un llamado a un análisis integral y a ampliar lo que al momento es un análisis individual de quien presenta una propuesta.

3. Justicia en el reconocimiento. A través de este criterio se destacan las visiones identidades, los valores, el conocimiento y las visiones del mundo que están en aquellas áreas de justicia climática. Deben legitimarse, respetarse y valorarse en el ámbito gubernamental y público. La justicia en el reconocimiento requiere evaluar cuál es la narrativa que el gobierno, los funcionarios, grupos profesionales y expertos practican sobre determinado tema. Por ejemplo, ¿perpetúan los prejuicios y la discriminación en el trato y en el discurso público cuando conciben a comunidades informales como carentes de derecho solo porque no son propietarios?; ¿les niegan reconocer las condiciones históricas, sociales, económicas, raciales que incidieron para estar en situación de vulnerabilidad? A la hora de hacer un plan de acción o un plan de mitigación, ¿se planifica de espaldas a estos grupos?, ¿se les imponen las medidas que “más le convienen” de manera paternalista?, ¿se contribuye en la exclusión de otros valores, más allá del monetario y el financiero, en exclusión de los saberes, las redes de solidaridad y la riqueza cultural, histórica y humana?

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

2. Justicia en los procedimientos. Este elemento se refiere al proceso de toma de decisiones y gobernanza. La pregunta clave aquí es cómo se toman las decisiones y si se gesta desde una gobernanza democrática o desde parámetros anquilosados que en la práctica no representan oportunidades para las comunidades y grupos más vulnerables o con menos poder (como vistas públicas o tiempo para someter ponencias que luego son ignoradas). Asimismo, justicia en los procedimientos debe implicar hacer un esfuerzo profundo por entender las experiencias de los grupos en mayor desventaja en los que los elementos esenciales de la vida están en juego como su única vivienda disponible. Implica también revisitar los parámetros de análisis pues no solamente está en juego el impacto monetario, sino también el valor de otros elementos de los ecosistemas y vida no humana y común. ¿Quién participa? ¿Quién decide? ¿En qué etapa se decide y cómo? Son elementos claves de la justicia en el procedimiento.

Vista áerea del Cayo Piñero en Joyuda, Cabo Rojo.

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Equidad en la justicia Ya hemos señalado en otros trabajos la importancia de que los procesos de ubicación e informalidad no carguen con los prejuicios que impiden alternativas integrales de regularización y mejoramiento de calidad de vida. Esta guía, por ejemplo, llama a la atención la importancia de utilizar un lenguaje distinto que no profundice los traumas, culpabilice o perpetúe los prejuicios o desigualdades en comunidades que han sufrido, por décadas o desde sus antepasados, políticas públicas que van desde el racismo institucionalizado hasta el clientelismo político, el abandono y la violencia estructural. De ahí que, ahora también, el tema de las reparaciones esté tomando importancia en Puerto Rico impulsado por varias organizaciones como Taller Salud7 y auguramos que en futuras conversaciones se fortalecerán más aún los temas de justicia climática, reparaciones y el derecho a lo común.

La guía preparada por activistas del Climigration Network también señala que es importante escuchar y dejar tiempo para que las personas compartan sus experiencias, “crear un espacio para esta vulnerabilidad, cuando se hace de una manera informada sobre el trauma, reposición a las personas que han vivido la experiencia como expertos durante la conversación”.8 Las comunidades son las testigos principales de los cambios que ocurren en la costa. En muchas ocasiones llevan años expresando la importancia que representan las áreas y elementos comunes como las dunas, los árboles y los ecosistemas.

Es importante trabajar con y desde estos criterios de justicia climática junto a los determinantes sociales en la toma de decisiones. Una opción es incorporar los determinantes sociales junto a los elementos de justicia climática discutidos para hacer marcadores de equidad. Los marcadores de equidad podrían servir para evitar que –de manera invisible o solapada– se refuercen los prejuicios, se perpetúen las desigualdades, se continúe con diseños institucionales y toma de decisiones que alimentan los favoritismos y mantienen los privilegios. En las áreas impactadas, miremos y tengamos en cuenta que puede haber propietarios, con títulos diarios o no, pero también 18

ocupantes con derechos humanos y merecen vivir dignamente, aunque no cuenten con la bendición de la formalidad, sobre todo porque conocemos que la informalidad es también un fenómeno socioeconómico y no debe mirarse como un asunto de voluntad individual. Si la comunidad en cuestión es de ocupantes tendríamos que preguntarnos ¿cómo llegaron ahí?, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo propiciaríamos una regularización integral desde el respeto a los bienes comunes y el reconocimiento del impacto de la crisis climática que se acerca? En fin, se requiere una mirada desde la justicia climática para promover una transición justa y en equidad.9 Un marcador de equidad sería tratar de manera positivamente diferenciada aquellas áreas que significan la única vivienda con que cuenta un grupo o una comunidad porque no tiene otras alternativas de vivienda. Es decir, que hay prioridades sobre las áreas de vivienda de

Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Barrio Playuela, Aguadilla.

comunidades vulnerables donde hay gente que no tiene opción de vivienda y podría quedar en la calle. La justicia climática requiere también la elaboración de criterios para las estrategias de transición e, incluso, demanda modificar el lenguaje y, en lugar de hablar de “retirada”, diseñar procesos de acompañamiento para los realojos necesarios para el restablecimiento de la salud de áreas y bienes comunes como los que se están llevando a cabo en los procesos de dragado del Caño Martín Peña a tenor con la Ley Núm. 489 de 2004, según enmendada.

Otro de los marcadores de equidad debe estar directamente vinculado a la toma de decisiones sobre cuáles estrategias se adoptarán en las áreas en que ya ha habido o pronto habrá subidas en el nivel del mar. La decisión de si las acciones serán de defensa como la construcción de muros, paredes, diques o de rehabilitación de la playa o su restauración ecológica. La toma de decisiones no debe ser individual, sino integrada y

debe incluir los tres criterios de justicia climática antes expuestos. ¿Dónde se invertirá el dinero público y a quien beneficiará? También es crucial que el elemento de costo-beneficio no sirva para perpetuar la desigualdad y el prejuicio contra ciertas comunidades no propietarias, ni para beneficiar nuevamente a los mismos sectores.

7 Taller Salud. «Feminismo | Taller Salud | Puerto Rico», accedido 23 de abril de, 2023 https://www.tallersalud.com․ 8 Begay et al., «Liderar escuchando: Una guía para las conversaciones comunitarias sobre la migración climática», 24; «Guidebook for Community Conversations on Climate Migration», Climigration Network, accedido 7 de abril de 2023, https://www.climigration.org/ guidebook․ 9La organización de abogacía comunitaria Ayuda Legal ha llevado a cabo seminarios y actividades dirigidas a la discusión y organización para garantizar criterios de justicia climática y de recuperación justa en Puerto Rico. Asimismo, el Observatorio de Acción Climática Ahora, entre otras organizaciones, han puesto en la palestra la importancia de estas perspectivas.

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Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Viuda (Himantopus mexicanus), Cabo Rojo.

Diez puntos mínimos para una gobernanza climática Finalmente, en Puerto Rico varias organizaciones y firmantes prepararon un documento titulado “10 puntos mínimos para una gobernanza climática” que elabora varios puntos que además de incluir la justicia climática, reconoce y aboga por la importancia de los bienes comunes.10 Aquí compartimos el documento.

En los últimos años Puerto Rico ha vivido momentos de mucha angustia, dolor y desasosiego.

Hemos sobrevivido el embate de huracanes, inundaciones, terremotos, sequías, amenazas al aire que respiramos, altas temperaturas sin precedentes, una pandemia, todo esto en medio de una larga depresión económica y crisis social.

Miles han perdido sus viviendas y sus empleos, nuestras costas se convierten en vertederos de escombros, nuestra flora y vida silvestre, vital

«Cientos de organizaciones, comunidades y ciudadanos piden acción para la crisis climática», El Nuevo Día, accedido 7 de febrero de 2021; «Exigen a la Legislatura atender con urgencia la crisis climática - El Nuevo Día», accedido 19 de marzo de 2021.

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para la agricultura, están desapareciendo. Una tercera parte de nuestra población vive inseguridad alimentaria mientras la crisis climática amenaza los sistemas alimentarios globales. La ciencia nos ha advertido: los gases de efecto invernadero provocan el aumento de las temperaturas, esto a su vez provoca el alza en el nivel del mar y el aumento en la intensidad de fenómenos atmosféricos (lluvias, sequías, ciclones). Estos cambios drásticos provocan la pérdida masiva de especies, migraciones masivas de gente, profundización de las desigualdades sociales, angustia y dolor. La crisis económica también se agudiza pues estos eventos alteran dramáticamente las condiciones de vida. Después de todo, la economía no es algo ajeno a la vida social y también requiere transformarse.

La crisis climática es resultado de todas las crisis e injusticias por las que hemos luchado por décadas, es consecuencia del afán de lucro y la explotación infinita en un sistema que no reconoce los límites de la Tierra. Es consecuencia también de gobiernos negligentes, que rechazan el conocimiento científico, que no les importan las consecuencias de sus políticas y destruyen el futuro de las próximas generaciones. Año tras año los gobernantes

prometen mucho, pero no han hecho nada para cambiar de curso. Se dice que el crecimiento económico es fundamental, pero ninguna política pública ha detenido el aumento de la pobreza por décadas. Puerto Rico enfrenta directamente las consecuencias del cambio climático por lo que es urgente una política pública asertiva, fuerte y decisiva para atender la crisis climática. POR ESO, en esta coyuntura en que se configura un nuevo gobierno, las personas y organizaciones firmantes AFIRMAMOS Y EXIGIMOS, tanto de la RAMA EJECUTIVA como de la RAMA LEGISLATIVA: 1. UNA POLÍTICA PÚBLICA TRANSVERSAL que en todas las áreas (presupuesto, economía, energía, transportación, agricultura, salud, educación, infraestructura, vivienda, las artes y las ciencias, entre otras), integre las consideraciones del cambio climático priorizando soluciones basadas en la naturaleza y la atención a los segmentos vulnerabilizados y empobrecidos por la desigualdad social.

2. NOMBRAMIENTOS de personas comprometidas con el servicio público y con la implantación de las políticas dirigidas a atender la crisis desde la justicia climática, la protección y restauración de la naturaleza y la rehabilitación de toda la infraestructura del país.

3. PAQUETE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS que actualicen leyes y reglamentos vigentes, dirigidas a una política pública integral, justa y decisiva para prevenir, desacelerar y mitigar la crisis climática.

4. La adopción de una LEY DE COSTAS Y BIENES COMUNES COSTEROS. 5. LA OTORGACIÓN DE TODO CONTRATO del gobierno debe asegurar que el ánimo de lucro no implique un conflicto con el interés público, nuestros bienes comunes y las metas programáticas ante la crisis climática.

6. TRANSFORMACIÓN HACIA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y JUSTA. Urge transformar la economía de una enfocada en el crecimiento infinito y arbitrario hacia economías que garanticen el cuidado y bienestar de las personas y los ecosistemas de los que dependemos.

7. Los niveles de pobreza y desempleo en Puerto Rico son insostenibles. Exigimos que haya una POLÍTICA DE GENERACIÓN DE EMPLEOS de la mano de las políticas dirigidas para atender el cambio climático y que se dé paso a empleos dignos dirigidos a proteger y restaurar los bienes naturales.

8. La PLANIFICACIÓN DEL SUELO debe responder a la crisis climática. Por esto, debe derogarse el Reglamento Conjunto de Permisos aprobado y comenzarse un proceso amplio para uno nuevo a tono con lo aquí expuesto.

9. UNA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA amplia que reconozca la experiencia, los saberes y los intereses de la ciudadanía, de los y las profesionales y comunidad científica que por décadas han alertado y luchado para evitar esta crisis.

10. LAS ACCIONES PARA MITIGAR Y ENFRENTAR la inminente realidad del cambio climático deben incluir, entre otras: a. Una política sensible y comprometida con la energía renovable y la independencia del combustible fósil, sin comprometer los bienes naturales. b. La protección de los bienes comunes de los que nuestra vida depende. Debe detenerse la tala indiscriminada de árboles y la extracción en áreas naturales indispensables como infraestructura natural para mitigar, desacelerar y adaptarnos al cambio climático. c. Las barreras naturales costeras deben protegerse y restaurarse, priorizando los recursos naturales costeros, deteniendo la dilapidación y explotación irreversible de estos. Desde la justicia climática debe atenderse el saneamiento de la zona marítimo terrestre y detener la destrucción y el daño irreversible en la zona costanera. d. Los cuerpos de agua y sistemas hídricos como los humedales nos protegen de inundaciones.

Es urgente que se prohíba la desaparición de humedales y otros sistemas estuarinos, la canalización de ríos y otras construcciones que nos hacen más vulnerables a inundaciones y erosión.

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e. El fomento de la economía local y a pequeña escala, de modo que se genere actividad comercial en lugares cercanos a las viviendas, trabajos y escuelas para reducir la dependencia de combustibles fósiles que aportan al calentamiento global. f. La protección de terrenos agrícolas que garanticen para el presente y las futuras generaciones una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria de quienes habitan estas tierras.

Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

Estas exigencias forman parte de una larga trayectoria de personas y grupos que han dedicado su vida a defender la naturaleza. Con ellas y ellos, y

en saludo a las gestas de hoy hacemos un llamado amplio y urgente a todas las personas y grupos a proteger, restaurar y rehabilitar sin esperar por la política partidista. Debemos actuar en favor de la sostenibilidad de la vida, el tiempo es ahora. Lo que hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en el futuro -cercano y a largo plazo-. El presente y futuro de la vida en estas islas está en nuestras manos.

Estas acciones como la de tantas otras organizaciones ambientales, coaliciones y de base comunitaria en Puerto Rico son esfuerzos fundamentales en la defensa de lo común.

Defender lo común es poner la vida en el centro de la atención y con esto su sostenibilidad.

Litoral costero de Mayaguez.

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Glosario expropiación: privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.

Lo común: que pertenece a varias personas o cosas o a una generalidad de estas, sin ser privativo de ninguna. anuencia: consentimiento o aprobación. utilitariamente: se refiere al uso de los recursos naturales según la utilidad práctica, una especie de actitud pragmática ante todo lo demás. bienes comunes: Un bien común es aquel de acceso universal, de gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad colectiva. Implica que todos los individuos de la comunidad tengan derecho a hacer uso u obtener beneficios de un determinado recurso. operadores jurídicos: persona o entidad que interviene en la creación, en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, o en el control de su cumplimiento. apropiables: que puede ser apropiado o hecho propio de alguien. ecofeminismo: teoría sociopolítica que integra ideas del ecologismo y del feminismo y relaciona la sobreexplotación del medio natural con la dominación de la mujer por parte del hombre. ecodependiente: referencia a la relación que existe entre los seres vivos y los ecosistemas en los que viven. interdependientes: Que dependen uno del otro. hegemónico: supremacía que se ejerce sobre otros. Superioridad de un Estado sobre otros. paradigma: modelo o ejemplo a seguir. conjuro: se refiere a sacar del determinismo el concepto, que los bienes comunes no sean solo un elemento para sacarle provecho económico. extractivismo: modelo de desarrollo basado en la explotación masiva de recursos naturales, como los minerales, el petróleo, la agricultura, ganadería y silvicultura. transversalmente: que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto. equidad: sinónimo de justicia; disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. anquilosados: paralizado, detenido en una evolución o desarrollo. reparaciones: la reparación que busca asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. determinantes sociales: circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana.

Agradecemos infinitamente a la profesora Erika Fontánez Torres por permitirnos compartir parte de su trabajo en este número. Esta pieza es un fragmento de su libro El derecho a lo común. Bienes comunes, propiedad y justicia climática (Ediciones Laberinto, 2023).

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Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Cueva de las Golondrinas, Aguadilla 24

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Vista aérea de la cueva de las Golondrinas, Aguadilla.

En peligro el karso, el pelícano y la cueva de las Golondrinas Por Francisco Félix

La conversión de terrenos a usos urbanos en Puerto Rico, así como la ubicación de canteras para la explotación de agregados, amenaza también con fragmentar aún más el karso, afectando así su integridad y los servicios ecológicos de los que depende la sociedad puertorriqueña, los cuales son indispensables para mantener la gran densidad de población que tiene la isla. De continuar la tasa de conversión presente de terrenos a usos urbanos, se estima que en aproximadamente 75 años la mayoría del paisaje isleño sea uno urbano.

Este apunte es parte de un artículo escrito por Ciudadanos del Karso para nuestra revista Marejada del 2010. Seguimos viendo esa conversión de terrenos en las costas, en las construcciones sobre montañas o cerca de los ríos.

Construcciones que no responden a la dinámica de la naturaleza y el clima, que no consideran el impacto al modo de vida de las personas que habitan esos espacios y que parecen contar con la complicidad o la inactividad del gobierno y las agencias gubernamentales pertinentes.

La importancia del karso en Puerto Rico La región del karso es un sistema natural vital e indispensable para el progreso social, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad en Puerto Rico. Es una zona formada por roca caliza, caracterizada por mogotes, sumideros, cuevas, terrenos agrícolas fértiles y los acuíferos más productivos; cubre aproximadamente 27.5% de la extensión de la isla, desde Aguadilla hasta Loíza en el norte, pero también incluye una franja más pequeña y discontinua en el sur, así como otras áreas dispersas en el interior de la Isla.1 Los Ciudadanos del Karso enumeran los valores y servicios ecológicos que este sistema provee: • Contiene el mayor número de especies de árboles por unidad en Puerto Rico, es una de las últimas áreas en verdadero estado silvestre.

1 Lugo, A. E., et al, 2001. Puerto Rican Karst- A Vital Resource.

USDA Forest Service. Gen. Tech. Report WO-65. 100 p.

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En un boletín informativo de dos páginas titulado El Carso de Puerto Rico, publicado para el año 2007, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hace un repaso sobre las características importantes del karso.

Entre ellas, las localizaciones de su región y el porcentaje que cubre la superficie de Puerto Rico.

El boletín señala que hay bolsillos de karso en municipios como Aguas Buenas, Cabo Rojo y San Germán; incluso, reconoce que las islas de Mona y Monito son completamente de formación kárstica. Lo más importante sobre esta zona, es que como dice el boletín: “constituye uno de los recursos naturales no renovables más preciados por su geomorfología y por los ecosistemas particulares que en ella se desarrollan”. En ese mismo documento, una breve sección explica la vulnerabilidad de la región del karso, señala que “esta región es vulnerable a daños irreversibles” y que “entre las actividades humanas que afectan esta región, se han identificado: disposición de desechos industriales, vertederos municipales, extracción de agua a gran escala, construcciones (cambios en los patrones de descarga de las escorrentías), rellenos de humedales, remoción de la corteza terrestre, transformación de los usos del suelo”.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

• Diariamente se extraen de los acuíferos del karso alrededor de 60 millones de galones de agua, lo que equivale al consumo de 400,000 personas.

• Estos acuíferos proveen agua de calidad a industrias como farmacéuticas y a las vaquerías en el karso del norte, sustentando empleos y la agricultura.

• La región del karso sur, particularmente la zona del Bosque Estatal de Guánica y sus alrededores, albergan una de las más diversas poblaciones de aves en la isla. Es hogar de sobre 220 especies de aves, 110 de ellas migratorias y también alberga 35 especies designadas como vulnerables o en peligro de extinción; 16 de las 17 especies de aves endémicas se observan en el karso.

• La región contiene el sistema más largo y complejo de cuevas y pasajes subterráneos en Puerto Rico, como el sistema del río Encantado, considerado como el más largo de Puerto Rico.

• Es una fuente de restos arqueológicos y paleontológicos muy importantes que nos permite reconstruir el pasado de los primeros habitantes y sus hábitos, y de otras especies conservadas en el registro de las rocas.

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Foto: Francisco Félix Canales Dalmau

seguridad privada del proyecto les disparó a personas que se expresaban en contra de este proyecto dejó una persona herida y el arresto de varias personas. Se llevó a juicio a un guardia en el tribunal de Aguadilla, pero el caso no prosperó. En febrero de ese año, esas estructuras (un potrero y un salón de actividades) tuvieron que ser retiradas por orden del tribunal y del DRNA en una demanda presentada el 7 de septiembre de 2022 por el municipio, que se movió por la presión de quienes siguieron usando su voz de alerta.

Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis).

El proyecto A pesar de esta información que el mismo DRNA proporciona sobre la zona kárstica en Puerto Rico, hay un proyecto en el pueblo de Aguadilla que aparenta atentar contra la integridad de parte de esta zona kárstica y las especies que en ella habitan. Nos referimos a la construcción del proyecto de The Cliff Villas and Country Club en el municipio de Aguadilla. Según una descripción que aparece en la Determinación de Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental del DRNA, se “propone un proyecto residencial, en un solar con cabida aproximada de 9.57 cuerdas, localizado en carretera PR-111, intersección PR- 4458 (interior) del Barrio Borinquen en el municipio de Aguadilla”. Entre las construcciones que se incluyen en este proyecto están la edificación de 92 unidades tipo “townhouses” para vivienda multifamiliar y casa club, piscinas, gimnasios, un restaurante, cancha de tenis, walking trail, áreas de ejercicios al aire libre, entre otros.

El colectivo comunitario de voluntarios Salva Aguadilla y el Campamento Pelícano son unas de tantas personas, comunidades y organizaciones que luchan contra este proyecto en desarrollo y sus cimientos aledaños, como la controversial construcción de una estructura sobre las cuevas golondrinas; una edificación que trajo la voz de alerta de las comunidades por estar encima de un bien púbico y por tener la intención de negar el acceso a las personas. En enero del 2023 un incidente en el que un aparente guardia de

En peligro la zona del karso El 15 de noviembre de 2023, ambos colectivos (Salva Aguadilla y Campamento Pelícano) le escribieron una carta a la secretaria del DRNA con carácter de urgencia para que la agencia interviniera en el proyecto The Cliff por medio de un pedido de “Procedimiento Adjudicativo de Acción Inmediata”,2 un artículo que faculta a la agencia a usar “procedimientos adjudicativos en una situación en que exista un peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar público o que requiera acción inmediata” . Estas organizaciones buscaban la paralización inmediata ya que la construcción continuaba y no se veía “acción para salvaguardar el bienestar público protegiendo los recursos naturales”. La premura de la intervención era necesaria porque la construcción “podría seguir afectando el hábitat del acantilado y la Bahía de Aguadilla con las aguas de escorrentías cargadas de sedimento”. En esta carta también señalaban que habían sometido una querella en marzo de ese año, pues el proyecto tampoco cumplía con uno de los requisitos del DRNA para otorgar el permiso en el 2020: una franja de amortiguamiento 20 metros que protegiera el área del acantilado, un hábitat de alto valor ecológico. En la página 2 de ese documento, citado por Salva Aguadilla y Campamento Pelícano, explica que “dentro

2 Esta carta fue firmada por la Dra Jaris Delgado, Soraya Sesto, la Reverenda Magda Aguirre, el Dr. Héctor Quintero Vilella, Bitita Plumey Banuchi, Melanie Sánchez, Zair Torres y Omar Hernández. La otra carta al DRNA que citamos más adelante está firmada por las mismas personas que son miembros o colaboran con Salva Aguadilla y el Campamento Pelícano.

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de dicha franja no se permitirán actividades de remoción, movimiento o relleno de la corteza terrestre ni tampoco la instalación o construcción de estructuras permanentes. Para el proyecto se delimitarán y protegerán las áreas identificadas por el DRNA como Hábitat Natural con Alto Potencial de convertirse en Hábitat Esencial y la franja de la Zona Marítimo Terrestre”.

amortiguadora minimiza los efectos nocivos de la erosión, que en el karso puede causar sumideros, derrumbes y cavernas.

4. Reduce la sedimentación que es nociva para los cuerpos de agua incluyendo los sistemas marinos.

La preocupación de las organizaciones y la comunidad responde al riesgo de contaminación que implica este proyecto, pero también a los peligros que amenazan a las especies en esa zona del karso. En la carta se incluye una enumeración de las funciones más importantes de la franja de amortiguamiento, escritos por el doctor Ariel E. Lugo, quién además explica que estas funciones “mitigan los efectos negativos de la construcción sobre el acantilado y el entorno del Proyecto. La franja de amortiguamiento crea continuidad con el acantilado, permitiendo el libre movimiento de organismos entre los dos sistemas a la vez que minimizan los efectos negativos que surjan del Proyecto”. Aquí incluimos las funciones de esa franja que el doctor Lugo expuso en una carta.

5. Modera el microclima. La franja amortiguadora intercepta la energía del sol moderando la temperatura y la humedad relativa del aire. Esto crea condiciones favorables para las plantas, los animales y los microbios.

6. Provee hábitat y refugio para la vida silvestre.

En la franja amortiguadora plantas y animales encuentran sitios donde vivir y completar sus ciclos de vida, incluyendo organismos del acantilado.

7. Funciona como corredor de vida silvestre.

Organismos de la región costera utilizan la franja para moverse en dirección norte-sur o del tope del acantilado a la orilla del mar. Esto minimiza la fragmentación de hábitats y el aislamiento de los organismos silvestres.

Las diez funciones de la franja amortiguadora se agrupan en cuatro clases de protección:

Protectoras

1. Geohidrológicas, 2. Ecológicas, 3. Protectoras y 4. Estéticas.

Geohidrológicas 1. Promueve la infiltración del agua de lluvia, como es lo natural en la región del karso. La infiltración alimenta el acuífero y ayuda a limpiar el agua.

2. Minimiza la escorrentía superficial. La escorrentía superficial es generalmente baja en la zona del karso y cuando aumenta como resultado de la construcción, tiene consecuencias negativas para los sistemas expuestos a ellas.

3. Minimiza la erosión. La erosión causa la pérdida de terreno y la fertilidad de los sistemas ecológicos. Al promover la infiltración, la franja 28

Ecológicas

8. Absorbe la fuerza del viento. La vegetación costera tiene adaptaciones para absorber la fuerza de los vientos que azotan la costa.

9. Absorbe el salitre. La vegetación costera está adaptada al salitre, que generalmente es nocivo a la infraestructura construida.

Estética 10. Provee estética. La estructura y verdor de la vegetación costera, incluyendo la continuidad de la franja amortiguadora con el acantilado, es estéticamente atractivo y refleja la fisonomía legendaria de las costas tropicales de Puerto Rico.

SOLICITUD DE EMERGENCIA DRNA, PROYECTO THE CLIFF - PLAN DE RESTAURACIÓN SOLICITUD DE EMERGENCIA DRNA, PROYECTO THE CLIFF - PLAN DE RESTAURACIÓN FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO

Detalle de la con amortiguameint permiso.

SOLICITUD DE EMERGENCIA DRNA, PROYECTO THE CLIFF - PLAN DE RESTAURACIÓN FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO

E RESTAURACIÓN FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO

Proyecto The Cliff en Aguadilla. Se observa la franja de amortiguamiento requerida por el SOLICITUD DE EMERGENCIA DRNA, PROYECTO THE CLIFF - PLAN DE RESTAURACIÓN FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO DRNA y la al eliminar los árboles, y depósito de relleno y layinstalación Proyecto Theviolación Cliff en Aguadilla.

Se observa la franjamovimiento de amortiguamiento requerida por el DRNA la violación eliminar árboles, movimiento y depósito de relleno y la instalación de un muro de contención. deal un murolosde contención.

Detalle de la construcción de un muro de contención en la franja de amortiguameinto.

Violación a los requisitos del DRNA para la otorgación del permiso.

Detalle de la construcción de un muro de contención en la franja de amortiguameinto. Violación a los requisitos del DRNA para la otorgación del

Detalle de la construcción de un muro de contención en la franja de permiso. amortiguameinto. Violación a los requisitos del DRNA para la otorgación del permiso.

Proyecto The Cliff en Aguadilla. Se observa la franja de amortiguamiento requerida por el DRNA y la violación

al eliminar árboles, movimiento y depósito y la instalación de unpor muro de contención.

Proyecto Thelos Cliff en Aguadilla.

Se observa la franjade derelleno amortiguamiento requerida el DRNA y la violación al eliminar los árboles, movimiento y depósito de relleno y la instalación de un muro de contención.

Detalle de la construcción de un muro de contención en la franja de amortiguameinto. Violación a los requisitos del DRNA para la otorgación del permiso.

Plan de Restauración. Dos zona amortiguamiento (arriba). Deta la izquierda. No a escala.

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Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Proyecto en construcción.

El mismo doctor Lugo concluye luego de estas funciones y lo atestiguado hasta esa fecha (15 de noviembre de 2023) lo siguiente sobre el estado de la construcción:

a esta especie es la pérdida de hábitat costero, la contaminación y la perturbación o interacción con humanos que impide la reproducción pues pueden abandonar los nidos”.

“A pesar de lo anterior, la franja de 20 m de protección para el acantilado fue deforestada y de acuerdo con el plan del Proyecto, toda la zona será impermeabilizada con concreto y la construcción del Proyecto llega al mismo borde del acantilado.

Como resultado, la protección del acantilado está en duda ya que toda la protección de la vegetación de la franja se perdió al ser deforestada exponiendo el acantilado a las condiciones adversas [...]. Entre estas está la mayor velocidad y energía de las aguas de escorrentía que causarán la erosión del acantilado y la sedimentación en la costa. Los organismos del acantilado pierden el amortiguamiento natural de la franja de 20 metros y quedan expuestos a los efectos negativos de la actividad humana ahora presente casi sobre el acantilado mismo.”

Las comunidades siguen en el intento

La carta también hizo hincapié en el daño que ha recibido el hábitat del Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis). En un reportaje para WORA TV, la ornitóloga, Adrianne Tossas, informó que de esta especie se estima que solo hay aproximadamente 300 individuos en Puerto Rico y solo se conocen tres lugares donde anidan estas aves marinas, en Bahía Montalva en Lajas, en Cayo Conejo en Vieques y en áreas de Aguadilla. En el 2021 la doctora, junto a unos estudiantes, encontraron 50 nidos activos cercanos al área del muelle de azúcar. También indicó que “la mayor amenaza 30

Finalmente, en esta carta también se incluyó un “Plan de Restauración de la Franja de Amortiguamiento” diseñado por los doctores Ariel E. Lugo y Héctor E. Quintero Vilella, ambos ecólogos con gran experiencia en la conservación de recursos naturales para restaurar esas zonas.

Esta petición, al igual que otras, no se atendió. Una carta más reciente, del 20 de febrero de 2024, se le envió nuevamente a la secretaria del DRNA con declaraciones más contundentes y sumatorias a los pedidos que estas organizaciones llevan haciendo desde el 2022 a la agencia. Se citan fechas de comunicación en las cuales las organizaciones no recibieron respuestas y citan reuniones acordadas que tampoco se llevaron a cabo. La carta que hemos utilizado en este artículo también se cita en este documento provisto. Durante ese tiempo se han hecho conferencias de prensa, múltiples denuncias en las redes sociales y manifestaciones.

Campamento Pelícano y Salva Aguadilla intentan educar a la comunidad a través de su plataforma y literatura mientras pasan los días, meses, años y la construcción continúa sin pausa.

La doctora Jaris Marie Delgado, vicepresidenta de Salva Aguadilla, y su organización han radicado interdictos y han convocado a diferentes conferencias de prensa. En una de ellas, enumeró

algunos asuntos que ya hemos reseñado aquí y otros señalamientos, como la ilegalidad de los permisos dados por el DRNA al proyecto de The Cliff obtenidos con información engañosa, la falta de acceso a la carretera municipal, la invasión de terrenos colindantes y el no proveer acceso peatonal y vehicular a las playas ni al dominio público. “El mogote ya está completamente dañado, irremplazable y se perdió. Las otras áreas, si las paramos ahora tienen posibilidad de resurgir y renacer la parte ambiental y natural”, agregó la doctora Delgado en una de esas conferencias.

Los reclamos aparecen reseñados en un artículo de Víctor Manuel Vázquez Doménech para el periódico digital La isla oeste publicado en marzo de este año el cual citamos: • Que se revoquen de manera inmediata de los permisos obtenidos bajo engaño de The Cliff.

• Que se restaure el predio a su estado natural.

• Que se designe la reserva natural, marina y nacional del pelícano pardo.

• Que se evite un desastre para la vida y la propiedad, según se demostró con el derrumbe recientemente ocurrido en el acantilado de The Cliff.

• Que se cree un proyecto comunitario de interpretación del karso costero, de la historia de la industria de la caña y del tren, y que proteja el patrimonio histórico edificado del muelle de azúcar, el almacén antiguo y el tanque de melaza.

• Que se restablezcan los caminos.

• Que se indemnice a los vecinos por los daños infligidos.

En esa misma nota, añaden: “exigimos la salida completa y total del desarrollador de los predios y que se inicien los trabajos para recuperar los terrenos y declararlos «zona protegida» por su interés ecológico e histórico".

Los residentes cercanos al área también experimentan las consecuencias de este proyecto.

El periodista Víctor Manuel Vázquez Doménech, antes citado, entrevistó a una residente con más de 60 años viviendo en Aguadilla “que se ha visto afectada directamente por el movimiento

extenso de remoción de terreno, la remoción de la corteza y la destrucción del mogote que realiza el desarrollador del proyecto”. En esa entrevista dice que “las vibraciones que han causado esas máquinas pesadas han causado fisuras y grietas en nuestra casa; una casa construida a final de los años 50 y principios de los 60. Según la vecina, “el movimiento de terreno data del año 2018 y no fue hasta junio de 2022 que se encontró el estudio de suelo en el expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos”.

Personas como la representante Mariana Nogales Mollineli han expresado su preocupación por la localización del proyecto y su impacto. En una entrevista con el periódico Metro, señaló que la “construcción no solo afectaría el hábitat natural, sino que puede afectar al edificio en términos estructurales por la inestabilidad del terreno”. Para esa fecha (2023), enfatizó la vulnerabilidad del área oeste a los temblores y en la importancia de hacer un estudio de suelo. El ecólogo Héctor Quintero ha subrayado el peligro de las fallas geológicas y la actividad de relleno de concreto sobre las tierras.

También cuestiona los estudios geotécnicos con información dudosa y el impacto que ha recibido el área del muelle de azúcar producto de la construcción; no solo su geografía, sino la flora y la fauna, pues incluso, hasta una planta hospedera de mariposa que está amenazada se ha encontrado en el área.

Al 30 de agosto del 2024, no existe razón alguna para pensar que el proyecto se detendrá o se modificará sin importar los señalamientos de expertos, peritos, científicos, representantes políticos, y vecinos. Parece incluso que la documentación misma del DRNA evidenciando incongruencias, ilegalidades y contaminación no es suficiente para la reevaluación de los impactos de este proyecto sobre esa zona. Finalmente, ¿cuál será el destino de las cuevas, los mogotes y el karso? Ya sabemos lo indispensable que resulta este sistema ecológico para nuestra subsistencia bien sea económica, ambiental, cultural y social. ¿Cuánto de nuestra zona del karso quedará cuando lleguemos a esos setenta y cinco años que advierten los ciudadanos del karso?

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Glosario geomorfología: estudio de las características propias de la corteza terrestre. mitigar: moderar, aplacar, disminuir el impacto que tenga el proyecto sobre los recursos naturales. franja de amortiguamiento: la franja natural que bordea los sistemas forestales cuya función es proteger la integridad de estos, sirviendo de área de transición entre la vida silvestre y el efecto antropológico.

Referencias: Nuñez Lamboy, N. (2023, 9 de marzo). Mariana Nogales asegura: construcción de hotel cerca de la Cueva de las Golondrinas podría “caer por un hoyo”. https://www.metro.pr/noticias/2023/03/09/mariananogales-asegura-construccion-de-hotel-cerca-a-la-cueva-de-las-golondrinas-podria-caer-por-unhoyo/ Wora TV. (2023, 6 de julio). A cuidar las especies y nuestra isla que es tan hermosa [Vídeo]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/?v=608680038046541 (s. f.). Juez ordena demoler estructuras construidas ilegalmente sobre la Cueva Las Golondrinas. La Isla Oeste. https://laislaoeste.com/juez-ordena-demoler-estructuras-construidas-ilegalmente-sobrecueva-las-golondrinas/ Sea Grant Puerto Rico. (2016, mayo). Aves marinas de Puerto Rico. https://issuu.com/seagrantpr/docs/ aves-marinas-mayo11-2016 (2023, noviembre). Exigen restaurar el desastre en The Cliff en Aguadilla. La Isla Oeste. https://laislaoeste. com/exigen-restaurar-el-desastre-en-the-cliff-en-aguadilla/ Ciudadanos del Karso. (2010, primavera-verano). El karso, valores y servicios para el desarrollo de Puerto Rico (Marejada, 5[1]). https://issuu.com/seagrantpr/docs/prsg-marejada-vol5num1 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). (2007, enero). El karso de Puerto Rico (Hojas de nuestro ambiente). https://www.drna.pr.gov/wp-content/uploads/2015/04/El-karso-dePuerto-Rico.pdf (s. f.). Radican interdicto para revocar permisos a The Cliff en Aguadilla. La Isla Oeste. https://laislaoeste. com/radican-interdicto-para-revocar-permisos-a-the-cliff-en-aguadilla/ Junta de Planificación de Puerto Rico. (2014). Plan de manejo del karso de Puerto Rico. https://jp.pr.gov/ wp-content/uploads/2021/09/PLAN-DE-MANEJO-DEL-KARSO.pdf

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Costa de Aguadilla

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Agradecemos al Campamento Pelícano, a Salva Aguadilla, al doctor Héctor E. Quintero y a la doctora Jaris Delgado por su disponibilidad y su gesta. En este artículo citamos dos cartas personales dirigidas a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) provistas por el doctor Héctor E. Quintero y una pieza de redacción del periodista Víctor Manuel Vázquez Doménech para el periódico La isla oeste. También utilizamos la valiosa información provista por los Ciudadanos del Karso en un artículo titulado “El Karso: valores y servicios para el desarrollo de Puerto Rico” para la revista Marejada del 2010.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Vista aérea de Joyuda, Cabo Rojo.

Propiedades de Alquiler a Corto Plazo en Joyuda: Impactos en la Sociedad y los Ecosistemas Marinos Por Jannette Ramos García

El sector Joyuda en Cabo Rojo se encuentra en la costa suroeste de Puerto Rico. Esta área es conocida por sus playas, aunque el acceso a ellas sea muy limitado para quienes desean disfrutarlas.

Además, Joyuda es famosa por su oferta gastronómica, destacándose por la gran cantidad de restaurantes que sirven pescado y mariscos. En los últimos años, esta área ha visto un aumento significativo en las propiedades de alquiler a corto plazo. Los mismos, dadas sus ubicaciones a la orilla del mar atraen a turistas de todo el mundo.

Estos llegan atraídos por la belleza de la zona, por la presencia cercana de la Isla de los Ratones o Isla Piñero como correctamente se debe llamar y por la gran cantidad de restaurantes que ofrecen pescado fresco y mariscos.

Sin embargo, este auge ha traído consigo una serie de problemas, particularmente relacionados con la apropiación de la zona marítimo-terrestre y la construcción de estructuras ilegales como muelles, balcones dentro del agua y la ampliación de patios mediante el relleno de la costa, instalación

de gaviones de forma ilegal y la colocación de grandes piedras como método para proteger sus propiedades. Este artículo examina los impactos de estas prácticas tanto en la sociedad como en los ecosistemas marinos, y considera cómo estos efectos se agravan en el contexto del calentamiento global.

En Puerto Rico, la regulación de la construcción en la zona marítimo-terrestre es esencial para la protección del medio ambiente costero y la sostenibilidad del desarrollo urbano.

Diversas agencias locales y federales tienen responsabilidades en la supervisión de estos proyectos, cada una con roles específicos y áreas de especialización. Entre estas agencias, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos juega un papel crucial en la regulación de construcciones como muelles, rampas, gaviones y estructuras de protección contra marejadas. Este artículo también explora las funciones de estas agencias y aborda los desafíos asociados con la construcción ilegal en la zona marítimo-terrestre.

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Las propiedades de alquiler a corto plazo en Joyuda han aprovechado la falta de implementación de las leyes que regulan las construcciones costeras y el aprovechamiento de la zona marítimo terrestre y de los bienes de dominio público. Esta falta de implementación y fiscalización estricta para construir muelles y balcones dentro del agua ha llevado a que gran parte de las propiedades convertidas en alquileres a corto plazo afecten los ecosistemas marinos existentes. Estas estructuras no solo alteran el paisaje natural, sino que también afectan negativamente a los ecosistemas marinos al interferir con las corrientes naturales y los hábitats de diversas especies. Estudios han demostrado que la construcción de estructuras costeras puede causar la destrucción de hábitats críticos como los arrecifes de coral y las praderas marinas, que son esenciales para la biodiversidad y la salud de los ecosistemas marinos (Bullere y Chapman, 2010).

Para ampliar los patios de las propiedades, algunos propietarios han recurrido al relleno de la costa, una práctica que implica verter tierra y otros materiales en áreas costeras. Este tipo de modificación del hábitat puede tener consecuencias devastadoras. La alteración física del entorno costero puede destruir hábitats de crianza para peces y otros organismos marinos. Además, los cambios en la topografía costera pueden afectar las corrientes y la sedimentación, provocando la degradación de los ecosistemas adyacentes (Nordstrom, 2000). Otra práctica común en Joyuda es la colocación de piedras y gaviones en la orilla sin los permisos ni estudios necesarios. Estos métodos, utilizados para evitar la erosión y ganar terreno, pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo. Los gaviones y las piedras pueden alterar las dinámicas de las corrientes y las mareas, llevando a la erosión de otras áreas de la costa y afectando los hábitats marinos.

La ausencia de permisos y estudios técnicos adecuados en la colocación de estas estructuras no solo indica una violación de las normativas legales, sino que también refleja una falta de consideración por los impactos a largo plazo en el ecosistema costero. En muchas jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico, la ley requiere que cualquier 34

modificación en la costa, como la construcción de barreras o la alteración del paisaje natural, esté precedida por un estudio de impacto ambiental (EIA). Estos estudios son esenciales para evaluar los efectos potenciales de las intervenciones humanas y asegurar que se implementen medidas de mitigación adecuadas.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Apropiación y Construcción Ilegal

El incumplimiento de estas leyes puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y órdenes de restauración ambiental. Además, la falta de planificación y de un enfoque basado en la ciencia puede exacerbar los problemas de erosión costera, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades locales a fenómenos como tormentas y marejadas ciclónicas.

De otra parte, en la Barriada Joyuda, muchas propiedades se encuentran parcialmente dentro del mar. En años recientes, algunos propietarios que han adquirido estas propiedades para destinarlas a alquileres a corto plazo han realizado modificaciones sin la debida autorización. Estos propietarios han construido balcones que se extienden hacia el mar sin realizar estudios previos ni obtener permisos, lo que demuestra un grave desprecio por la vida marina. Este tipo de construcciones ilegales y no reguladas tienen consecuencias significativas para el entorno marino. En la región, habitan especies en peligro de extinción como las tortugas marinas y los manatíes, cuyos hábitats están siendo afectados por estas prácticas. La falta de control y regulación en estas construcciones no solo compromete la integridad de los ecosistemas marinos, sino que también pone en riesgo la supervivencia de estas especies vulnerables. Las praderas de hierbas marinas son ecosistemas submarinos esenciales para la salud ambiental de las costas. Estas praderas proporcionan hábitats cruciales para muchas especies marinas, estabilizan los sedimentos y contribuyen a la calidad del agua al absorber nutrientes y contaminantes.

necesario para el crecimiento y mantenimiento de las praderas de hierbas marinas.

El Programa de Manejo de Recursos Marinos y Costaneros del DRNA ha documentado que el aumento en el desarrollo costero sin regulación adecuada lleva a la pérdida de hábitats críticos.

También destaca que la construcción no regulada contribuye a la sedimentación excesiva y al aumento de contaminantes en el agua, factores que pueden sofocar las praderas de hierbas marinas y reducir su capacidad para proporcionar servicios ecológicos esenciales.

En resumen, las construcciones ilegales y no reguladas en las zonas costeras de Puerto Rico tienen un impacto directo y perjudicial en las praderas de hierbas marinas, afectando su salud y funcionalidad. La protección y restauración de estos ecosistemas requieren una gestión más estricta y regulaciones que minimicen el impacto de las actividades humanas en estas áreas vitales.

Según aumenta la afluencia de turistas en el uso de estas propiedades, se puede generar un aumento en la demanda de servicios y recursos locales, lo que puede ejercer presión sobre la infraestructura existente. La sobrecarga de los sistemas de agua y alcantarillado, la congestión del tráfico y el aumento del ruido son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades que dependen del turismo insostenible.

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

En Puerto Rico, las construcciones ilegales y otros desarrollos costeros tienen un impacto significativo en estos ecosistemas. Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)1, la alteración de la vegetación costera y los manglares, así como el dragado y relleno de áreas para la construcción, afectan negativamente a las praderas de hierbas marinas. Estos cambios alteran los hábitats naturales, aumentan la turbidez del agua y reducen la calidad del ambiente submarino

1Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. (2015). Folleto sobre las praderas de hierbas marinas. https://www.drna.pr.gov/wpcontent/uploads/2015/05/folleto_hierbas_marinas.pdf

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Impacto en los Ecosistemas Marinos

Relación entre Construcciones Ilegales y Erosión Costera 1. Alteración de las dinámicas naturales: • Las construcciones ilegales, como muelles no autorizados, espigones y otras estructuras costeras, pueden alterar significativamente las corrientes y mareas naturales. Estos desarrollos interfieren con el flujo de agua y sedimentación, creando zonas de acumulación de sedimentos en algunos lugares y acelerando la erosión en otros.

El estudio de Boak y Turner (2005) muestra cómo estas alteraciones pueden cambiar los patrones de sedimentación y erosionar rápidamente las áreas adyacentes que no están protegidas por estructuras adecuadas.

2. Erosión costera y pérdida de playas: • Impacto del relleno y construcción: El relleno de costas para expandir áreas de construcción o crear espacios recreativos altera el equilibrio natural de las playas y dunas. Según Hapke et al. (2010), estos cambios pueden acelerar la erosión en las áreas adyacentes debido a la interrupción del flujo natural de sedimentos y la alteración de las dinámicas de olas.

Las construcciones ilegales exacerban estos problemas al introducir elementos que no están diseñados para integrarse adecuadamente en el entorno costero, provocando una pérdida acelerada de playas.

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Foto: Jannette Ramos García

La construcción de muelles, la colocación de piedras y gaviones y el relleno de la costa han destruido hábitats esenciales para muchas especies marinas, incluyendo manglares y arrecifes de coral. Los manglares, en particular, son cruciales para la protección de las costas contra la erosión y para la filtración de contaminantes. La pérdida de estos hábitats puede llevar a la disminución de las poblaciones de peces y otras especies marinas, lo que a su vez afecta a las comunidades pesqueras locales (Barbier et al., 2011).

3. Riesgo para propiedades e infraestructura: • Vulnerabilidad aumentada: La falta de una planificación adecuada y el uso de materiales y técnicas inapropiados en construcciones ilegales contribuyen a la erosión acelerada y al colapso de estructuras costeras, aumentando el riesgo de daños a propiedades y la necesidad de costosos trabajos de reparación y protección.

4. Contaminación del Agua • Las actividades de construcción y el aumento de la actividad humana han contribuido a la contaminación del agua en Joyuda. El vertido de residuos, el uso de productos químicos y el aumento de sedimentos han degradado la calidad del agua, afectando la salud de los ecosistemas marinos y las especies que dependen de ellos. La eutrofización,

El relleno de la costa y la construcción de estructuras ilegales, junto con la colocación de piedras y gaviones, han alterado las dinámicas naturales de las corrientes y las mareas, contribuyendo a la erosión costera. Esto no solo afecta a los ecosistemas marinos, sino que también pone en riesgo las propiedades costeras y la infraestructura local. La erosión costera puede llevar a la pérdida de playas y dunas, que actúan como barreras naturales contra las tormentas y las inundaciones (Hapke et al., 2010).

Impacto del Calentamiento Global El calentamiento global exacerba muchos de los problemas causados por las construcciones ilegales y las prácticas insostenibles en la costa. El aumento del nivel del mar es una consecuencia directa del cambio climático y agrava la erosión costera porque pone en peligro las infraestructuras costeras. Las temperaturas más cálidas del océano también pueden llevar al blanqueamiento de los corales, reduciendo aún más la biodiversidad marina y afectando negativamente a los ecosistemas que dependen de ellos (HoeghGuldberg, 1999).

Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

causada por el exceso de nutrientes provenientes de residuos humanos y agrícolas, puede provocar proliferaciones de algas nocivas que agotan el oxígeno en el agua y matan la vida marina (Smith et al., 1999).

Vista aérea de Joyuda, Cabo Rojo.

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Marco Legal y Falta de Implementación

Conclusión

Existen leyes en Puerto Rico que regulan la construcción y las actividades en la zona marítimoterrestre, destinadas a proteger los recursos naturales y los ecosistemas costeros. Sin embargo, la falta de implementación y el cumplimiento insuficiente de estas leyes han permitido que las prácticas destructivas continúen sin repercusiones.

Un ejemplo reciente es el Proyecto de Ley 1550 de la Cámara de Representantes. Este proyecto pretendía regular los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. El mismo tuvo rechazo de diversos grupos comunitarios que están viendo cómo se afectan sus comunidades con las prácticas de residencias, apartamentos y otros en alquileres a corto plazo. Ante el rechazo contundente, el mismo fue derrotado. Cabe decir que no cumplía con las expectativas de proteger las viviendas para los residentes locales ni ofrecía mecanismos efectivos para defender los recursos marinos en el caso de las propiedades en la costa. Esta legislación fallida subraya la necesidad de una normativa más estricta y de su aplicación rigurosa para prevenir daños mayores y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las costas de Joyuda y alrededor de todo nuestro archipiélago.

La proliferación de propiedades de alquiler a corto plazo en Joyuda y las prácticas asociadas, como la construcción de muelles y balcones ilegales, el relleno de la costa y la colocación de piedras y gaviones sin los permisos ni estudios necesarios tienen serias repercusiones tanto para la sociedad como para los ecosistemas marinos. La combinación de estas prácticas con los efectos del calentamiento global crea un desafío aún mayor para la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. Es crucial que se implementen y refuercen regulaciones estrictas para proteger los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible. Solo a través de un enfoque equilibrado que tenga en cuenta las necesidades de la comunidad local y la preservación del medio ambiente, se podrá asegurar que Joyuda siga siendo un destino atractivo y habitable para futuras generaciones.

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Foto: Raúl Omar Ortíz Arroyo

Referencias • Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs, 81*(2), 169-193.

• Bulleri, F., & Chapman, M. G. (2010). The introduction of coastal infrastructure as a driver of change in marine environments. *Journal of Applied Ecology, 47*(1), 26-35.

• Hapke, C. J., Kratzmann, M. G., & Himmelstoss, E. A. (2010). Geomorphic and human influence on large-scale coastal change. *Geomorphology, 114*(4), 326-337.

• Hoegh-Guldberg, O. (1999). Climate change, coral bleaching, and the future of the world's coral reefs. *Marine and Freshwater Research, 50*(8), 839-866.

• Nordstrom, K. F. (2000). Beaches and dunes of developed coasts. *Cambridge University Press*.

• Smith, V. H., Tilman, G. D., & Nekola, J. C. (1999). Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. *Environmental Pollution, 100*(1-3), 179-196.

Joyuda, Cabo Rojo.

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