Año 1
Edición N° 7
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EDITORIAL A la hora de caracterizar el capitalismo, no suele haber discusión en torno a su eficacia para la producción de bienes y servicios. El punto en el cual el sistema capitalista ha sido criticado se centra más bien en sus implicancias en la distribución de los bienes y servicios socialmente producidos. Esta última aseveración importa mirar a la sociedad en que vivimos a la luz de la justicia, o si se quiere de modo más objetivo, la fácil constatación de grandes desigualdades económicas entre los miembros de la sociedad y el hecho de la falta de acceso de millones a bienes y servicios considerados básicos a comienzos del siglo XXI. Desde DP quisimos una vez más acercar mediante este boletín miradas diversas sobre la realidad socio-económica, en el entendimiento que resulta importante conocer la cosmovisión de los diversos actores, en pos de una política de alto vuelo que reúna grandes objetivos comunes y los pueda traducir en políticas públicas sostenibles en el tiempo. Asimismo, desde el próximo boletín se procurará indagar sobre realidades más cercanas, atento al carácter local de esta asociación plural que es Diálogo Paranaense.
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POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL: LAS CUENTAS PENDIENTES QUE NOS INTERPELAN La pobreza como problema añoso, que pareciera agravarse mes a mes, año a año, no puede eludirse a la hora de pensar nuestro futuro como país. A diario, sin necesidad de acudir a encuestas o estudios profundizados, advertimos la siempre presente deuda social que significa y de la que datos tales como la precariedad habitacional son sólo un demostrativo. No podemos negar que, a pesar de los importantes fondos que el gobierno federal asegura que destina para paliar la pobreza, no son pocos los argentinos que subsisten hurgando en la basura, constituyendo una lamentable postal cotidiana de los grandes centros urbanos argentinos. La llamada inseguridad alimentaria, como otro dato demostrativo de los niveles de pobreza del país, constituye uno de los ítems que analiza uno de los estudios más serios de Argentina: el Barómetro elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. A partir de ese monitoreo sistemático, se advierte, por ejemplo, que en el riesgo alimentario y, más aún, en la situación alimentaria más severa, se destaca el fuerte impacto que tiene la situación económica. Asimismo, los hogares con necesidades básicas insatisfechas, que representan un número preocupante, según el referido estudio, presentan alguna de estas privaciones: 1) hacinamiento (más de tres personas por cuarto); 2) vivienda de tipo inconveniente (rancho, casilla, cuarto en inquilinato, etc); 3) ausencia de retrete; 4) existencia de al menos un niño en edad escolar que no va a la escuela; 5) hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tuviera la primaria incompleta como máximo nivel educativo. Según la CEPAL, responder a la pregunta sobre cuáles son los recursos disponibles en cada país para asegurar derechos económicos, sociales y culturales, es un tema complejo, pero que necesariamente impone analizar el modelo económico y social vigente y las políticas macroeconómicas (monetarias, cambiarias, fiscales y tributarias). La obligación de los Estados partes del PIDESC1 es que los Estados han de disponer del “máximo de los recursos” para asegurar ese tipo de derechos. Esto necesariamente nos lleva al tema de la disponibilidad de ingresos fiscales para asegurar gasto público adecuado y sostenible y a los niveles de recaudación tributaria. En este punto, el gobierno argentino viene destacando su eficiencia en la recaudación tributaria, y a nadie escapa que ésta se ha vuelto particularmente gravitante en la vida de los argentinos, con impuestos que resultan cada vez más caros para el bolsillo del ciudadano. Tenemos ciudadanos que pagan impuestos más onerosos, y un estado que ostenta buenos niveles de recaudación, pero la pobreza continúa presente.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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La otra gran deuda la constituye la atención del sector pasivo de la sociedad. Los haberes de los jubilados distan de constituir una retribución justa. En los registros de la ANSeS se dice que hay, por lo menos, 300.000 causas previsionales “activas” en trámite, de las cuales el grueso son por reajuste de haberes. Ese número no incluye los juicios que no registran movimiento en los dos últimos años. La mayor parte de dichos procesos guardan similitud con el caso “Badaro”, en el que la Corte Suprema ordenó un reajuste por el período enero 2002 a diciembre de 2006, más la movilidad jubilatoria para los años siguientes. En ese marco de deudas previsionales, recordemos que la Provincia de Córdoba acudió también a la Corte al considerar que la ANSeS le adeuda $ 1.040 millones del convenio de Armonización Previsional. Ese acuerdo comprometió a la Nación a cubrir el déficit del sistema jubilatorio cordobés mientras el gobierno provincial lo adaptara de forma completa al régimen nacional, para lograr un equilibrio presupuestario. Con el panorama antes descripto, la cláusula constitucional del progreso, el bienestar y la justicia social (art. 75 inc. 19) y el catálogo de derechos sociales (art. 14 bis), parecen una aspiración utópica. Difícilmente podamos concretar esos anhelos sin antes resolver estos otros temas que, como se ha dicho, nos interpelan cotidianamente y ameritan claramente prontas soluciones. La discusión sobre temas como el financiamiento de programas del tipo de “Fútbol para todos”, podría resultar banal en este contexto o un tema recurrente que sólo caldea la discusión; pero si advertimos la magnitud de los recursos que el estado destina para ellos, caeremos en la cuenta que es necesario preguntarnos por su pertinencia. Si continuamos excluyendo temas que resultan álgidos en el intercambio de ideas, difícilmente podamos contribuir a cambiar la realidad que nos interpela. Difícilmente podamos resolver los problemas más urgentes de los pobres de nuestro país, y por tanto, difícilmente le aseguremos el objetivo preambular de los beneficios de la libertad. No podremos hablar de libertad ni de igualdad, mucho menos de desarrollo, si nos desentendemos de esas cuentas pendientes que nos interpelan. Y mucho menos si no nos abrimos a discusiones que incluyan todas las aristas de un problema complejo.
Martín J. Acevedo Miño Abogado. Profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina. Ex convencional constituyente para la reforma de la constitución de la provincia de Entre Ríos. En la actualidad es asesor del senador nacional Alfredo De Angelis (Unión por Entre Ríos).
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EDUCACIÓN Vs. INCLUSION. DEUDAS Y DESAFÍOS
Decir que la educación es el modo por excelencia de ascenso social, pareciera ser una verdad de perogrullo. Miles de argentinos han mejorado su nivel de vida durante décadas, gracias al acceso irrestricto a la educación. El alcance y la magnitud de la tarea educativa han sido mundialmente reconocidos, ubicando a nuestro país entre los de mayor porcentaje de alfabetización y menor tasa de analfabetismo. Sin embargo este sistema en pleno siglo XXI, muestra sus aporías. Este año se cumplen 130 de la denominada Ley de Educación Común (1884) que hizo de la tarea pedagógica una obligación para el Estado y un derecho para la ciudadanía. Desde ese tiempo, mucha agua ha corrido bajo el puente: los avatares económicos, políticos y sociales han jugado una mala pasada en un sistema que reproduce desigualdades y acrecienta la brecha entre los que tienen y los que no. De manera simplificada pueden enumerarse tres razones. En primer lugar, hay un desprestigio de la tarea docente. Durante generaciones el modelo del apostolado y el discurso de la “vocación” han justificado un sinnúmero de atropellos a la función docente. Su reconocimiento como trabajador, si bien ha permitido conquistar derechos, también lo ha equiparado al resto de los trabajadores, desconociendo su función específica: la de profesionales de la educación. A esto se suma el deterioro de las condiciones laborales por los bajos salarios, el exceso de responsabilidades, las pésimas condiciones edilicias, la falta de formación y capacitación constante y el desprestigio cada vez mayor de la idea de “autoridad pedagógica”. En segundo lugar, la población estudiantil de por sí ya diversa y compleja, concurre a los establecimientos educativos de acuerdo a su poder adquisitivo. Aquellos que pueden pagar, disponen de clases, condiciones edilicias acordes, acceso a las TIC y ámbitos de sociabilidad, carentes en muchas instituciones públicas. La brecha educativa entre escuelas públicas y privadas, en este escenario se agranda, reproduciendo las condiciones de existencia. En tercer lugar, el sistema educativo en su conjunto resulta obsoleto. Un modelo de educación pensado en el siglo XIX poco puede responder al siglo XXI. Contenidos anacrónicos, esquemas de enseñanza tradicionales y prácticas ritualizadas, no responden a una realidad compleja, interrelacionada y flexible, en donde la sociedad de la información sustituye a la sociedad disciplinaria.
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Todo este conjunto de causas combinadas entre sí, explican por qué uno de cada tres chicos que comienzan la escuela, no la terminan, engrosando la masa de desocupados o de los denominados “jóvenes ni ni”. El sistema de asistencialismo y el de becas no alcanzan tampoco. Constituyen meros parches para un sistema vetusto, sobrecargado de exigencias pero carente de instrumentos de intervención concretos. En plena “década ganada” el problema lejos de solucionarse, ha tendido a agravarse, a pesar del tan publicitado “6% del PBI” destinado a educación. Salir de la pobreza no es solo una decisión individual, como lo plantea el credo neoliberal, también es resultado de una acción colectiva movilizada por el Estado. Con docentes empobrecidos económica y culturalmente, estudiantes condenados a reproducir sus condiciones de vida heredadas, con un sistema anquilosado, poco se puede hacer para revertir la crisis del sistema y las desigualdades. Parafraseando a Arturo Illia es tiempo de una “Revolución Educativa”, no solo política sino también de la inclusión.
Nicolás Motura Profesor de Historia. Estudiante de las licenciaturas de Ciencias Políticas de la Facultad de Trabajo Social UNER e Historia en la Facultad de Humanidades UADER. Franja Morada Regional Entre Ríos
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VOLUNTAD POLÍTICA ES LO QUE ESCASEA El ciclo de degradación social que comenzara con el golpe cívico militar de 1976 parece no tener fin y profundizarse constantemente. La Argentina de hoy parece hacerle honor a la máxima que postula que ''todo tiempo pasado fue mejor'' y en la búsqueda de entender el porqué de dicha percepción nos encontramos con acciones y omisiones que explican en gran parte los motivos. En las últimas décadas la Argentina se vio sumergida en una serie de gobiernos que implementaron políticas públicas que fueron degradando la trama social y los valores de la sociedad argentina. La era neoliberal comenzada por la dictadura cívico militar del '76 impuso un modelo de subdesarrollo basado en el endeudamiento externo que sólo benefició a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros en desmedro de los sectores productivos nacionales. A ello le siguió el advenimiento de la democracia con un gobierno que privilegió el sostenimiento de la democracia frente a la necesidad de declarar ilegítima una deuda externa espuria que aún nos resulta una mochila muy pesada. Alfonsín padeció los problemas económicos derivados de dicha decisión y sucumbió ante la realidad de la hiperinflación y los reiterados paros generales impulsados por la oposición pejotista. Luego llegó Carlos Menem, quien luego de más de un año de no encontrar remedios, lo encontró o reencontró a Domingo Cavallo. La convertibilidad implementada en 1991 logró estabilizar los precios de una economía sumamente volátil a través de una ficción. La idea de que 1 peso equivalía a 1 dólar conllevaría la pérdida de competitividad de los productos nacionales, brindó la oportunidad de privatizar las empresas estatales destruyendo los últimos vestigios del estado benefactor, la desaparición de la mayor parte de la banca nacional y la introducción de las grandes multinacionales como actores principales de la vida económica. Estas medidas entre otras produjeron una desocupación cercana al 30% a fines de la década del '90, la migración masiva desde zonas rurales a las grandes urbes, la proliferación de asentamientos precarios en las mismas y la reconversión de la trama social preexistente. En aquellos años el campo popular comenzó a gestar una idea de desarrollo social relacionada a planes sociales inclusivos que lograran insertar nuevamente a los marginados de la fiesta menemista. Se gestó la idea de la asignación universal a la niñez y comenzaron luchas sociales derivadas de las políticas privatistas. Surgieron los movimientos piqueteros en pueblos que otrora se formaron alrededor de yacimientos de YPF. También proliferó el clientelismo a través de la ayuda social y se multiplicaron los punteros políticos que definen en términos políticos quien merece la ayuda social. La implosión derivada de la ineptitud de De La Rua y el fracaso de la Alianza generaron un estado de situación que brindó las posibilidades a Duhalde para la devaluación y la consecuente recuperación de competitividad de la economía y el aprovechamiento de la capacidad ociosa acumulada a lo largo de más de dos décadas de degradación de la industria nacional. El kirchnerismo debía cubrir las necesidades de una sociedad devastada y necesitaba legitimar con imagen su carencia de apoyo en las urnas, ya que Nestor obtuvo el 20 % de los votos posibles en el 2003. Para ello construyó un relato basado en los derechos humanos (de los '70) y la idea un modelo nacional y popular apoyado en algunos actos de gobierno reivindicatorios de la doctrina nacional argentina.
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A pesar de haber multiplicado la inversión en educación pública, los logros no se han evidenciado debido a que mayormente la inversión se enfocó en la construcción de edificios y en el desarrollo de programas educativos mal manejados. La ineptitud de los Ministerios Sociales a nivel nacional y provincial solo sirvió para profundizar el clientelismo. Aumentó a niveles record el nivel de repitencia en la escuela secundaria, bajaron dramáticamente los rendimientos en la pruebas educativas y se generó un desempleo altísimo en el rango de edad de entre 18 y 25 años. ¿Cómo se supera la situación actual? Hace años venimos reclamando que las políticas sociales dejen de ser clientelistas. La asignación ''universal'' debe ser realmente universal y se debe trabajar incansablemente en la inserción de los sectores sociales que no lo están en la vida laboral argentina. Los niveles educativos serán mejores en tanto se capacite a los docentes y podamos permitir que cuenten con un sueldo digno que evite que deban sobrecargarse de horas para poder llegar a fin de mes. Los recursos existen: hace muchos años Proyecto Sur reclama que sea auditada la deuda externa argentina. La misma que Alfonsín no pudo declarar ilegitima por la debilidad de la democracia post dictadura y que luego Menem financiara con más deuda. La deuda que el Juez Ballesteros declaró ilegitima a partir de la causa iniciada por el Doctor Alejandro Olmos y cuya sentencia nunca fue cumplida por este gobierno que se dice nacional y popular y que fuera ratificada por el congreso con mayoría automática en numerosas ocasiones. La argentina hoy, debe pagar vencimientos de deuda externa hasta 2080. Pensemos todo lo que se puede hacer con el dinero que se nos va por una obligación contraída de manera ilegal por gobernantes corruptos. No seremos el primer país en hacerlo, Ecuador demostró que se puede, no creamos todos los buzones que intentan vendernos. Los recursos existen, la voluntad política en muchos casos no. Las políticas sociales no son propiedad de un partido o de un político de turno. El arco político debe asumir el compromiso de acordar políticas sociales de largo plazo. Pensar que un problema estructural se supera en una gestión de 4 u 8 años sería intentar tapar el sol con un dedo, por lo que se deberán encarar políticas que necesariamente excederán al gobierno que las comience y seguramente serán usufructuadas por el que lo suceda, pero es justamente la mentalidad de mediocridad política que debemos cambiar para salir a flote.
Patricio Rubinich Presidente de Proyecto Sur Paraná
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GOBERNAR ES DEFINIR PRIORIDADES En diciembre del año pasado, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) publicó un informe que sacudió más de una conciencia. Fue tapa de varios diarios nacionales y en un simple número resumió la realidad social argentina: 10 millones. Esa aterradora cifra es la cantidad de personas que hoy viven en condiciones de pobreza en nuestro país. Esto es lo que nos pasa después 10 años de crecimiento; son los resultados sociales de la “década ganada”. Si uno se dejara llevar por la retórica oficial, debería pensar que esto nos pasa a pesar de todos los esfuerzo que hace el Gobierno Nacional por afrontar esta situación, una situación que es producto del deterioro social que se fue gestando durante años. Y es cierto que el Gobierno Nacional ha encarado una importante política para atenderla. Pero cuando afinamos la vista y miramos los números, encontramos que en 2013 se gastó un 83% más en subsidios económicos que en subsidios sociales. ¿Qué quiere decir?. Que el Gobierno gastó casi el doble en subsidiar, fundamentalmente, la energía y el transporte de las clases medias y altas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que en subsidios sociales, que son las herramientas claves para la contención e inclusión de quienes están marginados y tienen menos oportunidades. Esto no fue algo que se dio excepcionalmente en 2013. Como puede verse en el gráfico, la tendencia se fue acentuando en los últimos años. Gobernar es definir prioridades, y los números duros nos muestran claramente y sin los adornos de los discursos cuáles son las prioridades de este Gobierno. Cuando vemos estos contrastes, solamente nos queda pensar una cosa: ¿dónde se nos perdió la brújula?. Cuando hablamos de subsidios sociales, no nos referimos exclusivamente a los planes asistenciales, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, sino a una serie de recursos con diversas aplicaciones, que van desde la inversión en urbanización de villas hasta acciones de capacitación orientadas a facilitar la inserción laboral, por citar solo dos ejemplos. De hecho, en los últimos 3 años, el gasto en subsidios económicos fue casi 9 veces (¡Sí, 9 veces!) mayor al monto destinado a las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo. No se puede negar que el Gobierno tuvo una política clara para contener a los sectores más postergados, pero tampoco desconocer que no hizo todo lo que tenía a su alcance para promover el ascenso social. Los números hablan por sí solos.
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Es cierto que los planes sociales no son una herramienta efectiva para dar una solución de fondo a la pobreza, pero son una necesidad impuesta por la realidad que nos toca vivir como sociedad. Permiten contener la situación de millones de familias y garantizarles un ingreso mínimo, evitar que queden sumidos en una miseria aún mayor. Estamos hablando de pobreza estructural y, por lo tanto, tenemos que abordar el tema como todo problema estructural: con soluciones de largo plazo. Es decir, con una política de largo plazo, coherente y sostenida en el tiempo. Es un desafío enorme, porque implica plazos que exceden la dinámica electoral, abandonar la especulación política y dejar de ver en la asistencia social una herramienta electoral/clientelista. La necesidad de mantenerla en el tiempo impone que sea una política que supere los límites partidarios, tiene que ser una bandera que podamos compartir todos los argentinos. Nuestro desafío como sociedad no es “sacar a los pobres de la pobreza”, sino brindarles las herramientas y las condiciones necesarias para que puedan alcanzar su plena realización material y espiritual. Su propia realización, motorizada por sus propias manos. Y no hay herramientas más dignificantes y transformadoras que la educación y el trabajo de calidad. Son, sin dudas, las mejores políticas de integración social. Pero generar “las condiciones necesarias” significa definir un proyecto de país y consolidar un proceso de desarrollo que genere suficientes puestos de trabajo genuino y de calidad, articulándolo con una política educativa acorde con el rumbo elegido. Hoy, este plan es el gran ausente en la política nacional. Un factor clave es una efectiva coordinación entre las políticas de corto plazo y el plan de desarrollo de largo plazo. Sin las primeras, no se podrá recomponer el tejido social, ni reinsertar a los millones de argentinos que hoy están marginados. Sin el segundo, las primeras quedan inevitablemente limitadas a ser políticas asistencialistas que no lograrán impulsar el ascenso social. En el corto plazo, es necesario incrementar los subsidios sociales (planes asistenciales, urbanización de villas, etc), profesionalizar su administración y aumentar el control de los fondos para erradicar el clientelismo. Quedó demostrado con números concretos que hay recursos para hacerlo, si se establecen las prioridades correctas. Pero es fundamental alinear estas políticas con el plan de desarrollo, y rediseñar algunas para generar los incentivos al estudio, el trabajo y el progreso, necesarios para combatir la pobreza. Esta visión sobre la problemática social se asienta en una profunda confianza en el deseo de progreso que hay dentro de cada hombre, en la convicción de que nadie nace con el sueño de vivir de un plan asistencial ni elige vivir en la miseria. Por eso, más allá de la dramática situación a la que nos enfrentamos, creo que podemos ser optimistas, que no estamos condenados a vivir en un país dividido por la desigualdad. Si emprendemos con claridad y determinación el camino hacia el desarrollo, el sueño de una Argentina con verdadera Justicia Social todavía es posible.
Francisco Uranga Ingeniero Industrial. Miembro de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Gob. Dr. Raúl L. Uranga”. Movimiento de Integración y Desarrollo.