MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI {II} La cotidianidad indica, desde 1999, cuando el teniente coronel [r] Hugo Chávez se hizo del poder mediante el voto, tras fracasar el 4 de febrero de 1992 en lograrlo mediante el uso abusivo de las armas de la República, que los órganos del Estado no están al servicio del pueblo sino de un siniestro proyecto político llamado socialismo del siglo XXI que llevó al país a una desoladora ruina material, espiritual y moral, expresada en una pobreza crítica generalizada, la diáspora que en 2020 sumaba más de cinco millones de venezolanos huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro, con tendencia a multiplicarse en 2021, el deterioro de la salud, aumento desmesurado de la criminalidad, institucionalización de la corrupción, demolición del bolívar como fruto de la dolarización de hecho de la economía, deterioro de todos los servicios públicos, escasez de gasolina inducida por el régimen para favorecer a la casta militar, una de sus bases de apoyo, miserización del salario mínimo y la pensión de vejez, oscurana eléctrica y académica, detención arbitraria de manifestantes pacíficos, diputados opositores, profesores, médicos y paramédicos, sindicalistas, indígenas que constitucionalmente están amparados legalmente, etc. La protesta, tan reprimida criminalmente por las mal llamadas fuerzas de seguridad, es un derecho ciudadano contemplado en el artículo 68 de la Constitución el cual establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Los secuaces del régimen, pagados con el dinero de todos los venezolanos, se han ensañado de manera especial contra los jóvenes manifestantes que han defendido en las calles su derecho a ser libres y disfrutar de la calidad de vida que la narcodictadura les ha expropiado por la vía del abuso y el uso cruel de la fuerza. Muchos fueron asesinados y otros han perdido la vista y otras partes del cuerpo pues los esbirros no emplean las bombas lacrimógenas constitucionalmente prohibidas para disuadir y restituir el orden, sino para causar el mayor daño disparándoles a quemarropa en el rostro, lanzándolas como proyectiles y en sitios como centros hospitalario o edificaciones residenciales donde se refugian los jóvenes para burlar la acción de los cuerpos represivos. El 12 de agosto de 2014 Bassil Alejandro Da Costa Frías se convirtió en el primer joven asesinado por las fuerzas represivas de la narcodictadura en el marco de las protestas contra el régimen. Tenía 23 años y residía en Guatire, Estado Miranda.
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