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Actualidades: César Rafael Ocaña Romo
CÉSAR RAFAEL OCAÑA ROMO. M.Sc. in International Agricultural Sciences. Universidad Humboldt, Berlín, Alemania.
La paradoja del crédito agropecuario y la viabilidad de las instituciones financieras: iniciativa de Decreto de Extinción de la Financiera Rural.
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El gobierno mexicano históricamente se ha dado a la tarea de proveer servicios financieros al sector agropecuario, con el propósito de favorecer a pequeños y medianos productores a efecto de fomentar el desarrollo económico.
La intervención gubernamental en el financiamiento al campo se justifica porque presenta más desafíos que el crédito urbano: dispersión geográfica de las unidades productivas, estacionalidad de la producción, pequeña escala y heterogeneidad en las condiciones de producción; incertidumbre sobre rendimientos y rentabilidad; dificultad de acceso a mercados; insuficiencia de garantías hipotecarias; y altos costos de transacción para el financiamiento, entre otras características.
Estudios internacionales consignan que estas características del campo crean la necesidad de políticas públicas de financiamiento, mercadeo, comercialización, administración de riesgos, infraestructura, investigación y desarrollo; como elementos que reducen sus riesgos y detonan el desarrollo económico.
Sobre el financiamiento en México, existe una vasta experiencia en el sector agropecuario en instituciones gubernamentales, privadas, de los productores y sus organizaciones económicas, con remarcables historias de éxito, así como de rotundos fracasos, como se hizo saber por parte del Gobierno Federal con la iniciativa de decreto de extinción de la Financiera Rural.
El porqué el sector agropecuario es marginado como fuente de crecimiento en las estrategias de desarrollo económico de muchos países, se deduce por la historia de los países desarrollados: su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), tiende a declinar al desarrollarse los sectores de transformación y servicios, siendo este alrededor del 3% con una población dedicada al campo entre el 1 y 2%. En México el PIB agropecuario ha rondado entre el 4 y 6%, con una población rural del 25%, lo cual da razón de la pobreza rural del país.
Sin embargo, merece explicar el espejismo citado: la mayoría de los países desarrollados, llegaron a ello porque implementaron fuertes políticas de impulso al campo, ya que la producción agropecuaria interna tiene un fuerte encadenamiento en la economía nacional con un impacto en el PIB que puede rondar alrededor del 15% de la economía, lo cual no se logra si se importan los alimentos, algo que muchos tomadores de decisiones de política pública no visualizan.
El impacto de la producción nacional agropecuaria en el PIB se da porque la cadena de valor agroalimentaria es muy extensa y demandante: producir requiere maquinaria y equipo especializado; semillas mejoradas genéticamente; insumos como fertilizantes y agroquímicos. Por otro lado, la oferta de producción primaria demanda infraestructura de almacenamiento y transporte; procesamiento y manufactura de la materia prima (de origen vegetal y animal) para convertirla en alimentos y bebidas procesadas, incluyendo el reciclaje de desechos agrícolas para consumo de la industria pecuaria; y por último la logística y acceso de los alimentos al consumidor final a través de las cadenas de supermercados y restaurantes.
Para ello la cadena de valor agroalimentaria se basa fuertemente en recursos financieros, humanos y naturales; además de ciencia y tecnología para producir y procesar alimentos; así como leyes y normas alimentarias de salud, ambiente, producción y mercados que incentiven y privilegien la producción local.
Dicho lo anterior, debe quedar claro que el productor agropecuario compra caro insumos, maquinaria y equipo, por su alto valor agregado; y vende barato su producción, porque esta aún requiere su transformación y posterior puesta en anaquel. Debido a las diferencias sustanciales entre el precio de venta de su producción y el precio de compra de sus insumos o alimentos, es que el muy pequeño productor da una alta preferencia a producir sus propios alimentos (la llamada agricultura de autoconsumo o subsistencia).
Con la limitante de servicios financieros al pequeño productor (o de autoconsumo), la resultante es evitar riesgos a la producción con una proporción de activos muy seguros y de fácil realización, pero poco productivos o incluso improductivos, tendiéndose al ahorro en especie, por ejemplo con ganado, para hacer frente a sus necesidades más apremiantes de efectivo en cualquier momento, inhibiéndose la adopción de nuevas tecnologías, la creación de mercados, las ventajas comparativas regionales y por ende la rentabilidad, productividad y desarrollo rural.
El elevado riesgo de este segmento de productores, la debilidad de las leyes, gestión y supervisión débiles; altos costos judiciales para recuperar garantías; la manipulación política y corrupción, son algunos de los obstáculos a superar para la banca de desarrollo.
La época dorada del campo mexicano y la actualidad:
En el período de 1940 a 1956, el campo mexicano vivió su época dorada con un desarrollo y crecimiento incentivado en los años 1920 - 1940 por fuertes inversiones en infraestructura agrícola, apertura de tierras al cultivo, redes de comunicación, creación de instituciones públicas como el banco central, de fomento agropecuario y escuelas de educación agropecuaria, entre las principales acciones.
El campo mexicano llegó a generar tasas de crecimiento superiores al PIB nacional e inclusive con balanza comercial agropecuaria superavitaria (19461952). Sin embargo, de 1955 en adelante, la inversión y apoyos al sector decrecen, la actividad agropecuaria se estanca, aumenta la pobreza en el sector rural y México se convierte en un importador neto de alimentos hasta el año 2014 (con excepción de 1995 como consecuencia de una fuerte devaluación del peso).
A partir del 2015 la balanza comercial agropecuaria de nuevo muestra un superávit hasta la fecha, con un notable crecimiento hasta el 2020 y posterior descenso: de un superávit récord de 11 mil 958 millones de dólares (MDD) en el año 2020, pasó a 5 mil 806 millones de dólares en el 2022, una caída de más del cincuenta por ciento que refleja la desatención del sector público al campo mexicano.
Por todo lo anterior, en contraposición a los objetivos de la autosuficiencia alimentaria proclamada por el gobierno federal, alarma el desmantelamiento sistémico de las instituciones de fomento agropecuario: de la Financiera Rural; ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización); Agroasemex (administración de riesgos climáticos); INIFAP (investigación y transferencia de tecnología); así como los programas de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo; entre otras medidas.
Suman incertidumbre al campo el fraude y escándalo de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC); el confuso Decreto para prohibir importaciones de maíz Genéticamente Modificado (OGM) y el herbicida Glifosato; una serie de iniciativas del legislativo carentes de estudios profundos, que lejos de alcanzar los supuestos objetivos de bienestar, se apartan de la realidad productiva y de mercados del entorno global en el cual esta insertó México, sus productores y consumidores.
El alcanzar la competitividad del sector agroalimentario en México es un desafío que impone el contexto global y la pobreza imperante. La historia y experiencia demuestra que el financiamiento es una palanca en el desarrollo económico, sin embargo, las experiencias no se han capitalizado en un sistema financiero mexicano que se vincule con políticas integrales que sumen al crecimiento económico a los pequeños y medianos productores.
