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Con la Constitución de 1991 se avanzó hacia una democracia más participativa.
dante de la Policía de Antioquia y del Procurador General de la Nación, y continuaron con numerosas masacres, la destrucción de la sede del DAS, los atentados contra los candidatos presidenciales Ernesto Samper y José Antequera, el asesinato de cientos de Policías, líderes políticos y de izquierda, y que concluyeron con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el que detonó la reacción de los jóvenes, de los sectores políticos, sociales y empresariales en contra de todo lo que estaba sucediendo, y que llevó a la conformación del movimiento de la Séptima Papeleta (del cual el ex Procurador Fernando Carrillo recientemente hizo un muy completo y detallado relato en su publicación sobre ese movimiento estudiantil), recordando el Profesor Reyes González con inmenso dolor pero con mucha rabia, cómo cuando comenzó sus estudios de derecho en la sede de la Bordadita en pleno centro de Bogotá, padeció durante su primer año de estudios de jurisprudencia, en plenas lecciones de derecho constitucional, las detonaciones, explosiones y disparos producidos durante la toma del Palacio de Justicia, en la que fueron asesinados -en ese inolvidable y abominable acontecimiento para nuestro historia-, muchos de sus profesores de la Facultad, en aquel entonces integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, producto de la alianza guerrilla del M-19 y narcotraficantes. Y finalmente, no dejaron de tener una gran influencia en ese reclamo estudiantil
que apoyó mayoritariamente el pueblo colombiano en las elecciones de Congreso de Marzo y las Presidenciales de Mayo del año 1990, la gravísima situación de corrupción, el deterioro de las instituciones públicas, los auxilios y el turismo parlamentario y el muy desgastado esquema del bipartidismo y el abuso de la figura del Estado de Sitio.
Lo que vino después Todos estos fenómenos, sumados a la crisis económica, social y política que padecía el país desde décadas atrás, producto de gobiernos impopulares que favorecieron la corrupción y el crecimiento de la miseria, de
aquellos que sólo buscaron defender el statu quo y los caudales políticos y electorales de sus líderes, y de los que buscaron justificar sus fracasos en el resultado de la lucha social de las guerrillas nacidas como respuesta a la corrupción que había incrementado desmedidamente bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (como ya había ocurrido durante el denominado Olimpo Radical), a la que se sumaba la violencia política que generaron los “pájaros” y los chulavitas, y el perverso esquema del Frente Nacional, todos los cuales no fueron más que detonantes perfectos para encontrar en la Constitución, como ha sido la costumbre en nuestros doscientos años de historia constitucional, al culpable de los problemas que nos aquejaban. Se culpaba entonces de todos los males que aquejaba a nuestra Nación, aunque lo era sí de algunos de ellos, a la Constitución de 1886 y sus reformas más significativas de 1910, 1936, 1945, 1957 y 1968, por cuanto se había quedado rezagada en el tiempo, y que no obstante lo extensa que por aquel entonces era (218 artículos), ya no respondía en su estructura, contenido e instituciones a la Colombia de finales del siglo XX que reclamaba el tránsito del Estado de Derecho a uno Social de Derecho, basada en la soberanía popular, en la democracia participativa, en la defensa y garantía de los derechos humanos, entre tantos aspectos que fueron reconocidos y materializados por los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
El expresidente César Gaviria y el entonces constituyente Álvaro Gómez Hurtado.
