Celebramos que nuestro país está en el proceso de transición de una cultura del combate de incendios a la cultura de la prevención tal como lo enuncia el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el apartado Prevención de Desastres, el cual establece que es prioridad salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, a través de las capacidades institucionales, el fortalecimiento del enfoque preventivo y la contribución al desarrollo de una sociedad resilente ante los riesgos que representan los fenómenos naturales y antropogénicos.
Es digno de reconocer que se hayan generado estas iniciativas, pero es preciso mantenerse firmes para que se lleven a la práctica y seguir fortaleciendo el marco jurídico que brinde seguridad y certeza a la población donde las voces de las instituciones, pero también de los especialistas se unan en una sola para anteponer los intereses individuales y ocuparse de lo más importante, la seguridad humana.