ESTADO DE DERECHO AL LÍMTE PARA EL PROCESO ELECTORAL

Por: Santiago López Acosta

Como lo hemos dicho en esta columna, el Estado Derecho es pieza fundamental del Estado del Estado Constitucional y Democrático, sin el cual no es posible su existencia.

En el Estado de Derecho o Estado Constitucional se encuentran primero los individuos, como sujetos autónomos y dignos de ser titulares de derechos fundamentales, y solo después, para proteger estos derechos, se ubican las potestades estatales. La legitimidad del poder y de las normas jurídicas dependen del respeto y de la garantía de los derechos humanos.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de finales del siglo XVIII (así se llamó originalmente, pero luego se modificó para referirse a todas las personas), en su artículo 16 señala tajantemente que todo Estado que se precie de tener una res políticos y sociales, y que las instituciones que tienen que hacerlos valer y respetar, cuenten con las garantías para cumplir su cometido en paz y armonía, independientemente de quién sea el transgresor, por mucho poder que tenga.

Sin embargo, con años de antelación el oficialismo inició su proceso de selección de quién será su candidata o candidato a la presidencia de la República, violentando diversas disposiciones constitucionales y legales y con la intromisión abierta de diversos servidores públicos, sobre todo de los interesados en obtener esa nominación. Esto se intensificó hace poco más de un mes con el inicio formal del proceso de selección del Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que su candidato presidencial.

Constitución debe contemplar la Declaración de Derechos Fundamentales de las Personas y una División de Poderes.

El Estado de Derecho, de manera simple y llana, consiste en respetar la Constitución y las Leyes que de ella derivan, por todos los acto-

La oposición está haciendo lo propio, con la constitución del Frente Amplio por México y el proceso de selección de su respectivo Coordinador, quien será el correspondiente precandidato al mismo cargo. En ambos casos los procesos concluirán la primera semana de septiembre.

La semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo una sesión crucial para resolver ambos procesos, donde la magistrada ponente Janine Otálora, propuso que se ordenara suspender tanto la competencia entre las llamadas “corcholatas”, como el proceso que están llevando a cabo los aspirantes a convertirse en candidato del Frente opositor, con el argumento de que se trata de estrategias para realizar precampañas disfrazadas que tienen como finalidad elegir a la persona que contenderá como candidata a la presidencia de la república por cada fuerza política. Propuso la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados, de ambas fuerzas políticas, y de todos los actos que se vinculan a estos, así como, el retiro de toda la difusión o propaganda.

Sin embargo, en la votación se quedó sola, pues sus tres compañeros en la sesión (solo participaron 4 de los 7 integrantes) tuvieron una posición distinta y mantienen los respectivos procesos y ordenaron al INE emitir lineamientos para evitar transgresiones a la legislación electoral y se genere inequidad.

La mayoría de los magistrados validaron legalmente lo que en la práctica todos sabemos, en ambos casos son ejercicios de simulación, tenemos precampañas que oficialmente no son precampañas, espectaculares y bardas de las “corcholatas” que no son propaganda electoral, mítines que no se consideran como tales, sino asambleas informativas, aspirantes que buscan la presidencia de la república, pero oficialmente pretenden ser coordinadores, de la Cuarta Transformación o del Frente Amplio, respectivamente.

Este mismo tribunal, en su sesión del 11 de julio ya habían dado luz verde a que MORENA y sus aliados pudieran seguir haciendo precampaña, siendo consistente la magistrada Otálora, pero no así el Presidente de éste, Reyes Rodríguez, que en esa ocasión votaron en contra.

El Consejo General del INE, también la semana pasada, aprobó por mayoría de 7 contra 4 votos, fiscalizar los gastos de las “corcholatas”, más de un mes después de haber iniciado formalmente el proceso de selección, de los cientos de espectaculares, miles de bardas y múltiples artículos promocionales repartidos a lo largo y ancho de la República Mexicana, que tendrán que ser considerados dentro de los gastos de precampaña y campaña, en su caso y en su momento, y no es eximente el simplemente decir que ella y ellos no los mandaron poner y pagar, y que fueron simpatizantes, poderosos económicamente, quienes lo hicieron por su cuenta, sin identificarlos.