ECONOMÍA
La iniciativa privada pidió que no se cancelara, pero no fue así. Luego de que el nuevo gobierno revisó el procedimiento y, sobre todo, las denuncias de conflictos de intereses, se cancelaron definitivamente las subastas para la adquisición de energía para la CFE. ¿Por qué?
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) confirmó la cancelación de las subastas de largo plazo para la compra de energía para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual equivalía a mil 600 millones de dólares en inversión mínima en nuevas centrales renovables en el país. La decisión se tomó luego de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador revisó el alcance de este procedimiento, además de tomar en cuenta denuncias de conflictos de intereses con las empresas privadas que participaban en dichas subastas. Una de ellas levantó la polémica en días recientes, una vez más, entre el presidente y Felipe Calderón por su participación como miembro independiente del consejo de administración de Avangrid, una filial de Iberdrola, empresa española que participaba en las subastas. Esto abrió un nuevo dilema: ¿deben o no los ex servidores públicos formar parte de empresas privadas? López Obrador dice que no, que es inmoral y poco ético, por lo que deberían pasar, mínimo, 10 años para hacerlo. Calderón asegura que la ley lo asiste y esta pone un plazo de 12 meses tras dejar el cargo para hacerlo. El debate sigue abierto hasta ahora con un intercambio de declaraciones que siguen por el mismo camino. A esto se suma lo que el director del CFE, Manuel Bartlett, hizo (por órdenes del presidente): enumerar uno por uno los nombres de ex funcionarios públicos que se han encargado de “desmantelar” y “debilitar” a la comisión a su cargo por
su participación en empresas privadas entre los que figura el propio Calderón Hinojosa (y varios exmiembros de su gabinete), así como Carlos Salinas de Gortari y excolaboradores. Más allá de las batallas contra la corrupción, también es indispensable revisar el impacto de esta decisión, una que va más allá del corto plazo.
Antes: una subasta eléctrica es… En estos procesos de largo plazo se permite a los suministradores de servicios básicos, especialmente gobiernos, concretar contratos para poder cumplir con los requerimientos de potencia en las horas de mayor demanda (horas pico), así como energía constante e instrumentos como los Certificados de Energía Limpia (CEL), a partir de las necesidades de cada territorio. Son estos contratos en los que se fijan precios y se paga por la generación renovable, la cual se irá abaratando con el tiempo. Para participar en estas subastas, la Ley de Transición Energética afirma que todo interesado del sector eléctrico tiene que demostrar haber generado o consumido mínimo 5 por ciento de su generación mediante energías limpias en 2019, porcentaje que en tres años deberá subir a 13.9 por ciento. En nuestro país, los contratos se adjudican por 15 años para potencia y 20 años para CEL.
15 - 28 de febrero/2019 35