incrementará por encima del 40 por ciento para el año 2010 (Mommer, 1998). Cuando las compañías extranjeras controlaban la producción petrolera y fijaban los precios, el Estado vigilaba, de manera natural, sus operaciones. Después de la nacionalización, esta vigilancia pareció innecesaria. Peor aún, en respuesta al explosivo crecimiento de los precios petroleros y, por lo tanto, de los ingresos fiscales en 1973/74, el Congreso recién electo aprobó una Ley Habilitante que dio al Presidente Pérez completa libertad para gastar el dinero a su discreción, de acuerdo con su visión de la ‘Gran Venezuela’. En otras palabras, el Congreso rehuyó a su más básica y esencial tarea: el control de las finanzas públicas. Pérez emprendió una serie de grandes proyectos de inversión, nacionalizó la industria del hierro, y forzó la salida del capital extranjero de muchas otras áreas económicas claves, tales como la banca y las cadenas de comercio al detal, mientras que surgía un sistema de empresas estatales en el corazón de la nueva economía. Simultáneamente, las empresas privadas venezolanas fueron marginadas. Así, FEDECÁMARAS, la mayor organización empresarial del país, en la víspera de la nacionalización ya se había convertido en un cuerpo relevante política, e incluso económicamente; pero una vez que sus miembros extranjeros dejaron la organización, entre ellos las compañías petroleras internacionales, lo que quedaba era sólo su sombra. Durante los años posteriores a la nacionalización, el gobierno - o más precisamente, el Presidente - parecía tener todas las cartas del triunfo en sus manos. El ingreso
fiscal petrolero aumentó de 1.4 miles de millones de dólares en 1970 (alrededor del 10 por ciento del PIB), a 9 miles de millones en 1974 (un impresionante 40 por ciento del PIB). Tal entrada, con relación a la estructura productiva nacional, fue más allá de la capacidad de absorción de la economía. Peor aún, por la prisa de construir su ‘Gran Venezuela’, el gobierno de Pérez contrató créditos internacionales gastando así, de hecho, ingresos petroleros futuros, además de los altos ingresos petroleros corrientes. Pero, en realidad, con la salida de las empresas extranjeras, la capacidad de absorción de capital de la economía nacional decayó. Ciertamente, el país no necesitaba el dinero de los inversores extranjeros en ese momento, pero sí necesitaba sus capacidades gerenciales, para poder llevar sus ambiciosos planes de inversión a buen término. Así, finalmente, un gobierno aislado e indefenso fue ahogándose en su riqueza financiera. Clientes políticos, no ciudadanos o socios de negocio, rodearon al Estado, que supuestamente estaba dotado de poderes mágicos para desarrollar la economía (Coronil, 1997). Ésta fue una fórmula para el desastre. El Congreso nunca más recobró el control sobre las finanzas públicas y el sector privado tampoco volvió, hasta el día de hoy, a recuperar el rol que le corresponde. Sólo los acreedores extranjeros estarían finalmente en una posición de poder forzar al gobierno y a las empresas del Estado a cambiar de rumbo, pero entonces lo harían en función de su agenda particular. Después de 1983, se mantenía en pie una sola institución fuerte y en pleno funcionamiento en toda la economía nacional: PDVSA. La falta de un
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