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BOLIVIA
La derecha de Santa Cruz, contra el gobierno de Bolivia
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“Esto es sedición”, dice la Central Obrera y exige al Gobierno declarar Estado de Excepción en Santa Cruz
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Los obreros señalan que en el departamento cruceño se «está gestando un nuevo golpe de estado» y acusan al Comité Interinstitucional de estar detrás de los hechos de violencia. “Esto no es un paro cívico, esto es sedición, esto es terrorismo para nosotros”, señaló Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a tiempo de exigir al Gobierno“ actuar de manera inmediata (…) poner mano dura y declarar Estado de Excepción”.
El dirigente obrero acusó a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar de estar detrás de los hechos de violencia suscitados en Santa Cruz. A su juicio “se está gestando un nuevo golpe de estado”, por lo que se declaran en estado de emergencia. Además, califican como “movimiento separatista” y “movimiento fascista” al que ocurre en el departamento cruceño. Para los cobistas, el Comité Cívico, la Gobernación, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo “armaron y financiaron grupos irregulares paramilitares”; por esto exigen que, sobre sus representantes máximos, “debe caer todo el peso de la ley”, además de la Unión Juvenil Cruceñista.
Los dirigentes también advirtieron con “juicio y cárcel” a los mandos policiales “que se presten a un nuevo motín”. Llamaron a sus afiliados a “defender la unidad y la democracia”.
El presidente advierte que defenderá en las calles la victoria del pueblo en las urnas
Luis Arce advirtió este domingo a los promotores del paro cívico en Santa Cruz, que derivó en las últimas horas en destrucción y saqueos violentos de instituciones, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales defenderán en las calles lo que ganaron en las urnas, en octubre de 2020 con el 55,11% del voto popular. El 13 de noviembre, fecha de este artículo, el paro cívico cumplió 23 días de jornadas violentas y racistas, el jefe de Estado señaló en una concentración campesina en el área rural de Chuquisaca, en el sur del país, “que la derecha pretende otra vez dirigir al país”, en directa alusión al golpe de Estado de noviembre de 2019 que colocó en la primera magistratura del país a una senadora marginal y poco conocida cuyo partido apenas obtuvo el 4% en las elecciones generales de 2015.
“La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas”, advirtió el mandatario, al calificar de “inadmisible” que pretendan, ahora, “levantarla cabeza cuando no tienen el apoyo popular”. El viernes pasado día 11, una marcha gremial y campesina que se perfilaba pacífica, con banderas blancas de paz, fue atacada violentamente por grupos de choque en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La movilización de organizaciones sociales, multitudinaria, fue convocada para pedir que cese el paro y recorrió puntos de bloqueo solitarios sin mayores incidentes. Grupos afines a la institucionalidad cívica cruceña, perfectamente organizados en vehículos y motocicletas, llegaron al segundo anillo y atacaron a los marchistas con bombas incendiarias caseras, correas con clavos, bates de beisbol y machetes.
Luego de dispersar la marcha, los atacantes, asediaron la sede campesina y con el repliegue policial la saquearon e incendiaron. La Central Obrera Departamental fue también tomada y fue objetivo de destrozos y pillaje. En el área rural, durante los días del paro, el pueblo indígena ayoreo fue desalojado de sus comunidades por la fuerza y después incendiaron sus viviendas El presidente Arce dijo “al país y el mundo”, en respuesta a esos hechos de carácter racista


y de extrema violencia, que su Gobierno y las organizaciones sociales están “unidos más que nunca”.
El empadronamiento y el reparto de recursos, la excusa de la derecha de Santa Cruz para la preparación de un “golpe de estado”.
El presidente Luis Arce anunció que el empadronamiento se realizará el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos en septiembre de ese mismo año. Tras la determinación del Gobierno de que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024, el Comité pro Santa Cruz, no acató la decisión, acordada por todos los comités del país y exige que sea en 2023.
Luis Arce resaltó que el Gobierno siempre buscó el diálogo y el consenso, pero se topó con las autoridades de una sola región, Santa Cruz, que pretende imponer por la fuerza su propuesta de Censo para el 2023, técnicamente imposible, según los expertos. Tomando esta exigencia como excusa para enfrentarse al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el intento de preparar un nuevo golpe de estado.
La Fiscalía acepta la demanda contra Camacho, Calvo y Cuéllar por el paro indefinido en Santa Cruz.
El Ministerio Público aceptó una demanda contra su defendido, además del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, debido a los problemas que se está viviendo en ese departamento por el paro indefinido. La Fiscalía ha actuado con celeridad en este proceso, ante la demanda del Movimiento Al Socialismo (MAS), para evitar cuanto antes, los desórdenes y desarticular los intentos preparatorios de un posible “golpe de estado” o incluso un “intento de sedición y separación del estado” del cabildo o departamento de Santa Cruz.
¿El por qué de esta revuelta y qué hay detrás de ella?
Para entenderlo hemos de conocer que Santa Cruz es uno de los nueve departamentos que forman el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el departamento en mayor importancia económica de Bolivia. Su capital y ciudad más poblada es Santa Cruz de la Sierra y su situación estratégica, limitando al norte y este con Brasil y al sur con Paraguay, la predispone a unos mercados en crecimiento, si fuera independiente. Con 370 621 km² es el departamento más extenso y el más poblado de Bolivia, incluso por encima de la Paz. Ocupa un tercio (33,74 %) del territorio boliviano y es la sexta mayor entidad subnacional de América Latina, detrás de los cinco estados del Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais y Bahía).
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, recientes, la economía de todo el Departamento de Santa Cruz (Producto Interno Bruto) representar al 33,00 % de la Economía Total de Bolivia. Actualmente está considerada como la capital económica de Bolivia, destacando las industrias agropecuaria, forestal, minera y la de hidrocarburos.
Estas razones hacen fácil entender que detrás de ese “paro cívico” y “revuelta civil”, están los intereses del capital, a los que no les viene nada bien el ascenso en el poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), que apoyados por “fuerzas externas” intentan una vez más, desestabilizar la zona y un país que sigue girando a la izquierda. Es una repetición de la historia en otros muchos países del continente, con un “socio” fácil de averiguar.
El Partido de los Trabajadores de España (PTE), se solidariza con Gobierno Boliviano, el Movimiento Indígena, la Central Obrera Boliviana y el pueblo de Bolivia, contra las maniobras del capital qué con su populismo, arrastran a parte de la ciudadanía de Santa Cruz, contra un gobierno legítimo y condena a las autoridades del departamento por el incitamiento a la violencia callejera, de la mano de la Unión Juvenil Cruceñista “Roca y Coronado”, una organización juvenil de extrema derecha, que se autodefine como seguidores del Fascismo, Falangismo, Nacionalismo Boliviano, Ultra conservadurismo, Anticomunismo y Anti chilenismo (racistas ante Chile), financiada directamente por el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y los instigadores de la “revuelta cívica”.