Producción y transformación del espacio residencial de la Población de Bajos Ingresos

dominial y regularización urbano ambientales de diferentes situaciones de informalidad29 (Perú, desde 1961; Brasil y Argentina, desde 1980)” (Clichevsky, 2006:8-9).

De igual manera, Clichevsky indica que si bien en algunas realidades de América Latina han sido importantes los programas de legalización –más dominial que urbana–, donde se incorpora gran cantidad de población a la ciudad, todavía es muy numerosa la que vive en la informalidad, a pesar de los programas implementados. A lo cual algunos de los supuestos que sustentan los programas, son débilmente corroborados (Clichevsky, 2006:16).

Cabe hacer mención que las ideas del economista Hernando De Soto (1997, 2000), han estado detrás de diversos programas de legalización jurídica, financiados por los organismos internacionales desde mediados de los años noventa (principalmente por el Banco Mundial). Para De Soto, la tierra ilegalmente ocupada es un capital que hay que movilizar; una vez legalizada podrá pagar impuestos (lo que se relaciona con el ajuste fiscal y las reformas del Estado en los países latinoamericanos, en particular la descentralización) y ser objeto de crédito en el sector financiero formal. Al respecto, De Soto, señala: “(… ) En cada uno de los países que investigamos, hemos encontrado que casi tan difícil como volverse legal, es seguir siéndolo. Inevitablemente, la cosa no es tanto que los inmigrantes quebranten la ley sino que la ley los quebranta a ellos, motivo para salirse del sistema. (…) Una vez que estos recién llegados a la ciudad abandonan el sistema, pasan a ser extralegales. Su única alternativa es vivir y trabajar por fuera de la ley oficial, usando sus propios acuerdos informales y vinculantes para proteger y movilizar sus activos. Estos acuerdos resultan de una combinación de reglas selectivamente tomadas del sistema legal oficial, con improvisaciones ad hoc y costumbres traídas de sus lugares de origen o localmente ideadas. Lo que mantiene unidas esas juntas, es un contrato social sostenido por la comunidad entera e impuesto por autoridades que ella misma ha seleccionado. Estos contratos sociales extralegales han creado un sector vibrante pero subcapitalizado: el centro del mundo de los pobres.

(De Soto, 2000: 46-49).