¿Podemosvincularla violenciaenPerúcon lailegalidad?

Nacional Diarioprensaregional

Hayelementosque“unen”a7 regionesdelpaísenelcontexto de casi 100 días de protestas que dejaron como saldo decenas de fallecidos y enormes pérdidas económicas. Se tratadeunacorrelacióndirecta entre minería ilegal, narcotráfico y participación violenta en las protestas de las regiones de Lima, Cusco, Madre deDios,Puno,Ica,LaLibertady Ayacucho.

senciaintensivadecultivosde coca.Estaszonasseubicanen 13 departamentos, 45 provincias y 169 distritos. El total de superficie cultivada con coca enestosterritoriosalcanzalas 80,681 hectáreas. Comparada con la superficie cultivada con hojadecocaen2020,ahoratenemos 5 zonas adicionales. De estos 13 departamentos, en 7 existe una alta concentracióndeactividadminerailegaleinformal.

Unrecienteanálisis delaAsociaciónde Contribuyentes muestraqueexiste unacorrelaciónentre mineríailegal, mineríainformal, produccióndehoja decocayniveles altosdeviolencia.

Igualmente, el 13 de julio de2022,laSubgerenciadeVerificación y Control dejó constancia de que Acción Popular tampoco subsanó las observacionesefectuadasporlaentidady,enconsecuencia,setiene como no presentada la IFA 2021.

La Oficina Nacional de ProcesosElectorales(ONPE)sancionó al partido Acción Popular con una multa de 40.3 Unidades Impositivas Tributarias, equivalente a 199,485 soles, por no haber cumplido con presentar su Información FinancieraAnual(IFA2021)enel plazolegalestablecido.

Dicha organización política debió presentar su información financiera hasta el 1 de julio del 2022, de acuerdo conlasnormaselectorales

LaONPEindicóque,confecha22demarzode2023,laResolución Jefatural N.º 000205-2023-JN/ONPE, exhortó a la organización política a regularizar la infracción

Además, la disposición comunicó a Acción Popular que aún se encuentra dentro del plazo legal de 15 días hábiles, luegodesernotificadalaresolución, para impugnar administrativamentelamisma.

LaGerenciadeSupervisión de Fondos Partidarios determinó la existencia de responsabilidad de Acción Popular debido a que no presentó su información financiera 2021 en el plazo previsto por ley,el 1 de julio de 2022, razón por la cual se configuró la conducta omisiva tipificada como infracción en el numeral 4 del literalc)delartículo36delaLey N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias.

Posteriormente, a través del Informe N° 001526-2022SGVC-GSFP/ONPE, del 4 de agosto de 2022,se realizó una nuevaverificacióndelasorganizaciones políticas que, hasta ese momento, no cumplieronconpresentarlaIFA2021o no subsanaron las observacionesrealizadasalamisma.

Eneseinformeseconcluye también que la citada organización política no cumplió conpresentarsuIFA2021.

“Así las cosas,se encuentra acreditado que la organización política no presentó su IFA 2021dentrodelplazolegal otorgado,esto es,hasta el 1 de julio de 2022, configurándose así la conducta típica”, establecelaresolución.

La minería ilegal en Perú es un problema histórico que ha causado daños ambientales significativos en diversas partes del país. Se estima que esta actividad ilícita ocupa más de 25 millones de hectáreas en todo el territorio peruano, especialmente en las regiones de Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno. Hablamos de decenas de miles de negocios fuera de la ley que movilizarían al año másde1,700millonesdedólares.

La minería informal,por su parte afecta principalmente a las regiones Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno y Arequipa, donde se calcula que existen en cada una,más de 7500 unidades mineras que no cumplen con la regulación vigente.En las regiones deCusco,Huancavelica,Ica,Lima, Áncash, La Libertad y Piura la concentración de mineras informales se calcula entre 1500 y 7500 unidades fueradelanormativa.

En cuanto al cultivo de hoja de coca, insumo prioritario para la elaboración y comercialización de cocaína, Perú cuenta con 19 zonas con pre-

Así,elcrucedevariables,como lo muestra el mapa a continuación, demuestra que la minería ilegal, informal y el narcotráfico tuvieron y tienen unafuertepresenciaenlaszonas donde el conflicto social escaló a niveles de violencia muyaltos.

Este análisis corroboraría lo que diversas fuentes, testimonios, videos e información oficialveníanafirmando:laorganización de los violentistas para atacar, saquear e incendiar estratégicamente locales delaPolicía,FiscalíayPoderJudicial,tendría detrás no solo a dirigentes con fines políticos como el Movadef, sino diri- gentes de sectores vinculados a negocios ilícitos como la minería ilegal, la minería informal, el cultivo de coca y otros que, precisamente, durante el gobierno de Castillo recibieron una serie de beneficios o simplemente no fueron combatidosdeformadirecta.

¿Estuvieron o están estos sectores detrás de la violencia y su continuidad? ¿Podemos vincular la violencia desatada en Perú a fines de diciembre del 2022 y durante los dos primeros meses del 2023 con la ilegalidad? Lamentablemente,nosepuedeasignardeformasimpleunacausalidad,pero los datos pueden ser muy útiles para desarrollar políticas específicas en estas regiones y prevenir nuevos brotes deviolenciaenelfuturo.

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