Silencia GCU a desplazados

Familia desafía a la poderosa universidad privada: “No nos quedaremos callados”

Leo Hernández

Alondra Ruiz y su esposo Miguel Vázquez pudieron haber aplicado lo que reza el popular refrán “más vale pájaro en mano que cientos volando”, lo más fácil hubiese sido dejar que las cosas “fluyan” sin meterse en líos y firmar el acuerdo “amistoso” que les ofreció la Universidad del Gran Cañón (GCU) de facilitarles apoyos por unos $10,000 al abandonar el predio de casas móviles Periwinkle Mobile Home Park, donde vivieron casi 10 años.

Sin embargo, ellos hicieron algo a lo que pocos se atreven: desafiar a una corporación con dinero, poder e influencia política como es esa institución cristiana privada de educación superior, rechazando ese dinero y acusarla de intentar “comprar su silencio”.

“Quédense con su dinero, pero no van a comprar nuestro silencio ni pisotear nuestro derecho a la libre expresión que nos concede la Primera Enmienda de la Constitución, no nos quedaremos callados”, restregó Ruiz a GCU durante un encuentro con medios varios medios de comunicación, horas antes de cumplirse el plazo que les dieron para irse. En entrevista por separado con PRENSA ARIZONA, comparó su lucha a la del pequeño David contra del gigante Goliat, aunque a diferencia de la relatada en la Biblia, teóricamente ella y su familia fueron derrotados al menos por el momento, pues perdieron cheque y “traila” y tuvieron que irse a vivir a otra parte.

Los Vázquez-Ruiz son una de la mayoría de 49 familias que vivían en el complejo de casas móviles Periwinkle Mobile Home Park, por la avenida 27 y Colter, al norte de Camelback, pero contra su voluntad tuvieron que irse porque dicha universidad, que compró ese terreno de 4.65 acres en 3.4 millones de dólares en 2016, les exigió desocupar porque construirá viviendas para sus estudiantes.

Luego de firmar el mencionado acuerdo que les prohíbe terminantemente hablar del mismo con terceros, la mayoría tuvieron que dejar sus humildes “trailas” debido a su antigüedad y precarias condiciones que les impidió trasladarlas a otro “parqueadero”; solo Alondra y su esposo se rehusaron.

“Esto es muy duro tanto para nosotros como para las demás familias”, expresó Ruiz entre lágrimas en conferencia de prensa junto a su cónyuge, al comentar que ellos, con su hija y su nieto de 8 años vivían ahí desde hace 10 años, y que muchos de sus vecinos tenían hasta 2 o 3 décadas.

Oferta miserable

Alondra Ruiz también señaló a GCU por su falta de sensibilidad y caridad cristianas, pues no les importaron los traumas y sufrimientos causados a esas familias con el desalojo, particularmente a los niños y personas de la tercera edad.

“Después de un año de lucha para proteger nuestros hogares, la Universidad del Gran Cañón ha desplazado a más de 50 familias, (algunas con miembros) desde recién nacidos hasta ancianos y veteranos (de guerra). No contentos con la angustia mental y el sufrimiento infligido a las familias, ahora GCU ha tratado de presionarme para que firme una cláusula de ‘no menosprecio’, prohibiéndome decir algo malo sobre el que recibimos por parte de ellos y de la incompetencia de la organización sin fines de lucro Trellis, contratada por ellos para desplazarnos”, señaló Ruiz en una declaración escrita.

Aseveró: “Me negaré a firmar la renuncia a mi derecho a la libertad de expresión por unas monedas. Durante todo un año he denunciado el maltrato a los residentes de Periwinkle. GCU y los desarrolladores corporativos intentan lavar su imagen con cláusulas de no divulgación y no menosprecio, esencialmente para ‘perfumar’ sus instituciones podridas”.

Agregó que planea escribir un libro en el que revelará toda la verdad del “año de sufrimiento” causado a esas familias: “No seré silenciada por GCU y no aceptaré su miserable oferta de recibir unos $10,000 de apoyo, pero con la condición de no decir nada a nadie, menos a los medios de comunicación”.

Presión y amenazas de muerte

A través de este medio, Alondra y su esposo Miguel denunciaron presión por parte de GCU y hasta amenazas de muerte de desconocidos en al menos en dos incidentes separados, fueron advertidos que por su bien se fueran y dejaran de causar problemas.

Su vecino de enfrente, Jorge Saldaña, tomó video del encuentro de los esposos VázquezRuiz con los medios sin participar. Abordado por ese medio sobre su caso dijo: “Yo sí acepté la oferta pero no me he ido porque no he en-

“Falso amor” puede costar muy caro

La ley condena a cárcel y gran multa por matrimonios “arreglados”

Leo Hernández

Las leyes migratorias de los Estados Unidos son muy claras: las personas que se casan con el solo fin de arreglar papeles y no por amor, incurren en un delito por el cual podrían ser condenados con hasta 5 años de cárcel y multad de 250 mil dólares para cada uno.

Se trata de matrimonios ficticios, arreglados o fraudulentos que durante décadas, sobre todo después de la amnistía de 1986 empezaron a descubrir las autoridades.

Dice la ley: “Un individuo será acusado de fraude matrimonial si contrajo matrimonio con el propósito de evadir leyes migratorias de Estados Unidos. Este delito grave conlleva una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de hasta $250,000; esto aplica tanto a extranjeros como a ciudadanos estadounidenses que cometen este delito.

El Servicio de Inmigracion y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) indica en su portal de internet que se comete este delito cuando se le paga a un ciudadano, hombre o mujer estadounidense, para casarse con un extranjero; incluso cuando un extranjero defrauda a un ciudadano estadounidense y le hace creer que el matrimonio es legítimo.

Son comunes

El abogado Josh Núñez, fundador y presidente del bufete Nuñez Law, recordó que el matrimonio con un ciudadano es un procedimiento por el cual los no ciudadanos pueden obtener la residencia y después la ciudadanía, sin embargo debe ser legítimo.

Lamentando que los matrimonios fraudulentos con ese fin “no son poco comunes”, advirtió que, incluso los inmigrantes que se casaron correctamente y no por papeles, “pueden tener dificultades para convencer a un oficial de USCIS de la legitimidad de su matrimonio cuando sean cuestionados en su entrevista de ciudadanía”.

Núñez indicó que las preguntas más frecuentes son dónde y cuándo se conocieron, quién los presentó, fecha cuando salieron por primera vez y hasta detalles como lo que les atrajo el uno al otro; también cuánto tiempo salieron antes de casarse y hasta detalles de la propuesta de matrimonio.

Añadió que en ocasiones les preguntan quiénes asistieron a la ceremonia, hora y día, tiempo que duró la ceremonia, comida que se sirvió, nombres de los padrinos de boda y damas de honor, quién los casó; incluso hasta tipo de música o nombre de la banda que amenizó.

Y si hubo luna de miel a dónde fueron y en qué aerolínea, en qué hotel se quedaron y por cuánto tiempo; por lo que es recomendable llevar a la entrevista fotografías e invitaciones contrado a dónde; perdón, no puedo hablar ni decir más para no violar el contrato”.

El documento de 9 páginas que contiene el convenio “amistoso” de 27 cláusulas entre GCU y los dueños de las trailas desalojadas, con la participación de Trellis, en la número 11 llamada “Confidencialidad”, prohíbe a las partes divulgar información de los detalles del arreglo y hablar mal uno unos de los otros; al contrario, deben decir que todo fue de conformidad y de forma amigable.

Establece: “Las partes acuerdan que los términos y todos los asuntos relacionados con este acuerdo incluida su negociación, serán confidenciales y no se divulgarán excepto por acuerdo de las partes. Si cualquier persona realiza alguna consulta con respecto al arreglo, sólo puede declarar que el asunto se resolvió de manera amistosa”.

Asimismo la clausula titulada “No Menosprecio”, estipula que absolutamente nadie puede comentar nada del acuerdo con GCU y mucho menos hablar mal tampoco de Trellis, ni estos de los ahora ex inquilinos; tampoco escribir memorias o un libro y quien viole esta cláusula sería llevado a Corte.

Pretenden tapar el sol

El activista Salvador Reza, líder de los Comités de Defensa del Barrio, acusó a la GCU de predicar una cosa pero hacen lo contrario: “Dicen ser una corporación no lucrativa pero tienen ganancias millonarias, dicen basarse en principios cristianos pero trataron con crueldad y desprecio a estas pobres familias a las que desalojaron; quieren tapar el sol con un dedo”.

Agregó: “No quieren que nadie sepa lo que realmente sucedió aquí… un desprecio total por nuestra comunidad”.

Reza advirtió que este desalojo, “avalado por la alcaldesa Kate Gallego y varios concejales, sienta un grave precedente contra el destino de las miles de familias que viven en “trailas” alrededor de todo Arizona.

Recordó que por lo pronto hay 2 desalojos más en puerta: Casi 50 familias del parque de casas móviles Weldon Court, cerca de la calle 16 y Osborn Road, para finales de este mes.

Y de otras 50 que habitan en Beacon Palms Mobile Home Park (18 Avenida y Buckeye), complejo de “trailas” que se conoce popularmente como Las Casitas, que serán desalojadas en octubre.

El litigante, cuya firma tiene expertos en trámites migratorios, abundó que en las entrevistas de Inmigración a los que están arreglando mediante matrimonio, les podrían hacer algunas preguntas “íntimas” como quién duerme en cuál lado de la cama, su rutina de desayuno (quién come qué), quién cocina, hace la limpieza, lava la ropa o compra de comida.

Demostrar buena fe

Josh Núñez enfatizó: “Pueden ofrecer pruebas adicionales que su matrimonio fue de buena fe mediante la presentación de copias de contratos conjuntos incluyendo arrendamiento, facturas de servicios público, pólizas de seguro que nombran al cónyuge como asegurado conjunto o beneficiario, evidencia de una hipoteca conjunta o propietarios de otras propiedades, declaraciones de impuestos e incluso cartas de amor”.

Frena inflación, pero sigue alta en Phoenix

Oscar Ramos

La tasa de inflación anual en el área metropolitana de Phoenix se desaceleró a su nivel más bajo en 18 meses, aunque se mantiene por encima de la tasa nacional, según un informe federal publicado esta semana.

Los precios al consumidor del Valle aumentaron en 7,4 % de abril de 2022 a abril de 2023, el aumento anual más pequeño desde una tasa del 7,1 % en octubre de 2021, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos,

La tasa de inflación anual nacional, por su parte, fue del 4% en mayo, la cifra más baja en 12 meses en más de dos años.

“Finalmente estamos viendo algo de alivio en el frente de la inflación”, dijo Jim Rounds de Rounds Consulting Group, con sede en Tempe. El crecimiento de los precios al consumidor de el país, se desaceleró el mes pasado, ya que la inflación muestra signos de disminución constante y a nivel nacional, el retroceso fue impulsado por la caída de los precios de la gasolina y aumentos menores en los precios de los comestibles y otros artículos.

En el Valle, la inflación anual de vivienda se mantuvo alta en 12.2%. La comida fue una bolsa mixta a nivel local, con un aumento anual general del 6,8%. La categoría de carnes, aves, pescados y huevos cayó un 4,8%, pero los cereales y productos de panadería aumentaron un 14,6%.

Los precios de la gasolina en el área metropolitana de Phoenix aumentaron un moderado 3,6 % anual en abril, pero eso incluyó un aumento del 33,1 % de febrero a abril.

“Seguiremos teniendo una inflación superior a la media durante un poco más de tiempo, probablemente durante la próxima recesión”, dijo Rounds.

La Reserva Federal ha elevado su tasa de referencia en 5 puntos porcentuales durante los últimos 15 meses, el ritmo más rápido de aumento de tasas en cuatro décadas con el objetivo es frenar el endeudamiento y el gasto, enfriar la economía y controlar la inflación, sin causar una recesión profunda.

Los economistas proyectan una recesión a finales de este año o en 2024.

Ayudarán a hispanos republicanos

Lanzamiento exitoso del PAC de Liderazgo Hispano en Tucson

Oscar Ramos

Con todo éxito se realizó el lanzamiento del PAC de Liderazgo Hispano en Tucson en un evento que reunió a una vibrante comunidad de líderes, unidos bajo el objetivo compartido de promover la representación hispana dentro del Partido Republicano.

El lanzamiento del PAC de Liderazgo Hispano fue una ocasión trascendental, que ejemplifica el espíritu de unidad y determinación dentro de la comunidad republicana hispana. Los asistentes se sintieron inspirados por la visión de Lea Márquez Peterson, quien encabeza esta iniciativa histórica.

La comisionada Lea Márquez Peterson subió al escenario para dar inicio al lanzamiento del PAC de Liderazgo Hispano y expresó su compromiso de reclutar, apoyar y elegir republicanos hispanos a nivel estatal y federal. La visión de Márquez Peterson para el PAC es brindar una plataforma para que los republicanos hispanos prosperen y contribuyan a sus comunidades.

El congresista Juan Ciscomani, una voz influyente dentro de la comunidad republicana hispana, elogió el liderazgo de Lea Márquez Peterson: “Lea Márquez Peterson es conocida por tener una idea y llevarla a cabo. No me sorprende verla liderando un esfuerzo como el Liderazgo Hispano PAC. Lo necesitamos”.

El Senador Estatal y Presidente Pro Tempore T.J. Shope pronunció un discurso apasionado, enfatizando el impacto del PAC de Liderazgo Hispano más allá de los distritos tradicionalmente diversos. Afirmó: “No ganamos solo en distritos elegidos para elegir a personas de color. Ganamos en distritos donde nos han dicho que las minorías étnicas no pueden ganar. Pero ganamos. ¿Por qué? Nuestro mensaje resuena”.

La representante estatal y líder de la mayoría, Teresa Martínez, destacó la fuerza que surge de la unidad y proclamó: “Cuando nos unimos y hacemos algo juntos, no hay nada que no podamos lograr”.

La representante estatal Lupe Díaz expresó su apoyo y dijo: “Esto es grandioso. Apoyo mucho este esfuerzo. Vamos a trabajar para elegir a mi gente. Gracias, Lea Márquez Peterson”. Este sentimiento resonó durante todo el evento, ya que los asistentes reconocieron la importancia de elegir republicanos hispanos que puedan representar auténticamente los intereses de su comunidad.

La misión del PAC de Liderazgo Hispano es empoderar a los republicanos hispanos, asegurando que se escuchen sus voces y que sus perspectivas estén representadas dentro del partido. Al reclutar, capacitar y brindar apoyo a los candidatos, el PAC busca crear un Partido Republicano dinámico que refleje la promesa de Estados Unidos.

Pide más castigo a miembros de carteles de las drogas

Aumentarían penalidades a quienes ayudan en actividad del cártel en la frontera sur

Oscar Ramos

El congresista del Distrito 6 de Arizona, Juan Ciscomani presentó una nueva legislación para aumentar los castigos a las personas que ayudan en las operaciones de los cárteles en la frontera sur, a las que se les conoce comúnmente como “observadores” y ayudan a los cárteles a evadir la aplicación de la ley al vigilar partes de la frontera, comunicar las posiciones de los agentes y oficiales encargados de hacer cumplir la ley y destruir la infraestructura física y los dispositivos de comunicación.

“A medida que la actividad ilegal en la frontera continúa perjudicando a nuestras comunidades en el sur de Arizona, los cárteles y los malos actores solo avanzan más en la evasión de la CBP y la aplicación de la ley”, dijo el congresista Ciscomani.

“Cada vez que visito la frontera, los agentes en el terreno han enfatizado la necesidad de una acción urgente sobre este tema. Este esfuerzo envía un poderoso mensaje a los cárteles y a las personas que los ayudan al aumentar los castigos para cualquiera que esté dispuesto a ayudar e instigar la actividad ilícita de las organizaciones criminales”, señaló.

La Ley de Prevención y Eliminación de Detectives Ilícitos de Organizaciones Criminales Transnacionales endurecería las sanciones a los Detectives aumentando las multas e imponiendo un tiempo máximo de prisión de 10 años a los condenados por ayudar a los cárteles.

Ciscomani se une a sus colegas, el congresista Don Bacon (NE-02), el congresista Tony Gonzáles (TX-23) y la congresista Mariannette Miller-Meeks (IA-01) en la legislación que es complementaria a un proyecto de ley presentado por el Senador Joni Ernst (R-IA) en el Senado.

“Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y recursos para evitar que los cárteles trafiquen personas y drogas a través de la frontera y eso incluye castigar a aquellos que intencionalmente intentan obstaculizar el trabajo de nuestras patrullas fronterizas y de inmigración, ya sea compartiendo información o destruyendo propiedades, necesitan saber que hablamos en serio y que enfrentarán las consecuencias”, dijo el congresista Bacon. aps.com/brillante

“Nuestros agentes de la ley arriesgan sus vidas para mantener seguras a nuestras comunidades sabiendo que existe la posibilidad de que sean atacados por sus esfuerzos. Las organizaciones criminales transnacionales y los delincuentes que las ayudan a atacar a nuestras fuerzas del orden merecen graves repercusiones”, dijo la congresista MillerMeeks.

“Me enorgullece unirme a mi amigo, el congresista Ciscomani, para presentar este proyecto de ley de sentido común, que aumentará las sanciones para cualquiera que ayude a un cartel”, señaló.

“Los cárteles continúan facilitando las operaciones ilícitas al aprovechar nuestra frontera porosa: hemos observado niveles sin precedentes de ‘fugas’ y fentanilo ilícito y otras drogas cruzan nuestras fronteras y nuestras comunidades en TX-23 son las más afectadas. La Ley de Prevención y Eliminación de Detectives Ilícitos de Organizaciones Criminales Transnacionales aumentará las penas para las personas que ayuden a los cárteles en sus actividades ilegales y peligrosas”, dijo el congresista Gonzáles.

“Esta legislación que codirijo con el representante Ciscomani reducirá la actividad peligrosa de los cárteles y tomará en serio la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó.

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