Piden que Kari Lake sea sancionada

Ex candidata continúa presentando demandas frívolas ante cortes estatales

Oscar Ramos

Kari Lake, ex candidata tumpista afirma que ella es la verdadera gobernadora de Arizona y que las elecciones de 2022, que Katie Hobbs ganó por más de 17,000 votos, le fueron robadas, al igual que lo que cree que le sucedió al expresidente Donald Trump en 2020.

Sí, aún lo sigue diciendo y peleando en las cortes, pese a que todos sus alegatos han sido legalmente descartados.

La fallida candidata a gobernador de Arizona, Kari Lake, y sus abogados “continúan calumniando y erosionando los cimientos sobre los que se asienta nuestro gran estado” a través de su caso judicial que impugna los resultados de las elecciones de noviembre de 2022, dijo el secretario de Estado Adrian Fontes a la Corte Suprema de Arizona esta semana en una presentación, pidiendo a la corte que rechace el desafío legal de Lake que busca anular su pérdida electoral.

La impugnación electoral de la aspirante a gobernadora se desesti mó por primera vez en diciembre, después de un juicio de dos días durante el cual no proporcionó pruebas que respaldaran sus afirmaciones de que los funcionarios electorales del condado de Maricopa manipularon las cosas en su contra.

Después de que una corte de apelaciones el mes pasado confir mó esa desestimación, Lake cum plió con su promesa de llevar el caso a la Corte Suprema del estado.

El 13 de marzo, los acusados en el caso, Fontes, Hobbs y el condado de Maricopa, respondieron mordazmente a la petición de Lake de que la Corte Suprema aceptara su caso de contienda electoral.

Los tres pidieron al tribunal superior que rechazara la demanda de Lake.

Fontes y Hobbs fueron un paso más allá y pidieron al tribunal que sancio nara a Lake y sus abogados, el abogado

Retan a ley contra “dinero oscuro”

Presentan demanda en corte federal argumentando derecho “libertad de expresión”

Oscar Ramos

Los votantes de Arizona aprobaron masivamente el año pasado una medida electoral contra el dinero oscuro, pero ahora una demanda presentada en la corte federal tiene como objetivo declararla inconstitucional con el argumento de que los donantes políticos tienen el derecho de la Primera Enmienda de hacerlo de forma anónima, entre otros reclamos.

Los votantes aprobaron ampliamente la Proposición 211 el año pasado, con más del 70% de los votantes eligiendo exigir que los donantes de grandes cantidades de dinero divulguen sus nombres a los comités de acción política.

La Ley del Derecho a Saber de los Votantes activa la divulgación si una persona dona $5,000 o más a un comité que gastó al menos $50,000 en una propuesta electoral o electoral estatal o legislativa determinada.

En las elecciones locales, la tasa de divulgación se reduce a $2,500 para individuos y $25,000 para gastos de comités.

La demanda presentada el viernes en la corte federal de Phoenix por el grupo de defensa conservador Americans for Prosperity y su fundación dice que tales divulgaciones tienen un “efecto escalofriante” en la libertad de expresión de los arizonenses y son una violación de la Primera Enmienda.

“La Primera Enmienda salvaguarda el derecho de las personas a donar a las organizaciones privadas de defensa de su elección sin un riesgo indebido de que el gobierno revele sus identidades u otras medidas de escalofríos”, dice la demanda. La demanda es similar a una presentada en la corte estatal el año pasado por el Centro para la Política de Arizona y el Club de Libre Empresa de Arizona. de divorcios de Scottsdale, Bryan Blehm, y el abogado de empleo corporativo de D.C., Kurt Olsen, por presentar una demanda basada en afirmaciones frívolas.

En el corazón de la demanda está el argumento de que el discurso político anónimo está protegido por la Primera Enmienda.

Pero Terry Goddard, exfiscal general de Arizona y la fuerza impulsora detrás de la Ley del Derecho a Saber de los Votantes, dijo que los argumentos en contra de la divulgación no son nuevos y han sido rechazados por los tribunales.

El grupo detrás de la demanda, Americans for Prosperity, no es ajeno al “dinero oscuro”.

El “dinero oscuro” se refiere a organizaciones políticas sin fines de lucro que gastan dinero en anuncios políticos, llamadas automáticas automáticas y otros esfuerzos para influir en las elecciones sin ningún requisito de revelar a los donantes.

Durante las elecciones intermedias de 2014, el grupo fue uno de los que más gastó en anuncios políticos y, debido a su condición de organización sin fines de lucro, no tuvo que revelar la fuente de sus donantes. Sigue desempeñando un papel clave en las principales causas conservadoras.

El término atrajo mayor atención después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en el caso de Citizens United v. FEC, que prohibió al gobierno restringir los gastos independientes que comúnmente se asocian con “dinero oscuro” de campañas políticas de corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y otros grupos.

“Aquellos que invoquen a nuestros Tribunales deben hacerlo de buena fe”, escribió Craig Morgan, abogado de Fontes, en su respuesta a la Corte Suprema.

“No podemos permitir que una minoría vocal descontenta use nuestros tribunales como arma, siembre una desconfianza infundada en nuestros procesos electorales, difame a nuestros servidores públicos y socave nuestra democracia, todo con el propósito de tratar de anular la voluntad del pueblo y derrocar una elección”, agregó.

Desde su demanda inicial, Lake ha dicho que habría ganado el puesto de gobernadora si no fuera por la represión intencional de los votantes republicanos y el fraude electoral desenfrenado en el condado de Maricopa; ha pedido a los tribunales que la instalen como gobernadora o convoquen a una nueva elección para el puesto.

Pero Lake no logró convencer a los tribunales de primera instancia y de apelación de que un empleado del condado de Maricopa había manipulado intencionalmente las impresoras de boletas del día de las elecciones en un esfuerzo por privar de sus derechos a los votantes republicanos y que el hecho de que el condado no se adhiriera a las reglas de cadena de custodia para las boletas electorales anticipadas que se entregaron el día de las elecciones provocó que se inyectaran miles de votos ilegales en el sistema.

En la respuesta del condado de Maricopa a la solicitud de Lake para que la Corte Suprema revise su caso, el abogado del condado, Tom Liddy, escribió que Lake no identificó ningún “argumento que ilustrara la necesidad de que esta corte revise la opinión de la corte de pese a que todos sus alegatos han sido legalmente descartados. apelaciones. No identifica una sola cuestión legal novedosa que este Tribunal deba aclarar”.

Abha Khanna, un abogado que representa a Hobbs, estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Liddy y agregó que la petición de Lake a la Corte Suprema simplemente repitió los reclamos que las apelaciones y los tribunales superiores ya rechazaron, sin introducir nuevos argumentos legales con respecto a esos reclamos.

Los tres acusados en el caso denunciaron a Lake y su equipo legal por tergiversar pruebas y presentar nuevos reclamos, algo que generalmente no se permite en el proceso de apelación.

En la petición a la Corte Suprema, los abogados de Lake afirmaron por primera vez que los registros mostraban 263,379 boletas entregadas a Runbeck Election Services, el contratista electoral del condado, y que los recibos de escaneo entrantes muestran 298,942 boletas devueltas al condado de Maricopa desde Runbeck, con una diferencia de 35,563 boletas que Lake afirmó que se mezclaron ilegalmente con las boletas legales.

Khanna escribió que, a través de estas afirmaciones, Lake “tergiversa descaradamente hechos clave del registro”.

En el desafío electoral inicial de Lake, dijo que los documentos de cadena de custodia que terminó citando en la petición de la Corte Suprema no existían.

“Ahora, Lake argumenta que no solo existían esos registros, sino que muestran que se insertaron 35,563 boletas más en Runbeck y se enviaron de regreso (al Centro Electoral y de Tabulación del Condado de Maricopa) para su tabulación”, escribió Khanna.

Pero Lake incluyó solo una parte de una exhibición del juicio de diciembre, solo nueve páginas de un total de 43, para probar estas afirmaciones, y Morgan escribió que esas páginas no muestran todas las boletas anticipadas que se dejaron en los centros de votación el día de las elecciones y se entregaron a Runbeck después del cierre de las urnas.

Algunos de esos documentos registraron la recepción de boletas entregadas el día de las elecciones o después, que se consideran tardías y, por ley, no se tabularon, según Morgan.

Escribió que este intento de presentar un nuevo argumento a la Corte Suprema, basado en una caracterización errónea de la evidencia, ya sea intencionalmente o por ignorancia, era inexcusable y merecía sanciones por parte de la corte.

Trump dice que no hizo nada malo y ha negado haber tenido una aventura con Daniels