Liberan 137 detenidos por asonada en Brasilia

BRASILIA.- La Corte Suprema de Brasil informó ayer que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el asalto en enero a las sedes de los tres poderes en Brasilia, pero deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales.

“El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (...) porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores” del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.

Además del uso de tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibición de usar las redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, portar armas de fuego, y la cancelación de sus pasaportes.

El magistrado también tuvo en cuenta que “en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad”, y que ya fueron imputados por la Fiscalía por “incitación al delito” y “asociación delictiva”.

En total, 803 personas continúan presas y 603 fueron liberadas con medidas cautelares, informó el Tribunal.

Miles de personas disconformes con la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre vandalizaron el 8 de enero las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Solo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan los nueve millones de reales (alrededor de 1.75 millones de dólares). (Agencias)

En total, 25 jóvenes de entre 12 y 18 años, incluyendo seis chicas, fueron secuestrados por “esos hombres armados todavía no identificados”, explicó por teléfono desde Kisangani, en la provincia vecina de Tshopo. Una decena de casas fueron saqueadas y una tienda desvalijada, agregó el responsable. También fueron raptados tres adultos, liberados poco después.

Las aldeas atacadas se ubican a unos 180 km de la frontera con la República Centroafricana, escenario desde el 2013 de una guerra civil en la que se enfrentan unas milicias de mayoría musulmana, agrupadas en la alianza denominada seleka, y otras, de predominancia cristiana y animista, denominadas antibalakas. La ONU ha acusado a ambos bandos de crímenes contra la humanidad. Por otro lado, en Bajo Uele operaba a principios de siglo una rebelión ugandesa, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), pero ese grupo “hace mucho tiempo que no opera” en la zona, señaló Mazale. (Agencias)