octubre - noviembre
Miradas
Solo 37 minas de 150 de La Sinifaná podrían continuar laborando
La Universidad Eafit dio a conocer los resultados de un estudio realizado a 150 unidades de producción minera en los municipios de la Cuenca de la Sinifaná. Este documento constituye una radiografía de la situación actual de la pequeña minería y da cuenta de lo grave del asunto en materia de condiciones de seguridad para extraer el carbón subterráneo. El estudio recomienda cesar de inmediato la actividad en 64 minas, incluyendo en este número las 17 que fueron clausuradas el 31 de octubre luego de la tragedia en la que fallecieron 12 mineros al inundarse la mina La Cancha por el rompimiento de un depósito de agua en una mina aledaña abandonada. De las 64 minas en mención, 51 están en Amagá o Angelópolis. Aunque algunos empresarios mineros han hecho reparos al estudio porque según ellos a buena parte de las minas no ingresó el equipo de profesionales que hizo el estudio, la información da cuenta de 49 minas que están inactivas o que tienen una altura de 60 centímetros o menos, a las que efectivamente no ingresaron los profesionales responsables del estudio, argumentando que una mina debe tener por ley, mínimo una altura de 1,80 centímetros para poder explotar el mineral. El estudio es un nuevo elemento para tener en cuenta al momento de tomar decisiones de fondo de acuerdo con la problemática minera en esta región de Antioquia y además complementará otros estudios que se han anunciado. ¿Qué es lo más racional, prudente, responsable y consecuente con la realidad minera en la Sinifaná?
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Editorial
Las tragedias seguirán llegando, ¿y las soluciones de fondo cuándo?
L
o que la población de la cuenca carbonífera de la Sinifaná en Antioquia está esperando luego de padecer las más grandes tragedias mineras de los últimos cuarenta años en Colombia, no es solo la formalización de las minas o la declaratoria de un área de reserva especial. En estos momentos si todas las minas en esta zona del país tuvieran título, fueran formales y contáramos con una reserva especial, no se podría garantizar que no se repitieran tragedias como las de la Mina Villa Diana de Industrial Hullera el 14 de julio de 1977 donde murieron 86 mineros, o la del 16 de junio de 2010 en la Mina San Joaquín de Carbones San Fernando donde fallecieron 73 mineros. Ambas minas contaban con su respectivo título, eran minas formales, y la mina la Cancha de la tragedia más reciente del 30 de octubre donde murieron 12 mineros, según informaron las autoridades, explotaba el carbón mediante contrato de operación de un título minero que la avalaba. El mayor número de muertes en minas de la zona se ha presentado en minas de carbón cumplidoras de requerimientos formales y tecnificadas, excepto esta última, considerada una mina artesanal, no obstante laboraban allí cerca de medio centenar de personas, claro que los accidentes y las muertes también ocurren en socavones artesanales y la situación empeora para mineros y familiares cuando se carece de la protección que brinda el pago de seguridad social. La realidad compleja que afronta la cuenca carbonífera de la Sinifaná será aliviada mediante la declaratoria de un área de reserva especial por cuanto esto ayudará a garantizar que se desarrolle una minería conforme a los requerimientos de ley, se mantendrán las fuentes de trabajo para asegurar ingresos familiares, podría disponerse de un conjunto de posibilidades favorables para modernizar, tecnificar y laborar en condiciones más dignas, reduciendo índices de accidentalidad, buen número de las minas obligadas hoy al cierre podrían trabajar amparadas en esa figura y se tendría acompañamiento del Estado en todo el proceso. En Amagá se requiere urgentemente una re-
serva especial minera pero esta no es la única solución. Esa realidad compleja de la que hablamos urge de compromisos y de un plan de atención integral con acciones contundentes y determinantes que transformen la cultura minera. Un paquete de inversiones para subvencionar procesos de formalización y tecnificación de pequeñas y medianas unidades de explotación minera, recursos para mejorar infraestructura de salud y educación, vías y vivienda y un plan de desarrollo concertado entre los cinco municipios mineros vecinos, el departamento y el Gobierno Nacional para incidir en la construcción de una nueva cultura minera que incorpore la responsabilidad social empresarial, el valor del autocuidado, la seguridad industrial, la formación técnica y profesional para el trabajo, salarios justos y prestaciones sociales legales y una política de inspección, control y vigilancia permanente a las explotaciones mineras. Las empresas que se han enriquecido en más de setenta años de extracción de carbón en la cuenca minera no han contribuido a mejorar los niveles de desarrollo social esperados y los recursos generados al Estado en impuestos y regalías, no han sido revertidos lo suficiente en inversión social para que hoy no sea tan alto el nivel de necesidades básicas insatisfechas en municipios como Amagá y sus vecinos de tragedia. Hay que cambiar esa ecuación de injusticia y pagarle a la población la deuda social acumulada, es por eso que declarar una zona de reserva especial minera y facilitar formalizar minas dentro de los términos legales es, de alguna manera, una forma de comenzar a saldar la deuda. Necesitamos que los gestos de solidaridad con Amagá, que agradecemos de corazón, vayan más allá del pesar y la misericordia. Esperamos que desde el Gobierno Nacional y Departamental el apoyo y el acompañamiento no se agoten en la atención de la emergencia abandonándonos hasta la próxima tragedia, y esperamos que esta nueva pérdida de vidas humanas permita a los amagaseños repensarse y generar una cultura minera construyendo una nueva historia sin socavar la vida.
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