Eric Salas

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APOLÍTICO

REFORMADO De joven era ajeno a la política; hoy, no concibe su vida sin ella Eric Salas González Diputado de la LVIII Legislatura

Lunes 26 de marzo, 2018

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Eric Salas González

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Las leyes que deberían garantizar nuestra integridad 22

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Voto electrónico

Apps, servicios gubernamentales en la palma de la mano

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Nueva definición para la palabra ‘diputado’ Eric Salas González se acercó a la política poco convencido; hoy, no imagina su vida sin ella, al grado de querer revertir la mala opinión que algunos tienen sobre los legisladores

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texto: Octavio Cárdenas fotos: Arturo Ochoa

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l cumplir la mayoría de edad, Eric Salas González decidió seguir el consejo de su hermano y se acercó a la política.

“No me gustaba, no la entendía. Mi hermano me llevó al PAN, porque se asemejaba a nuestros valores familiares. Era un minipartido. El único fuerte era el Revolucionario Institucional”, recuerda el hoy diputado local.

En la década de 1980, las oficinas del Partido Acción Nacional eran un par de cuartos prestados en una casa de avenida Universidad.

Luego de apersonarse en las oficinas del blanquiazul, Salas pidió propaganda para repartir.

“Quise entregarlos en el transporte público, pero me cerraban las puertas”.

A los 18, le apasionó que le dijeran que no. Su hermano, en cambio, se desanimó y a la postre dejó la política.

“No es como ahora, que hay muchísima libertad; estaba más acotado. No había tanta participación de la oposición. Incluso, un gobernador declaró que en Querétaro no había oposición.

Eso me motivó todavía más”.

No es como ahora, que hay muchísima libertad; estaba más acotado. No había tanta participación de la oposición.

Incluso, un gobernador declaró que en Querétaro no había oposición. Eso me motivó todavía más ".

Eric Salas González Diputado de la LVIII Legislatura

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Fui el primer panista que registró candidatos en la sierra.

Saqué planilla en Jalpan y metimos dos regidores. En Landa me faltó tiempo y no pude registrarlos.

En Arroyo Seco presentamos una planilla de puras mujeres jóvenes, de 18 a 22 años, y metimos una regidora, y otras dos en Pinal ".

Opciones

“Me casé a los 16 años. Por eso me salí de la escuela, porque ya tenía una responsabilidad. Primero quise centrar las bases de un pequeño patrimonio. Luego pude terminar la preparatoria y estudiar la carrera de Derecho”, dice el diputado local.

Como a muchos jóvenes en su situación, la frase que más escuchó en ese momento fue “echaron a perder su vida”.

“No sabíamos lo que hacíamos, pero hoy te puedo decir que no echamos a perder nada. Me siento muy tranquilo y contento por las decisiones que tomé”, reflexiona Salas González.

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Las convenciones se volvieron obsoletas.

Lo que pasó fue que si los militantes no veían un beneficio no votaban, dejaron de hacerlo por el de mayor capacidad ".

“No sé si hay oportunidades.

Tuve la oportunidad de trabajar y me inculcaron tratar siempre de ser el mejor. Era muy responsable y los jefes me veían aptitudes, lo que permitió que subiera de puesto y salario. Eso me dio estabilidad. Sin pensarlo, descubrí que existían oportunidades y cuando me llegaron las aproveché”, dice.

Cuando se sintió contento en su vida laboral, buscó su desarrollo personal. Eso lo tradujo como servicio, por ello aceptó el consejo de su hermano de acercarse al Partido Acción Nacional.

Repartió propaganda y participó como representante de casilla en las elecciones de 1988.

Ahí descubrió que en política debes ser muy juicioso, lo que se volvería su formación política.

“El PAN te daba una formación sobre cómo defender el voto, pero el día de la elección, el lugar donde debía estar la casilla estaba cerrado. Entonces nos fuimos a otra. A eso de las 10 u 11, nos dicen que ya abrió, y cuando llegamos ya tenía votos, aunque estábamos a tres o cuatro cuadras.

Durante la jornada cuidé que no votaran sin credencial o si no estaban en el padrón, y a eso de las 4 de la tarde el representante del PRI me invita a la tienda; era plan con maña. Cuando regresamos, ya había cerrado la casilla.

Me chamaquearon y perdimos, aunque por 30 o 40 votos, lo que para mí fue un éxito”.

Esa experiencia terminó por convencerlo sobre ejercer sus derechos político electorales.

Figura histórica

Más allá de ser testigo de un fraude electoral que llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia del país, Salas González tuvo la oportunidad de vivir un proceso electoral que resultó icónico, a partir del cual aumentó la participación ciudadana y derivó en la

Ganamos el Gobierno, pero tuvo que llegar gente de todos lados.

Ni estábamos preparados ni teníamos los miembros suficientes.

Llegó muchísima gente que decía ser del PAN, aunque en 15 años nunca los habíamos visto, pero no había otra forma para crecer, había que aceptarlos. Son los famosos neopanistas ".

transición democrática de finales del siglo XX. “Me encantó la elección del 88. Me tocó la visita de ‘Maquío’. Un día antes había venido Salinas. El camión de Salinas se llamaba Agualeguas y el de ‘Maquío’, Aguafiestas, porque lo iba siguiendo. Aquí se dio toda la apertura a Salinas y a ‘Maquío’ le cerraron los espacios. El Tec de Monterrey, aunque él había sido fundador en Monterrey, le cerró los espacios. ‘Maquío’ se plantó ahí, se quedó sentado y después de seis u ocho horas le abrieron para que pudiera reunirse con los estudiantes; claro, ya quedaban muy pocos, pero se fueron abriendo los espacios. En el Jardín Zenea le quitaron la energía eléctrica, entonces se subió al ba-

randal a cantar el Himno Nacional. Eso me impresionó mucho, me daba más energía para seguir participando”.

Tras ese proceso, se involucró más en las actividades del partido. Empezó como mensajero y llegó a ocupar secretarías y presidencias de comités delegacionales en municipios de la sierra, así como en Tequisquiapan, El Marqués, Tolimán y Cadereyta.

“Fui el primer panista que registró candidatos en la sierra.

Saqué planilla en Jalpan y metimos dos regidores. En Landa me faltó tiempo y no pude registrar.

En Arroyo Seco presentamos una planilla de puras mujeres jóvenes, de 18 a 22 años, y metimos una regidora, y otras dos en Pinal de Amoles”, presume, aunque

reconoce que lo logró tocando puertas, pues en la sierra queretana no conocía a nadie ni nadie lo conocía a él.

Incluso, en algunas comunidades serranas lo recibieron con machetes, al grito de “aquí no hay oposición”.

“Te mandaban golpear con la policía judicial. A mí me respetaban porque me veían chavito, pero en un evento de Mariano Palacios, que se llevó un ataúd, escuché a los judiciales decirle a José Moreno, quien iba a ser diputado, que se llevaran a la gente o les iban a pegar. Así eran esos tiempos, de batallar día a día, pero la congruencia en la visión que teníamos como sociedad nos abrió los espacios”, recuerda el legislador panista. amqueretaro.com/perfiles

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Siguiente paso

A pesar de organizar elecciones y lograr victorias en las urnas, jamás cruzó por su mente la idea de ser candidato, hasta que entendió el verdadero significado de ser representante popular.

“Una vez vi gente pedirles ayuda a los tres diputados que teníamos, y no les ayudaron. Le dije al presidente del partido que quería ser diputado y se rio. Entonces, los procesos eran democráticos y votaba la militancia.

Vi que podía ayudar más como funcionario público que como miembro de una estructura, porque viví esas carencias”.

Salas González reconoce que el partido cambió mucho en los últimos 30 años. Uno de los cambios más significativos está relacionado justo con la elección de candidatos.

“Los que querían se podían inscribir para diputados, solo tenían que cumplir con los requisitos y convencer a la militancia, pero las convenciones se volvieron obsoletas. Lo que pasó fue que si los militantes no veían un beneficio no votaban, dejaron de hacerlo por convencimiento o por el de mayor capacidad. Eso fue modificando las reglas hasta llegar a la designación, que ahora muchos dicen que no ayuda. Hay que poner requisitos adicionales para regresar a las convenciones, como la antigüedad del candidato o su conocimiento del partido, algo que permita una calificación adicional. La militancia dijo ‘aquí es cuando puedo beneficiarme’; no toda, pero sí suficiente para pensar en otra forma de elección”.

A decir del diputado, este cambio comenzó en 1997, cuando ganaron sus primeros procesos electorales locales.

“Ganamos el Gobierno, pero tuvo que llegar gente de todos lados. Ni estábamos preparados ni teníamos los miembros suficientes. Llegó muchísima gente

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No sé si hay oportunidades.

Tuve la oportunidad de trabajar y me inculcaron tratar siempre de ser el mejor.

Era muy responsable y los jefes me veían aptitudes, lo que permitió que subiera de puesto y salario. Eso me dio estabilidad.

Sin pensarlo, descubrí que existían oportunidades y cuando me llegaron las aproveché ".

que decía ser del PAN, aunque en 15 años nunca los habíamos visto, pero no había otra forma para crecer, había que aceptarlos. Son los famosos neopanistas, que empiezan a mezclarse con los tradicionales”.

Eso provocaría una transición democrática en el estado, de la cual Acción Nacional tuvo que aprender. Ahora, el reto es convencer a la ciudadanía del valor y relevancia de los legisladores como representantes populares.

“Está desprestigiada la palabra ‘diputado’, porque muchos abonan a esa opinión, pero te

puedo decir que es padrísimo representar a los ciudadanos y modificar leyes en su beneficio.

No todos somos malos, de manera individual hay muchos buenos que sí aportan al beneficio de la sociedad”.

Esta entrevista se realizó en RÍO QUINTANA Universidad 371, Álamos 1a Sección Lunes a sábado, de 1 a 11 pm Domingos, de 1 a 6 pm Reservaciones al 442 234 5678

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Voto electrónico, ¿alternativa para la democracia?

La impresión de boletas en 2012 costó más de 55 millones de pesos, por lo que digitalizarlas no parece mala idea

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texto: Carlos Perusquía fotos: Cuartoscuro

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e registró una disminución de 34 por ciento en el nivel de confianza de los latinoamericanos hacia las instituciones electorales en los últimos tres años.

En 2015, 44 por ciento de las personas confiaba en estos organismos. El año pasado la cufra descendió a 29 por ciento, de acuerdo con el último informe del Latinobarómetro.

En México, 33 por ciento de los habitantes confían en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano encargado de impartir justicia en el ámbito electoral, de acuerdo con el estudio de opinión pública que se aplicó en 18 países de América Latina, el año pasado.

En las elecciones federales de hace seis años el universo de votos posibles era de 84 millones ( padrón electoral ). De estos, 77.7 millones de ciudadanos contaban con su credencial de elector ( lista nominal ), lo que posibilitaba su participación.

Los sufragios depositados en las urnas sumaron 49 millones ( participación efectiva ), de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral ( INE ).

Del la lista nominal, 37 por ciento no acudió a las urnas en 2012, según el PREP.

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En México, 26 por ciento de los ciudadanos conoce el concepto de 'e-voting’, de acuerdo con una encuesta realizada en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública , de la Cámara de Diputados

Voto electrónico

En este concepto, llamado 'evoting’ en inglés, se deben distinguir dos sentidos, el amplio y el estricto. El primero hace referencia a los medios electrónicos o tecnologías utilizadas en las diversas etapas del proceso electoral; la segunda variante se refiere al acto de votar en sí, en el que la persona emite el sufragio a través de una tecnología de recepción

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( urnas electrónicas ), explica Julio Téllez Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM. “Esta definición, con sus dos ámbitos, encierra en sí la necesidad de que la manifestación de la voluntad del emitente del voto se lleve a cabo con el uso de medios electrónicos, independientemente de qué sistema se utilice y si se usa o no en las otras etapas

del proceso electoral, fuera de la votación per se”.

26 por ciento de los entrevistados dijo conocer sobre el concepto de 'e-voting’, de acuerdo con una encuesta aplicada a mil 400 mexicanos en 2014, por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública ( CESOP ), un centro de estudios de la Cámara de Diputados.

Respecto a los sistemas de

votación en este ámbito, Téllez Valdés identifica tres modalidades en general: mediante tarjeta perforada, aparato lector y grabación directa.

El primero implica que el elector haga uso de una herramienta mecánica para perforar sus preferencias en una tarjeta; acto seguido, esta es introducida en una máquina que realiza el recuento de perforaciones.

El sistema de voto mediante un aparato lector es similar al de tarjeta perforada, el votante no está en contacto directo con la tecnología, pero los materiales que utiliza sí.

En este procedimiento, los instrumentos que se usen son capaces de “leer” las marcas que el votante puso en la boleta, además de que realizan el recuento pertinente. amqueretaro.com/perfiles

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El método de grabación directa implica la instalación aparatos en los que el votante tiene contacto directo, es decir, selecciona sus preferencias a través de una pantalla táctil o monitor y teclado. Otra variante de este sistema prevé que la emisión del voto sea mediante una red controlada o desde una plataforma conectada a internet, con el objetivo de que el elector no emita el sufragio de manera presencial.

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Si los mexicanos pudieran hacer uso del 'e-voting’, 65 por ciento consideró que este es más confiable si es presencial a través de las urnas electrónicas; por otro lado, 15 por ciento expresó que preferiría la votación a distancia por internet, celular u otro dispositivo; reportó un estudio sobre el sufragio electrónico, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

El costo

Las elecciones de 2012 tuvieron un costo superior a 40 mil millones de pesos, de acuerdo con un reporte de la organización civil México Evalúa.

Dicha cantidad es suficiente para reconstruir todas las ciudades afectadas por los sismos de septiembre de 2017.

Para el desarrollo de la jornada electoral de 2012, se destinaron 2 mil millones de pesos.

De los distintos insumos que se utilizaron, entre los que se incluyen la contratación de supervisores y observadores, actas y almacenamiento de materiales.

La impresión de boletas costó alrededor de 55 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la autoridad electoral.

El costo de un solo voto fue de 286 pesos en las pasadas elecciones del 5 de junio de 2016.

En Estados Unidos y Brasil, países que implementaron el 'e-voting’, el costo máximo de un sufragio fue equivalente a 60 pesos mexicanos, de acuerdo con Rodrigo Moreno Trujillo, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Hace seis años, el estado de Jalisco implementó el voto electrónico en su proceso electoral local; en la licitación de las urnas se determinaron mil 200 piezas con un costo de 32 mil pesos cada una, lo que representó una inversión de más de 38 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad.

“El voto electrónico disminuye en buena medida el control humano directo y su influencia en el proceso. Esto conlleva a una oportunidad para resolver algunos problemas históricos sobre el tema electoral, pero también representa un nuevo rango de preocupaciones”, destaca el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral ( IDEA, por sus siglas en inglés ).

VOTO ELECTRÓNICO VENTAJAS RÁPIDO CONTEO DE VOTOS Y RESULTADOS MÁS CERTEROS POSIBLE INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POTENCIAL REDUCCIÓN DE COSTOS A LARGO PLAZO MANEJO EFICIENTE DE FÓRMULAS COMPLICADAS EN LOS SISTEMAS ELECTORALES REDUCCIÓN DE POSIBLES ERRORES DE LOS VOTANTES AL MOMENTO DE EMITIR EL VOTO

DESVENTAJAS FALTA DE TRANSPARENCIA LIMITADO ENTENDIMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA QUIENES NO SON EXPERTOS EN LA MATERIA RIESGO DE MANIPULACIÓN POR PARTE DE 'HACKERS’ O TRABAJADORES QUE TIENEN ACCESO AL SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO INCREMENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VOTO FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES PARA VOTACIÓN ELECTRÓNICA

FUENTE: INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL ( IDEA )

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Impunidad y legislación

El país cuenta con leyes en materia de desapariciones forzadas, lo que revela poco progreso en el balance de este sexenio

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texto: Axcel Luengas fotos: Cuartoscuro

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l artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la garantía de seguridad jurídica, la cual dicta que ningún individuo puede ser molestado en su “persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento”.

Para proteger dicha garantía, el artículo 21 de la Carta Magna y su ley reglamentaria establecen que la seguridad pública corresponde a los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal.

En la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, se entiende como desaparición forzada “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado; o por personas –o grupos de personas– que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala ( Guerrero ), fueron perpetrados ataques en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como de jóvenes integrantes del equipo de futbol Los Avispones

y población de civiles que se encontraban en el lugar de los hechos.

El 3 de octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) emitió la Medida Cautelar Número 409/14.

Como atención a dicha medida, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional para investigar el paradero de los normalistas desaparecidos.

En noviembre del mismo año, se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la CIDH, el Estado Mexicano y representantes de víctimas; este acuerdo estableció la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ( GIEI ), al igual que los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos.

Lla Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) emitió la Medida Cautelar Número 409/14 por los ataques en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos

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Durante el año en que el GIEI trabajó, se emitieron dos informes acerca del caso Ayotzinapa.

En el primer informe ( 2015 ) se determinó que hubo 180 víctimas directas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, incluyendo seis personas ejecutadas extrajudicialmente.

En enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República ( PGR ), Jesús Murillo Karam, divulgó lo que catalogó como “la verdad histórica” del caso Iguala.

Añadió que el caso debía cerrarse, pues, de acuerdo con declaraciones de los detenidos, “los 43” habían sido asesinados e incinerados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en un basurero de Cocula.

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El 8 de abril de 2016, la “verdad histórica” de Murillo Karam se desmoronó, luego de que especialistas de la Universidad de Innsbruck publicaran su informe, tras analizar diversas muestras de ropa y cabellos de los desaparecidos, además de muestras óseas, provenientes del basurero de Cocula.

Tras las pruebas de ADN, ninguno coincidió con alguno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

El 17 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de decreto que declara el 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Hasta el momento, el caso sigue sin esclarecerse.

Impunidad

La organización civil Fundar publicó a principios de marzo de este año el informe ‘Yo solo quería que amaneciera: Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa’.

“Deriva de una recomendación de la CNDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ( GIEI ), de su segundo informe sobre el caso”, aseguró Ximena Antillón Najlis, coordinadora del proyecto.

En las 523 páginas del documento, se retoman las experiencias de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes del ese ataque.

Se realizó desde el punto de vista de lo psicológico, “lo humano y el costo de la impunidad”, explicó Antillón Najlis.

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“El título del informe está basado en la declaración de uno de los sobrevivientes del 25 de septiembre de 2014. La ilustración es de un niño que dibuja a su familia y deja el espacio vacío sobre el que debió dibujar a su hermano”.

Antillón Najlis informó que para la elaboración de este informe trabajaron no solo con los familiares de los 43 normalistas, sino que fueron más allá.

“Por ejemplo, el testimonio de una mujer que es líder de un colectivo en Nuevo León. Su hijo es estudiante y está desaparecido también”, dijo.

En la recolección de experiencias, el grupo que realizó el informe encontró un patrón.

“Fue como revivir su propio trauma y la experiencia de impunidad”, resaltando cómo en cada caso analizado la respuesta de las autoridades fue similar, o incluso la misma.

“En el caso de la mujer de Nuevo León, ella afirmó que fue como la desaparición de su hijo 43 veces”.

Hay otros casos como el de Rosendo Radilla, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en un autobús rumbo a Chilpancingo, Guerrero, y a quien no se volvió a ver, además de casos de feminicidios, aunque aclaró que no necesariamente se trata de desapariciones forzadas .

“Hay antecedentes y estudios realizados en México”.

En cierto sentido, el caso Ayotzinapa puede considerarse casi un “parteaguas” en el tema, por la ayuda internacional y la participación de diversos factores y entidades a lo largo de la investigación, dijo.

“No fue parteaguas, porque esperábamos una buena investigación que diera con el paradero y los responsables. En dicho sentido, fue una repetición de los demás casos”.

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“No se vale que las personas que están sufriendo por la desaparición de sus familiares sean revictimizadas”, aseguró Antillón Najlis.

También le exigió al Estado encontrar a los desaparecidos de Ayotzinapa, “encontrar y reconocer las causas estructurales que

hicieron que esto pasara; de lo contrario estamos siempre ante el riesgo de que esto se repita”.

“La primera medida de reparación es la verdad y la justicia. El Estado debe reconocer la falta de sustento científico de la ‘verdad histórica’; en otras palabras, reconocer que la verdad era mentira”.

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Durante el sexenio de Fox se registraron 22 asesinatos de periodistas. En el de Calderón, la cifra ascendió a 48, y en la administración de Enrique Peña Nieto suma ya 41, de acuerdo con el reporte ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’, de Article 19

Mordaza

Durante el sexenio de Vicente Fox se produjeron 22 asesinatos y cinco desapariciones de periodistas, según el reporte de Article 19 ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’.

En el periodo de Felipe Calderón, la cifra ascendió a 48 comunicadores asesinados y 15 desaparecidos.

Por su parte, el mandato comenzado en 2012 con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal suma ya 41 periodistas muertos y 4 desaparecidos.

De acuerdo con Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Article 19 México, 99.6 por ciento de las agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación quedan impunes.

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Se han documentado mil 986 agresiones en los últimos cinco años, de las cuales 8 por ciento fueron cometidas por el crimen organizado, mientras que 48 por ciento de los ataques son atribuidas a funcionarios públicos.

Aseguró que el informe revela la “falta total de interés por parte de la Administración actual a nivel federal y de las Administraciones estatales y municipales, así como el interés de amordazar mediante la violencia física o económica ( refiriéndose a la publicidad oficial ) las líneas periodísticas que pueden no resultarles afines.

“Desafortunadamente, el corte de caja de lo que va del sexenio, que va de salida, es bastante negativo. No tenemos avances pese a la existencia de una fisca-

lía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión; la impunidad supera la media nacional de cualquier delito que se cometa contra cualquier persona.

“Las personas que amenazan, que desaparecen y agreden, siguen libres y gozando de total impunidad”, comentó. “Tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no funciona, que debería trabajar a favor de las víctimas, pero al contrario, revictimiza”.

Maldonado añadió que en general existe una visión negativa del ejercicio de la protesta en espacio público, acompañada de una serie de leyes y regulaciones que pretenden restringir el uso del espacio público para protestar legítimamente.

Legalidad

En México, siete entidades federativas cuentan con una ley específica en materia de desapariciones forzadas. Son Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Querétaro; la mayoría de sus leyes fueron publicadas entre 2014 y 2015.

El informe sobre desapariciones forzadas, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano, destaca la legislación de Querétaro en esta materia y asegura que el marco jurídico estatal tiene como objetivos prevenir la desaparición de personas, tipificar los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares, inhibir la práctica de la desaparición de personas, así como no permitir ni tolerar dichas prácticas bajo ninguna circunstancia, sancionar a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición de personas, y dar reconocimiento y efectividad a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación del daño.

No obstante, la entidad cuenta con la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro, se establece una pena de 15 a 45 años al “servidor público o el particular que actúe con la autorización, el apoyo o aquiescencia de servidores públicos que priven de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

Querétaro cuenta con una de las leyes más completas a nivel nacional en este rubro; sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer en el país. De acuerdo

con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta enero de 2018 se registra a 34 mil 656 personas desaparecidas, de quienes poco más de 25 mil son hombres y 8 mil 974 son mujeres.

Según Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano ( ONC ), la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-

lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya representa un avance, pues “se busca construir y sistematizar información para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas”. Enfatizó que para que esto tenga éxito, es necesaria la voluntad política de las autoridades.

“La ley no va a resolver por sí sola el problema de las desapariciones forzadas e involuntarias”, añadió. amqueretaro.com/perfiles

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Boom de las ‘apps’ gubernamentales El gobierno electrónico es considerado como un elemento crucial de los cambios futuros en el sector público, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

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Patricia Ramírez fotos: Gustavo González y Cuartosocuro

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a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ) sugiere como "tema clave" para todos los países que integran el organismo garantizar la optimización continua del uso que hacen de las tecnologías de la información y comunicaciones ( TIC ) dentro del sector público y para la interacción con ciudadanos y empresas.

En su informe ‘Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México’, publicado en 2011, la OCDE considera que las TIC pueden generar confianza al hacer posible la participación ciudadana en el proceso de diseño de políticas públicas, fomentar un Gobierno abierto y responsable y prevenir la corrupción.

“El gobierno electrónico puede ayudar a que las voces indivi-

duales se hagan escuchar en debates masivos, al aprovechar las TIC para alentar a los ciudadanos a pensar de forma constructiva acerca de temas públicos, aplicando la tecnología para abrir el proceso de formulación de políticas públicas y adoptar políticas sobre calidad de la información y rendición de cuentas. Sin embargo, será necesario superar barreras importantes”.

Retos nacionales

En la Mesa Redonda sobre Gobierno Digital y Competitividad Empresarial, organizada por la OCDE en 2016, el secretario de la organización, Ángel Gurría, señaló que “pocos aspectos de las vidas de los ciudadanos están ajenos a la digitalización”.

Sin embargo, sacar el mayor provecho de esta realidad y canalizar los beneficios de la economía digital hacia el bienestar y la inclusión requieren la colaboración de los ciudadanos, las empresas y los gobiernos.

“El uso de tecnologías digitales entre los países de la OCDE se ha concentrado mayormente en la facilitación de trámites y servicios públicos para incrementar la competitividad empresarial por medio del gobierno electrónico”, explicó Gurría durante la inauguración de la mesa, en la que definió algunos retos que presenta el país con respecto a los miembros de la organización, entre ellos que 42 por ciento de los mexicanos utiliza el internet, mientras que el promedio es de 81 por ciento en otros países.

“Si bien entre los jóvenes de 16 a 24 años la situación mejora ligeramente, la brecha sigue siendo amplia. Solo el 70 por ciento de los jóvenes mexicanos utiliza el internet, muy por debajo del promedio OCDE de 96 por ciento”, afirmó.

Otras diferencias entre México y el resto de los países de la organización son el acceso a informaciones de autoridades públicas por parte de empresas e individuos, a través del Gobierno digital.

En promedio, 83 por ciento de las empresas de países miembros de la OCDE obtienen información de autoridades públicas por medio de servicios de e-gobierno, mientras que en México 73 por ciento de las empresas utilizan este servicio.

En cuanto a internet móvil, el informe ‘Tecnologías de información y comunicación en la administración pública: Conceptos, enfoques, aplicaciones y resultados’, editado por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación ( Infotec ), publicado en abril de 2017, ubica a México en la posición 12 de los 20 países con mayor número de usuarios y crecimiento de internet, con un crecimiento de mil 877 por ciento entre 2000 y 2013. amqueretaro.com/perfiles

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Lunes 26 de marzo, 2018

Gobierno móvil

La llamada Reforma Estructural de Telecomunicaciones promovida por el Gobierno federal convirtió el acceso a internet en un derecho constitucional y estableció por ley una política universal de inclusión digital.

El documento ‘Gobierno digital, estándar en aplicaciones móviles’, editado por el Gobierno federal, postula que, a raíz de las reformas, el número de usuarios de internet se incrementó de 46 millones 26 mil 45, en 2013, a 65 millones 520 mil 817. Asimismo, señala que el porcentaje de usuarios que utilizan internet para interactuar con el Gobierno creció de 1.1 por ciento, en 2013, a 22.2 por ciento, en 2016.

Para promover la interacción entre el Gobierno federal y los ciudadanos, se cuenta con 15 aplicaciones clasificadas en nueve categorías: salud, información, seguridad y justicia, energía y medioambiente, educación, economía, cultura y turismo, finanzas y contrataciones e infraestructura.

La aplicación más popular del Gobierno federal es IMSS Digital.

En marzo de 2018 superó un millón de descargas.

La aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social permite al usuario realizar diferentes trámites y consultas, como agendar citas, dar de alta y cambiar el Número de Seguridad Social ( NSS ), además de locali-

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zar las clínicas y hospitales más cercanos, gracias a servicios de geolocalización incorporados.

Hay otras aplicaciones como Gasoapp, de la Comisión Reguladora de Energía, que permite localizar la gasolinera más cercana o aquella con mejores precios; Afore Móvil, que facilita a los ahorradores llevar el control de su cuenta de Ahorro para el Retiro desde su dispositivo móvil, y 9-1-1 Emergencias, desde la cual se pueden reportar situaciones de emergencias desde cualquier

ubicación del país. Todas cuentan con 100 mil descargas.

Las dos aplicaciones menos populares son Denuncia la Corrupción y Espacios.gob.

La primera permite alertar sobre actos de corrupción cometidos por servidores públicos federales y que registra mil descargas. Mientras que la segunda es para uso exclusivo de funcionarios del Gobierno federal ysirve para administrar espacios de trabajo colaborativo. Suma 500 descargas.

En este período tuvo un crecimiento importante el número de usuarios de telefonía móvil, de acuerdo con el informe de Infotec, un centro de investigación y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación ligado al Conacyt.

En 2013, México alcanzó una tasa de penetración 88.3 por ciento. Este año, ronda 93.3 puntos porcentuales.

El informe de Infotec destaca que existen dos paradigmas en cuanto a Gobierno digital.

Por un lado, el paradigma participativo, que se refiere al uso de las tecnologías “con el propósito de mejorar la interacción entre el Gobierno y la sociedad para la consecución de políticas públicas”, mientras que el paradigma administrativo se refiere al uso de las tecnologías para alcanzar niveles de eficiencia más altos.

“Ambos enfoques buscan transformar alguna función o servicio público mediante la tecnología a fin de alcanzar diferentes valores u objetivos”, afirma.

La aplicación más popular del Gobierno federal es IMSS Digital que. En marzo de 2018 superó el millón de descargas. La menos utilizada, Espacios.gob, que es de uso exclusivo de funcionarios.

Suma 500 descargas amqueretaro.com/perfiles

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‘Apps’ estatales

En 2016, el Gobierno del estado anunció la aplicación Denuncia la Corrupción.

Al hacer una denuncia, la aplicación emite un folio y contraseña para dar seguimiento a la investigación y conocer su conclusión. En año y medio sumó 500 descargas.

IQT Transporte Público Querétaro permite reportar irregula-

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ridades en el servicio, consultar rutas y navegar en el sitio del Instituto Queretano de Transporte.

Registra 10 mil descargas.

El Gobierno del estado también cuenta con la aplicación TramitesRH, a través de la cual los empleados de la Administración pueden realizar trámites de constancias laborales e ingresar al intranet del Gobierno y a diversos trámites internos.

e-municipios

A nivel municipal existen esfuerzos por aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para acercar servicios públicos al ciudadano.

Específicamente, las administraciones municipales de Querétaro y Corregidora han logrado avances en el tema, con el lanzamiento de sus propias aplicaciones móviles.

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MIL DESCARGAS TIENE LA APP DEL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE

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MIL USUARIOS BAJARON LA APLICACIÓN MÓVIL DEL SISTEMA QROBICI

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MIL VECES FUE INSTALADA QUERÉTARO CIUDAD DIGITAL, DESDE LA QUE SE PUEDEN PAGAR SERVICIOS

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DESCARGAS SUMA CORREGIDORA CIUDADANA, QUE OFRECE INFORMACIÓN TURÍSTICA E INSTITUCIONAL El Municipio de Querétaro presentó su proyecto Ciudad Digital con el fin de "hacer más eficiente la gestión pública a través de la transformación de la forma del Municipio de modo que permita responder de manera más rápida, sencilla y certera ante las demandas ciudadanas". Entre las estrategias planteadas se incluyen conectar a la ciudad con internet, ofrecer todos los trámites en línea y la creación de la aplicación municipal Querétaro Ciudad Digital. amqueretaro.com/perfiles

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Querétaro Ciudad Digital, que cuenta con más de 10 mil descargas, permite hacer trámites, consultar servicios, hacer reportes ciudadanos y pagar servicios como el predial en línea, con previo registro.

Otras aplicaciones del Municipio de Querétaro disponibles en las tiendas de ‘apps’ en línea son Visita Querétaro, que incluye información turística del municipio y que contabiliza más de 500 descargas; y la aplicación AEM QRO 2017, que permite acceder a la información del Anuario Económico Municipal publicado por el Gobierno municipal el año pasado. La más reciente de todas es QroBici, creada para utilizar el sistema de bicis compartidas del mismo nombre y que, a una semana de la puesta en marcha del sistema de movilidad, contabilizaba 5 mil descargas.

El Municipio de Corregidora cuenta con tres aplicaciones móviles; la primera, lanzada en 2016 bajo el nombre de Mi Ciudad, les permite a los usuarios solicitar distintos servicios y enviar a las diferentes dependencias sus denuncias sobre baches, fallas o falta de alumbrado, semáforos en mal funcionamiento y áreas verdes que necesiten mantenimiento, así como reportes de incendios, robos, vehículos o personas sospechosas en la vía pública y accidentes automovilísticos.

En enero de 2018, el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora lanzó la aplicación Alerta Mujer enfocada a atender emergencias de mujeres, permitiéndoles a las usuarias recibir apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ( SSPyTM ) y acompañamiento profesional, ante situaciones de violencia.

“Herramientas como esta facilitan la cultura de la denuncia; le estamos apostando a proyectos como este para que la

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mujer pueda acceder y sepa a qué autoridades tiene que recurrir para denunciar cuando es víctima de algún tipo de violencia”, comentó Cristina Fernández de Cevallos, directora del Instituto Municipal de la Mujer durante la presentación de Alerta Mujer.

A tres meses de su lanzamiento, la aplicación suma 50 descargas en Google Play.

El Municipio cuenta también con la aplicación Corregidora Ciudadana, que ofrece información turística e institucional sobre el municipio y cuya última actualización fue en febrero de 2016, y que hasta marzo de 2018 contabiliza 100 descargas.

El informe de Infotec sobre 'Tecnologías de información y comunicación en la administración pública' considera que el uso de las aplicaciones móviles en el

sector público “se percibe prometedor”, ya que los niveles de penetración tanto de Internet como de la telefonía móvil crecen de manera, pero existen retos como el desarrollo, mantenimiento y evaluación de las aplicaciones móviles en la región.

“La inversión más importante en este tipo de proyectos es la de contar con un equipo de trabajo formado por individuos dentro y fuera del Gobierno en un ambiente que abrace la innovación.

Personal capacitado y debidamente entrenado no solo en la parte técnica y administrativa, sino para la parte de mantener un contenido valioso para los usuarios y de llevar a cabo la colaboración y coordinación que a la larga es un costo oculto de cualquier proyecto”, afirma el documento.