JURISPRUDENCIA SOBRE EXTRADICIÓN PASIVA CÓDIGO PENAL

JURISPRUDENCIA SOBRE TRAMITACIÓN DE EXTRADICIONES PASIVAS SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Edición y diseño: Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos Corte Suprema de Chile Año de publicación: 2020

ÍNDICE I.

Antecedentes de contexto

Pag. 1

II. Abreviaturas

Pag. 1

III.

Justificación y finalidad del documento sobre el PEPC

Pag. 2

IV.

Metodología y limitaciones del documento

Pag. 2

V.

Etapas del PEPC

Pag. 4

A.

Ingreso y designación del Ministro Instructor

Pag. 6

B.

Procedimiento aplicable (artículo 485 inc. 2° CPP)

Pag. 6

C.

Detención previa o preventiva

Pag. 8

D.

Pedido formal de extradición

Pag. 12

E.

Período de discusión (artículos 651 y 652)

Pag. 20

F.

Citación a oír sentencia

Pag. 23

G.

Sentencia definitiva

Pag. 23

H.

Recurso de apelación o Consulta

Pag. 24

I.

Efectos del fallo de extradición pasiva

Pag. 25

J. Desistimiento

Pag. 25

K.

Extradición Simplificada (no regulada en el PEPC)

Pag. 25

VI.

Otros aspectos relevantes del PEPC

Pag. 26

A.

Medidas cautelares personales en el PEPC

Pag. 26

i.

Derogación tácita del artículo 650 del CdPP

Pag. 27

ii.

Aplicación en el PEPC de las medidas cautelares previstas en el CPP

Pag. 29

iii.

Efectos del fallo de primera instancia que rechaza la extradición sobre las medidas cautelares personales.

Pag. 32

B.

Estándar para acceder a la extradición previsto en el artículo 647 N° 3 del CdPP

Pag. 33

C. Notificaciones

Pag. 37

i.

Primera notificación: pedido de detención previa o de extradición

Pag. 38

ii.

Notificación de la sentencia definitiva de primera instancia

Pag. 40

iii.

Notificación del “cúmplase” de la sentencia definitiva de segunda instancia

Pag. 44

iv.

Notificación de la resolución sobre libertad provisional o sobre modificación de cautelares personales

Pag. 46

v.

Notificaciones al Ministerio Público Judicial en el PEPC

Pag. 48

vi. Notificación del “traslado” al requerido tras el informe de la Fiscalía Judicial

(artículo 652 del CdPP)

Pag. 51

vii.

Notificaciones a través medios electrónicos por aplicación del artículo 8° de la ley N° 20.886

Pag. 53

D.

Formas anticipadas o anómalas de término en el PEPC

Pag. 57

VII. ANEXOS

Pag. 60

A. Individualización de las causas de extradición pasiva consultadas

Pag. 60

B.

Pag. 62

Declaraciones indagatorias prestadas en el PEPC

El 16 de junio de 2005, la Reforma Procesal Penal entró en vigencia en todo el territorio nacional; sin embargo, tratándose del procedimiento especial de extradición pasiva, el artículo 4851 del Código Procesal Penal dispuso que aquellos pedidos de extradición que versaran sobre hechos anteriores a esa fecha debían continuar siendo tramitados conforme a las reglas del procedimiento de extradición pasiva previo, establecido en el antiguo Código de Procedimiento Penal.

Atendido que se trata de un procedimiento enmarcado en el sistema inquisitivo –basado en principios procesales disímiles a los del moderno proceso penal–, y atendido además la poca exhaustividad de sus reglas y su paulatino desuso, el presente trabajo tiene por objeto devenir una herramienta de utilidad para el análisis de los principales aspectos del antiguo procedimiento de extradición pasiva, construida a la luz de la jurisprudencia asentada por los propios Ministros Instructores de dichas causas.

1. Reformado por la ley N° 20.074, publicada el 14 de noviembre de 2005.

I. Antecedentes de contexto 1. Con el objeto de construir una herramienta útil para el análisis de los principales aspectos del antiguo procedimiento de extradición pasiva, el cual se encuentra previsto en el Libro III, Título VI, Párrafo 2°, del Código de Procedimiento Penal, la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH) de la Corte Suprema, ha dispuesto la elaboración de un documento que analiza dicho procedimiento, a la luz de la jurisprudencia asentada por los propios Ministros Instructores de dichas causas.

2. Dicho procedimiento, conforme lo dispone el artículo 485 del Código Procesal Penal, es aplicable a los pedidos de detención previa y de extradición que versan sobre delitos cometidos antes del 16 de junio de 2005, fecha en que entró en vigor el mencionado código en todo el territorio nacional, el que introduce un nuevo procedimiento especial de extradición pasiva aplicable a aquellos pedidos fundados en hechos acaecidos con posterioridad la fecha indicada.

II. Abreviaturas 3.

En el presente trabajo se utilizarán las siguientes abreviaturas:

a.

PEPC: procedimiento de extradición pasiva regulado en el Código de Procedimiento Penal, o procedimiento de extradición pasiva del crimen.

b.

PEPR: procedimiento de extradición pasiva regulado en el Código Procesal Penal, o procedimiento de extradición pasiva reformado o de reforma.

c.

CPP: Código Procesal Penal.

d.

CdPP: Código de Procedimiento Penal.

e.

CPC: Código de Procedimiento Civil.

f.

COT: Código Orgánico de Tribunales.

g.

SCS: Sentencia definitiva de la Corte Suprema (de la Sala Penal).

h.

SMCS: Sentencia definitiva del Ministro o Ministra Instructor/a.

i.

RMCS: Resolución (no sentencia definitiva) del Ministro o la Ministra Instructor/a.

j.

MINREL: Ministerio de Relaciones Exteriores.

k.

CAJ: Corporación de Asistencia Judicial.

1

III. Justificación y finalidad del documento sobre el PEPC 4. Luego de la entrada vigencia del CPP, en todo el territorio nacional, han convivido dos procedimientos de extradición pasiva. En ese sentido, son varias la razones que explican la necesidad este trabajo: (i) Primero, como es natural, se ha reducido el volumen de ingresos que se tramitan conforme al PEPC, significando esta menor frecuencia una suerte de caída en “desuso” de las reglas aplicables; (ii) Segundo, se ha hecho patente la insuficiencia y falta de exhaustividad de las reglas de este procedimiento (del Libro III, Título VI, Párrafo 2°, del CdPP), sin que se regule las figuras de detención previa y extradición simplificada o la procedencia de medidas cautelares personales alternativas, entre otros aspectos relevantes de la tramitación; y (iii) Tercero, el procedimiento se enmarca en el antiguo sistema inquisitivo, estructurado en base a principios procesales (escrituración, actuación de oficio, orden consecutivo discrecional, privación de libertad) que son ajenos e incluso entran en tensión con los principios vigentes en el proceso penal reformado.

5. En ese contexto, los distintos Ministros de la Corte Suprema, en cuanto tribunal unipersonal competente de primera instancia, han desarrollado diversos criterios al tramitar las extradiciones bajo el PEPC, en la interpretación y aplicación de normas de procedimiento cuyo sentido y alcance deja un espacio o margen abierto a la discreción judicial.

6. Por este motivo, el presente trabajo busca dar cuenta, caracterizar y sistematizar dichos criterios según las distintas etapas y trámites del procedimiento, teniendo como principal fuente los propios expedientes de tramitación de extradiciones pasivas bajo el PEPC, con referencia expresa al proceso de que se trata y al Ministro o Ministra Instructora respectiva.

7. La finalidad de este trabajo es proporcionar una herramienta a los Ministros Instructores, que ilustre sobre los criterios aplicados previamente y sirva de apoyo en la tramitación de procesos regidos por las reglas del PEPC.

IV. Metodología y limitaciones del documento 8. Según los registros internos de la DAIDH y a la luz de la información que puede ser extraída del sistema de tramitación digital SITSUP, desde el año 2002 a la fecha existen, aproximadamente, 300 causas de extradición pasiva tramitadas conforme a las reglas del antiguo CdPP. Por otro lado, el acceso a estos expedientes es limitado, pues la mayor parte de ellos se encuentra archivado, mientras que el sistema de tramitación virtual de la Corte Suprema (SITSUP) no siempre refleja en forma íntegra el contenido de las causas, dependiendo del año de ingreso2.

2. Los expedientes digitales se encuentran en forma íntegra a partir del 18 de diciembre de 2016, fecha en que entró en vigencia en todo el territorio nacional la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica. Hacia el final de este apartado se profundizará sobre esta limitación.

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9. En ese sentido, se adopta una metodología cualitativa, que caracterice el PEPC y sus etapas a partir de una muestra conformada por 46 causas de extradición pasiva, tramitadas conforme al procedimiento previsto en el CdPP. Se trata, por lo tanto, de una muestra significativa, ya que los casos fueron seleccionados por revestir interés para el documento, con el fin de recoger y dar cuenta de las diversas formas de dar curso al PEPC y de interpretar y aplicar sus normas.

10. Así, para determinar las causas o expedientes de interés, la primera fuente consistió en entrevistas personalizadas a profesionales de la DAIDH3 que se hubieren desempeñado en forma directa en la tramitación de este tipo de extradición pasiva, como apoyo a los Ministros Instructores.

Adicionalmente, además de las causas identificadas en estas entrevistas, se buscó en los registros de la DAIDH y se obtuvo del sistema SITSUP, extradiciones que cumplieran con dos factores: (i) causas ingresadas después del 16 de junio de 20054 hasta la actualidad –es decir, el periodo en que conviven dos procedimientos especiales en la materia: el de crimen y el reformado5–; y (ii) causas que hubiesen sido conocidas por diferentes Ministros, con la finalidad de proveer a la muestra de la mayor diversidad posible, dentro de las posibilidades del estudio.

11. De esta forma, se llegó a una muestra conformada por 46 procesos de extradición pasiva tramitados conforme al PEPC, los que se detallan desde el más reciente hasta el más antiguo según el año de ingreso, en un anexo al final de este trabajo.

12. Es preciso advertir, como ya hemos señalado, que gran parte de estas causas se encuentran archivadas, de modo que la principal vía de acceso a éstas fue el sistema de tramitación virtual de la Corte Suprema (SITSUP), cuyos expedientes electrónicos no siempre reflejan íntegramente la substanciación de cada causa, dependiendo de su época de tramitación. Por lo tanto, las afirmaciones plasmadas en este trabajo, se realizan bajo estas condiciones y limitaciones. En efecto, cabe recordar que solo a partir del 18 de diciembre de 2016 los expedientes digitales registran en forma íntegra el contenido de cada proceso6, ya que en dicha fecha comenzó a regir la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica en todo el país. En tanto que, antes de eso, el sistema SITSUP contiene las sentencias, resoluciones y actuaciones del Tribunal7, y al menos a partir del año 2014 constan también las presentaciones de las partes digitalizadas.

3. Los entrevistados corresponden a: Pedro Meza, Bárbara Almendras, Yilen Lozan, Alejandra Inalaf, Gerardo Oyarzún, Claudio Bussenius, Rubén Bustamante y Shajar Salinas. Asimismo, también resultó de gran ayuda el aporte de don Eduardo Sepúlveda, abogado de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.

4. Solo una causa consultada ingresó antes de esta fecha (“Wilfredo Hinojosa”, Rol N° 3384-2002, Min. M. Juica) y se incluyó en este compendio por una decisión específica, que utilizó un criterio relevante respecto al cierre de la investigación (véase Infra: V, D).

5. Buscando dar cuenta sobre las discusiones más recientes que se han suscitado, así como reflejar la influencia del nuevo proceso penal en el PEPC. 6. Sin perjuicio de que existen casos de excepción, en que por expresa decisión del Tribunal ciertas piezas del expediente se han mantenido en reserva, solo “en papel”, en el expediente físico (como en algunas piezas al comienzo de “Carlos Cardoen Cornejo”, Rol N° 7744-2019).

7. Al menos en las causas consultadas, a partir del año 2002.

3

V. Etapas del PEPC 13. Las extradiciones pasivas que versan sobre delitos cometidos antes del 16 de junio de 2005, deben tramitarse conforme al procedimiento previsto en el Libro III, Título VI, Párrafo 2° del Código de Procedimiento Penal (artículos 644 a 656). Este procedimiento puede esquematizarse bajo los siguientes pasos o etapas: a.

Ingresa el pedido de detención previa o de extradición a la Corte Suprema, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es designado por el Presidente de la Corte Suprema, un Ministro Instructor según el turno previsto en el autoacordado N° 84-2019.

b.

Se debe determinar el procedimiento aplicable, en virtud del artículo 485 inciso 2° del CPP (sea que se trate de una solicitud de detención previa o derechamente de extradición).

c.

Solicitud de detención previa o preventiva.

d.

Pedido formal de extradición

e.

Período de discusión (Informe Fiscal Judicial / traslado a los intervinientes)

f.

Citación a oír sentencia

g.

Sentencia definitiva

h.

Recurso de apelación o consulta

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PROCEDIMIENTO EXTRADICIÓN PASIVA, CRIMEN Art. 644 a art. 656 CPP

1° Resolución Presidente de C.S. designa Ministro Instructor quién conoce en 1a instancia

Despacha la orden de detención

Se deben cumplir los requisitos del procedimiento de crimen y los tratados internacionales ej: art. 646, 648 y Art. X Convención de Montevideo.

Evacuado el traslado de la Fiscalía Judicial, se da traslado al procesado por un máximo de 20 días y con su contestación, o en su rebeldía, se citará para oír sentencia:

Cierre de la investigación, traslado a la Fiscalía Judicial

Observación, en algunos casos se ha tomado nuevamente la declaración del art. 649 CPP, al formalizarse el pedido de extradición.

1º Resolución Presxidente de C.S. designa Ministro Instructor quién conoce en 1ra instancia

Desde la resolución "cítese a oír sentencia”, hay un plazo de 5 días para dictar la sentencia.

Observación: si el Estado requirente hubiere encargado su representación a alguna persona , este abogado será oído en primer lugar, en seguida el procesado y el último lugar el Fiscalía Judicial.

Procede recurso de apelación dentro de quinto día

Si la sentencia accede al pedido

Si no es apelada la sentencia, pasará a consulta en la segunda sala de la Excma. C.S.

Si la sentencia rechaza el pedido

Pero si la sentencia deniega la extradición, el mismo juez procederá a poner en libertad al procesado, y la Corte comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores el resultado del juicio, incluyendo copia autorizada de la sentencia que en él hubiere recaído.

Formaliza su pedido de extradición dentro de plazo Despacha la orden de detención No formaliza dentro de plazo Se deben cumplir los requisitos del procedimiento de crimen y los tratados internacionales ej: art. 646, 648 y Art. X Convención de Montevideo.

DAIDH

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Se libera al sujeto requerido, sin perjucio de la posibilidad de que el Estado requirente pueda formalizar con posterioridad su pedido, caso en el cual el sujeto requerido puede ser citado a audiencia.

14. A continuación, se examinará cada una de estas etapas, analizándolas en lo pertinente y describiendo la forma en que diversos Ministros Instructores les han dado curso. Adicionalmente, hacia el final de este capítulo, se agregan tres secciones relativas a: los efectos del fallo de extradición pasiva, la figura del desistimiento del Estado requirente y la ausencia de una regla de extradición simplificada en el PEPC. A. Ingreso y designación del Ministro Instructor 15. Ingresado el respectivo pedido al sistema de tramitación digital SITSUP, la causa se asigna mediante resolución del Presidente de la Corte Suprema al Ministro que corresponda, según el turno definido en el auto acordado sobre Distribución de Turnos de Ministros Instructores de Extradiciones Pasivas, contenido en el acta N° 84-2019, de 4 de junio de 20198.

B. Procedimiento aplicable (artículo 485 inc. 2° CPP) 16. En la generalidad de los casos, si los hechos imputados al requerido fueron cometidos antes del 16 de junio de 2005, la solicitud de detención previa o de extradición se tramita conforme a las reglas del PEPC9. Sin embargo, se registra una jurisprudencia minoritaria que determinó la aplicación del PEPR, aun cuando el requerimiento versaba sobre hechos previos a esa fecha.

17. Así, en “José Domingo Guerrero Ibacache”, se interpretó que la norma del artículo 48510 del CPP, al hacer alusión a “hechos”, debe entenderse también “las solicitudes de extradición pasiva o de detención previa que ingresan a la Corte Suprema para su debida tramitación”, siendo relevante “la fecha de las mencionadas solicitudes, y en modo alguno la de ocurrencia del hecho delictual que ha dado origen a las peticiones de extradición pasiva o detención previa”. De modo que, al recibirse la petición de detención preventiva de la República Argentina el 23 de julio de 2014, se entiende que ésta referiría por tanto a hechos realizados cuando estaba vigente el CPP en Chile.

8. Véase el acta N° 84-2019: “Primero. La asignación de causas de extradición pasiva y de solicitudes de detención previa con fines de extradición a un ministro o ministra instructor se hará a través de una resolución del presidente, considerando un sistema de turno, el que comenzará por aquel de menor antigüedad hasta llegar al de mayor antigüedad”.

9. Véase, entre otras, las extradiciones Rol N° 29038-2019; 8343-2019; 7744-2019; 20316-2018; 4127-2018; 45530-2017; 54512013; 3384-2002; etc.

10. “Art. 485 [inc. 2] A partir del 16 de junio de 2005, también se aplicará a las solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que reciba la Corte Suprema, que versen sobre hechos ocurridos en el extranjero con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código en la Región Metropolitana de Santiago. En consecuencia, los Ministros de esa Corte a quienes, en virtud del número 3° del artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, correspondiere conocer las extradiciones pasivas que versen sobre hechos acaecidos con anterioridad a dicha entrada en vigencia, continuarán aplicando el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal”.

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Además, esta resolución enfatiza que parte de los hechos ocurrieron después del 16 de junio de 2005 –pues se imputó el delito de abuso sexual agravado, en carácter reiterado, cometidos desde el día 29 de septiembre de 1997 al 3 de febrero de 2009–, agregando que el PEPR aplicable “resulta también más garantista que el antiguo Código de Procedimiento Penal”11 .

18. Asimismo, en otro caso similar, en que los Estados Unidos fundó su pedido en los delitos de robo, desfalco y malversación, cometidos entre el 31 de diciembre de 2003 y el 27 de marzo de 2009, también se adoptó el procedimiento reformado, siguiendo al parecer el mismo criterio12.

19. Por último, también se detectaron dos procesos en que se dio aplicación al PEPR, respecto de pedidos de extradición motivados en hechos previos al 16 de junio de 2005. Sin embargo, ambos casos se iniciaron durante la vigencia del artículo 485 original13del CPP, distinto a la regla actualmente en vigor y que cuyo tenor fue introducido por la ley N° 20.074, de 14 de noviembre de 2005.

Se trata de las extradiciones caratuladas “José Salina Guerra”14 y “Edgardo Borobio Guede”15, casos en que, una vez publicada la ley N° 20.074, se decretó la sustitución del procedimiento, aplicándose el PEPC.

11. RMCS, 26.8.2014, Rol N° 21847-2014, Min. N. Segura.

12. SMCS, 3.5.2011, Rol N° 9270-2010, Min. N. Segura. Se indica “al parecer” porque no consta en el expediente virtual discusión o argumentos para esa decisión.

13. “Artículo 485.- Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el extranjero. Este Código se aplicará a partir de su entrada en vigencia en la Región Metropolitana de Santiago, respecto de aquellos hechos que acaecieren en el extranjero y fueren de competencia de los tribunales nacionales.

Asimismo, se aplicará a partir de esa fecha, a las solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que recibiere la Corte Suprema. En consecuencia, los Ministros de esa Corte a quienes, en virtud del artículo 52, Nº3, del Código Orgánico de Tribunales, correspondiere conocer las extradiciones pasivas solicitadas con anterioridad, continuarán aplicando el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal”.

14. RMCS, 18.10.2005, Rol N° 4149-2005, Min. N. Segura P. 15. RMCS, 26.7.2005, Rol N° 3129-2005, Min. J. Rodríguez E. En este proceso, como se dijo, a la luz del primitivo art. 485 y fundándose el requerimiento en un delito presuntamente cometido en 1998, la causa se tramitó conforme al procedimiento reformado, rechazándose el incidente de sustitución de procedimiento, fundado principalmente en que: (i) aplica el principio según el cual las leyes procesales rigen in actum; (ii) principio que sería corroborado por el artículo 485 del CPP; (iii) además, la representación del Ministerio Público se reduce a aportar los antecedentes que le proporcione el Estado requirente, para demostrar la procedencia de la extradición, no pudiendo investigar los hechos ocurridos en el extranjero; y (iv) “por lo tanto resulta indiferente que aquéllos sean anteriores o posteriores a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, pues basta al efecto la data de formalización del requerimiento, como lo ordena perentoriamente el citado artículo 485, inciso 2°, del Código Procesal Penal”. Y, a mayor abundamiento, agrega (v) que el texto del inciso 2° del artículo 485 del CPP “resulta literalmente claro en el sentido que el nuevo procedimiento penal debe aplicarse a partir de la entrada en vigencia de la reforma a las solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que recibiere la Corte Suprema”.

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A. Detención previa o preventiva 20. La solicitud detención previa es uno de los aspectos omitidos por el PEPC, pues no la contempla expresamente como una forma de inicio del procedimiento. En contraste, el PEPR regula expresamente en el artículo 442 del CPP: (i) las menciones mínimas que debe cumplir la petición de detención preventiva; (ii) el plazo máximo, una vez concretada, de dicha detención (la que indique el tratado o, en su defecto, hasta dos meses); y (iii) el momento a partir del cual se cuenta dicho plazo (la notificación de la detención al Estado requirente).

21. El PEPC carece de reglas que refieran expresamente a esta materia, sin embargo, en cuanto a su procedencia la tramitación es similar a la del PEPR, ya que, básicamente, el Tribunal realiza un examen de admisibilidad del pedido de detención previa, en base a los requisitos previstos en el tratado aplicable y en el CdPP (que se derivan de los artículos 64616 y 64817). Así, a modo ejemplar, se puede mencionar el artículo X de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, que faculta a los Estados parte a solicitar, por cualquier medio, la detención provisional o preventiva de un individuo, siempre que: (i) “exista a lo menos una orden de detención dictada en su contra”; y (ii) “ofrezca pedir oportunamente la extradición”; debiendo presentar el pedido formal, dentro de un plazo máximo de dos meses, carga similar a la que impone el artículo 366 del Código de Derecho Internacional Privado (o Código Bustamante), ratificado por Chile el 6 de septiembre de 193318. Mientras que, por su parte, el artículo 648 del CdPP, contempla el arresto del requerido, concurriendo las siguientes circunstancias: (i) si se encuentra establecida su identidad; (ii) si se presenta la sentencia que lo haya condenado o el decreto de prisión expedido en su contra; y (iii) “que el delito imputado sea de aquellos que autoricen la extradición y que el auto de prisión se funde en motivos que hagan presumir la culpabilidad del procesado”19 .

16. Art. 646.- Si los antecedentes [del pedido de extradición] dan mérito, se decretará el arresto del procesado. [inc. 2] Para decretar el arresto se procederá conforme a lo establecido en el párrafo 2° [De la detención] del Título IV [De la citación, detención, prisión preventiva y arraigo], primera parte del Libro II. 17. Art. 648.- […] se decretará el arresto del procesado una vez establecida su identidad, siempre que se presentare la sentencia que lo haya condenado o el decreto de prisión expedido en su contra por el tribunal que conozca de la causa, y con tal que el delito imputado sea de aquellos que autoricen la extradición y que el auto de prisión se funde en motivos que hagan presumir la culpabilidad del procesado.

18. La diferencia entre el artículo 366 y el artículo X, citados, radica en que el plazo de dos meses se cuenta desde la detención del sujeto, en el primer caso; mientras que en el segundo, se computa desde que se notifica al Estado requirente el hecho de la detención.

19. Si se estima aplicable esta regla a la detención previa, parece más exigente que el artículo 442 del CPP. Cfr.: “Art. 442.- Detención previa. Antes de recibirse la solicitud formal de extradición, el Ministro de la Corte Suprema podrá decretar la detención del imputado, si así se hubiere estipulado en el tratado respectivo o lo requiriere el Estado extranjero mediante una solicitud que contemple las siguientes menciones mínimas: a) La identificación del imputado; b) La existencia de una sentencia condenatoria firme o de una orden restrictiva o privativa de la libertad personal del imputado; c) La calificación del delito que motivare la solicitud, el lugar y la fecha de comisión de aquél, y d) La declaración de que se solicitará formalmente la extradición”.

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22. De este modo, en algunos casos, satisfaciéndose estos requisitos, se ha accedido a la detención previa en la primera resolución con el mérito de los antecedentes acompañados y en virtud de lo dispuesto en la normativa mencionada20, pudiendo solicitarse otros antecedentes en forma paralela21. En caso contrario, advirtiéndose que los antecedentes acompañados no cumplen las exigencias, se ha rechazado la petición, como ocurrió en la causa “Karin Osilia Ramirez Delgado”, donde se resolvió: “Atendida la falta de antecedentes que justifiquen la urgencia de la medida cautelar requerida […], no ha lugar a la solicitud de detención preventiva” 22; y en “Heiner Danilo Bueno Mattos”, caso en el que la detención previa fue rechazada por no encontrarse tipificado en Chile el delito de terrorismo, atribuido al sujeto requerido23(véase infra: VI, D, § 152).

23. En otros casos, se ha dictado un previo a resolver, donde el Ministro tiene por recibidos los antecedentes y se requiere al Estado solicitante subsanar los defectos de su presentación. Así, a modo ejemplar, antes de resolver sobre la detención previa, se ha ordenado: a.

Recabar por intermedio del Minrel copia de la orden de detención dictada por la justicia del Estado requirente24.

b.

Indicar la fecha de comisión de los delitos objeto del requerimiento (además, para determinar el procedimiento aplicable25).

20. Como ocurrió en: RMCS, 15.10.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D.; RMCS, 25.1.2017, Rol N° 2863-2017. Min. M. Juica; RMCS, 28.12.2017, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval.

A modo de ejemplo, véase RMCS, 9.5.2018, Rol N° 8399-2018. Min. C. Cerda: “En mérito de los antecedentes adjuntados y lo dispuesto en el artículo XII del Tratado de Extradición entre Chile y Colombia, suscrito el 16 de noviembre de 1914, dése orden de detención preventiva”.

21. La RMCS, 28.12.2017, Rol N° 45530-2017 (Min. M. Sandoval), además de ordenar la detención, dispuso “recabar en forma urgente del país requirente… traducción íntegra de las normas penales aplicables y de la orden de ejecución para encarcelamiento del reclamado, acompañadas en forma incompleta a la solicitud”.

22. RMCS, 22.12.2014, Rol N° 32046-2014. Min. H. Carreño S. 23. RMCS, 10.9.2014, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. 24. RMCS, 20.8.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. Luego, acompañada la orden por el Estado requirente, se despachó orden de detención.

25. Se indica que los hechos ocurrieron “en fecha que no es posible determinar con exactitud pero ubicable dentro de un período que se iniciaría cuando el denunciante […] tenía 11 años y que culminara cuando éste ya había cumplido 13”, sin señalar en qué época el denunciante tenía 11 años ni cuál es su edad actual. Más tarde se estableció la fecha con los certificados de nacimiento de las víctimas. RMCS, 14.3.2018, Rol N° 4127-2018. Min. A. Prado P.

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c.

Recabar copia de la sentencia condenatoria y de la orden de detención dictada en contra del requerido y, asimismo, indicación precisa del lugar donde ocurrieron los hechos que motivan la solicitud, del tiempo que el requerido permaneció privado de libertad en razón de los mismos y de aquél que le resta por cumplir de la condena26.

24. Con todo, aun cuando la petición cumpla con las exigencias formales, es posible que no se decrete la detención en la primera actuación, sin antes comprobar que el sujeto requerido se encuentra en el país, como un presupuesto para el procedimiento de extradición pasiva. En ese caso, la resolución dispone oficiar a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional; y a la Oficina Central Nacional Interpol, ambas de la Policía de Investigaciones (PDI) para que informen historial de movimientos migratorios y el paradero del requerido, respectivamente27.

25. Asimismo, hay casos en que concretada la detención se ha dispuesto de oficio que ésta no subsista, otorgando el Tribunal la libertad bajo fianza del sujeto prevista en el CdPP28; o sustituyendo la detención previa o prisión preventiva por medidas cautelares menos intensas, como firma semanal y arraigo, por aplicación el régimen de cautelares del CPP29(véase infra: VI, A, ii).

26. Un caso singular es el caratulado “Carlos Cardoen Cornejo”, ya que no se dispuso la detención previa del requerido; sino que, en primer lugar, la confirmación de su domicilio, y luego se le despachó una citación judicial. Una vez que compareció el requerido, el Ministro Instructor resolvió la petición de detención preventiva de los Estados Unidos, decretando el arresto domiciliario total fundado en el siguiente razonamiento: “3° Que el requerimiento de Estados Unidos constituye una medida cautelar de aseguramiento de la persona del requerido para el juicio de extradición.

Dicha finalidad, atendido el mérito de los antecedentes, que dan cuenta que el requerido se encuentra en el país desde hace muchos años y en un lugar conocido, se satisface sobradamente con la medida de arresto domiciliario completo que se decretará”; resolviendo: “Ha lugar a la solicitud

26. RMCS, 22.8.2018, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M. 27. RMCS, 14.8.2013, Rol N° 5451-2013, Min. G. Chevesich: “Para resolver, ofíciese a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que informe a este Tribunal si el requerido […], se encuentra dentro del territorio nacional, informando, a su vez, su actual residencia. Asimismo, ofíciese al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile para que remita el extracto de filiación del aludido precedentemente”.

Véase también RMCS, 30.11.2018, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M.; RMCS, 9.12.2008, Rol N° 7467-2008. Min. H. Brito.

28. RMCS, 25.10.2013, Rol N° 5451-2013, Min. S. Muñoz G. (s).

29. RMCS, 17.10.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. Los fundamentos se explican en el apartado dedicado a las medidas cautelares en PEPC.

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del Gobierno de Estados Unidos, de cautelar la asistencia del ciudadano chileno […] a los actos del juicio de extradición anunciado, sólo en cuanto se decreta su arresto domiciliario total […], bajo la tuición de la Policía de Investigaciones”30. Otros casos en que se dispuso solo la citación de la persona requerida, en lugar de su detención previa, son: “Marco Antonio Aliaga Zorrilla”31 y “Karín Osilia Ramírez Delgado” 32.

27. Por otro lado, en la generalidad de los casos se toma declaración al detenido tal como lo dispone el artículo 649 CdPP; sin perjuicio de que una vez formalizada la solicitud de extradición la indagatoria del requerido vuelve a prestarse, y en general, con mayores detalles. Así ocurrió en las causas “Marco Antonio Aliaga Zorrilla”33, “Ángel Rojas Pailamilla”34, “Sergio Ibarra Ibarra”35, “Juan Venegas Vergara”36, entre otras. No siempre se toma esta declaración con la detención previa, pudiendo solo ser notificado el requerido de la solicitud de detención previa dictada en su contra37.

28. Plazo para formalizar el pedido de extradición. Concretada la detención previa, el Estado solicitante tiene la carga procesal de presentar el pedido formal de extradición, dentro del plazo previsto en el tratado o la convención aplicable y en su defecto el PEPC no contempla un plazo, siendo posible aplicar el establecido en el artículo 442 del CPP. Si no se formaliza la extradición oportunamente, no puede subsistir la cautelar personal38. En los casos en que así ha ocurrido, lo usual es que se certifique este hecho, decretándose luego la orden de libertad o el cese de las medidas cautelares decretadas y el archivo de los antecedentes, comunicando lo resuelto al Estado solicitante por intermedio del MINREL39. En “Marco Antonio Aliaga Zorrilla” el sujeto pedido no estaba detenido, de modo que se alzó el arraigo decretado, al expirar el plazo para formalizar40. Lo anterior no obsta a que el Estado requirente pueda reactivar la causa, a través del pedido de extradición41.

30. RMCS, 16.4.2019, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 31. RMCS, 24.10.2006, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E. 32. RMCS, 10.4.2017, Rol N° 2863-2017. Min. M. Juica A. 33. RMCS, 3.11.2006, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E. 34. RMCS, 16.9.2015, Rol N° 8465-2015, Min. M. Sandoval G. 35. RMCS, 27.4.2018, Rol N° 4127-2018. Min. A. Prado P. 36. Vía exhorto, con fecha 8.11.2019, Rol N° 29038-2019.

37. Constancia de 17.10.2018 (secretario M. Doering), Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 38. Véase artículos 366 del Código de Derecho Internacional Privado, X de la Convención sobre Extradición de Montevideo y 442 del CPP. 39. Así ocurrió en los casos Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco; Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G.; Rol N° 5451-2013, G. Chevesich; Rol N° 7953-2017, Min. C. Aránguiz Z., entre otros.

40. RMCS, 5.1.2007, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E. 41. Como ocurrió en los casos Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco; Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G.; Rol N° 7953-2017, Min. C. Aránguiz Z., entre otros.

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29. En la extradición caratulada “David Bravo Ibarra”, requerida por el Estado de Suecia e iniciada por pedido de detención previa, la ausencia de tratado bilateral o multilateral entre Chile y dicho país, implicaba asimismo la inexistencia de un plazo definido para presentar el pedido formal de extradición. En este caso, al comunicarse la detención del requerido al Estado solicitante, se señaló en el oficio respectivo que el pedido debía formalizarse en el término de dos meses desde la notificación42, sin que conste la invocación de una fuente normativa para ello, término que en todo caso coincide con el plazo previsto en el CPP y en la Convención sobre Extradición de Montevideo43. En otro caso, se invocó el artículo 442 del CPP, además del tratado aplicable, al definir el plazo para formalizar el pedido de extradición44. Finalmente, existen más casos en que no existe tratado ni convención con el país requirente, sin embargo, la mayoría de ellos se inician derechamente por el pedido de extradición45, no suscitándose la cuestión del plazo.

D. Pedido formal de extradición 30. El PEPC, como se indicó previamente, puede iniciarse derechamente por el pedido de extradición o por el de detención previa con fines de extradición. En ambos casos, el Ministro Instructor debe examinar los antecedentes y determinar si se cumplen las exigencias para su admisibilidad, previstas en el tratado o convención aplicable y en el CdPP46. Así, es pertinente citar, por ejemplo, el artículo 365 del Código de Derecho Internacional Privado, que impone la necesidad de acompañar al pedido de extradición: “1. Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión

42. RMCS, 9.1.2009, Rol N° 7467-2008. Min. H. Brito C. 43. El Código Bustamante también prevé el plazo de dos meses, pero en ese caso se computa desde la detención del requerido, a diferencia del CPP y la Convención de Montevideo, donde los dos meses corren desde la notificación de la detención al Estado requirente.

44. RMCS, 27.12.2013, Rol N° 5451-2013, G. Chevesich: “Con el mérito de la certificación que antecede, en que consta que la Embajada del Perú en Chile no ha formalizado la solicitud […] dentro del plazo establecido en los artículos 442 del Código Procesal Penal y VII del Tratado de Extradición entre Chile y Perú”.

45. Así, por ejemplo, se inician directamente por pedido de extradición los Roles N° 8343-2019 (requerida por Noruega, Min. M. Silva C.); 3161-2013 (Francia, Min. R. Maggi); 8648-2010 (Países Bajos, Min. Ballesteros). La extradición Rol N° 4919-2005 se inició por detención previa, aplicándose el plazo del artículo 442, sin embargo, fue en el contexto de proceder conforme al PEPR, antes de la modificación introducida al artículo 485, por la ley N° 20.074, modificación en virtud de la cual se tramitó la extradición conforme las reglas el PEPC. Véase artículos 646 y 648 del CdPP, respecto a los antecedentes necesarios para decretar la detención o arresto del requerido. y el artículo 647, que señala los puntos que serán materia de la investigación del Ministro Instructor, al determinar si acoger o no la extradición.

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o un documento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante la jurisdicción represiva, acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate. 2. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo. 3. Copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuida en él al inculpado o precisen la pena aplicable”.

Asimismo, la Convención sobre Extradición de Montevideo establece requisitos formales un poco más laxos, en su artículo V 47.

31. De este modo, la resolución del Ministro Instructor tendrá por recibidos los antecedentes y, si se cumplen las respectivas exigencias, lo usual es que se da inicio a la investigación prevista en el artículo 647 del CdPP. Además, según disponen los artículos 646 y 648 del mismo código, si hay mérito suficiente, se decreta la detención del requerido. Si el procedimiento se inició por detención previa, el Tribunal además tendrá por formalizado el pedido de extradición48.

32. Orden de detención. Al igual que tratándose de un pedido de detención previa, si se satisfacen las exigencias formales, se ordena la detención del requerido49. En caso contrario, antes de decidir sobre la detención, se ha resuelto requerir información complementaria al Estado solicitante. De este modo, en algunos casos, como cuestión previa, se ha requerido, por intermedio del MINREL:

47. “Artículo V [C. Montevideo].- EI pedido de extradición debe formularse por el respectivo representante diplomático, y a falta de éste por los agentes consulares o directamente de Gobierno a Gobierno, y debe acompañarse de los siguientes documentos, en el idioma del país requerido: a) Cuando el individuo ha sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado requirente, una copia auténtica de la sentencia ejecutoriada. b) Cuando el individuo es solamente un acusado, una copia auténtica de la orden de detención, emanada de juez competente; una relación precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a ésta, así como de las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena. c) Ya se trate de condenado o de acusado, y siempre que fuera posible, se remitirán la filiación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado”.

48. Como en los casos: RMCS, 22.1.2019, Rol N° 45530. Min. M. Sandoval; RMCS, 26.11.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G.; RMCS, 17.6.2019, Rol N° 7744-2019. Min. A. Muñoz S. (S); RMCS, 31.12.2019, Rol N° 29038-2019; RMCS, 2.4.2007, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E., entre otros.

49. Así, por ej., en RMCS, 29.11.2010, Rol N° 8648-2010. Min. R. Ballesteros, donde se resolvió: “Por recibidos los antecedentes. VISTOS: De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 646 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, dése inicio a la investigación. Despáchese orden de detención”.

También se ordenó la detención en la primera resolución, en los siguientes pedidos de extradición pasiva: Rol N° 28492011, Min. H. Brito C.; Rol N° 25412-2014, Min. R. Egnem S.; Rol N° 3585-2015, Min. C. Cerda F.; Rol N° 21018-2015, Min. M. Valderrama; entre otros.

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a. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo, así como una copia de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona del requerido50. b. Copia de las leyes penales aplicadas al caso, así como de las leyes referentes a la prescripción de la pena51. c. Informe sobre la situación procesal del requerido y, si es el caso, copia autorizada de la resolución que somete a proceso al encausado, así como el protocolo de autopsia de Julio Martín Villagra y la fecha precisa de su deceso52. d. Se especifique si el propósito de su pedido es la detención previa, o si por el contrario pretende derechamente su extradición, debiendo además remitir antecedentes que acrediten que requerido se encuentra en territorio chileno53.

33. Por otro lado, en algunos casos, en forma previa a ordenar la detención, se corrobora la presencia del requerido en territorio nacional y su paradero54. Mientras que si el pedido no cumple las exigencias elementales, puede derechamente no ser admitido a tramitación, como aconteció en la extradición caratulada “Héctor Volonté Pelua”55.

34. Tramitación del PEPC sin detención. No resultando procedente la detención de la persona solicitada, se ha dispuesto la sola citación del requerido, como ocurrió en las causas “Nilthon Brayer Cruz Castillo”56 y “José Sergio Úbeda Farías” 57 .

50. RMCS, 8.4.2019, Rol N° 8343-2019, Min. M. Silva C. 51. RMCS, 24.7.2019, Rol N° 20316-2018, Min. M. Silva C (S). Acompañadas se tuvo por formalizado y se dio inicio a la investigación (RMCS, 12.9.2019).

52. Se imputaba el delito de homicidio al requerido. RMCS, 20.7.2007, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M. 53. RMCS, 14.4.2020, Rol N° 30732-2020. Min. L. Llanos S. 54. Así ocurrió en la RMCS, 21.1.2020, Rol N° 8343-2019, Min. M. Silva C. 55. En “Héctor Volonté Pelua”, la primera resolución declaró improcedente acoger a tramitación la solicitud de extradición, basándose en los siguientes motivos: (i) porque el requerido no se encontraba condenado ni procesado en la causa que dio origen al pedido; y (ii) por no haberse acompañado el mandato de prisión expedido por la autoridad judicial competente, con la designación exacta del delito que lo motivare y de la fecha de su perpetración si el presunto delincuente estuviere sólo procesado, incumpliéndose las exigencias del tratado aplicable. RMCS, 29.11.2006, Rol N° 6022-2006. Min. J. Rodríguez A. 56. RMCS, 239.2016, Rol N° 67404-2016. Min. A. Muñoz S. 57. RMCS, 7.12.2012, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L.: “Por recibidos los antecedentes. VISTOS: De acuerdo a lo establecido en los artículos 646 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se da inicio a la investigación. Con el mérito de la documentación aportada por la Embajada de la República de Brasil, se dispone la citación a primera audiencia de Sergio Úbeda”.

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35. Apertura de la investigación. Conforme lo dispuesto en el artículo 647 del CdPP, el Ministro Instructor debe realizar una investigación, un “pequeño sumario”58, que se contraerá especialmente a acreditar los tres puntos indicados en el precepto, esto es: (a) la identidad de la persona requerida; (b) que el delito sea de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, en su defecto, conforme a los principios de Derecho Internacional; y (c) acreditar que el requerido ha cometido o no el delito que se le atribuye. En la práctica, parece existir unanimidad en que se abre la investigación una vez recibido el pedido de extradición59.

36. Diligencias de la investigación. En los casos estudiados, por regla general, la investigación se acota a diligencias básicas y específicas. La principal será la declaración indagatoria del requerido60(artículo 649) y las que se realizan habitualmente son aquellas destinadas a verificar, respecto del requerido: (i) su historial de ingresos y salidas al país; (ii) su paradero o domicilio; (iii) sus antecedentes de filiación y penales61, entre otros, oficiándose a las instituciones pertinentes. Frente a dificultades para ubicar a la persona requerida, se ha oficiado a otras instituciones, tales como la Superintendencia de Salud o la de Bancos e Instituciones Financieras62. Luego de realizadas estas diligencias, lo común es que se declare cerrada la investigación.

37. Pese a ello, existen casos en que la investigación ahondó en otros aspectos. Así, en la causa “Féliz Chaura Coronado”, destaca la profundidad de la investigación a efectos de comprobar la comisión del delito por parte del sujeto requerido, según dispone el artículo 647 N° 3 del CdPP. En efecto: (i) el Servicio Médico Legal confeccionó informes médicos, físicos y psicológicos del requerido; (ii) el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile elaboró un informe pericial fotográfico, sobre las características de altura, peso y señales del mismo; (iii) Chaura Coronado prestó al menos cuatro veces declaración indagatoria, generalmente más extensas que el promedio; y (iv) se remitió un exhorto internacional para la realización de diligencias en el Estado requirente63.

58. LÓPEZ, Osvaldo. Derecho procesal penal chileno. Ediar Editores Ltda. Santiago. 1983. p. 424.

59. RMCS, 19.8.2015, Rol N° 8760-2015, Min. J. Fuentes B. Véase también Roles N° 7534-2012, Min. C. Künsemüller; N° 674042016. Min. A. Muñoz; N° 8465-2015, Min. M. Sandoval; N° 2849-2011. Min. H. Brito C.; Rol N° 3585-2015, Min. C. Cerda; entre otros.

60. Véase Rol N° 7534-2012, Min. C. Künsemüller L., donde la declaración indagatoria parece ser única diligencia de investigación del caso.

61. Así, por ej., en RMCS, 15.4.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. El extracto de filiación y antecedentes penales se obtiene a través del sistema de interconexión con el Servicio de Registro Civil e Identificación.

62. RMCS, 7.3.2019, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O. Para que informen si la requerida “registra en alguna entidad bancaria o financiera productos tales como cuentas corrientes, de ahorro u otros afines, indicándose en tal caso el domicilio registrado en ellos… si se encuentra afiliada a alguna Institución de Salud Previsional o al Fondo Nacional de Salud señalando el domicilio registrado en aquella institución”.

63. SMCS, 31.1.2007, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G.

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38. En “Roberto Coloma Soto”, a través de actuaciones de oficio del Tribunal, se incorporó a la investigación documentación proporcionada por la Relatoría de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que dio cuenta que, durante la tramitación del pedido de extradición, la situación procesal del requerido en el Estado solicitante cambió: “fue condenado a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución” y en virtud de ello se ordenó el levantamiento de las órdenes de captura y la comunicación a la unidad correspondiente de que debía dejarse sin efecto el proceso de extradición (c. 6°)64. Aun cuando el Estado peruano no se desistió formalmente en el proceso, estos antecedentes fueron fundamentales para el rechazo de la solicitud.

39. Por su parte, en la causa “Remmert Daniel Blankevoort”, por solicitud de la defensa y con el consentimiento del requerido, se dispuso la toma de muestras para examen de ADN y determinación de su perfil genético para su posterior remisión a la Fiscalía del Distrito Judicial de Ámsterdam, a efectos de la comparación con fluidos hallados en el sitio del suceso (este caso terminó por desistimiento del Estado requirente)65.

40. Finalmente, en “Yeison Bustamante Cavanzo”, si bien en forma previa a la apertura de la investigación, hallándose el requerido en detención preventiva, se realizaron diligencias para confirmar su identidad, específicamente, el Informe Pericial Huellográfico y Dactiloscópico N° 1242/18, que estableció fehacientemente que el requerido, Yeison Bustamante, tenía las mismas impresiones dactilares de la persona que ingresó a Chile bajo la identidad de Javier Peña Luna66. Asimismo, en otra causa se utilizó la misma pericia para confirmar la identidad de la requerida, en el contexto de las diligencias para determinar su paradero67.

41. Declaración indagatoria. El artículo 649 del PEPC es claro al disponer que, una vez “aprehendido el procesado, se procederá a tomarse declaración acerca de su identidad y de su participación en el delito que se le imputa”. Asimismo, siguiendo la normativa general del procedimiento ordinario del CdPP, especialmente las previstas en el Libro II, Primera Parte, Título VI, resulta pertinente citar las siguientes reglas relativas a esta diligencia: a. El Ministro Instructor puede tomar cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos (artículo 318).

64. SMCS, 15.7.2015, Rol N° 25412-2014, Min. R. Egnem S. 65. RMCS, 21.1.2011, Rol N° 8648-2010. Min. R. Ballesteros C. 66. RMCS, 6.8.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

67. Véase informe OCN Interpol PDI, agregado por RMCS, 6.2.2019, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O.

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b. La declaración del inculpado no podrá recibirse bajo juramento. El juez se limitará a exhortarlo a que diga la verdad, advirtiéndole que debe responder de una manera clara y precisa a las preguntas que le dirigiere (artículo 320). c. En su primera declaración, debe individualizarse al requerido, consignando: nombre, apellido paterno y materno, su apodo si lo tuviere, su edad, lugar de nacimiento y de su residencia actual, estado, profesión, oficio o modo de vivir, si ha sido procesado anteriormente, por qué delito, en qué juzgado, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo de su detención (artículo 32168). d. El juez informará el hecho que se atribuye al procesado y podrá exponer las pruebas en su contra, invitándole a expresar su descargo o aclaración (artículo 322). e. El requerido podrá manifestar lo que crea útil para probar su inocencia, pudiendo el juez despachar las diligencias y citaciones que estime conducentes (artículos 329 y 649). f. Si el testigo no supiere el idioma castellano, debe ser examinado por medio de un intérprete (artículos 214 y 332)69, como sucedió en la causa “Knut Oyvind Dromnaes”70.

42. A efectos de ilustrar esta diligencia, se adjuntan a este trabajo un grupo de declaraciones indagatorias prestadas en procesos de extradición pasiva.

43. Cabe agregar, además, que en aquellas causas iniciadas por pedido de detención previa, es común que se disponga su declaración indagatoria, para luego, una vez formalizado el pedido de extradición, volver a practicar la diligencia71. En “Yeison Bustamante Cavanzo” destaca que el requerido declaró ante el Ministro Instructor, a través de videoconferencia, previo exhorto al Juzgado de Garantía de Antofagasta a efectos de coordinación72.

68. El artículo 321 agrega: “Se le interrogará también sobre los lugares donde trabaja y se dejará constancia de los números de teléfonos por medio de los cuales sea posible comunicarse con él y de los datos que arroje su cédula de identidad, la que deberá exhibir. Si es menor, deberá indicar el nombre de los padres o de las personas a cuyo cuidado se encuentre, y todos los datos necesarios para verificar su edad”.

69. Véase también artículo 215, relativo a la situación del sordo y/o mudo.

70. Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 71. RMCS, 16.9.2015, Rol N° 8465-2015, Min. M. Sandoval G. También se prestó declaración indagatoria con ocasión de la detención previa y nuevamente tras la formalización del pedido, en las causas Rol N° 20316-2018; N° 29038-2019; N° 25412-2014; entre otros casos.

72. RMCS, 6.8.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

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44. Asimismo, en “María José Reyes Hernández”, previo exhorto, la declaración fue prestada ante el Juez de Letras de San Vicente de Tagua Tagua (el lugar en donde se produjo la detención), ejerciendo la requerida su derecho a guardar silencio73. También se delegó esta diligencia, vía exhorto, en las causas “Roberto Coloma Soto”74 (al Primer Juzgado Civil de Concepción) y “Mauricio Román Retamales”75(al Juzgado de Letras de Limache).

45. Defensa letrada. el derecho a la defensa encuentra consagración en nuestro ordenamiento jurídico tanto en la Constitución Política de la República (artículo 19 N° 376) como en el propio CdPP (artículo 27877). En la generalidad de las extradiciones pasivas de crimen, sea que el sujeto haya sido detenido o citado por un pedido de detención previa o de extradición, el momento en que es notificado o en que presta declaración indagatoria es la oportunidad en la que el Tribunal consulta al requerido si dispone de un abogado de su confianza o de medios suficientes para proveerse de uno. Lo común es que no sea así, de modo que se resuelve oficiar o notificar por cédula a la Corporación de Asistencia Judicial respectiva, para que asuma la defensa del mismo 78_79_80_81. En otros casos, la designación de defensor se ha dispuesto por el Tribunal con anterioridad, al tener por formalizado el pedido de extradición82; o en una etapa más avanzada del procedimiento, al momento de conferir traslado del informe fiscal al requerido83.

46. Efectos de la resolución que declara cerrada la investigación. Si se incorporan antecedentes al expediente con posterioridad al término de la investigación, surge la duda acerca de si éstos pueden ser considerados como elementos de convicción en la sentencia definitiva. En el caso “José Sergio Úbeda Farías”, evacuado el informe del Ministerio Público y conferido el 73. RMCS, 13.12.2019, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O. Véase JL San Vicente de Tagua Tagua, 16.12.2019.

74. RMCS, 29.10.2014, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S. 75. RMCS, 11.4.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M. Y Declaración, 15.4.2019, prestada ante el Juez de Letras de Limache.

76. “Art. 19 N° 3 [inc. 2] Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida [inc. 3] La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. [inc.

4] Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.

77. “Art. 278.- El procesado es parte en el proceso penal y deben entenderse con él todas las diligencias del juicio. Su defensa es obligatoria”.

78. RMCS, 13.8.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

79. RMCS, 25.10.2013, Rol N° 5451-2013. Min. S. Muñoz G. (S).

80. RMCS, 13.2.2017, Rol N° 2863-2017. Min. S. Muñoz G. (S).

81. RMCS, 15.4.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 82. RMCS, 31.8.2015, Rol N° 8465-2015, Min. M. Sandoval G. 83. RMCS, 30.1.2008, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M.: “Se confiere traslado al requerido […] Notifíquese al requerido por fax al señor Jefe de la unidad penal, debiendo manifestar aquél si cuenta con abogado para su defensa”. También RMCS, 15.6.2016, Rol N° 21018-2015 (Tomo II). Min. M. Valderrama: “Notifíquese a la oficina de Defensa Penal de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana para que asuma el patrocinio y representación”. Véase asimismo: RMCS, 4.7.2007 y 6.7.2007, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E.; y RMCS, 9.12.2008, Rol N° 758-2008. Min. M. Juica A.

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traslado a la defensa, el Estado de Brasil acompañó la sentencia de primera instancia dictada en contra del requerido; sin embargo, su incorporación al proceso fue rechazada, en “atención a que se encuentra cerrada la investigación con fecha 22 de enero pasado”84. Lo anterior fue un elemento decisivo en la sentencia definitiva, toda vez que el pedido de extradición se rechazó, entre otros motivos, por estimarse que los antecedentes aportados eran insuficientes para dar por establecido que el procesado cometió el hecho delictivo imputado, incumpliéndose la exigencia prevista en el artículo 647 N° 385.

47. En contraste, en el proceso “Wilfredo Hinojosa” parece esbozarse un criterio inverso, pues si bien la documentación acompañada tras el cierre de la investigación (sentencias dictadas en contra de los coimputados del requerido) fue descartada por el Ministro Instructor, ello no se debió a su extemporaneidad, sino que más bien porque el requerido no tuvo oportunidad de defenderse en los juicios de los otros involucrados. De esto se infiere, a contrario sensu, que los elementos de convicción agregados extemporáneamente sí podrían fundar el fallo de extradición pasiva, siempre que ello no vulnere el derecho a la defensa del requerido86.

48. Otros casos de interés. En “Alberto Fujimori” se hicieron parte ciudadanos peruanos, víctimas de los crímenes y delitos fundantes del pedido, señalando tener interés legítimo en la extradición, pero el Tribunal negó lugar a su calidad de parte, “atendido a que las normas de procedimiento penal sólo contemplan la intervención del Estado requirente en la extradición solicitada”, decisión que fue confirmada por la Sala Penal87. Por otro lado, durante la investigación se tomó la declaración a cinco testigos.

49. Finalmente, otra situación interesante se observa en el proceso “Sergio Ibarra Ibarra”88, donde

84. RMCS, 8.3.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L.: “En atención a que se encuentra cerrada la investigación con fecha 22 de enero pasado, no ha lugar a incorporar al proceso los documentos acompañados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en oficio N°2409 de 28 de febrero último. Devuélvanse los antecedentes aludidos” 85. SMCS, 24.7.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L.: “10° […] los antecedentes acompañados por el Estado requirente –reducidos a un certificado de la sentencia pronunciada– no permiten a este tribunal apreciar los hechos materiales constitutivos de este ilícito –ni siquiera se han agregado elementos probatorios relativos a las lesiones que habría sufrido […] y su gravedad– y, por ende, dar por legalmente establecido que el sindicado como procesado cometió este hecho delictivo, coincidiendo en esta parte el Ministro Instructor con la opinión de la señora Fiscal Judicial. 11°. Que, por lo tanto, al no hallarse cumplido en estos autos el requisito del número 3 del artículo 647 del Código de Enjuiciamiento Criminal, procede negar lugar al pedido de extradición”.

86. SMCS, 3.1.2007, Rol N° 3384-2002, Min. M. Juica: “QUINTO: Que estos antecedentes extemporáneamente presentados por el gobierno requirente, permiten precisar con cierto grado de certeza, los hechos ilícitos materia de la investigación dirigida en contra de Carlos […], los cuales en todo caso, no servirán como elementos incriminatorios en su contra, en protección a su derecho de defensa que ejerció con anterioridad”.

87. SMCS, 11.7.2007, Rol N° 5646-2005. Min. O. Álvarez H. El fallo de la Sala Penal es de 29.3.2006.

88. RMCS, 28.5.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. Véase exhorto diligenciado con fecha 8.8.2018.

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el Tribunal rechazó el levantamiento de reserva de la causa solicitado por la defensa, dado que el delito imputado por el Estado requirente era de carácter sexual, invocando el rechazo la regla del artículo 7889 del CdPP. E. Período de discusión (artículos 651 y 652) 50. Una vez declarado el cierre de la investigación, los artículos 651 y 652 del CdPP determinan que debe procederse distinguiendo dos situaciones: a. El Estado requirente no ha designado un representante (aplica lo previsto en los artículos 651 y 652 inciso 1°); y b. El Estado requirente sí ha designado un representante (se procede en virtud de lo dispuesto en el artículo 652 inciso 2°).

51. No existiendo un representante designado por el Estado requirente: una vez cerrada la investigación, por consiguiente, corresponde: (i) el paso de los antecedentes a la vista de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, que se pronunciará sobre si debe otorgarse o denegarse la extradición; (ii) luego, una vez evacuado el informe fiscal, corresponde dar traslado al procesado, por un término prudencial y prorrogable, no superior a 20 días; (iii) debiendo, por último, citarse a los intervinientes a oír sentencia.

52. En la práctica, este orden consecutivo legal del procedimiento se aplica en la generalidad de los casos, sin alteraciones, pues son extremadamente escasos los procedimientos en que el país requirente designa un representante. Así, se siguió el esquema indicado en los expedientes “Juan Venegas Vergara” 90, “Knut Oyvind Dromnaes”91, “Mauricio Román Retamales”92, “Oswaldo Guerrero Carrasco”93, “Dagoberto Sánchez Sandoval”94, “Alejandro Arriagada Ramos”95, entre otros.

89. “Art. 78. (99) Las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley. En las causas relativas a los delitos previstos en los artículos 361 a 363 y 366 a 367 bis y, en lo que fuere aplicable, también en los delitos previstos en los artículos 365 y 375 del Código Penal, la identidad de la víctima se mantendrá en estricta reserva respecto de terceros ajenos al proceso, a menos que ella consienta expresamente en su divulgación […]”.

90. Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 91. Rol N° 8343-2018. Min. M. Silva C. 92. Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 93. Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 94. Rol N° 758-2008. Min. M. Juica A. 95. Rol N° 1659-2005. Min. J. Benquis C.

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53. Existiendo un representante designado por el Estado requirente: tras el cierre de la investigación, el inciso 2° del artículo 652 dispone que: (i) sea oído en primer lugar el representante del país solicitante, por un término prudencial y prorrogable, no superior a 20 días; (ii) luego se dará traslado en los mismos términos a la defensa; (iii) con su contestación o en su rebeldía, deberían enviarse los antecedentes a la Fiscalía Judicial para su informe96; y finalmente (iv) corresponde citar a los intervinientes a oír sentencia.

54. Esta secuencia procesal fue seguida en la extradición “Alberto Fujimori”, uno de los pocos casos en que el Estado requirente ha designado un representante. En primer lugar, una vez cerrada la investigación, se confirió traslado al Estado requirente por el término de 20 días, el que fue evacuado iniciándose el Tomo III del proceso, el 12 de febrero de 2007 (fojas 672). Luego, se confirió traslado al requerido, quien lo evacuó a fojas 1163. Y a continuación fue oído, el Ministerio Público Judicial, en último lugar 97. Una particularidad de este caso, radica en que, antes de la citación a oír sentencia, se pidió informe complementario a la Fiscalía Judicial y se dictaron medidas para mejor resolver98.

55. Por su parte, en la causa “Carlos Cardoen Cornejo”, que también contó representante constituido del Estado requirente, se entendió el artículo 652 inciso 2° en un sentido distinto, siguiendo el siguiente orden consecutivo en esta etapa del proceso: en primer lugar, se dispuso la vista fiscal; enseguida, evacuado el informe fiscal, se otorgó traslado a los representantes del Estado requirente, por el término de 10 días; luego, se dio traslado por igual término a la parte requerida; y finalmente, se citó a oír sentencia99.

56. Casos singulares en la etapa de discusión. En el proceso “Sergio Alejandro Ibarra Ibarra”, el Informe de la Fiscala Judicial determinó que la extradición era improcedente, por hallarse prescrito el delito, según la legislación nacional; sin embargo, luego del traslado evacuado por la defensa, en forma previa a la citación a oír sentencia, el Ministro Instructor requirió un nuevo pronunciamiento al Ministerio Público Judicial, consultando concretamente, respecto a si los actos del proceso en el país requirente pudieron haber suspendido el curso prescriptivo, conforme al Código Penal chileno. Una vez evacuado el segundo informe fiscal, se volvió a dar traslado a la defensa100 .

96. LATHROP R., Alfredo. Procedimiento de extradición pasiva. p. 11. También lo sostiene: LÓPEZ, Osvaldo. Op. Cit. p. 425.

97. SMCS, 11.7.2007, Rol N° 5646-2005. Min. O. Álvarez H. 98. “Como medida para mejor resolver, pídanse por la vía más expedita los procesos de extradición pasiva roles Nº17-2001, 4.353-2002, 3.129-2005 y 5.509-2005 seguidos en contra de Edgardo Daniel Borobio Guede; rol Nº2.139-2004 en contra de Eduardo Martín Calmel del Solar Díaz; y rol Nº5.579-2005 de Julio Cesar Vera Abad”. RMCS, 4.7.2007. Rol N° 5646-2005. Min. O. Álvarez H. 99. RMCS, 16.10.2019, 4.2.2020, 17.2.2020, 2.3.2020, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 100. RMCS, 10.9.2018, Rol N° 4127-2018. Min. A. Prado: previo a citar a oír sentencia, pídase a la Fiscalía Judicial ampliar su informe en los siguientes aspectos: 1.- Sobre el efecto de la suspensión de la prescripción de la acción penal de acuerdo al artículo 96 del Código Penal nacional, teniendo en consideración que el procedimiento se inició en el país requirente con las denuncias penales efectuadas con fecha 23 de abril de 2012, informando si la fecha de inicio del cómputo es la que instaura el proceso en el país solicitante o ella se refiere a la fecha en que se inicia el procedimiento de extradición en Chile”.

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57. En “Jorge Gutiérrez Meza y Otros”, el Estado de Perú pidió la extradición de cinco personas, por los delitos de contrabando y asociación ilícita. La singularidad del caso radica en que la etapa de discusión tuvo lugar en dos ocasiones, ya que uno de los requeridos no fue habido, declarándose su rebeldía y el sobreseimiento temporal a su respecto101 . En efecto, el procedimiento continuó en relación a los otros cuatro reclamados: se cerró la investigación, la Fiscalía Judicial emitió su dictamen, las defensas evacuaron traslado y se citó a oír sentencia, rechazándose el pedido en primera instancia; sin embargo, antes de elevarse en consulta fue detenido el quinto requerido, iniciándose nuevamente el procedimiento en un segundo tomo, con la investigación, declaración indagatoria, cierre de la investigación, vista fiscal, traslado de la defensa, la citación a oír sentencia y un segundo fallo que también rechazó el pedido de extradición, por los mismos fundamentos102 .

58. Otra situación especial se dio en el grupo de extradiciones solicitadas por el Reino de España, para juzgar a varios agentes de la ex Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), por la detención ilegal y asesinato del ciudadano y diplomático, Carmelo Soria Espinoza. En este caso, al recibirse los antecedentes, en forma previa a proveer, se pidió informe sobre el estado procesal de las causas seguidas en Chile por el mismo caso; atendido que los procesos nacionales se encontraban pendientes, y sin dar curso al PEPC, se determinó el paso de los antecedentes a la Fiscalía Judicial, la que estimó que “no procede tramitar un pedimento de extradición respecto de un hecho que está siendo investigado por los Tribunales del país”103 . Más tarde, el Ministro Instructor, coincidiendo con el criterio fiscal, declararía la improcedencia de dar curso formal a las extradiciones requeridas, por existir investigaciones abiertas en la justicia chilena por el hecho104 .

59. Por su parte, en el proceso “William Urquiaga Sánchez”, al no evacuarse el traslado por el defensor constituido, “a fin de proveer una adecuada defensa del requerido”, se designó a la Corporación de Asistencia Judicial para asumir la representación del requerido y evacuar el traslado conferido105; misma situación que se dio en la causa “Juan Alandi Tejerina”, donde se dispuso notificar al abogado de turno, “para que asuma la defensa del encausado y conteste el traslado conferido, dentro del plazo estipulado”106 .

101. “Atendido el mérito de los antecedentes, especialmente el oficio precedentemente agregado y el informe policial N° 17.170, de conformidad a lo prescrito en el artículo 591 N° 2 del Código de Procedimiento Penal, declárase la rebeldía del requerido […] Asimismo, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 595 en relación al artículo 409 N° 5 del Código antes citado, se decreta el sobreseimiento temporal respecto del inculpado antes mencionado”. RMCS, 29.1.2016, Rol N° 210182015. Min. M. Valderrama.

102. SMCS, 22.7.2016, Rol N° 21018-2015 (Tomo II). Min. M. Valderrama R. 103. RMCS, 29.1 y 26.4.2013, Rol N° 624-2013 (acumuladas 1793-2013; 1794-2013; 1796-2013; 1797-2013; 1800-2013; 1803-2013). Min. J. Araya E. “Teniendo presente lo obrado en autos, pasen los autos a la señora Fiscal Judicial para que dictamine sobre la pertinencia del pedido de extradición, teniendo en consideración que el fundamento expresado por el Tribunal requirente para cursar el requerimiento se centra en que el proceso que investiga la muerte de don Carmelo Soria Espinoza, se encontraba archivado”.

104. RMCS, 25.7.2013, Rol N° 624-2013 (acumuladas 1793-2013; 1794-2013; 1796-2013; 1797-2013; 1800-2013; 18032013). Min. J. Araya E. 105. RMCS, 12.11.2014, Rol N° 5455-2013. Min. C. Künsemüller.

106. RMCS, 9.7.2008, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M.

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60. Asimismo, el caso “Heiner Danilo Bueno Mattos” es singular porque, al presentarse el pedido formal de extradición, el Tribunal no procedió con la tramitación regular del PEPC (no dio inicio a la investigación, no dispuso la detención ni citación del requerido, etc.); sino que resolvió el paso inmediato del expediente al Ministerio Público, para su informe, ya que aparecía “de los antecedentes que se trata de un ilícito respecto del que […] no procedería la extradición pasiva”107. Luego de incorporado dicho informe, se dio traslado al Estado requerido –sin que tuviera un representante designado– y se dispuso la notificación a la Corporación de Asistencia Judicial, para oír al requerido. Así, una vez que la defensa evacuó el traslado y con la rebeldía del Estado solicitante, se citó a las partes a oír sentencia, rechazándose el pedido de extradición108 .

F. Citación a oír sentencia 61. Una vez que finaliza el periodo de discusión, el Tribunal debe clausurar el debate citando a las partes a oír sentencia, lo que suele expresarse en la resolución con la frase “autos para fallo”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 653 del CdPP, una vez que esta resolución es notificada por el estado diario (en los hechos, el mismo día en que se dicta109), empieza a correr el plazo de 5 días para dictar la sentencia definitiva.

62. Con todo, para dictar la citación a oír sentencia no existe plazo. Por lo anterior, es común observar que una vez oída a la defensa, se tenga por evacuado su traslado, dictándose el “autos para fallo” aproximadamente una semana después, como ocurrió en las causas “José Sergio Úbeda Farías”110, “Oswaldo Guerrero Carrasco”111, “Roberto Coloma Soto”112, “Juan Alandi Tejerina”113, entre otros.

G. Sentencia definitiva 63. El artículo 653 del CdPP dispone que el fallo de extradición pasiva se dictará dentro de quinto día, desde la citación a oír sentencia.

64. El Tribunal debe conceder la extradición si considera comprobadas, en forma copulativa, las siguientes circunstancias, contempladas en el artículo 647, como el foco de la investigación: 1°. La identidad de la persona cuya extradición se solicita; 2°. Que el delito que se le imputa es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad a los principios del Derecho Internacional; y 3°. Que el sindicado como procesado ha cometido el delito que se le atribuye.

107. RMCS, 17.2.2015, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. 108. RMCS, 4.3.2015, 5.5.2015 y 1.6.2015, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. Véase § 152.

109. Recuérdese artículo 38 del CPC: “Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella”.

110. RMCS, 19.7.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L. 111. RMCS, 22.8.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 112. RMCS, 14.7.2015, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S. 113. RMCS, 13.8.2008, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M.

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65. Respecto a las dos primeras circunstancias, siendo requisitos comunes del PEPC y el PEPR, se omitirá su análisis en este trabajo. En cuanto a la tercera condición necesaria para conceder la extradición, la amplitud y alcance del estándar de convicción exigido será examinado en el siguiente apartado (infra: VI, B). En principio, pareciera ser que fija un estándar notoriamente más riguroso que el previsto en el PEPR114; sin embargo, como veremos, la jurisprudencia ha morigerado el tenor de la regla, asimilando la exigencia más bien con el estándar de procesamiento, previsto en el artículo 274 del CdPP. H. Recurso de apelación o Consulta 66. Conforme lo establece el artículo 653 del CdPP, la sentencia definitiva que decide sobre extradición pasiva puede ser impugnada a través del recurso de apelación. Si no se deduce este recurso, en todo caso debe ser revisada en consulta, por disposición expresa de la ley. En cualquiera de los dos casos, corresponde conocer y fallar en segunda instancia a la Sala Penal de la Corte Suprema115 .

67. Recurso de apelación. Conforme a las reglas generales del CdPP, toda sentencia definitiva puede ser apelada por cualquiera de las partes, verbalmente o por escrito, dentro de los 5 días siguientes a la notificación, debiendo concederse en ambos efectos (artículo 510). Como se verá en detalle más adelante (infra: VI, C), en el PEPC la sentencia definitiva de primera instancia debe ser notificada: (i) personalmente al requerido; y (ii) por cédula a su defensor. Por este motivo, es importante recordar que el CdPP dictamina que el procesado sea informado, al momento de la notificación personal, de su derecho a apelar, pudiendo incluso hacerlo verbalmente, debiendo en tal caso dejarse constancia en el acta de notificación, tal como consta en las extradiciones “Féliz Chaura Coronado”116y “Oswaldo Guerrero Carrasco”117 .

68. Consulta. Si no es apelado el fallo definitivo, debe elevarse en consulta, conforme lo prescribe el artículo 653. En la práctica, dado que la mayor parte de las extradiciones pasivas de crimen carecen de representante designado por el Estado requirente, lo común es que solo se entable apelación en contra del fallo que otorga la extradición, como ocurrió en los procesos “Juan Venegas Vergara”118y “Oswaldo Guerrero Carrasco”119. De manera que, salvo por algún caso excepcional120, si se deniega el pedido, por regla general no existe impugnación, subiendo los autos en consulta a la Segunda Sala de la Corte Suprema, como sucedió en las causas “Knut Oyvind Dromnaes”121, “Roberto Olivares Fuentes”122 y “José Sergio Úbeda Farías”123, entre otras.

114. Según lo dispuesto en el artículo 449 del CPP, se exige, simplemente, que conforme a los antecedentes aportados por el Estado requirente, pueda presumirse que en Chile se deduciría acusación en contra del requerido por los hechos imputados.

115. Véase lo dispuesto en el artículo 98 N° 10 del COT y en el auto acordado sobre distribución de materias de las salas de la Corte Suprema, la consulta o apelación es de conocimiento de la Sala Penal o Segunda Sala. Véase letra B, N° 3 de este auto acordado, contenido en el Acta N° 107-2017 de 28.7.2017.

116. Certificado, 31.1.2007, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. 117. Certificado, 2.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 118. RMCS, 12.6.2020, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 119. Certificado, 2.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 120. Como “Carlos Cardoen Cornejo”, donde el representante de los Estados Unidos impugnó el fallo que rechazó el pedido de extradición. RMCS, 12.3.2020, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 121. RMCS, 28.2.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 122. Certificado, 14.5.2020, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G. 123. Constancia, 29.7.2013, y RMCS, 5.8.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L.

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I. Efectos del fallo de extradición pasiva 69. En el PEPC estos efectos están regulados en relación a la sentencia de término, es decir, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema124, que conoce en segunda instancia de la extradición pasiva, tras ser elevado el proceso en consulta o por recurso de apelación. En ese sentido, debe distinguirse si el fallo ejecutoriado: (i) acoge el pedido de extradición; o (ii) si rechaza el mismo. (i) Si se da lugar a la extradición. El juez a quo debe poner el procesado a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sea entregado al agente diplomático del Estado que ha solicitado la extradición (artículo 655). Asimismo, cabe consignar el tiempo que la persona requerida permaneció privada de libertad en Chile, a efectos de que dicho periodo sea descontado de la pena que se quebrantó o que se pueda imponer en el Estado requirente 125 . (ii) Si el fallo deniega la extradición. El mismo juez, según dispone el artículo 655 inciso 2°, procederá a poner en libertad al procesado, lo que debe ser entendido en términos de hacer cesar todas las medidas cautelares personales que afecten al requerido. Además, se debe comunicar al MINREL el resultado del juicio, incluyendo copia autorizada de la sentencia que en él hubiere recaído. Una vez ejecutoriada, esta sentencia produce el efecto de cosa juzgada y por consiguiente no puede volver a pedirse la extradición por los mismos hechos126 .

J. Desistimiento 70. Si en cualquier estado del procedimiento el Estado requirente se desiste, según lo ordena el artículo 656 del CdPP, el Tribunal debe dictar el sobreseimiento definitivo de la causa, tal como se resolvió en “Mauricio Heriberto Figueroa Agurto”127 . Del mismo modo que la sentencia firme que deniega el pedido de extradición, este sobreseimiento definitivo alcanza autoridad de cosa juzgada, lo que impide al Estado requirente solicitar nuevamente la extradición del sobreseído por el mismo delito128 .

K. Extradición Simplificada (no regulada en el PEPC) 71. Esta forma alternativa de término se encuentra expresamente establecida en el artículo 454129 del CPP, siendo uno de los aspectos de tramitación no regulados en las reglas del PEPC. Sin embargo, se han presentado casos en que esta institución pudo tener aplicación, como en la

124. En virtud de lo previsto en el artículo 98 N° 10 del COT y en el auto acordado sobre distribución de materias de las salas de la Corte Suprema, la consulta o apelación es de conocimiento de la Sala Penal o Segunda Sala. Véase letra B, N° 3 de este auto acordado, contenido en el Acta N° 107-2017 de 28.7.2017.

125. SMCS, 1.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. Véase artículo 379 del Código Bustamante.

126. Véase Código de Derecho Internacional Privado (C. Bustamante): “Art. 381. Negada la extradición de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito”. En igual sentido la Convención sobre Extradición de Montevideo: “Art. XII.Negada la extradición de un individuo no podrá solicitarse de nuevo por el mismo hecho imputado”.

127. RMCS, 21.12.2015, Rol N° 8760-2015. Min. J. Fuentes B. 128. LATHROP R., Alfredo. Procedimiento de extradición pasiva. p. 12.

129. Que permite al Ministro Instructor conceder “sin más trámite la extradición”, si el requerido, luego de ser informado sobre sus derechos, expresa ante el Ministro “su conformidad en ser entregada al Estado solicitante”.

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extradición caratulada “Yeison Bustamante Cavanzo”, donde el sujeto requerido, en su declaración indagatoria de 21 de noviembre de 2018, manifestó su allanamiento con el pedido de extradición entablado en su contra, lo que fue reiterado por su defensa al evacuar traslado de la vista fiscal130 . Sin embargo, por no existir regulación de la “extradición simplificada” –como la establecida en el artículo 454 del CPP– en el PEPC ni el tratado aplicable al caso, entonces el Ministro Instructor debió dar completo trámite al PEPC, antes de poder acoger el pedido de extradición, debiendo examinar los requisitos del artículo 647 del CdPP en la sentencia definitiva de primer grado, pronunciada el 11 de febrero de 2019, confirmada en consulta un mes después131 .

72. Esta situación plantea la pregunta acerca de si podría aplicarse en el PEPC la figura de la extradición pasiva simplificada prevista en el artículo 454 del CPP. Pues bien, si se entiende que la extradición simplificada comprende un derecho o facultad que mira en el interés del requerido, entonces en base a los mismos argumentos desarrollados por la jurisprudencia para aplicar las cautelares personales alternativas al PEPC (como veremos, infra: VI, A, § 82 y ss.), se puede sostener que es procedente dar trámite a la extradición simplificada, conforme a la regulación del artículo 454 del CPP, en el PEPC, dado que este último procedimiento debe reconocer las garantías y derechos de la normativa procesal más favorable al reo.

VI. Otros aspectos relevantes del PEPC 73. En este apartado se examinarán con mayor detención aspectos que revisten especial importancia, en las extradiciones pasivas de crimen. En ese sentido, se abordan los siguientes puntos: (a) En primer lugar, las medidas cautelares personales reguladas en el PEPC y su adecuación a los estándares constitucionales y de derecho internacional; (b) En segundo término, se analiza el requisito previsto en el artículo 647 N° 3 para conceder la extradición y cómo la jurisprudencia ha entendido el alcance del estándar de convicción allí enunciado; (c) En tercer lugar, se examinan las formas de notificación de determinadas resoluciones del antiguo PEPC, advirtiéndose la falta de claridad de la legislación en la materia y cómo la ley N° 20.886 puede contribuir a remediarlo; y (d) Finalmente, se estudian casos en que se dio término anticipado al procedimiento, sin dar curso a la tramitación regular, lo que puede resultar de utilidad atendido que el PEPC se encamina a su extinción, tal como se explica en dicha sección.

A. Medidas cautelares personales en el PEPC 74. En el antiguo sistema procesal penal, de carácter inquisitivo, la privación de libertad del imputado constituía la regla general, mientras que su libertad durante el curso del procedimiento era la excepción132 . Lo anterior encuentra una manifestación expresa en el PEPC, ya que según lo previsto en el artículo 650 del CdPP, durante el juicio de extradición pasiva, “no se dará lugar a la libertad provisional”. Esta regla suscita dudas en cuanto a su constitucionalidad y resulta 131. RMCS, 17.1.2019, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S); y Declaración de 21.11.2018.

132. SMCS, 11.2.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

Conforme lo dispuesto en los artículos 274, 275 y 305 bis C, el auto de procesamiento –a diferencia de la formalización en el CPP– conlleva por defecto la filiación, arraigo y prisión preventiva del imputado, a menos que el juez conceda la excarcelación, fijando “la cuantía de la fianza, cuando el delito por el cual se le enjuicia haga procedente ese beneficio en alguna de las formas previstas en los artículos 357 ó 359, a menos que exista motivo para mantenerlo en prisión preventiva” (véase artículo 275). Asimismo, conforme dispone el artículo 283, los “autos en que se decrete o deniegue la detención o prisión o la excarcelación serán apelables en el solo efecto devolutivo”.

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contraria a los principios proceso penal reformado, donde prevalece el derecho de presunción de inocencia, que tiene como consecuencia directa la excepcionalidad –solo en tanto sean necesarias e indispensables para los fines del procedimiento– de la prisión preventiva y las demás medidas cautelares personales133 .

75. En ese sentido, las medidas cautelares en el PEPC han sido materia discusión en los siguientes aspectos: (i) en cuanto a la vigencia o aplicabilidad del artículo 650 del CdPP, a la luz de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile; y (ii) respecto a la procedencia de las medidas cautelares alternativas, reguladas en el nuevo CPP –en el Título V, Libro I, en especial, en el artículo 155–, pero que no se hallan contempladas en el antiguo CdPP. Por último, (iii) surge la cuestión acerca de si la negativa a la extradición en primera instancia tiene efectos en las medidas cautelares personales: según dispone el artículo 655 del PEPC la libertad del requerido procedería solo una vez que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado; sin embargo, el procedimiento reformado determina expresamente el cese las medidas cautelares que se hubieren impuesto, aun cuando el fallo de primera instancia no se halle ejecutoriado (artículo 452 del CPP). A continuación, se revisará cada uno de los puntos enunciados. i. Derogación tácita del artículo 650 del CdPP 76. En la generalidad de los casos, la regla prevista en el artículo 650 del CdPP no recibe aplicación directa. En otras palabras, si bien la libertad provisional o el cese de la prisión preventiva pueden ser rechazados, la jurisprudencia funda esa decisión no en el impedimento fijado por aplicación del artículo 650, sino echando mano a las reglas generales del CdPP, motivado fundamentalmente en la hipótesis regulada en el artículo 363 de dicho código, esto es, el representar la libertad del sujeto un peligro para la sociedad, dada la gravedad de la pena asignada al delito134_135_136 , sin perjuicio de invocarse otras circunstancias concretas del caso, como el fundarse el pedido en una sentencia condenatoria firme137; que existe una diligencia pendiente –consistente en exámenes biológicos al requerido– que podría fracasar138; o que la fecha de abandono 133. Véase artículos 5, 122, 124, 152 y 155 del CPP. 134. RMCS, 7.9.2006. Rol N° 4919-2005. Min. J. Medina C. (S). Confirmada por la Sala Penal, sin expresión de fundamentos, SCS, 11.9.2006, Rol N° 4558-2009.

135. RMCS, 8.9.2008, Rol N° 2616-2008, Min. P. Valdés A. 136. RMCS, 6.10.2006, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. RMCS, 3.9.2015, Rol N° 8760-2015, Min. J. Fuentes B. “considerando el mérito de los antecedentes, la gravedad de la pena asignada al delito que se le imputa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 363 incisos 1° y 3° del Código de Procedimiento Penal, de todo lo cual es posible considerar que la prisión del requerido constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, no ha lugar a la libertad provisional de Mauricio Heriberto Figueroa Agurto”. Confirmada por SCS, 8.9.2015, Rol N° 13.507-15, sin añadir fundamentos.

137. RMCS, 9.2.2018, Rol N° 45530-2017. M. Sandoval G: “2°. Que el requerimiento de detención preventiva tiene como fundamento la existencia de una sentencia condenatoria pronunciada el 29 de marzo de 2016 por el Tribunal de Segunda Instancia de Milán, que fue conocida por el Tribunal Supremo de Casación que declaró inadmisibles los recursos interpuestos en contra de ésta. En dicha sentencia, Olivares Fuentes fue condenado por los delitos de asociación ilícita dirigida al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y cesión de las mismas, a la pena de 10 años y 6 meses de prisión. 3°. Que la medida decretada en este procedimiento es necesaria para el desarrollo de éste, siendo, además, la libertad del requerido peligrosa para la seguridad de la sociedad, al tenor de lo prescrito en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal”.

138. “Atendido… que existe una importante diligencia en desarrollo, consistente en someter a Remmert Daniel Blankevoort con su consentimiento y voluntariamente, a toma de muestra para examen de ADN y determinación de su perfil genético, para su remisión por el Servicio Médico Legal y Cancillería chilena a la Fiscalía del Distrito Judicial de Ámsterdam y posterior envío a este Tribunal de los resultados de la comparación que se realizará con fluidos del sito del suceso, procedimiento que se llevará a efecto en estos días y que podría fracasar si se acogiere la solicitud que se provee, y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 363 y 648 del Código de Procedimiento Penal, se niega lugar a otorgar la libertad provisional pedida por el representante legal de Remmert Daniel Blankevoort”. RMCS, 21.1.2011, Rol N° 8648-2010. Min. R. Ballesteros C.

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del país de origen, luego de perpetrado el delito, es indiciaria de peligro de fuga 139 .

77. Asimismo, el tenor literal del artículo 650 ha sido simplemente desatendido, al otorgarse la libertad provisional bajo fianza (imponiéndose el deber de firmar el libro de excarcelados y el arraigo nacional), actuando el Tribunal en virtud de lo previsto en el artículo 361 del CdPP y considerando otros factores, como la naturaleza del delito, su fecha de comisión y el arraigo social del sujeto en Chile, incluso de oficio140_141 -.

78. Por su parte, se ha rechazado la libertad provisional aplicando las reglas generales, como la prevista en el artículo 363, y complementariamente con base en lo dispuesto en el artículo 650 142_143 -.

En uno de estos casos, la decisión fue confirmada en segunda instancia, pero, según dispuso el fallo de la Sala Penal, “eliminando en la cita legal la mención del artículo 650 del Código de Procedimiento Penal” 144 .

79. En ese sentido, la invocación del artículo 650 como único fundamento para rechazar la libertad provisional o el cese de la prisión preventiva parece más bien escasa, siendo el proceso “Alberto Fujimori”145uno de los pocos casos en que el solo precepto en cuestión fundó la negativa. En dicho caso, la Corte Suprema revocó la decisión de primera instancia, estimando que el artículo 650 resulta incompatible con el ordenamiento jurídico. En efecto, en el fallo de 18 de mayo de 2006, la Sala Penal sostuvo que: “la norma del artículo 650 del Código de Procedimiento Penal, en que se funda la resolución denegatoria, se encuentra tácitamente derogada por la disposición del artículo 19 N° 7 letra e) y N° 26 de la Constitución Política de la República, atendido además, lo dispuesto en los artículos 53 del Código Civil y 356 del Código de Procedimiento Penal, y considerando también lo prescrito en el artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y concluyendo que la libertad del requerido no es un peligro para la seguridad de la sociedad ni de las víctimas y no entorpecerá las diligencias pendientes, se revoca la resolución apelada de quince de mayo del año en curso, escrita a fojas 20 de 139. RMCS, 15.4.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito: “Atendido […] que el requerido Oswaldo Alejandro Guerrero Carrasco abandonó su país de origen […]en tiempo próximo a la ocurrencia del homicidio […], de acuerdo con lo prevenido en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, se niega lugar a la petición de excarcelación por estimarse que existe riesgo de fuga”.

140. RMCS, 25.10.2013, Rol N° 5451-2013, Min. S. Muñoz G. (S).

141. RMCS, 21.11.2013, Rol N° 7915-2013, Min. P. Valdés A. 142. RMCS, 15.7.2005, Rol N° 1659-2005. Min. J. Benquis C. Si bien esta resolución invocó el artículo 650, en complemento con la causal del artículo 363, ambos del CdPP. 143. RMCS, 21.3.2017, Rol N° 2863-2017. Min. M. Juica A.: “atendida la naturaleza del proceso, la gravedad del delito imputado y por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad y, de conformidad a lo establecido en los artículos 363 y 650 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a la solicitud de excarcelación y solicitud subsidiaria formuladas”.

144. SCS, 20.7.2005, Rol N° 3486-2005.

145. RMCS, 15.5.2006, Rol N° 5646-2005, caratulado “Alberto Fujimori”. Min. O. Álvarez H: “Atendida la naturaleza del proceso y lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a la solicitud de libertad provisional formulada en el escrito que antecede”.

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estas compulsas y, en cambio, se declara que se hace lugar a la libertad provisional del requerido Alberto Fujimori Fujimori, de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, bajo fianza y condiciones que regulará el Ministro Instructor de conformidad a la ley. Que, sin perjuicio de lo resuelto y atendido lo dispuesto en el artículo 305 bis C del Código de Procedimiento Penal, se mantiene el arraigo que afecta al requerido Fujimori Fujimori” 146 .

80. Como se verá en el siguiente apartado, la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ratifica esta postura, entendiendo que el artículo 650 resulta “frontalmente incompatible con las normas constitucionales, legales y de derecho internacional que aseguran el derecho a enfrentar la actividad jurisdiccional –penal– en libertad salvas las causales de excepción debidamente regladas, que no concurren en la especie”147 . Pese a ello, se han defendido argumentos para sostener la constitucionalidad del artículo 650148 . ii. Aplicación en el PEPC de las medidas cautelares previstas en el CPP 81. La discusión sobre la vigencia del artículo 650 del CdPP ha pasado a un segundo plano, toda vez que los fallos más recientes de la Corte Suprema estiman derechamente aplicables al PEPC las normas del CPP, en materia de cautelares personales. Así, la extradición caratulada “Sergio Alejandro Ibarra Ibarra” marca el inicio de esta jurisprudencia: si bien en un primer momento se rechazó la sustitución de la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa –por estimar necesaria la medida para el procedimiento y por la causal de peligro para la sociedad, al tenor del artículo 363 del antiguo CdPP149–; más tarde se acogió la misma solicitud en virtud de los siguientes razonamientos: (i) si bien el PEPC, establecido en el CdPP, no contempla las medidas cautelares personales alternativas, solicitadas por la defensa en sustitución de la prisión preventiva, éstas sí se encuentran reguladas en el artículo 155 del CPP; (ii) que dicho artículo 155 resulta aplicable al PEPC, según se desprende del artículo 5 del Código Procesal Penal, que obliga a interpretar las normas que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado en forma restrictiva, prohibiendo la interpretación por analogía; por consiguiente, a contrario sensu, sí podrán aplicarse analógicamente aquellas disposiciones que no restrinjan la libertad, como sería la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos 146. SCS, 18.5.2006, Rol N° 2242-2006. Sala Penal, integrada por los Ministros E. Cury, N. Segura, J. Rodríguez E., R. Ballesteros y el abogado integrante H. Álvarez G. Con el voto en contra del Ministro Rodríguez E. quien teniendo en consideración la naturaleza y número de delitos que se le imputan, estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, por lo que estuvo por confirmar la indicada resolución. (En primera instancia: Rol N° 5646-2005).

147. SCS, 13.8.2019, Rol N° 21483-2019. Sala Penal, integrada por los Ministros H. Dolmestch, Carlos Künsemüller, L. Cisternas, M. Valderrama, y J. Dahm. Con el voto en contra del Ministro Cisternas, quien estuvo por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos. (En primera instancia, Rol N° 7744-2019).

148. Así lo sostuvo Alfredo Etcheberry, representando a los EEUU en la extradición “Carlos Cardoen”, Rol N° 7744-2019, afirmando la idea que sigue. En el procedimiento penal ordinario regido por el CdPP, la libertad provisional es un derecho de todo detenido o preso y que puede ser ejercido siempre (artículo 356), pudiendo ser rechazada dicha libertad por resolución fundada, si la prisión preventiva resulta “necesaria para el éxito de las investigaciones del sumario, o cuando la libertad… sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido” (artículo 363). En contraste, la libertad provisional sería improcedente en el PEPC, pero por otras razones: no tiene por objeto ni la seguridad de la sociedad, ni del ofendido, ni el éxito de las investigaciones, sino sólo la efectividad del PEPC, es decir, el cumplimiento por parte de Chile de una obligación internacional libremente contraída en un Tratado o proveniente de las reglas comunes no escritas del derecho internacional: de entregar a la nación competente para el juzgamiento, a los responsables prófugos de crímenes graves, que mediante la fuga se han sustraído a la acción de la justicia. Ello sólo es posible privando al extraditable de la libertad ambulatoria.

149. RMCS, 8.6.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado. Confirmada por SCS, 18.6.2018, sin agregar fundamentos.

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gravosa150; (iii) que esta postura se ve respaldada por la analogía in bonam partem, aceptada en tanto significa la aplicación de normas penales a situaciones no regladas en su supuesto de hecho pero que favorecen al imputado; y por último, (iv) porque entender lo contrario implicaría una afectación al principio de igualdad ante la ley, de rango constitucional, toda vez que solo algunos requeridos podrían acceder a medidas cautelares menos gravosas, en razón del mero procedimiento aplicable.151_152 82. Estos argumentos fueron empleados en “Néstor Fabián Peralta”153 y en “Mauricio Román Retamales”154 , fundando la sustitución de la medida de detención previa, de oficio en ambos casos, por la firma semanal y el arraigo. Además, en el segundo caso, se tuvo en consideración que el plazo de detención previa previsto en el artículo X de la Convención sobre Extradición de Montevideo se cumpliría al día siguiente de la resolución, que era un día sábado, buscando “evitar que el requerido pase más tiempo del debido en prisión preventiva a la espera de la certificación acerca de si se ha procedido a la formalización de la extradición de autos” (c. 7°).

83. La Corte Suprema ha respaldado esta línea jurisprudencial, afirmando que en el PEPC resultan procedentes las medidas cautelares personales alternativas, previstas en el proceso penal reformado. De este modo, en la extradición “Carlos Cardoen Cornejo”, la Sala Penal sustituyó el arresto domiciliario total a que estaba sujeto el requerido, por arresto domiciliario nocturno y arraigo, en tanto se trataría de medidas que concilian la necesidad de cautela propia de la extradición pasiva con las garantías fundamentales del requerido, desarrollando los siguientes argumentos, que conviene citar en extenso: “2.- Que sobre el particular debe tenerse en consideración el principio sustantivo previsto en el artículo 19 N°3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República, de retroactividad de la ley penal más favorable al imputado, toda vez 150. Siguiendo estos dos razonamientos y considerando además el informe de la Fiscala Judicial, que sugirió el rechazo del pedido, lo que morigeraría el peligro de fuga, se acogió sustituir la prisión preventiva por las medidas de arraigo y firma semanal, con la RMCS, 11.3.2020, Rol N° 8343-2019, Min. M. Silva C. 151. RMCS, 24.8.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado, que sostiene: “4°. Que, siguiendo el mismo razonamiento, el artículo 5° inciso 2° del Código Procesal Penal establece que las disposiciones del referido cuerpo normativo ‘que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía’. A contrario sensu, sí podrán aplicarse analógicamente aquellas disposiciones que no restrinjan la libertad u otros derechos o facultades del imputado, como sería la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por otra menos gravosa. 5°. Que en doctrina existe la denominada analogía in bonam partem, esto es, la aplicación de normas penales a situaciones no regladas en su supuesto de hecho pero que beneficien al imputado, lo que si bien atentaría contra la reserva legal estricta, no afecta ningún derecho del individuo y además reduce el ámbito de lo punible por lo que no existen reparos doctrinales a su aplicación. Por lo anterior, si bien se considera una excepción al principio de legalidad igualmente, su utilización no está vedada (Lecciones de Derecho Penal chileno Parte General, Teoría de la Ley Penal, Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, Segunda Parte, págs. 99-100). 6°. Que a mayor abundamiento, no permitir que el imputado en un proceso regido por las normas del procedimiento penal antiguo, pueda acceder a otras medidas cautelares personales menos gravosas que la prisión preventiva, significaría una afectación a su derecho de igualdad ante la ley, reconocido constitucionalmente, en relación de aquellos imputados en causas tramitadas conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal”.

152. Siguiendo los argumentos (i), (ii) y (iv), se sustituyó la detención previa por firma semanal y arraigo, en la RMCS, 17.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 153. RMCS, 17.10.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 154. RMCS, 21.6.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M.

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que el legislador dispuso, en el artículo 11 del Código Procesal Penal, relativo a la aplicación temporal de la ley procesal, que éstas disposiciones ‘serán aplicables a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado’ […]; 3.- Que así las cosas y como lo ha señalado esta Corte por sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil cinco, dictada en los autos Rol N° 6292-2005, acorde con lo establecido especialmente por el legislador en el artículo 485 del Código Procesal Penal, corresponde aplicar en la sustanciación de la presente extradición pasiva, atendida la fecha en que ocurrieron los hechos a que se refiere, las normas del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala, en dicha tramitación se deberán reconocer y conceder las garantías y derechos que prevé la normativa más favorable, la cual en este caso corresponde a aquella contenida en el Código Procesal Penal.

4.- Que en ese contexto, debe tenerse además en consideración que conforme lo dispone el artículo 139 del Código Procesal Penal, la privación total de libertad –ya sea en un recinto penitenciario o en un domicilio–, en cuanto medida cautelar de mayor intensidad, es de carácter excepcional, y procede únicamente cuando las demás medidas cautelares fueren estimadas como insuficientes por el juez para asegurar los fines del procedimiento, la seguridad de la víctima o de la sociedad.

5.- Que, por ende, las disposiciones contenedoras de una prohibición a ponerle término a la prisión que afecta a personas sometidas a un procedimiento judicial, resultan, en la actualidad, frontalmente incompatibles con las normas constitucionales, legales y de derecho internacional que aseguran el derecho a enfrentar la actividad jurisdiccional -penal- en libertad salvas las causales de excepción debidamente regladas, que no concurren en la especie.

6.- […] las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y de arraigo nacional resultan ser en el actual estado del procedimiento, idóneas, racionales y proporcionales, en cuanto las mismas permiten conciliar adecuadamente la necesidad de cautela propia del pedido de extradición con el respeto por las garantías fundamentales del requerido” 155 .

84. Con todo, debe recordarse la regla prevista en el artículo 305 bis156 del CdPP, en virtud de la cual el juez instructor puede decretar la medida cautelar de arraigo, en casos graves y urgentes, como ocurrió con un requerido que había sido puesto en libertad, por no formalizarse el pedido de extradición en la oportunidad correspondiente, disponiendo la comunicación de la medida al afectado a través de la O.C.N. Interpol157 .

155. SCS, 13.8.2019, Rol N°21483-2019. Sala Penal, integrada por los Ministros H. Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama, y Jorge Dahm. Con el voto en contra del Ministro Cisternas, quien estuvo por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos. (En primera instancia, Rol N° 7744-2019).

156. Artículo 305 bis.- En casos graves y urgentes, el juez podrá prohibir la salida del territorio nacional al inculpado respecto de quien existan antecedentes que, apreciados en conciencia, sean bastantes para estimar que en el sumario podrá ser decretada su detención y que tratará de sustraerse a la acción de la justicia. Para este efecto, dictará orden de arraigo por un lapso no superior a sesenta días, el que no podrá prorrogarse en virtud del mismo hecho que motiva la orden. Transcurrido el plazo por el cual se decretó, el arraigo quedará sin efecto. El juez deberá comunicarlo de inmediato a la misma autoridad policial a quien impartió la orden sin más trámites.

157. RMCS, 5.11.2019, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco.

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iii. Efectos del fallo de primera instancia que rechaza la extradición sobre las medidas cautelares personales 85. El PEPR dispone expresamente en el artículo 452 del CPP que si el fallo de primera instancia rechaza la extradición, aun cuando no se encuentre ejecutoriado, el Ministro Instructor debe “decretar el cese de cualquier medida cautelar personal”. En contraste, la formulación del antiguo PEPC se refiere al fallo de segunda instancia, de modo que el artículo 655 inciso 2° del CdPP prescribe la libertad del requerido, solo una vez que la decisión denegatoria de la extradición adquiere autoridad de cosa juzgada158 . Así, surge la cuestión sobre si el fallo de primera instancia que deniega la extradición, tiene o no consecuencias respecto de las medidas cautelares personales impuestas en el PEPC. 86. Este punto no parece despertar controversia en los procedimientos estudiados y de hecho no se han encontrado casos en que se plantee explícitamente la cuestión de si es o no admisible aplicar la regla del artículo 452 del CPP al PEPC (como ocurre con las cautelares del artículo 155). En efecto, la jurisprudencia extendida en primera instancia simplemente da aplicación al artículo 655 inciso 2° del CdPP, lo que se expresa en la parte resolutiva de la sentencia a través de la fórmula: “Ejecutoriada esta sentencia […] déjese sin efecto las medidas cautelares que afectan al requerido”159 .

87. De esta forma, el cese de las medidas cautelares personales en el PEPC se decreta solo una vez que el tribunal ad quem se ha pronunciado (recuérdese la consulta), específicamente al momento de dictarse el “cúmplase” por el Ministro Instructor. Así, en un caso donde el requerido se hallaba en prisión preventiva, dicha medida se levantó solo cuando el fallo quedó firme160; lo mismo ocurrió en otro caso donde la persona estaba sujeta a arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo161; y en otro donde pesaba sobre el requerido arraigo nacional162 .

88. Con todo, existen casos en que con el mérito de la sola sentencia de primera instancia, el Ministro Instructor puso fin a las medidas cautelares personales, sin esperar el resultado confirmatorio del fallo de alzada, disponiendo, por ejemplo, en “Carlos Cardoen Cornejo”: “la cesación de las medidas cautelares que afectan al requerido”163. Lo mismo ocurrió en el caso “Marco Antonio Aliaga Zorrilla”, donde se alzó la medida de arraigo164; y en “Roberto Coloma Soto”, donde se alzó la cautelar de firma ante Primer Juzgado Civil de Concepción, única cautelar que pesaba sobre el requerido al dictarse el fallo de primera instancia (la medida de arraigo había sido levantado antes)165 .

158. En concordancia con el artículo 650, que establece la improcedencia de otra medida distinta de la privación total de libertad durante el PEPC 159. SMCS, 24.6.2020, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. SMCS, 3.4.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 160. SMCS, 31.12.2013, Rol N° 7915-2013, Min. P. Valdés A. 161. “Cúmplase […] A efectos de revocar las medidas cautelares impuestas al requerido, ofíciese a la Secretaría General de Carabineros de Chile y a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile”.

RMCS, 22.6.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 162. SMCS, 24.6.2020, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 163. SMCS, 6.3.2020, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 164. SMCS, 28.9.2007, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E. 165. SMCS, 15.7.2015, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S.

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89. Dicho lo anterior, cabe destacar que los argumentos empleados al fundamentar la aplicación en el PEPC de las medidas cautelares personales previstas en el CPP, pero no contempladas en el antiguo proceso penal, resultan plenamente válidos para justificar la aplicación del artículo 452 en el PEPC. En efecto, (i) la imposición del cese de las medidas cautelares personales, por rechazo de la extradición en primera instancia, es una regla que amplía la libertad y derechos del imputado, y por consiguiente puede aplicarse por analogía –a contrario sensu de lo dispuesto en el artículo 5 del CPP–; (ii) por ser una interpretación favorable al reo; y en definitiva (iii) porque la aplicación de la regla solo al PEPR –y no al PEPC– implica una afectación al principio de igualdad ante la ley, de rango constitucional.

B. Estándar para acceder a la extradición previsto en el artículo 647 N° 3 del CdPP 90. El tercer punto que es objeto de la investigación o “pequeño sumario” previsto en el artículo 647 del CdPP, corresponde a: “acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye”. Este punto constituye el asunto de fondo a ser resuelto por el Tribunal, pero ello no significa que el Ministro deba realizar “una investigación minuciosa para acumular plena prueba de la culpabilidad del reo, sino que bastará que estén probados antecedentes que racionalmente hagan presumir esa culpabilidad”166 .

91. En línea con esta idea, en el caso “Jorge Gutiérrez Meza y Otros”, el fallo de primera instancia analiza la exigencia del artículo 647 N° 3 del CdPP, a la luz de lo previsto en el artículo 274 del mismo código, afirmando que el grado de convicción exigido en la extradición pasiva se corresponde con el estándar de sometimiento a proceso, dado que “en Chile debe estar justificada la existencia del delito materia de la investigación y aparecer presunciones fundadas para estimar que el inculpado tuvo participación en el delito como autor, cómplice o encubridor”, precisando que: “la ley no pretende que los antecedentes inculpatorios conduzcan necesariamente a una decisión de condena, pero sí que sean graves y de consideración de modo que justifiquen el juzgamiento; análisis de mérito que en el proceso penal vigente a la fecha de la comisión del ilícito corresponde al juez de primer grado y que en el de extradición está reservado al ministro instructor” (c. Noveno)167 .

92. Siguiendo este criterio, el fallo examinó las piezas de investigación acompañadas por el Estado de Perú, concluyendo que no concurre la circunstancia establecida en el N° 2 del artículo 274, esto es, que existan presunciones fundadas en contra de los requeridos, respecto a su participación en los delitos de contrabando y asociación ilícita que se les imputaba en el Estado requirente; y agrega, en ese sentido, que tampoco se cumple la exigencia prevista en el artículo 365 N° 1 del Código de Derecho Internacional Privado, que impone al requirente la carga de presentar, junto con el pedido de extradición, “al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate”. Esta conclusión se explica porque en el proceso: (i) no constan documentos que incriminen a los requeridos, como aquellos en que se supone estamparon sus firmas para la internación provisoria de vehículo o que acrediten titularidad sobre los vehículos que ingresaban a Perú; (ii) 166. LÓPEZ, Osvaldo. Derecho procesal penal chileno. Ediar Editores Ltda. Santiago. 1983. p. 424.

167. SMCS, 23.3.2016, Rol N° 21018-2015. Min. M. Valderrama R.

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asimismo, del análisis de las declaraciones formuladas por distintas personas en el proceso seguido en Perú, se advierte que ninguna de ellas reconoció a los requeridos como partícipes en una agrupación delictual; y por último, (iii) en el proceso de extradición los requeridos negaron los hechos, observando que algunos padecían impedimento o discapacidad física para conducir vehículos motorizados o no contaban con licencia de conducir168 .

93. Asimismo, en sintonía con el caso anterior, otros fallos han sostenido que el estándar exigido por el N° 3 del artículo 647 del CdPP no se corresponde con la convicción de condena, sino con el estándar para someter a proceso al imputado, en los términos del artículo 274 del mismo código, tal como se afirmó en las causas “Jorge Meza Dionicio”169y “Vicente Jesús Alberca Tadeo”170.

También puede mencionarse el fallo dictado en “Alejandro Arriagada Ramos”, que acogió el pedido de extradición, en base a los elementos aportados por el Estado requirente, estimando verosímil la actividad delictiva imputada al requerido, referida a delitos de tráfico de drogas, los que resultaron concordantes con el historial de entradas y salidas a nuestro país, el que a su vez no se condecía con la realidad descrita por el sujeto al prestar declaración indagatoria171 . De este modo, al parecer entendiendo que el estándar del artículo 647 N° 3 es equivalente al de procesamiento, concluyó que “existen ‘presunciones fundadas’ de acuerdo a la legislación chilena o al menos indicios racionales de su culpabilidad, de acuerdo al Código de Derecho Internacional Privado, para estimar que Arriagada Ramos ha tenido la calidad de partícipe de la asociación ilícita para el tráfico internacional de drogas”172 .

168. SMCS, 23.3.2016, Rol N° 21018-2015. Min. M. Valderrama. c. Noveno.

169. “DUODECIMO: Que en relación al tercer requisito […] esto es, acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye, es del caso enfatizar que esta condición para la legislación chilena se satisface, si los elementos de juicio aportados a la investigación bastarían para procesar, en nuestro país, según las prescripciones contenidas en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, vigente para estos efectos. Esta norma estatuye que después que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso, si los antecedentes resultaren que está justificada la existencia del delito que se investiga, y que aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. En el presente caso, en el motivo quinto precedente se hace una relación de los elementos incriminatorios que se han producido en la instrucción criminal correspondiente, en contra del extraditado […] pruebas que en opinión de este Tribunal son bastantes y vehementes para convencer de que ha existido un hecho punible que ha afectado la libertad sexual de una menor de edad y además, que en ese hecho punible a lo menos a título indiciario, le ha correspondido a Meza Dionisio una participación de autor, con lo cual se han cumplido a plena satisfacción todos los requisitos que hacen procedente el pedido de extradición formulado”. SMCS, 4.6.2004, Rol N° 5830-2006. Min M. Juica A. 170. “UNDÉCIMO: Que, en relación al tercer requisito del artículo 647 de nuestro Código de Procedimiento Penal, la jurisprudencia uniforme ha señalado que los antecedentes que la ley exige respecto de la existencia del hecho punible y la participación del requerido en el delito, son los que señala el art. 274 del mismo Código, para someter a proceso a un individuo en Chile, es decir, que “esté justificada la existencia del delito que se investiga” y que aparezcan “presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor”. Del mérito de los antecedentes acompañados, y lo declarado por el imputado en esta instancia, no aparecen presunciones fundadas de que el requerido haya tenido la calidad de autor o partícipe en un delito contra la seguridad pública—terrorismo agravado […]”.

SMCS, 6.6.2019, Rol N° 7953-2017. Min. C. Aránguiz Z. 171. “Estos numerosos viajes al exterior llevados a cabo por Arriagada Ramos, no se condicen con el nivel económico y social que él mismo reconoce, cuando ha contado que en Italia ni siguiera tuvo domicilio fijo, y que para subsistir trabajó haciendo aseo en casas y departamentos; que desde su regreso a Chile, trabaja conduciendo un taxi de propiedad de su hermana y vive de allegado en la casa de su madre, en una modesta vivienda en la comuna de Estación Central” (SMCS, 30.1.2006, Rol N° 1659-2005. Min. M. Herreros M. (S). c. 10°) 172. SMCS, 30.1.2006, Rol N° 1659-2005. Min. M. Herreros M. (S). c. 11°.

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94. Por otro lado, el expediente “Féliz Chaura Coronado” destaca por la profundidad de la investigación, ya que, como se indicó previamente (V, D, §38), el Servicio Médico Legal confeccionó informes médicos, físicos y psicológicos del requerido; el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile elaboró un informe pericial fotográfico, sobre las características de altura, peso y señales del mismo; Chaura Coronado prestó cuatro veces declaración indagatoria; y se remitió un exhorto internacional para la realización de diligencias en el Estado requirente173 . Entre estas diligencias, la última declaración del requerido resultó relevante para acceder a la extradición, ya que, interrogado por el Tribunal, el sujeto reconoció haber mantenido relaciones sexuales con una de sus hijas, aunque en su relato indicó que ella era mayor de edad y actuó por voluntad propia. Este reconocimiento, sostiene el considerando décimo del fallo, “junto a las demás pruebas que rolan en autos, son suficientes para tener por establecida su participación en los hechos que se le atribuyen y materia del requerimiento, en los términos que se hacen exigibles en esta sede de extradición”174 . Asimismo, el Estado argentino había aportado un volumen importante de antecedentes, conformado por: (i) las denuncias y declaraciones de cada víctima; (ii) testimonios de otras once personas, entre las que había amigos, empleados, vecinos, parejas y parientes de las víctimas; (iii) actas de nacimiento donde consta la relación de filiación entre el requerido y las ofendidas; (iv) acta de allanamiento; (iv) fotografías de allanamiento y osamentas del feto enterrado en el patio del domicilio; (v) informes médicos y psicológicos de las víctimas, entre otros antecedentes, a los que se suman los informes fotográfico y médico legal realizados en Chile al imputado. En virtud de este conjunto de elementos de cargo se tuvo por cumplida la exigencia prevista en el artículo 647 N° 3 del CdPP, puesto que, según la sentencia: “permiten concluir que existe multiplicidad de medios probatorios, de los que resulta mérito bastante para tener por acreditado en autos que un individuo accedió carnalmente a sus hijas […], venciendo la resistencia de las ofendidas con violencia e intimidación, acción que se reiteró en el tiempo y en diferentes lugares en la República Argentina” (c. Sexto)175 .

95. Por su parte, la sentencia dictada en la causa “José Sergio Úbeda Farías” expresó claramente que el Estado requirente tiene la carga de acompañar antecedentes mínimos o esenciales. En efecto, en su considerando 8°, citando otro fallo, afirmó que: “‘La intervención de los tribunales de la nación requerida en un proceso de extradición pasiva constituye un acto jurisdiccional que, por su naturaleza, habilita a aquellos para apreciar el mérito de los antecedentes que el país requirente hace valer en apoyo de la procedencia de la extradición. El principio enunciado precedentemente se desprende de los artículos 647 nros. 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal y 365 del Código de Derecho Internacional Privado, uno de los requisitos que deben concurrir para la procedencia de la extradición consiste en que se acompañen las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad del individuo cuya entrega se reclama’ (Pdte. Corte Suprema, 08.07.1965, R., t. 62, secc. 4a, p. 240)” 176 .

173. SMCS, 31.1.2007, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. 174. SMCS, 31.1.2007, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. c. Décimo.

175. SMCS, 31.1.2007, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. c. Décimo.

176. SMCS, 24.7.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L. c. 8°

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96. Bajo esta premisa, se negó el pedido de extradición, estimando que los antecedentes acompañados eran insuficientes, ya que el Estado de Brasil agregó únicamente un certificado relativo a la sentencia condenatoria de primera instancia, no ejecutoriada, dictada en contra del requerido, pero sin adjuntar dicha sentencia, no siendo posible para el Tribunal “apreciar los hechos materiales constitutivos de este ilícito –ni siquiera se han agregado elementos probatorios relativos a las lesiones que habría sufrido Magali Jurema de Moura y su gravedad– y, por ende, dar por legalmente establecido que el sindicado como procesado cometió este hecho delictivo”177 .

97. En contraste, en la extradición “Oswaldo Guerrero Carrasco”, el Estado ecuatoriano, que imputaba al requerido el homicidio de su ex pareja, acompañó un mayor volumen de antecedentes: dos informes periciales, uno sobre el cadáver de la víctima y otro sobre identificación dactilar, del Departamento de Criminalística del Guayas; se adjuntó también la denuncia del padre de la víctima, su declaración y los testimonios de otros cinco testigos, entre otros documentos178 .

La defensa alegó que dichos antecedentes no permitían alcanzar la convicción necesaria para presumir la participación del requerido en el homicidio: que tres de los testigos eran inhábiles y que su defendido carecía de antecedentes penales en ambos países. El fallo, sin embargo, concluyó que los elementos proporcionados por el Estado requirente eran suficientes para atribuir responsabilidad como autor al requerido. Principalmente, en base al relato de un testigo, que ubicó al requerido pidiéndole ayuda para deshacerse de un saco de yute, supuestamente con desechos químicos, en un botadero “donde luego se encontró el cadáver de […] dentro de un saco del mismo material” (c. 7°)179. Respecto a la inhabilidad de los testigos y las imprecisiones de relato, según el alegato de la defensa, el fallo recordó la naturaleza del PEPC, en su considerando 8°, señalado: “es claro que la valoración de los testigos debe hacerse por el Juez requirente, y que en este proceso sólo se les aprecia a los efectos de verificar los presupuestos del artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, atendido que no se trata del juicio mismo” (c. 8°)180 98. Finalmente, se descartó prueba rendida por la defensa, ya que “que no acreditan fehacientemente que el requerido no haya estado en el lugar de los hechos en la fecha en que éstos ocurrieron” 181 .

177. SMCS, 24.7.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L. c. 10°.

178. Como señala el considerando 2° del fallo: “antecedentes de identidad del requerido; protocolo de autopsia del cadáver NN.; informe de identificación dactilar del Departamento de Criminalística del Guayas; informe policial de 14 de diciembre de 2001 en relación a la denuncia del señor Ernesto […]; denuncia presentada por el padre de la víctima, don Ernesto […]; versiones de testigos de […]; resolución de instrucción Fiscal N°020-2001 de 7 de noviembre de 2001, en contra del requerido, […]; auto de prisión y captura del requerido dictado por el Juez Séptimo de lo Penal del Guayas; dictamen Fiscal acusatorio en contra de Oswaldo Guerrero y otros, suscrito por el Agente Fiscal de lo Penal del Guayas; auto de llamamiento a juicio en contra del reclamado de 4 de abril de 2002; providencia de 7 de junio de 2004 del Juez Séptimo de lo Penal del Guayas que ordena la captura de Guerrero Carrasco; providencia de 24 de febrero de 2011 del Tribunal requirente en el que solicita la extradición de Guerrero Carrasco; transcripción de las disposiciones legales acerca del delito, la prescripción y normas de procedimiento”. SMCS, 1.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 179. SMCS, 1.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 180. SMCS, 1.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 181. SMCS, 1.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C.

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C. Notificaciones 182 99. El PEPC no regula expresamente el ámbito de las notificaciones, de modo que resultan aplicables las disposiciones generales del Libro I del CdPP, específicamente, las previstas en el Título III, relativo a “Reglas aplicables a todo juicio criminal”. Por consiguiente, en esta materia, por remisión expresa, rigen las reglas del Libro I del CPC183, salvo los casos en que el CdPP establece reglas especiales para su notificación184, como sucede con el auto de procesamiento, el auto acusatorio, la resolución que deniega la libertad, la sentencia definitiva de primera instancia, el cúmplase de la sentencia de segunda instancia y las que hayan de practicarse al Ministerio Público (artículos 66, 276, 432 bis y 505).

100. En consecuencia, según se sigue de los artículos 43 y 66 inciso 4° del CdPP y 50 del CPC, la regla general en el procedimiento penal antiguo es la notificación por el estado diario, a menos que el procesado se encuentre privado de libertad sin defensor constituido, y salvo los casos en que la ley dispone expresamente otra forma de notificación. De este modo, la mayor parte de las resoluciones dictadas en el PEPC se notifican por el estado diario, excepto los siguientes casos: (i) la resolución que da curso al pedido de extradición o de detención previa; (ii) la sentencia definitiva de primera instancia; (iii) el cúmplase de la sentencia de segunda; (iv) la resolución sobre la libertad provisional o sobre modificación de cautelares personales; y (v) las que hayan de notificarse a los representantes del Ministerio Público.

101. En este apartado se examinará la forma especial de notificación que corresponde a cada uno de estos casos, prevista por el CdPP, y la manera en que la jurisprudencia ha entendido que debe realizarse en la práctica. Adicionalmente, tratándose de: (vi) el “traslado” al requerido de la vista fiscal en el PEPC (artículo 652), se aborda la falta de claridad en cuanto a cómo debe ser notificado; y (vii) la procedencia de las notificaciones por medios electrónicos en el PEPC, conforme a los preceptos de la ley N° 20.886, sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales185 .

182. Cabe advertir que este trabajo se elaboró con ciertas limitaciones en el acceso a los expedientes, siendo la principal fuente de acceso a éstos, casi exclusivamente, el sistema de tramitación digital de la Corte Suprema, SITSUP, donde las causas, dependiendo de su año, tienen importantes vacíos de tramitación, no conteniendo en forma íntegra los expedientes (las presentaciones comenzaron a digitalizarse e ingresarse al sistema por el año 2014, por ej.), habiendo actuaciones que no tienen correlato virtual. De este modo, no puede darse por descontado que la carpeta digital refleja fielmente el contenido de cada proceso, lo que también constituye un punto ciego en lo que dice relación con la constancia de las notificaciones. Recuérdese que la ley N° 20.886 entró en vigencia en todo el territorio desde el 18.12.2016, siendo aplicable al PEPC en las causas iniciadas con posterioridad a esa fecha. Además, hay casos excepcionales en que ciertas piezas del expediente se han mantenido solo “en papel”, es decir, en el expediente físico, con reserva (Rol N° 7744-2019). Por tanto, las afirmaciones realizadas aquí se basan en el acceso a las causas de extradición, en las condiciones indicadas.

183. Aplicable al antiguo proceso penal, según lo determina el artículo 43 del CdPP: “Artículo 43.- Son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código o en leyes especiales, las disposiciones comunes a todo procedimiento, contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil”.

184. LÓPEZ, Osvaldo. Derecho procesal penal chileno. Ediar Editores Ltda. Santiago. 1983. p. 91.

185. El artículo 31 del Código Procesal Penal también regula formas alternativas de notificación, sin embargo, luego de la entrada en vigencia de la ley N° 20.886, se estima más pertinente esta última en el contexto del PEPC, ya que su artículo 1 establece expresamente que le es aplicable.

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i. Primera notificación: pedido de detención previa o de extradición 102. La primera notificación al requerido (se trate de una solicitud de detención previa o de extradición) debe realizarse en forma personal, según se desprende del artículo 40 del CPC186 , pues se trata de un juicio cuyos resultados han de afectarle; y del artículo 66187del CdPP, ya que en el PEPC es común que en esta etapa se encuentre privado de libertad. De esta forma se realizó la primera notificación en todos los casos analizados en el presente informe188 . Asimismo, aun cuando la resolución que dé curso al pedido formal de extradición no sea la primera notificación al afectado (por haberse iniciado por detención previa), en muchos casos, se notifica al requerido de dicho pedido nuevamente en persona189 , incluso si se encuentra en libertad 190_191 -.

103. Casos ilustrativos. En la práctica, la notificación personal se concreta de diversas formas, según cada caso particular, siendo un factor relevante el lugar donde la persona reclamada es detenida o citada, ya que si se encuentra fuera de la jurisdicción de la Región Metropolitana de Santiago, lo habitual es que el Ministro Instructor delegue, vía exhorto, al juzgado competente continuador legal en materia de crimen192 , la carga de notificar personalmente al requerido y tomarle declaración indagatoria.

104. Así, para ilustrar lo anterior, se comentan algunos casos, distinguiendo si el requerido fue habido dentro o fuera de la jurisdicción de la Región Metropolitana de Santiago. En los siguientes casos, la detención del reclamado se produjo dentro de dicha jurisdicción: a. En “Karín Ramírez Delgado”, luego de ser detenida la persona requerida, la solicitud de detención previa le fue notificada personalmente por el Ministro Instructor193 .

186. “Art. 40 [CPC]. En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados, deberá hacérseles personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita”.

187. “Art. 66.- [inc. 2] Las notificaciones al privado de libertad que no tuviere defensor o mandatario constituido en el respectivo proceso, deberán hacérsele personalmente en el recinto donde se encontrare recluido […] [inc. 4] Tratándose de personas privadas de libertad que tuvieren defensor […] solamente a dichos representantes. […] Sin perjuicio de lo anterior, la resolución que deniegue la libertad, la que someta a proceso al imputado, el auto acusatorio, […] deberán, además, ser notificadas personalmente al detenido o preso en la forma establecida en los incisos precedentes”. Los pedidos de detención previa o de extradición pueden asimilarse al auto de procesamiento o acusatorio, de modo que, tenga o no defensor el requerido en el proceso, debe ser notificado personalmente.

188. Véase Anexo I, al final de este documento.

189. Como ocurrió en: RMCS, 27.4.2018 y 26.6.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado.

190. RMCS, 31.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Egnem (S).

191. Encontrándose privado de libertad el requerido, es claro que la notificación debe ser personal, por lo dispuesto en el artículo 66 inc. 2 del CdPP. No es así de claro en la situación de libertad, si bien podría argüirse que el pedido de extradición (en el PEPC) es equivalente al auto de procesamiento (del procedimiento ordinario), lo que constituye una razón para justificar la notificación personal, ya que respecto de dicho auto, el artículo 276 inc. 2° dispone que “el tribunal arbitrará las medidas para su más pronta notificación personal”, tratándose de un procesado libre.

192. Véase ley N° 19.665 que reformó el Código Orgánico de Tribunales, de 9.3.2000, especialmente sus artículos transitorios 4 y 5.

193. Declaración, 25.1.2017, Rol N° 2863-2017. Min. S. Muñoz (S).

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b. En “Néstor Fabián Peralta” el pedido de detención previa fue comunicado por el secretario de la Corte Suprema194 . Luego, al formalizarse el pedido de extradición, el requerido fue citado para ser notificado del mismo, lo que parece haber ocurrido al tomarse la declaración indagatoria195 . c. En “Carlos Cardoen Cornejo” el pedido de extradición fue puesto en conocimiento del requerido por el secretario de la Corte Suprema196 , siguiendo la norma prevista en el artículo 66 bis197del CdPP. d. En “Marco Antonio Aliaga Zorrilla” también se dispuso la notificación personal de la solicitud de extradición, por parte el secretario de la Corte Suprema, previa citación del requerido (artículo 66 bis)198 .

105. Por su parte, si el requerido es detenido fuera de la Región Metropolitana, lo común es que, vía exhorto, se encomiende al tribunal del lugar la notificación al requerido y tomar su declaración indagatoria, como se advierte en los siguientes casos: a. En “Mauricio Román Retamales” 199 , la solicitud de detención previa fue notificada personalmente por el juez del Juzgado de Letras de Limache, previo exhorto del Tribunal. Más tarde, al formalizarse el pedido de extradición, se dispuso notificación por mail a la defensa particular del requerido200 . b. En “María José Reyes Hernández” se notificó en forma personal el pedido de extradición, por la secretaria del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, previo exhorto201 . c. En “Juan Venegas Vergara” se dispuso (también vía exhorto) la notificación por el Juzgado de Letras de Villarrica, de la orden de detención previa, diligencia que fue concretada por el ministro de fe de dicho Tribunal202 . Luego, al tenerse por formalizado el pedido, nuevamente se exhortó al mismo juzgado, para la notificación personal del requerido, mientras que “al abogado defensor por la vía más expedita” 203 .

194. Constancia, 17.10.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. Sec. J. Sáez.

195. RMCS, 26.11.2018 y Declaración de 4.12.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 196. Constancia, 25.6.2019, Rol N° 7744-2019. Sec. M. Doering.

197. “Artículo 66 bis.- No obstante lo establecido en el artículo precedente, el juez podrá disponer, por resolución fundada y de manera excepcional, que la notificación de aquellas resoluciones que deban comunicarse personalmente al privado de libertad sea practicada por el secretario en el recinto del tribunal.

En todo caso, si el detenido o preso se encontraré en el recinto del tribunal al momento de dictarse la resolución, ésta deberá serle notificada de inmediato por el secretario, aplicándose en lo demás lo dispuesto en el artículo anterior”.

198. RMCS, 2.4.2007, Rol N° 5313-2006. Min. J. Araya E. 199. RMCS, 24.7.2019, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 200. RMCS, 12.9.2019, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 201. RMCS, 13.12.2019, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O. Véase RJL San Vicente de Tagua Tagua, 16.12.2019.

202. RMCS, 7.11.2019, Rol N° 29038-2019. Min. Maggi D. Y Constancia de 8.11.2019 203. RMCS, 31.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Egnem (S).

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d. El caso “Yeison Bustamante Cavanzo” marca una diferencia, pues tanto la solicitud de detención previa como el pedido formal de extradición, fueron notificados por el propio Ministro Instructor, compareciendo el requerido desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta, mediante videoconferencia, previo exhorto a efectos de coordinación, ya que el requerido se hallaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de ese lugar 204 . e. Finalmente, el proceso “Sergio Ibarra Ibarra” también parece un caso especial, dado que habiendo sido detenido en la ciudad de Temuco, el requerido fue traslado hasta Santiago, donde el Ministro Instructor lo puso en conocimiento de la detención previa dictada en su contra.

Posteriormente, al formalizarse el pedido de extradición, éste fue notificado por el Ministro Instructor, a través de videoconferencia, previo exhorto al Juzgado de Garantía de Temuco205. ii. Notificación de la sentencia definitiva de primera instancia 106. La notificación de la sentencia definitiva de primera instancia reviste una doble importancia: primero, porque en nuestra legislación las resoluciones judiciales producen efecto solo en 206 virtud de su “notificación hecha con arreglo a la ley”, salvo excepciones (artículo 38 del CPC) –si bien este fallo solo podrá ejecutarse al quedar firme, luego de la revisión de segunda instancia, dictado el “cúmplase” (artículo 653207 del CdPP y 174 del CPC). Y segundo, porque a partir del momento en que se practique, se inicia el plazo de 5 días que otorga la ley para que los intervinientes recurran de apelación en contra del fallo o, si ello no sucede, se eleve en consulta 208 .

107. El CdPP regula la notificación de esta sentencia en los artículos 66 y 505, según la situación del procesado, lo que se refleja en el siguiente cuadro explicativo:

204. RMCS, 6.8.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

205. RMCS, 27.4.2018 y 26.6.2018, y Acta de 29.6.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. 206. “Art. 38. Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella”.

207. “Art. 653.- Deberá dictarse sentencia dentro de quinto día, la que se llevará en consulta a la Corte si no es apelada”.

208. “Art. 510.- Toda sentencia definitiva puede ser apelada por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la respectiva notificación”. Véase también artículos 653 y 654.

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108. Como se puede advertir, pese a las variadas hipótesis, la regla de notificación es simple: sea que el requerido se encuentre preso o en libertad, esta sentencia definitiva debe notificarse (i) en persona al requerido y (ii) por cédula a su defensor. Así ocurre, en la práctica, en la mayor parte de los casos, sin perjuicio que, como vimos en el apartado anterior, el lugar en donde se encuentra el requerido –dentro o fuera de la jurisdicción de la Región Metropolitana– determina en parte la modalidad concreta en que se realiza la notificación.

109. Casos ilustrativos. En los siguientes casos, el requerido se encontraba dentro de la Región Metropolitana: a. En “José Sergio Úbeda Farías” consta notificación del requerido en libertad, en la secretaría de la Corte Suprema212 .

209. “Artículo 278.- El procesado es parte en el proceso penal y deben entenderse con él todas las diligencias del juicio.

Su defensa es obligatoria”.

210. Véase artículo 278 del CdPP. Asimismo, en todas las causas del PEPC consultadas, se observó que existía defensa letrada desde el traslado de la vista fiscal, prevista en el artículo 652.

211. El CdPP no indica cómo debe realizarse esta notificación al defensor del procesado en libertad. Ni el artículo 66 ni el 505 se refieren a la notificación del apoderado del sujeto que se halla libre: el artículo 66 apunta únicamente a la situación del privado de libertad; mientras que el artículo 505 refiere solo al procesado. De este modo, dada la remisión del artículo 43 del CdPP, resulta inevitable aplicar las disposiciones comunes a todo procedimiento, del Libro I del CPC, específicamente, el artículo 47 del CPC que establece la notificación por cédula de las sentencias definitivas de primera instancia y otras resoluciones. Si se estimara que puede darse un alcance extensivo al inc. 4° del artículo 66, que apunte no solo al defensor cuyo representado está preso, sino también en caso de estar libre, se llega a la misma conclusión: por cédula.

212. Constancia, 29.7.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L.

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a. En “Oswaldo Guerrero Carrasco” consta la notificación personal del requerido, por funcionario CDP Santiago Uno, y que se dispuso la notificación por cédula al abogado defensor 213 . b. En “Carlos Cardoen Cornejo” la notificación de la sentencia se practicó en forma personal, por el secretario de la Corte Suprema, al requerido y a su defensora, además del representante del Estado requirente214 , siguiendo la norma prevista en el artículo 66 bis215del CdPP. 110. Por su parte, el requerido se encontraba fuera de la Región Metropolitana, en los siguientes casos: a. En “Mauricio Román Retamales” se dispuso la notificación personal del requerido, vía exhorto al Primer Juzgado de Letras de Quilpué; y por receptor de turno al abogado defensor, en Santiago 216; y lo mismo ocurrió en “Juan Venegas Vergara”, exhortándose en este último caso al Juzgado de Letras de Villarrica217 . b. En “Sergio Ibarra Ibarra” se exhortó al Primer Juzgado Civil de Temuco, que ordenó ambas notificaciones por receptor de turno del lugar, realizándose personalmente al requerido y por cédula a su representante218 . c. En “Néstor Fabián Peralta” la notificación al requerido se practicó por la Segunda Comisaría de Santa Cruz (Región del Libertador B. O’Higgins), donde el requerido cumplía la cautelar de firma semanal; y por receptor de turno, por cédula, al abogado de la CAJ en Santiago219 . d. En “Roberto Olivares Fuentes”, al no ser habido el requerido, se ordenó su notificación personal por la Oficina Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile; mientras que su defensor de la CAJ fue notificado por cédula en Santiago, a través del receptor de turno 220 . e. En “Roberto Coloma Soto” consta la notificación personal únicamente al requerido, por el ministro de fe del Primer Juzgado Civil de Concepción, previo exhorto y citación de dicho tribunal221 .

213. Certificado, 2.9.2011 y RMCS, 5.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. (La notificación del defensor se dispuso vía exhorto al Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel).

214. Constancia, 6.3.2020, Rol N° 7744-2019. Sec. J. Sáez.

215. El artículo 66 bis fue citado en una nota al pie en la sección previa.

216. RMCS, 2.7.2020, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 217. RMCS, 3.6.2020, Rol N°29038-2019. Min. Maggi D. Véase estampados de 8 y 9 de junio de 2020.

218. RMCS, 7.12.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. 219. RMCS, 4.6.2019, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 220. RMCS, 19.3.2020 y 8.5.2020, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G. 221. RMCS, 15.7.2015, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S. Véase también exhorto diligenciado de 12.8.2015.

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f. En “Yeison Bustamante Cavanzo” se celebró una “audiencia de lectura de sentencia”, la que fue convocada en la resolución que citó a las partes a oír sentencia. El requerido compareció a la misma por videoconferencia, en coordinación con el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para el respectivo traslado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de esa ciudad222 .

111. Otros casos de interés. En la causa “Mauricio Román Retamales”, una vez rechazado el pedido de extradición en primera instancia, la defensa se manifestó conforme con la sentencia definitiva a través de un escrito en que renunció a los recursos y términos legales. Acertadamente, el Tribunal rechazó la petición, dado que el abogado carecía de las facultades especiales previstas en el artículo 7, inciso 2°, del Código de Procedimiento Civil, y dispuso la notificación personal del requerido (vía exhorto) y por cédula del abogado defensor223 . Lo relevante del caso radica en que la defensa realizó una actuación que suponía su conocimiento cierto de la sentencia, lo que da pie para estimar que concurre la denominada notificación “tácita”, prevista en el artículo 55224del CPC (aplicable al PEPC según lo dispuesto en el artículo 43 del CdPP). Por lo anterior, pareciera prescindible la notificación por cédula al defensor en el caso, pues era un hecho cierto que tenía conocimiento del fallo.

112. Asimismo, en la extradición caratulada “Knut Oyvind Dromnaes”, se dispuso la notificación personal al requerido vía exhorto al Primer Juzgado Civil de Valparaíso, pero tratándose del defensor parece haberse realizado la notificación únicamente por correo electrónico225 . Como veremos más adelante, esta forma de notificación resulta coherente con la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica, ya que conforme lo dispuesto en su artículo 8, la vía electrónica puede sustituir incluso aquellas notificaciones que deban practicarse por cédula.

113. Por último, otro caso de interés es “Roberto Olivares Fuentes”, donde se exhortó al Primer Juzgado de Letras de la Serena a efectos de notificar el fallo de primera instancia al requerido; sin embargo, dicho juzgado informó que éste no fue habido. En esas circunstancias, se ordenó a la Oficina Central Nacional Interpol de la PDI investigar el nuevo domicilio el domicilio del requerido y practicar la notificación226 .

222. Acta lectura de sentencia, 11.2.2019, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

223. RMCS, 2.7.2020, Rol N° 20316-2018. Min. A. Vivanco M. 224. Art. 55 (58). Aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que suponga conocimiento de dicha resolución, sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación.

225. RMCS, 6.4.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 226. RMCS, 19.3.2020 y 8.5.2020, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G.

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iii. Notificación del “cúmplase” de la sentencia definitiva de segunda instancia 114. El “cúmplase” del fallo de segunda instancia, de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y 505 de CdPP, se notifica del siguiente modo, según cada caso contemplado:

227. El artículo 505 inc. 4 está formulado en términos del procedimiento ordinario, por consiguiente, habla de “condenado”, lo que no se ajusta al procedimiento de extradición, donde se accede o rechaza el pedido; de manera que la hipótesis de condena puede asimilarse al fallo desfavorable al requerido (se acoge la extradición) y la absolución al que favorece al requerido (se rechaza la extradición).

228. La redacción del artículo 505 inc. 4 se plasma en términos de una sentencia condenatoria, suscitando la duda respecto a la notificación de la sentencia absolutoria. Por lo tanto, respecto de la notificación del cúmplase al favorecido por el rechazo del pedido de extradición (“absuelto”), existen dos posibles interpretaciones: (i) aplica el mismo artículo 505, inc. 4°, estando en la misma situación que el condenado y por ende puede notificarse, indistintamente, en forma personal al absuelto, o por cédula a su apoderado; o bien (ii) aplican las reglas generales, debiendo efectuarse por el estado diario, según dispone el artículo 50 del CPC, concordante con lo dispuesto en el artículo 66 inc. 4° del CdPP. Si bien este último precepto dispone la notificación personal del cúmplase de la sentencia de segunda instancia, nótese que ese caso no se refiere al procesado en libertad, sino al preso o detenido.

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115. Como se sigue del cuadro explicativo, cabe distinguir solo dos situaciones: (a) si el requerido está preso; o (b) si está en libertad (ya que siguiendo el tenor del artículo 278, debe haber defensor constituido en esta etapa). Si el requerido se encuentra privado de libertad, el “cúmplase” del fallo de segunda instancia se notifica: (i) por el estado diario; debiendo, además, (ii) notificarse personalmente al requerido, en el recinto donde esté recluido. Así, por ejemplo, en una causa donde el requerido se hallaba preso, caratulada “Mauricio Heriberto Figueroa Agurto”, el certificado de ejecutoría de 14 de diciembre de 2015 señala que el decreto que manda cumplir el fallo de segunda instancia se notificó por estado diario 229 , sin perjuicio que se dispuso, igualmente, la notificación personal del requerido, a través Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile 230 . Esa 231 misma forma notificación se ordenó también en “Oswaldo Guerrero Carrasco” y en “Juan Alandis Tejerina” 232 , practicándose en ambos casos por funcionario CDP Santiago Uno, previa comunicación del Tribunal.

116. Por otro lado, en la situación (b), es decir, encontrándose el requerido en libertad, la redacción del artículo 505 inciso 4233 , al hablar de la notificación “al condenado”, puede dar pie para entender que se refiere solo al caso de una sentencia condenatoria, suscitándose la duda respecto a la notificación de la sentencia absolutoria .Si bien esta nomenclatura (condena/absolución) no se adecúa al PEPC, es posible asimilar la hipótesis de condena al fallo desfavorable al requerido (que acoge la extradición) y la absolución al fallo que beneficia al requerido (rechaza la extradición). En ese sentido, hallándose en libertad el reclamado, respecto de la notificación del “cúmplase” del fallo de segunda instancia, cabría subdistinguir dos casos: primero, si se dio lugar la extradición (situación símil a la de condena); y segundo, si fue rechazada (asimilable a la absolución). En el primer caso, no hay dudas, a la luz del texto expreso artículo 505 inciso 4, que el “cúmplase” puede notificarse, indistintamente, (i) en forma personal al requerido; o (ii) por cédula, a su abogado defensor. Con todo, la jurisprudencia parece actuar en esta materia con un nivel de esmero superior al exigido por la ley, y de hecho, en el caso “Juan Venegas Vergara”, habiéndose accedido a la extradición respecto de un requerido en libertad234 , no se optó por una de las dos formas de notificación del “cúmplase” que autoriza la norma citada; sino que se ordenaron ambas notificaciones conjuntamente: en persona al requerido en su domicilio (exhortándose al Juzgado de Letras de Villarrica); y por cédula a través receptor de turno al abogado de la CAJ, en la ciudad de Santiago. Además, la misma resolución dispuso su comunicación por e-mail al correo electrónico del defensor 235 .

229. Certificado, 14.12.2015, Rol N° 6882-2015. Sec. J. Sáez. Min. J. Fuentes B. 230. RMCS, 10.12.2015, Rol N° 6882-2015. Min. J. Fuentes B. 231. Certificado, 2.9.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C. 232. Certificado, 9.9.2008, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M. 233. “Art. 505 [inc. 4] El cúmplase de la sentencia de segunda instancia podrá notificarse personalmente al condenado que se encontrare en libertad o, por cédula, a su defensor o mandatario judicial, indistintamente. En el primer caso, junto con notificarse el cúmplase, se dará al condenado copia íntegra del fallo de segunda instancia, debiendo, además, leérsele en el evento de ser analfabeto. Por último, se le informará que la sentencia queda ejecutoriada y que no procede recurso alguno en su contra”.

234. Se trata de una situación que se en la práctica se produce muy rara vez, esto es: que al momento de dictarse el “cúmplase” del fallo de segunda instancia, que acoge el pedido de extradición, el requerido se encuentre en libertad.

235. RMCS, 3.7.2020, Rol N°29038-2019. Min. Maggi D. Además, esta resolución ordenó la notificación por correo electrónico a la defensa.

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117. Por su parte, en el segundo escenario, esto es, rechazándose el pedido de extradición y hallándose el requerido en libertad, se trata de una situación no regulada en los artículos 66 y 505 del CdPP, y por lo tanto esbozaremos dos hipótesis interpretativas en relación a cómo debería notificarse el respectivo “cúmplase” del fallo de segunda instancia: I. En primer lugar, se puede sostener que el artículo 505 inciso 4° en realidad no distingue, sino que aplica a ambos casos, tanto si hay sentencia absolutoria o condenatoria, tanto si acoge o rechaza la extradición, y por ende el “cúmplase” de la sentencia denegatoria podría notificarse tal como lo indica dicha norma, es decir: indistintamente, (i) en forma personal al requerido, o (ii) por cédula a su apoderado. Así parecen entenderlo gran parte de los fallos consultados (en casos en que se rechaza la extradición, hallándose el requerido en libertad): en “Néstor Fabián Peralta”, el decreto que mandó a cumplir la sentencia confirmada en segunda instancia dispuso únicamente la notificación por cédula al abogado de la CAJ en Santiago, por receptor de turno236 ; en “Sergio Ibarra Ibarra” se dispuso solo la notificación por cédula al abogado de la CAJ en Temuco (vía exhorto)237; y en “José Sergio Úbeda Farías” consta solo la notificación del requerido, en la secretaría del Tribunal238 . Incluso, en otra muestra de un nivel de diligencia mayor al exigido por la ley, también se ha dispuesto ambas formas de notificación, de modo simultáneo, personalmente al requerido (por la Policía de Investigaciones de Chile) y por cédula al defensor de la CAJ en Santiago, en la causa “Roberto Olivares Fuentes”239 .

II. En segundo lugar, se puede sostener una segunda interpretación, respecto a la notificación del “cúmplase” del fallo de segunda instancia que rechaza la extradición (al “absuelto”, por oposición a lo previsto en el artículo 505). En virtud de esta interpretación, dicha notificación sería un caso no regulado y por lo tanto aplican las reglas generales, debiendo efectuarse por el estado diario, según dispone el artículo 50 del CPC, en concordancia con la norma del artículo 66 inciso 4° del CdPP240 . En efecto, así se desprende de la extradición “Roberto Coloma Soto”, donde el certificado de ejecutoría de la causa afirma que el decreto que manda cumplir el fallo de segunda instancia se notificó por estado diario 241 (sin perjuicio que el cúmplase se comunicó igualmente en forma personal al requerido, en secretaría del Primer Juzgado Civil de Concepción, previo exhorto y citación de dicho tribunal242). iv. Notificación de la resolución sobre libertad provisional o sobre modificación de cautelares personales 118. Según lo establecido en el artículo 66 incisos 1° y 4° del CdPP, resulta claro que la resolución que deniega la libertad provisional debe notificarse: (i) personalmente al detenido o preso; y (ii) por el

236. RMCS, 25.6.2019, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 237. RMCS, 14.1.2019, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. 238. Constancia, 19.8.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L. 239. RMCS, 13.7.2020, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G. 240. Si bien, cabe notar, este último precepto contempla como excepción a la regla general de notificación por el estado diario, tratándose del cúmplase de la sentencia de segunda instancia, pero esa excepción se refiere al preso o detenido y no al procesado en libertad.

241. Certificado, 1.9.2015, Rol N° 25412-2014. Sec. interina M. Gutiérrez. Min. R. Egnem S. 242. Constancia, 9.9.2015, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S.

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estado diario a su abogado. Así ocurrió en la extradición “Alejandro Arriagada Ramos”, donde consta la notificación personal del requerido, tanto de la negativa en primera instancia como respecto del cúmplase del fallo confirmatorio, pronunciado en consulta 243 ; en “Oswaldo Guerrero Carrasco”, en que esta forma de notificación se practicó por funcionario del CDP Santiago Sur, previo fax del Tribunal244 y lo mismo sucede en otro caso, donde se adoptaron las medidas para la notificación “mediante fax al Jefe de la unidad penal”245 .

119. En cuanto a la resolución que dicta la libertad provisional, no hallándose expresamente regulada, y existiendo defensor constituido en la causa, tiene aplicación la regla general prevista en el inciso 4° del artículo 66, según la cual “las resoluciones deberán notificarse solamente a dichos representantes” a través del estado diario. Con todo, el cumplimiento y la operatividad de la resolución que acoge la libertad provisional implica su comunicación personal al preso o detenido, ya que debe despacharse la respectiva orden de libertad al establecimiento penitenciario y el sujeto ha de ser liberado. Por este motivo, también se observan casos en que esta decisión se notificó personalmente, como ocurre en “Karín Osilia Ramírez Delgado”, donde consta que funcionarios del Centro Penitenciario Femenino comunicaron a la requerida tanto la resolución que rechazó la libertad como aquella que más tarde la ordenó 246 ; y en “Carlos Castro Sánchez”, donde la libertad bajo fianza fue comunicada personalmente en la secretaría de la Corte Suprema, dejándose constancia de la conformidad del requerido con la decisión247 .

120. Asimismo, como vimos antes, la jurisprudencia ha admitido en el PEPC la modificación o sustitución de la prisión preventiva por cautelares personales alternativas, prevista en el artículo 155 del CPP, no reguladas en el CdPP. En el proceso penal reformado, el diseño apunta a que este tipo de resolución, que modifica el régimen de cautelares personales, sea decidido en audiencia248y por consiguiente se entiende notificados en el acto los intervinientes que “hubieren asistido o debido asistir a las mismas”249 . En contraste, en el PEPC (y en general en el CdPP), prevalece el principio de escrituración por sobre la oralidad y por este motivo, la discusión sobre cautelares personales se desarrolla fuera de audiencia, a través de escritos; y dictándose la decisión igualmente por escrito.

De este modo, no existiendo norma especial, nuevamente recibe aplicación la regla general de notificación por el estado diario 250 , si bien, dada la naturaleza de una resolución que modifica el régimen de cautelares personales, dicha decisión debe ser comunicada en la práctica por alguna vía eficaz al afectado atendido que es indispensable que tome conocimiento de la misma para poder cumplirla.

243. Certificados, 18 y 25.7.2005, Rol N° 1659-2005. Sec. C. Meneses.

244. Certificado, 21.4.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C.: “se comunicó por fax al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur las resoluciones de fojas 58 y 59, recibiendo por la misma vía la constancia de que el Gendarme Alejandro […] practicó la notificación” 245. RMCS, 21.1.2011, Rol N° 8648-2010. Min. R. Ballesteros.

246. Certificados, 21.3.2017 y 10.4.2017, Rol N° 2863-2017. Min. M. Juica A. 247. Certificado, 25.10.2013, Rol N° 5451-2013. En resolución de igual fecha, Min. S. Muñoz G. (S) 248. Véase artículos 30, 142 inc. 2°, 143, 144 inc. 2 y 155 inc. final del CPP. 249. Artículo 30 del CPP. 250. Véase artículos 43 y 66 inc. 4 del CdPP, 32 del CPP y 50 del CPC.

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121. En ese sentido, se advierte que en varias causas –en “Knut Oyvind Dromnaes”251 , “Juan Venegas 252 253 254 Vergara” , “Mauricio Román Retamales” , “Sergio Ibarra Ibarra” , “Néstor Fabián Peralta”255 –, en las que se sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas de menor intensidad, previstas en el CPP (como arraigo y/o firma semanal y/o arresto domiciliario nocturno). En estas causas dicha resolución fue notificada por el estado diario, despachándose la correspondiente orden de libertad dirigida al centro de detención respectivo. Adicionalmente, en las tres primeras causas antes indicadas, consta además que el Tribunal comunicó a la defensa a través de correo electrónico la resolución dictada. Como se verá en la sección final, el artículo 8 de la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica, habilita al Tribunal para aceptar como medio de notificación válido el correo electrónico si “en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión”; sin embargo, en los casos aquí indicados no hubo invocación expresa durante el proceso, por parte del Tribunal ni por los intervinientes, a la ley N° 20.886256 , respecto de las formas alternativas de notificación previstas en ésta.

122. Por su parte, en el caso “Carlos Cardoen Cornejo”, al sustituirse el arresto domiciliario total por arresto domicilio nocturno y arraigo por la Sala Penal de la Corte Suprema, el “cúmplase” dispuso la notificación personal del requerido y por la vía más rápida a los apoderados de las partes257 . En la siguiente actuación, en definitiva, consta que el requerido y su defensora fueron notificados personalmente por el secretario de la Corte Suprema, en dependencias del Tribunal258 , siguiendo así la regla del artículo 66 bis del CdPP. 123. Finalmente, tratándose de la medida de arraigo nacional, prevista en el artículo 305 bis A del CdPP, procede la notificación por el estado diario por no existir norma especial; sin perjuicio de que, en la práctica, se ha dispuesto poner en conocimiento de la medida a la persona requerida, oficiándose a la institución pertinente para ello. Así se ordenó en los procesos “María José Reyes Hernández” (se ofició al Complejo Penitenciario de Rancagua)259 y “Mauricio Román Retamales” (se ofició a O.C.N. Interpol y se comunicó lo resuelto a la defensa por correo electrónico)260 . v. Notificaciones al Ministerio Público Judicial en el PEPC 124. El inciso 1° del artículo 66 del CdPP señala que: “Las notificaciones que hayan de hacerse a los representantes del Ministerio Público, se les harán personalmente en todo caso”. La parte final de

251. RMCS, 11.3.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 252. RMCS, 17.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 253. RMCS, 21.6.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M. 254. RMCS, 24.8.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. 255. RMCS, 17.10.2018, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. 256. Ni tampoco la prevista en el artículo 31 del CPP. 257. RMCS, 14.8.2019, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 258. Constancia, 14.8.2019, Rol N° 7744-2019. Sec. M. Doering.

259. RMCS, 13.12.2019, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O. 260. RMCS, 5.11.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M.

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esta regla (“en todo caso”) ha dado pie para entender que todas las resoluciones deben notificarse en la forma indicada; sin embargo, especialmente en el contexto del PEPC, lo decisivo radica en determinar cuáles resoluciones son aquellas que “han de notificarse” a los representantes de la Fiscalía Judicial, ya que éstas –y solo éstas– deberán practicarse personalmente. En otras palabras, lo central está en la parte inicial del inciso: “las notificaciones que hayan de hacerse” a ese órgano, ya que ello supone que existen providencias que no han de notificársele.

125. Para delimitar el conjunto de resoluciones que deben notificarse a la Fiscalía Judicial, es indispensable considerar el rol que dicha Fiscalía desempeña en el PEPC. En efecto, según lo previsto en el artículo 354 del COT, el Ministerio Público puede obrar en los procesos judiciales realizando tres funciones distintas: (i) como parte principal; (ii) como tercero; y (iii) como auxiliar del juez. En los términos del artículo 355 del COT, en el primer caso, cuando el Ministerio Público “obra como parte principal, figurará en todos los trámites del juicio”; mientras que en “los demás casos bastará que antes de la sentencia o decreto definitivo del juez o cuando éste lo estime conveniente, examine el proceso y exponga las conclusiones que crea procedentes”.

126. En ese sentido, en el PEPC, atendido el tenor del artículo 651 del CdPP, resulta fuera de toda duda que la Fiscalía Judicial obra simplemente como tercero: interviene, como sostiene el profesor Cristián Maturana, “cuando la ley ordena que sea oído, antes de la dictación de la sentencia”261 .

127. Por otro lado, la actuación como parte principal del Ministerio Público en el PEPC debe ser descartada, porque esa función presupone, sistemáticamente en el CdPP, el ejercicio de una acción penal pública por crimen o simple delito en el contexto del juicio ordinario 262; mientras que en el PEPC constituye un mecanismo de cooperación internacional, donde no se ejerce propiamente una acción penal, sino que ésta corresponde al Estado requirente. Asimismo, el Ministerio Público tampoco obra como auxiliar del juez, ya que su intervención en el PEPC no es facultativa263 , sino obligatoria para el Ministro Instructor.

128. De este modo, parece claro que en el PEPC la Fiscalía Judicial actúa como tercero, conclusión que se respalda por la regla prevista en el artículo 350 inciso 4° del COT, que señala: “Las funciones de la fiscalía judicial se limitarán a los negocios judiciales […] en que una ley requiera especialmente su intervención”.

261. MATURANA, Cristian. Concepto, Clasificación y Bases Orgánicas de los Tribunales Ordinarios, Especiales y Árbitros. Los Auxiliares De La Administración De Justicia. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Apuntes de clases. 2006. p. 205.

262. Véase el Título II, “De la acción penal y de la acción civil en el proceso penal”, del Libro I, del CdPP, especialmente, artículos 23 y ss.

Véase también el pretérito artículo 356 del COT, derogado por la ley N° 19.665 de 9 de marzo del año 2000, que modificó dicho cuerpo legal adaptándolo a la reforma procesal penal: “Art. 356. El ministerio público actuará como parte principal en las causas criminales por crimen o simple delito de acción pública seguidas ante los tribunales que establece el presente Código y en los demás casos previstos por las leyes”.

263. La función de auxiliar del juez se desprende de los artículos 354 y 359 del COT: “Art. 359. Pueden los tribunales pedir el dictamen del respectivo fiscal judicial en todos los casos en que lo estimen conveniente a excepción de la competencia en lo criminal”.

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129. Por lo tanto, volviendo al artículo 66 del CdPP, las “notificaciones que hayan de hacerse a los representantes del Ministerio Público”, en el PEPC, corresponden simplemente aquellas necesarias para su intervención como tercero, en los términos del artículo 651, según el cual “Terminada la investigación, se comunicarán los antecedentes al Ministerio Público, quien […] pedirá que se otorgue o se deniegue la extradición solicitada”.

130. Adicionalmente, según lo previsto en el artículo 54 del CdPP: “El Ministerio Público puede también recurrir en favor del inculpado o procesado”, lo que supone su conocimiento del fallo de primera instancia en el PEPC; resultando ello consistente con el tenor del artículo 654264 , que contempla la participación eventual de la Fiscalía Judicial en la vista de la causa, en segunda instancia.

131. En razón de lo anterior, no todas las resoluciones del PEPC deben ser comunicadas a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, sino únicamente: (i) aquella que, una vez cerrada la investigación, ordena la llamada “vista fiscal” (artículo 355 inc. 2° del COT); (ii) la sentencia definitiva de primera instancia; y eventualmente (iii) la sentencia definitiva de segunda instancia o el decreto que ordena su cumplimiento. Según manda el artículo 66 del CdPP, dichas notificaciones deberán practicarse al Ministerio Público, “personalmente en todo caso”.

132. Entre las causas consultadas, existen casos en que consta –en una actuación separada– el haberse realizado la notificación personal a la Fiscala Judicial265respecto de la sentencia definitiva 266.

Sin embargo, en la generalidad de las extradiciones pasivas de crimen, resoluciones y proveídos en general añaden a pie de página, una frase que, junto con la constancia de notificación por el estado diario, señala: “notifiqué personalmente dicha resolución a la señora Fiscal Judicial Suplente de la Corte Suprema, quien no firmó”, sin que dicha comunicación se realice en la práctica267. Esto se explicaría porque se trata de un texto incorporado “por defecto” en las resoluciones, como parte de plantillas generadas por el sistema de tramitación, antes que una constancia efectiva de la notificación personal268 .

264. “Art. 654. En segunda instancia se mandarán traer los autos en relación con citación del procesado, del fiscal y del encargado por el Gobierno requirente, si hubiere alguno; y la causa se verá en la forma ordinaria, oyendo el informe oral que quiera emitir cualquiera de dichas personas”.

265. Recuérdese que una de las limitaciones de este trabajo radica en que el acceso a los expedientes se obtuvo por vía del sistema SITSUP, que no contiene la tramitación íntegra de las causas, sino que, dependiendo del año en que se tramitó la causa, contiene más o menos actuaciones procesales; sin perjuicio de que, además, hay casos en que por disposición expresa del Tribunal ciertas piezas del expediente se han mantenido solo “en papel”, es decir, en el expediente físico.

266. “En Santiago a treinta y uno de diciembre de dos mil trece, siendo las 11.30 horas, notifiqué personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, la sentencia definitiva de esta fecha, escrita a fojas 128 y siguientes, le di copia y firmó” (Constancia, 31.12.2013, Rol N° 7915-2013). También véase Constancia, 25.7.2013, Rol N° 624-2013. Min. J. Araya E. 267. Por ser inviable y sumamente ineficiente realizarlo, para cada resolución dictada, en la práctica, ya que esta frase aparece incluso en resoluciones irrelevantes, que otorgan meras copias a un interviniente, por ej. (RMCS, 27.4.2011, Rol 2849-2011).

268. Probablemente debido a la confusión que suscita la parte final del artículo 66 inciso 1° del CdPP (“personalmente en todo caso”).

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133. En consecuencia, por lo sostenido en este apartado, se aconseja suprimir de la plantilla la constancia de notificación al Ministerio Público, por innecesaria, siendo procedente la notificación personal a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y la constancia de ella, solo tratándose de las tres notificaciones antes indicadas. vi. Notificación del “traslado” al requerido tras el informe de la Fiscalía Judicial (artículo 652 del CdPP) 134. El artículo 652 del CdPP establece que “de la vista fiscal se dará traslado al procesado”, sin embargo, ninguna otra disposición señala la forma en que esa resolución debe ser notificada a la defensa. Como consecuencia de ella, en la práctica no existe una sola forma de notificación, sino que se ha realizado de las siguientes maneras: a. Por cédula, únicamente al defensor. Como ocurrió en las siguientes extradiciones: “Juan Alandi Tejerina”269 , “Roberto Coloma Soto”270, “María José Reyes Hernández”271, “Heiner Danilo Bueno 272 Mattos” , entre otros. b. Por cédula o personalmente, solo al defensor. Así se dispuso en los procesos: “Jorge Gutiérrez Meza y Otros”273 , “Oswaldo Guerrero Carrasco”274 , “Alejandro Arriagada Ramos”275 , “Féliz Chaura Co276 277 ronado” , entre otros . c. Por cédula al defensor y personalmente al requerido. Tal como se efectuó en las causas: “Yeison Bustamante Cavanzo”278 , “Sergio Ibarra Ibarra”279 y “Néstor Fabián Peralta”280 . En los dos primeros casos, el requerido se hallaba privado de libertad en recinto penitenciario, mientras que en el tercero, el sujeto se encontraba en libertad, con cautelares de menor intensidad.

269. RMCS, 9.4.2008, Rol N° 3528-2007. Min. A. Oyarzún M. 270. RMCS, 31.3.2015, Rol N° 25412-2014. Min. R. Egnem S. 271. RMCS, 13.7.2020, Rol N° 26842-2018. Min. J. Dahm O. Véase Constancia de 14.7.2020. Se efectuó a través de receptor particular del lugar (mediando exhorto al Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua).

272. RMCS, 4.3.2015 y 5.5.2015, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. En este caso, la causa no recibió la tramitación regular, sino que se solicitó la vista fiscal en forma anticipada: aún no había comparecido el requerido ni tenía defensa constituida; y por otro lado, si dio simultáneamente el traslado también al Estado requirente.

273. RMCS, 16.2.2016, Rol N° 21018-2015. Min. M. Valderrama.

274. RMCS, 18.7.2011, Rol N° 2849-2011. Min. H. Brito C.: “Notifíquese personalmente o por cédula, indistintamente, a los abogados […] a través del Receptor de turno”.

275. RMCS, 25.11.2005, Rol N° 1659-2005. Min. R. Gálvez B. (S) 276. RMCS, 29.11.2006, Rol N° 971-2006, Min. S. Muñoz G. 277. Como el caso “Alberto Fujimori”, si bien el requerido no se hallaba en territorio nacional, por tratarse de una ampliación de extradición. RMCS, 23.1.2017, Rol N° 60-2016. Min. R. Blanco H. 278. RMCS, 11.12.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S). La notificación personal del afectado se ordenó vía exhorto al 1° Juzgado Civil de Antofagasta, para que la diligencia fuese realizada por Gendarmería; y por receptor de turno a la Corporación de Asistencia Judicial.

279. RMCS, 7.8.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado. Véase exhorto diligenciado con fecha 8.8.2018. En este caso se exhortó al Primer Juzgado Civil de Temuco, que llamó a su presencia al detenido, notificándolo en secretaría; a la vez que ordenó proceder al receptor de turno, para la notificación por cédula al abogado de la CAJ. 280. RMCS, 12.2.2019, Rol N° 20382-2018. Min. G. Silva G. Se dispuso notificar al requerido por funcionarios de la Comisaría en la cual cumplía la cautelar de firma.

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d. Personalmente al requerido y al defensor. En “Vicente Jesús Alberca Tadeo”, en la secretaría de la Corte Suprema, se notificó tanto al requerido como a su abogado (si bien, la resolución había dispuesto la notificación por receptor de turno) 281 . e. Por la vía más expedita o por correo electrónico. En buena parte de los casos más recientes, se ha dispuesto que la notificación a la defensa sea practicada “por la vía más expedita”, en la misma resolución que confiere al requerido el traslado de la vista fiscal. Así se procedió en las causas “Knut Oyvind Dromnaes”282 , “Juan Venegas Vergara”283 , “Carlos Cardoen Cornejo”284 , “Roberto 285 286 Olivares Fuentes” y “Mauricio Román Retamales” ; constando en cada caso, con igual fecha, el envío de un correo electrónico al respectivo abogado defensor. En estos casos, desde un punto de vista formal, pareciera razonable o plausible estimar que tuvo efectos la notificación por el estado diario, ya que el PEPC no contempla la notificación por medios electrónicos, salvo que se hubiese aplicado el artículo 8 de la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica, o la regla homóloga del artículo 31 del CPP, que autorizan la utilización de formas alternativas de notificación287.

Como veremos en la siguiente sección, la aplicación de esta normativa y el uso de modos alternativos de notificación, puede contribuir no sólo en economía procesal al PEPC, sino también en certeza jurídica.

135. Como se indicó antes, la falta de uniformidad observada puede ser explicada por tratarse de un aspecto oscuro en la legislación, dado que ni el PEPC y ni el CdPP determinan la forma de notificación de esta resolución. Por el contrario, no es en absoluto claro cómo debe realizarse, existiendo razones tanto para estimar que basta la notificación por el estado diario como para sostener que debe efectuarse por cédula y eventualmente en persona al requerido. En efecto, se puede afirmar que (i) basta el estado diario, dado que, al no existir una regla especial en el PEPC ni en el CdPP, ello debería conducir a aplicar la regla general, que, como hemos visto, corresponde a la notificación por el estado diario; esta postura es consistente, además, con otro “traslado”, previsto en la segunda instancia del procedimiento ordinario del CdPP, en el artículo 514, donde también se otorga audiencia o traslado respecto de la opinión de la Fiscalía Judicial288 , y en este caso

281. Constancia, 6.3.2019, Rol N° 7953-2017, RMCS, 28.2.2019 (Min. A. Muñoz S. (S).

282. RMCS, 28.2.2020, Rol N° 8343-2019. Min. M. Silva C. 283. RMCS, 12.2.2020, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 284. RMCS, 17.2.2020, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 285. RMCS, 9.1.2020, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G. 286. En este último caso la resolución señala: “Notifíquese al defensor privado por correo electrónico”; y no “por la vía más expedita”, como en el resto de los casos enumerados. RMCS, 21.6.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M. 287. En las causas enumeradas en este párrafo, no hay constancia de haberse aplicado expresamente estos preceptos, por ejemplo, al asumir patrocinio y poder la defensa, o en otra actuación posterior del interviniente, sin perjuicio de que se observa regular y sistemáticamente la remisión por correo de las resoluciones, el mismo día de su dictación.

288. “Art. 514. El fiscal podrá pedir que se confirme, apruebe o revoque la sentencia, o bien, que se la modifique a favor o en contra del procesado. […]De la opinión desfavorable del fiscal se dará traslado a los procesados que hayan comparecido por el término fatal y común de seis días”. Este “traslado” fue comentado por don Eduardo Sepúlveda, a quien agradecemos su conocimiento.

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no hay discusión respecto a su notificación por el estado diario. Por otro lado, se puede sostener que (ii) procede una forma especial de notificación, porque el traslado de la vista fiscal resulta fundamental para que el requerido pueda ejercer sus derechos en el PEPC y, en ese sentido, para evitar su indefensión, puede estimarse que el “traslado” tiene un símil con otras resoluciones relevantes en el procedimiento ordinario, como son el auto de procesamiento y el auto acusatorio, que según las reglas del CdPP deben notificarse por cédula (al defensor) y/o personalmente (al procesado)289 .

136. La notificación del “traslado” de la vista fiscal es de gran relevancia, no solo porque en nuestra legislación las resoluciones judiciales producen efecto solo en virtud de su “notificación hecha con arreglo a la ley”290; sino que sobre todo porque a partir del momento en que se practique, se computa el plazo prudencial y prorrogable, de hasta 20 días, para que la defensa evacúe el traslado respectivo (artículo 652 del CdPP). Por este motivo, como se verá en el siguiente apartado, las dudas en cuanto a esta notificación pueden ser superadas haciendo aplicación de las formas de notificación electrónica, autorizada por la ley N° 20.886 sobre tramitación digital, aportando celeridad y certeza jurídica en la tramitación del PEPC. 137. En todo caso, la notificación al requerido del “traslado” de la vista fiscal parece obligatoria solo en caso de no contar éste con abogado constituido en la causa, como ocurrió en “José Sergio Úbeda Farías”291, “Marco Antonio Aliaga Zorrilla”292 y en “Dagoberto Sánchez Sandoval”293 . vii. Notificaciones a través medios electrónicos por aplicación del artículo 8° de la ley N° 20.886 138. La ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica de los procedimiento judiciales resulta plenamente aplicable al PEPC, atendido el ámbito de aplicación delimitado en su artículo 1, que se extiende a todas las causas que conozcan los tribunales indicados en los incisos 2° y 3° del artículo 5 del COT, entre los que se encuentran los Ministros de Corte Suprema294 . Así lo ha entendido la jurisprudencia, aplicando el artículo 5 de la ley N° 20.886 en el PEPC, al exhortar a la parte a realizar sus presentaciones por Oficina Judicial Virtual 295 .

289. Respecto del auto de procesamiento, véase artículo 66 inc. 2 y 4 y artículo 276; mientras que del auto acusatorio y su traslado al procesado, véase artículo 66 inc. 4 y artículos 430, 432 y 432 bis, todos del CdPP. 290. Véase artículo 38 del CPC. 291. Constancia, 13.2.2013, Rol N° 7534-2012. Min. C. Künsemüller L. En este caso, se hallaba en libertad el requerido.

292. Se dispuso la citación del requerido, notificándose en forma personal el traslado y, al no contar con abogado, le fue designado uno, cuya notificación se ordenó en forma personal o por cédula. RMCS, 4.7.2007 y 6.7.2007, Rol N° 53132006. Min. J. Araya E. 293. RMCS, 5.12.2008, Rol N° 758-2008. Min. M. Juica. “Notifíquese al requerido por fax dirigido al Jefe de la unidad penal.

En la diligencia de notificación el nombrado deberá manifestar si cuenta con abogado para su defensa”.

2894“Art. 5° [inc. 2] Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte […]”

295. En casos en que el escrito de patrocinio y poder fue ingresado en forma física, se exhortó a la defensa a dar cumplimiento al artículo 5 de la ley N° 20.886, sobre tramitación electrónica, es decir, presentarlo por Oficina Judicial Virtual.

Así, en RMCS, 5.9.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S); y en RMCS, 19.12.2018, Rol N°20382-2018. Min. R. Maggi D (S). Por no cumplir lo dispuesto en el artículo 5, en otro caso se tuvo por no presentado un escrito (RMCS, 14.3.2017.

Min. M. Juica A.).

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139. En ese sentido, resulta relevante para el PEPC, el artículo 8 de la ley N° 20.886, cuyo texto expreso dispone: Art. 8°.- Otras formas de notificación. Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso.

140. Como se puede advertir, esta norma admite la utilización de medios electrónicos, como formas alternativas de notificación, las que, aceptadas por el Tribunal, tienen plena validez durante todo el proceso, pudiendo emplearse esta forma de notificación electrónica aun en los casos en que la ley establece que deben realizarse por cédula.

141. Pues bien, esta forma de notificación electrónica regulada en el artículo 8 citado, parece ser especialmente útil en el PEPC, en tanto aporta celeridad, economía procesal y certeza jurídica al procedimiento. En efecto, esto es así porque se trata de un medio de notificación más rápido y expedito; y, al mismo tiempo, su utilización podría disipar dudas que revisamos antes, respecto de ciertas notificaciones donde la regulación es oscura, sin que el CdPP ni el Título del PEPC zanjen de modo claro la modalidad de notificación que debe practicarse.

142. En ese sentido, como vimos en las secciones previas, la notificación por cédula es relevante en los siguientes casos: 1. Tratándose de la sentencia definitiva de primera instancia, no hay dudas que la notificación al defensor del requerido debe realizarse por cédula.

2. En el caso del “cúmplase” de la sentencia de segunda instancia, encontrándose el requerido en libertad y siendo un fallo que le es desfavorable (se acoge la extradición)296 , también resulta claro que procede la notificación por cédula al abogado defensor –si bien en este caso el propio artículo 505 inciso 4 admite otro modo de notificación, alternativo y facultativo para el Tribunal, pudiendo éste escoger entre la notificación indicada (por cédula al defensor) o la notificación personal al procesado.

3. Por su parte, en el caso del “cúmplase” de la sentencia de segunda instancia, siendo el fallo favorable al requerido (deniega la extradición) y también encontrándose el requerido en libertad, si bien la legislación no es clara y es una cuestión discutible, es plausible afirmar que procede la misma forma de notificación que en el número anterior (artículo 505 inc. 4), siendo procedente, por lo tanto, la notificación por cédula.

296. “El cúmplase de la sentencia de segunda instancia podrá notificarse personalmente al condenado que se encontrare en libertad o, por cédula, a su defensor o mandatario judicial, indistintamente”, dice el artículo 505 inc. 4.

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4. Finalmente, tratándose del “traslado” de la vista fiscal, vimos que la jurisprudencia ha notificado esta resolución de muy diversas maneras a la parte requerida, no siendo un asunto regulado claramente en el PEPC ni en el CdPP, de modo que existen argumentos para afirmar que basta la notificación por el estado diario; como asimismo para sostener la necesidad de una notificación especial, como es la notificación por cédula al abogado defensor 297 .

143. En todos estos casos, la notificación por medios electrónicos, aplicada en los términos del artículo 8 de la ley N° 20.886, resultaría de suma utilidad en el PEPC, volviéndolo un procedimiento más expedito y menos incierto. En efecto, en los casos descritos en los N° 1 y 2, aportaría mayor celeridad y economía procesal; mientras que, en los casos N° 3 y 4 enunciados, además, contribuiría a la certeza jurídica, ya que la notificación por medios electrónicos tendría plenos efectos y validez, con indiferencia de si se estima que la notificación procedente es el estado diario o por cédula, que es una cuestión discutible en esos casos, dada la falta de claridad de la regulación del CdPP. En otras palabras, tratándose de la sentencia definitiva de primera instancia y del “cúmplase” del fallo de segunda que accede a la extradición, la notificación del artículo 8 sustituiría la notificación por cédula, reduciendo los trámites y agilizando al PEPC; mientras que, en los casos del “cúmplase” del fallo de segunda que rechaza la extradición y del “traslado” de la vista fiscal al requerido, no solo agilizaría el procedimiento, sino que incrementaría el grado de seguridad jurídica, ya que la notificación por medios electrónicos sustituye válidamente las notificaciones cuya procedencia no es clara y se discute en cada caso (véase VI, C, § 118 y 136).

144. Del conjunto de extradiciones consultadas, se observan casos en que los intervinientes, al comparecer a la causa, solicitan que las notificaciones y comunicaciones se practiquen por correo electrónico, aportando una dirección para esos fines. Así ocurrió en “Carlos Cardoen Cornejo” 299 y en “Yeison Bustamante Cavanzo”298 , donde el Tribunal resolvió tenerlos presente. En otras causas, como son “Mauricio Román Retamales”300 y “Roberto Olivares Fuentes”301 , el compareciente informó una casilla de correo electrónico (como se informa el domicilio u otros datos) pero sin requerir una forma especial de notificación, resolviéndose igualmente con un téngase presente. Por último, también hay casos en que el interviniente simplemente comparece, sin aportar correo electrónico, como sucedió en “Juan Venegas Vergara”302y en “Sergio Ibarra Ibarra”303 . En ninguno de los casos mencionados en este párrafo se invocó la norma prevista en el artículo 8 de la ley N° 20.886 304

297. Sin perjuicio que, como vimos antes, la casuística muestra que se ha notificado: por cédula solo al defensor; personalmente o por cédula únicamente al defensor; por cédula al defensor y personalmente al requerido; personalmente a ambos, etc.

298. Véase ingresos de 27 y 29.3.2019, Rol N° 7744-2019. Min. C. Aránguiz Z. 299. RMCS, 21.9.2018, Rol N° 8399-2018. Min. M. Valderrama (S).

300. RMCS, 5.6.2019, Rol N° 20316-2018, Min. A. Vivanco M. 301. RMCS, 27.82019, Rol N° 45530-2017. Min. M. Sandoval G. 302. RMCS, 19.11.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 303. RMCS, 18.5.2018, Rol N° 4127-2018, Min. A. Prado P. 304. Las causas que se citaron al comienzo de este apartado se limitaban a aplicar el artículo 5 de la ley N° 20.886, relativo a las presentaciones de escritos por OJV.

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(ni tampoco su regla análoga en el artículo 31 del CPP), ni por el Tribunal ni por los intervinientes; no obstante ello, en la generalidad de las causas de extradición pasiva, especialmente en las más recientes, es una práctica internalizada y extendida en la tramitación, el comunicar a los intervinientes a través de correo electrónico todas las resoluciones dictadas en la causa, sea que se haya pedido o no esa forma de notificación, e incluso en casos en que el interviniente no aportó formalmente una dirección de correo electrónico, a través de un escrito305 .

145. En ese sentido, resulta de interés mencionar el caso “Juan Venegas Vergara”, donde pese a que la defensa no informó una casilla electrónica ni solicitó explícitamente que las notificaciones se practicaran por dicha vía306 , igualmente se le comunicaron las sucesivas resoluciones del procedimiento, a través de correo electrónico: así, por ejemplo, la resolución que tuvo presente el patrocinio y poder307; la resolución que acogió la petición de la defensa y sustituyó la detención previa por medidas cautelares menos intensas308; la que tuvo por formalizado el pedido de extradición309; la que declaró el cierre de la investigación y dispuso el paso de los antecedentes a la fiscalía judicial310; y la que, al agregarse el informe fiscal, confirió traslado al requerido311, etc., constando en cada una de las decisiones, la remisión del correo respectivo.

146. La relevancia del caso reside en que, transcurrido el plazo de 20 días decretado por resolución de 12 de febrero de 2020, la defensa no evacuó el traslado de la vista fiscal; sino que, con el plazo expirado, dedujo un incidente de nulidad procesal el día 5 de marzo, basado en que en la defensa estaba conformada por dos abogados y que la resolución había sido remitida al correo electrónico de uno solo de ellos312 , dejando al otro abogado sin tomar conocimiento del traslado concedido.

El Tribunal rechazó el incidente de nulidad, sosteniendo que las resoluciones previas habían sido notificadas a la misma dirección de correo, sin que opusiera reparos y realizando actuaciones posteriores el interviniente, lo que habría subsanado el vicio, de haber existido alguno. En efecto, en la decisión de 6 de marzo de 2020, el Tribunal señaló que: “atendido que la incidencia que invoca la defensa debió ser promovida tan pronto como el hecho llegó a su conocimiento, lo que se produjo el 19 de noviembre de 2019, a lo que se suma que ha practicado gestiones posteriores a dicho conocimiento convalidando tácitamente el acto que considera nulo,

305. Según el relato de los abogados tramitadores, es común que los abogados comparezcan personalmente a las oficinas de la DAIDH, para pedir información u orientación sobre su causa, ocasión en que se ingresa su correo electrónico; o bien, puede figurar dicho correo en el sistema de tramitación virtual o la OJV. 306. Véase escrito de 15.11.2019 y RMCS, 19.11.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 307. RMCS, 19.11.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 308. RMCS, 17.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 309. RMCS, 31.12.2019, Rol N° 29038-2019. Min. R. Egnem S (S).

310. RMCS, 22.1.2020, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 311. RMCS, 12.2.2020, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 312. Véase escrito de 5.3.2020, Rol N° 29038-2019. Revisado todo el expediente digital –especialmente el patrocinio de 15.11.2019 y los escritos de 25.11.2019, 16.12.2019 y 5.3.2020–, no se avizora ningún registro o presentación en que se haya informado una o más direcciones de correo electrónico, ni tampoco que se haya solicitado forma especial de notificación por la defensa.

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por tanto y en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 83, 84, y 85 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar a lo solicitado por la defensa en la presentación de fecha 05 de marzo de 2020” 313 .

D. Formas anticipadas o anómalas de término en el PEPC 147. Conforme transcurren los años, el PEPC recibe cada vez menos aplicación. En efecto, siendo un procedimiento aplicable únicamente respecto de solicitudes que versen sobre hechos anteriores al 16 de junio de 2005, y considerando además: (i) que en general los tratados internacionales exigen, para que sea procedente la extradición, que la acción penal o la pena no se encuentren prescritas, tanto conforme a la ley del Estado requirente, como del requerido; y (ii) que en Chile el plazo máximo de prescripción, según la regla vigente a la época de esos hechos314 , alcanza los 15 años 315 , entonces se puede avizorar que el PEPC –especialmente, si se trata de solicitudes para juzgar al requerido– se encamina prontamente a su extinción.

148. Por este motivo, y por razones de economía procesal, resulta relevante contemplar en este trabajo una sección relativa a casos en que se ha resuelto sobre el pedido, en forma anticipada y sin necesidad de dar completa tramitación al PEPC. 149. El caso “María José Reyes Hernández” resulta de especial interés, ya que la detención previa solicitada por el Reino de España fue rechazada de plano, en la primera resolución del procedimiento, sin darle trámite al PEPC. En el caso, se imputaba a la requerida los delitos de falsedad de documento oficial, falsedad de moneda y estafa, que se encuentran descritos y sancionados tanto en el código penal español como en el chileno; sin embargo, de los antecedentes acompañados, aparecía que la fecha de comisión era junio del año 2002, lo que llevó al Ministro Instructor, en marzo de 2018, a “presumir que la acción de los ilícitos del requerimiento se encontraría extinguida lo que obsta a disponer la medida cautelar de detención preventiva solicitada”316 , rechazando la 317 misma, en base a lo dispuesto en el artículo 9 del Tratado de Extradición aplicable y los artículos 313. RMCS, 6.3.2020, Rol N° 29038-2019. Min. R. Maggi D. 314. En materia de plazos de prescripción, nuestro Código Penal fue modificado por la ley N° 20.207, que estableció que la prescripción de delitos sexuales contra menores se computa desde el día en que alcancen la mayoría de edad; y más tarde por la ley N° 21.160, que declaró imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores. Como se puede advertir, ambas leyes entraron en vigencia en fechas posteriores a los hechos que son materia del PEPC, la primera fue publicada el 31 de agosto de 2007 y la segunda, el 18 de julio de 2019. En este último caso, la disposición transitoria aclara que la imprescriptibilidad mira solo hacia el futuro, rigiendo para los hechos previos la regla de mayoría de edad introducida por la ley N° 20.207. De este modo, aun cuando es discutible –por el principio de legalidad penal– la aplicación de la regla de mayoría de edad a hechos acaecidos antes del 16 de junio de 2005, si se estimara aplicable, esta regla tendrá un alcance acotado en extender los tiempos de aplicación del PEPC: solo en los casos de delitos sexuales, cometidos contra menores y que tenían dicha condición al momento del hecho, que debe ubicarse en la época en que el PEPC es aplicable (antes del 16 de junio de 2005).

315. “Art. 94. La acción penal prescribe: Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años”.

“Art. 97. Las penas impuestas por sentencia ejecutoria prescriben: La de presidio, reclusión y relegación perpetuos, en quince años”.

316. RMCS, 2.3.2018, Rol N° 3407-2018. Min. M. Juica.

317. Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de Chile y el Reino de España, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 1995, cuya letra c) dispone que no se concederá la extradición: “Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición”.

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misma, en base a lo dispuesto en el artículo 9 del Tratado de Extradición aplicable y los artículos 94 y 96 del Código Penal nacional. Con todo, la misma decisión agregó que el rechazo a la detención previa, era “sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva si se insistiere en el pedido formal de extradición”, que fue presentado más tarde por el Estado requirente 318 .

150. Otros casos con término anticipado. En la causa sobre ampliación de extradición de Alberto Fujimori, el pedido fue rechazado al inicio del procedimiento, sin darle curso, fundándose el fallo en que la solicitud no cumplía con el principio de mínima gravedad previsto en el artículo II, del Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Chile 319 .

151. Asimismo, en el caso “Heiner Danilo Bueno Mattos” la detención previa fue rechazada de plano, por fundarse en el delito de terrorismo, el que no existe como delito común en Chile320 . Pese a ello, el Estado peruano reactivó la causa, presentando el pedido formal de extradición, pero el Tribunal, sin dar la tramitación regular del PEPC –es decir, sin iniciar la investigación ni practicar diligencias, sin citar al requerido ni tomarle declaración–, determinó el paso inmediato de los antecedentes al Ministerio Público, cuyo informe propuso el rechazo de la pretensión del requirente, por no cumplirse los principios de doble incriminación y mínima gravedad. De dicho informe, se dio traslado al Estado requirente (sin representante designado) y se dispuso la notificación a la Corporación de Asistencia Judicial, para oír al requerido 321 . Finalmente, con el traslado evacuado por la defensa y la rebeldía del Estado solicitante, se citó a las partes a oír sentencia, rechazándose el pedido en virtud de las siguientes razones: (i) en primer lugar, el fallo transcribe los hechos que fundan el pedido y después de analizarlos uno a uno, concluye que “por mucho esfuerzo que se haga, resulta prácticamente imposible definir la conducta incriminada [al requerido]”, por lo que “no se cumple la mencionada condición de la última parte del artículo XII del Tratado, en cuanto a ‘explicar suficientemente el hecho de que se trata’, lo que por sí solo basta para desestimar la solicitud” (c. 7°); (ii) en segundo lugar, advierte la “falta de concordancia entre las conductas tan vagamente definidas y los propios tipos penales de los artículos 321 y 322 del Código Penal del Perú” (c. 8°); (iii) en tercer lugar, tampoco puede afirmarse que los delitos imputados sean de aquellos que autorizan la extradición, puesto que, luego de enumerar los delitos previstos en Chile por la ley N° 18.314 sobre conductas terroristas, determina que en “ninguno de tales sucesos siquiera se avizora en lo que se achaca al extradido” (c. 9°); y, por último, resulta claro que, en lo que respecta a la prescripción de la acción penal, los tiempos máximos previstos por la legislación nacional se encuentran expirados, ya que los hechos atribuidos al requerido datan de 1978, 1990 y 1991 (c. 10°) 322 .

318. El pedido de extradición ingresó bajo el Rol N° 26842-2018 (Min. J. Dahm), el que recibió la tramitación regular, encontrándose actualmente en etapa de discusión (traslado al requerido de la vista fiscal).

319. SMCS, 13.5.2011, Rol N° 2127-2011, Min. R. Maggi D. Véase c. 8°: “siendo el tipo penal que se atribuye al requerido coincidente con la que castiga la ley chilena, lo cierto es que únicamente en el Estado requirente los hechos se castigan con una pena privativa de libertad, ya que en Chile se sancionan sólo con la suspensión del empleo. Por ende, no se cumple con el requisito de penalidad mínima expresamente consagrado en el artículo II del Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Chile” 320. RMCS, 10.9.2014, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. 321. RMCS, 4.3.2015, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F. 322. SMCS, 1.6.2015, Rol N° 23371-2014. Min. C. Cerda F.

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152. En el grupo de extradiciones solicitadas por el Reino de España, para juzgar a varios ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), por la detención ilegal y asesinato del ciudadano y diplomático español, Carmelo Soria Espinoza, al recibirse los antecedentes, en forma previa a proveer, se pidió informe sobre el estado procesal de las causas seguidas en Chile por el mismo caso; y se determinó el paso de los antecedentes a la Fiscalía Judicial, para su informe323 . Luego, sin haber dado la tramitación regular del PEPC, el Ministro Instructor declaró la improcedencia de dar curso formal a las extradiciones requeridas, por existir investigaciones abiertas en la justicia chilena por el crimen, coincidiendo así con el dictamen de la Fiscalía Judicial324 .

153. Una situación equivalente se observa en el caso “Luis Ramírez Pineda y otros”, donde la República de Francia requirió a varias personas para cumplir condena por delitos de lesa humanidad, cometidos en contra de Alfonso Chanfreau y otros ciudadanos franceses, a partir del 11 de septiembre de 1973. En dicho caso se declaró que no procede dar curso al pedido formal de extradición, por tratarse de hechos que tuvieron principio de ejecución en nuestro territorio y están siendo investigados por los tribunales chilenos, lo que “descarta la competencia subsidiaria que invoca el Estado requirente”325 .

154. En “Héctor Volonté Pelua”, la primera resolución declaró improcedente acoger a tramitación la solicitud de extradición, principalmente porque (i) el requerido no se encontraba condenado ni procesado en la causa que dio origen al pedido; y (ii) por no haberse acompañado el mandato de prisión expedido por la autoridad judicial competente, con la designación exacta del delito que lo motivare y de la fecha de su perpetración, incumpliéndose las exigencias del tratado aplicable326 .

155. Por último, en “César Gustavo Ampuero” se declaró la rebeldía del requerido y ordenó el archivo de los antecedentes, hasta que se presente el imputado, sea habido o se proporcionen nuevos antecedentes de su paradero (el sujeto había sido detenido, pero se dio a la fuga, sin que durante los tres meses siguientes las diligencias ordenados hayan tenido éxito) 327 .

323. RMCS, 29.1.2013 y 26.4.2013, Rol N° 624-2013 (acumuladas 1793-2013; 1794-2013; 1796-2013; 1797-2013; 1800-2013; 1803-2013). Min. J. Araya E. 324. SMCS, 25.7.2013, Rol N° 624-2013 (acumuladas 1793-2013; 1794-2013; 1796-2013; 1797-2013; 1800-2013; 18032013). Min. J. Araya E. Considerando: “SÉPTIMO: Que […] por resolución de 21 de enero último, […] dispuso acoger su solicitud en orden a desarchivar el proceso iniciado a raíz del homicidio calificado de don Carmelo Soria Espinoza, padre de la querellante, ordenando la práctica de nuevas diligencias de investigación, las cuales se encuentran pendientes y en pleno desarrollo en lo que dice con su cabal y total cumplimiento […] OCTAVO: Que, en consecuencia, es fuerza concluir de acuerdo con lo expresado en las motivaciones que anteceden, que resulta improcedente dar inicio formal a la investigación de conformidad a lo que dispone el artículo 646 del Código de Procedimiento Penal, por no concurrir en la especie el fundamento en que se basa la presente solicitud de extradición y que se ha hecho consistir en la circunstancia que no existe una investigación en desarrollo por un tribunal chileno encaminada a investigar y establecer las responsabilidades que corresponden a ciudadanos chilenos con motivo del homicidio ocurrido en Chile del ciudadano español don Carmelo Soria Espinoza”.

325. SMCS, 30.10.2013, Rol N° 3161-2013. Min. R. Maggi D. 326. RMCS, 29.11.2006, Rol N° 6022-2006. Min. J. Rodríguez A: “6º. Que del examen de los antecedentes acompañados a estos autos, en especial de la resolución cuya copia corre a fojas 1 y de la copia de la solicitud de procesamiento y prisión formulada por el Ministerio Público, que rola a fojas 4, puede advertirse que el requerido Héctor Volonté Pelua no se encuentra condenado ni procesado en la causa que ha dado origen al presente pedido de extradición. 7º. Que en el artículo 3º del Tratado de extradición mencionado en el fundamento 4º, se establece que a la demanda de extradición se acompañará el mandato de prisión expedido por la autoridad judicial competente, con la designación exacta del delito que lo motivare y de la fecha de su perpetración si el presunto delincuente estuviere sólo procesado, lo que no se ha cumplido en la especie”.

327. RMCS, 13.6.2007, Rol N° 1046-2007, Min. P. Valdés A.

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VII. ANEXOS A. Individualización de las causas de extradición pasiva consultadas 156. A continuación, se enumeran las 46 extradiciones pasivas, tramitadas de conformidad con el PEPC, que conforman la muestra analizada y sirvieron de base para la elaboración del presente trabajo328 :

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328. Asimismo, varias de las causas aquí enumeradas fueron revisadas en segunda instancia, competencia que corresponde a la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, resultando de relevancia mencionar las siguientes: “Carlos Cardoen Cornejo”, Rol de segunda instancia N° 21483-2019; “Alexandro Zuleta Guerrero”, Rol N° 4558-2006; “Alberto Fujimori Fujimori”, Rol N° 2242-2006; y “Alejandro Arriagada Ramos”, Rol N° 3486-2005.

329. Esta solicitud de extradición, había ingresado antes como pedido de detención previa, bajo el Rol N° 3407-2018, caso que fue rechazado de plano, por aparecer de manifiesto que la acción para perseguir los hechos imputados se encontraba prescrita (Min. M. Juica A.).

330. En este caso, la sentencia definitiva fue dictada por el Ministro Manuel Valderrama R., en calidad de ministro subrogante legal.

331. En esta extradición pasiva, el Reino de España solicitó a la misma persona requerida por el Estado de Brasil, en la causa Rol N° 6882-2015. En esta última se concedió la extradición, mientras que España se desistió en la primera.

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332. Se trata de un caso fundado en delitos de lesa humanidad, abierto por el Estado de Francia, por delitos cometidos en contra de Alfonso Chanfreau y otros ciudadanos franceses.

333. A ésta se acumularon los procesos Rol N° 1793-2013; 1794-2013; 1796-2013; 1797-2013; 1800-2013; 1803-2013.

334. También conocido como el caso “Carmelo Soria”.

335. En este caso, la sentencia definitiva fue dictada por el Ministro Jorge Medina C., en calidad de ministro subrogante legal.

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B. Declaraciones indagatorias prestadas en el PEPC 157. Adicionalmente, para fines ilustrativos, se señalan las siguientes declaraciones indagatorias, prestadas en el contexto del PEPC: a. Declaración del requerido en el caso “Roberto Coloma Soto”, de 3 de noviembre de 2014, Rol N° 25412-2014, prestada ante la Ministra Instructora, doña Rosa Egnem S. b. Declaración de la requerida en el caso “Karín Ramírez Delgado”, de 13 de febrero de 2017, Rol N° 2863-2017, prestada ante el Ministro Instructor (S), don Sergio Muñoz G. c. Exhorto diligenciado en la extradición “Mauricio Román Retamales”, Rol N° 20316, donde consta la declaración del requerido, de 15 de abril de 2019, prestada ante el Juez de Letras de Limache, previa delegación de competencia, por parte de la Ministra Instructora, doña Ángela Vivanco M. d. Declaración del requerido en el caso “Néstor Fabián Peralta”, Rol N° 20382-2018, de 4 de diciembre de 2018, prestada ante el Ministro Instructor, don Guillermo Silva G. e. Declaración del requerido en la causa “Knut Oyvind Dromnaes”, Rol N° 8343-2019, de 4 de febrero de 2020, prestada ante el Ministro Instructor, don Mauricio Silva C., con la asistencia del intérprete y traductor, don Diego Ortiz.

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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS CORTE SUPREMA REPÚBLICA DE CHILE