Revista Acceso a la Justicia 4 Lenguaje Claro

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COLOFÓN EDICIÓN: - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. - DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL DE CHILE. COMITÉ EDITORIAL: - NATALIA DE AZCUÉNAGA, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. - CONSTANZA REYES, SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. - LUCY DÁVILA, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL DE CHILE. - FRANCISCA TERMINEL, JEFA DE LA OFICINA DE TRAMITACIÓN INTERNACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. - PALOMA ALVARADO, ABOGADA INVESTIGADORA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. C

- DANIELA ROMERO, PERIODISTA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL DE CHILE.

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- VALERIA MENDOZA, ASESORA COMUNICACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

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- PEDRO PALACIOS, DISEÑADOR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. IMPRESIÓN: - GRÁFICA METROPOLITANA.

- AÑO PUBLICACIÓN: 2017


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EDITORIAL

ACCESO A LA JUSTICIA Y LENGUAJE CLARO cuenten con nuevas habilidades para lograr una exposición eficaz y clara de la información. Y el lenguaje aquí juega un rol muy importante. Respecto del tribunal, hoy no basta con que se motive la sentencia. Se necesita una motivación comprensible, que permita al usuario conocer los argumentos de la decisión, para hacer uso de los derechos que la ley le otorga. Cabe destacar que esta sentencia no solo afectará a ese ciudadano, sino que será jurisprudencia válida para todos los demás ciudadanos. Nuevamente aquí un lenguaje claro es muy importante.

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Carlos Aránguiz Zúñiga Ministro de la Corte Suprema de Chile

Otro de los desafíos para el tribunal radica en la gestión. La ley permite en ciertas materias acudir sin representación de abogado. Si la persona no entiende la resolución, volverá a consultar al funcionario de atención de público, recargando su trabajo y posiblemente retardando la solución de otros asuntos.

En la actualidad, elementos como la transparencia y el acceso a la justicia, se han erigido como pilares fundamentales para la democracia, razón por la que el Estado ha incorporado en sus políticas públicas la publicidad de documentos, normas e información de interés para el ciudadano. Sin embargo, la difusión no basta si no va acompañada de la claridad necesaria para que sea comprensible la información. Y en este sentido el lenguaje tiene un rol fundamental.

El Poder Judicial chileno ha trabajado durante 2 años promoviendo la utilización de un lenguaje comprensible en las resoluciones judiciales a través de todo el país, mediante la constitución de una comisión; la realización de talleres, seminarios y concursos; la distribución de afiches, glosarios de términos jurídicos y las recomendaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la incorporación a la Red de Lenguaje Claro.

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Hoy el valor del lenguaje ha cambiado. Atrás queda su valoración como signo de estatus, poder o ventaja. Nuestro contexto ha exigido transformar el lenguaje en una herramienta que asegure la comprensión a todas las personas de sus derechos y obligaciones. Desde unos años a la fecha, la administración de justicia ha evolucionado mucho en Chile. Y en ese marco, el paso de la escrituración a la oralidad exige que abogados, jueces, fiscales y defensores

Así, convencidos de que el servicio que prestamos nos exige avanzar en armonía con los nuevos contextos y necesidades, y que en ello el lenguaje claro es vital para una comunicación eficaz entre diferentes actores y el ciudadano, el Poder Judicial seguirá avanzando en este camino. Prueba de ello es la presente revista que compartimos con ustedes, esperando se sumen a la reflexión.

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LENGUAJE CLARO EN IBEROAMÉRICA: UN COMPROMISO MULTILATERAL


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El Poder Judicial de Chile es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana compuesta por 23 poderes judiciales, representados por los presidentes de sus Cortes Supremas y Consejos de la Magistratura. El Coordinador Nacional para la Cumbre Judicial Iberoamericana en Chile, es el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo.

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Estos poderes judiciales se reúnen periódicamente con el compromiso de contribuir en la construcción de espacio iberoamericano en base a “ la democracia y la plena observancia de los derechos humanos como valores políticos esenciales, y a partir del imperio de la ley como garantía fundamental de convivencia pacífica y respeto mutuo” según consigna la Declaración de Asunción de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2016.

Entre las múltiples materias que aborda la Cumbre, se destaca su trabajo sobre transparencia y la rendición de cuentas e integridad de los sistemas judiciales. En este marco, la relación entre estos temas y la necesidad de un lenguaje judicial claro, ha sido un hecho no tan solo reconocido por los países miembros, sino que también, consignado en reglas suscritas por ellos: “Para facilitar su comprensión, las resoluciones judiciales deberán fundamentarse en términos sencillos y claros” Regla número 11 de las Reglas e Indicadores en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas Judiciales, aprobados en Chile en Asamblea Plenaria del 2015.

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Esta red internacional tiene como fin, que los poderes judiciales trabajen por la cohesión social, igualdad, inclusión, no discriminación y afianzamiento democrático de las sociedades. Gracias a esto, ha generado diversos instrumentos como: Estatuto del Juez Iberoamericano. Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Iberoamericano. Código Iberoamericano de Ética Judicial. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables. Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad. Recomendaciones en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos.

“En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico” Regla número 58 de las Cien Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad (promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva). Para reforzar la reflexión respecto de la pertinencia y necesidad del uso de un lenguaje judicial claro, la Cumbre Judicial Iberoamericana creó el año 2014 el grupo “Justicia y Lenguaje Claro: por el derecho del ciudadano a comprender la justicia”, el que fue presidido por Chile y España, y conformado por los poderes judiciales de Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Panamá. Por encargo del Coordinador Nacional de Chile, el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz Zúñiga se incorporó a dicho grupo de trabajo en representación del Poder Judicial chileno.

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Las premisas con las que partió este grupo de trabajo fueron:

hace imprescindible contar con un glosario de aspecto jurídico divulgativo.

La necesidad de contar con un protocolo que permitiera el uso de lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales.

Luego de 2 años de trabajo, el grupo de trabajo constató 16 hallazgos respecto de las principales características que hacían difícil de entender las sentencias iberoamericanas y, en consecuencia, trabajó en la creación de 16 recomendaciones con el objeto de construir una guía útil para trasmitir las decisiones en un lenguaje más comprensible para el ciudadano.

La necesidad de que la administración de justicia adapte su lenguaje a las circunstancias personales y culturales de los casos. La necesidad de contar con un modelo básico de argumentación de las resoluciones judiciales. C

La necesidad de incorporar la perspectiva de género en el lenguaje y la argumentación de las resoluciones judiciales, eliminando el lenguaje sexista y los estereotipos de los documentos emanados de los órganos judiciales.

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La necesidad de recomendar no incluir en las sentencias los datos personales de testigos, víctimas, ni personas menores de edad en caso de riesgo grave.

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La necesidad de que los usuarios y ciudadanos comprendan las resoluciones que les afectan, lo que

Presentadas estas recomendaciones a la Asamblea Plenaria de la Cumbre en 2016, la Red las aprobó y afirmó que “la legitimidad de la judicatura está ligada a la calidad y claridad de las resoluciones judiciales, y que ello constituye un verdadero derecho fundamental del debido proceso…”. La Cumbre señaló que “…es esencial el uso de un lenguaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales, y una argumentación fácilmente comprensible…”. En este contexto exhortó a los Poderes Judiciales Iberoamericanos “…a unirse a esta empresa y participar activamente de los trabajos que se efectúen con tal fin...”

“Justicia y Lenguaje Claro: por el derecho del ciudadano a comprender la justicia”

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“EL LENGUAJE CLARO NO INVADE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, AL REVÉS, SE GANA LEGITIMIDAD”

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Ángel Juanes Vicepresidente del Tribunal Supremo de España 8


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Vicepresidente del Tribunal Supremo de España. Abogado y académico, Ángel Juanes, tiene una extensa carrera judicial como letrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, magistrado de la Sala V de lo militar del Tribunal Supremo, y presidente de la Audiencia Nacional.

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Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha publicado artículos académicos sobre el Derecho Penal, sustantivo y procesal, el Derecho Constitucional, el Derecho Comunitario y la Cooperación Jurídica Internacional. Juanes, también participa en diversos programas internacionales como Coordinador Nacional de la Cumbre Iberoamericana. En esta entrevista aborda su rol en la Comisión de Lenguaje Claro, la independencia judicial y el uso de un lenguaje sencillo. Igualmente, ahonda en las consecuencias de la redacción de sentencias en términos sencillos, y en particular, si esto afecta la rigurosidad académica y jurídica. En este sentido asegura que “el lenguaje comprensible para la ciudadanía no es incompatible con el rigor técnico de dichas resoluciones” argumentando que “no cabe olvidar que la motivación de las sentencias cumple una función política, en el sentido noble de la palabra, cual es el impedir, en la medida de lo posible, la arbitrariedad, por medio del control no solo de los interesados en un caso concreto, sino por la sociedad en general”, concluye. Asimismo, se refiere a la elaboración del Diccionario Panhispánico que fue presentado en la Cumbre Preparatoria en España y los desafíos del lenguaje claro en Iberoamérica.

¿Cómo nace el trabajo sobre el lenguaje claro en la Cumbre Judicial Iberoamericana y qué inspira a sus 23 países miembros a abordar este tema? En la Cumbre Preparatoria celebrada en Chile en el año 2014, a iniciativa precisamente de la delegación chilena, se creó un grupo de trabajo (taller) sobre el lenguaje claro en la literatura jurídica. Éste se reunió varias veces a objeto de redactar una serie de conclusiones sobre cómo mejorar la claridad en las resoluciones judiciales, particularmente en las sentencias. Las razones que condujeron a crear un grupo de trabajo sobre el lenguaje claro fueron varias, entre otras, el comprobar la oscuridad y el estilo barroco de la mayoría de las resoluciones judiciales que dificultaban su comprensión por la ciudadanía, deslegitimando en cierta forma la función judicial. En consecuencia, y por las razones apuntadas, se hacía necesario conseguir que las resoluciones judiciales fueran más comprensibles para los ciudadanos y ciudadanas, mediante la sustitución de un lenguaje en ocasiones ininteligible por otro más claro, cumpliendo con ello la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, que exige, y ello conviene subrayarlo, no solo la motivación de las sentencias sino que estas sean claras, pues solo así los ciudadanos y ciudadanas podrán comprender las razones del por qué de una resolución en concreto. En tal sentido, conviene recordar que la motivación de las sentencias cumple una doble función, a saber: el conocimiento de las partes implicadas en el proceso de las razones de una concreta resolución, y de otra parte, posibilitar el control por parte de la sociedad, es decir, de aquellos que no son partes del proceso.

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ENTREVISTA El método utilizado por el grupo de trabajo para elaborar una serie de conclusiones fue el siguiente: se solicitó a los países integrantes de la Cumbre Iberoamericana la remisión de sentencias dictadas por los distintos tribunales de sus órganos jurisdiccionales nacionales con el fin de diagnosticar la forma de redacción de las resoluciones desde la perspectiva de un lenguaje claro y comprensible. Fruto del trabajo realizado por el taller sobre lenguaje claro, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en la ciudad de Panamá, se aprobaron una serie de conclusiones que en síntesis son, entre otras, las siguientes: Evitar el uso genérico del masculino con valor para ambos sexos, pues el grupo de trabajo fue especialmente sensible respecto a la eliminación en las resoluciones judiciales del lenguaje sexista porque, y ello conviene subrayarlo, las mujeres tienen derecho a existir como tales en la lengua y a ser nombradas como tales en igualdad de condiciones que los hombres, por cuya razón se quiso visualizar este principio de igualdad por razón del sexo a la hora de redactar las resoluciones judiciales; Necesidad de buscar un equilibrio entre el rigor técnico y la claridad en las resoluciones judiciales que permita su comprensión por los destinatarios de dichas resoluciones;

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En línea con lo dicho, para lograr la claridad que se busca, es imprescindible saber previamente lo que ha de expresarse, de ahí la conveniencia de que el lenguaje y el discurso plasmados en las resoluciones judiciales resulten asequibles, claros y directos;

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Las cuestiones deben tratarse de forma ordenada, prescindiendo de lo innecesario, evitando en lo posible las expresiones redundantes y la terminología extremadamente técnica;

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Respectar las normas sintácticas y gramaticales, evitando en lo posible el hipérbaton y el uso del adjetivo antes del sustantivo; La utilización racional de las citas jurisprudenciales y doctrinales, ya que un exceso de dichas citas puede oscurecer la exposición del razonamiento; Suprimir en la medida de lo posible el uso de los gerundios y sustituir las frases en latín por palabras comunes, salvo expresiones que por ser tan conocidas y reiteradas hayan sido ya incorporadas al lenguaje coloquial; Eliminar los arcaísmos y frases rituales desprovistas de verdaderos contenidos, ya que dicha retórica no sintoniza en absoluto con los tiempos actuales. Así, debería sustituirse, por ejemplo, el cuasi por el casi. Tratándose de sentencias penales, aparte de otros extremos, resulta conveniente exponer las pruebas que han llevado al juzgado a declarar probados una serie de hechos y no otros y posteriormente, a la hora de realizar la valoración conjunta de la prueba, los razonamientos que han conducido al tribunal sentenciador a llegar a unas determinadas conclusiones fácticas; máxime si la prueba no es directa sino indirecta o por indicios, en donde ha de razonarse sobre el enlace lógico entre el hecho básico y el hecho probado.

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En el trabajo del grupo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿se constató algún tipo de aprensión de los países y sus tribunales frente a la promoción de la utilización de un lenguaje judicial claro?

de las resoluciones judiciales. Finalmente, el Tribunal Constitucional también tiene normas de carácter vinculante al respecto, pero limitadas a la homogeneización interna de determinados aspectos formales de las sentencias.

No, resistencias como tales no. Pero todos los países éramos conscientes que conseguir un lenguaje claro no iba a ser fácil, porque, siendo realistas, sabíamos que existirían resistencias para abandonar una forma de lenguaje arraigado desde siempre en el ámbito judicial y académico. Pero no hubo oposición de ningún país, sino todo lo contrario, la voluntad de trabajar en conjunto para conseguir la claridad en las resoluciones judiciales. Y aquí vuelvo a insistir en que la claridad no está reñida con el rigor técnico.

La Cumbre Judicial Iberoamericana trabaja actualmente en la confección de un Diccionario Panhispánico, ¿cuál es su objetivo?

¿Cómo aborda el tema del lenguaje judicial claro el Consejo General del Poder Judicial de España?

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El Consejo General del Poder Judicial redactó unas reglas de estilo sin carácter vinculante. Se trataba, por ello, de simples recomendaciones que no tenían por qué ser cumplidas, al no existir una obligación legal al respecto. Sin embargo, muy recientemente la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha redactado una serie de normas que tienden a homogeneizar la redacción de las sentencias, por ejemplo, cómo se enumeran las sentencias; la utilización de las mayúsculas; las citas de las sentencias, las abreviaturas y siglas, así como ciertos criterios tipográficos. Este acuerdo es vinculante y hay que señalar que efectivamente se está cumpliendo, no sin resistencias, pero a base de determinación dichas normas están hoy desarrolladas por todas las Salas. Además de estas normas vinculantes, se ha elaborado por la Real Academia de la Lengua Española, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, mediante un convenio al respecto, un diccionario jurídico español que ha sido difundido entre todos los magistrados y jueces españoles con la finalidad de que pueda ser utilizado para mejorar la redacción

En el taller de lenguaje claro, después de redactar las recomendaciones a las que hemos hecho referencia, se propuso, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la creación de otro grupo de trabajo continuador del referido al lenguaje claro, con la finalidad de elaborar un Diccionario Panamericano en el que se recogieran las diversas acepciones que una palabra o vocablo tiene en los distintos países iberoamericanos, partiendo para ello del diccionario jurídico español. Así, por ejemplo, se trataría, y sin cerrar todos los ejemplos, del significado de la palabra “notario” en los diversos Estados, ya que dicha palabra en España tiene una significación distinta a la de algunos países iberoamericanos. Y así pueden citarse diversos ejemplos más. Por todo ello, la finalidad del futuro Diccionario Panamericano es la de conocer el significado de ciertos vocablos en los distintos países. Su elaboración ha exigido de un enorme trabajo y esfuerzo que quiero destacar y en la redacción han participado las Cortes Supremas de los países de la Cumbre interesados en el mismo y también las Academias de la Lengua de los países participantes. Se puede decir que al día de hoy está prácticamente concluido dicho Diccionario, que será presentado con ocasión de la Cumbre Preparatoria a celebrar en Madrid el 14 de diciembre de este año en la Universidad de Salamanca; en un acto en el que por su relevancia, y por la importancia del Diccionario, se están realizando los contactos oportunos para que los Reyes de España estén presentes en el acto.

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ENTREVISTA Lo que parecía un sueño está a punto de convertirse en realidad, fruto de un trabajo intenso de todos aquellos que con una enorme ilusión y un esfuerzo impagable han contribuido a su realización. Luego de las Recomendaciones y el Diccionario Jurídico Panhispánico, ¿cuáles son los próximos pasos para Iberoamérica en materia de lenguaje claro? En la próxima Cumbre se analizarán los resultados de las Recomendaciones sobre el Lenguaje Claro, cómo se han llevado a efecto y la forma de su implementación por parte de los diversos países. Se trata de realizar una labor de seguimiento para comprobar la incidencia que las recomendaciones hayan tenido en la forma de redactar las resoluciones judiciales.

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Respecto de la independencia judicial, ¿cree usted que el trabajo sobre lenguaje claro podría afectarla?

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La independencia no queda afectada por el solo hecho de que las sentencias judiciales se redacten con una mayor claridad. Por el contrario, un lenguaje claro y comprensible aumenta la legitimidad de los jueces y juezas al aproximarlos a la sociedad, contribuyendo de igual manera a fortalecer la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, pues no cabe olvidar que la motivación de las sentencias cumple una función política, en el sentido noble de la palabra, cual es el impedir, en la medida de lo posible, la arbitrariedad, por medio del control no solo de los interesados en un caso concreto, sino por la sociedad en general. En definitiva, la verdadera función, entre otras, de la motivación de los fallos, y en particular la utilización de un lenguaje claro y comprensible, es la de posibilitar el control de las resoluciones judiciales por la sociedad.

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La obligación de motivar las sentencias en un lenguaje claro –que no está en lo absoluto reñido

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con el rigor técnico- constituye, y como tal ha de decirse, un derecho humano, como así los reconocen los organismos internacionales. ¿Cuál es el riesgo para el lenguaje judicial como lenguaje técnico, de que la claridad lo banalice? Ninguno, pues como he dicho y reitero, la claridad no está reñida con el rigor técnico. En conclusión, no se trata de utilizar un lenguaje coloquial que dé lugar a la banalización de dichas resoluciones judiciales, sino de ser claros en los planteamientos y en la resolución de los mismos mediante sentencias fundamentadas y basadas en un lenguaje comprensible para la ciudadanía, que como he dicho, no es incompatible con el rigor técnico de dichas resoluciones. El que fue Presidente del Tribunal Supremo de España, Antonio Hernández Gil, dijo que “el rigor técnico de las sentencias no está reñido con la claridad, más aún, cuanto más precisas sean las sentencias, mayor será el rigor jurídico de las mismas”. En resumen, a mayor claridad, mayor rigor. En Europa, ¿cómo se está desarrollando el tema sobre la necesidad del lenguaje claro? Este es un tema que se está abordando a nivel europeo, no solo por los Tribunales de Justicia sino también por los Organismos de la Unión Europea, insistiendo en la idea de que un lenguaje claro constituye un derecho humano, pues, como señala el Tribunal Constitucional español, las sentencias, por muy extensas que sean, pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva si resultan ininteligibles, pues ello equivale a sentencias deficientes. En conclusión, hay una tendencia en Europa a favor de la claridad en las resoluciones judiciales y a la erradicación de un lenguaje sexista, existiendo al respecto resoluciones de la propia Organización de las Naciones Unidas.


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ENTREVISTA ¿Qué mensaje envía a quienes promueven y trabajan en el desarrollo del lenguaje judicial claro? Que todos aquellos sectores que creen en el lenguaje claro no se desanimen, porque si hay determinación y voluntad de seguir con esta idea, al final se impondrá, porque los cambios culturales no son fáciles, no se hacen de un día para otro, pero si hay voluntad de cambiar las cosas, al final se consigue. En España no se motivaban las sentencias y cuando el Tribunal

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Constitucional dijo que había que hacerlo, se produjo una resistencia por parte de la mayoría de jueces y juezas. Sin embargo, hoy ya nadie discute la obligación de motivar las sentencias. Pero el cambio no fue fácil. Así es que no hay que desistir, sino por el contrario hay que insistir en la idea de conseguir un lenguaje claro en Iberoamérica, porque ello redundará en beneficio de toda la ciudadanía, al tratarse de un derecho fundamental.

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“ES MUY IMPORTANTE ESPECIFICAR QUÉ ENTENDEMOS POR LENGUAJE CLARO”

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Doctora en Lengua Española y Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona


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Estrella Montolío es Doctora de Lengua Española y académica, de la misma materia, en la Universidad de Barcelona. En esta entrevista se refiere a las diferencias entre lenguaje claro y la claridad, y las diversas iniciativas que ha desarrollado la Unión Europea para la redacción de documentos “No abogando por simplificar contenido, sino por simplificar la forma de expresión”, asegura. Usted ha dicho que la claridad y el lenguaje claro no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?

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Es muy importante especificar qué entendemos por lenguaje claro porque, a menudo, lenguaje claro se identifica con lo que en otras provisiones se llama lectura fácil, es decir, cómo adaptar los textos para que puedan ser interpretados por personas con ciertas discapacidades. En cambio, cuando nosotros hablamos de lenguaje claro nos referimos a no simplificar los contenidos, sino simplificar su expresión. En ocasiones, si tienes que explicarle a los ciudadanos sobre una regulación europea que afecta a su vida y a su patrimonio, no podemos contar un cuento, hay que explicar los datos complejos de esa normativa; pero donde tenemos que hacer el trabajo es en la forma de expresión a fin de que no complique innecesariamente el contenido, sino que favorezca su comprensión, a través, de una sintaxis clara, de una buena arquitectura del documento. La existencia de infografías o todo tipo de apoyo multicanal o multimodal que ayuden al ciudadano medio, sin dificultades específicas, a entender un contenido complejo. Se ha hablado de una definición que habría acogido la Unión Europea, al parecer, una definición universal. ¿Cuál es? Hay una definición de lenguaje claro, pero no sé si lo ha aceptado la Unión Europea. La Unión Europea lo que sí tiene son documentos o guías de estilo. Una de estas es: “¿Cómo escribir con claridad?”. No se está abogando por simplificar contenido, sino por simplificar la forma de expresión. Yo creo que en el último seminario estábamos hablando sobre una definición que acababa de salir de un congreso

de Plain. No sé si eso lo aceptó la Unión Europea, lo que sí sabemos, es que la Comisión Europea ha abogado por esta especie de decálogo de lenguaje claro. ¿Qué entidad decide cuál es la definición válida o la que se debe utilizar? Es una pregunta muy importante y complicada. Tú has hablado del nuevo libro de estilo que han publicado entre la Real Academia junto al Consejo del Poder Judicial donde se incluyen algunas recomendaciones que ya habíamos hecho los de la Comisión Interministerial de la Modernización del Discurso Jurídico. Ellos ponen hincapié en muchas cuestiones que tienen que ver en el cómo se va a citar la ley dentro de una sentencia o cómo se van a organizar las diferentes partes de los fundamentos de derecho, etc. Hay algunas reflexiones lingüísticas que se adhieren al lenguaje claro, ellos no le llaman lenguaje claro, lo denominan como un libro de estilo que contiene recomendaciones generales que en algún porcentaje incluye el decálogo. Respecto del lenguaje claro en Europa, sigue muy de cerca las recomendaciones que se han hecho desde hace muchos años en los países anglosajones. En este sentido, se trata de un decálogo muy sencillo. Yo como lingüista del español, creo que es importante que en el futuro vayamos insertando, ampliando y matizando alguna de estas afirmaciones. Por ejemplo: la extensión oracional del español promedio no es igual que el inglés. Entonces respecto al español vamos a tener que ir especificando muchas cosas. Si me pregunta ¿cuál es el centro internacional que valida? diría que son las tendencias internacionales, pero no existe aún el centro español de lenguaje claro que diga cómo tienen que ser las cosas. ¿Qué le parece que la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile esté integrada por profesionales de diversas disciplinas? Yo destaco que en la Comisión de lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile, no sólo participen los juristas sino que lingüistas, periodistas de

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tribunales que es un campo que, a veces, se olvida en exceso, porque hay que destacar que los ciudadanos tienen acceso a las informaciones de la administración de justicia a través, de los medios de comunicación orales y escritos. También que participen, que lo han hecho ustedes, funcionarios de la administración pública, porque el discurso jurídico administrativo traspasa el ámbito de la justicia y contagia, absolutamente, el mundo de la administración. Y si bien es un porcentaje de ciudadanos los que tienen contacto directo con la administración de justicia, es el 100% de los ciudadanos que en algún momento u otro va a tener que contactarse con la administración. Por lo tanto, es todavía un porcentaje de relevancia mayor. C

Estamos en la construcción de los estándares internacionales. Piensa que, hace no tanto tiempo, en España los juristas nos decían que ni hablar de tocar un solo latinismo, ni un considerando; ahora, mi percepción en la escuela judicial es que indudablemente hay una gran cantidad de agentes jurídicos que entienden que no hay que perder rigor técnico, pero sí hay que favorecer la comprensión de los ciudadanos por el derecho a comprender.

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Usted habla del rol del sector público y cómo éste debe hablar un lenguaje más cercano al ciudadano, ¿el sector privado habla el mismo lenguaje que los ciudadanos? No, no siempre. Aquí hay una reflexión que es muy importante en el caso del español y es qué lengua usan las empresas cuando quieren hablar sobre algo que no es estrictamente coloquial. De acuerdo con mi experiencia en la asesoría en comunicación en organizaciones, hay un área que es marketing que es muy coloquial porque habla parecido a la publicidad. Entonces podemos preguntarnos: ¿cómo habla el área de recursos humanos dentro de la organización? ¿Qué tipo de lengua emplea el área jurídica o de seguridad informática? Todas ellas hablan en un modelo de lengua inmanente que es el español formal que es muy parecido al jurídico administrativo.

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Grandes empresas energéticas se están dando cuenta de que no pueden poner al cliente en el centro de todo, si éste no entiende. Por ejemplo: una de las quejas más recurrentes en España es que los clientes no entendemos las facturas ni de gas, electricidad, y me consta porque se están contactando conmigo, que esas grandes organizaciones se dan cuenta de que no pueden seguir escribiendo o comunicándose en extraño, distante, poco empático o con un estilo ampuloso. Un ejemplo de una empresa que mantiene los principios de un lenguaje claro es IKEA, y lo hace incluso cuando se dirige a sus propios empleados, cuando es estrictamente comunicación interna. Efectivamente estuvo la directora de comunicación de la empresa en el seminario, explicándonos cómo ella había quedado fascinada por la implicación total. La altísima dirección de Ikea es sueca, y eso no es gratuito. En Suecia tienen una larga tradición de la comunicación clara desde la administración hasta el punto de que los comunicados que se emiten de cualquier administración estatal o municipal tienen que pasar por una especie de filtro de calidad. Si alguien especializado no da por bueno ese documento, no cumple con los principios del lenguaje claro, ese documento se redacta de nuevo. Para nosotros prácticamente es ciencia ficción porque nuestros funcionarios escriben como hace 30 años aunque sólo estén trabajando hace 5 años porque simplemente las tradiciones discursivas en la administración se han mantenido prácticamente sin cambio. En este sentido, nos han pedido una colaboración desde el Ayuntamiento de Madrid precisamente porque la alcaldesa está muy concientizada de la necesidad de que se comunique de una manera transparente con los ciudadanos. No hay manera de comunicarse transparentemente, si no es de manera clara. Mencionó la labor de los periodistas como comunicadores porque ellos transmiten temas desde diversos sectores. Entonces, ¿cuál es el rol del periodismo para que los ciudadanos comprendan los mensajes emitidos desde el sector público o privado? Este es un ámbito que estoy impulsando desde mi grupo de investigación porque hemos de ser muy


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conscientes de que las noticias de la justicia llegan a través de los medios de comunicación. Hace unos años en los medios escritos, existía la figura del periodista de tribunales, yo he conocido a algunos de ellos y debo decir que son profesionales que saben mucho del ámbito jurídico.

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En cambio, ahora la figura del periodista especializado es muy difícil de encontrar. No obstante, una investigación que realizamos fue ver qué mecanismos o procesos de divulgación utilizaban los medios de comunicación digitales en las noticias de tribunales porque las versiones digitales de los periódicos permiten emplear cursos multimodales que ayudan mucho a la comprensión. Por ejemplo: la inclusión de glosarios mediante un hiperenlace que explicaba los significados de los términos complejos o la posibilidad de linkear o enlazar con noticias relacionadas que explican de un modo más claro algún fragmento de la noticia. Por lo tanto, efectivamente los medios de comunicación desempeñan un papel importante y no los podemos desconsiderar. Hablaba de los medios en internet, ¿cree que en materia de lenguaje y comunicación es importante el uso de imágenes? Más que hablar de imagen yo diría, como el término que utilizamos en lingüística, que es multimodalidad, es decir, todos aquellos modos que no sean sólo la lengua escrita para escribir el significado conjuntamente. Hace tiempo las sentencias que tienen que ver con plagio de cuadros incluyen imágenes, las que tienen que ver con delitos bancarios financieros incluyen Excel. Respecto de internet, creo que uno de los aspectos que podríamos considerar es el de las nuevas redes sociales. Aquí en Barcelona, cuando tuvimos el atentado en La Rambla el mes de agosto, hubo una demostración fehaciente de cómo un lenguaje claro llevado a cabo por un determinado cuerpo de seguridad resultó extremadamente positivo. Me estoy refiriendo al uso que los Mossos d’Esquadra, policía autonómica de Cataluña, hizo de Twitter. Ellos tenían un buen protocolo respecto al proceder en caso de un atentado.

Es por esta razón que desde el primer momento fue una comunicación trilingüe en castellano, catalán e inglés, de tal manera, que el mundo podría estar informado de lo que ocurría. En mi programa de Radio Nacional entrevistamos a la community manager de los Mossos d’Esquadra porque sumaron muchísimos seguidores esos días, ya que dieron una información muy fluida, continua, clara y que ayudó a deshacer ruido. Ellos ocuparon una comunicación muy formal, pero muy clara y muy cercana en 140 caracteres. Hay quienes creen que utilizar un lenguaje claro es apartarse del rigor técnico, banalizar y vulgarizar. Para usted, ¿el lenguaje claro es un empobrecimiento del lenguaje? Yo cuando trabajo con jueces, entiendo perfectamente su temor, empatizo con ellos y puedo tranquilizarlos. Yo trabajo para hacer más fácilmente legibles e interpretables documentos de altísima intensidad semántica. Cuando converso con los jueces jamás les digo que voy a simplificar una sentencia. Una sentencia es uno de los documentos públicos más complejo que existe. Entonces trabajamos conjuntamente en lograr que la forma de decir el contenido facilite la lectura, no que la complique. Que facilite una lectura de densidad, por eso el lenguaje claro bien entendido por supuesto que no simplifica el rigor de una sentencia. Quienes estamos por hacer una justicia más clara no estamos por simplificar, sino por hacer una formulación más fácil o comprensible para el ciudadano incluso para otros juristas. Las sentencias con frecuencia están escritas de una manera tan ambigua que incluso los juristas pueden llegar a interpretaciones diferentes. Entonces el lenguaje claro no es sólo bueno para los ciudadanos en primer término, sino que también es favorable para el resto de la comunidad jurídica. Ustedes en Europa tienen una tradición en el lenguaje que es muy antigua. Nosotros tenemos a Andrés Bello quien redactó el Código Civil, y él era opositor a bajar el lenguaje al ámbito social,

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decía que debía estar en una élite. Ustedes con la tradición del lenguaje encontraron dificultades en este tema, ¿cómo han logrado trabajar eso? Chile está un paso más adelante que España, en mi opinión cuando veo todo lo que están armando. Ojalá que no cambie con un nuevo gobierno porque, a veces, traen consigo cambios marciales a nivel técnico. Nosotros en España no lo hemos conseguido, en otros países están más avanzados. Las resistencias al cambio están en todas las comunidades de práctica. Por ejemplo, cuando yo era pequeña los médicos se resistían mucho a hablar de forma comprensible para los pacientes porque pensaban que les hacía perder rigor. En cambio, veo a mi alrededor que ahora la sanidad pública ha hecho un enorme esfuerzo de comprensión.

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Las resistencias están previstas y ocurren siempre, y tenemos que seguir demostrando que no se trata de empobrecer, mostrando cómo es posible el uso de un lenguaje claro. Por eso es importante trabajar con ejemplos de antes y después de determinados documentos para que puedan ver, que en la versión alternativa, no se ha perdido un ápice de rigor. En la Escuela Judicial de España trabajamos con la versión previa, y la transformamos entre todos los miembros del curso, y vemos cómo el documento transformado es mucho más fácil de leer e interpretar.

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Vamos demostrando que no estamos empobreciendo el rigor que es muy importante porque no se puede perder seguridad jurídica. En este sentido los entiendo muy bien, no significa decirlo todo de la manera más abstrusa posible. Ahora estoy trabajando con una gran empresa energética que tiene auténticos problemas con los contratos.

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El contrato, como tú sabes, es discurso jurídico administrativo, y en el caso anterior, resultan incomprensibles y muchos clientes no los firman porque no los entienden. Entonces, ahí tenemos un problema muy interesante porque es discurso empresarial, pero sin duda es el área jurídica la que redacta el documento y el área comercial le indica que deben cambiarse los documentos porque han bajado las ventas debido a que el cliente no se siente seguro. Además de las instituciones públicas, ¿qué otro responsable hay respecto de la comprensión ciudadana? ¿Las universidades? ¿El propio ciudadano? Esa observación es muy inteligente y necesaria ¿Cómo hacemos para que al otro lado también podamos garantizar que el ciudadano promedio tenga un nivel de comprensión? Muchas veces tenemos el problema en definir cuál es el nivel de comprensión del ciudadano medio. En ese sentido, las noticias que nos van llegando no siempre son muy positivas. Hay noticias muy alarmistas sobre la incapacidad de nuestros estudiantes de secundaria para entender las instrucciones de las preguntas en los exámenes. Indudablemente todo lo que tiene que ver con la elaboración y comprensión de discursos orales y escritos debería tener una presentación muy potente en la formación, que España hoy no la tiene. Yo me doy cuenta que los estudiantes en la época universitaria no prestan atención a la clase de lenguas, pero llegan a la empresa y les dicen que no se entiende nada del informe que han hecho, es decir, “aprendes a hacer un informe o te vas a la calle”. En las organizaciones reciben muy bien a los especialistas en discursos. Indudablemente tenemos que trabajar de manera mucho más potente en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de comprensión de los ciudadanos.


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“ESE EQUILIBRIO COMPLEJO ENTRE PRECISIÓN

TÉCNICA Y CLARIDAD ES EL QUE DEFINE LA EXCELENCIA EN LOS BUENOS JURISTAS”

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Doctora en Derecho, académica de la Universidad Pontificia Comillas y representante de la asociación Clarity en España


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Profesora de Derecho Procesal y Redacción y Oratorias Jurídicas de la Universidad Pontificia Comillas y representante de la Asociación Clarity en España. Se refiere a las principales resistencias de los juristas españoles para comunicar en lenguaje sencillo, y asegura que el exceso de trabajo de los magistrados, la inercia de lo aprendido y la débil formación inicial respecto a la materia son las barreras para el uso de un lenguaje comprensible.

entre otras cuestiones, de la tutela judicial, que ha de ser efectiva y sin indefensión, y del proceso con todas las garantías.

En España existen diversas iniciativas e instancias como la Carta de Derechos del Ciudadano, el Plan de Transparencia Judicial y la Comisión de Modernización que promueven el uso de un lenguaje claro, ¿ha habido algún obstaculo para el desarrollo del lenguaje claro?

La claridad, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (St. de 27 de diciembre de 2000, rec. casación nº 8363/1995), “significa, ni más ni menos, que de la lectura del mismo, por un experto en derecho, reposada y meditada si fuera necesario, se obtenga, sin duda razonable, la perfecta comprensión del texto”.

Creo que existe cierta resistencia. Por una parte, debido a que el exceso de trabajo de los jueces españoles convierte a la claridad en un asunto de importancia solo relativa. Por otra parte, debido a la inercia de lo aprendido y a la falta de formación inicial o continua que conlleva desconocimiento de otro estilo de comunicación más efectivo y más adaptado a los actuales tiempos. No se ha solucionado el conflicto de forma satisfactoria. Hay algunos indicios de mejora, no obstante, como en el caso la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que aprobó la Guía breve del prontuario de estilo para el Tribunal Supremo con instrucciones para la redacción de las sentencias por los magistrados de dicho órgano. También hallamos el “Acuerdo sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante Sala Tercera del Tribunal Supremo, también su Sala de Gobierno. ¿La ley española garantiza que las sentencias sean redactadas en lenguaje claro? El artículo 24 de la Constitución Española trata,

El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas en el pleito. La consecuencia de esta infracción es la nulidad.

Además, el apartado 4.1 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, sin valor de ley, dispone que los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta; entre ellos, un lenguaje comprensible. ¿Existe algún temor asociado a romper con la tradición de redactar desde una perspectiva jurídica? Sí. No obstante, es un temor con escasa solidez argumentativa. La adaptación que conlleva comunicar en el siglo XXI ha de pasar necesariamente por cambios. En 2017 se ha publicado en España el “Libro de estilo de la Justicia” y en su capítulo II se titula “Hacia un lenguaje jurídico claro”. En él se pone de relieve el fracaso comunicativo del Derecho por su deficiente expresión y se hace referencia a la universalización de la exigencia de claridad en el lenguaje jurídico tras explicar que se trata de un movimiento mundial que aboga por la mejora de la claridad lingüística de los textos judiciales y administrativos.

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Constatado este fracaso, son necesarios esos cambios que no tienen que implicar ni un deterioro ni un menoscabo de la redacción (o la oralidad) del mensaje jurídico. La Comisión de Modernización del lenguaje jurídico española, lo dejó claro en su informe de 2011 al recomendar a los profesionales hacerse comprender y expresarse con claridad porque ese equilibrio complejo entre precisión técnica y claridad es el que define la excelencia en los buenos juristas. A su juicio, ¿el uso de un lenguaje sencillo y comprensible aumenta la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones? ¿Mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales?

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Estoy plenamente convencida. En mi opinión, se cumple con convencimiento aquello que se

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entiende porque se genera confianza, al igual que lo que no se entiende genera desconfianza por su oscuridad. La cercanía del lenguaje comprensible invita al cumplimiento tanto como la lejanía al incumplimiento. Si una persona resulta suficientemente ilustrada del motivo de una expropiación administrativa que acaba en los tribunales y la resolución judicial expone clara y explicativamente las razones de la necesidad de esa expropiación y lo apropiado del justiprecio, lo aceptará mejor que si no entiende una palabra; e incluso, evitará futuros recursos judiciales. Para ello, los juzgadores deben tener presente siempre que una sentencia va dirigida a un ciudadano que debe poder comprenderla sin dificultades para poder cumplirla con la misma facilidad que la entienda.

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La Comisión de Modernización del lenguaje jurídico española, lo dejó claro en su informe de 2011 al recomendar a los profesionales hacerse comprender y expresarse con claridad porque ese equilibrio complejo entre precisión técnica y claridad es el que define la excelencia en los buenos juristas.

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¿Considera que la información emanada de las instituciones públicas debe adecuarse a una sociedad altamente mediatizada? Sin duda, es cada día más frecuente que los mandatarios e instituciones informen públicamente tanto en ruedas de prensa como en redes sociales como Twitter, por ejemplo. La ciudadanía se informa y forma su opinión sobre la Justicia a través de los medios de comunicación. La actividad judicial, aunque resuelve conflictos individuales, interesa al conjunto de la sociedad en la medida en que pone de manifiesto qué comportamientos se consideran lícitos o ilícitos o cómo se protegen los derechos. C

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Una utilización oscura o imprecisa del lenguaje jurídico por parte de los profesionales de la comunicación genera ideas equivocadas o confusas acerca del funcionamiento de los poderes del Estado.

Es legítimo exigir tanto rigor como cercanía en la información transmitida, en especial en materia jurídica. Para ello es imprescindible que los periodistas y responsables de la difusión de noticias tengan suficiente conocimiento de las noticias que transmitan recibiendo un asesoramiento adecuado. ¿Tiene alguna observación acerca del trabajo sobre lenguaje claro que se está desarrollando en Chile? Primero les daría la enhorabuena por el camino emprendido desde la creación de la Red de lenguaje claro y la elaboración y puesta en marcha de objetivos concretos. Después les animaría a que incidan en este trabajo y amplíen progresivamente sus políticas de claridad desde todos los frentes posibles.

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El año 2015 el Pleno de la Corte Suprema creó la Comisión de Lenguaje Claro con el objeto de promover al interior del Poder Judicial la reflexión sobre el lenguaje sencillo como elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano, y de elaborar, proponer e implementar acciones, y productos que favorezcan la comprensión del lenguaje judicial para el ciudadano, por un lado, y que sirvan de apoyo para juezas y jueces, por el otro.

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La Corte Suprema designó al ministro Carlos Aránguiz Zúñiga como encargado de guiar el trabajo de la Comisión de Lenguaje Claro y a la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema, como Secretaría Técnica. La Comisión está integrada por personas que participan voluntariamente y que representan a diversos estamentos del Poder Judicial y diferentes profesiones. Forma parte de ella la Dirección de Comunicaciones y la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental, ambas del Poder Judicial. El trabajo de la comisión es asesorado por una experta.

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La Comisión de Lenguaje Claro construye planes anuales de trabajo en torno a 2 objetivos: Promover la reflexión al interior de la institución, respecto del lenguaje claro y el acceso a la justicia. Elaborar e implementar acciones y productos que favorezcan la comprensión del lenguaje judicial por parte del ciudadano y promuevan la simplificación de la redacción de los fallos y las resoluciones. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN DE LENGUAJE CLARO

Taller para funcionarios de Centros de Medidas Cautelares y Centro de Atención de Asuntos de la Familia. Levantamiento de un léxico que servirá de base para la redacción de un manual de estilo chileno. Este mismo léxico, ha sido una contribución de Chile para el Diccionario Panhispánico de la Cumbre Judicial Iberoamericana, proyecto dirigido por el Coordinador Nacional de la Cumbre, ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y el Presidente de la Comisión de Lenguaje Claro, ministro Carlos Aránguiz. Participación en seminario sobre Acceso a la Justicia de personas con discapacidad, organizado por el ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas. Seminarios sobre lenguaje claro, dirigidos tanto al Poder Judicial como a la ciudadanía en general, realizados en las jurisdicciones de Iquique, Rancagua, Talca y Valparaíso. Taller para funcionarios y jueces en Valdivia. Proyecto de Manual de estilo. Plan piloto de documentos redactados en lenguaje sencillo en la Oficina de Tramitación Internacional de la Corte Suprema. Elaboración de folletos informativos. Creación de afiches con términos del glosario jurídico en lenguaje claro y su distribución a tribunales. Proyecto Bibliografía Lenguaje Claro.

Internacional

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Este año 2017 la Comisión ha coordinado y desarrollado las siguientes actividades:

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La Comisión de Lenguaje Claro ha desarrollado su trabajo en base a un compromiso multilateral que tiene como fuente 2 reglas aprobadas por 23 poderes judiciales: la regla numero 11 de las Reglas e Indicadores en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas Judiciales; y la regla número 58 de las Cien Reglas de Brasilia. La Comisión de Lenguaje Claro promueve la utilización del lenguaje judicial comprensible, mediante herramientas generadas en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana o en el seno de la propia Comisión, pero hay que destacar que su uso es absolutamente voluntario y queda al arbitrio del juzgador servirse de ellas.

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Estos instrumentos han sido creados mediante metodologías rigurosas para apoyar a los jueces y ciudadanos en el marco de la administración de justicia. La Comisión refuerza en su trabajo de difusión la idea de que, comunicar al ciudadano las decisiones del tribunal en un lenguaje sencillo y comprensible, no requiere que el juez se aparte del rigor técnico necesario conforme a los temas que aborda. Es decir, no se trata de un simple ejercicio asociado al uso del vocabulario, sino a cómo se transmite el mensaje.

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LA CLARIDAD DE LOS FALLOS Y RESOLUCIONES

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Facilita la PARTICIPACIÓN del ciudadano DEMOCRATIZA la decisión Potencia el ACCESO A LA JUSTICIA Impacta positivamente en el CUMPLIMIENTO de las resoluciones judiciales Constituye una eficaz herramienta de CONTROL CIUDADANO Colabora con la CARGA DE TRABAJO DEL TRIBUNAL (al ser claros, el usuario no deberá volver en reiteradas ocasiones)

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Paulina Gallardo García Jueza Titular 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Santiago

“Participar en la Comisión de Lenguaje Claro y Sencillo constituye para mí, tanto una oportunidad de contribuir a acercar el Poder Judicial a las personas, como la posibilidad de escuchar y atender los requerimientos de los ciudadanos que acuden a los tribunales en búsqueda de una solución a sus problemas. Y es respecto de ellos que debemos hacer un esfuerzo para que comprendan nuestras decisiones ya que ellas son trascendentales en su vida. Comprobar que existe interés en conocer el trabajo de la comisión entre funcionarios, abogados, académicos e instituciones relacionadas, tanto en Santiago como en regiones es un aliciente para seguir trabajando”.

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“La promoción de un lenguaje claro, sencillo y ordenado es una tarea de extrema relevancia y utilidad para estos nuevos tiempos. Colaborar en la comisión con el fin de entregar a los miembros del Poder Judicial diversas herramientas (como talleres, recomendaciones, Glosario de Términos Legales) para lograr una mayor calidad y claridad de las resoluciones judiciales, además de promover un lenguaje libre de discriminaciones o estigmatizaciones hacia los grupos vulnerables, respetando con ello, los derechos humanos, es gratificante” .

Felipe Cabrera Celsi Juez Juzgado Letras y Familia San Vicente de Tagua Tagua

Lorena Barría Borquez Abogada Asesora de la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental Corte Suprema

“La decisión adoptada por la autoridad judicial, junto con sus fundamentos, deben ser expuestos de la forma más accesible posible, para que a partir de un mensaje sencillo, pero apegado al rigor técnico, sus destinatarios tengan la posibilidad de optar entre, acatar y dar cumplimiento a lo resuelto, o bien pedir que dicha determinación sea revisada por una instancia superior, facilitando en ambos casos el ejercicio del derecho de defensa que asegura nuestra Constitución Política, de manera eficiente y eficaz”.

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Claudia Poblete Olmedo Doctora en Filología Asesora técnica de la Comisión de Lenguaje Claro

“Como lingüista y profesora, formar parte como asesora de la Comisión de Lenguaje del Poder Judicial ha sido una de las tareas más importantes que me ha tocado desempeñar desde el punto de vista del desafío que implica. Apoyar un cambio en la manera de comunicar hacia los ciudadanos en un ámbito donde el peso de la tradición es relevante ha sido un honor para mí. Considero que la comisión ha logrado instalarse y validarse a través de las actividades que realiza constantemente, eso se evidencia en el interés que existe por asistir a los seminarios y talleres y por la buena recepción con la que nos reciben en diferentes lugares de Chile. Solo tengo palabras de agradecimiento para la oportunidad que me brindó el Poder Judicial de ser parte de esta iniciativa”.

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"Para el servicio público, el lenguaje claro resulta una herramienta indispensable para atender a las personas que acuden a los tribunales a solicitar intervención en sus conflictos. Especialmente en los procedimientos orales, el desafío de la comunicación es cotidiano. El esfuerzo debe ser mayor si se trata de la interacción con niños, niñas y adolescentes, puesto que es de suma relevancia el derecho a ser oídos, que también implica tener la capacidad para comunicarles de manera comprensible las decisiones que se adoptan respecto de ellos y del grupo familiar".

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Washington Jaña Tapia Juez 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Santiago

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Arturo Klenner Gutiérrez Juez 2° Juzgado de Familia Santiago

“La pregunta que nos hacemos es, cómo en nuestra diaria labor podemos generar cambios en el proceso de comunicabilidad de las resoluciones judiciales, cumpliendo no solo con la obligación fundamental de motivar nuestras sentencias, sino que esa motivación lo sea en un lenguaje inteligible. Creemos que el ejercicio de una labor judicial respetuosa de los derechos de las personas, obliga a realizar esfuerzos encaminados a comunicar el razonamiento y motivación de las decisiones jurisdiccionales a través de un lenguaje claro y sencillo”.


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El Poder Judicial, cultural e históricamente, ha utilizado en sus documentos, resoluciones y sentencias entre otros, un lenguaje que a veces es difícil de comprender. En la sociedad, estamos rodeados de aplicaciones de lenguaje poco claras, ya sea al contratar un nuevo plan de celular o al solicitar un crédito de consumo; pero la pregunta que me viene a la cabeza es la siguiente: ¿Es eficiente utilizar un lenguaje oscuro en nuestra comunicación con la sociedad? La respuesta es NO. El lenguaje claro aumenta la eficiencia, ya que reduce el uso de intermediarios (abogados o visitas al tribunal) y facilita al ciudadano el derecho a comprender y acceder a la información. Camilo Cornejo Castillo Funcionario 3º Tribunal Oral en lo Penal Santiago

Por lo tanto, el esfuerzo consiste en modificar nuestra cultura institucional y transmitir de forma clara y efectiva, la información de nuestros servicios, trámites, notificaciones y resoluciones judiciales a una ciudadanía que necesita tener más certezas que incertidumbres.

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"Ha sido una gran experiencia participar en la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Los temas que aborda son de suma relevancia en un Estado de Derecho puesto que el lenguaje claro es esencial para profundizar la democracia y para aumentar la confianza de las personas en sus instituciones. Promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior del Poder Judicial es una tarea primordial en nuestra función de administrar justicia". Ricardo Araya Pérez Juez 2° Juzgado de letras del trabajo Santiago

Daniela Romero Fariña Periodista Dirección de Comunicaciones Poder Judicial

“El lenguaje claro no tiene que ver con imponer directrices sobre cómo se debe redactar una sentencia o atender público. Es un instrumento a través del cual cada uno, desde nuestras particulares labores, puede utilizar y hacer una pequeña diferencia en la impartición, administración y acceso a la justicia. Simplificar para otros lo que quizás pueda ser muy evidente para quienes somos parte del Poder Judicial. No es vulgarizar ni hacer más coloquial el lenguaje, es sencillamente, como dice la catedrática de lengua española, Estrella Montolío, romper con la idea de que necesitamos muchas palabras y frases larguísimas; lo cierto es que solo necesitamos las palabras justas.”

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En Santiago, Valdivia y Rancagua se han realizado talleres a jueces y funcionarios judiciales sobre la importancia del uso del lenguaje claro para mejorar el acceso a la justicia y aumentar el buen servicio a la ciudadanía. Los talleres fueron dictados por miembros de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial y por una doctora en Filología de la Lengua Española, quien asesora técnicamente a dicha comisión.

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Los talleres fueron dirigidos a periodistas, magistrados y funcionarios judiciales, siendo sus objetivos principales abordar el uso de un lenguaje claro para la atención de público y a la ciudadanía en general, y por último proponer y entregar una serie de herramientas con el fin de mejorar las prácticas de escritura de las resoluciones judiciales, sin desatender su rigor técnico.

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El primer taller regional de "Redacción clara y estrategias de reformulación en documentos de uso del tribunal" dirigido a jueces y juezas se realizó -en octubre de 2016- en el Juzgado de Familia de Rancagua. La actividad fue presidida por el ministro Carlos Aránguiz, y participaron, magistrados y magistradas de Rancagua, Rengo, San Fernando, Peumo y San Vicente de Tagua Tagua. El juez del Juzgado de Familia de Rancagua, Hugo Umaña, agradeció que su tribunal fuese elegido para dar inicio a este proceso de formación regional, y aseguró que el taller “entregó pautas o herramientas que ayudarán a transmitir a los destinatarios de nuestras resoluciones, decisiones judiciales en un lenguaje claro y sencillo y de fácil comprensión, especialmente aquellas que afectarán aspectos importantes de sus vidas... Lo que claramente redundará en mejorar la percepción de la comunidad hacia el Poder Judicial”. En diciembre de 2016, los periodistas de las 17 jurisdicciones del país abordaron la materia. La finalidad de la actividad fue destacar la importancia de redactar en lenguaje claro,

sencillo y directo. “Los periodistas son los garantes de aplicar correctamente el lenguaje. En este sentido son los ´traductores´ entre la labor del Poder Judicial y la comunidad" afirmó la académica Claudia Poblete. El mismo mes, en el Centro de Justicia de Santiago, se realizó un taller de "Lenguaje claro y acceso a la justicia", al que asistieron un centenar de magistrados, administradores y funcionarios de atención de público de tribunales orales, de Garantía y de Familia de Santiago. Además de representantes de Gendarmería y de la Asociación Nacionbal de Jueces de Policía Local. "Este proyecto del Poder Judicial es maravilloso. Como representantes de la justicia tenemos la responsabilidad de generar mayor acceso para que la gente pueda entender los procedimientos que aplicamos” aseguró el juez de policía local de El Bosque, Paulo Escobar. LENGUAJE CLARO PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE PÚBLICO A raíz del taller que se realizó en el Centro de Justicia de Santiago el 2016, a principios de 2017 surgió de los propios funcionarios la solicitud de participar de un taller sobre lenguaje claro, en particular, del Centro de Atención de Asuntos de la Familia (CAAF) de los Juzgados de Familia de Santiago. La unidad atiende aproximadamente mil personas diarias que provienen de los cuatro juzgados de Familia de Santiago y del Centro de Medidas Cautelares. Es por esta razón, que los funcionarios judiciales deben optimizar el tiempo en la atención de público, y uno de los problemas que no permiten alcanzar esa meta, es que los ciudadanos no entienden lo que se les informa “La carga laboral aumenta al volver a explicar lo ya informado, y al usuario lo perjudica ya que pierde tiempo” indica la abogada del Centro de Atención de Asuntos de la Familia, Carolina Pinilla, quien destaca que “el taller no buscó que nos

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apartáramos del lenguaje jurídico, sino que nos capacitó en herramientas para que las personas comprendan fácilmente lo que el juez está resolviendo”. El taller abordó los conceptos claves de la materia, antecedentes y fundamentos de la Comisión, y analizó algunos casos de lenguaje claro en la justicia de familia. A meses de realizada la actividad, Carolina Pinilla, concluye que “fue beneficioso el taller puesto que, en mi caso, disminuyeron las consultas que me hacían las personas y agilicé mi trabajo diario”. TALLER SOBRE LENGUAJE CLARO EN LA JURISDICCIÓN VALDIVIA 2017 C

La presidenta de la Corte de Apelaciones, jueces y funcionarios de la jurisdicción de Valdivia asistieron en octubre del presente año al taller impartido por la comisión. Al igual que los talleres anteriores, la capacitación otorgó herramientas y generó un diálogo entre los asistentes a fin de argumentar sobre la importancia de democratizar el conocimiento contenido en las sentencias y actuaciones judiciales.

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El magistrado Carlos Guillermo Aguilar, del Juzgado de Letras, Familia y Garantía de

Panguipulli, asistente a la actividad, señaló que "una de las formas que los jueces tenemos para validarnos ante la ciudadanía es que ésta entienda el por qué de la resolución y eso se expresa en la fundamentación del fallo. En este contexto, la idea es tratar de usar el menor lenguaje técnico posible porque nuestro trabajo no sólo está destinado a los abogados que representan a las partes, sino que a las personas que dan origen a las causas", afirmó. En la misma línea, Marie Rose Cortese, jefa de unidad del Juzgado de Letras de Los Lagos, valoró el uso de un lenguaje compresible. "Es una excelente iniciativa, especialmente si consideramos las necesidades y demandas más habituales de nuestros usuarios, ya que junto con asistir a los tribunales para que el juez pueda resolver la situación que los aquejan, en buena medida también concurren para que les ayudemos a entender lo que dice la resolución. Pese a que muchos tienen abogados, estos también utilizan un lenguaje que no es comprensible para el usuario, desde esta perspectiva, creo que el taller es un gran aporte" aseguró. En el 2018, la Comisión de Lenguaje Claro dará continuidad a los talleres, esperando extenderlos a otras jurisdicciones del país. Además de los talleres la Comisión ha desarrollado otras actividades como las que aparecen en el infograma “Lenguaje Claro a lo largo de Chile” (Ver página 34).

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Karen Hoyuelos, jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares: “Los funcionarios adquirieron herramientas que nos acercan a los estándares internacionales en la atención al público”

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La jueza titular del 1° Juzgado de Familia de Santiago y coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, Karen Hoyuelos, participó en el taller que se realizó en Centro de Atención de Asuntos de la Familia en mayo de 2017. Posterior al taller, la magistrada indicó que “cuando nos referimos a un lenguaje claro nos centramos en acercar la justicia a las personas y siempre desde el respeto estricto a la independencia judicial, el lenguaje claro complementa nuestra función jurisdiccional, no la interfiere ni afecta”. También destacó la importancia de que los niños, niñas y adolescentes comprendan, mediante un lenguaje sencillo, las decisiones que los afectan en base a las normas de la Convención de los Derechos del Niño y las respectivas observaciones del comité en especial. El Centro de Atención de los Asuntos de Familia (CAAF) se acercó a la Comisión de Lenguaje Claro para ser asesorado en dicha temática, ¿cuán importante es para usted que los funcionarios se interesen en la materia? Efectivamente el CAAF solicitó un taller en lenguaje claro por cuanto los funcionarios de dicha unidad están en permanente contacto con los usuarios de familia que no siempre cuentan con asesoría letrada. No hay que olvidar que varias materias de las que conoce la judicatura de familia permiten comparecer sin abogado, de modo tal que celebro enormemente que desde ellos haya nacido la inquietud de perfeccionarse en algo tan básico como lo es el comunicarse y de esa forma, acercar aún más la justicia a las personas.

los funcionarios adquirieron herramientas que nos acercan a los estándares internacionales en la atención al público. En el taller hubo funcionarios que comentaron ciertas dificultades para implementar el lenguaje claro en relación a la carga laboral. Sin embargo, hubo otros que argumentaron que esto agilizaría la comunicación con los usuarios. ¿Qué beneficios considera usted que brinda el uso de un lenguaje claro? ¿Cómo se afrontan las aprensiones de los funcionarios? Todo cambio siempre implica destinar un tiempo necesario de implementación y efectivamente la carga laboral es alta, sin embargo, destaco la excelente disposición de los funcionarios para aceptar nuevas formas de trabajo y cambios de paradigma. Lo cierto es que el expresarse en un lenguaje claro, ya sea en la sentencia como en la atención directa al público , baja los niveles de ansiedad de las personas que muchas veces no entienden lo que se ha resuelto y ello incide en que existan menos consultas sobre lo que se ha decidido, lo que también puede influir en una baja de la carga en el largo plazo. ¿Cuáles son las herramientas que considera necesarias para seguir implementando y fomentando el uso de un lenguaje claro? En especial, el seguir fomentando la formación capacitación constante de funcionarios, consejeros técnicos y jueces; así como establecer las mismas por ejemplo, en cursos en la Academia Judicial.

¿Cuál fue el beneficio que tuvo para el Centro de Atención de Asuntos de la Familia? Se obtuvieron grandes beneficios, entre ellos, el sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de entender que todo lo que se dice cada día a las personas impacta en sus vidas y nosotros estamos para entregar un servicio de calidad. Con este taller,

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IQUIQUE 2 de agosto de 2017 Universidad Arturo Prat (UNAP). Seminario sobre Lenguaje Claro Participaron abogados, estudiantes de Derecho, Ciencias Jurídicas, Pedagogía, Comunicación y funcionarios del Poder Judicial.

VALPARAÍSO 7 de noviembre de 2016 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Seminario sobre Lenguaje Claro Asistieron ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; autoridades de la Facultad de Derecho de la PUCV, representantes de la Contraloría General de la República, del Congreso Nacional, del Consejo para la Transparencia y de instituciones relacionadas al quehacer judicial, estudiantes de derecho y abogados. SANTIAGO 28 de diciembre de 2015 Juzgados de Familia de San Miguel Difusión del “Glosario de términos legales” para los usuarios de los tribunales y de las "Recomendaciones para un lenguaje claro y comprensible" destinado a jueces Participó el Presidente de la Corte Suprema y ministros de ella, ministros del tribunal de alzada de San Miguel, jueces y funcionarios de la jurisdicción.

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SANTIAGO 30 de mayo de 2017 Juzgados de Familia de Santiago Taller a funcionarios del Centro de Atención de Asuntos de la Familia de Santiago La unidad solicitó la capacitación, demostrando un alto interés en la actividad a fin de adquirir herramientas que les permitan transmitir la información de manera clara.

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TALCA 26 de septiembre de 2017 Corte de Apelaciones de Talca Seminario sobre Lenguaje Claro Participó el Presidente y ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, jueces, académicos y estudiantes de derecho.

VALDIVIA 20 de Octubre de 2017 Taller sobre Lenguaje claro Participó la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, jueces y funcionarios de toda la jurisdicción.

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RANCAGUA 20 de octubre de 2016 Tribunales de Familia de Rancagua Taller sobre Redacción Clara y Estrategias de reformulación en documentos de uso del tribunales Asistieron magistrados de los juzgados de familia de Rancagua, Rengo, San Fernando, Peumo y San Vicente de Tagua Tagua.


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LENGUAJE CLARO A LO LARGO DE CHILE

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Desde su creación en el año 2015, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial trazó un programa anual de actividades e iniciativas, las que tienen por objeto promover y generar al interior del Poder Judicial, instancias de difusión y reflexión sobre el uso del lenguaje sencillo y el rol de éste en el acceso a la justicia. Con este fin se han realizado actividades en diversas jurisdicciones del país, lo que permite descentralizar el conocimiento y motivar a funcionarios y jueces de todo Chile, a utilizar un lenguaje jurídico sencillo al comunicarse con los usuario del Poder Judicial. Una de las primeras acciones realizadas por la Comisión fue el lanzamiento de la nueva edición del ”Glosario de Términos Legales” dirigido a los usuarios de tribunales, y de las "Recomendaciones para un lenguaje claro y comprensible" destinadas a jueces. Posterior a ello, se han desarrollado talleres sobre lenguaje claro para magistrados y funcionarios del Poder Judicial en las jurisdicciones de Santiago, Rancagua y Valdivia. Asimismo, se han efectuado seminarios en Santiago, Iquique, Valparaíso y Talca. Estas actividades se han destacado por contar con la presencia y participación de jueces, funcionarios, estudiantes universitarios, académicos, abogados y público en general.

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SANTIAGO 21 de diciembre de 2016 Centro de Justicia de Santiago Taller de Lenguaje Claro y Acceso a la Justicia para funcionarios judiciales de atención de público Asistieron jueces y funcionarios de los juzgados de familia, de tribunales de juicio oral en lo penal y de garantía de la capital y de Colina, funcionarios de Gendarmería de Chile y el secretario de la Asociación Nacional de Jueces de Policía Local.

SANTIAGO 2 de diciembre de 2016 Crowne Plaza Santiago Lenguaje Claro para periodistas del Poder Judicial Asistieron los periodistas de las 17 jurisdicciones del país.

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ENTREVISTA

“RELACIONAR LA LITERATURA Y EL DERECHO COMO PARTE DE UNA VISIÓN DE MUNDO”

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Magistrado y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por Puerto Cisnes


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Entre el canal Puyuhuapi, la desembocadura del río Cisnes y el Parque Nacional Isla Magdalena se encuentra Puerto Cisnes, ubicado en la región de Aysén a más de 1.500 kilómetros al sur de la capital de Chile.

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En la pequeña localidad, dedicada principalmente a la pesca, se encuentra el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Cisnes, tribunal unipersonal, presidido por el magistrado Juan Mihovilovich Hernández, quien no sólo es abogado, sino que también es poeta, cuentista y novelista. Ha publicado las novelas: La última condena (1983), Sus desnudos pies sobre la nieve (1990), El contagio de la locura (2006), Desencierro (2008), Grados de referencia (2011), El asombro (2013), Yo mi hermano (2015) y Espejismos con Stanley Kubrick (2017).

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En razón de sus méritos en creación literaria fue designado miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por Puerto Cisnes. La ceremonia de ingreso se realizó en dicha ciudad; y el juez Mihovilovich tendrá como labor colaborar en las tareas que lleva a cabo la academia a favor del cultivo y del estudio de la lengua.

¿Cómo fue su designación de manera unánime como miembro de la Academia Chilena de la Lengua en representación de su comunidad? Cuando se me llamó de la academia pedí un par de días para responder. No por un acto de soberbia ni nada semejante. Al contrario. Me pareció que mi decisión debía tener un sustrato que la sustentara. Si me llamaban debían existir méritos personales y quería asumir a cabalidad que ello se justificaba. Además, la pregunta inmediata era qué hacer allí y para qué. Acostumbro a reflexionar sobre aquello que no se busca y una vez que analizo desde diversos ángulos, decido. Si lo no buscado llega, tiene un fundamento positivo mayor que el simple deseo de pertenecer a una institución como legítima aspiración. Y el sostén fue la publicación de 14 libros, con una crítica destacada, lo que otorga un significado más relevante a la invitación. Ser designado por la pequeña comuna de Puerto Cisnes es también preponderante. La ceremonia se realizó el día 1 de diciembre acá, donde resido

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y ejerzo como juez, lo que para la gente tuvo una trascendencia enorme, independiente de ser yo el nuevo académico, sin perjuicio de ser escasos los magistrados integrantes de la academia en su ya larga historia. ¿Cuál es su labor como escritor y como juez? Hago la salvedad: mi labor de escritor es previa a lo demás. Ser escritor con apenas 11 o 12 años establece a futuro una suerte de compatibilización con la opción de mi primera adolescencia. Cuando leía revistas de historietas o novelas de cowboy hasta los melodramas de Corín Tellado sólo “imaginaba” ser un día escritor. C

Y como era una cuestión esencial tenía que tener un cauce: se escribe en profundidad si la vocación es seria y algo más que una pretensión. Pasar después por la universidad, acceder al derecho

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y congeniar ser abogado con el ejercicio libre, la defensa y promoción de los derechos humanos en la época dictatorial, hasta desembocar en la carrera de juez, ha sido un trecho largo. Ese camino siempre fue de compenetración, de relacionar la literatura y el derecho como parte de una visión de mundo. Mi sentido de justicia me derivó a lo judicial, aunque tampoco fue una elección buscada claramente. Se dio la posibilidad y al ingresar a la carrera a mediados de los 90 sentí que era una decisión correcta. Es cierto, en este plano se enfrenta toda la problemática humana, más aun siendo juez mixto abocado a variadas materias, en un mundo que, inevitablemente, tiende a la especialización. Y esa identificación con lo humano a uno lo torna más sensible ante los dramas o el simple ejercicio de derechos vividos corrientemente.

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“El magistrado Juan Mihovilovich Hernández fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua, en representación de la comuna de Puerto Cisnes”

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Y por lo mismo la vinculación con la literatura resulta ineludible. A partir de las experiencias el escritor que llevo dentro se nutre y traduce en palabras lo que mis sentidos perciben. Nada más simple y complejo que esa ecuación.

“descender” del Olimpo y aterrizar en la cotidianeidad. Los usuarios (creo más atingente la denominación de personas) requieren de una mirada comprensiva, una actitud abierta, de atención a sus requerimientos.

¿Cómo se vincula, dentro de lo posible, la importancia de lenguaje comprensible para la ciudadanía?

Ello es independiente del linaje social, aunque en los poblados apartados quienes demandan justicia o la padecen son, por lo general, gente humilde, parte de una cultura asociada al trabajo y la sobrevivencia; por ende, tener delante a quien (se supone) resolverá en parte sus conflictos exige utilizar palabras entendibles, asequibles a la perspicacia más doméstica, sin que ello signifique, en lo absoluto, desvirtuar la finalidad primera y última de un tribunal: la de administrar justicia. Y ese lenguaje es tan válido en las resoluciones como en las audiencias.

Ejercer el rol de juez en un espacio alejado de las realidades cosmopolitas hace que el uso del lenguaje sencillo, cercano a quienes acuden a los tribunales, sea un imperativo. No basta conocer el derecho y su aplicación práctica. La gente espera de uno algo más: ser escuchada. Y para que alguien escuche a otro debe, a su vez, interactuar con expresiones comprensibles,

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RED DE LENGUAJE CLARO: UNA INSTANCIA DE REFLEXIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CHILENAS

El 31 de marzo de 2017 se firmó el acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Corte Suprema de Chile, la Honorable Cámara de Diputados de Chile, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Biblioteca del Congreso Nacional con el fin de conformar una Red de Lenguaje Claro (Red-LC). Uno de los principales objetivos del acuerdo es promover el lenguaje claro en los órganos del Estado, para fortalecer la transparencia, la probidad y el acceso a la información pública. En la firma del convenio, el presidente del máximo tribunal de este país, ministro Hugo Dolmestch, aseguró que el acuerdo permitirá

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"mejoras en el lenguaje, la documentación, la organización y simplificación de los trámites”, las que “redundan en un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, y fortalecen la democracia y la confianza que debe reinar en las instituciones públicas". En septiembre del presente año, se sumó a la Red de Lenguaje Claro el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en una ceremonia realizada en la Escuela de Derecho la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CLARO PARA LA CIUDADANÍA Previo a la firma del convenio, las instituciones que conforman la Red analizaron los beneficios del uso


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de un lenguaje claro en la gestión pública, entre los principales, aumentar los niveles de confianza de los ciudadanos hacia el Estado, fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas públicas, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos estatales y promover la transparencia y el acceso a la información pública. Con estos objetivos en la mira, las instituciones acordaron, en el convenio, “trabajar de manera conjunta en la implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al interior de sus respectivas instituciones, como en otros organismos del Estado”. C

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Desde su formalización, la Red de Lenguaje Claro se reúne quincenalmente con el fin de idear proyectos conjuntos que promuevan el

uso de un lenguaje sencillo y un plan de acción que fortalezca la transparencia y el acceso a la información pública en los organismos del Estado. La Red se ha ido convirtiendo en una instancia de colaboración e intercambio de buenas prácticas y experiencias de las instituciones, lo que ha permitido no sólo avanzar en un plan interinstitucional, sino que además y desde el punto interno de las instituciones, incidir en sus propios planes. Dentro de las actividades que se han propiciado en el marco de la red, se encuentran seminarios y un curso virtual. Actualmente la Red se encuentra trabajando en un protocolo interno, el cual regulará su funcionamiento, labores y vinculación con otras instituciones.

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CO LU M N A DE OPINIÓN

LEY FÁCIL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

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Rodrigo Bermúdez

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Coordinador de la Sección de Difusión de Contenidos Legislativos de la Biblioteca del Congreso Nacional


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Comprender el contenido de las leyes nunca ha sido simple. De hecho, entenderlas y aplicarlas a un caso concreto se ha considerado como la principal función de abogados y jueces. El Código Civil presume el conocimiento de la ley, por lo que ella nos obliga una vez que entra en vigencia. Sin embargo, tal presunción no toma en consideración si las personas han tenido conocimiento del texto íntegro de la ley ni menos que la comprendan. Esto, por las siguientes dificultades:

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Aumento en el número de leyes: representa un problema por cuanto es complejo saber cuál es el universo de leyes vigentes en un momento determinado; por otra parte, las leyes cada vez se van haciendo más especializadas. Resultado de esto, es la complejidad de conocer y determinar qué ley o leyes son aplicables a un caso concreto. El lenguaje de las leyes: la complejidad del lenguaje jurídico puede deberse a razones de seguridad jurídica o que el destinatario de una

ley es un operador jurídico especializado. Pese a esto, cuando se trata de normas cuyo destinatario es la ciudadanía en general, por ejemplo, cuando se penaliza una determinada conducta o bien se establece un determinado beneficio, el uso de un lenguaje complejo no aparece justificado, lo que unido a la utilización de una técnica legislativa compleja (con referencias internas difíciles de comprender), al menos es cuestionable. El no entender las disposiciones de una ley, no exime a los ciudadanos de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, dada la existencia de la presunción de conocimiento de la ley. Es en este contexto que la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile desarrolla Ley Fácil, cuyo objeto es presentar en un lenguaje sencillo y en distintos formatos las leyes aprobadas por el Congreso y, por esa vía, permitir su conocimiento, a fin de que las personas puedan ejercer los derechos que ellas les conceden y cumplir con las obligaciones que se les imponen.

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Ley Fácil busca facilitar la comprensión de las leyes por parte de la ciudadanía, para que así puedan, por ejemplo, conocer los requisitos para acceder a un determinado beneficio; las nuevas conductas que se tipifican como delito y las penalidades asociadas y las obligaciones a que se encuentran sujetas. Este proceso implica, en cierta forma, “traducir” las leyes. Se trata de un proceso con ciertas complejidades, por el uso de términos técnicos y por el riesgo de caer en imprecisiones o errores conceptuales al intentar simplificar los términos utilizados en un texto legal. C

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Con este objeto, la construcción de todos los productos de Ley Fácil se hace siguiendo una estructura de preguntas y respuestas a partir del texto de la Ley. Para ello se utiliza la siguiente metodología: Determinación de leyes de interés ciudadano: esto es definir aquellos proyectos de ley en discusión en el Congreso o bien leyes vigentes

que tienen tal carácter. Para ello no existe un criterio único, sino que se recurre a distintos factores, tales como: el objeto de la ley; el mayor o menor número de personas que puedan verse afectadas o beneficiadas por ella; la importancia que diputados, senadores e incluso el propio Gobierno manifiestan respecto de un determinado proyecto de ley, entre otros. Preparación del texto: cuando se trata de proyectos de ley, la elaboración de los productos de ley fácil se inicia durante su tramitación, a fin de publicarlo lo más cercano a la publicación de la ley en el Diario Oficial. Así, se prepara un borrador a partir del texto del mensaje o moción respectiva para luego ir incorporando las modificaciones que se van realizando durante la tramitación legislativa, incluyendo también los eventuales cambios que el Tribunal Constitucional les realice. Cuando se trata de la elaboración de productos a partir de leyes vigentes, el proceso sólo implica la preparación del texto a la que nos referimos más adelante.


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Edición: para asegurar la calidad de los productos existe un proceso de edición, realizado por funcionarios de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, quienes revisan la adecuación del texto propuesto con la ley vigente o con el proyecto de ley aprobado, a fin de evitar, en el proceso de simplificación del texto, que se distorsione o cambien el sentido de una ley.

Publicación: en la web de la biblioteca, se publica el texto de la Guía Legal y los demás productos elaborados (ficha básica, archivos de audio, video en lengua de señas, según sea el caso), como también información adicional, tal como las leyes y otras guías legales relacionadas y la información disponible de otros organismos públicos sobre una determinada materia.

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Ley Fácil busca facilitar la comprensión de las leyes por parte de la ciudadanía, para que así puedan, por ejemplo, conocer los requisitos para acceder a un determinado beneficio.

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ENTREVISTA

“SI LA INFORMACIÓN NO ES CLARA,

LA CIUDADANÍA DESCONFÍA DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO”

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Marcelo Drago 46

Presidente del Consejo para la Transparencia


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El nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, aborda en esta entrevista los principales desafíos del lenguaje claro en los próximos años y los avances de la institución respecto de esta temática. Asimismo, se refiere al principio de transparencia de la función pública, y el deber de los órganos del Estado de garantizar el derecho al acceso a la información, enfatizando la importancia de generar una cultura del lenguaje claro en las instituciones públicas.

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Entre otras materias se refiere a los resultados de la institución al “reemplazar palabras, lenguajes o frases para ser más claros y directos, evitando rodeos, adjetivos rebuscados o fórmulas que sólo le agregan complejidad a la redacción, sin agregarle más valor”, dice, asegurando que al entregar la información clara aumenta la confianza ciudadana. ¿Qué busca la Ley de Transparencia con la publicidad y el acceso a la información desde la perspectiva de la participación y el control ciudadano? El sentido y la misión del sistema de acceso a la información pública es empoderar a la ciudadanía, siendo el medio para hacer realidad la rendición de cuentas de las autoridades del Estado. Esta rendición de cuentas se ha establecido como un principio orientador en las democracias modernas, lo que significa que las decisiones públicas deben tener fundamento y deben estar hechas sobre la base de la racionalidad, y la posibilidad de controlar que se cumpla el acceso a la información. La gente puede participar, puede incidir, puede tratar de influenciar el proceso de toma de decisiones públicas y, eso, empodera. Sin información, no es posible participar o es una participación superflua e inocua. Con información, la participación se hace real y la posibilidad de incidir en las decisiones públicas es verdadera.

Para que el control ciudadano y la participación sean eficaces, ¿qué rol cree usted que cumple la claridad en la información y en las comunicaciones? La claridad o no en la información puede ser un puente o una barrera para acceder a la información. Sin claridad, la información puede ser inútil o ilegible para un ciudadano promedio. De hecho, nuestras evaluaciones demuestran que una de las principales quejas o críticas de la ciudadanía respecto de la información a la cual accede, es la dificultad para comprenderla. Por eso la claridad es el puente de entrada a la información misma y a la posibilidad de que se ejerzan los derechos a partir de ella. El estudio nacional de transparencia de 2016 indica que un 32% de quienes solicitan la información vía transparencia desconfían de ella debido a que la consideran confusa. ¿Cuáles son las consecuencias de que la ciudadanía no comprenda la información entregada por las instituciones públicas? La desconfianza frente a los órganos del Estado. Nosotros lo hemos visto en las personas que han estado expuestas al sistema de acceso a la información, es decir, han solicitado una información y se la han entregado o, si bien no se la han entregado, recurren de amparo a la información frente al Consejo y lo resolvemos finalmente. Ese subconjunto de ciudadanos tiene un nivel de confianza en los órganos del Estado superior a los otros que no han estado expuestos al sistema de acceso a la información. Sin embargo, cuando esa información es poco clara pasa a ser poco creíble y, por lo tanto, la ciudadanía desconfía de los órganos del Estado. Si hoy día hay una crisis en la relación entre la ciudadanía y el Estado, es justamente en el ámbito de la confianza. Nuestra democracia está pasando por una crisis de confianza y se ha instalado la desconfianza en la ciudadanía, por eso uno de los elementos que tenemos que trabajar es justamente la claridad de la

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información para que pueda ser comprendida por la ciudadanía de un modo mucho más accesible y con eso ser un elemento que facilite la recuperación de la confianza. ¿Cómo se ha ido incorporando la necesidad y pertinencia de un lenguaje compresible en la labor de fiscalización del cumplimiento de los deberes de transparencia que realiza el Consejo? Nosotros hemos incorporado, en distintos ámbitos, la claridad de la información en el quehacer del Consejo. Primero, como una regla interna. En este sentido, nuestras propias resoluciones de acceso a la información han estado evolucionando justamente para llegar a un lenguaje claro. Hemos tratado de evitar las ambigüedades, las a veces innecesarias complejidades jurídicas o técnicas con las que se redactan nuestras resoluciones, procurando que éstas sean comprensibles por un ciudadano promedio, por lo que permanentemente estamos reemplazando palabras, lenguajes o frases para ser más claros y directos, evitando rodeos, adjetivos rebuscados o fórmulas que sólo le agregan complejidad a la redacción, sin agregarle más valor. No es necesaria la negrita.

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Asimismo, hemos ido incorporado esa regla en nuestras fórmulas de capacitación a los funcionarios y tenemos módulos especiales, justamente para lenguaje claro. Además estamos trabajando en una propuesta normativa que esperamos aprobar pronto, dirigida a todos los órganos del Estado que son fiscalizados por el Consejo para la Transparencia, con el fin de que se facilite la comprensión de la información, incorporando elementos de lenguaje claro y de orientación en los servicios públicos, sobre todo a través de las oficinas de información y reclamos (OIRS), que son una de las puertas de entrada a la información que solicita la ciudadanía. El uso del lenguaje claro, en la mayoría de los casos, tiene como receptor a la ciudadanía. Pero, ¿cómo ayuda en las instituciones

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públicas, municipalidades u otros organismos públicos? En su relación con el ciudadano. Cuando el ciudadano comprende los trámites que hay que hacer y las exigencias que le plantea el Estado para acceder a servicios, beneficios o para interactuar con lo público, se reducen los costos de transacción entre los ciudadanos y los órganos del Estado, se aceleran los procesos, se levantan barreras de entrada y, en definitiva, se hace mucho más eficiente la relación entre los órganos del Estado y la ciudadanía. De esta forma, se simplifican las cosas al excluir complejidades innecesarias y, en algunos casos, inconducentes, productos de mucha reminiscencia histórica sobre cómo debe tratarse a los ciudadanos, por lo tanto, eso le agrega eficiencia al accionar del Estado. ¿Cómo se ha ido incorporando la necesidad y pertinencia de un lenguaje comprensible, pero desde el punto de vista de la capacitación? Como ya señalaba, nosotros hemos incorporado un módulo particular en nuestros sistemas de capacitación online para los funcionarios de la administración pública en materia de lenguaje claro. Hoy día, ellos pueden acceder gratuitamente a estos cursos, obteniendo al final del ciclo una certificación. Si bien son cursos virtuales, existe una contraparte y eso ha permitido a muchos funcionarios ir capacitándose en estas materias. Esperamos que después que emitamos esta recomendación normativa, se incorporen muchos más funcionarios a estas capacitaciones. ¿Y cuáles son los ejes de esta recomendación normativa? Básicamente capacitar o mejorar la información que se entrega desde las OIRS a los ciudadanos, en lo que se refiere a ejercer el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, que muchas veces se confunden. Creemos que desde la primera entrada del ciudadano en estas OIRS es bueno educar respecto de ambas materias,


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que son distintas y tienen canales y resoluciones diferentes. Asimismo, explicar los sistemas de derivación, que a veces le agregan complejidad a los sistemas de acceso a la información, pero desde las OIRS se puede ir educando mejor a la ciudadanía para que comprenda mucho mejor su operatoria; ayudar a educar a los ciudadanos respecto de la información que ya está disponible en los sistemas de transparencia activa o en otros sistemas a fin de indicarles que no es necesario pedirla como solicitud de acceso, reduciendo así los tiempos de acceso a la información, las solicitudes de acceso, los procesos, obteniendo la ciudadanía la información que está buscando; explicar los derechos y los deberes que están relacionados con los sistemas de acceso a la información, en general y, finalmente, capacitación en lenguaje claro en el portal educatransparencia.

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El Consejo para la Transparencia tiene como misión la promoción y la cooperación en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile. ¿Qué ventajas u obstáculos cree que tenemos como país para institucionalizar esta cultura? ¿Cómo ha sido la experiencia del Consejo en este campo? Creemos que se está avanzado en estos 9 años, casi 10, de la Ley de Transparencia. Hoy día está asumido como parte del mobiliario del sistema. Hace una década nadie se hubiera imaginado que los órganos del Estado iban a tener que responder con la rapidez, claridad y veracidad que se les requiere sobre la información que se les solicita. Hace 10 años atrás muchos funcionarios y autoridades pensaban que la información era de ellos y era propiedad de ese órgano del Estado o de esa autoridad. Hoy se ha ido instalando en distintos ámbitos la idea de que la información pública es de todos y todos tienen derecho a acceder a ella, por eso, si uno da una mirada de 10 años atrás, creo que ha cambiado muchísimo la relación de la ciudadanía con el Estado respecto de la información que manejan las autoridades. Por supuesto se debe

avanzar muchísimo más y se requiere avanzar en un solo canal de acceso a la información que sea único e integrado en todos los niveles del Estado y tener un solo gran sistema de resolución de controversias instalado en el Consejo para la Transparencia. Eso implica eliminar o disminuir, al menos, la fragmentación que existe del sistema en otros ámbitos como en órganos autónomos del Estado e incluso en distintos poderes del Estado. Creo que tenemos que seguir los modelos que se han ido instalando internacionalmente, como el modelo inglés o el mexicano, donde existe un solo gran órgano garante respecto de todos los órganos del Estado, incluyendo todos los poderes del Estado, uso de los sistemas de resolución de conflictos, desformalizado, expedito y sencillo, como existe hoy día en los amparos de la información que resuelve el Consejo para la Transparencia, eso va a permitir tener criterios uniformes y avanzar en la cultura a la transparencia que debe tener el país en todos los niveles. Sin embargo esta cultura no debe circunscribirse solo al sector público. También el sector privado tiene que comenzar a avanzar en esta área, debiendo instalarse una cultura transversal a toda la sociedad, no solo del Estado. Por eso, nosotros respaldamos iniciativas del sector privado, pero deben ir mucho más allá en abrir información, sobre todo en la interacción de lo público con lo privado, como la Ley del Lobby, debiendo avanzar hacia un sistema mucho más exigente y a un verdadero estatuto de transparencia activa de los lobbistas, no sólo a una obligación de publicar audiencias de las autoridades, como tenemos hoy día. Tenemos que avanzar en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la corrupción entre privados, que son materias que internacionalmente han ido evolucionando muy decididamente. A 10 años de la Ley de Transparencia, es un buen momento para reflexionar sobre estas materias y para abrir un debate donde participen todos los sectores para fijar la mirada de los próximos años de la ley y el modelo al cual queremos llegar.

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El Consejo para la Transparencia promueve la participación ciudadana incorporando experiencias comparadas y mejores prácticas institucionales. ¿Hay alguna que quisiera destacar? En materia de participación ciudadana yo creo que las prácticas institucionales se han ido instalando bien fuertemente. Se constituyó un Consejo de la Sociedad Civil que es básicamente un órgano donde podemos escuchar opiniones de la ciudadanía y de la sociedad civil respecto del accionar del Consejo y, en general, del sistema de acceso a la información. Las cuentas públicas que ha ido desarrollando el Consejo han pasado a ser participativas, con procesos bien amplios donde intervienen, en distintos puntos del país, sociedades civiles, académicos y estudiantes, que tienen la posibilidad de aportar, criticar y observar nuestras cuentas, lo que constituyen buenas prácticas que se han ido desarrollando.

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También tenemos un sistema de propuestas ciudadanas en materia de transparencia que, en la medida que se reúna una cantidad de respaldo a través de firmas virtuales en un sistema electrónico, nosotros incorporamos y evaluamos, siendo, a mi juicio, todas experiencias exitosas en involucrar a los ciudadanos respecto de sus derechos en este ámbito y, para nosotros, de recibir ideas, propuestas y elementos que muchas veces no están a la vista y que en el día a día de la actividad del Consejo es imposible tener esa interacción de otra forma.

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La normativa actual en materia de transparencia, ¿es eficiente para asegurar el acceso a la información? En general sí es eficiente. Yo creo que a un ciudadano hoy día se le responde con cierta rapidez y claridad respecto de toda la información que está solicitando y, si no es así, tiene un sistema bastante expedito, desformalizado y rápido de resolución de conflictos a través del

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Consejo para la Transparencia. Indudablemente se puede mejorar muchísimo. Hay plazos que se pueden acortar. Los 20 días para responder una solicitud de acceso, extensibles por otros 10 si lo solicita el órgano, son plazos que hoy día se pueden reducir. Eso era entendible hace 9 años atrás, al comienzo del sistema, donde tenía que entrar en rodaje y tenía que haber un andamiaje constitucional y administrativo que pudiera dar sustento al sistema. Pero hoy día ese andamiaje está más o menos funcionando y sobre todo los órganos de la administración central del Estado están respondiendo con cierta fluidez, por lo tanto creo que podemos dar el paso de reducir los tiempos de respuesta y, por otro lado, también ampliar algunos plazos como los de consulta a terceros, cuando hay terceros involucrados y ellos quieren ejercer sus derechos. Son todas materias que se pueden ir afinando y perfeccionando, yo creo que con facilidad en una futura revisión de la ley. El Consejo para la Transparencia promueve la consolidación de un modelo de gestión gubernamental inspirado en el principio de transparencia y el acceso a la información pública. Respecto de esto, ¿cree que son importantes los trabajos interinstitucionales? Absolutamente. El Consejo tiene una forma de trabajar completamente interinstitucional. Nosotros interactuamos muchísimo con los otros órganos del Estado. Preferimos mil veces el diálogo, la capacitación, la comprensión de la ley, a sencillamente el acto sancionatorio que viene después, cuando efectivamente los incumplimientos son sobre la base de arbitrariedades, y yo creo que para ir instalando esta cultura hay que hacer un trabajo de pedagogía muy fuerte. Nosotros damos capacitación y apoyo, sobre todo a municipios, que son hoy día quizás el eslabón más débil de la cadena y eso es bien valorado. En la última encuesta a funcionarios públicos, uno de los elementos más valorados es justamente


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esa forma de trabajar. Afortunadamente la transparencia es un término positivo que además se va construyendo e incorporando en el lenguaje de todos, ampliándose en sus límites. No es un término coercitivo o donde la primera acción sea la sanción. La transparencia permite incorporar en la forma de actuar de los órganos la apertura hacia la ciudadanía y la facilitación a la rendición de cuentas de lo que realiza, por lo que creo que se ha avanzado mucho. En este marco, ¿cuál es la importancia de la constitución de la Red de Lenguaje Claro y su participación en ella? C

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Nosotros participamos de esa red con mucho entusiasmo. Hemos tratado de impulsar los elementos que han surgido a través de la red y creemos, primero, que el rol del Poder Judicial ha sido fundamental en el liderazgo que ha tenido en estas materias y se ha ido irradiando a todos los órganos del Estado y a todos los que estamos detrás de estos temas.

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Nosotros apoyamos el desarrollo de esta red a través de la promoción del producto, de materiales de difusión, de la recomendación normativa que hablamos anteriormente y que queremos sacar pronto, de los seminarios que se han ido desarrollando para poder intercambiar ideas en estas materias y, en definitiva, si bien nosotros reconocemos en el Poder Judicial el liderazgo en el área, felices participamos y colaboramos para la expansión y profundización de esta red.

¿Qué expectativas tienen del trabajo de esta plataforma interinstitucional? Creemos que a través de este sistema podemos ir instalando una cultura de lenguaje claro en el país. Hay países que han avanzado muchísimo en esta materia y han logrado instalarla, como Suecia y algunos países europeos, y en momentos críticos de ciertos países también se ha incorporado como algo esencial. Yo siempre me acuerdo de los relatos que había de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, en los bunkers de Londres, 12 metros bajo tierra, dirigiendo las operaciones del Reino Unido contra el Eje, y uno de los memos de Churchill le pidió a todos los generales y a quienes interactuaban en materia de guerra, que las presentaciones que realizaran fueran lo más claras, precisas y cortas. Que tuvieran todas una página inicial con una descripción muy precisa y clara de lo que estaban planteando o solicitando del primer ministro y las alternativas para resolver. Después venía todo el resto de la información. En una situación tan crítica como esa pasaba a ser fundamental el lenguaje claro y la facilitación en la comprensión de tanta información que se vertía en esas oficinas durante un momento tan crítico. Nosotros podemos ir incorporando estas materias como mecanismo de facilitación ciudadana para abrir otros canales de participación de la ciudadanía y para recobrar las confianzas de los ciudadanos frente a los órganos del Estado. El aporte que puede hacer esta red es ése fundamentalmente y la recuperación de las confianzas es una materia crítica hoy día para el país.

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El Poder Judicial traduce los conceptos jurídicos más complejos en palabras simples. “¿Qué significa en mérito de autos?”, ¿“qué es bajo apercibimiento de no tenerse por presentado´?” o “¿quién es el curador ad-litem?” estas preguntas, planteadas día a día por usuarios del sistema judicial, son las que busca responder el Glosario de Términos Legales en palabras simples.

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Desde sus inicios, en 2015, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial ha realizado actividades para garantizar el acceso a la justicia mediante el uso de un lenguaje sencillo y comprensible. Una de sus primeras acciones fue la elaboración de una nueva edición de un Glosario de Términos Legales para usuarios. La primera edición del glosario había sido elaborada en el marco de uno de los proyectos de fortalecimiento Institucional desarrollados con apoyo del BID denominado “Clarificación de resoluciones judiciales”, el que se llevó a cabo dentro del Poder Judicial.

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El Glosario de Términos Legales tiene por objeto “acercar el quehacer de los tribunales a todas las

personas, mediante diversas acciones tendientes a simplificar el entendimiento de la comunidad sobre la función que desarrollan los tribunales de justicia”, según el prólogo del documento elaborado por el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz. En 57 páginas, en papel y digital, el glosario contiene el significado de siglas y abreviaturas, frases de uso frecuente y términos comunes en materia de familia, laboral, penal y civil. En el acto de lanzamiento, a fines del año 2015, el Ministro Aránguiz indicó que “la condición para un buen funcionamiento del Poder Judicial es que los ciudadanos, especialmente las personas más sencillas, comprendan los lenguajes judiciales". A la fecha, año 2017, el glosario ya fue distribuido en formato papel en todas las jurisdicciones del país, y también está disponible en Internet en www.pjud.cl Esta herramienta ha despertado gran interés en los tribunales chilenos, los que con frecuencia solicitan ejemplares.

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CUENTOS INFANTILES ENSEÑAN LA LABOR DE LOS TRIBUNALES


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Pedro es el protagonista del primer cuento infantil del Poder Judicial titulado “¿Cómo es un juzgado de familia?”, que tiene por propósito difundir de una manera didáctica, con un lenguaje cercano y apropiado para niños, el funcionamiento de los juzgados de Familia.

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Mediante ilustraciones y diálogos simples, una jueza le explica al protagonista del libro, y a una amiga que lo acompaña, el funcionamiento del tribunal y le responde preguntas como ¿qué hace un consejero técnico? o ¿quién es un curador ad-litem?, destacando la importancia que tiene en los juicios “escuchar a los niños, niñas y adolescentes para conocer su opinión y sentimientos”, tal como dice uno de los diálogos.

Otro cuento que publicó el Poder Judicial se titula “¿Cómo es un Tribunal Oral?”. En él, Andrés y Valentina tienen que asistir a un juicio oral como testigos. Los niños, acompañados por su madre conocen el juzgado y a un magistrado quien les explica en términos sencillos, el funcionamiento del tribunal, y la labor de las policías, fiscales, defensor y abogado querellante. También les explica los derechos de las víctimas y testigos, y los lleva a la salas especiales del tribunal, donde les señala que “cuando los niños declaran pueden hacerlo en otro lugar distinto y más tranquilo, como estas salas especiales, donde no tengas que ver al acusado. Porque los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, y los abogados piden esta medida porque es su deber protegerte”.

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El objetivo de estos libros es que los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en un proceso judicial o puedan estarlo, conozcan con anticipación el trabajo de los tribunales, disminuyendo el desconocimiento que puede causar estrés, inseguridad o temor en ellos.

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CO LU M N A DE OPINIÓN

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Eduardo Cavalli Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno de la República Oriental del Uruguay

Eduardo Cavalli y María Fátima Boné María Fátima Boné

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El filósofo y erudito canadiense Marshall McLuhan 1 advirtió que la humanidad a lo largo de su historia formó sus herramientas y luego esas, dieron forma a los hombres que vinieron después. De ese modo, los seres humanos transcurrimos nuestra existencia, moldeados por herramientas que nos legaron nuestros antepasados, a la vez que tenemos la potencialidad de crear nuevas, que darán forma a las actividades de las siguientes generaciones.

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Basta mirar la actividad de juzgar para advertir que existen determinadas posturas, actitudes y elementos materiales, que son herramientas utilizadas tanto por quienes acuden a tribunales como por los órganos jurisdiccionales, que pretenden generar un efecto psicológico considerado bueno y beneficioso. Así por ejemplo, el empleo de formalidades que son consideradas correctas o vestimentas como togas o pelucas a lo largo y ancho del mundo, son herramientas que trasmiten un mensaje de seriedad, sabiduría y autoridad que rodea la actividad judicial. Con el lenguaje y forma de expresión ante y por los tribunales, sucede algo similar. Se procura y es aceptado como bueno, determinadas formas de expresión que trasmitan la seriedad del estudio, la demostración de saberes, pautas que generalmente se identifican como de respeto hacia el tribunal y de este al justiciable. Es indudable que una sentencia clara, que no dé mayores explicaciones que las necesarias, que ponga en foco en lo que decide y sea accesible a quienes está dirigida, contiene un valor en sí misma. Por consiguiente, nos resulta imperioso plantear que la resolución judicial es en cierto aspecto una herramienta, que se emplea para cumplimiento de una serie de funciones de transformación. Sobre todo porque nosotros operadores, debemos tener presente que al pronunciar una sentencia que involucra a un niño, niña o adolescente, cumplimos la función de erradicar

la insatisfacción jurídica que afecta su situación. Y al hacerlo, debemos cumplir actos y funciones procesales, de modo de ser entendibles por todos los sujetos interesados, incluido ese niño o esa niña, cuya vida vamos a afectar. Consideramos, uniendo los conceptos anteriores, que todo tribunal en cumplimiento de su función esencial que es eliminar la insatisfacción jurídica, debe expresar sus resoluciones de modo que los destinatarios puedan comprenderlas. La única forma de hacerlo, es adoptando un lenguaje y forma de expresión que sea comprensible para los sujetos de derechos a quien va destinada, ello incluye, obviamente, a los niños afectados por esa resolución. Muchas veces nos preguntamos, conscientes de la dureza que significa para un ser humano menor de dieciocho años acudir a un tribunal donde adultos han planteado un litigio, si logramos trasmitir al niño que esa institución trabaja con una premisa fundamental que es considerar su interés como el superior, por ser un sujeto de especial consideración en atención a su grado de madurez física y mental.2 El artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño obliga a los Estados partes a garantizar a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. El Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay, en su artículo 8 complementa el derecho a ser oído con el derecho a obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida. Por un lado el derecho a ser oído en juicio que prioriza el mensaje del niño hacia el tribunal y por otro el derecho a recibir respuestas, que refiere al mensaje de respuesta del tribunal al niño. Qué sentido tendría postular que el niño es un sujeto de derechos que debe ser oído en juicio

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sin establecer este derecho complementario que se refleja a su vez en un deber del tribunal de emitir un mensaje de devolución, cuando se toma la decisión que afecta su vida. Si la decisión del juicio afectará la vida del niño, deben respetarse ambos derechos, pues la norma tiene aplicación general para todos los procesos. Dice la ley en forma tan clara como abarcadora “En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida”.

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El niño está en una situación jurídica de derecho facultativo, que coloca a los demás sujetos en una situación de restricción a su propia libertad. El tribunal, como los demás sujetos procesales, partes, terceros, auxiliares, deben ajustar su conducta a la protección del derecho del niño a ser escuchado y obtener respuestas.

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Toda resolución judicial es un acto jurídico procesal. Como tal y como venimos expresando, tiene funciones a cumplir en un proceso determinado. Dos, que le son esenciales, son la decisión y la comunicación. Quien acude al tribunal recibe la decisión que debe ser fundada, donde se explique las razones por las cuales se adopta la misma. Es en este aspecto, punto central de consideración en este trabajo, donde debe insistirse que resulta fundamental comunicar de forma idónea a todos los sujetos del proceso qué ha ocurrido en el juicio y cuáles son las razones que nos impulsaron a tomar una decisión. Como dijimos antes, el derecho del niño a ser oído y el de obtener respuestas se unen en forma inescindibles. Postulamos que la forma de la sentencia que en definitiva es una herramienta de trasmisión de decisiones, debe asegurar el pleno ejercicio de este derecho. Por ello, la sentencia debe ser expresada al menos en parte, como un mensaje asumible y entendible por el niño.

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Ello tanto en la descripción de los actos anteriores del proceso, de las razones que motivaron la decisión y sobre todo en la proyección hacia futuro de la vida del niño, extremo de ineludible consideración cuando se trata de Derecho de la niñez. En Uruguay, otras normas que refieren a adolescentes en conflicto con la ley penal, integradas al Código de la Niñez y la Adolescencia, obligan a esta forma de ser de las resoluciones judiciales. Al inicio del proceso penal, el tribunal tiene el deber de hacer conocer “… en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten”. Al final del proceso, la sentencia deberá “… ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado” (artículo 76, numerales 2 y 11). La reforma por entrar en vigencia a la brevedad, mantiene iguales criterios y agrega el deber del Abogado Defensor de explicar al adolescente y a sus padres o responsables, los contenidos de las resoluciones judiciales.3 En este aspecto, importa señalar que se tienen en cuenta por ser su consideración primordial, tres situaciones de vulnerabilidad reconocidas por las Cien Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia. Ellas son la edad, el sometimiento a proceso penal y la situación socio económica desfavorecida. En efecto, el adolescente que es sometido a proceso, llega en situación de desventaja por tratarse de un ser humano en desarrollo, rodeado de un mundo de adultos (juez, fiscal, defensor, otros funcionarios auxiliares con roles de policía de investigación o custodia). En casi la totalidad de los casos, llega en situación de sujeción, con su libertad ambulatoria coartada por intervención del proceso penal y además en muchos casos bajo la amenaza de imposición de una privación de libertad. Y finalmente, las más de las veces,


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llegan al sistema penal de adolescentes, jóvenes provenientes de contextos socioculturales muy desfavorecidos. Si la finalidad de este proceso es la profilaxis del delito, que el adolescente asuma su responsabilidad, y que a futuro no afecte derechos y libertades fundamentales de terceros, no podemos ser indiferentes frente al choque cultural que significa la sujeción ante un mundo de adultos que emplean palabras y conceptos que no son de fácil comprensión.

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En resumen, se trata de valorar el cambio en la forma de ser de las herramientas de que nos valemos en el proceso, asegurando el máximo disfrute del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir respuestas en un lenguaje comprensible, para que despejen temores que no tienen razón de ser, asuman que los tribunales son órganos de protección de derechos y conozcan sin intermediarios cuáles son las razones que motivan una decisión, aunque no la compartan. A modo de concluir, postulamos dirigirnos en forma franca y en lenguaje accesible, con un formato de sentencia en “lectura fácil”, lo que mejorará la calidad del servicio que, como magistrados, brindamos.

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Understanding Media: the extensions of man, Abacus, 1973 Convención de Derechos del Niño, Preámbulo. Ley 19.551, sancionada por el Parlamento Nacional el 20 de Octubre de 2017, a la espera de promulgación del Poder Ejecutivo.

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ENTREVISTA

“EL NIÑO… FUE EL PRIMERO EN ENTERARSE,

Y COMPRENDER LO QUE YO RESOLVÍ PORQUE ÉL LO REQUERÍA”

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María Fátima Boné

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Jueza Letrada de Primera Instancia de Flores de 2º Turno de la República Oriental del Uruguay


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“Tengo que decidir aunque no tengo toga ni martillo como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora a la brevedad puedas volver a tu país, España. Así vas a poder ver también a papá, y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien" (Texto completo Pag. 64). Así concluyó Fátima Boné, jueza Letrada de Primera Instancia de Flores de 2do Turno de la República Oriental del Uruguay, la sentencia emitida en 2016 en la que ordenó la restitución de un niño de 6 años a su padre, quien vive en España, luego de que su madre lo llevara a Uruguay desde España en forma irregular.

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La magistrada asegura que la sentencia tuvo varias críticas de sus pares, pero considera que están fundadas en “falta de conocimiento” y que la sentencia “no deja de ser técnica porque tenga un capítulo de lenguaje adecuado”. Asimismo argumenta que el interés superior del niño primó al comunicarle, de forma breve, y sin intervenir el cuerpo del fallo, cuál sería el futuro de menor. El 2016 usted redactó una sentencia en la que ordenó la restitución de un niño de 6 años de edad que fue traído desde España a Uruguay de forma ilegal por su madre. En ésta, hay un capítulo especial para explicarle al niño involucrado el alcance de su decisión. ¿Qué la motivó a escribir de esa forma el texto? Yo creo que es necesaria la humanización del derecho y la justicia. La sentencia, sin dejar de ser jurídica, debe ser comprendida por el sujeto de derecho a quien va dirigida o al sujeto de derecho a quien alcanza, por eso es que en esa sentencia, que es la número 30 de 2016 dictada el 4 de mayo del mismo año, yo hice un capítulo que califiqué como “Derecho de Respuesta”. Se hizo una definición en cuanto al derecho de respuesta, que es la contrapartida del derecho del niño a ser oído que consagran todos los Tratados Internacionales incluso nuestro propio derecho interno. Esto refleja para el justiciable que el juez como decisor y operador jurídico

consideró expresamente su situación, su forma de expresión y trató de transmitirle el contenido de la resolución de forma que lo pudiera comprender. En este caso particular, si bien el niño tenía 6 años en ese entonces, tenía una capacidad desarrollada sorprendente; parecía un niño de una edad mayor a la que tenía y esto lo quiero contar porque enmarca la resolución. El niño cuando ingresó al juzgado quiso conocer quién iba a ser el juez que iba a tomar su audiencia. Yo lo saludé y me presenté, y él me dijo que pensaba que yo usaba una toga y martillo. Esto yo lo reflejo en la resolución porque da cuenta de un niño que ya estaba judicializado, ya que en España los jueces ocupan toga y martillo, cosa que no sucede en Uruguay. El niño me pregunta cuándo voy a resolver y yo dejé expresa constancia de esta pregunta, ya que nuestras audiencias no tienen el sistema de grabación de audio ni de video, sino que son escritas. En función de ello, es que yo le hablo en la audiencia luego de interrogarlo, y le digo que cuando emita la resolución él va a tener especial conocimiento, va a ser el primero en enterarse y va a comprender todo lo que yo resolví, porque él lo requería. Esta modalidad yo la vengo implementando en todos los procesos de familia en donde hay niños involucrados, así como en los procesos en donde se involucran personas con discapacidad. ¿Qué impacto tuvo en el niño el hecho de que se le dedicara un capítulo especial en un lenguaje adaptado a su nivel cognitivo? El impacto real que tuvo en el niño yo lo desconozco, porque la sentencia no se la leí yo. En Uruguay una vez que se dicta la sentencia, se notifica electrónicamente y llega a la casilla de cada uno de los abogados. En este caso, teníamos tres abogados en audiencia: el abogado patrocinante de la madre, el abogado

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patrocinante del padre que estaba en España y el defensor del niño. Entonces, yo entendí que quien debía leerle el capítulo que estaba dirigido a él, era su defensor, quien representa los intereses del niño. Después de la audiencia, yo no volví a ver el niño, por lo que ni siquiera puedo darle la impresión personal que tuve de haberlo visto al escuchar la resolución. ¿Cree que existen resistencias respecto de un uso de lenguaje adecuado para que los usuarios comprendan las resoluciones judiciales? Yo tuve muchísimas críticas en contra de la forma de la resolución. Creo que la resolución pretendió contemplar los dos aspectos, el jurídico y el lenguaje claro, a efectos de que la sentencia sea comprensible para el justiciable al cual va dirigida. La sentencia no deja de ser técnica porque tenga un capítulo de lenguaje adecuado.

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Creo que, en cierta manera, las resistencias son por falta de conocimiento. Esta es una cuestión que cada juez debe plantearse. Eso fue lo que me pasó a mí, yo antes no lo implementaba. El cambio, en lo que a mí respecta, surge en el año 2015 cuando participé en un curso de formadores en materia de violencia doméstica que fue dictado en la ciudad de Montevideo, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con profesionales en el área mencionada.

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Durante el curso se hizo hincapié en el trato y en la forma de expresión por parte de todos los operadores jurídicos, especialmente, en el caso del juez. Con los casos prácticos, se hizo referencia a la importancia del lenguaje para los justiciables y de ahí se compartió una resolución dictada por un juez de la República de Argentina, en materia de discapacidad. Esa sentencia contenía la parte técnica y un lenguaje y escritura muy sencilla donde el juez le explica a la persona, que es declarada en ese momento en estado de

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incapacidad o de insania, cuáles son los actos de su vida que puede realizar por sí misma, cuáles estaban limitados y cuáles necesitaban un apoyo para realizarlos. Esa resolución me llevó a una reflexión profunda y me hizo repensar la labor que como juez uno tiene y que ésta se visualiza no solo ante la tramitación del expediente, sino básicamente en la resolución o la sentencia, que es donde el juez habla; porque los jueces hablamos a través de nuestras resoluciones. Entonces, no se trata solo de hablar y resolver, sino de que eso que sea comprensible. Ahí es donde yo siempre me pregunto por qué la gente se lo cuestiona. Lo que se mira como la excepción debería ser la regla, ya que el lenguaje y la expresión forman parte del ser humano. El hombre vive en comunidad y se relaciona a través del lenguaje que es una de las tantas formas de comunicación. Entonces ¿cómo una resolución judicial puede estar limitada a personas con conocimiento académico, cuando sabemos que no es la mayoría. Ahí uno puede plantearse de qué sirve hacer una sentencia jurídicamente linda si no se entiende; ¿para qué?. A mí como juez lo que me importa es resolver de la mejor manera un caso particular y que la persona involucrada, en este caso un niño de 6 años, comprenda. Por eso en el relato del caso, yo hago referencia a otros aspectos, por ejemplo a sus gustos, al nombre de sus mascotas, a las actividades que realizaba, como técnica de que la persona afectada advierta que el juez lo escuchó, que no es número de expediente, sino que tiene un nombre y que tiene una situación problemática que el juez tiene que resolver. ¿Considera que para el juez, utilizar un lenguaje distinto al técnico o jurídico es algo complejo o algo fuera del rol que ellos cumplen? Creo que existe una creencia de que el juez está


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en un estado totalmente superior y distinto al resto de la sociedad. Cuando uno trata de ponerse al nivel de los demás es como si estuviese saliendo de la tarea que corresponde. Yo creo que es al contrario: el juez lo que tiene que hacer es adecuarse a la situación, o si no, no habría resolución específica para el caso concreto y todos serían iguales. Y no todas las resoluciones son iguales, porque no todos los casos son iguales.

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La función del juez es resolver y eso va de la mano con que la resolución sea comprensible, sino el fallo no sirve de nada. Si la persona involucrada no lo comprende, cómo puede pretenderse que los demás lo comprendan. Muchas veces las críticas que se hacen al funcionamiento del sistema judicial y a las sentencias -discusiones no a nivel jurídico, sino a nivel popular-, pasan por un desconocimiento de cuáles son las razones por las que se resuelve tal cosa. Las personas que no tienen conocimientos jurídicos muchas veces opinan en función de lo que escuchan, y muchas veces lo que escuchan, es lo que le explicaron otros porque no han podido comprender en virtud de las dificultades del lenguaje utilizado. Como jueza de un Juzgado letrado, ¿usted ha escrito sentencias de otras materias dirigidas a otros usuarios en un lenguaje comprensible? Me desempeño como juez letrado de primera instancia de Flores de segundo turno en una ciudad que se llama Trinidad. Flores es uno de los 19 departamentos que tiene Uruguay, el que tiene una población aproximada de 25.000 a 30.000 habitantes entre zona urbana y rural. El juzgado tiene competencia multimateria, esto es, civil, familia, laboral, violencia doméstica y casos de niños en situación de vulnerabilidad; todas las materias salvo la penal. Al margen del capítulo que redacto en lenguaje comprensible dirigidos a los niños y dirigidos a personas con discapacidad, en todas las

sentencias que no son de familia, esto es, civil, laboral y demás, siempre dentro de los considerandos de la sentencia, hago un capítulo que se llama “el caso”, en donde cuento de manera clara, de qué se trata el juicio. Por ejemplo, en un juicio de reclamación por daños y perjuicios en atención a un accidente de tránsito, siempre hago una explicación a los efectos de que también en el caso de que esta sentencia sea recurrida y se eleve a un tribunal de apelaciones simplifique la comprensión del caso con ese pequeño capítulo. Yo lo encabezo con la siguiente frase: “teniendo en cuenta el alcance de la contienda, de la que da cuenta el objeto del proceso que oportunamente se señaló, se van a reseñar los hechos principales planteados por cada uno de los contendientes”. Ahí tomo el caso y básicamente cuento de forma muy sencilla todo lo que ha ocurrido a lo largo del expediente para luego proceder a las consideraciones jurídicas con los aspectos técnicos, evidentemente. ¿Cuál es la respuesta de la parte al darse cuenta que la jueza tiene la consideración de explicarle en términos más sencillos lo que decide? Mucha gente queda sorprendida, porque hay muchos usuarios, que no es la primera vez que están en un juzgado cuando llegan a mí, sino que han estado en otras instancias judiciales y nunca supieron de qué se trataba o de qué se estaba hablando. Muchas personas después que termina la audiencia queda reconfortada (y eso independientemente del resultado) porque se hizo el acto procesal accesible. Dentro de mis funciones está explicarle a los usuarios del servicio de justicia cuando van a mi sala de audiencias, de qué se trata el proceso y quiénes somos los que estamos en la audiencia. Siempre les explico que soy la jueza; que hay otra persona que es el fiscal y cuál es su función. Explico a qué tiene derechos, cómo funciona una audiencia, de forma muy breve,

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que la palabra se le cede a su abogado y que si hay algo que no comprende me puede preguntar, previa autorización. Lo hago porque para mí forma parte del buen desempeño y del Acceso a la Justicia. La gente no sabe lo que pasa en un juzgado, no sabe a lo que tiene derecho, no sabe muchas veces qué principios básicos de protección están recogidos en la Constitución, no sabe que puede venir de forma personal y sin abogado a la baranda del juzgado a preguntar por su número de expediente para saber en qué está su causa. El lenguaje no es solo del juez, sino también de los funcionarios, de la oficina. C

El Poder Judicial de Uruguay, ¿impulsa alguna política que motive a los jueces a redactar sus fallos en un lenguaje sencillo o son esfuerzos personales de ciertos magistrados interesados en que se comprendan sus sentencias?

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Yo no tengo conocimiento que exista una política institucional. Lo que le puedo decir, es que dentro del Centro de Estudios Judiciales (CEJU) que pertenece al Poder Judicial y cuyo objetivo es la formación de los jueces, hay un módulo que se llama argumentación jurídica. Como yo lo hice hace un par de años, desconozco el programa actual.

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Me parece que una cosa importante es que estas iniciativas son una invitación a repensar los modelos de comunicación y también a no perder de vista de que el hecho de utilizar un lenguaje sencillo no desvaloriza la sentencia y ésta pierde su tecnicismo, sino que las resoluciones que son formuladas de esa manera pueden ser comprensivas por los sujetos sometidos

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al conflicto y ello hace que la justicia sea más cercana, es decir, acortan la brecha entre el justiciable y el juez. Trinidad, 4 de Mayo de 2016 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 30 /2016 “Soy la Juez Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el Juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos Miriam y José o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos Beatriz y Antonio. Sé que acá en esta ciudad de Trinidad, en la que estás hace más o menos 4 meses, la que a vos te parece “un pueblito”, estás contento y tenés muchas actividades como el teatro, la piscina y el taekwondo aunque no tengas traje ni cinturón. Sé que te gusta y que te divertís, que tenés a Rosita y a Dana como mascotas y que eso es bueno para ti. Pero también es verdad que en España hay personas y situaciones muy importantes para ti: allá puedes ver a tu papá, a los abuelos, primos y continuar la relación con tus amigos. Por otra parte también sé que España tal como me lo dijiste cuando hablamos en el Juzgado te gusta, pero que el lugar más lindo entre Nerja, Granada y Barcelona es Nerja, donde viviste con mamá y papá. Por tanto como tengo que decidir aunque no tengo toga ni martillo como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora a la brevedad puedas volver a tu país, España. Así vas a poder ver también a papá, y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien. Como te dije en el juzgado, fue un gusto conocerte. Será hasta pronto, Fátima.


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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

INFOGRAFÍA ÍNDICE DE ALFABETIZACIÓN EN CHILE

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¿Los chilenos entendemos lo que leemos? Esa es una pregunta que responde el Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, el 2013 la tasa de alfabetización de adultos en Chile era de un 96%. Sin embargo, la mayoría de los chilenos no comprenden lo que leen. En el año 1998, Chile participó por primera vez en la Encuesta Internacional de Alfabetización Adulta (International Adult Literacy Survey) que midió las competencias básicas de alfabetización, es decir, la habilidad de entender y utilizar la información impresa en actividades cotidianas en el hogar, la comunidad y el trabajo. Los países que formaron parte de la medición fueron Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia y Eslovenia. El 2013 se realizó una segunda versión de la encuesta en la que se utilizaron los mismos instrumentos y metodología, a fin de evaluar las competencias básicas de la población chilena en los últimos 15 años. Respecto a los datos arrojados por la investigación que se realizó por dos periodos, 1998 y 2013, Chile se ubica en el nivel más bajo de comprensión de lectura de los países participantes de la medición.

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO El término “alfabetización” se utiliza en este contexto no sólo como el saber leer y escribir, sino que para describir un tipo particular de competencia básica: comprensión de prosa, documentos y cuantitativo. Los puntajes se sitúan respecto a competencias básicas, evaluadas a través de los instrumentos desarrollados internacionalmente, las cuales se dividen en tres dominios: • Prosa: las habilidades y competencias necesarias para comprender y utilizar información contenida en textos tales como editoriales, artículos noticiosos y textos literarios. • Documentos: las habilidades y competencias básicas necesarias para ubicar y utilizar información contenida en documentos tales como cuadros, mapas, gráficos, índices, etc. • Cuantitativa: las habilidades y competencias básicas necesarias para aplicar operaciones aritméticas incorporadas en materiales impresos, tales como los cálculos requeridos para llenar formularios de depósitos, estimar tiempos a partir de horarios, etc.

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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

Niveles de comprensión de menor a mayor capacidad

Cada dominio tiene puntajes que fluctúan entre 0 (menor capacidad) y 500 (mayor capacidad) los cuales están agrupados a su vez en 5 niveles (de menor a mayor) para cada una de las escalas.

C

SITUACIÓN EN CHILE

M

A continuación, Dante Contreras, doctor en Economía por la Universidad de California (Estados Unidos), académico de la Universidad de Chile y autor del estudio, explica algunos gráficos referidos al índice de alfabetización funcional de los chilenos.

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Puntaje promedio por dominio

1998

2013

PROSA

226

230

DOCUMENTOS

223

226

AÑOS A

6= a 4

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CUANTITATIVA

217

219

NIVEL 1

Entre 0 y 225 Puntos

NIVEL 2

Entre 226 y 275 Puntos

NIVEL 3

Entre 276 y 325 Puntos

NIVEL 4

Entre 326 y 375 Puntos

NIVEL 5

Entre 376 y 500 Puntos

¿Cuál es el promedio por dominio de los chilenos respecto a la medición? ¿En qué dominio existe mayor falencia? La prueba no mide la cantidad de analfabetos, sino que el uso cotidiano del lenguaje y las matemáticas, y cómo se utilizan productiva y funcionalmente. Chile exhibe un bajo nivel principalmente en matemáticas. Por ejemplo, la prueba realiza la siguiente pregunta: Si una persona tiene una caja de medicamentos, y se le indica que puede tomar una píldora cada 8 horas. ¿Cuántos comprimidos puede tomar al día? Según el estudio, el 54% de los chilenos no sabe responder esa pregunta. Eso significa que nuestro grado de alfabetización funcional es muy bajo.


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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN CADA NIVEL POR DOMINIO Un 44.3% de la población adulta en Chile se encuentra en una situación de analfabetismo funcional en textos, ¿podría describirnos este dato? Significa que un 44% de la población sabe leer, pero no comprende lo que lee. Es decir, no retiene ni deduce la información de un texto, por tanto, podemos afirmar que la población chilena falla en preguntas básicas de comprensión de lectura.

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En 2013, más del 80% de la población chilena se ubicaba en los dos niveles inferiores de competencias básicas en todos los dominios. Lo que en términos generales, indica que la gran mayoría de la población adulta no es capaz de comparar e integrar información, así como tampoco de realizar inferencias o cálculos matemáticos a partir de la información.

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¿Cuáles son las consecuencias sociales de estos datos? Contribuye negativamente al futuro de Chile. Las consecuencias sociales son un bajo nivel de productividad, innovación y emprendimiento. Esto perpetúa la desigualdad, porque las personas que si tienen las competencias, aprovechan todas las oportunidades del mercado. Limita el uso de nuevas tecnologías puesto que las personas no son capaces de utilizarlas, entre otros efectos. Según su opinión, ¿cómo se resolvería este problema? Los datos sugieren que el sistema educativo no da el ancho respecto a lo que debe ser el país en 10 años más. Por tanto, la única solución que resuelve esto a largo plazo, es una reforma a la educación escolar y superior que fortalezca las competencias que mide el estudio. La educación es un sector neurálgico para el desarrollo del país.

Porcentaje de la población en cada nivel por dominio A

PROSA

DOCUMENTOS

6= a 4

CUANTITATIVA

AÑOS

1998

2013

1998

2013

1998

2013

NIVEL 1

47.4

44.3

49.0

42.0*

53.0

51.4

NIVEL 2

33.7

37.2

33.4

41.6*

27.7

28.9

NIVEL 3

15.0

13.9

14.6

14.2

16.4

15.3

4.6

3.0

2.2

4.9

4.4

NIVEL 4 Y 5 3.9 Significativa al 5%

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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

PUNTAJE PROMEDIO EN DOMINIO PROSA POR EDAD Y EDUCACIÓN ¿Cuál es el promedio en dominio de prosa por edad y educación? La población chilena tiene baja escolaridad, y como consecuencia el promedio de dominio de prosa es bajo. Este gráfico indica que, a medida que aumenta la educación, el dominio de prosa se incrementa.

También demuestra que no hay un patrón claro respecto a que las nuevas generaciones tienen mayor rendimiento. Hay indicios de que las personas que han terminado la secundaria, es decir los jóvenes, rinden más que la población adulta mayor. Si Chile invierte en educación tendría como consecuencia mejoras importantes en los niveles de rendimiento.

Puntaje promedio en dominio prosa por edad y educación

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Sin educación

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Básica incompleta

Básica completa

Media icompleta

Media completa Educación superior


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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

efectos en las oportunidades laborales y en salarios son mínimos. Desde un punto de vista teórico, cuando el sistema educacional no cumple la tarea de educar y formar alfabéticamente, debería ser la capacitación la que ayude. Sin embargo, en Chile no es efectiva.

LA SITUACIÓN OCUPACIONAL Y EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Respecto a la situación educacional de los entrevistados, ¿los trabajadores que participan en capacitaciones tienen un mayor nivel de alfabetización? Los resultados indican que la capacitación para los trabajadores es muy pobre, por lo tanto, los

Puntaje promedio prosa, documentos y cuantitativa por situación ocupacional 1998-2013

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AÑOS

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DOCUMENTOS

6= a 4

CUANTITATIVA

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1998

2013

1998

2013

1998

2013

OCUPADO

228

228

225

227

222

221

DESEMPLEADO

218

234*

220

224

212

221

ESTUDIANDO

251

257

246

249

252

244

QUEHACERES DEL HOGAR

215

214

210

209

194

193

JUBILADO

212

210

210

212

202

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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

Nivel de comprensión de documentos según consumo de libros, revistas y música A

Diarios Revistas

DOCUMENTOS

PROSA

Libros

Radio Música

Diarios Revistas

Libros

Radio Música

6= a 4

Diarios Revistas

CUANTITATIVA

Libros

Radio Música

DIARIAMENTE

34.4% 28.5%

41.9%

36.3%

30.2% 40.4%

42.1%

36.6% 49.7%

NUNCA

55.7% 52.9%

54.8%

51.6%

47.2%

67.4%

60.5% 63.6%

51.8%

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Las personas que leen (diarios, revistas o libros) y que escuchan radio o música en general con mayor frecuencia, tienen un nivel de alfabetización promedio mayor que quienes no lo hacen.

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OPINIÓN

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“La situación de la alfabetización en Chile es crítica” “Transmitir las decisiones judiciales o explicar las leyes en lenguaje claro contribuye a que las personas entiendan. Si las personas entienden se motivan, y si es así, puede seguir aprendiendo. Hay un valor en que cada uno hagamos el esfuerzo para poder comunicar mejor las cosas. Sobre todo porque la mayoría de la población tiene problemas graves al decodificar mensajes. Chile está en un punto de inflexión, y debe transitar hacia el desarrollo y no lo estamos logrando. Por tanto, cualquier institución o política pública que contribuya a formar a la población será bienvenida”, concluye Dante Contreras.

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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

CO LU M N A DE OPINIÓN

COMPRENDER EL LENGUAJE ESCRITO ES CRUCIAL PARA PODER DESENVOLVERSE EN LA VIDA SOCIAL Y LABORAL

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Macarena Silva

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Doctora en Psicología Lancaster University Centro de Investigación Avanzada en Educación, Universidad de Chile


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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

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La comprensión lectora, a pesar de vincularse a settings académicos, es en realidad una habilidad para la vida. Comprender el lenguaje escrito es crucial para poder desenvolverse en la vida social y laboral. A pesar de su reconocida importancia, los resultados en pruebas nacionales e internacionales son insatisfactorios. En varias ocasiones han aparecido titulares indicando que no entendemos lo que leemos, incluso en edades adultas. Esto no ocurre solo en Chile, sino que también es un tema en Latinoamérica y a nivel mundial, donde si bien algunos países logran niveles adecuados de comprensión, siempre el desafío de enseñar, o ir mejorando esta habilidad, está presente.

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La comprensión lectora es una habilidad muy compleja, ya que en ella intervienen una serie de procesos cognitivos y linguísticos. Un primer elemento es el conocimiento del vocabulario o léxico. Algunos autores plantean que para entender un texto a cabalidad necesitamos saber el significado del 90% de las palabras de ese texto.1 Es un número no menor. Esto se hace evidente cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, y el no saber algunas palabras a veces dificulta, y en otras ocasiones imposibilita la comprensión de lo escrito. En el caso de la terminología legal existe una dificultad adicional que es el uso del vocabulario subtécnico, referido a la utilización de

palabras comunes con un significado distinto y específico del área. Sin embargo, el conocimiento de las palabras o términos específicos no es el único elemento a tener en consideración. La forma de estructurar y combinar las palabras en oraciones es también crucial para la comprensión. No es lo mismo decir que A apuñaló a B, que decir que A fue apuñalado por B, a pesar de que el orden de los participantes es el mismo. El lenguaje en el ámbito jurídico es reconocido por utilizar una gramática altamente compleja, con gran abundancia de estructuras poco usadas en el lenguaje común.2 Si vamos escalando en complejidad, más allá de las palabras y de las oraciones, es importante construir sentido de lo que leemos de forma global. Dentro de estas habilidades hay varias, pero mencionaremos dos: la habilidad de generar inferencias y el monitoreo de la comprensión. La habilidad de generar inferencias implica aportar información que no está presente en el texto de forma explícita o que si bien está, la conexión entre porciones de información no es explícita. Por su parte, el monitoreo de la comprensión se refiere a la habilidad metacognitiva de reflexionar sobre la propia comprensión, por ejemplo, darse cuenta de que un texto o una porción de este no fue totalmente comprendida.

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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

El conocimiento a todos los niveles (de palabras, oraciones y texto global) es necesario para una comprensión lectora adecuada. En el caso de textos referidos a situaciones judiciales se han hecho algunos intentos para lidiar con la dificultad que presentan para los lectores. Por ejemplo, un estudio realizado por Masson y Waldron investigó el efecto que la modificación de los textos tenía en la comprensión. Los resultados mostraron que la mera explicación o sustitución de conceptos complejos no era suficiente para mejorar la comprensión lectora de textos legales, sin embargo, la reorganización de textos a nivel gramatical o sintáctico sí se tradujo en una mejor comprensión,3 pese a que el

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desempeño en general seguía siendo deficiente. La práctica de reescribir y modificar la estructura y terminología del lenguaje se ha utilizado en otros estudios y si bien se logran mejorías en la comprensión, los efectos suelen ser moderados.4 ¿Qué hacer? Lo ideal es prevenir, poder anticiparse a dificultades lectoras y comenzar a promover el lenguaje complejo desde edades tempranas. Sin embargo, si hablamos de adultos, se pueden realizar ciertos ejercicios o actividades que pueden ayudar a mejorar la comprensión lectora. En esta línea, me parece que algo esencial es el monitoreo de la comprensión, el ser capaz de revisar y darse cuenta de si lo leído fue comprendido.


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ALFABETIZACIÓN EN CHILE

Monitoreando nuestra comprensión es que podemos eventualmente iniciar acciones reparatorias en caso de que no hayamos comprendido. Las acciones reparatorias son simples, pueden implicar releer, chequear para confirmar/descartar información, volver al título, buscar el significado de una palabra, entre

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otras. A su vez, sería importante promover más la lectura como una forma de esparcimiento, dándole un espacio extra-académico que permita erigir la actividad lectora como una ventana de desarrollo personal, de exploración de otros mundos e ideas, en síntesis de goce y enriquecimiento.

El conocimiento a todos los niveles (de palabras, oraciones y texto global) es necesario para una comprensión lectora adecuada.

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1 Nagy & Scott (2000) 2 Montolío & Samaniego (2008) 3 Masson & Waldron (1994) 4 Grenee, Fogler, & Wilson (2012)

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LENGUAJE EN CHILE

ENTREVISTA

“EL PRIMER PROBLEMA QUE GENERA LA FALTA DEL

IDIOMA ES LA CONFIANZA DEL CHILENO HACIA EL HAITIANO Y DEL HAITIANO HACIA EL CHILENO”

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Yvenet Dorsainvil 78

Profesor de lenguaje y autor del diccionario kreyòl-español


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LENGUAJE EN CHILE

S

“Sakapfet koman ou ye”, “Map chèche yon travay” o “Mwen bezwen al lopital” son algunas frases que utilizan los haitianos cuando pisan suelo chileno y significan “Hola, ¿cómo estás?”, “Estoy buscando empleo” y “Necesito ir al hospital”. Estas palabras están reunidas en el primer diccionario kreyòl-español, escrito por Yvenet Dorsainvil quien migró de Haití a Chile hace 8 años. El autor, profesor de lenguaje, redactó significados que traducen las palabras más utilizadas, proverbios, cultura y costumbres chilenas y haitianas.

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El diccionario, autogestionado por Yvenet Dorsainvil cuenta con 500 ejemplares, y tiene como fin disminuir la brecha del lenguaje entre ambas naciones. En esta entrevista el autor habla de su experiencia en nuestro país, y también la de sus compatriotas. Asegura que no sólo deben traducir del kreyòl-español, sino que también dar a entender su idiosincrasia que es distinta a la de nuestro país, lo que ha desembocado en falta de confianza de los compatriotas hacia los foráneos.

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¿Qué lo motivó a crear el Diccionario kreyòl-español? Los haitianos no hablan español y yo necesitaba crear una herramienta para que pudieran comunicarse con el resto de las personas de este país, pero pensando más allá del lenguaje escrito u oral. En el diccionario trato de mostrar la diferencia cultural, es decir, no es simplemente un diccionario, sino un documento que muestra las diferencias entre dos culturas: la chilena y la haitiana. En el diccionario se habla de un lenguaje que va más allá de lo que vemos, porque muchas veces un simple gesto significa diferentes cosas y el lenguaje corporal es muy diferente en Chile y en Haití. Por ejemplo en Chile hablar sin mirar a los ojos es como que estamos mintiendo. Muchas veces escuchas a personas que dicen “ ¡pero mírame a los ojos, me estás mintiendo!”, y para los haitianos es diferente. Para concentrarnos y poder decir lo que estamos diciendo, necesitamos fijar un punto que nos dé la

concentración. Cuando estamos hablando con una autoridad, con una persona a quien le tenemos mucho respeto no miramos a esa persona a los ojos, y en Chile muchas veces me han dicho que eso es una falta de respeto; por ejemplo hablar con el juez o jueza y no mirarla. En el diccionario yo trato de explicar otras diferencias como por ejemplo, que en Chile hay que dejar bajar antes de subir o ceder el puesto a los ancianos o mujeres embarazadas. En Haití no se cede el puesto, sino que se invita a la persona a sentarse sobre nosotros, y no es un problema si es hombre, mujer, niño o niña. Otro ejemplo es que en Chile tienes que pagar la micro antes y no al bajar, como hacemos en Haití. ¿Cómo está estructurado el diccionario? La primera parte del diccionario es kreyòl-español y español-kreyòl; la segunda es la parte cultural y las diferencias entre ambos países, y también el lenguaje que usamos los más ancianos y los más jóvenes. Porque el kreyòl es distinto en cuanto al acento y al vocabulario, entre ancianos y jóvenes, y también entre diferentes regiones de Haití. Prácticamente el 40% del vocabulario cambia. Los jóvenes tienen su propio vocabulario igual que los jóvenes chilenos. Finalmente el diccionario tiene una última parte que trata sobre el “chilenismo”. Al principio el libro lo escribí pensando solo en español y kreyòl, pero con el tiempo, al seguir investigando me di cuenta que hay muchos haitianos que trabajan en la construcción y que su gran problema es que no entienden a sus compañeros, porque sus compañeros hablan un español “diferente” o chileno. ¿Cómo recibió la comunidad haitiana este diccionario? La verdad es que la comunidad haitiana lo ha recibido muy bien, incluso era muy difícil que hubiera muchos haitianos en el lanzamiento y me sorprendió ver que llegaron muchos y que

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LENGUAJE EN CHILE

me pidieron muchos libros. Están muy contentos y siempre vienen a mi oficina a ver si hay más diccionarios disponibles y me preguntan dónde lo pueden comprar. Es una salvación porque tenemos muchos diccionarios español-francés, pero que este sea kreyòl ha sido especial para ellos, porque no hablan francés el 100% de los haitianos. Hay que ser universitario en Haití para hablar francés. ¿Es útil este diccionario también para los chilenos?

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El libro es para haitianos, chilenos y cualquier otra persona hispanohablante. Lo interesante es que este libro muestra también los proverbios, porque los haitianos los usamos mucho. El diccionario nombra el proverbio y explica su significado para los haitianos. Por ejemplo hay uno que dice “El perro toma agua. El sonido dice, lo suyo es lo suyo”. Esto significa que si tú tienes algo, sea bueno o malo, hay que considerarlo porque es tuyo, no lo botes. ¿Existen términos en kreyòl que no tengan traducción al español? Son más los nombres. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el kreyòl se explica, no hay un vocabulario. Hay muchas palabras en kreyòl que no tienen un sinónimo, pero que puedes describir con una explicación. ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo que enfrentan los haitianos en Chile, relacionado con la barrera del lenguaje? El primer problema por falta del idioma es la confianza del chileno hacia el haitiano y del haitiano hacia el chileno. Yo vi esto en el tema de la mujer que murió. Ayer yo estaba con un amigo, viendo la misma situación en el metro Baquedano y era como para grabarlo. Había una mujer haitiana con una niña y la dejó para alejarse e ir a ver algo que estaba pasando un poco más allá. La niña estaba en un coche. Después volvió, tomó a la niña, se la llevó y dejó el coche solo y éste

empezó a moverse. ¿Esto qué significa? Significa que el haitiano piensa que no le va a pasar nada al coche, que nadie se lo va a robar, y que al niño no le va a pasar nada. A todo el mundo le gustan los niños, ¿cómo le va a pasar algo a mi niño? Y yo pienso, si los Carabineros encuentran a un niño solo, lo consideran una negligencia. Pero esto es diferente en nuestra costumbre y la confianza que tenemos los haitianos. Si esto le pasa a una haitiana, no sabrá cómo explicar que no se fue para dejar al niño, no puede explicarse. Porque no vamos a decir que vamos a pisotear la ley del país. Al contrario, tenemos que estar dentro de la ley más allá de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de todo lo que nosotros pensamos. Entonces eso es muy importante, que la confianza que tenemos se interpreta de otra forma. Me gustaría poner el acento en esto de la confianza y de la mala interpretación de los gestos, porque muchas veces es lo que provoca cosas que no deseamos. No estoy diciendo que hay que cambiar el sistema, ni que lo acomoden a nuestras formas. Por ejemplo cuando hablamos de fútbol hablamos fuerte, y las personas lo ven como una discusión, mientras que estamos hablando sobre Ronaldo, Messi o Sánchez. Hablamos fuerte, pero no estamos peleando y eso provoca muchas veces, que la gente llame a Carabineros. Esas cosas me gustaría destacar. ¿Cómo cree usted que se debe trabajar este tema? Hay que trabajar mucho con los gobiernos locales, las juntas de vecinos y las organizaciones de haitianos. Creo también que la Embajada de Haití tiene que jugar un papel muy importante, porque en el momento que tú necesitas ayudar a traducir para un haitiano, tú puedes hacerlo pero te preguntan, ¿quién me dice que no me vas a mentir? Entonces el traductor tiene que ser oficial o autorizado y por eso la Embajada es muy importante. Yo creo que hay que capacitar a los haitianos y por eso los gobiernos locales y las juntas de vecinos son importantes.


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Los funcionarios chilenos también son importantes. Pero lo que necesitamos nosotros en los primeros momentos es adaptarnos al sistema donde estamos, porque no podemos venir a cambiar nada, ¿cierto? Entonces necesitamos adaptarnos y para eso necesitamos capacitaciones, pero a través de los gobiernos locales. El problema es que es difícil juntar a los haitianos porque trabajamos, trabajamos y trabajamos, entonces los fines de semana sólo hay tiempo para cocinar y dormir. Usted habla de la administración local, las juntas de vecinos y la Embajada de Haití. Respecto de la administración central, ¿cree que la coordinación interinstitucional es importante? C

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No sé si hay una conexión entre las instituciones, pero muchas veces pasa que, por ejemplo, llegamos a algunas oficinas de Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y funciona, pero vamos a otras y en esas no. Entonces yo creo que necesitamos una conexión en los sistemas, para que todos informen de la misma forma.

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Hemos hablado del idioma en materia de adultos. Pero, ¿qué pasa con los niños y niñas haitianos y su adaptación al lenguaje en Chile? Yo creo que no están adaptados, pero no demoran mucho para adaptarse. El problema es que en el corto tiempo que necesitan para adaptarse, uno o dos años, lo pasan muy mal. En una investigación que comencé, recopilé información de muchos profesores que señalan que los niños haitianos tienen muchos problemas psicológicos. Se empiezan a morder la boca, a sentar solos, y eso también me lo contaron los mismos niños. Ellos me dijeron que no quieren estar con los niños chilenos, porque no los entienden y les da vergüenza que los otros hablan y ellos no entienden. De hecho, los niños haitianos sienten que son muy tontos porque no entienden “¿Por qué el otro habla un idioma y yo no lo hablo?” y “el profesor habla el mismo idioma y tampoco lo entiendo, soy tonto”, “yo tendría que hablar y entender el idioma que

habla el profesor”. Entonces el niño necesita una explicación, decirle que el profesor no habla su idioma, y que él también habla un idioma que los otros no entienden. ¿Cómo deberían enfrentar esta situación los colegios? Yo creo que los profesores deberían estar bien capacitados, porque cuando pasa eso el profesor no sabe qué hacer. Es muy difícil saber cómo actuar y qué decirle al niño que se automargina de la clase. Tú puedes decirle al niño “no tengas miedo”, pero eso no es recomendable en nuestra cultura, porque cuando tú me dices que no tenga miedo, es todo lo contrario, lo que me estás diciendo es que debo tener miedo. ¿Qué rol tiene la familia haitiana en el trabajo que hay que hacer con los niños y niñas? Es muy importante el tema de la familia, pero la familia no pasa mucho tiempo junta solo un poco en las noches y los fines de semana. En la noche llegas a buscar al niño donde esté o llegas cuando el niño está durmiendo. Los papás no ven mucho a sus hijos. No sé cómo podríamos ayudar a los padres porque tampoco podemos pedirles mucho. Yo creo que ese es un trabajo nuestro como haitianos. Tendremos que organizarnos y llegar a la familia para capacitarla e informarle, por ejemplo que no pueden utilizar un lenguaje con proverbios, que hablen más simple, y también buscar más lugares donde poder enseñarles a ellos. Los niños también juegan un papel muy importante en la inclusión o en integrar a los papás. O sea estamos hablando de lo que deben hacer los papás para integrar a los niños, pero con el tiempo los padres van a ser ayudados por su hijo para hacer sus trámites, porque ellos hablarán español y los papás no. Pero yo creo que es un trabajo de nosotros ayudar a nuestros compatriotas. Los que tenemos un poco más de tiempo debemos organizarnos mejor.

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¿Las agrupaciones de haitianos o la Embajada han abordado el tema del lenguaje? No lo sé. Yo creo que no hay otro diccionario. Lo que sí yo veo es que hay muchos chilenos que ponen a disposición escuelas de español para haitianos. Y muchas de esas personas usan este diccionario. ¿Usted cree que hay discriminación en Chile hacia los haitianos por no hablar español? No sé si es discriminación, pero sí he visto intolerancia. Muchas veces estar hablando en otro idioma hace sentir a la otra persona incómoda por no entender lo que están diciendo. Las personas pueden pensar que estás hablando mal de ellas o simplemente se sienten mal, porque le están hablando más encima en un idioma raro. Y eso hace que muchas veces hay gestos de intolerancia.

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De hecho, ayer me llamó un compatriota para contarme que tiene problemas en su trabajo porque está trabajando con 12 haitianos más y su jefe les dijo que no pueden hablar más en kreyòl, y que si siguen lo echarán del trabajo. Llevan solo un mes o dos meses en Chile y ahora los otros

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compañeros no quieren hablar porque quieren conservar el trabajo. Es como decirle a la persona que no hable nada y para nosotros como seres humanos es saludable hablar nuestra propia lengua. Lo que pasa es que tenemos que estar hablando permanentemente en otro idioma para sobrevivir, pero nos sentimos muy bien hablando en nuestro idioma con un compañero, porque no necesitamos pensar para hablar y traducir. Muchas veces hay que pensar en francés y otras veces en kreyòl, y esas palabras que no existen en kreyol y que tenemos que explicar las tenemos que pensar en francés. Pensamos primero, traducimos después ordenando todas las palabras en español al hablar y hay que preocuparse también de la pronunciación. Pedirte que no hables el idioma es muy difícil porque claro, en la noche lo único que quieres es hablar tu lengua y no estar trabajando, porque tratar de traducir es un trabajo gigante. Pero cuando tú hablas sin pensar, eso es otra cosa. De hecho recuerdo que durante un tiempo lo único que hacía era estar encerrado en mi pieza, conversando por Facebook. Me acuerdo que mi hermanito me dijo: “Tú, ¿qué estás haciendo en Chile? O vives en Haití o vives en Chile. Tú trabajas en Chile y vives en Haití, porque hablas


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con nosotros todo el tiempo, entonces, ¿en qué momento vas a adaptarte?” Entonces, es difícil desconectarse y esto provoca mucha dificultad. De todo lo que hemos conversado ¿hay alguna relación con el racismo?

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Yo no creo que haya racismo, sino que solo discriminación. Del racismo no sé qué opinar, porque yo veo que muchas veces las personas tienen problemas con los haitianos, pero si viene un americano negro no es el mismo trato. No sé si eso es racismo. Pero por ejemplo yo hablo francés, claro que no tengo acento francés porque lo hablo a la haitiana, entonces cuando me escuchan dicen “ah pero no es francés”. Yo creo que el lenguaje te identifica, identifica qué

tipo de negro eres, si eres el de Haití o el de otro país más desarrollado. El lenguaje te acusa. Y yo muchas veces he hecho este juego. Muchas veces yo necesito que me atiendan y yo he tratado de hablar con otro acento, como si no fuera haitiano. Y eso genera un mejor trato. Para concluir, ¿la comunicación y comprensión de la lengua, facilitan la integración de los haitianos? Cuando el haitiano habla mejor el español es más fácil integrarse. Hay chicos que tienen 8 años aquí, que no hablan español y les cuesta integrarse. Y por otro lado hay chicos que llevan 2 años y están hablando muy bien y ellos se integran fácilmente, tienen su trabajo. Sí hablan mejor, más se integran.

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Los haitianos no hablan español y yo necesitaba crear una herramienta para que pudieran comunicarse con el resto de las personas de este país, pero pensando más allá del lenguaje escrito u oral.

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“EL MITO DE QUE LOS CHILENOS HABLAMOS

MAL ES UNA PERCEPCIÓN SOCIAL CONSTRUIDA EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DE CLASE”

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Darío Rojas

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Lingüista Miembro de la Academia Chilena de la Lengua


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Doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, máster en Lexicografía Hispánica, magíster en Lingüística mención Lengua Española por la Universidad de Chile. A sus 34 años, el académico de la Universidad de Chile ha centrado sus estudios en la historiografía lingüística, la planificación lingüística y la sociología del lenguaje en nuestro país.

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Es a raíz de sus investigaciones que publicó el libro “¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Mitos e historia de nuestro lenguaje” en el que asegura que existen prejuicios de clases al comunicarnos, y que no existe un hablar correcto o incorrecto, sino que todo depende del contexto comunicativo. Asimismo, en esta entrevista habla sobre los orígenes del español y su transformación al llegar a América, y el legado de Andrés Bello en el hablar chileno.

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¿Cuál es el objetivo de su libro “¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos?”. ¿A qué público lo dirige y por qué? El propósito del libro es tratar de derrumbar algunos mitos que yo sabía que circulaban en Chile respecto a nuestra forma de hablar, porque pensaba que eran muy perjudiciales para la sanidad mental de los chilenos. Mitos que nos apocan y que se basan en prejuicios de clase, básicamente. Entonces quise contar la historia del castellano de Chile a fin de derrumbar esta idea de que es una corrupción del castellano de España o que es un descuido del lenguaje. Apuntaba también a replantear la discusión acerca de la corrección idiomática con el objeto de demostrar que no tiene que ver con hablar o no en dialecto chileno, sino más bien con cómo uno maneja una cantidad suficiente de repertorio lingüístico adecuado a distintas situaciones comunicativas. Está dirigido a un público general, a pesar de que a veces tiene terminología técnica, pero traté de reducirla dentro de lo posible. Es un libro de divulgación, una especie de

intervención política hasta cierto punto, ciertamente en el sentido de tratar de cambiar nuestras percepciones sociales acerca del lenguaje. ¿A qué se refiere con percepciones sociales? Se ha estudiado mucho sobre cómo se habla en Chile. En el libro pongo el énfasis en el imaginario de cómo debería ser la forma de hablar en nuestro país. Por ejemplo, una cosa es que aspiremos la “s” al final de la sílaba, y otra es la opinión de que eso es malo o un error. Entonces lo que trato de demostrar ahí es que son percepciones sociales construidas desde hace bastante tiempo en función de intereses de clase básicamente. Antiguamente existía una imagen social acerca de que la lengua estaba vinculada con los intereses políticos de la época, quiero destacar mucho que es hasta cierto punto ideológico. A lo que llamaba con el libro es a preguntarnos si esas mismas imágenes son pertinentes hoy. ¿Cuáles son los intereses de los lingüistas al estudiar la lengua en Chile? La disciplina de la lingüística tiene diversos intereses dependiendo de las circunstancias históricas. Ha habido poco esfuerzo en sistematizar la historia de la lengua española en Chile, sólo hay estudios muy puntuales. Por ejemplo, las cartas de una monja a su confesor en el siglo XVIII como corpus documental específico. Sin embargo, no hay investigaciones de largo alcance que permitan decir que el español de Chile efectivamente ha cambiado o cómo lo ha hecho. Hay afirmaciones, a veces muy rimbombantes, respecto a que el español de Chile ha empeorado en las últimas décadas, pero eso no se ha fundamentado en ningún estudio. Yo creo que no se puede llegar a sacar ninguna conclusión de ese tipo hasta que se hagan esas investigaciones. Los ciudadanos aseguran que el lenguaje ha empeorado y no consideran que haya una

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evolución, ¿por qué cree que los chilenos piensan que hablamos cada día peor?

¿Por qué los chilenos destacan cómo hablan los extranjeros?

Los que hemos pasado por un proceso de educación especializada comprendemos que esto no es necesariamente corrupción o empeoramiento, sino que una evolución simplemente. En el tema del lenguaje circula la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero en el caso de nuestras culturas lingüísticas, hispanohablante, francoparlante y muchas otras, existe la idea de que el lenguaje preexiste como una especie de objeto ideal, y que mediante el uso van manifestándose reflejos imperfectos de ese ideal. Pero en realidad si hoy en día le preguntan a los lingüistas que se han dedicado mucho a este tema, esa imagen es súper falsa.

Los lingüistas distinguen entre el prestigio que pueden tener las formas lingüísticas a nivel manifiesto, por un lado a nivel encubierto, por otro, o sea lo que se dice de la boca para afuera y lo que se hace realmente.

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Los lingüistas en la actualidad dicen que no es que el lenguaje preexista antes del uso, es el uso lo que va creando el lenguaje, y como ese uso es dinámico siempre se va transformando. El lenguaje es mutable por esencia. Entonces la idea de que el lenguaje empeora tiene que ver con los mitos de orden más general.

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Usted relaciona el lenguaje con el poder, ¿cómo se vinculan ambos? ¿Qué relación tiene con la identidad? El lenguaje no sólo comunica ideas. Las palabras o pronunciaciones pueden determinar mi identidad o especificar mi pertenencia a un grupo social, y eso es lo que los antropólogos llaman la “indicialidad”. Esto puede explotarse en términos de la dinámica de privilegios de clases de las relaciones de poder. Por ejemplo, lo que se considera correcto o incorrecto en Chile u otras partes depende básicamente de quién tiene poder y quién no. En general la cultura lingüística hispanohablante en su constitución tiene un punto de vista clasista. En el siglo XIX, se dijo que el modelo ideal de lengua debía estar basado en el habla de las personas cultas o educadas. El peor pecado era hablar como la gente del pueblo.

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Acá en Chile circula la idea de que hablamos mal y que hablan mejor las personas provenientes de España, Colombia o Perú. Sin embargo, en la práctica no tiene un reflejo directo porque nadie quiere hablar como español, colombiano o peruano. Cuando una comunidad o grupo ocupa su propio lenguaje y sus propios códigos como por ejemplo el “coa” proveniente de la jerga delictual, ¿se puede generar algún tipo de discriminación? Yo no sé si llamarlo discriminación porque en el fondo estoy convencido de que las relaciones de poder asimétricas importan mucho para saber si es discriminación. Clasismo o la discriminación pueden venir desde quienes están arriba, pero no de quienes están abajo. Lo cierto es que en el lenguaje somos conscientes de que podemos explotar esas connotaciones para marcar identidad, y a veces para crear una frontera. ¿Qué es hablar correctamente y qué es hablar de manera incorrecta? No hay una forma correcta o incorrecta de hablar bien, pondría el acento en la pluralidad de esas formas porque en el fondo todo depende del contexto. Por lo mismo, considero que las escuelas no deben extirparles a los niños la forma de hablar vernácula proveniente de sus casas, y reemplazarla por una forma estándar culta, sino que tienen que enseñárseles más posibilidades para que puedan funcionar bien en distintas situaciones. Si yo estoy en un contexto formal no hablaré de la misma forma de la que estoy con mis amigos.


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Hoy día prima el concepto de que lo importante es saber qué es lo adecuado al contexto. No es que pueda simplemente soslayarse del problema de qué es hablar bien. Dentro de cada comunidad hay personas que hablan “mejor” y otras que hablan “peor”, y eso tiene que ver más con la capacidad o el repertorio comunicativo para desenvolverse en distintas circunstancias, y no tanto con hablar un dialecto o sociolecto específico.

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En su libro destaca que el español es una lengua estándar porque cuenta con ciertas características como la historicidad, vitalidad, autonomía y normativización, ¿qué significa cada una de ellas? No lo inventé yo, lo dice el sociolingüista William Stewart. En la actualidad la lengua española está muy estandarizada, pero no siempre ha tenido todas esas características. La historicidad se refiere al uso continuado de la lengua a lo largo del tiempo, antes el español era latín y antes de ser latín era indoeuropeo, es decir, se remonta muy atrás. La vitalidad se refiere a la cantidad de hablantes que tiene una lengua, y por otro lado al prestigio que tiene ésta en la diplomacia, el cultivo de la ciencia o en la literatura. Hoy día el español tiene millones de hablantes, de hecho es de las lenguas más habladas del mundo, y además posee prestigio en ámbitos como la diplomacia internacional. No es una lengua que quede invisible en la esfera pública. Luego, la autonomía se refiere a que la gente pueda hacer su vida plenamente sin la necesidad de acudir a otra lengua. Hoy día el español tiene mucha autonomía, pero no siempre la tuvo; por ejemplo en la Edad Media en lo que hoy se conoce como España, era una lengua que estaba subordinada al latín, el latín era la lengua visible en la esfera pública. Es Alfonso X de Castilla quien empezó a usar el castellano como lengua oficial, ahí adquirió autonomía el castellano.

Por último, la normativización tiene que ver cómo se va construyendo la norma, a veces en términos de un imaginario ideal, un punto de referencia al que se supone que deberíamos aspirar. Esto se refleja en los códigos que están en un diccionario, una gramática u ortografía. Lo mismo pasa con el castellano, en la época medieval el castellano no tuvo ese tipo de objetivaciones, a pesar de que la norma puede funcionar implícitamente. Son procesos graduales de adquisición de esta condición de lengua estándar que están insertos en el entramado histórico, político y social. ¿Cómo es la evolución del lenguaje en España y cómo llega a América? Esto parte cuando el imperio romano coloniza lo que luego se llamó Hispania, y llegan hablantes de latín a España y empiezan a desaparecer las lenguas indígenas de la península, a excepción del vasco que fue la única que sobrevivió. En las distintas regiones de la península se hablaron variedades de latín que son las raíces de lenguas romances como el castellano, el catalán, el gallego u otros. En la Edad Media, los cristianos del norte empiezan a recuperar territorio hacia el sur; ahí el dialecto específico de la zona de Castilla empieza a transformarse en una potencia lingüística. En estos procesos repoblaron la zona personas de León, Asturias y el País Vasco, entre otras zonas, algunos de los cuales hablaban español como segunda lengua. Por ello (la migración y el contacto) esta situación acarrea la simplificación y nivelación de ciertas zonas de los sistemas lingüísticos. En América, los españoles llegan del sur de España y además ocurre de nuevo este proceso de contacto de gente de distintas procedencias. Asimismo los indígenas aprenden como

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segunda lengua una variedad de español, lo que nuevamente genera una simplificación y nivelación de los sistemas lingüísticos. ¿Cuál es la influencia de Andrés Bello en el lenguaje de Chile? Lo que hizo Andrés Bello a comienzos del siglo XIX fue tratar de cambiar la forma de hablar de las masas chilenas, porque consideraba que atentaba contra su ideal que era la unidad del idioma. Él quería que los hispanohablantes habláramos parecido, sobre todo las clases cultas de América. Bello escribió varios libros en los que se dedicaba a censurar variantes como “tení” o “abogao”. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito, a excepción quizás del caso del voseo: se cree que él fue el responsable de que el pronombre “tú” se use de forma alternada con el pronombre “vos” (gran parte de los chilenos de entonces usaban exclusivamente el “vos”). Asimismo, fue quien contribuyó a formar el imaginario de que en Chile hablamos mal.

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¿Cuáles son las características de la lengua en nuestro país? No es que sean cosas solo chilenas, son cosas que marcan una especie de identidad lingüística chilena, pero es compartida con otros países, por ejemplo en lo que respecta a la pronunciación de consonantes, como es el caso del seseo y el yeísmo, que corresponden a la disolución de distinciones entre sonidos. Hay también otros fenómenos de pronunciación que tienen que ver con, por decirlo así, el ablandamiento o suavizamiento de consonantes finales de sílabas, y eso pasa con la s, d, l , r y con algunas otras más, son como esos dos grupos de tendencias de la pronunciación. También existen particularidades en el léxico: hay palabras muy comunes y corrientes que son dialectales, por ejemplo huincha, y estas palabras van marcando identidad nacional o regional.

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¿Es distinto el español chileno que se habla en la capital al que se habla en regiones? En Chile hay una diferencia notoria entre lo urbano y lo rural. A diferencia de Argentina o Colombia, en los que hablan distinto dependiendo de la región, en nuestro país no se distingue tanto si una persona es de Iquique, La Serena o Talca sólo escuchándolos hablar porque no hay diferencias de pronunciación; en cambio, existe respecto a si una persona proviene del campo o la ciudad. ¿En qué sentido se nota esta diferencia? ¿En la gramática, vocabulario o en el acento? Hay diferencias en la gramática, vocabulario y acento por ejemplo “shansho”, en muchas partes del campo no está marcado socialmente, pero si lo está en la ciudad; otras variantes son “losotros”, “dispertar” o el “mesmo”, que aunque también se escuchan en Santiago y se vinculan al estrato económico bajo, son arcaísmos provenientes de formas muy antiguas del castellano. Este proceso está marcado socialmente por la migración campo-ciudad que posicionó a la gente del campo en el estrato sociocultural bajo. Además de la clase social, lo urbano y lo rural son las dos dinámicas más fuertes de diferenciación lingüística. Hoy el inglés es relevante porque se ocupa como idioma universal. En su libro usted asegura que hay más de 400 millones de personas que hablan español. En este contexto, ¿debería el español considerarse como lengua universal en materias importantes como la cooperación internacional, el medio ambiente o los derechos humanos? Sí, yo creo que es bueno que exista una especie de punto denominador común entre las distintas formas de hablar castellano en


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Hispanoamérica y en España justamente para fines de la comunicación internacional, siempre y cuando este estándar no termine por imponerse o suplantar a las formas locales. Creo completamente posible y sano que las formas regionales convivan con un estándar internacional, cada una con su legitimidad. Es bueno y necesario, pero tampoco me pondría en una actitud demasiado defensiva respecto al inglés, no lo veo como cosa excluyente de que el español se potencia como lengua de comunicación. La Cumbre Judicial Iberoamericana está elaborando un diccionario jurídico panhispánico. ¿Qué le pareceeste tipo de iniciativas? C

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Esa podría ser una buena herramienta para tener conocimiento de los distintos significados o los distintos usos que hay en los países. En los contextos de comunicación ya de la alta esfera de la vida pública y sobre todo a nivel de especialistas, lo que se espera es que ojalá haya un alto grado de uniformidad, pero no siempre ocurre. Es relevante, en este sentido, conocer estas variaciones para facilitar el acercar el lenguaje jurídico al lenguaje de la gente común. Con el uso de nuevos medios de comunicación como por ejemlo Whatsapp, las palabras cada vez se van abrevieando más, y se hace un uso mayor de imágenes para transmitir información. ¿Afecta esto a la comunicación? Hoy día lo que está pasando es que las tecnologías están facilitando que la comunicación se haga mucho más multimodal, ya no se basa solamente en el lenguaje, en el sentido de la palabra hablada o escrita, sino que también se va mezclando esto con la imagen en términos de foto o de video, es más o menos un signo de los tiempos. Si este tema lo plantean en cuanto a qué tanto afecta o puede empeorar la situación lingüística, no creo que empeore, de hecho tengo la impresión que esta multimodalidad de la comunicación que se da en internet potencia más las habilidades comunicativas.

¿Hay una involución del lenguaje por el uso de las abreviaturas en la transmisión de mensajes vía medios digitales? Eso de comunicarse en códigos siempre ha ocurrido. Lo mismo le podrían haber criticado a los escribanos de la Edad Media, que para ahorrar papel ponían todo en abreviatura. En la actualidad, el tema de comunicarse por ejemplo en whatsapp con abreviaturas no es algo que implique una involución, de hecho es más bien al contrario, es una adaptación evolutiva que tiene sentido. Claro, el problema sería que uno crea que es la única forma posible de comunicarse y desconozca que hay otros contextos donde se requiere expresarse de otra manera que permita satisfacer necesidades como expresar ideas complejas o desarrollar un argumento. Uno habitualmente no puede desarrollar un argumento muy complejo solamente con las dinámicas comunicativas que usan en Whatsapp. En Chile la población migrante ha crecido en este último tiempo, ¿considera que existe tolerancia en nuestro país respecto al uso de otras lenguas? Que estén llegando hoy en día inmigrantes que hablan lenguas distintas al castellano va a presentar un desafío, por ejemplo en la educación, pero por otro lado puede tener un beneficio porque en la medida de que sean más, va a ir cambiando nuestra mentalidad monolingüe y quizás en el futuro los chilenos aprendamos a entender que es normal que la gente hable distinto y no tengamos problemas con eso. Yo creo que tiene que haber detrás una campaña educativa, que ayude a entender las distintas maneras de hablar como parte de la identidad del otro, como un patrimonio cultural, creo que eso debería tener como efecto el surgimiento de actitudes más tolerantes en la sociedad chilena.

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“LA DISCAPACIDAD ESTÁ EN EL

ENTORNO Y EN LAS BARRERAS QUE GENERAN EXCLUSIÓN”

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Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad Chile


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ENTREVISTA

¿Por qué ya no se habla de “discapacitado”, sino que de “personas con discapacidad”? ¿Cuál es la relevancia de un lenguaje adecuado para la identidad en la sociedad? Estas son algunas dudas que resuelve el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Daniel Concha, quien en esta entrevista aborda no sólo el uso de un lenguaje inclusivo, sino que la relevancia de este para comprender la discapacidad en Chile.

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Él promueve el concepto de personas como lo central, puesto que ayuda a visibilizar las barreras que generar la exclusión y, por último, la discriminación. Dice que en el uso de un lenguaje adecuado subyace el significado de comprender la discapacidad.

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¿Cuál es la importancia de informar sobre el uso correcto del lenguaje para personas con discapacidad?

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En nuestro país están vigentes la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que Chile ratificó el 2001, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada el 2008 y como consecuencia de esa ratificación, está la ley 20.422 de igualdad de oportunidades. Éstas nos invitan a una actualización de nuestros cuerpos legales que son muy buenos, pero que fueron hechos bajo paradigmas distintos. Uno es el paradigma tradicional en que se veía a la persona con discapacidad como objeto de asistencia, y de ahí vienen terminologías antiguas como minusválido o inválido. Posterior a las luchas de los 50 y 60, en Europa y Estados Unidos surge el lema: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Fruto de eso, a comienzos de 2000 surge la idea de poder tener una convención para las personas con discapacidad desde las mismas organizaciones, es decir, se hace realidad ese “nada sobre nosotros sin nosotros”.

Chile tiene un rol importante en esa historia por el trabajo realizado por la abogada María Soledad Cisternas, Premio Nacional de Derechos Humanos, quien fue parte del equipo redactor de esa convención. En el documento, el concepto que se utiliza es “personas con discapacidad”, poniendo primero la palabra “persona” porque es lo más importante, reafirmando que son sujetos de derecho como todo ciudadano y luego “discapacidad”. En el preámbulo de la Convención se afirma que la terminología para referirse a las personas con discapacidad es dinámica y que depende del tiempo. Hay personas que todavía siguen diciendo “inválido”, “minusválido” o “discapacitado”, que son conceptos inapropiados. Es por esta razón que el Senadis hizo un manual pensando sobre todo en periodistas y comunicadores, de manera de avanzar en un cambio cultural. También tenemos que conversar con el Poder Judicial a fin de revisar la terminología que ocupan en los cuerpos legales tan antiguos como el Código Civil, que sigue tratando a personas con discapacidad mental y sensorial como incapacitados o incapaces. ¿En qué contexto se enmarca? Sabemos que tiene un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo se consensuaron estos términos? Los países tienen distintas maneras de definir la discapacidad. Por ejemplo en Venezuela no se habla de personas con discapacidad, sino de personas que tienen distintas funcionalidades. Por tanto, costó que las distintas organizaciones de diversos países tomaran una terminología común. Según María Soledad Cisternas, cuando se generó propiamente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue un gran escollo poder decidir cuál iba a ser el termino apropiadoBásicamente se suscribe el término que ya se venía ocupando en Estados Unidos y Canadá que es “person with disability” que literalmente es la persona con discapacidad.

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ENTREVISTA Lo otro que se explicita en el preámbulo es que es un término dinámico en el tiempo, porque claramente va cambiando según la época. En la actualidad la discapacidad no puede ser la identidad, la carencia o la deficiencia, sino que tiene que ver con el desempeño. La persona encuentra la discapacidad cuando no tiene apoyos, adecuaciones o asistencia. Aquí coloco el ejemplo de Stephen Hawking, que es uno de los más grandes físicos y astrónomos que tenemos hoy en día. Él necesita un asistente, ayuda técnica, apoyo, adecuación y con todo eso es capaz de desenvolverse como uno de los más grandes físicos y astrónomos. La discapacidad está en el entorno y las barreras que generan exclusión. Y a medida de que la sociedad avanza se van disminuyendo barreras actitudinales. Lo dice la Convención: la barrera más difícil es la actitudinal. Un ejemplo muy simple es que hasta el día de hoy nosotros seguimos llamando niños a personas adultas con síndrome de Down.

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Esto es claramente una manera de discriminar, por eso que es importante, el lenguaje y por eso que es importante el poder basarnos en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y en Chile en la ley 20.422, que es una ley que promueve la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

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¿Han hecho alguna observación o estudio respecto de la jurisprudencia o de las sentencias? Frente a la legislación nosotros estamos trabajando, sobre todo, en términos de capacidad jurídica. En ese sentido, un aspecto de ese estudio, que se hizo con académicos expertos en derecho civil, con el Ministerio de Justicia y el equipo de estudio de su Departamento de Derechos Humanos, es el desafío de la modificación sobre cómo se refiere el Código Civil a las personas con discapacidad, específicamente a las personas con discapacidad intelectual, mental y sensorial. No podemos declararlas incapaces o que estén destinados a tener una muerte jurídica. Tenemos que trabajar en cómo presentamos un

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proyecto de ley, pero antes debemos generar acuerdos, que es una piedra fundamental para muchas otras cosas, como por ejemplo, que personas con discapacidad puedan casarse, puedan firmar su propio contrato, sobre todo las personas con discapacidad intelectual. Y quizás lo más profundo, que se escapa al tema de lenguaje fácil, es la transformación de los sistemas de interdicción y apoyo, que son procesos muchos más largos. Por ejemplo, en Costa Rica, la persona va a ser apoyada cuando necesite una decisión en cual se compruebe que no pueda entender lo que ese está decidiendo. Inglaterra, España, Costa Rica, Argentina y Brasil nos hicieron observaciones al borrador del proyecto, respecto a qué entendíamos por capacidad jurídica. Por tanto, volvió la importancia de que los cuerpos legales, en particular, el Código Civil pueda estar más acordes a la terminología que ocupa la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Han abordado el acercamiento a jueces y el tema de redacción de sentencias? Lo hemos abordado. Con el Subdepartamento de Derechos Humanos y Asesoría Legislativa tenemos el programa de Acceso a la Justicia en el que llevamos una revisión de la jurisprudencia al respecto. El Senadis, con la colaboración de la Corporación de Asistencia Judicial, está promocionando el tema de los derechos de las personas con discapacidad, y al mismo tiempo revisando sentencias. Lo otro importante de destacar es que tenemos un convenio de colaboración con la Corte Suprema, en el marco del cuál durante dos años hemos impartido talleres a lo largo de todo Chile, sobre todo dirigido a jueces y funcionarios del Poder Judicial y hemos avanzado en el acceso a la justicia principalmente. Respecto del proyecto de acceso a la justicia de personas con discapacidad, ¿se consideró el uso de un lenguaje inclusivo, como por ejemplo


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ENTREVISTA el uso de lengua de señas en instituciones públicas? Dentro de la Convención, en el artículo tercero, se habla sobre la comunicación y en ese sentido la lengua de señas es una lengua más dentro de la cultura humana. Hay un error en definirla solo como medio de comunicación. Desde el siglo XX hacia adelante, se vuelve a rescatar la lengua de señas como un patrimonio cultural de la cultura sorda, es decir, es un lenguaje que no ocupa sonidos, sino que señas a través de las manos. Incluso existe una lengua de seña táctil.

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Nosotros como servicio, a través del programa Acceso a la Justicia, tenemos la posibilidad de financiar intérpretes de lengua de señas para persona sordas que estén en un proceso o que tengan que hacer algún trámite ante la justicia. Evidentemente, los recursos que tenemos son limitados. Asimismo, el número de intérpretes de lengua de señas a nivel nacional también es limitado, y en ese sentido, las distintas organizaciones se están poniendo de acuerdo a fin de certificar a las personas que están autorizadas para hacer esta interpretación de lengua de señas. ¿Existen distintos tipos de lengua de señas dependiendo de la zona geográfica o país? Nosotros tenemos la lengua de señas chilena y en cada región hay señas que son distintas. Así como el español tiene sinónimos, la lengua de señas es rica, diversa y compleja. Hay una lengua de señas internacional que todos entienden, que se ocupa por ejemplo en las conferencias de Estados Partes, cuando se juntan los países que suscribieron la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero junto con eso están las lenguas de señas de Chile, de Perú, de Colombia, etc. En el documento de medidas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad ¿se pone el foco en una atención de público inclusiva para que los funcionarios puedan acoger a las personas con discapacidad?

Además del programa Acceso a la Justicia, está el Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC). Nosotros compartimos y transmitimos a otras instituciones cual es nuestra experiencia atendiendo a las personas con discapacidad, y si no me equivoco, en el convenio de colaboración con el Poder Judicial también se pone énfasis en la atención inclusiva. Por ejemplo, cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual para transmitirle ideas complejas en un lenguaje corto y comprensible. En ese sentido, como Servicio Nacional de la Discapacidad tenemos manuales de atención de público que capacitan al personal respecto a lengua de señas básica, para que un funcionario sepa recibir a una persona sorda que llegue a nuestras oficinas o dependencias. También en cómo hacer nuestros sitios web más accesibles. Otro tema, es lo que se puede hacer a través de la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Destaco la Fundación Down 21 que está en conversaciones con España para transformar textos en lectura fácil, que es una manera de poner el texto con palabras entendibles para que una persona con discapacidad intelectual pueda leerlos. En este ámbito, tenemos el desafío de hacer nuestras bases para los concursos de fondos públicos de manera de que sean más asequible para personas con discapacidad intelectual, porque nos dimos cuenta que nuestras bases eran muy complicadas. Respecto a la ley de inclusión laboral, hay que transformar el reglamento a la lengua de señas para personas sordas. Otro desafío que podría tener el Poder Judicial es que las sentencias sean explicadas para que una persona con discapacidad intelectual entienda. Último ejemplo de esto, es lo que está pasando con la Academia Judicial que derogó el artículo que impedía a personas ciegas ser jueces. Me reuní con su director quien me contó que ya están haciendo adecuaciones curriculares porque hay una persona ciega que está postulando para entrar a la Academia

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ENTREVISTA Judicial, y el objetivo es evaluarlo en igualdad de condiciones. Ejercicios como ese, derriban barreras y generan un acceso a la comunicación e información. Estas acciones hacen que la justicia o programas sociales sean más accesibles para las personas con discapacidad. Es una tarea larga, yo creo que estamos recién aprendiendo como país, pero ya están las bases para empezar. ¿Existen nudos críticos al avanzar en el acceso a la justicia en relación al lenguaje inclusivo? Voy a ponerme bien práctico: para personas sordas faltan intérpretes. Muchas veces nosotros tenemos programas de apoyo a estudiantes en educación superior donde financiamos a intérpretes en lengua de señas. Pero en regiones no hay suficientes intérpretes, entonces hay que recurrir al hermano o a un pariente que pueda hacer la traducción.

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Respecto al acceso a las instituciones, por ejemplo ha sucedido en regiones, casos en que las personas sordas han sido arrestadas sin que se les informen sus derechos en lengua de señas. En este sentido, se ha avanzado en ciertos programas. A nivel nacional así como de creación de una cultura inclusiva, todavía falta mucho, y eso creo que se va ir logrando poco a poco. También las organizaciones sociales que, en Chile son muchas y muy activas, nos van informando cuáles son esos nudos críticos y nos hacen mantenernos constantemente alertas para seguir avanzando en una sociedad más inclusiva. Otro ejemplo de nudo crítico, tiene que ver con los sitios web de las instituciones públicas y del Poder Judicial que no son todavía completamente accesibles, así también la infraestructura, entre otros.

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Hay personas que todavía siguen diciendo “inválido”, “minusválido” o “discapacitado”, que son conceptos inapropiados. Es por esta razón que el Senadis hizo un manual pensando sobre todo en periodistas y comunicadores, de manera de avanzar en un cambio cultural.

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En relación a los nudos críticos, ¿hay resistencias para solucionar esos problemas?

lengua de señas online para la persona sorda, entre otras.

En la medida en que como sociedad nos demos cuenta que invertir en inclusión es un beneficio para todos, se aumentarán recursos en materia de discapacidad. Nosotros como Senadis somos un servicio pequeño de 195 personas a lo largo de todo el país: Contamos con recursos muy limitados y tratamos de hacer lo que más podemos, por esto siempre trabajamos con colaboración. En ese sentido hemos podido llegar a los tribunales mediante el convenio con el Poder Judicial.

Cuando se plantea que haya justicia más accesible para todos, no va a beneficiar solamente a las personas con discapacidad, sino que va a beneficiar a todas las personas.

Incluso las empresas privadas han avanzado, a través del programa Sello Chile Inclusivo, que partió hace seis años y ahora ya vamos en 103, con el que se ha logrado incorporar el tema de la inclusión laboral, acceso a las páginas web y acceso a la infraestructura. El banco BCI fue uno de los ganadores del sello, pero no se quedaron ahí, sino que después de eso siguieron por su cuenta y hoy en día en su planificación estratégica consideran la accesibilidad como algo importante. Así cuentan, por ejemplo, con sus productos financieros como las tarjetas en Braille, para diferenciar las tarjetas de crédito y de débito, atención con intérprete de

¿Cuáles son los beneficios para las personas con discapacidad cuando las instituciones hacen uso de un lenguaje claro a fin de que ellos comprendan los mensajes que se les informa? Nosotros como sociedad nos damos cuenta que por mucho tiempo han existido ciertas barreras y hemos puesto los medios para adecuarlas y poder eliminarlas. Al hacer esto, estamos reconociendo a las personas que por mucho tiempo no fueron reconocidas en la sociedad chilena, y por eso que es muy importante que en el Poder Judicial se esté haciendo este esfuerzo. Todos sabemos que la justicia es algo que todos buscamos cotidianamente y nos sirve para resolver nuestros problemas como sociedad, pero a veces parece muy inaccesible el tema de lenguaje, si ya es difícil para un ciudadano, imagínese para una persona que por mucho tiempo no fue reconocida.

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“HEMOS PREFERIDO EL ACERCAMIENTO A LOS CONTENIDOS DE MODO INTUITIVO, SENSORIAL Y SIMBÓLICO, NO CONCEPTUAL”

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Marlene Díaz y Eduardo Valenzuela 96

Autores del libro La Mesa de Todos


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La iglesia católica, difunde el contenido eclesiástico a personas con discapacidad cognitiva, a través del libro “La Mesa de Todos” usando un lenguaje sencillo, imágenes y la adaptación de los pasajes bíblicos, acerca el mensaje religioso a todos los feligreses. En esta entrevista sus autores, Eduardo Valenzuela y Marlene Díaz se refieren a la creación del libro que se ocupa en las catequesis, y cómo se vincula la teología con las ciencias educativas. El enfoque del texto es el desarrollo potencial de las personas, no en la discapacidad, sino que en las capacidades.

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La “Mesa de Todos” fue parte de un proyecto realizado por el Área Eclesial de la Conferencia Episcopal de Chile y contó con el financiamiento de la Cuaresma de Fraternidad que es una iniciativa que tiene por objeto desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

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¿Cómo nace la idea de crear un libro especial para personas con discapacidad cognitiva? La atención de la Iglesia hacia las personas en condición de discapacidad, es una actitud permanente en la pastoral. Son muchas las iniciativas que realiza la Iglesia en apoyo a niños –o que tienen edad mental de niños pero que muchos son adultos- con discapacidad cognitiva, de sus familias, con especial acento en la dimensión social. Fundaciones, congregaciones religiosas, escuelas, parroquias, etc., han dedicado muchos esfuerzos y recursos en esta tarea. En particular, en las pastorales catequísticas existen desde hace muchos años grupos de catequesis especial, con sus catequistas especiales, textos especiales y, como se les dice cariñosamente, niños especiales. Estos grupos, que han funcionado regularmente separados de los otros grupos de catequesis, tienen un día especial para realizar sus sacramentos y son, por cierto, muy queridos en las comunidades.

¿Qué faltaba entonces? Dar un paso más y pasar de una catequesis especial a una inclusiva, es decir, que no separe a los niños para realizar su iniciación cristiana, sino que los incluya en las catequesis cotidianas realizando las correspondientes adaptaciones educativas. Esto nos exigía no solo un cambio de lenguaje, sino también la necesidad de renovar la metodología y la creación de materiales catequísticos nuevos que propiciaran hacer de la Iglesia y de la catequesis “Una mesa para todos”. Ese es el origen de los documentos que publicó la Comisión Nacional de Catequesis y que se concretaron en la publicación de este subsidio educativo. La renovación metodológica que actualmente está viviendo la catequesis pastoral, ¿es un fenómeno que se está llevando a cabo en todas las dimensiones de la Iglesia? ¿De qué forma se está abordando? ¿Qué herramientas se están utilizando? En la pastoral catequística se aprende que la metodología tiene un doble afluente: la teología y las ciencias educativas. En ese sentido se produce una especie de tensión cuando planteamos el problema de la renovación metodológica, porque renovar en catequesis implica en primer lugar volver al comienzo para descubrir las fuentes inagotables del evangelio y reconocer en la pastoral de Jesús, cómo se relaciona con las personas humildes y sencillas; con aquellos que ayer y hoy son los postergados de la sociedad. Cuál es su lenguaje y actitud hacia ellos, cómo los invita a la mesa del reino; en definitiva, cómo los incluye en la buena noticia del Evangelio. Pero esa mirada se hace desde la educación actual, haciéndose cargo de la renovación que ha habido, particularmente en los conceptos de aprendizaje cooperativo, aprendizaje activo, diseño universal de aprendizaje, educación inclusiva, etc. Los manuales de catequesis están en transición de métodos basados en largas exposiciones de catequistas, cuestionarios para contestar por escrito o en voz alta, dibujos, es decir, una catequesis que ponga el acento en el aprendizaje y no en la enseñanza.

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Se trata de usar métodos activos, porque no existe otra forma mejor de aprender que involucrarse en el proceso; particularmente en catequesis, donde más que adquirir un concepto se trata de encontrarse con Cristo que impacta todas las dimensiones de la vida. Eso es lo que hoy llamamos iniciación cristiana que es el principal eje de motivación catequístico actual. El Diseño Universal del Aprendizaje, teoría utilizada para crear el libro, plantea que “todo contenido debe ser planificado de modo tal que el alumno utilice distintos canales de aprendizaje, bajo la premisa de que todo niño/a tiene áreas en las cuales naturalmente es más competente que en otras”. En este sentido, ¿cuál es la importancia que tiene el lenguaje para transmitir el conocimiento al niño o niña con discapacidad cognitiva?

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Desde la perspectiva de la discapacidad, existen dos maneras de mirar a una persona: desde lo que le falta o es débil o desde sus capacidades o fortalezas. La educación tradicionalmente ha tratado a las personas con discapacidad desde el primer enfoque, refiriéndose a ellos en virtud de sus trastornos: DEA (Dificultades específicas del aprendizaje), discapacidad visual, discapacidad auditiva, TDA (Trastornos de déficit atencional), entre otros. De hecho la misma expresión persona con discapacidad o discapacitado, hace referencia al mismo enfoque. Un cambio de mirada consiste en reconocer en un niño/a en situación de discapacidad a una persona esencialmente sana que tiene un hándicap específico, pero con una zona de promesa o desarrollo potencial que permanece intacta en las demás capacidades.

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Esta perspectiva es esencialmente inclusiva, porque todos compartimos la condición de ser más fuertes en algunos aspectos que otros. De fracasar o ser débiles en algunas tareas y ser más competentes en otras. Ahora bien, a nivel metodológico esto se puede traducir en lo que se denomina DUA o Diseño Universal de Aprendizaje, que en la práctica consiste en diseñar itinerarios formativos que permitan

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acercarse al aprendizaje desde distintos enfoques en los cuales los niños pueden usar sus diferentes capacidades para acceder a la comprensión de los contenidos. Una catequesis que basa, por ejemplo, sus métodos fundamentalmente en la lectura, en responder preguntas por escrito o a través del diálogo favorece solo a los que tienen capacidades lingüísticas y no a todos. Si en cambio, usamos diversos lenguajes, expresiones y materiales educativos aseguramos que todos tengan más posibilidades de aprender. Las rampas no sirven solo para que accedan quienes tienen una discapacidad física, sino todos los que quieran hacerlo. Cuando desarrollamos el texto “La Mesa de Todos” procuramos que los catequizandos tuvieran a su disposición la mayor variedad posible de material didáctico, permitiéndoles a los niños/as jugar, realizar actividades plásticas, actuar, hacer títeres quedando además todo lo que puede diseñar el catequista con su propia capacidad creativa. Todas estas actividades están disponibles para todos y pueden ser una oportunidad para fortalecer la vivencia comunitaria inclusiva. Como características generales de la propuesta realizada en el libro, se mencionan la sencillez, la riqueza expresiva, lo comunitario, que sea básica y familiar y por último inclusiva. ¿Cómo se trabajó el lenguaje sencillo para los niños? La sencillez es clave en cualquier texto catequístico, cuánto más importante lo es en este tipo de materiales. Sencillez en este texto significa cosas muy concretas: elegir pocos temas, ojalá los más importantes, procurando facilitar su comprensión. En catequesis hay temas que pueden ser muy complejos de explicar y no estamos hablando solamente de la Trinidad, sino de muchos temas con una base teológica y filosófica de un lenguaje muy conceptual. Por esa razón, para el libro elegimos contenidos directos y concretos, que fueran “narrables”, es decir, que se pudieran “contar” a los niños.


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Por eso los textos bíblicos fueron parafraseados y no tomados literalmente de la Biblia y se presentan acompañados de imágenes en un método similar al que ocupa el “cuentacuentos”, teniendo como objetivo que el niño/a pueda contar con sus propias palabras la historia. Es interesante saber que la fe se transmitió porque hubo quienes al escuchar la historia, aprendieron a contarla a los demás.

con el catequista y ser un soporte para los niños/as incluidos en el grupo. Funciona de modo muy parecido a la forma como alguien enseña a andar en bicicleta a un niño: toma el sillín, camina al lado, anima, ayuda con las instrucciones, acompaña y deja andar; y todo esto en el contexto de un grupo de niños que ya son hábiles andando en bicicleta o que están aprendiendo junto con él.

La comunidad, por otra parte, es la primera catequista, que le enseña al catequizando la fraternidad, la celebración y el servicio a los demás. En primer lugar está el grupo base del niño en el cual participa de manera cotidiana y que es el ancla comunitaria que lo vincula a la parroquia. Ahí encuentra no solo amigos, sino hermanos de vida con los cuales camina hacia un encuentro más pleno con el Señor. Es en la celebración eucarística donde el catequizando cristaliza la experiencia de sentarse a compartir la vida en una misma mesa que es de todos y para todos.

Además de la formación metodológica general de todo catequista, este subsidio requiere de competencias específicas. Por ejemplo la capacidad para narrar o contar historias, en este caso los relatos del Evangelio de manera comprensible y atractiva para niños. Hay que recordar que los textos bíblicos tienen un lenguaje que puede ser de muy difícil comprensión para cualquier persona, cuánto más para un niño con cierta discapacidad cognitiva.

¿Qué importancia tiene que el catequista esté capacitado para transmitir el conocimiento a las personas con discapacidad cognitiva? ¿Qué características debe tener el catequista? El perfil del catequista que hace catequesis inclusiva es muy diferente al catequista de catequesis especial. Los especiales son catequistas extraordinarios porque poseen una mística muy distintiva que los hace un grupo altamente comprometido con su trabajo pastoral. Por otra parte, están acostumbrados a trabajar bastante aislados porque regularmente trabajan solo con su grupo en la parroquia y a veces les cuesta articular su función con otros catequistas, probablemente por su alta especialización. La diferencia fundamental en la catequesis inclusiva es que ya no hay más grupos de catequesis especial, es decir, el catequista ya no trabaja con el grupo aparte, sino que hace co-catequesis en la misma sala en la que están todos los niños. Su función es colaborar

También es clave la capacidad de animar las actividades, de conducirlas y de traducirlas a un significado más profundo. Por otra parte, se requiere que el catequista sepa leer y hacer leer signos a los niños. Hemos preferido el acercamiento a los contenidos de modo intuitivo y simbólico, no conceptual. Muchas veces sensorial. El catequista debe ayudar a que el niño los lea desde la sencillez y profundidad de la que es capaz. ¿Cuáles son los beneficios u aportes de incluir a las personas con discapacidad cognitivas en las vivencias celebrativas (litúrgicas), diaconales (servicio) y fraternales de la pastoral? La primera favorecida es la comunidad. La Iglesia es mejor cuando en ella participan de manera plena, sin distinción alguna, todos los bautizados. Se produce este doble efecto de ser una comunidad humanizante, porque reconoce y valora la igualdad fundamental de todas las personas; y humanizada porque se enriquece con la diversidad de las personas que aportan desde su condición a la construcción

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de la comunidad. Esta inclusión en un proceso catequístico que se vive de manera directa en las vivencias de servicios al prójimo porque todos tienen algo que dar a los demás; en las vivencias fraternales o comunitarias porque todos aportan a la construcción de la Iglesia; y finalmente se cristaliza en la celebración litúrgica, que es la celebración de la comunidad donde todos nos sentamos a la misma mesa a compartir el Pan de Vida que es el mismo Jesús. ¿Cuáles son los principales obstáculos que han encontrado en este proceso de creación del libro? El principal obstáculo es quedarse con las formas antiguas de hacer esta pastoral. Muchas

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personas no distinguen lo que es una catequesis inclusiva, de una catequesis que se hace de modo segregado, en la forma de catequesis especial. Por eso evalúan los temas, el itinerario y la metodología pensando en un texto tradicional de catequesis y eso no es lo que se diseñó con “La mesa de todos”. Este subsidio es un recurso para realizar catequesis para niños en condición de discapacidad en el contexto de los grupos en los participa de manera permanente, no en grupos especiales. Esto implica reperfilar a los catequistas y darle nuevas herramientas para hacer su función de modo fundamentalmente cooperativo. ¿Es fácil esto? De ningún modo va a ser fácil de lograr en un corto plazo. Se deberá lograr paso a paso. Los programas de formación para este efecto serán claves.

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Dar un paso más y pasar de una catequesis especial a una inclusiva, es decir, que no separe a los niños para realizar su iniciación cristiana, sino que los incluya en las catequesis cotidianas realizando las correspondientes adaptaciones educativas.

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“SI QUEREMOS UNA MEJOR SOCIEDAD DEBEMOS COMENZAR A DISEÑAR LA INFORMACIÓN PARA SER COMPRENDIDA POR TODOS”

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Irma Iglesias Fundadora de la Fundación Down 21 de Chile 102


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¿Pueden leer las personas con síndrome de Down? La respuesta es afirmativa, y en esta entrevista, la fundadora de la Fundación Down 21 cuenta que con “la desdramatización, esperanza, optimismo, voluntad y perseverancia” se puede avanzar en una educación integral. También presenta el método de lectura global, que mediante la comprensión de la palabra completa acompañada de imágenes, permite que las personas con síndrome de Down puedan salir de la marginalidad de la palabra escrita, integrarse, y asimismo, “fortalecer la confianza y abrir la puertas del mundo”, asegura Irma Iglesias. ¿Cómo nació la fundación, quiénes la integran y cuáles son sus principales objetivos?

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Generalmente los derechos de las personas con síndrome de Down se vulneran. Antes, cuando no lo sabían, las familias lo callaban y no decían nada. Ahora nosotros sabemos que tenemos que reclamarlos. Así nace la fundación Down 21 de un pensamiento de sentido común. No pueden existir ciudadanos de segunda clase, solo por ser distintos. Creemos que el contacto con la diversidad enriquece, transforma al ser humano y conseguir que niños y jóvenes convivan con la diversidad y diferencia, conociendo la riqueza de sus valores, supone una revolucionaria transformación. Somos una red de padres, instituciones y profesionales que emprendimos una larga carrera que no tiene meta, porque es infinita. Estamos dispuestos a trabajar por el realismo, la desdramatización, esperanza, optimismo, voluntad y perseverancia en la educación de las personas con síndrome de Down, porque sabemos que ese es el único camino para darles un mañana mejor a ellos y para una sociedad necesitada de la diversidad para ser más humana. Trabajamos impulsando normas y disposiciones administrativas para fomentar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El trabajo permanente que ustedes realizan por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad, ¿ha encontrado obstáculos? ¿El lenguaje es uno de ellos? Uno de los principales obstáculos es que necesitamos que las propias personas con síndrome de Down conozcan sus derechos, en un lenguaje sencillo, asequible. No debemos olvidar que muchos de ellos tienen que confiar en que las personas de su entorno, de las que dependen, no traicionen su voluntad o los manipulen. A las personas con discapacidad se les niegan habitualmente los siguientes derechos básicos: recibir una educación inclusiva, trasladarse libremente de un lugar a otro, llevar una vida independiente en la comunidad, obtener empleo, aun cuando tenga la debida preparación, tener acceso a información, obtener la debida atención médica, ejercer sus derechos políticos, como votar, tomar sus propias decisiones o la capacidad jurídica. ¿En qué consiste el método de lectura global y cuáles son los mayores beneficios para las personas con síndrome de Down? ¿Qué lo distingue del método tradicional? Es preciso señalar que para la enseñanza de la lectura no hay “recetas mágicas” que hacen posible un aprendizaje de la lectura en pocos días y sin esfuerzo; sabemos que el proceso lector es un trabajo paciente, desafiante, persistente. Ciertamente, la lectura nos libera de la marginalidad que provoca el analfabetismo. Eleva la percepción de uno mismo, de nuestro auto-concepto y autoestima, fortalece la confianza en nosotros mismos y nos abre las puertas al mundo, permitiendo integrarnos en los distintos ámbitos de la sociedad.

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Lo señalado demuestra plenamente la importancia que se le otorga al aprendizaje de la lectura, fundamentalmente en las personas con síndrome de Down. Los esfuerzos que haya que realizar para hacer posible este aprendizaje estarán siempre justificados y serán bien recompensados por quienes se beneficien de él. La diferencia con el método tradicional es básicamente que se les enseña desde lo global a lo específico, apoyándonos en las fortalezas y mejorando las debilidades. Este método ahora se emplea para niños sin discapacidad y para adultos analfabetos. El método global de lectura está basado en la comprensión de la palabra completa acompañada de imágenes.

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La fundación elaboraró en conjunto con la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación los Manuales de Lectura Palabra + Palabras, ¿en qué consisten? ¿Cuál es el rol que debe ocupar el educador y la familia en estos casos?

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El rol principal del profesor es CREER en la capacidad de su alumno y no centrarse en el diagnóstico (el diagnóstico no es un destino). Si bien muchas de las familias de hijos e hijas con síndrome de Down no cuentan con un título que los valide como especialistas en educación, sin embargo, son quienes mejor conocen y comprenden a su hijo/a, por el simple hecho de que son sus padres. De ahí la importancia de reconocer las fortalezas de la familia, y su valor como parte de la indisoluble alianza que debe existir entre padres y educadores, entre escuela y familia. La familia vive inmersa en una red micro social de la que la escuela forma parte. Ambas, familia y escuela, interactúan y comparten a un mismo niño, niña o joven, por lo que es vital establecer alianzas que favorezcan el aprendizaje y el

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desarrollo global del estudiante, permitiendo con ello, que la escuela se informe y comprenda situaciones que ocurren en el plano familiar. Consideramos que son los padres los principales responsables de la formación de sus hijos/as y por tanto, deben implicarse apoyando, aportando información valiosa y acompañando a su hijo/a en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los principales beneficios que aparecen al trabajar el lenguaje claro y sencillo con las personas con síndrome de Down? En su opinión, ¿estamos preparados cómo sociedad para incorporar este tipo de lenguaje en nuestras instituciones? El principal beneficio es que la persona se valida con sus pares. La lectura fácil no es nueva, es diseño universal. Si queremos una mejor sociedad en dónde todos estemos incluidos debemos comenzar a diseñar la información para ser comprendida por todos. Creo que si existe voluntad será posible en un futuro cercano. La metodología de lectura fácil se desarrolla con la finalidad de adaptar determinados textos a los niveles de comprensión de las personas con discapacidad intelectual o con otras limitaciones en la comprensión y aprendizaje de la lectura. Se inscribe dentro de la accesibilidad a la información y documentación escrita, es decir, dentro de una parcela de lo que podemos denominar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a bienes, productos y servicios, principio recogido en la normativa vigente de nuestro país. Algunas características de la metodología de lectura fácil son las siguientes: utiliza un lenguaje simple y directo; estructura el texto de manera clara y coherente; evita los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales; expresa una sola idea por frase; evita en lo posible conceptos abstractos y utiliza fotografías, gráficos o símbolos de apoyo al texto.


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¿Desea destacar algún aspecto respecto del lenguaje en este ámbito? Vivimos una sociedad en la que el acceso a la información, la cultura y el conocimiento se logra principalmente a través de la lectura. Las personas con dificultades lectoras tienen las mismas necesidades de información que cualquier otra persona. Por lo tanto, para evitar su exclusión debemos garantizar que tengan acceso a una gran variedad de textos: información sobre leyes, derechos y obligaciones, información sobre servicios y noticias diarias. C

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“HAY EXPRESIONES QUE EN LA VIDA DE LOS JUECES

Y ABOGADOS SON COMPLETAMENTE ENTENDIBLES, PERO PARA LOS CIUDADANOS SON UN MISTERIO”

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Luis Bates Abogado, académico, político chileno, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado y ex ministro de Justicia 106


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En una oficina rodeada de libros que abordan el ejercicio de la abogacía, las leyes y el acceso a la justicia, el destacado abogado Luis Bates conversa sobre el uso del lenguaje claro como un derecho de la ciudadanía y un medio para que las instituciones públicas otorguen calidez en el servicio. Durante la entrevista da cuenta de su vasta trayectoria como ministro de Justicia, abogado integrante de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidente del Consejo de Defensa del Estado y ex presidente del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional.

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Gracias a su experiencia habla del poder que contiene el lenguaje, particularmente, en profesiones como la abogacía y sobre la terminología engorrosa de las leyes, que no le permiten al ciudadano comprender sus derechos y deberes. Por último, da cuenta del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, que preside desde 2013. Éste tiene como fin construir ciudadanía y fortalecer la democracia mejorando la calidad de la vida cívico–jurídica, ética y valórica de las personas, entre otras cosas, mediante un lenguaje claro. ¿Cuál es la importancia del lenguaje para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos a las instituciones públicas? Y ¿Cuáles son las barreras que impiden a la ciudadanía este acceso? En mi opinión, la importancia del lenguaje jurídico claro y comprensible al ciudadano común, y las soluciones amigables de conflictos son los dos grandes temas del futuro de la justicia, porque se relacionan con la profundización de la democracia, la igualdad ante la ley que incluye la igualdad ante el conocimiento de la ley. En particular el lenguaje claro es un desafío del futuro porque es un tema político. En la medida de que la ciudadanía conozca y entienda las leyes, los valores que hay detrás de ellas, tiene la posibilidad de entenderlas y acatarlas no por la

vía de la sanción, sino por la vía de la convicción y adhesión a los valores que contienen. Las leyes se escriben, se debaten con palabras, pero después que se aprueban vienen los procesos de comunicación, ejecución y aplicación de éstas. Nosotros tenemos en Chile una cultura, según Francisco Antonio Encina en la “Historia de Chile”, de “legalismo”, que quiere decir que todos los temas o problemas se resuelven con leyes, y se le atribuyen a éstas poderes que en la práctica son mucho más limitados. En consecuencia, es indispensable que después de que se redactan las leyes, se trabaje en comunicar las normativas a la ciudadanía. ¿Considera que la ciudadanía comprende las leyes? En mi opinión ese es un ámbito relativamente débil de nuestra sociedad, y en consecuencia, el tema de la claridad y la comprensión de las leyes para el ciudadano común es un tema capital para el futuro de la justicia y la democracia. Yo creo que hay que centrar los esfuerzos en el proceso de la comunicación de las leyes, empezando por escribirlas en términos no vulgares sino que comprensibles y claros para el ciudadano común, sobre todo en las materias que tienen que ver con la vida cotidiana. A veces, ni los abogados entendemos cómo se escriben las leyes cuando se dice: “Modifica el artículo cuarto, la letra J, inciso quinto, del año que modificó” (ríe) Es un puzzle el poder entender de qué se trata la ley. En el ámbito público hay otro tema que se relaciona particularmente con los jueces, en cómo se escriben las sentencias judiciales. Yo redacté muchas sentencias y alguna vez hice el ejercicio, me entretenía con palabras que uno usa como si fueran normales, y que son ininteligibles para el ciudadano común, por ejemplo “el juez ad quo, el juez ad quem, otrosí” todas esas expresiones que en la vida de los jueces y abogados son completamente entendibles, pero para el ciudadano son un misterio.

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Existen aprensiones respecto de utilizar un lenguaje claro y que esto banalice el lenguaje jurídico, ¿cree usted que el lenguaje sencillo es un riesgo para el rigor técnico? Detrás del rigor técnico, hay otro tema muy importante que tiene que ver con el poder. La medicina o la abogacía utilizan un lenguaje propio que es también una forma del ejercicio del poder. Los abogados cuanto más usamos terminología complicada, más fortalecemos nuestro poder. En la medida que transmitimos en un lenguaje comprensible los temas jurídicos, el poder se disminuye, pero es lo razonable porque las decisiones del usuario deben tomarse debidamente informadas.

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El acceso a las instituciones públicas tiene mucho que ver con el Capítulo I: Bases de la Institucionalidad de la Constitución Política de la República. En particular, el artículo 1 que dice que “el Estado está al servicio de la persona humana” o sea los funcionarios del Estado deben estar al servicio de la persona humana. El funcionario está al servicio de la persona, y el ciudadano tiene el derecho de petición cuya única exigencia que la Constitución establece es formular este derecho con respeto.

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¿Considera que el lenguaje claro afecta la independencia judicial? La función de divulgar el derecho en general, y las sentencias en particular, no sólo es algo que debe ser resuelto sólo por los jueces, es también rol de los abogados porque permite elevar el estándar cívico de la población. El Código de Responsabilidad Profesional de los Abogados de la American Bar Association en Estados Unidos, contempla una norma expresa que señala que es función del abogado difundir los temas asociados

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a los derechos y la justicia. Yo no creo que afecte la independencia. ¿Cuánto pierden las instituciones al no transmitir los mensajes?, ¿se ve afectada la gestión de la administración cuando no es clara al transmitir su mensaje? El servicio público debe explicar los temas administrativos, no sólo los legales. Por ejemplo: una persona va al Registro Civil a pedir una diligencia, y ahí está el principio de servicialidad. El Registro Civil chileno tiene un slogan muy bueno, las tres “c”: Calidad, calidez y colaboración. La excelencia en el oficio es un componente de la ética y es poco conocido bajo esa perspectiva. Junto con la honestidad y la responsabilidad, la excelencia es un tema ético. Gabriela Mistral decía que una de las razones de la crisis de los pueblos son los “oficios mediocremente realizados”. Es por esta razón que la calidad para mi es vital. ¿Cuán importante es para el ciudadano la calidez mediante el uso de un lenguaje claro? La calidez para mi gusto es esencial, probablemente en orden de jerarquía, es más importante que los demás. La forma en cómo se tratan los temas que les puedan interesar a los ciudadanos frente a cualquier órgano del Estado. Ahí hay incluso una modalidad informal de educación cívica: en la medida que el funcionario explique en términos comprensibles y razonablemente el contenido de la materia que le interesa al ciudadano también está impartiendo de forma informal educación cívica. Actualmente formo parte del directorio de Chile Transparente y fui el primer presidente del


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Capítulo Chileno de Transparency International. Pienso que en los últimos años se ha avanzado en transparencia en términos que hoy se conocen y salen a la luz pública hechos que antes eran "tradiciones subterráneas", que se suponían, pero no había como probarlas porque no existía ni las tecnologías ni las leyes, ni la cultura ciudadana, hoy disponibles. Usted cree que la transparencia se basta a sí misma. ¿Qué pasa si esa información no es entendible o comprensible para el receptor de esa información?

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Por supuesto que hay que hacerlo con claridad. Hablemos de los fallos judiciales. No basta con decir que se dictó la sentencia que está hecha por expertos en derecho. Hoy día no basta porque esa sentencia hay que traducirla para que la ciudadanía entienda. Por eso es la importancia del lenguaje claro, en particular con la iniciativa de la Corte Suprema, a fin de que el mensaje llegue a la gente, que el texto no solo se quede en lo profesional o intelectual.

¿Eso significa democratizar la información o es un ejercicio de rendición de cuentas? La información pública y los recursos públicos son del ciudadano, esa es la razón. Entonces si yo pido acceso a la información estoy pidiendo un acceso que me pertenece como ciudadano. Los fondos públicos son del ciudadano por eso tiene derecho a exigir que se le rinda cuenta que no se dilapiden, que no se corrompan los dineros, porque los fondos y la información es pública, es del ciudadano. ¿Cuál es el rol de la academia en la formación de futuros profesionales respecto de un lenguaje ciudadano? Yo creo que el conocimiento que se genera en las universidades debido a los cambios sociales, políticos, económicos, de relaciones internacionales, globalización del último siglo, deberían abrirse a la ciudadanía de manera

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mucho más intensas como políticas de todas las áreas del saber. Es un tema capital, central y político porque fortalece a la democracia. Los conocimientos, el saber que se cultiva y desarrollo en el mundo de los intelectuales, académicos y profesionales, debe comunicarse a la vida de los ciudadanos, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción de las necesidades de su vida cotidiana. Los contratos de salud -Isapres-, o de seguros y tantos otros son ininteligibles para las personas comunes. Están hechos por abogados y economistas expertos. Son los denominados contratos de adhesión que facilitan múltiples abusos a las personas que no están en situación de entenderlos.

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¿Cómo nace el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián?

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Uno de los temas es “la salud legal de las personas” que es un tema muy vinculado al

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lenguaje claro. El tema de la salud nosotros lo asociamos siempre a nuestra mente o cuerpo, y nos hacemos chequeos médicos para prevenir. Entonces es muy importante hacer chequeos a las personas y a las instituciones, hacer chequeos equivalente al médico pero en el ámbito de lo legal y la relación con las leyes y el derecho. Preguntar ¿cómo está usted en relación legal con su familia? ¿Cómo está usted en relación con sus bienes? ¿Cómo está usted en su relación laboral? Ahí hay que determinar márgenes de riesgo o situaciones legales para prevenir el conflicto. Esa es la línea que estamos trabajando muy fuerte, a partir de la relación de la ciudadanía con sus derechos y la justicia. ¿En el Centro de Educación Ciudadana se considera la perspectiva del lenguaje claro? El lenguaje claro es una herramienta fundamental de esa actividad. En el fondo es acercar el conocimiento a la vida de las personas.

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la importancia del lenguaje jurídico claro y comprensible al ciudadano común, y las soluciones amigables de conflictos son los dos grandes temas del futuro de la justicia, porque se relacionan con la profundización de la democracia, la igualdad ante la ley que incluye la igualdad ante el conocimiento de la ley.

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Una de las metodologías que utiliza el centro para educar a la ciudadanía consiste en que personas conozcan el sistema judicial y social, mediante, distintas iniciativas, por ejemplo vinculado con el deporte. ¿Cómo vincula la formación ciudadana con el deporte? A mí me surgió la idea de ocupar el fútbol como una herramienta de educación cívica y legal inaugurando una cárcel en Punta Arenas. Recuerdo que habían unos jóvenes jugando taca taca, entonces yo les pregunté si conocían las reglas del fútbol, y ellos me respondieron que sí.

Luego les pregunté ¿Para qué existen las reglas del fútbol? Ninguno me pudo contestar por qué y para qué existen las reglas. Ahí me surgió usar el fútbol como una herramienta de educación cívica y legal. Fue un éxito, porque el fútbol es un lenguaje que lo entienden la personas del extremo norte del país hasta el sur. Es un tema familiar, que permite explicar los contenidos de las leyes. Por ejemplo: ¿Qué valor hay detrás del foul en la cancha? Es el valor de la integridad física de las personas, incluso los derechos humanos pueden explicarse con herramientas del fútbol.

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ENTREVISTA

“DIALOGAMOS EN LENGUAJE CLARO CON CLIENTES, PERO NOS DIRIGIMOS A JUECES CON LAS HERRAMIENTAS QUE FRANQUEA LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”

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Arturo Alessandri 112

Presidente del Colegio de Abogados de Chile


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Arturo Alessandri, actual presidente del Colegio de Abogados de Chile, se refiere a la actitud de los profesionales del gremio en relación al uso de un lenguaje sencillo. Plantea que existen dos niveles de comunicación, el primero es el diálogo jurídico entre los abogados con los ministros y jueces en términos estrictamente legales, y en un segundo ámbito el contacto entre el abogado y su cliente en el cual el uso del lenguaje claro es primordial.

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Aborda también la formación de los futuros abogados, y los desafíos a futuro. Admite que la especialización del ejercicio del abogado genera que no todos los profesionales deban necesariamente comunicar en lenguaje claro, y que principalmente es tarea de los litigantes. También se refiere a las nuevas tecnologías y cómo han afectado la forma de comunicarnos, en particular, con la reducción de las palabras al enviar mensajes.

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Por último, en términos personales, explica la importancia del lenguaje inclusivo debido a que es padre de un joven con discapacidad. Concluye, desde su experiencia, que el lenguaje claro es esencial para el acceso a la justicia. ¿El Colegio de Abogados de Chile ha reflexionado acerca del lenguaje jurídico comprensible para asegurar el acceso a la justicia? Ocurre que el marco jurídico y sistema legal que nos rige está compuesto de instituciones, conceptos y de palabras que no son fáciles de entender, porque en el derecho hay una serie de principios abstractos que hay que conjugar y aterrizar a cada caso concreto y normas que interpretar. Nosotros procuramos tener un lenguaje sencillo y claro, porque las personas que acuden al Colegio, por ejemplo, en los casos de reclamos éticos, llegan sin necesidad de comparecer con abogado, ya que lo puede hacer directamente. Luego de ser declarado admisible un reclamo, el Colegio intenta una mediación entre reclamante y reclamado,

entonces obviamente hay un contacto cercano con los reclamantes. Los fallos de los tribunales éticos, en general, están redactados en un tono y lenguaje bastante claro, porque son situaciones menos complejas que las que se ven en los tribunales de Justicia. Si bien tenemos un juicio oral en el cual en una audiencia se expone la acusación, los descargos, se presentan los testigos y pruebas, y se resuelve en una sola audiencia a la que naturalmente tiene acceso el reclamante y reclamado. En general, es un procedimiento simplificado que da garantía a ambas partes y el lenguaje es bastante sencillo y comprensible. ¿Qué rol cumplen los abogados en la labor de clarificación del lenguaje jurídico a sus clientes? El derecho a la defensa es un tema muy importante para el Colegio de Abogados, es uno de los pilares fundamentales del debido proceso y del estado de derecho. El abogado tiene una labor muy importante que es “poner en simple”, resumir, explicarle a su cliente cómo funciona el sistema y qué normas se aplican. Si se trata de una defensa, debe explicar cuáles son los cargos, las complejidades de prueba que advierte, en fin, todo lo que dice relación con la estrategia que debe diseñar para defender lo mejor posible a su cliente. El abogado cumple una labor de intérprete y debe advertir a su cliente cuáles son los puntos fuertes y débiles de su caso, así como preparar la documentación, las pruebas para llevar adelante ya sea su defensa o su demanda o, tratándose de una transacción, de un tema de familia, laboral o tributario, entre otros. Hay una serie de normas que son aplicables a cada caso, por lo que el abogado tiene que poner todo en sencillo, resumirlo, y hacer que la persona pueda entender de qué se trata; por ejemplo, de qué la están acusando, o qué derechos tiene, o qué derechos han sido vulnerados y cuáles son las zonas grises de su caso.

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¿Cree que desde el punto de vista del abogado existen dificultades de acercar el discurso jurídico a la sociedad en general? Estimo que es posible acercarlo. Lo que ocurre es que en las sentencias hay todo un razonamiento, hay una serie de elucubraciones, analogías y ejercicios intelectuales que hacen los jueces y abogados para llegar a ciertos considerandos, premisas y hechos que permiten llegar a determinadas conclusiones. Los jueces tienen la tendencia, yo también como árbitro, al tratar de resumir, de emplear giros y expresiones que para una persona son difíciles de seguir. Por ejemplo, las palabras que a veces usamos: “es de suyo”, es un término que no se utiliza de forma coloquial o la expresión “jurisdiccional”, que aparece en los fallos y que forma parte del léxico jurídico, y tantos otros términos que son muy técnicos; uno tendría que escribir con sinónimos para que las personas entiendan, lo cual supone un esfuerzo adicional.

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Por otro lado, creo que hoy día se ha perdido mucho vocabulario, las redes sociales llevan los mensajes a 140 caracteres y a un uso muy limitado de vocabulario. La actual formación escolar en lectoescritura, lejos de mejorar se ha ido deteriorando. Ello contribuye a que haya una creciente dificultad, sobre todo en los jóvenes, para comprender los textos. Los índices de comprensión de lectura son alarmantes, cada día las personas entienden menos lo que leen; ahora, si uno les pone adelante una resolución judicial entienden menos.

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Dicho eso, estimo que podría hacerse un mayor esfuerzo para decir las cosas en términos un poco más sencillos; es una labor que me parece muy positiva y meritoria por parte de los abogados y de los jueces, para que sus resoluciones sean más comprensibles. El sistema está concebido para que los abogados cumplan su rol de consejeros e intermediarios. Sin embargo, hay algunas materias en las cuales se

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ha permitido que los ciudadanos puedan actuar directamente, sin representación de abogados, pero en materia judicial, sobre todo de defensa, los abogados cumplimos un rol muy importante. Además, debemos aconsejar a los clientes para prevenir juicios, evitar conflictos y la imposición de multas, por la vía de la interpretación de las numerosas regulaciones que hoy afectan a las más variadas actividades. En ese sentido, el abogado requiere de herramientas, ¿cree que la formación académica del abogado debiese abordar habilidades y estrategias comunicacionales? La formación de los abogados puede mejorar, sin duda. Hay un cúmulo de antecedentes que podrían mejorarse en la formación jurídica y la enseñanza en las 45 escuelas de derecho que hoy existen en el país. A nadie en la escuela de derecho le enseñan cómo alegar, por ejemplo. Incluso nosotros, como Colegio de Abogados, lo que le pedimos a los abogados es fijar los honorarios por escrito de forma muy clara para que los clientes entiendan bien cuáles son las condiciones, cómo y cuándo se les va a cobrar, si van dejar una parte por pagar contra resultado, etc. Se debe tomar conciencia de la importancia de comunicar bien y en forma clara y sencilla tanto dentro del Poder Judicial como fuera, en las escuelas de derecho y en los colegios de abogados. Luego intentar que la formación de los abogados y de los jueces incorpore alguno de estos aspectos. La formación de los jueces es clave en este tema. A su juicio, ¿existen resistencias por parte de los abogados a la existencia de sentencias claras? La verdad es que no podría afirmarlo, he oído comentarios individuales, pero no veo un movimiento o una tendencia a reclamar. Creo que los abogados que no litigan, en general, no leen sentencias. Hoy en día el ejercicio profesional se ha ido especializando, antiguamente los abogados hacíamos de todo.


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Hoy día litigar es una especialidad mucho más marcada de lo que era antes, primero porque se han dictado una enorme cantidad de normas y regulaciones, hay que manejar el derecho procesal, que es un tema complejo, que tiene una gran cantidad de doctrina, de principios. Los jueces, por su parte, tienen más carga de trabajo, disponen de menos tiempo y están emitiendo sentencias menos elaboradas de lo que eran antes; en consecuencia, pueden ser incluso menos claras. La calidad de las resoluciones no es lo que uno espera; a veces es necesario presentar un recurso de aclaración, porque no se entiende bien el alcance de los fallos. C

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Los abogados tienen particular interés en que su postura quede suficientemente clara, lo que no necesariamente significa que sea clara para su cliente. Lo anterior considerando que una sentencia de primera instancia tiene la posibilidad de ir a una segunda instancia y, eventualmente, por la vía de una casación llegar ante la Suprema, por lo que es

muy importante considerar cómo van a interpretar o leer los Ministros de la Corte Suprema lo que ha ocurrido en los tribunales inferiores. Es por ello que podemos distinguir dos niveles. El primer nivel es en el que yo como abogado quiero asegurar que mi cliente gane y para ello ocuparé todas las herramientas que franquea la ley y la Constitución, de manera de hacer la mejor defensa. Si lo que yo hago, los escritos que presento, no son lo más claros para mis clientes, estamos en un segundo nivel, porque éstos no van dirigido a él, sino al juez. El alegato y la manera de expresarse de un abogado es muy particular y personal, y eso se refleja también en la manera que escribe, en el modo que habla, en la forma en que le aclara problemas a su cliente. Hay abogados que son extraordinariamente brillantes, que son capaces de resumir cosas muy complejas en un par de párrafos o en un par de páginas, eso depende de la individualidad. En cambio, hay otros que hablan en difícil, no se les entienden lo que redactan y no transmiten bien lo que quieren decir.

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Por ejemplo, un fallo del Tribunal Constitucional es difícil de entender, incluso para mí, como abogado. No creo que ellos (los ministros de Tribunal Constitucional) estén pensando en que se entienda por la ciudadanía, pues lo que se quiere es resolver un tema de fondo, por ejemplo la ley de aborto, que es un tema complejo, delicado, trascendental, por lo que el fallo tiene muchas páginas. Son materias muy áridas, abstractas, con mucha cita e interpretación de normas constitucionales ¿cómo se aterriza eso? Es casi una virtud, es un desafío intelectual.

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Y esta claridad en el lenguaje aportará a los clientes, como también a los jueces, para entender las posiciones de los involucrados en el juicio. Muchas veces se asimila la cantidad de páginas a una mayor claridad; sin embargo, esta tiene que ver con ilustrar mejor cuál es la posición de cada parte, lo que puede repercutir en hacer una sentencia más clara. ¿Puede una sentencia clara colaborar en la utilización eficaz del sistema recursivo?

¿En qué sentido el lenguaje claro puede ser una herramienta que sirva para garantizar el principio del debido proceso?

Claro, hoy existe una desconfianza muy grande en los tribunales de justicia, y eso a mi juicio es muy negativo. Entonces, una manera de devolver esta confianza a los usuarios y abogados es una mayor claridad y entendimiento de las resoluciones.

El debido proceso apunta a que ambas partes tengan todas las oportunidades para expresar sus puntos de vista y, de esta manera, hacer uso de todos los recursos disponibles que contempla nuestro sistema legal.

Hay muchas personas que no tienen claro por qué perdieron y sus abogados no supieron explicárselo. A veces, lo más fácil es decir: “este juez me tenía

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El debido proceso apunta a que ambas partes tengan todas las oportunidades para expresar sus puntos de vista y, de esta manera, hacer uso de todos los recursos disponibles que contempla nuestro sistema legal.

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mala”. Tal como dice el actual Presidente de la Corte Suprema, “las personas no pueden sentirse ganadores ni perdedores antes de que empiece el juicio “, debe haber una independencia total del juez. De esta manera, la claridad en el lenguaje es muy importante para acercar la justicia a la ciudadanía, sin que eso signifique olvidar el rigor técnico del derecho. El desconocimiento de las leyes y el sistema judicial contribuye a que no se entienda cómo funciona el proceso judicial, y lleva a pensar que los jueces tienen un sesgo, lo que afecta el acceso a la justicia de personas especialmente vulnerables. C

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Recientemente se acaba de crear un Observatorio Judicial, que hará seguimiento a las sentencias de los tribunales superiores de justicia, revisando así el actuar del Poder Judicial. Todas estas acciones

aportarán a tener un mayor control ciudadano, a empoderar a la ciudadanía. Y con esto debiera aumentar la confianza entre los usuarios y el Poder Judicial, mejorando finalmente el acceso a la justicia. Respecto del lenguaje, justicia y personas con discapacidad, ¿cuál es su opinión? Me toca una fibra muy sensible, pues yo soy padre de un hijo con síndrome de Down, y tengo clarísimo la necesidad en estos casos de un lenguaje ultra claro y sencillo. Para ellos es muy difícil entender un lenguaje tan técnico. Debiese existir la buena costumbre de resumir cuáles fueron los principales puntos del fallo, de forma breve y de manera clara para la ciudadanía. No existe hoy esta buena costumbre por parte de nuestros tribunales. Mi hijo vota, tiene una tarjeta de débito, trabaja todos los días, entonces como persona tiene el derecho de que sea integrado a la sociedad, lo que incluye también el acceso a la justicia.

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“QUE LA LEY SE PRESUMA CONOCIDA

POR TODOS, NO ES UN HECHO CIERTO”

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Andrés Mahnke 118

Defensor Nacional de Chile


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El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, aborda en esta entrevista los proyectos de acceso a la justicia que desarrolla la institución. Destacando el lenguaje claro, y la relevancia de este para garantizar los derechos de los imputados. Asegurando que no es sólo la sencillez del mensaje, sino los cambios que produce esa información en la calidad de vida de los intervinientes de un proceso judicial.

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Asimismo, destaca la defensoría penal mapuche que durante 14 años ha implementado la participación de un facilitador intercultural que, entre otras cosas, traduce del español al mapudungun para que la persona indígena comprenda a cabalidad el proceso judicial en el que se encuentra. En este sentido, destaca la capacitación permanente de los funcionarios de la institución en relación a las raíces, el lenguaje y las costumbres de la población indígena Aymara y Rapa Nui. El Defensor Nacional también aborda la vinculación con el medio que tienen los defensores, y la actualización permanente para fortalecer la confianza entre los jóvenes infractores de la ley, a fin de conocer sus códigos de conductas y las formas de expresarse, fortaleciendo la comunicación y un real acceso a la justicia. La Defensoría ha ido creando un espacio ad hoc que incorpora a ciertos grupos vulnerables. ¿Cuál es la génesis de estos proyectos? La necesidad se fundamenta en dos pilares: fortalecer el acceso a la justicia y velar por el principio de igualdad ante la ley. Muy tempranamente nos fuimos dando cuenta de las diferentes particularidades y consideraciones que tienen cada uno de nuestros imputados, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables. La primera iniciativa, de 2003, fue la defensa penal mapuche, que comenzó en la ciudad de Temuco. Luego, la segunda vino con la defensa de jóvenes,

creada al alero de la Ley N° 20.084 y que hasta el día de hoy -afortunadamente para nosotros, pero lamentablemente para el sistema- somos la única institución que tiene una línea de especialización. Conjuntamente, fuimos avanzando en la defensa de migrantes, en la defensa de personas condenadas privadas de libertad, en particular mujeres. Incorporamos enfoque de género, especialmente en mujeres privadas de libertad. Últimamente hemos incursionado en defensa especializada de personas imputadas y condenadas con problemas de salud mental. En La Araucanía la defensa mapuche partió con una oficina en Temuco. Hoy tenemos una cobertura regional que suma a Nueva Imperial, a Collipulli y a otras ciudades como Panguipulli y Cañete, en las regiones de Los Ríos y Biobío, respectivamente. Respecto de la defensa indígena también nos ampliamos en el norte con una defensa aymara en Arica y estamos evaluando hoy hacer el mismo desarrollo en Iquique. ¿Rapa Nui también? Este año transformamos la Defensoría Local de Isla de Pascua en una defensoría multicultural, una defensoría Rapa Nui, con el propósito de establecer un puente entre dos culturas: la occidental, que es en lo que participamos como organización del Estado en el sistema de justicia penal, y la cultura que corresponde a las personas que nosotros atendemos. Un elemento central es la participación de un profesional que hemos denominado ‘facilitador intercultural’. Su función es colaborar en materia de idioma, así como en la incorporación por los defensores públicos, del conocimiento de la cosmovisión del pueblo originario de que se trate y también la comprensión por ese pueblo originario, de las implicancias y consecuencias del sistema de justicia en su conjunto y de la particular imputación en el ámbito penal que les puede estar afectando a ellos en principio.

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¿Qué características tienen los funcionarios que atienden a personas o comunidades indígenas? Lo primero es el perfil. Naturalmente ellos son miembros del pueblo originario de que se trate. El facilitador intercultural de Isla de Pascua pertenece al pueblo Rapa Nui, en La Araucanía son personas que pertenecen al pueblo mapuche. En términos profesionales, se vinculan con la sociología y tienen un conocimiento de todas las normas del sistema internacional de los derechos humanos de protección al pueblo originario. En las capacitaciones buscamos fortalecer precisamente esa línea, actualizarlos en las raíces de su pueblo, el lenguaje y las costumbres. Y también en el conocimiento de la normativa relacionada con la principal preocupación, desde el punto de vista de los derechos humanos, de fortalecer el acceso a la justicia de las comunidades indígenas.

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Durante todo el tiempo que ha existido este trabajo, ¿qué obstáculos han tenido que enfrentar? ¿La sociedad está dispuesta a avanzar en este camino?

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Hay algunos de la operación en sí misma y otros estructurales. Respecto de la operación, es difícil ganarse la confianza de los defendidos, los que muchas veces están siendo imputados y acusados por el mismo Estado que, a través de nosotros, los debe defender. Además de las barreras idiomáticas, hay que lograr acceder a la comunidad. Desde el punto de vista estructural, lo más difícil de sostener es el principio de igualdad ante la ley, que sustenta todas las líneas especializadas de la Defensoría Penal Pública. ¿La Defensoría hace trabajo con enfoque interseccional, a propósito de las mujeres que están privadas de libertad, que son migrantes o indígenas y que tienen alguna discapacitadad? Sí, porque la vulneración en nuestro país se da en muchas dimensiones y se repite. En el norte tenemos programas de atención especializada y manuales de operación con capacitación

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especializada para los defensores públicos y para los facilitadores interculturales respecto de mujeres indígenas o extranjeras privadas de libertad. Respecto de los adolescentes, ¿cómo se enfoca el trabajo sobre el lenguaje? Esto nace a propósito de la Ley N° 20.084, que en el fondo más que establecer la especialización como obligatoria, la sugirió y nosotros pudimos avanzar en esta línea especializada. Había un marco normativo que orientaba el trabajo y que dice relación con las particularidades del estatuto jurídico que tiene la persecución penal y el juzgamiento de menores de 18 años y mayores de 14 en nuestro país, que considera reglas distintas en la investigación, en la aplicación de medidas cautelares, en el juzgamiento y, sobre todo, en la sanción. Respecto de esto último, hay muchas posibilidades de velar por el interés superior del niño o joven que implican modificar una sanción por otra, sustituirla, terminarla anticipadamente. Ahí existe un ámbito de trabajo normativo que tienen que hacer los defensores en la investigación, juzgamiento y luego en el cumplimiento de la condena. En relación con lo que hace el facilitador intercultural en la atención de nuestros defendidos de pueblos originarios, se requería que los defensores tuvieran capacitación y conocimiento precisamente de las costumbres, el vocabulario y la forma de ver la vida y el tiempo por los jóvenes, porque estamos hablando de personas que están entre los 14 y 17 años y que hoy, con el veloz avance de los cambios sociales, hacen que esa consideración tenga que estar actualizándose permanentemente por códigos de conducta y formas de expresarse. A propósito del derecho del imputado a que se le informe de manera específica y clara los derechos que se le imputan, ¿cómo capacitan a los defensores para que en la


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atención cotidiana se utilice un lenguaje claro? Antes de eso, es necesario decir que tenemos muchos mecanismos de evaluación del desempeño de los defensores. Algunos están en nuestra ley, como las inspectorías (inspectores internos que hacen la evaluación de acuerdo con estándares de defensa que hemos definido); auditorías externas, sistema de reclamos, informes semestrales que entregan todos los defensores a la Defensoría Regional y, encuestas de percepción de nuestros usuarios.

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En ese contexto, la mayor demanda que nos hacen es precisamente entregar información clara de aquello que se le imputa a una persona y sus consecuencias, así como brindar un trato digno a la luz de un estado democrático de derecho, con igualdad de condiciones. Si bien hay ciertos aspectos relacionados con cualidades personales, hay otros como el lenguaje, que es parte de nuestras capacitaciones, en las que se considera la forma de llevar adelante la relación defensor–defendido y entregar información clara, con la oportunidad necesaria. No es lo mismo que a uno le expliquen, 15 días después de estar privado de libertad, que el juzgado de garantía le aplicó prisión preventiva, a que se lo expliquen de forma inmediata o al menos dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la privación de libertad. También cuenta la forma y el lenguaje que se ocupa, quién lo hace y en qué circunstancia está la persona. Las principales deficiencias de nuestros estándares de satisfacción de usuarios en este ámbito se producen respecto de las personas que están privadas de libertad, quienes se encuentran en una situación completamente distinta a la del defensor, a la que pueda tener un imputado que está siguiendo su juicio y su investigación en libertad. Esta es una consideración que obliga a una organización del Estado a tener una respuesta distinta a la que otorga habitualmente y en eso seguimos manteniendo una satisfacción mucho

más baja que la que tenemos en la atención de personas que no están privadas de libertad. ¿El lenguaje jurídico es complejo para que el destinatario de la administración de justicia lo comprenda fácilmente? ¿Cómo lo hacen en su área los defensores? Lo primero que hay que reconocer es la complejidad de la situación y del ámbito cultural que hay detrás del lenguaje jurídico, que no es necesariamente comprendido por la comunidad o los usuarios a los cuales está destinado el sistema de justicia y particularmente el penal. En ese plano, tratamos de orientar nuestras capacitaciones a la forma en que un defensor debe interactuar con cada uno de los ámbitos de la comunidad. O sea, ¿cumple un rol de traductor? Son distintos planos. Si vamos a hablar a los medios, si vamos a hablar afuera de la audiencia, si vamos a hablar ante organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos talleres que abordan la forma eficaz de llevar adelante una vocería, en la que se utiliza un lenguaje muy distinto al lenguaje jurídico que los defensores sí tienen que utilizar en las audiencias o en las presentaciones que hacen ante los tribunales de justicia. Afortunadamente tenemos recursos. No muchos, pero adecuados para la capacitación, la cual no destinamos en forma exclusiva al ámbito de los derechos humanos, del derecho penal y procesal penal, sino que abarca otros aspectos de la prestación de servicios, desde lo social a lo jurídico. Los talleres de vocería permiten a los defensores tener esa dimensión, ya que involucra una capacitación tanto teórica como práctica. Ésta última les sirve mucho, porque ellos se escuchan y se dan cuenta que a quienes estaban dirigidas esas expresiones no las entendían y que no se estaba generando la comunicación necesaria.

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La especialización es importante para avanzar en el sistema de justicia. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído hasta ahora? Nuestras mediciones aplican a la prestación de defensa técnica: usted lo hace bien, más o menos o mal, de acuerdo con nuestros estándares, que se aplican en el debate en audiencia, en la presentación de recursos ante las respectivas cortes, en las audiencias de juicio, en audiencias de discusión de cautelares, en intervenciones ante la Corte Suprema o ante el Tribunal Constitucional. También se evalúan los mecanismos de gestión de la prestación de defensa. Aquí el defensor tiene que registrar el conjunto de los casos que tiene a su cargo de una determinada manera, e ingresar al sistema informático, lo cual muchas veces puede ser un reproche interno, pero que permite identificar nuestras falencias. La otra línea de evaluación es de nuestra atención, respecto de consideraciones de dignidad y derechos de las personas que representamos.

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A la luz del objetivo de las defensas especializadas de fortalecer el acceso a la justicia y profundizar la igualdad ante la ley de personas pertenecientes a grupos vulnerables, su seguimiento nos permite evaluar si estamos brindando un buen servicio. Un lenguaje claro, ¿puede evitar que se repitan conductas contrarias a la ley? De todas maneras, sobre todo frente a una imputación desde el ámbito penal, en que una persona se está jugando su libertad personal y muchas veces sus oportunidades de vida. El hecho de que una persona que enfrenta al sistema de justicia no entienda a quien lo defiende genera un abismo respecto del acceso a la justicia. Nosotros hemos podido acercarnos geográficamente. Pudimos ampliar nuestra instalación física y atenderlo hoy muy cerca de

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su comunidad, pero si él no entiende lo que le estamos diciendo, no tiene ninguna posibilidad de fortalecerse desde el punto de vista de sus derechos o de su dignidad. Puede tener un resultado positivo, porque puede ser que ese ejercicio de prestación de defensa desde el punto de vista técnico fue totalmente adecuado y logró el objetivo a través de la teoría del caso que más beneficiaba a esa persona, pero esa persona quedó “colgada”, sin ninguna oportunidad de que esa circunstancia que está viviendo y que fue muy grave y traumática, le pueda servir como aprendizaje para el desarrollo de su vida y su dignidad en el futuro. ¿Qué pasa con las personas ciegas, sordas y adultos mayores? Dentro de esa misma línea, estamos recién desarrollando desde el año pasado el tratamiento de las personas imputadas y condenadas con problemas de salud mental. También hemos incorporado al adulto mayor. Cuantitativamente tenemos identificado el universo de personas de las que estamos hablando. Luego hay que determinar cuáles son las consideraciones respecto de ese grupo que nosotros debiésemos incorporar en la prestación de defensa, para incorporarlas en la visión y en el bagaje de conocimientos que deben tener los defensores, definiendo así qué capacitaciones y especializaciones se requieren. Estamos en distintos programas en que nos vamos nutriendo, precisamente para brindar un servicio de mejor calidad. ¿Algo más que quisiera agregar? Esto es para todos, fiscales, jueces, defensores, policías y organismos auxiliares. El hecho de que la ley se presuma conocida por todos es uno de los principios que sustenta un ordenamiento jurídico, pero naturalmente no es un hecho cierto, sobre todo en audiencia, cuando fiscales, defensores y jueces citan disposiciones sin decir cuál es el contenido.


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Más allá de cualquier esfuerzo de pronunciación, de decirlo en forma clara, en forma pausada o en un lenguaje quizás hasta más coloquial, esa cita para las personas que están en audiencia es casi una afectación de su dignidad, porque más allá de no saber de qué se trata, esa persona sabe que en esa sala sí hay personas que saben lo que están hablando.

Si nadie sabe, en algún momento se explicará a todos, pero él sabe que el defensor lo está entendiendo, el fiscal lo entiende, el juez lo entiende, los funcionarios del tribunal lo entienden. Pero claro, para estos efectos, puede ser un elemento de discriminación.

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Doctora en Filología de la Lengua Española Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


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Las sentencias judiciales son, desde una perspectiva lingüística, documentos de repercusión social cuya función es, entre otras, resolver las pretensiones y solicitudes de las partes implicadas en un proceso (Alcaraz & Hughes, 2002). Además, la sentencia contiene y notifica la decisión del juez acerca de un pleito. Esta función social de la sentencia exige, desde nuestro punto de vista, que este documento sea claro y se comprenda por sus destinatarios, dada su capacidad de modificar la realidad, esto es, de comunicar decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos (López de Sancho & Nieto, 2000; Rodríguez Aguilera, 1969).

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En el caso del concurso de sentencias que organizó la Comisión de Lenguaje del Poder Judicial, el año 2016, la seleccionada como una buena práctica contiene muchos aspectos que son recomendables al momento de escribir un documento como éste y, a su vez, se aleja de los elementos que oscurecen el lenguaje judicial, a saber: extensión de la frase, complejidad sintáctica, abuso del gerundio y puntuación antinormativa. A continuación, destacamos y comentamos algunos usos que favorecen la comprensión del documento y que sugerimos como buenas prácticas. Uno de los aspectos que caracterizan al lenguaje judicial, y por ende a las sentencias, es la estructuración de los párrafos. En general, la conformación de estos atenta contra la claridad y comprensión de una sentencia, ya que suelen ser extensos y la sintaxis (orden de la oración) es imbricada, incluso algunas veces son unioracionales. En el caso comentado, por el contrario, los párrafos están bien delimitados, cada uno con una oración temática o principal y una puntuación adecuada, lo que favorece la lectura y la construcción del sentido del texto sin necesidad de repetir la lectura, aspecto clave en términos de los objetivos del lenguaje claro. Una muestra:

Undécimo: Calificación jurídica. Los hechos que se han tenido por acreditados configuran el delito de hurto simple, descrito y sancionado en el artículo 446 N° 2, en relación con el artículo 432 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. En este sentido, la sentencia cumple a cabalidad con el criterio que señala: “Organiza los párrafos que componen la sentencia de manera adecuada, vale decir, evitando los párrafos extensos y de una sola oración”. La parte inicial describe de manera precisa quiénes intervienen con una puntuación bien utilizada lo que facilita la lectura y diferencia las circunstancias (edad, lugar, etc.) de forma precisa. A esto se suma el uso de negritas para destacar los marcadores del discurso (primero, segundo, etc.) de forma tal que el lector va siguiendo una “ruta ordenada” de la narración de los hechos. A medida que se lee, se nos entregan pistas que permiten ordenar la información, incluso se nos indican las partes relevantes del texto con un marcador de síntesis: Finalmente, el acusado reconoció el ilícito y su participación en el mismo. En lo externo o formal, otro mérito del texto es no abusar de las herramientas para destacar información, es decir, no sobrecarga el texto con negrita más letras en altas (PRIMERO*), lo que da cuenta del buen uso de los recursos extralingüísticos de la lengua. En esta misma línea, el uso de letra cursiva cada vez que nos anuncia las instancias del proceso (alegato de apertura, alegato de clausura, etc.) se convierte en una ayuda importante para el lector. Otro aspecto destacable que favorece la lectura del documento es el uso de la enumeración que nos señala con claridad cada elemento de lo que se describe, como este caso:

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SENTENCIA DESTACADA

Séptimo: Prueba del Ministerio Público. Que el Ministerio Público rindió los siguientes medios probatorios: 1. Testimonial: a. SEÑOR MORA b. c. d. … La sentencia separa en forma clara la voz del redactor del texto de las “voces” de los otros implicados en el caso, es decir, hay un uso eficiente de las citas para referirse a los textos que son de las partes involucradas:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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Noveno: Hechos acreditados. Que en razón del mérito de la prueba testimonial rendida, valorada conforme el artículo 297 del Código Procesal Penal, se estima acreditados los siguientes hechos: “El día catorce de enero de dos mil quince, aproximadamente las 13:30 horas, el acusado RODRIGO concurrió hasta la Escuela Proyecto de Futuro, ubicada en calle Mac Iver N° 651 de la comuna de COMUNA DEL HECHO, donde se acercó a consultar por matrículas. (…).” Finalmente, la sentencia comentada adapta el lenguaje a la realidad cultural del caso y utiliza expresiones de la lengua española que se encuentran en uso, evitando la integración de frases o usos retóricos innecesarios u obsoletos. Sentencias como la comentada son prácticas destacables que nos muestran que el lenguaje claro puede aplicarse a la redacción judicial y generar cambios pequeños, pero que significan mucho para los usuarios.


FOTO REPORTAJE: GLOSARIO DE TÉRMINOS LEGALES LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES QUE RESPONDEN LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL EN CHILE

¿Qué es un recurso de amparo? Es una acción especial consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Chile que busca asegurar la libertad de cualquier persona que esté detenida.

Pedro Rivera Osorio Funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

¿Qué significa “dése cuenta a la sala designada”? Son los antecedentes pasarán a la sala de la Corte que corresponde para que sean conocidos.

Guillermo Aliaga Neira Funcionario de la Corte de Apelaciones de Iquique

¿Qué es un apercibimiento? Es una advertencia de efecto negativo o sanción que se aplicará en caso de no cumplir con lo que se ordenó.

Carlos Fernández Cerpa Funcionario del Juzgado de Familia de Antofagasta

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¿Qué es una compulsa? Son copias de un expediente judicial que han sido comparadas con el original.

Sandra Henríquez Ortega Funcionaria del Juzgado de Letras de Copiapó

¿Qué es una liquidación? Es determinar en dinero el valor y monto total de una deuda.

Ximena Bugueño Contreras Funcionaria del Juzgado de Familia de La Serena

¿Qué son las salidas alternativas? Son las formas de poner término al procedimiento penal antes del juicio oral para algunos delitos, y que pueden consistir en una suspensión condicional del procedimiento o en un acuerdo reparatorio.

Macarena Rojas Frez Funcionaria del Juzgado de Garantía de La Calera


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¿Qué es un exequatur? Es la autorización previa que debe dar la Corte Suprema para que en Chile se cumpla una resolución dictada por un tribunal extranjero.

Julita Araneda Araya Funcionaria de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema

¿Cuál es la diferencia entre la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones? La Corte Suprema es el tribunal máximo del país, superior jerárquico de todos los otros tribunales del país. Está compuesto por 21 ministros, uno de los cuales es el presidente. Las Cortes de Apelaciones son tribunales ordinarios, integrados por un número variable de ministros que ejercen sus facultades dentro de un territorio determinado por la ley, puede ser una región o parte de ella. Leyla Najle Silva Funcionaria de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial

¿Qué es una carátula? Es la primera hoja de un expediente en la cual se consigna el nombre de las partes, el tribunal correspondiente y el número del proceso.

Nelson Gomez Núñez Funcionario del 4° Juzgado Civil de San Miguel 129


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¿Qué es un recurso? Es una acción que la ley concede al interesado en reclamar contra las resoluciones en un juicio u otro procedimiento. Puede ser ante quien las dictó o sus superiores. Luciana Silva González Funcionaria de la Corte de Apelaciones de Rancagua

¿Qué son las costas? Son los gastos del juicio.

Cristián Torres Calderón Funcionario de la Corte de Apelaciones de Talca

¿Qué significa “venga en forma”? La solicitud y/o documentación presentada anteriormente debe cumplir con formalidades legales. Víctor Aravena Salvo Funcionario de la Corte de Apelaciones de Chillán


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¿Qué significa ONI o “orden de no innovar”? Es la resolución del juez de un Tribunal Superior para suspender los efectos de una resolución o paralizar su cumplimiento mientras se resuelve el asunto que origino el proceso (192 CPC).

Marco Lorent Barra Funcionario de la Corte de Apelaciones de Concepción

¿Qué es una causa? Es un juicio o procedimiento judicial. También es un expediente físico o digital.

Guido Pérez Meza Funcionario de la Corte de Apelaciones de Valdivia

¿Qué son los autos? Son todas las partes o piezas de un expediente o procedimiento judicial. El expediente en sí.

Hugo Mardones Mella Funcionario de la Corte de Apelaciones de Temuco

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¿Qué es un recurso de protección? Es una acción que se presenta cuando se considera que algún derecho o libertad fundamental ha sido vulnerado.

Mariana Macías Mansilla Funcionaria del Juzgado Civil de Puerto Montt

¿Qué significa “Previo a proveer”? Significa que antes de decidir algo el juez necesita más información.

Paola Vera Pérez Funcionaria de la Corte de Apelaciones de Coyhaique

significa ONI o “orden de no innovar”? ¿Qué significa “en mérito de¿Qué autos”? Considerando los antecedentes e información que ya se encuentra en el proceso.

Juan Carlos Gallardo Vidal Funcionario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Las respuestas corresponden al Glosario de Términos Legales


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DIRECCIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS CORTE SUPREMA REPÚBLICA DE CHILE


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