Congreso y nueva Ley de Reglamento Electoral Mirar adentro

El Presidente Luis Abinader extendió la legislatura del Congreso Nacional hasta el próximo 15 de febrero, con la finalidad de que se pueda llegar a un consenso y se aprueben las modificaciones a la Ley de Reglamento Electoral 15-19.

La modificación de esa ley es un elemento de mucha importancia en estos momentos ya que se prevé un escenario electoral muy complicado en el 2024. Esa ley fue aprobada antes de las elecciones del 2020 en medio de un caldeado panorama, el partido de gobierno atravesando una grave situación interna y una oposición muy agresiva en contra de una administración que tenía 16 años dirigiendo el país. Por todo eso, dicha ley presenta limitaciones y muchos aspectos que no fueron tomados en consideración.

Todo el país espera una reforma a esa ley que pueda adecuarla a las actuales circunstancias y que incluya los aspectos que les faltan y las sanciones de lugar a los delitos electorales. Los congresistas de todos los partidos tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo para aprobar las modificaciones que ha propuesto la Junta Central Electoral, de manera que el proceso electivo que se desarrollará en el año 2024, y que podría implicar elecciones en febrero, en mayo y en junio, se realice con reglas justas y con posibilidades de ser aplicadas.

Existen varios aspectos que la Junta Central ha puesto como prioridades para ser incluidas entre las modificaciones a la Ley de Reglamen- to Electoral. En especial hay tres elementos que deben ser evaluados con sentido de justicia por nuestros legisladores: los límites de los recursos a ser usados en campaña y las sanciones de lugar, el transfuguismo y sus consecuencias, y la posibilidad de incluir el voto electrónico.

Los límites del uso de recursos es una necesidad pues eso garantiza que no haya desigualdad entre los candidatos, pero sobre todo pone limitaciones a que el dinero del narcotráfico pueda influir y decidir en el proceso electoral. En cuanto al transfuguismo, es vital que se le ponga límites y sanciones a los aspirantes que pierden una candidatura en un partido y luego se van a otro partido a buscar esa aspiración que perdieron. Se debe garantizar que el transfuguismo no sea una norma electoral y que, por lo tanto, reciba las sanciones de lugar.

En cuanto al voto electrónico es necesario evaluarlo con una perspectiva de futuro. El trauma de las elecciones municipales de febrero del 2020 no puede cegarnos en cuanto al modo de realizar las elecciones. Si bien es cierto que para el proceso del 2024 es imposible pensar en el voto electrónico, no puede legislarse en contra de la posibilidad de hacer elecciones con ese método. El mundo camina hacia la tecnología en todos los órdenes y existen muchos países que realizan con éxito elecciones con voto electrónico. Ante esta realidad, esperamos que los senadores y diputados sepan cumplir con su papel y aprueben las modificaciones de lugar.

La política migratoria dominicana con respecto a Haití es opaca y falaz, ejecutada con un discurso agresivo y a la defensiva, un mirar por encima del hombro al haitiano y un sentimiento de superioridad.

Como en la ejecución de las demás políticas públicas, la turbidez y la propaganda dan por hecho que los dominicanos deberíamos estar desinformados y conformarnos con la narración oficial.

Esa estrategia da resultado: en la calle el dominicano reproduce el discurso oficial.

Ese discurso oficial se resume en las frases: «Dominicana ha ayudado demasiado a Haití, no está en condiciones de ayudar más y no puede cargar con los problemas de Haití», «Haití es un país malagradecido con Dominicana» y «otros países deberían auxiliar a Haití, especialmente Canadá y Francia» por supuesta deuda histórica.

Mientras los gobiernos venden ese discurso, hacen falta datos. Por ejemplo, ¿por qué, siendo tan pequeña y al parecer de atención prioritaria, la frontera domínico-haitiana es tan permeable?

Los descubrimientos de tráfico de haitianos confirman la regla del tráfico.

Muchos haitianos admiten que son deportados una y otra vez, y que una y otra vez retornan a República Dominicana. Extorsión, humillaciones y maltratos empiedran sus caminos de ida y vuelta.

Necesito saber cuándo comenzarán los gobiernos a respetar la dignidad de los haitianos desde el descubrimiento de que son indocumentados hasta su deportación.

Es degradante ir por las calles atrapando personas y montándolas en camiones como ganado para deportarlas sin respetar su dignidad.

Sumemos el trato inhumano que reciben desde la detención hasta que son devueltas a su país.

(No quisiera eso para mí si, como muchos dominicanos, residiera ilegalmente en un país extranjero).

Quiero saber si es necesario que el presidente dominicano demande en cada cumbre apoyo para Haití en vez de enfocarse en una política migratoria efectiva.

ESTRATÉGIKA

ROSARIO MEDINA GÓMEZ » @ROSARIOMEDINAG

Personajes de cuidado

Los partidos y sus líderes están en campaña. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con los personajes, supuestamente atractivos para sus entidades y objetivos políticos.

Ahora todos andan «casando talentos», buscando a los supuestos liderazgos para sumar almas a sus partidos, pero en esa travesía deben tener mucho cuidado porque queriendo atraer a los electores pueden tender la red y recoger todas las especies del mar, digo del ecosistema político dominicano.

Los políticos salen a pescar sin filtro, sin un perfil determinado, solo porque le suman notoriedad, popularidad o recursos económicos que no siempre vienen con endoso positivo. En esa cacería pueden hallar lo peor de lo que se arrima a los partidos con un propósito oportunista, clientelista o de arribismo para obtener posiciones de poder, lo cual ha traído complicaciones a la imagen de los dirigentes o las organizaciones a las que se arriman. La imagen es lo que más afectado cuando suenan los escándalos de estos personajes, en los diferentes países tienen experiencias con sus casos particulares. Son muchos los ejemplos de los problemas de reputación que gente que se suma a la política les traen a los gobiernos y los partidos.

Fotografías, videos y momentos documentados en actividades han sido los testimonios de las situaciones y crisis de imagen que han generado personas que desean cubrirse con la sombrilla protectora de los partidos políticos, mostrando su mejor cara y los aportes que pueden hacer a la campaña, eso ha generado investigaciones y crisis de reputación a los partidos. Los casos son conocidos. Ahora cobran importancia los dizque nacionalistas, disfrazados con la bandera y el «interés patrio», influencers o influenciadores, hinchados por los bots personales, que además funcionan como sicarios en contra de la gente que los cuestiona; los que brillan en los espacios urbanos, de quienes los políticos no se cuidan y aparecen con ellos en cualquier actividad, sin hacer un estudio de la cantidad de votos que les sumarían o el riesgo reputacional de esa acción. Ese es el panorama en el que verdes, morados, azules o de otras tonalidades podrían ir por «lana y salir traquilados».

¿Cuánto se gasta en la política migratoria? ¿En qué consiste dicha política, es decir, en qué se gasta el dinero? ¿Cuál es el comportamiento ético de las autoridades fronterizas?

En el año 2023 se cumplen 10 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano sin respuesta a la pregunta sobre la responsabilidad de los dominicanos en uno de los problemas que -creo- dieron lugar a la sentencia, es decir, la presencia de un número al parecer alarmante de indocumentados haitianos y descendientes de estos en República Dominicana.

La sentencia -que niega la nacionalidad por ius soli a personas que, conforme al ordenamiento jurídico dominicano, la habían obtenido por ese medio- se alinea con el comportamiento dominicano (no solo en este tema) de buscar causas externas a problemas internos.

Eso nos devuelve a la cuestión inicial, resumida en la necesidad de ejecutar una política migratoria efectiva y respetuosa de los derechos de los haitianos, en vez de hacer cargar a los haitianos ilegales con las consecuencias de haber nacido en territorio dominicano y ser indocumentados ellos mismos o sus padres, y en vez de culpar a otros países y organismos internacionales por supuestamente no hacer nada por Haití, sin acordarse de la responsabilidad de los dominicanos en la migración ilegal.

En mi artículo “Haití: crónica de una migración no deseada” hablé de “la irresponsabilidad de un Estado dominicano que no ha querido asumir el problema de la migración haitiana en sus reales dimensiones” (revista Gaceta Judicial, marzo del año 2008).

Cada haitiano indocumentado que reside en República Dominicana llegó al país y vive en él de alguna manera. ¿Qué tuvieron que ver en esto los dominicanos por acción u omisión? Si tan importante es el tema, debe mirarse dentro y corregir desde allí.

BARRICADA