La Acción Contencioso Administrativa de Nulidad
Esencia del Recurso
El Artículo 23 LOJCA, Establece que los actos administrativos pueden ser impugnados mediante la acción de nulidad ante los tribunales contencioso-administrativos.
La acción de nulidad contencioso administrativa es el mecanismo judicial mediante el cual se solicita la anulación de actos administrativos que vulneren el ordenamiento jurídico Puede dirigirse contra:
Actos de efectos generales: aquellos que tienen alcance normativo, como reglamentos, resoluciones o circulares que afectan a un número indeterminado de personas Su impugnación busca preservar la legalidad abstracta.
• Actos de efectos particulares: decisiones administrativas que afectan directamente a sujetos determinados, como sanciones, autorizaciones, nombramientos o revocatorias.
Análisis: Este artículo consagra el derecho de todo ciudadano a solicitar la revisión judicial de actos administrativos que afecten sus derechos o intereses legítimos La acción de nulidad se configura como
Jurisdicción Contenciosa Electoral
La jurisdicción contenciosa electoral tiene por objeto el control judicial de los actos administrativos dictados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) u otros órganos del Poder Electoral, cuando estos afecten derechos políticos o principios constitucionales del sistema democrático. El Artículo 21 LOJCA Establece que la Sala Electoral del TSJ es competente para conocer de las acciones de nulidad contra actos del Poder Electoral.
Materias que abarca:
• Impugnación de resultados electorales.
• Nulidad de actos administrativos del CNE
• Exclusión arbitraria de candidaturas
• Violaciones al principio de igualdad, transparencia o participación
Analisis
Esta jurisdicción garantiza el ejercicio efectivo del sufragio, la equidad en la competencia electoral y la legitimidad de los procesos comiciales. Este artículo 21 LOJCA configura una jurisdicción especializada dentro del sistema contencioso administrativo, en atención a la relevancia constitucional de los derechos políticos Refuerza el principio de soberanía popular (art. 5 CRBV) y el derecho al sufragio (art. 63 CRBV).
Artículo 32 LOJCA Regula el procedimiento contencioso administrativo, incluyendo las etapas de demanda, admisión, contestación, pruebas, audiencia y sentencia.
Procedimiento ante la Sala Electoral del TSJ:
1. Interposición de la demanda: dentro del plazo legal (generalmente 15 días hábiles).
2. Admisión: la Sala verifica la competencia y requisitos.
3 Contestación: el órgano electoral responde
4. Fase probatoria: se evacúan pruebas pertinentes.
5. Audiencia oral (si procede).
6. Sentencia definitiva: puede declarar la nulidad del acto, ordenar su corrección o reponer el proceso.
Análisis: Este artículo establece un procedimiento garantista, que respeta el debido proceso, la defensa y la celeridad procesal. Su aplicación en materia electoral exige especial rapidez, dada la naturaleza temporal de los derechos involucrados.
Jurisdicción Especial Contencioso
Administrativa Inquilinario
Esta jurisdicción especializada conoce de los conflictos entre arrendadores e inquilinos cuando interviene la administración pública, especialmente en materia de vivienda. Su finalidad es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, conforme al artículo 82 de la Constitución. El Artículo 5 LOJCA,Reconoce la competencia de los tribunales contenciosoadministrativos para conocer de controversias en materia inquilinaria cuando intervenga la administración pública.
Casos típicos
• Fijación o revisión de cánones de arrendamiento
• Procedimientos administrativos de desalojo.
• Impugnación de actos dictados por la SUNAVI u otros entes reguladores.
Procedimiento
• Se inicia con la interposición de la demanda ante el tribunal contencioso administrativo con competencia inquilinaria.
• Se admite si cumple los requisitos legales
• Se notifica a la administración o parte contraria.
• Se abre fase probatoria.
• Se dicta sentencia que puede confirmar, modificar o anular el acto impugnado
Análisis
Este artículo habilita una jurisdicción especializada que articula el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda (art 82 CRBV) Refleja el principio de función social de la propiedad y la necesidad de proteger a los sectores vulnerables. Esta jurisdicción equilibra el derecho de propiedad con la función social de la vivienda, protegiendo a sectores vulnerables y promoviendo la justicia social en el acceso a bienes esenciales.
Conclusión
La jurisdicción contencioso administrativa venezolana, en sus diversas manifestaciones, constituye mucho más que un conjunto de procedimientos técnicos: es un espacio institucional donde se dirime el conflicto entre poder y legalidad, entre administración y ciudadanía. A través de la acción de nulidad, el sistema jurídico ofrece una vía para depurar el orden normativo, corregir desviaciones de poder y restituir derechos vulnerados por actos administrativos ilegales o arbitrarios.
La jurisdicción funcionarial, por su parte, protege la dignidad del servidor público, reconociendo que la estabilidad, el mérito y la carrera administrativa son pilares de una administración eficiente y justa. En tiempos de precarización institucional, esta vía se convierte en un escudo frente a la discrecionalidad y el abuso.
La jurisdicción electoral, especializada y expedita, garantiza que el ejercicio del sufragio no se vea empañado por irregularidades administrativas. En ella se juega la legitimidad del sistema democrático, la transparencia de los procesos comiciales y la soberanía popular consagrada en la Constitución.
Desde una perspectiva crítica, el estudio de estas acciones y procedimientos no solo permite comprender el funcionamiento del sistema jurídico, sino también interrogar sus silencios, sus límites y sus posibilidades. En ese sentido, la jurisdicción contencioso administrativa no es solo un mecanismo de control, sino también un lenguaje de resistencia, una forma de decir “no” al abuso, y de afirmar que la legalidad importa. - 0 6 -
