La simulación

Por avenida Patria, entre las avenidas Tepeyac y Mariano Otero, hay seis espectaculares con la foto de Adán Augusto López. Son apenas 2 kilómetros de distancia. Pero no está en campaña.

Por las calles de Guadalajara se pasea la sonrisa del ex canciller Marcelo Ebrard. Su fotografía está plasmada en muchos de los autobuses rojos que transitan por la ciudad. Pero no está en campaña.

Desde hace meses recibo de lunes a viernes en mi correo electrónico personal un mensaje, a veces dos, con propaganda de Claudia Sheinbaum. Pero ella tampoco está en campaña.

Estos tres aspirantes a la Presidencia de México y otros más viajan, participan en mítines, hacen promesas y reparten propaganda, pero no están en campaña. Tampoco se asumen como precandidatos. Dicen que lo que buscan es ser “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”.

Una simulación. Todos sabemos que están en campaña para convertirse en candidatos de Morena a la Presidencia de México. Pero como la Constitución establece que “en ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales”, es decir, que podrían comenzar hasta noviembre, entonces simulan que no son precampañas.

La oposición transita por un camino similar.

La Real Academia define la palabra campaña, en una de sus acepciones, como “período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado”. En el diccionario de esta institución candidato es la “persona que pretende algo, especialmente un cargo, premio o distinción”.

Es obvio entonces que hay precandidatos que pretenden obtener la candidatura presidencial y que están en campaña. Pero en México basta cambiar un par de palabras para “cumplir con ley”.

Es parte de la cultura nacional. En 2002, hace más de 20 años, Germán Dehesa publicó el libro ¿Cómo nos arreglamos?, prontuario de la corrupción en México. Ahí podemos leer: “Arreglar es crear una regulación. Nuestra Constitución y todas las leyes que de ella emanan son nuestro máximo arreglo. Él nos garantiza la convivencia fluida y nuestra permanencia como nación. Crear reglas instantáneas, personales, solapadas y sin más conveniencia que nuestro interés inmediato es contravenir y atropellar esas reglas generales. Lo maravilloso es que a esto lo llamemos ‘arreglarnos’”.

Más adelante Dehesa añade: “Tendríamos que exigirle a patrulleros, funcionarios y público en general que evitaran este verbo y que, con el fin de expresarnos correctamente, dijeran del siguiente modo: ‘Usted dirá, mi señor, cómo nos desarreglamos’”.

No es un asunto de palabras o exquisiteces lingüísticas. En el fondo lo que hay es el desprecio por la ley de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de México, un cargo que, en teoría, implica antes de cualquier cosa “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Así lo prometen quienes asumen este cargo.

Tampoco es un asunto de meros formalismos. Si oficialmente no son precandidatos que desarrollan campañas, la autoridad electoral no tiene facultades para fiscalizar el origen y el destino de sus gastos. Tampoco para otorgarles presupuesto.

¿Cuánto cuestan los espectaculares, los viajes, los mítines, las bardas, los anuncios en los camiones? ¿Quién los paga? Los 5 millones que Morena anunció para cada precandidato son insuficientes para sostener una campaña como la que desarrollan. Impedidos por ley para recibir presupuestos oficiales, deben buscar apoyos extraoficiales. Ahí hay grandes riesgos y tentaciones.

Las campañas adelantadas generan ventajas para quienes las realizan. Así lo hizo en su momento el panista Vicente Fox, así lo hizo también el morenista Andrés Manuel López Obrador y así lo están haciendo quienes aspiran a sucederlo.

Hacer malabares lingüísticos para justificar que no son precandidatos y que no están en campaña es una completa simulación, una de las tantas caras de la corrupción tan arraigada en nuestra cultura.

Desde La Dignidad

ANNA KAROLINA CHIMIAK anna.chimiak@gmail.com

Vidas rotas

Rupturas de proyectos de vida, sueños quebrantados, desintegración de las familias y huellas que permanecen en el cuerpo y la mente incluso por generaciones. La tortura va más allá de un concepto jurídico o un delito que se encuentra tipificado en los códigos penales. Esta grave violación a los derechos humanos afecta tanto a quienes sobreviven a ella como a sus familias, comunidades y a la sociedad en conjunto.

El 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, mismo día que entró en vigor la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este instrumento internacional de derechos humanos, tal como la Declaración Universal, prohíbe de manera absoluta las prácticas de tortura. Sin embargo, a más de 35 años de su aplicación, la lucha contra la tortura sigue siendo vigente.

También el 26 de junio, pero de 2017, se publicó en México la Ley General en Materia de Tortura, la cual fue el resultado del esfuerzo conjunto de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y organismos internacionales. A seis años, este gran logro que pudiera generar cambios y abonar a que la integridad de las personas sea plenamente garantizada se ha quedado en el papel.

Las principales obligaciones legales de las autoridades en la materia no se han materializado. Una muestra de ello es la falta de creación de fiscalías especializadas en investigación del delito de tortura en las entidades federativas. De acuerdo a los datos del Observatorio Sin Tortura, sólo 16 estados de la República han cumplido con la creación de fiscalías especializadas, mientras que en 12 entidades existen unidades especializadas y cuatro estados no cuentan con ninguna institución especializada en investigación de este delito.

Cabe señalar que la ley establece que estas instituciones deben contar con plena autonomía, y con recursos humanos, materiales y financieros suficientes. No obstante, las mismas no solamente no cuentan con el personal y recursos necesarios, sino que 25 de ellas dependen del presupuesto asignado a las fiscalías generales, tal como sucede en el caso de Jalisco, y no cuentan con capacidad para investigar de manera exhaustiva e independiente.

Tan sólo en 2022, a nivel nacional se iniciaron 5 mil 500 investigaciones; sin embargo, en ese mismo periodo se emitieron 10 sentencias. En Jalisco el panorama es muy similar. De acuerdo a los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, desde que entró en vigor la ley general hasta mayo de 2023 se han iniciado 443 investigaciones por tortura, de las cuales solamente seis han sido judicializadas y no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria.

Al igual que en Jalisco, en 23 estados más reina una impunidad absoluta. Al no fortalecer las instituciones, no otorgarles el grado necesario de autonomía y no implementar las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul se han generado condiciones óptimas para que las autoridades torturen, no avancen las investigaciones de quienes cometen estos actos y que cada vez haya más incentivos para continuar con esta práctica.

A pesar de la prohibición inequívoca de tortura a nivel mundial, los datos evidencian que en México es una práctica generalizada. Los esfuerzos institucionales se han enfocado en negar públicamente su comisión o, por otro lado, en vez de prevenirla se han fomentado las narrativas sociales que justifican su uso como herramienta de investigación, y que las personas delincuentes merecen ser torturadas.

La tortura marca un antes y después para quienes la sobreviven, y si bien se les ha impedido el acceso a la justicia, su lucha ha sido crucial para el combate de la tortura en el país. En el marco de estas fechas encaminadas a reconocer la tortura hay que nombrar su comisión e involucrarnos en la exigencia de una efectiva implementación de la ley general para que las necesidades de las víctimas sean atendidas. Es peligroso seguir normalizando estas prácticas y, aunque parezca que estas sean cotidianas, no es normal y mucho menos justificable que desde el poder, y sin consecuencia alguna, se transgreda la integridad y rompa las vidas de otras personas.

Los negocios al estilo Jalisco son curiosos, sin duda alguna. Resulta que entre los defraudados por La Borra del Café está la empresa Operadora de Servicios Mega, sí, la misma del polémico programa de renta de maquinaria pesada de A Toda Máquina. Según la denuncia presentada por Mega en marzo pasado, prestaron bienes a los dueños de La Borra, pero éstos dejaron de pagar por los contratos, generándose una deuda de casi 200 millones de pesos.

El problema es que este caso sí ha avanzado rápido y la carpeta ya está en manos de un juez, por lo que otras personas defraudadas, más comunes que los amigos del gobernador, temen que pongan a Mega en la primera fila y, por ende, a la hora de la reparación del año los dejen fuera. ¿Se necesita tener cercanía con un alto funcionario para que la Fiscalía actúe rápido?

Por lo menos en el papel, la Fiscalía del Estado parece preocupada por la crisis forense, por lo que se acordó que también tiene responsabilidad en la identificación de cuerpos. Ante esto, el fiscal Luis Joaquín Méndez determinó crear la Coordinación Especializada en Identificación, Inhumación y Exhumación de Personas Desaparecidas, que buscará ser el enlace entre las investigaciones y el Servicio Médico Forense. Las facultades que se le dan van desde el registro y control de los cuerpos que entren al forense, las confrontas de ADN con familiares de personas desaparecidas y la solicitud de apoyo a otras dependencias para las investigaciones. Les daremos el beneficio de la duda esperando que ahora sí tengan ganas de acabar con la crisis forense.

Que llueva harto, crezca el nivel del vaso lacustre y que se pesque mucho. Ésa es en síntesis la plegaria a La Generala en su visita número 68 de manera ininterrumpida al lago de Chapala.

Será el próximo domingo cuando la Virgen de Zapopan visite el destino ribereño. La concentración de fieles busca, además, por supuesto la derrama económica, que llegaría hasta los 3 millones de pesos. Este milagrito seguro que sí se hará.

La Fiscalía del Estado detuvo y luego liberó al dueño del bar en que fue asesinado en Puerto Vallarta el ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; en el caso de los ocho jóvenes que trabajaban en un supuesto call center de Zapopan y que fueron desaparecidos y victimados, aprehendió al propietario de la casa que estaba rentada. Solo falta que en el segundo, en el multihomicidio, el gobernador también salga a decir que se trata de un caso resuelto, aun cuando en ambos asuntos criminales los asesinos siguen ser detenidos. Pequeño detalle.

Al partido Futuro lo querían llevar al baile a Tlaquepaque y debió salir a aclarar que ni invitación recibió, y si la hubiera recibido, su respuesta es negativa. Lo decimos porque el partido circuló un comunicado de prensa con los logotipos de Morena, los partidos Verde y del Trabajo, y del propio Futuro, con su arbolito, bajo los cuales se lee “Unidos por Tlaquepaque”. El comunicado invita a los medios informativos a una rueda de prensa para hoy, a las 10 horas, frente a la presidencia municipal tlaquepaquense para dar a conocer la supuesta alianza entre los cuatro partidos. Que es una imagen hecha para confundir y desinformar, asegura el edil zapopano Pedro Kumamoto. Y el partido aclara que no tiene ningún acuerdo electoral con Morena, PT y PVEM; que el comunicado no es oficial ni cuenta con la validación de Futuro y que este solo aceptó sumarse a una convocatoria ciudadana para respaldar la exigencia por el respeto a los derechos de las familias de personas desaparecidas en el municipio. Y que, salvo eso, niguas. Que a dicho baile con los tres partidos, no va.

Quinta etapa de MiBici costará 61.5 mdp

AGUSTÍN DEL CASTILLO GUADALAJARA

Por un monto de casi 61.5 millones de pesos (mdp) fue licitada la totalidad del equipamiento que se necesita para la quinta etapa del programa MiBici, lo que incluye 60 estaciones con 19 puertos de anclaje y 772 bicicletas de tres velocidades, y que servirá para ampliar la estrategia hacia la zona oriente de Guadalajara. Las obras comenzarán en octubre y serán entregadas en diciembre de este año.

El ganador de la licitación internacional LPI/AMIM/004/2023, fallada el 23 de mayo, fue PBSC Urban Solutions Inc., representada por Jaime Enrique Hernández Gómez Ibarra. La empresa participó en solitario y calificó positivamente en todos los requisitos, según el dictamen de fallo que publicó la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (Amim).

Las nuevas unidades de MiBici tendrán la imagen institucional del sistema de bici pública, serán de color gris y tendrán horquilla en negro y geoposicionador, mientras que los 60 ciclopuertos contarán con un “kiosco solar sin pantalla ni lector de tarjeta”.

A la par la Amim tiene como tarea mejorar el servicio con la recuperación de bicicletas dañadas o robadas. De 558 fuera de servicio por falta de refacciones, 280 ya están en calle en el balanceo y a finales de julio estarán todas funcionando en calle, según datos del gobierno del estado.

Otras 431 bicicletas que contaban con daño total o que fueron robadas a través de los años se recuperarán a través del cobro del seguro.

SIGUE EL DÉFICT

Actualmente el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con más de 280 kilómetros de ciclovías; sin embargo, Alexandro Alvirde Sucilla, académico de los departamentos de Proyectos Arquitectónicos y de Técnicas de la Construcción del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), señaló que no existen las condiciones óptimas para que la mayoría de los habitantes tome la opción de moverse en bici.

“Es insuficiente, el AMG tiene un déficit en ciclovías, a algunas les faltan espacio para circular con seguridad y confort, sin miedo. Para que se concrete deben de ligarse los trayectos entre las centralidades”, dijo el experto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien agregó que “en estas ciclovías no tenemos la conexión que queremos. Los tapatíos aún no estamos acostumbrados a las bicis; desgraciadamente, no somos el pueblo bicicletero que deberíamos ser”.

Es insuficiente, el AMG tiene un déficit en ciclovías, a algunas les faltan espacio para circular con seguridad y confort, sin miedo. Para que se concrete deben de ligarse los trayectos entre las centralidades”

ALEXANDRO ALVIRDE SUCILLA ACADÉMICO DEL CUAAD

MÁS QUE ESO. Los expertos consultados llaman a ver a los corales no solamente como un indicador de cambios.

FIN.