Siapa persiste en rechazar medidas para San Rafael

AGUSTÍN DEL CASTILLO GUADALAJARA

Una de las razones del estancamiento de la obra del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en el Parque San Rafael, la única que no ha podido terminarse de las que arrancaron en 2017 para resolver los problemas de inundaciones, es la negativa del organismo, en dos administraciones seguidas, a aceptar alguna presunta violación a los derechos humanos de los vecinos opositores al proyecto.

En 2018, en la recomendación

19/2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le dictó las siguientes medidas, pero todas han sido rechazadas por el organismo operador, según un informe de seguimiento emitido por el propio ombudsperson (oficio BDL/510/2023) el 28 de febrero de este año.

Primera, “realizar ejercicios de ponderación en los que se analicen las colisiones de derechos, tomando en cuenta que la medida que se imponga sea la idónea, que sea realmente útil y que el beneficio sea mucho mayor, en proporción con la afectación que se cause”.

Segunda, que “antes de reanudar las obras de los colectores de entrada y salida al depósito subterráneo ubicado en el interior del Parque San Rafael, se cuente con la certeza de que no existe algún impedimento técnico o jurídico”.

Tercera, “se deberá realizar un estudio o evaluación de los impactos ambientales que ésta generará, o en su defecto complementar el estudio técnico ambiental que justificó la exención en materia de impacto ambiental que se solicitó a la Semadet”.

La CEDHJ también le sugirió al Siapa que “otorgue a los vecinos inconformes en el presente expediente toda la información que soliciten y que por su naturaleza sea pública, particularmente el informe completo del estudio geotécnico realizado al complejo habitacional conocido como San Rafael, y les presente los resultados de la capacidad de carga por metro cuadrado que tendrá el proyecto”.

También le pidió que, en forma coordinada con las autoridades municipales, “se lleve a cabo un proceso de socialización integral con los vecinos y personas interesadas, tal como se señaló en el cuerpo de la presente, donde se les brinde información clara, oportuna y suficiente. Lo anterior considerando las condiciones jurídicas que se encuentran en trámites judiciales”.

Asimismo, como acto de desagravio y garantías de no repetición, le solicitó que “de forma conjunta con personal del Ayuntamiento de Guadalajara y previo análisis y diseño de una metodología adecuada para la solución de conflictos, se sostengan reuniones, mesas de trabajo y en general las acciones que resulten necesarias para reestablecer la relación armónica entre la ciudadanía inconforme y sus autoridades”, incluida una disculpa pública por estigmatizar a los quejosos.

Finalmente, le pidió “establecer un programa para la protección y promoción del trabajo que realizan quienes defienden derechos humanos (…) promoviendo soluciones y previniendo inconformidades mediante estudios de impacto social en todas las obras y servicios que realiza el Siapa”.

PELIGRO. Castañeda Delgadillo llamó a comprender que “arrojar un cerillo o jugar con fuego nos perjudica a todos”.

SIN ESCUCHA. El Siapa no ha atendido las medidas que le dictó la defensoría estatal.