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periódico norte de ciudad juárez
Domingo 4 de septiembre de 2011
Activistas y abogados aseguran que en Juárez quedó probado que los militares no están preparados para trabajos de seguridad pública en las calles Antonio Flores Schroeder / carlos huerta Héctor Armando Alcíbar alias ‘El Koreano’ y otras tres personas fueron presentadas por el Ejército en agosto de 2009 como los autores de 211 homicidios en la ciudad. El Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) informó que los sicarios se dedicaban a ‘limpiar’ delincuentes rivales y que los arrestos se debían al apoyo del grupo de inteligencia militar que operaba en Juárez. La noticia acaparó las noticias nacionales. ‘El Koreano’ según los soldados, declaró durante el interrogatorio que mató a 15 personas. Un año después ya se encontraba en libertad por falta de evidencia. En ese año los juarenses se estremecieron con más de 2 mil 600 asesinatos y ante la presión social la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo aquí a 93 pistoleros, de los cuales sólo 19 resultaron culpables. Un mes después el Ejército capturó a Oswaldo Muñoz González, alias ‘El Gonzo’, presunto sicario del grupo delictivo La Línea. El vocero del Operativo Conjunto Chihuahua aseguró que el detenido aceptó haber participado en la ejecución de 40 personas. El logro militar también le dio vuelta al país. Según los soldados al momento de su detención portaba una subametralladora calibre .9 milímetros, un revólver, once teléfonos celulares y decenas de dosis de mariguana y cocaína. El asunto cobra importancia si se buscan sus antecedentes. Un año antes ya había sido detenido por robo agravado por el Ejército, pero ante la falta de pruebas presentadas ante el juez, Muñoz quedó en libertad. Sus familiares dijeron que el Ejército lo detuvo al año siguiente (2009) otra vez pero que en esa ocasión le sembraron las armas y drogas que se presentaron ante la prensa nacional como evidencias de su culpabilidad. Con el paso de los meses quedó nuevamente en libertad por la deficiente investigación de los soldados. Existen muchas acusaciones por homicidio que se desvanecieron ante la carencia de pruebas, tortura o siembra de droga. La Operación Conjunta Chihuahua al mando del general Felipe de Jesús Espitia se desarrolló entre marzo de 2008 y abril de 2010 y llegó a contar con hasta siete mil efectivos del Ejército mexicano, la cual incluyó el control militar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Tránsito. Para el 2009, el segundo año del patrullaje militar en esta frontera, cuando se duplicó el número de homicidios, las autoridades sólo lograron consignar 60 expedientes y de acuerdo a sus estadísticas sólo el 3.5 por ciento de esas investigaciones llegaron ante un juez. Para los siguientes meses de la OCCH continuó, de acuerdo a publicaciones periodísticas, cometiendo abusos. Cuatro meses después de finalizada la Operación, Espitia fue sustituido de la comandancia de la Quinta Zona Militar con sede en Chihuahua. Activistas, defensores de los derechos humanos y abogados indican que lo anterior evidencia que el Ejército no está preparado para realizar funciones de seguridad pública en nuestro país, y que la experiencia que dejó Ciudad Juárez debe ser tomada
con lo que se está realizando actualmente en Monterrey. Consideraron que en Juárez la estrategia militar falló además, porque pese a que fue acompañada de una inversión de 3 mil 500 millones en el desarrollo social, los programas que se aplicaron no influyeron en los aspectos que provocan la violencia e inseguridad.
Soldados no pasaron la prueba
Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap) dijo que la reacción del gobierno contra la delincuencia fue improvisada. “El Ejército no estaba capacitado para esta función y además fue muy poco inteligente y la prueba está en q u e
muchos de estos personajes que fueron detenidos quedaron absueltos de sus cargos”, manifestó el activista. Desde su punto de vista lo que se tuvo que hacer y que considera todavía es tiempo de implementarse, es reforzar al Ministerio Público para que no se sigan ‘cayendo los casos’. “Si no se hace esto, difícilmente se resolverá el problema de la impunidad que padece nuestra frontera, si tenemos un montón de casos que resolver, lo que se necesita es que hagan investigaciones adecuadas para buscar que se castigue a los culpables”, agregó el vocero de Cimap. Si tenemos muchos casos que resolver, propuso, lo que se necesita es que se realicen investigaciones adecuadas para buscar que se castigue a los culpables. A Ortiz le queda claro que los ministerios públicos no son los suficientes y que debido a la excesiva carga con la que cuentan, no presentan buenos resultados. “Por un lado se requiere personal más capacitado y por el otro habría que utilizar esa fuerza para apoyar a los agentes investigadores”, manifestó. Otros puntos que las autoridades deben de tomar en cuenta en la lucha contra el crimen, es asegurarse de que se cuente con funcionarios de una profesionalidad absoluta y comprobada, sólo así se combatirá la impunidad. Laurencio Barraza, vocero de la Organización Independiente (OPI), coincide con Ortiz. “Muchas organizaciones indicaron en su tiempo al Gobierno federal que si se metía al E j é r c i t o a las calles, los casos se iban a caer como ahora lo estamos
viendo”, opinó. Explicó que las pruebas en la mayoría de los casos nunca fueron contundentes y que por eso muchos criminales habían obtenido la libertad. Otros de los problemas, según Barraza, es que durante los operativos militares una de las constantes fueron la violación a los derechos humanos y que nunca se repusieron los daños de los excesos. Puso como ejemplo el caso de la niña Lluvia Montellano —poco antes de la estrategia antinarco— atropellada por un militar ebrio y que actualmente tiene que utilizar una prótesis para caminar. Decenas de ciudadanos interpusieron quejas por destrucción en sus viviendas y robos durante cateos s i n órdenes judiciales. “Uno de los g ra n d e s problemas del Ejército en nuestra ciudad fue el que los militares entraran a los centros comerciales y otros lugares públicos con armas de guerra impactando fuertemente a la ciudadanía”, se lamentó el activista. Todo fue una apariencia, asegura, era mejor que el Ejército apoyara las labores del Ministerio Pú-
Poca efectividad
blico. El padre Óscar Enríquez, quien dirige el Centro de Derechos Humanos manifestó que para que funcione la estrategia contra el narco, se requiere de una labor de inteligencia y que se detenga a criminales de medio y alto nivel. “No hemos visto que se detenga a capos, a operadores financieros que estén arriba en la estructura de los cárteles, el trabajo silencioso de investigación falló y al final de cuentas la estrategia aquí fue como echarle gasolina al fuego”, dijo. Enríquez recordó que la violencia que se tiene ahora es muy similar a la del 2008 y que los militares ni detuvieron las ejecuciones ni contuvieron al crimen organizado en el asunto de las extorsiones y otros delitos.
Experiencia de Juárez debe ser tomada en NL
Acerca de la experiencia que deja el caso Juárez a otras ciudades como Monterrey en donde ya empezó una estrategia similar con el uso del Ejército, Ortiz dijo que plantear el mismo plan cuando se ha visto que no arroja buenos resultados, no sólo es poco inteligente, sino se aprecia una terquedad inexplicable. “Si en Monterrey se pone la misma estrategia como ya se está viendo, que no nos extrañe que el resultado sea el mismo, es decir, que detengan mucha gente como sucedió aquí pero que después salga libre como está sucediendo en Juárez, y lo peor del asunto, que impacte directamente a la economía regia”. Lo que vimos aquí, abundó, es que la estrategia militar pegó directamente a las relaciones del tejido social y además incrementó la violencia. Lamentablemente los regios se encaminan al problema que Juárez experimentó hace más de dos años. “La estrategia esa de tener retenes y estar esculcando a todas las personas, primero nos viola nuestras garan-
Para el 2009, año en que el número de ases se duplicó autoridades sólo log inatos, las raron consignar 60 expedientes, la gran mayoría las realizó el Ejérci to Sólo el 3.5 por cie nto hechos por militares de los expedientes llegaron ante un jue z
tías porque tratan a toda la ciudadanía como culpables, a todos nos tratan como sospechosos”. Ortiz aseguró que agregó que a lo anterior se suma un gasto millonario de recursos públicos para ver si encuentran a un delincuente. “Ese no es un trabajo de investigación ni de inteligencia, es un trabajo de tanteo y error que nos sale demasiado caro a los mexicanos, porque todos lo pagan con sus impuestos”, indicó. Barraza se dice dolido por el atentado al casino Royale. Para él primero hay que entender que fue un golpe fortísimo a la ciudadanía, a todo el país, porque las 52 víctimas entristecieron al pueblo mexicano que ahora está enojado contra los narcotraficantes. “Yo lo que veo es que se está aprovechando el dolor y el luto para ofrecer las mismas estrategias en Monterrey y son las mismas que se aplicaron aquí. El haber traído al Ejército a Juárez trajo malos resultados, vemos que muchos criminales están quedando libres de los cargos y vino a incrementar el sentimiento de inseguridad en las calles”, manifestó. Agregó que si el plan que ya se aplica en Monterrey no se acompaña con otras medidas como una inteligente inversión en el desarrollo social, se verá otro fracaso. El integrante de la OPI explicó que en Juárez se invirtieron alrededor de unos 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo no se gastó
en programas que incidieran en los factores que influyen en la violencia. Según Barraza estos programa no funcionaron y pone como prueba lo que NORTE publicó hace unos días con las casitas que se construyeron por el Gobierno federal y ahora están deshabitadas por la inseguridad o crisis económica. Fue una inversión que se tiró a la basura, concluye el luchador social. El sacerdote Enríquez va al grano. Si a Juárez le preguntaran que si es recomendable utilizar la misma estrategia que se desarrolló en Juárez hace tres años, diría que no. “Lo que faltó en Juárez y debe verse en Monterrey, es que aparte del trabajo preventivo debe haber un mayor trabajo de consenso con las autoridades locales y con la ciudadanía en general. Aunque hubo una mayor inversión social en educación y salud, la problemática social juarense continúa, porque la estrategia no fue integral”, finalizó el cura.
Violación a DH, el otro problema
Los activistas entrevistados coincidieron también en que debido a que el Ejército no está preparado para llevar a cabo tareas policiales, el número de quejas se incrementó y las autoridades federales están obligadas a que no se repita el fenómeno en Monterrey. Entre marzo de 2008 y abril de 2010, la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la oficina municipal de quejas en Juárez, recibieron más de mil 500 quejas contra abusos de militares, que incluyeron 15 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial. Algunos abogados entrevistados por NORTE consideraron que aquellas personas presentaron denuncias por ejecuciones extrajudiciales, ya pueden llevar los casos a tribunales civiles. Recordaron que en julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribunales civiles podrán juzgar a militares que hayan violado garantías individuales.
CASOS SOBRESEÍDOS 2011 La Fiscalía General del Estado, pidió el sobreseimiento de la causa penal a favor de los sicarios Juan Antonio Muñoz Ceniceros y Édgar Iván Martínez Chávez al no contar con
pruebas que acrediten su responsabilidad en la muerte de los agentes municipales José Alfredo López y Eduardo Villalobos Ruiz. Se informó que el agente del Minis-
terio Público no pudo demostrar la responsabilidad de ambos sicarios en el asesinato de los dos policías municipales durante la etapa de investigación, por lo que mejor de-
cidió pedir el sobreseimiento de la causa penal. El Tribunal Oral, integrado por las jueces Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Florina Coronado
Burciaga, se abstuvieron de llevar a cabo una audiencia para este procedimiento y por despacho determinaron dar por terminada esta causa penal.
EL GOKÚ / LAS PALMAS
SEVEN & SEVEN
LOS ARCHULETA
El presunto sicario Sergio Leonel Castro Rivera, alias El Gokú, será exonerado por falta de pruebas de la masacre del Motel Las Palmas donde cinco personas fueron asesinadas el 11 de junio del 2009. La agente del Ministerio Público, Diana Terrazas le manifestó a la juez de Garantía Marisela Vázquez Granados durante el desarrollo de una audiencia intermedia que van a solicitar el sobreseimiento de la causa penal a favor de Sergio Leonel Castro Rivera, por no contar con pruebas que acrediten su responsabilidad en los hechos acontecidos en el Motel Las Palmas. Según archivos periodísticos, la mañana del 11 de junio del 2009, un grupo armado ingresó al Motel Las Palmas y asesinó a cinco personas.
A principios del mes de agosto del año en curso, la Fiscalía General del Estado pidió a un Tribunal Oral, el sobreseimiento de la causa penal en favor de tres supuestos sicarios del cártel de Sinaloa o de ‘El Chapo’ Guzmán al no acreditar su responsabilidad en la masacre del bar Seven & Seven, ocurrida el 17 de agosto del 2009. Este múltiple homicidio en donde fueron asesinadas ocho personas incluyendo el propietario del bar, Francisco Torres Colmenero, quedará impune y los verdaderos responsables no serán castigados. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado pidió al Tribunal Oral compuesto por los jueces Arnulfo Arellanes Hernández, Jesús Manuel Medina Parra y Claudia Domínguez Curiel, no contar con una acusación formal en contra de Roberto Rosas Salas, alias El Robert, de 22 años de edad; Sergio Estrada Gutiérrez, alias El Ríos, de 24 años y Fernando Montes Godina, alias El Bam Bam, de 24 años.
En el mes de junio del 2010, el agente del Ministerio Público, Masahico López Pedroza, solicitó el sobreseimiento de la causa penal 1548/2010 en contra de tres sicarios de La Línea, Rodolfo Sierra Archuleta, alias El 31; Sergio Daniel Martínez , alias El 32 y Pedro Eduardo Martínez, alias El Medio, que participaron en el asesinato del lotero Herminio Cázares Polanco, ocurrido el 17 de junio del 2009. Mediante oficio 3110/2011, el fiscal López Pedroza dijo: “Por medio del presente, me permito informar a usted (tribunal oral) sobre la determinación tomada por parte de esta representación social, en cuanto al desarrollo de la audiencia de debate a juicio oral número 25/2011, debido a que esta representación social no cuenta con los elementos suficientes para fundar la acusación en contra de Rodolfo Sierra Archuleta, Sergio Daniel Martínez Segura y Pedro Eduardo Martínez Gordillo, por lo que con fundamento en el Artículo 20 constitucional, así como sus correlativos 80, 281 Fracción IV, 289 y 291 del Código de Procedimientos Penales, solicito el sobreseimiento total del presente juicio oral; de igual manera solicito se me tenga por renunciado al término para interponer el recurso previsto en el numeral 419 del Código de Procedimientos Penales en contra de la resolución emitida por este tribunal oral”.