Ciudadanía por nacimiento bajo amenaza: qué implica la nueva orden y a quién afecta

Redacción - New/Nueva Opinión

El pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente en Estados Unidos. La medida —justificada por la administración como una “correcta interpretación” de la Enmienda 14 de la Constitución— ha generado una ola de demandas legales, preocupación en comunidades inmigrantes y un intenso debate sobre los fundamentos constitucionales del país.

Aunque la orden fue bloqueada temporalmente por un juez federal tres días después de su anuncio, su contenido y posible aplicación han puesto en alerta a miles de familias y organizaciones en todo el país. Si entra en vigor, marcaría un giro histórico en la forma en que Estados Unidos reconoce la ciudadanía desde hace más de un siglo.

¿Qué establece la orden ejecutiva?

La medida firmada por Trump indica que, a partir del 19 de febrero de 2025, no se reconocerá como ciudadanos estadounidenses a los niños nacidos en el país si ninguno de sus padres tiene estatus legal permanente. Esto incluye a personas en situación irregular, así como a quienes residen con visas temporales, Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo pendientes.

Según el decreto, estos recién nacidos no serán elegibles para obtener pasaporte estadounidense ni número de Seguro Social, a menos que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente. La orden también requerirá que se demuestre ese estatus legal para acceder a documentos básicos de identidad.

“Esto afecta directamente a familias que han vivido durante años en Estados Unidos, que contribuyen, trabajan, pagan impuestos y han echado raíces aquí”, expresó Alba Villa, directora de desarrollo de LULAC, una de las organizaciones que ha interpuesto demandas contra la medida. “Estamos hablando de niños que, hasta ahora, eran reconocidos como ciudadanos estadounidenses al nacer”.

El fundamento constitucional en disputa

La Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos”. Esta disposición fue diseñada para garantizar derechos plenos a los antiguos esclavos tras la Guerra Civil, y fue reafirmada en 1898 por la Corte Suprema en el caso Wong Kim Ark, que determinó que los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense también tienen derecho a la ciudadanía.

La administración Trump argumenta, sin embargo, que la cláusula “sujeto a su jurisdicción” excluye a los hijos de padres sin residencia legal permanente, una interpretación que ha sido rechazada por numerosos juristas.

“La ciudadanía por nacimiento es un derecho civil profundo, establecido como respuesta al racismo estructural y la exclusión”, explicó Maya Wiley, presidenta de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Humanos y Civiles. “Revocar ese derecho mediante una orden ejecutiva es un acto que socava principios fundamentales del país”.

Reacciones legales y sociales

La reacción legal fue inmediata. El 23 de enero, el juez federal John C. Coughenour bloqueó temporalmente la orden como respuesta a una de las cinco demandas presentadas por más de 20 estados, ciudades y organizaciones defensoras de derechos civiles. Demandantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), CASA y el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo (ASAP) han calificado la medida como “abiertamente inconstitucional”.

Otras demandas fueron presentadas por coaliciones en Nueva Hampshire, Massachusetts y el Distrito de Columbia. El argumento común: ningún presidente tiene la autoridad para revocar derechos constitucionales mediante un decreto.

“La enmienda 14 garantiza la ciudadanía por nacimiento, y cualquier intento de cambiarla requeriría una enmienda constitucional, no una orden ejecutiva”, subrayó Muzaffar Chishti, del Instituto de Políticas Migratorias.

El impacto humano

Más allá del plano legal, la orden amenaza con dejar en el limbo a miles de niños y niñas nacidos en Estados Unidos. Sin la ciudadanía, enfrentarían restricciones para acceder a educación pública, atención médica, empleo y otros derechos básicos. Las familias afectadas temen que, sin documentos, sus hijos crezcan sin protección legal ni reconocimiento formal.

“Ya no se trata solo de un cambio de política, sino de un mensaje sobre quién es bienvenido, quién pertenece y quién tiene derecho a construir una vida aquí”, dijo a Nueva Opinión una madre embarazada en espera de asilo, quien pidió no ser identificada.

Para muchas familias Latinx, esta incertidumbre revive temores anteriores asociados a políticas migratorias restrictivas, ahora con el agravante de que podrían afectar directamente a sus hijos nacidos en territorio estadounidense.

¿Qué sigue?

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con expectativas de que el caso eventualmente llegue a la Corte Suprema. Mientras tanto, la orden sigue bloqueada temporalmente, pero no ha sido anulada. La Casa Blanca ya ha manifestado que está dispuesta a defender la medida en los tribunales, calificando las demandas como “una extensión de la resistencia política de la izquierda”.

Mientras se resuelve el litigio, organizaciones proinmigrantes se movilizan para informar a las comunidades, brindar asesoría legal y acompañar a familias embarazadas que podrían verse afectadas a partir de la fecha anunciada de implementación.

El debate en torno a la ciudadanía por nacimiento no es nuevo, pero nunca antes había estado tan cerca de cambiar en términos legales y administrativos. En el centro del conflicto no solo está el texto de la Constitución, sino el futuro de miles de niños cuyo único “error” sería haber nacido de padres sin papeles. El país ahora enfrenta no solo una cuestión legal, sino una prueba de su compromiso con los principios sobre los cuales fue fundado.