El nuevo megaproyecto de ley fiscal y social: ¿qué cambios traerá para las familias inmigrantes?

Este megaproyecto aún debe ser aprobado en versión final por ambas cámaras del Congreso, pero las líneas generales ya permiten vislumbrar transformaciones estructurales en el modelo de asistencia y protección social en Estados Unidos.

Redacción - New/Nueva Opinión

Con la aprobación en el Senado del megaproyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por la administración del expresidente Donald Trump —y con negociaciones aún en curso entre ambas cámaras del Congreso— el país se prepara para una serie de cambios que podrían transformar significativamente la estructura del sistema de beneficios sociales en Estados Unidos. El proyecto combina la extensión de recortes de impuestos establecidos en 2017 con una serie de reformas al gasto federal, particularmente en áreas como salud, alimentación, vivienda, educación y migración.

Aunque sus defensores lo presentan como una medida para estimular el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal, diversas organizaciones comunitarias y analistas advierten que podría reducir el acceso a servicios esenciales para comunidades vulnerables, incluyendo muchas integradas por inmigrantes.

Este artículo busca explicar de manera clara y detallada cómo estos cambios podrían impactar a las familias inmigrantes en Estados Unidos, tomando en cuenta tanto los aspectos directos como los efectos colaterales que podrían derivarse de su implementación.

Salud: nuevos requisitos y menos acceso a Medicaid

Uno de los cambios más significativos se daría en el programa Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos. El proyecto introduce un requisito laboral para los beneficiarios de entre 19 y 64 años, quienes deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudios, voluntariado o entrenamiento laboral. También se aplicaría a padres con hijos mayores de 14 años.

Además de este requisito, se prevé que los estados reciban menos fondos federales para administrar Medicaid, lo que podría traducirse en recortes de servicios, límites de inscripción y más procesos de verificación. Los beneficiarios podrían tener que pagar hasta US$ 35 por algunos servicios médicos.

Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), aproximadamente 12 millones de personas podrían quedar sin seguro médico en los próximos años si estos cambios entran en vigor.

Para familias inmigrantes de bajos ingresos, especialmente aquellas en estatus mixto o transitorio, el cumplimiento de estos nuevos requisitos podría resultar especialmente desafiante, debido a condiciones laborales inestables, barreras de idioma o acceso limitado a tecnología.

Alimentación: cambios en el programa de cupones SNAP

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) también vería ajustes importantes. El nuevo plan ampliaría los requisitos de trabajo a personas mayores de 55 años, padres con hijos adolescentes y otros grupos anteriormente exentos, como veteranos o personas sin hogar.

Por primera vez, los estados tendrían que asumir parte del costo de los beneficios y sus gastos administrativos, algo que podría llevar a restricciones en la elegibilidad, reducción de beneficios o retiro del programa en algunos casos.

Este ajuste representa una preocupación real para familias inmigrantes que dependen de SNAP como complemento esencial en su alimentación. Además, los nuevos trámites y verificaciones podrían representar barreras administrativas adicionales para quienes no dominan el idioma inglés o carecen de acceso a servicios de asistencia.

Cobertura médica a través del ACA (Obamacare)

Los cambios también afectarían a quienes acceden a cobertura médica a través del mercado de seguros del Affordable Care Act (ACA). El proyecto eliminaría la reinscripción automática y aumentaría los requisitos de verificación, lo que podría resultar en la pérdida no intencional de cobertura para muchas personas.

La CBO anticipa que millones perderían su seguro en este rubro. Para familias inmigrantes, estos cambios podrían traducirse en la pérdida de subsidios y mayor dificultad para cumplir con requisitos burocráticos, sobre todo en contextos de empleo informal o ingresos fluctuantes.

Acceso restringido para inmigrantes a beneficios federales

El proyecto propone restringir aún más la elegibilidad de los inmigrantes no ciudadanos a beneficios como Medicaid, SNAP, subsidios del ACA y Medicare. Según el texto actual, incluso grupos que antes calificaban —como refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de violencia doméstica o trata de personas— podrían quedar excluidos de estos programas.

Adicionalmente, se incrementarían las tarifas de trámites migratorios: solicitudes de asilo, permisos de trabajo, TPS, procesos humanitarios y comparecencias en cortes de inmigración. Para muchas familias, esto representaría un obstáculo económico considerable y podría frenar sus procesos de regularización o estabilidad migratoria.

Impactos indirectos: hospitales, escuelas y supermercados

Aunque algunos cambios no están dirigidos específicamente a las comunidades inmigrantes, sus efectos secundarios podrían ser significativos. Por ejemplo, los recortes a Medicaid podrían afectar la viabilidad financiera de hospitales, especialmente en zonas rurales, donde viven muchas familias inmigrantes. Esto podría provocar cierres o reducción de servicios.

El proyecto también implicaría que los estados reciban menos fondos para educación e infraestructura, debido al aumento de su carga presupuestaria. Las escuelas públicas, donde estudian millones de hijos de inmigrantes, podrían ver recortes en programas complementarios como alimentación escolar, transporte o apoyo psicosocial.

Por otro lado, supermercados independientes —particularmente en zonas con alta presencia latina— podrían verse afectados por la reducción en beneficios de SNAP, ya que dependen en gran parte de estas compras para sostener sus ventas y empleo local.

Otros puntos relevantes del proyecto

El proyecto extiende de forma permanente los recortes fiscales individuales iniciados en 2017. Si bien todos los contribuyentes verían algún alivio, los hogares con ingresos altos serían los principales beneficiarios. La reducción promedio para quienes ganan más de US$ 217.000 sería de US$ 12.500, mientras que para quienes ganan menos de US$ 35.000 sería de solo US$ 150.

Se plantea también un aumento del impuesto a los fondos patrimoniales de universidades privadas con grandes dotaciones, como Harvard o Yale. Esto podría impactar indirectamente en becas y programas para estudiantes de origen inmigrante.

En el ámbito educativo, se limitarían los montos de los préstamos federales para posgrados y para padres, así como las opciones de condonación o pagos diferidos. Esto podría dificultar el acceso a educación superior para jóvenes de familias inmigrantes.

El paquete incluye más de US$ 90.000 millones en fondos para la construcción del muro fronterizo y la expansión de los centros de detención de ICE. Estas medidas marcan un cambio de enfoque en las prioridades presupuestarias en torno a la inmigración.