Propuesta bipartidista busca otorgar estatus legal temporal a inmigrantes sin papeles

Redacción - New/Nueva Opinión

En medio de redadas migratorias y un aumento en las tensiones políticas en torno a la inmigración, dos congresistas latinas —una republicana y una demócrata— han presentado una propuesta de ley que podría ofrecer un alivio temporal pero importante a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Se trata de la Ley Dignidad de 2025, impulsada por María Elvira Salazar, representante republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas. La propuesta busca crear un estatus legal temporal de hasta siete años para inmigrantes que hayan vivido en el país desde antes de 2021. Este estatus incluiría permisos de trabajo, pero no abriría un camino hacia la ciudadanía ni permitiría acceder a beneficios federales.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

El proyecto está enfocado en personas sin estatus migratorio que ya son parte activa de la economía estadounidense. Bajo esta ley, quienes califiquen deberán:

• Pagar una multa al Gobierno como parte del proceso de registro,

• Acudir regularmente a citas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS),

• No haber cometido delitos graves,

• Y comprometerse a contribuir con una tarifa adicional sobre sus nóminas.

En palabras de la congresista Salazar, el objetivo es ofrecer una solución realista ante la falta de avances en materia de reforma migratoria:

“Durante 40 años, todos los presidentes y el Congreso han mirado hacia otro lado mientras millones de personas viven aquí de manera ilegal, muchas de ellas trabajando en industrias clave que mantienen en marcha nuestra economía. Es el talón de Aquiles que nadie quiere arreglar”, afirmó.

“La Ley Dignidad ofrece una solución de sentido común: ciertos inmigrantes indocumentados pueden obtener un estatus legal —no la ciudadanía— trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país. Sin limosnas. Sin atajos. Solo responsabilidad y estabilidad”, agregó.

Una propuesta en medio de redadas y miedo

La presentación de esta iniciativa ocurre en un contexto tenso. La Administración Trump ha intensificado las redadas y las acciones de deportación masiva. Según reportes recientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) considera que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a audiencias de fianza, una postura que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

A finales de junio, una redada en dos granjas del sur de California terminó con más de 200 personas arrestadas, lo que provocó protestas y enfrentamientos con defensores de inmigrantes. A pesar de estas acciones, el propio Trump ha dicho en entrevistas que su equipo está trabajando en una opción que permita a ciertos trabajadores indocumentados permanecer en el país de manera legal y temporal.

“Estamos trabajando en ello ahora mismo. Vamos a implementar algún tipo de pase temporal donde la gente pague impuestos, donde el agricultor pueda tener un poco de control, en lugar de que entren y se lleven a todo el mundo”, dijo Trump en una entrevista reciente con Fox News.

¿Una vía posible hacia el consenso?

Aunque la propuesta no contempla un camino a la ciudadanía ni una amnistía, sus autoras consideran que esa limitación podría ser justamente lo que facilite su aprobación en un Congreso dividido. Salazar y Escobar argumentan que este proyecto no es una solución total, pero sí un avance concreto que responde a las necesidades de la economía y de millones de familias inmigrantes.

El proyecto también incluye:

• Refuerzo en la seguridad fronteriza,

• Uso obligatorio del sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de los trabajadores en todo el país,

• Y una fuente de financiamiento basada en las restituciones pagadas por los inmigrantes beneficiarios y un impuesto sobre sus nóminas.

¿Qué sigue?

La Ley Dignidad de 2025 apenas comienza su camino legislativo. Para que se convierta en ley, deberá superar múltiples etapas, incluidas audiencias y votaciones en ambas cámaras del Congreso. Organizaciones proinmigrantes ya analizan el contenido de la propuesta, mientras algunos sectores conservadores podrían ver con buenos ojos una opción que no ofrece ciudadanía, pero sí orden y control migratorio.

Mientras tanto, miles de familias siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser separadas o deportadas. Para muchas de ellas, una medida como esta —aunque limitada— representa una oportunidad para trabajar legalmente y vivir con algo de estabilidad.

En los próximos meses, la comunidad inmigrante y sus aliados estarán observando de cerca si esta propuesta avanza o se convierte en otro intento fallido de una reforma migratoria que sigue siendo urgente.