Reagan y la última amnistía migratoria en EE.UU.: Una apuesta conservadora con impacto positivo

Redacción - New/Nueva Opinión

El 6 de noviembre de 1986, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó una ley que marcaría un antes y un después en la historia migratoria del país: la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés). Con esta decisión, aproximadamente tres millones de inmigrantes indocumentados lograron regularizar su estatus migratorio y empezar un nuevo capítulo como residentes legales en EE.UU.

Para muchos, resulta paradójico que haya sido precisamente un líder conservador y republicano quien impulsó la última gran amnistía migratoria. Reagan, ícono de la derecha estadounidense y artífice de una profunda transformación ideológica del país durante la década de los 80, veía en la migración no solo un reto legal, sino también una oportunidad de justicia y desarrollo económico.

Regularizar, integrar y fortalecer la economía

“Este país fue construido por inmigrantes”, solía decir Reagan. Y aunque su retórica era clara en cuanto a reforzar las fronteras y sancionar a empleadores que contrataban a trabajadores indocumentados, también entendía que millones de personas ya vivían, trabajaban y contribuían a la sociedad estadounidense sin papeles. Legalizarlos no solo era una cuestión de humanidad, sino de estrategia nacional.

La IRCA ofreció dos vías principales para la regularización: una para quienes habían estado en el país desde antes del 1 de enero de 1982, y otra para trabajadores agrícolas. Se estima que 1,7 millones de personas accedieron al primer programa y 1,3 millones al segundo.

Los resultados fueron contundentes. Estudios realizados tras la implementación de la ley mostraron que los beneficiarios vieron sus ingresos aumentar entre un 15% y un 17% en solo dos años. Muchos aprovecharon su nuevo estatus para mejorar su educación, aprender inglés y acceder a empleos mejor remunerados.

“Cuando la gente sabe que puede quedarse, invierte en su futuro”, explicó Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha seguido el tema desde los años 80. Ese cambio de perspectiva generó un impacto directo en la economía estadounidense: más consumo, más emprendimientos, más compra de viviendas, y más hijos de inmigrantes asistiendo a la universidad.

Un impulso que benefició a todos

Contrario a los temores de que la regularización afectaría negativamente a los trabajadores nativos —especialmente afroestadounidenses—, la legalización generó un “boom” económico que favoreció a las comunidades en su conjunto. El aumento en la actividad económica, especialmente en zonas urbanas y rurales con alta presencia de migrantes, creó más empleos y dinamizó sectores clave.

Un análisis de 2009 del American Immigration Council documentó que, entre 1990 y 2006, los migrantes regularizados bajo la IRCA mejoraron significativamente su nivel educativo, redujeron sus tasas de pobreza y aumentaron la propiedad de vivienda. Además, muchos ascendieron a puestos de supervisión y dejaron de depender de ayudas públicas.

Lo que falló: sanciones débiles y falta de visión a largo plazo

Sin embargo, no todo fue éxito. Uno de los pilares de la ley —las sanciones a los empleadores que contrataran a sabiendas a indocumentados— fue poco o nada implementado. A pesar de estar estipuladas en la ley, las multas raramente se aplicaban. Ya en 1990, se reportaba un escaso cumplimiento y falta de coordinación entre agencias. Para 1994, incluso los recursos para investigar a estos empleadores habían disminuido.

¿Por qué no se aplicaron estas sanciones? Según Hinojosa, la razón es política: “Los empleadores son un grupo muy poderoso tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano”, lo que hizo que fuera más fácil castigar a los trabajadores indocumentados —quienes no tenían poder político— que a sus contratadores.

Además, la ley no contempló la necesidad constante del mercado laboral estadounidense de mano de obra no cualificada. Al no establecer canales legales permanentes para suplir esta demanda, la inmigración irregular volvió a crecer con los años. Para 2022, se estimaba que había unos 12 millones de indocumentados en EE.UU., más del doble de los que había antes de la IRCA.

¿Una lección para el presente?

Han pasado casi cuatro décadas desde la última gran reforma migratoria. Desde entonces, ningún gobierno —ni republicano ni demócrata— ha logrado replicar el consenso alcanzado en 1986. A pesar de los múltiples intentos, las divisiones políticas, los intereses económicos y la polarización del debate han impedido avances significativos.