Gobierno ofrece $1,000 a migrantes que acepten salir voluntariamente

Redacción - New/Nueva Opinión

El gobierno de Donald Trump ha puesto sobre la mesa una oferta poco común: pagar $1,000 a personas migrantes para que abandonen voluntariamente el país. La propuesta, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir los costos de las deportaciones forzadas y evitar enfrentamientos con autoridades migratorias. Pero detrás del aparente incentivo económico, hay una serie de advertencias y preocupaciones que han comenzado a sonar con fuerza entre expertos legales y defensores de derechos humanos.

La medida utiliza la aplicación CBP Home, una versión modificada de la app CBP One implementada durante la administración Biden. A través de ella, las personas pueden organizar su regreso a sus países de origen, gestionar documentos de viaje y recibir apoyo para la compra de boletos. El gobierno promete entregar el dinero una vez que se confirme la salida efectiva del país.

Según el DHS, esta vía “ordenada” de salida permitiría a los migrantes evitar ser arrestados o deportados por la fuerza, mientras el gobierno ahorra recursos: deportar a una persona cuesta, en promedio, más de $17,000. A simple vista, la propuesta podría parecer una solución menos traumática. Pero las organizaciones que trabajan con personas migrantes ven el programa de otro modo.

“La auto-deportación no es segura ni sencilla, y mucho menos cuando se hace bajo presión o por miedo”, advirtió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). La organización denunció que el gobierno está promoviendo esta opción incluso entre personas que se encuentran en pleno proceso legal, como solicitantes de asilo, sin explicar completamente las consecuencias. Una persona que se auto-deporta puede quedar sujeta a una prohibición de ingreso por años o, en algunos casos, de por vida.

También preocupa la falta de información clara. “Es engañoso presentar esto como una elección libre cuando muchos no tienen asesoría legal ni entienden qué derechos están renunciando”, señaló AILA. El gobierno, por su parte, sostiene que el programa ofrece una alternativa “digna” en lugar de ser arrestado por ICE.

En sus primeros 100 días, la administración Trump ha reportado más de 135,000 deportaciones. Entre ellos, se encuentran hombres venezolanos y salvadoreños que, según reportes, fueron enviados a cárceles sin posibilidad de defensa legal ante acusaciones de pertenecer a pandillas.

Desde el portal de la aplicación, el mensaje es distinto. Se habla de flexibilidad, de la posibilidad de cerrar ciclos personales y laborales antes de partir. “Organice su regreso de forma legal y oportuna”, se lee. Sin embargo, para muchas familias migrantes que llevan años construyendo una vida en Estados Unidos, la oferta de $1,000 no parece suficiente frente al temor, la incertidumbre y el riesgo de ser separados de sus seres queridos.

Para algunos, podría ser una salida desesperada. Para otros, una trampa. Lo cierto es que la propuesta, por más voluntaria que se presente, se da en un contexto marcado por un fuerte aumento en los operativos de deportación y una sensación creciente de vulnerabilidad entre las comunidades migrantes.