Editorial

Un año que no podrá quedar atrás

A las 23:59 del 31 de diciembre del 2020 seguramente muchos experimentamos la misma sensación: alivio porque comenzábamos a dejar atrás un año durísimo. A pesar de ello, sin minimizar aquel reparador alivio compartido por millones de personas, hay que decir que, nos guste o no, el 2020 jamás podrá quedar atrás. Es que a su paso vivimos la mayor crisis sanitaria, social y económica (no bélica) de la historia. Esta crisis no sólo nos dejó la huella imborrable que implica la pérdida de vidas, tanto a nivel individual como social, sino también nos dejará consecuencias estructurales de las que tardaremos muchísimos años en recuperarnos, porque para nuestro país la pandemia significó además la consolidación y profundización de desigualdades e injusticias sociales previamente estructurales.

El 64% de nuestros niños viven en la pobreza. No se me ocurre dato más dramático y representativo de la realidad que nos toca revertir. Cualquier otra información que podamos agregar como el cierre de 41.200 pymes, la pérdida de 185.300 empleos, el aumento descontrolado de precios, son los mojones de una realidad que termina expresándose de la manera más dura posible en la infantilización de la pobreza.

No caben dudas de que el 2020 sorprendió a todo el sistema político y consolidó un nuevo descenso en la espiral de retroceso estructural que sufre la Argentina hace décadas. Sin embargo, la sorpresa de un contexto adverso, por más inédito y complejo que haya sido, no puede ni debe convertirse en una mega excusa que se utilice para justificar la falta de gestión y la proactividad para contener la situación. La pandemia expuso más que nunca la necesidad de un Estado con herramientas que le permitan mayor agilidad, dinamismo y capacidades para asignar de modo inteligente, transparente y eficiente recursos con una visión de integralidad de los problemas.

A partir de esa lectura de contexto, durante 2020 decidimos desde Confianza Pública, como parte del Bloque Vamos Juntos de la Legislatura de la Ciudad, trabajar en proyectos tendientes a robustecer e institucionalizar estas capacidades tan necesarias en la coyuntura que nos toca atravesar, focalizándonos en la reducción de las brechas sociales, la protección del trabajo y de los derechos humanos y el aumento de niveles de integridad pública. Por ejemplo, durante 2020, logramos la aprobación de la Encuesta del Uso del Tiempo, una herramienta con la que vamos a poder tener mayor información sobre el tiempo que una mujer le dedica al trabajo, a la capacitación y a la recreación. Esto nos permitirá conocer la brecha actual y trabajar para reducirla. Esta herramienta ha sido especialmente importante porque la pandemia amplió las inequidades de género persistentes en términos de acceso al mercado laboral, en especial porque el 76% del trabajo doméstico no remunerado cae sobre los hombros de las mujeres y en un contexto que tuvo mayor carga de este tipo de tareas debido a la falta de clases y poblaciones adultas en riesgo, la reinserción de la mujer en el mercado laboral o el impulso en su carrera laboral se vio afectada.

Otras herramientas importantes en este contexto han sido el Derecho al Último Adiós para que familiares y pacientes enfermos de COVID-19 pudieran despedirse en momentos de internación; la creación del Comité de Equidad en el Trabajo, para elevar los niveles de igualdad de oportunidades en la Ciudad; y la Creación de la Agencia de Integridad Pública de la Ciudad para dotar de mayor transparencia a todos los procesos del Estado.

La integridad y la transparencia no son sólo imperativos morales elementales de la gestión pública, son también pilares para la construcción de lazos de confianza sostenibles entre la ciudadanía y sus representantes. Es la materia prima de la cooperación.

Una enseñanza evidente que nos dejó el 2020 fue que una crisis sanitaria y económica sin precedentes hace todavía más necesario desarrollar la capacidad de coordinación ciudadana y, sobre todo, la de generación de políticas públicas entre jurisdicciones. Los problemas que no tienen fronteras no pueden tener soluciones aisladas. Por eso, desde la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales que presido, buscamos generar ámbitos de verdaderos intercambios y construcción de consensos como un ejercicio permanente y necesario para poder comprender la real complejidad de los problemas y sus perspectivas.

La capacidad de coordinación a gran escala es esencial para la prosperidad en un futuro que vislumbra problemas globales muy complejos. Las ciudades necesitan fortalecer sus capacidades de articulación y entender al consenso y al diálogo como verdaderas herramientas de gestión pública y desarrollo regulatorio. No como una cuestión accesoria, sino como una cuestión estratégica e indispensable que no pueda ser ahogada por las mezquindades y celos de la política.

Necesitaremos debates honestos y profundos que sean capaces de abordar la complejidad de un contexto signado por la pandemia y la cuarentena y por el intempestivo recorte de la coparticipación impuesto unilateralmente por el Gobierno Nacional durante 2020. El año electoral es una oportunidad para que la ciudadanía asigne al sistema político las prioridades que considera necesarias para emprender el camino hacia la recuperación. Nuestro desafío será que el debate sea productivo y no una batalla de relatos vacíos que quiten el foco del arduo trabajo que tenemos por delante, porque no podemos olvidar que a pesar de que cambiamos el calendario, las consecuencias del 2020 no quedarán atrás.

/NataliaFidelOK @nataliafidel @nataliafidelok