Número 37- Agosto 2013 by mexico social

TURISMO SOCIAL Año 2 - No. 37, agosto de 2013, Precio: $35.00 m.n.

Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo » 08 México Social

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Un texto de

Gilberto Rincón Gallardo (In memoriam) » 31 ISSN: 2007 - 2600

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MÉXICO SOCIAL

EN ESTE NÚMERO:

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SARA SEFCHOVICH CLARA JUSIDMAN CLARA SCHERER SARA MURÚA TERESA INCHÁUSTEGUI

Cuidar de los

vulnerables

ÍNDICE

MÉXICO SOCIAL es una publicación del

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró

UN SECTOR ESTRATÉGICO Claudia Ruiz Massieu

LA ECONOMÍA DEL TURISMO José Luis Castro

LA REVOLUCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO Verónica Montes de Oca / Mirna Hebrero

UN GRUPO QUE DEMANDA MODELOS DE ATENCIÓN Rosaura Ávalos

UNA NUEVA MENTALIDAD Susan Pick/Martha Givaudan

REFLEXIÓN SOBRE LA ASISTENCIA SOCIAL Gilberto Rincón Gallardo (In memoriam)

UN SIGLO DE ASISTENCIA Sara Sefchovich

REVISIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS Clara Jusidman

EL FRACASO DE LA ASISTENCIA SOCIAL Clara Scherer

DE LA BENEFICENCIA A LA NO DISCRIMINACIÓN Sara Murúa / Lorena Velazco

Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Vinculación y Relaciones Públicas GCL COMUNICACIÓN: Gisela Casarín Alberto Martínez Lorena Martínez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco DISEÑO Alejandra Núñez Valentín Israel Cruz Avila Fotos Portada "La Caridad Romana", de Luis Monroy © D.R. Museo Nacional de Arte / Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2013

¿QUÉ FUTURO TIENE LA NUEVA ASISTENCIA? 54 Teresa Incháustegui

México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

Próximo número Análisis de las violencias

México Social, Año 2, No. 37, agosto 2013, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pensylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México D.F., este número se terminó de imprimir el 25 de julio de 2013. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

SON AS TRA TA DE PER m.n. Precio: $35.00 junio de 2013,

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Robles José Narrola UNAM » 6 Rector de 2600

ISSN: 2007 -

ESCRIBEN:

CANTÚ » ABELARDO PO » FELIPE OCAM NAHMAD » SALOMÓNEDUAR RETE » JORGEN TORREDOS NAVAR » RAMÓ

Energía:

$35.00 m.n.

PROGRAMA

UNIV Visiones de coyu ERSITARIO DE ESTU gos DIOS DEL DESA y ries adsobre RROLLO las clases medi desigualdntura as y la pobreza » 04 México Social

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de 2013, Precio: Año 2 - No. 36, julio

Las empresas so arias mueven a Méxlid ico

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Año 2 - No. 35,

MÉXICO SOCIAL

México Social

Meza N »4 Juan Silva idente SCJ Ministro Pres

rg ISSN: 2007 - 2600

ESCRIBEN:

» EDUARDO SOJO (INEGI) » PATRICIA CHEMOR (CONAPO) » CARLA PEDERZINI » CARLOS WELTI CHANES » GERMÁN VÁZQUEZ SANDRÍ » EMMA LILIANA NAVARRETEN

compleja dinámica

demográf ica

LLEGÓ A LA TELEVISIÓN. No te pierdas nuestro programa en Todos los martes a las 22:00 horas

EDITORIAL

a asistencia social en México tiene literalmente una historia de siglos. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, la nación mexicana se ha caracterizado por su capacidad de promover y ejercer la solidaridad, la ayuda mutua, y la cooperación comunitaria para hacer frente a muchos de los dilemas y problemas sociales que se enfrentan de manera cotidiana. A lo largo de los últimos 500 años se han construido diferentes esquemas de atención e instituciones para la protección de las personas vulneradas, los cuales han evolucionado desde el paradigma de la caridad cristiana, hasta las modernas visiones y construcciones teóricas y de política pública, en torno a la asistencia social entendida como uno de los principales ejes de responsabilidad estatal en el marco de la Política Social. Como bien lo explicaba Gilberto Rincón Gallardo, la asistencia social se ha consolidado como parte del mundo de las instituciones, pero también como parte de los principios elementales de actuación de las personas, de tal forma que pareciera a veces que siempre está o va a estar ahí. En ese sentido, con un solo día que las instituciones "ya sean públicas o privadas" de asistencia social dejaran de funcionar, su ausencia y vacío sería de tal magnitud que, sin exagerar, podría ocasionarse un grave conflicto social. Desde esta óptica preocupa que, en la mayoría delos espacios públicos y privados vinculados a los temas sociales, se minimice y desprecie a la asistencia social, a la cual se le califica ahora como mero “asistencialismo”, confundiéndole con el “paternalismo” o el “clientelismo” que ha caracterizado a diversos programas sociales.

Frente a lo anterior, debe comprenderse que la asistencia social es uno de los instrumentos privilegiados con que cuenta el Estado mexicano para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar para todas y todos el acceso al pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales. En esa lógica es necesario asumir a la asistencia social como el conjunto de medidas y decisiones de política pública, que deben ser diseñadas con un doble propósito: 1) detener el proceso de vulneración de derechos de quienes se encuentran en condiciones de exclusión; y 2) restaurar sus capacidades para la exigencia y ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución. Dada la relevancia que tiene para el país la asistencia social, en esta edición presentamos las visiones de expertas y expertos que, desde diferentes perspectivas, coinciden en un punto central: es un elemento insustituible en el marco de las políticas sociales, y a la par, constituye uno de los sectores que requieren de mayor fortalecimiento, a fin de potenciar sus capacidades tanto en el ámbito nacional como en el estatal y municipal, para proteger los derechos de las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social. En particular le agradezco profundamente, a nombre del Consejo Editorial, a Sara Sefchovich su generosidad y trabajo, con base en el cual se seleccionaron los temas, pero, sobre todo, se logró la extraordinaria convocatoria para la construcción de este número; nuestro reconocimiento también para: Clara Jusidman, Clara Scherer, Teresa Incháustegui y Sara Murúa por su compromiso de siempre con esta agenda. Adicionalmente, incluimos un fragmento del Prólogo escrito por Gilberto Rincón Gallardo, al libro “La Asistencia Social en México: his-

MARIO LUIS FUENTES Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

toria y perspectivas”, en el entendido de que la visión ahí planteada por Gilberto constituye una guía clarificadora respecto de la complejidad implícita en la categoría de la “asistencia social”. Es importante destacar que a partir de esta edición México Social inicia una etapa de colaboración con el Museo Nacional de Arte (munal) y con la Asociación Civil “Amigos del munal”, a través de la cual estaremos ofreciendo a nuestras y nuestros lectores diversos textos e imágenes mediante los cuales buscaremos mostrar, desde la mirada del arte, la complejidad de la cuestión social y cómo ha sido creada y recreada por artistas nacionales. De ahí la portada que presentamos este mes de agosto: “La Caridad Romana”, del maestro Luis Monroy, obra en la cual se sintetiza la potencia y "por qué no decirlo también" la dimensión estética de fenómenos de alta complejidad tales como el hambre, la injusticia, la solidaridad y la capacidad de asumir una responsabilidad infinita con los demás.• a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

TU V I SRI IÓSNM O D ES O CO C IYAULN T U R A

¿Qué es eso llamado

ENIGH?

El objetivo de la ENIGH es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución. A partir de este año la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) cambia su estructura, pues se adoptan las recomendaciones de la ONU emitidas en la 17ª Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo y en el Reporte del Grupo de Canberra.

a Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ofrece información sobre: a) las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar; b) las carac-

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

terísticas de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar; está compuesta por cuatro variables, que son: 1) el ingreso corriente; 2) el gasto corriente monetario; 3) percepciones financieras y de capital; 4) erogaciones financieras y de capital.

CONCEPTOS CLAVE Ingreso corriente Es el máximo de recursos a los que el hogar puede acceder de manera regular, que estén disponibles para el consumo de bienes y servicios, y que su gasto no altere el patrimonio del hogar. Está compuesto por las siguientes categorías: Ingreso Corriente

Ingreso del trabajo

Renta de la propiedad

Transferencias

• Remuneraciones por trabajo subordinado • Ingresos por trabajo independiente • Ingresos de otros trabajos

• Ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades • Arrendamientos de activos tangibles y financieros

• Jubilaciones, pensiones • Becas provenientes del gobierno y de instituciones • Donativos en dinero provenientes de otros países • Beneficios provenientes de programas gubernamentales • Transferencias en especie de otros hogares • Transferencia en especie de instituciones

Estimación del alquiler de la vivienda

Otros ingresos corrientes

CONMEMORA EL PRI 95 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA ALÍ CHUMACERO a secretaria de Cultura del cen del pri, Beatriz Pagés encabeza la reunión en la que amigos L y hombres de letras recordaron la vida y obra del poeta nayarita La secretaria de Cultura del cen del pri, Beatriz Pagés, encabezó en la sede de la Fundación Miguel Alemán A.C., la ceremonia del 95 aniversario del natalicio del poeta Alí Chumacero, quien fue recordado por sus principales obras literarias y su extenso trabajo como editor. Hombres de letras y amigos del escritor nayarita, se reunieron en la Biblioteca de dicha Fundación, donde se revivieron anécdotas y leyeron poemas de quien fuera director de la revista Letras de México y gran promotor del Fondo de Cultura Económica. Pagés Rebollar señaló que el poeta “ocupa un lugar prominente en la vida literaria e intelectual de México”. Agradeció a Felipe Garrido, Hugo Gutiérrez Vega, Jaime Labastida y Vicente Quirarte, colaboradores y amigos cercanos del poeta, su presencia para hacer esas remembranzas de manera más íntima el trabajo, la amistad y la trascendencia en la vida de las letras del ganador del premio Xavier Villaurrutia. Metódico, Alí Chumacero daba rienda suelta a su talento cuando empezaba a trabajar, siempre gozó del placer sin lastimar a su prójimo, este homenaje es un pequeño tributo a una persona, que como el Príncipe Feliz, reparte riqueza a g osu sto 2013 MÉXICO SOCIAL sin importarle su persona, riqueza que se traduce en trabajo editorial y en poemas.

V { IESDI IÓTNO RD IEA LC}O Y U N T U R A La siguiente tabla muestra el ingreso total promedio trimestral por hogar, agrupado por deciles, de los años 2008, 2010 y 2012. Deciles de Hogares Total I II III IV V VI VI VIII IX X

Total Nacional 2008

2010 2012

42 865 7 136 12 460 16 792 20 986 25 628 31 501 39 381 50 084 69 159 155 525

37 574 38 125 6 633 6 997 11 673 11 794 15 611 15 734 19 650 19 513 23 973 23 914 29 059 28 862 35 605 35 570 45 089 44 849 61 133 61 014 127 313 133 003

Gasto corriente monetario Es el desembolso que un hogar tiene que realizar para atender sus necesidades y cumplir con sus compromisos. El gasto corriente da cuenta de los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo, además del gasto regular no destinado al consumo. En este concepto no se considera el gasto que modifica el patrimonio del hogar o el de cualquiera de los integrantes de éste. Percepciones financieras y de capital A diferencia de los ingresos corrientes, estas percepciones modifican (aumentan o reducen) el valor neto del patrimonio del hogar y no satisfacen los criterios de regularidad y destino. Dentro de esta categoría se encuentran: a) Retiro de inversiones, ahorro, tandas, caja de ahorro. b) Préstamos recibidos de personas ajenas al hogar, o de instituciones c) Percepciones patrimoniales en especie d) Transferencias en especie no regulares, provenientes de otros hogares Erogaciones financieras y de capital Son transacciones monetarias destinadas a la compra de bienes muebles e inmuebles, objetos valiosos, activos físicos y no físicos que modifican el patrimonio del hogar. Algunas de las variables que se registran en este rubro son las siguientes: a) Cuota pagada por la vivienda propia b) Servicio y materiales para reparación, mantenimiento y/o ampliación de la vivienda c) Depósito en cuentas de ahorro, tandas, cajas de ahorro, etcétera d) Préstamos a terceros e) Pago por tarjeta de crédito al banco o casa comercial f) Pago de deudas de los integrantes del hogar a la empresa donde trabajan y/o a otras personas o instituciones g) Pérdidas en los negocios del hogar h) Otras erogaciones financieras y de capital

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

C D

DISFRUTO Y APOYO AL ARTE

CONOCE EL PROGRAMA COLABORA Y APOYA AL MUSEO DISFRUTA DE LOS BENEFICIOS ANUALES HAZTE

AMIGO

Vence: 07/13

Alejandra Ramírez Olvera Miembro desde: 07/10

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@amigosmunal amigosmunal

TURISMO SOCIAL

CLAUDIA RUIZ MASSIEU Secretaria de Turismo. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana; cursó una especialidad en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España; y es candidata a Doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Asistente de Investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se ha desempeñado como profesora en las áreas de Derecho Constitucional y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad Anáhuac. Fue Diputada Federal de la LXI Legislatura, Secretaria de la Comisión de Gobernación e integrante de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; y se desempeñó como Coordinadora del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

Un sector

estratégico El Turismo Social debe ser promotor del desarrollo regional y del crecimiento económico de nuestro país. La experiencia internacional ha demostrado la importante estrategia para impulsar el turismo con acciones que impulsen el consumo nacional, de forma incluyente y sustentable, siempre que se involucren todos los sectores de la sociedad

El turismo social consiste en llevar

el turismo a todos los sectores de la sociedad

e involucra a otros productos del turismo como el cultural y el ecoturismo, y a otros actores como empresarios, academia y gobierno

Antecedentes

l Presidente Peña ha enfatizado que el turismo es un sector estratégico para el crecimiento de la economía, y que para impulsarlo es necesaria la coordinación interinstitucional y de los diversos sectores de la sociedad. El desarrollo del sector se impulsará mediante los cuatro ejes de la Política Nacional Turística: ordenamiento y transformación sectorial; innovación y competitividad; fomento y promoción; y sustentabilidad y beneficio social. De esta forma, convertiremos a México en un destino de clase mundial.

El concepto de Turismo Social surge en Francia a finales de la Segunda Guerra Mundial, entendido como un derecho de los trabajadores a disfrutar de vacaciones pagadas. Así, el Estado francés estableció programas y créditos para construir infraestructura y apoyos a los trabajadores, mediante vales y descuentos, que les permitieran acceder a la actividad turística como un derecho laboral. Se abrieron rutas, hoteles y hospedajes, restaurantes y bistrós, destinos y ferias. La estrategia atrajo mayor inversión privada, promoviendo el desarrollo regional y el crecimiento del sector hasta posicionar a Francia en el primer lugar de atracción de turistas. En 2012 recibió 83 millones de visitantes extranjeros(I) y a finales de 2011 su turismo doméstico representó el 83%(II) del consumo turístico total. Después de Francia, el Turismo Social fue incluido en la política pública de otros países europeos como Bélgica, Reino Unido y España bajo el mismo concepto de derecho de los trabajadores, al tiempo de ser una herramienta para impulsar el desarrollo regional. En México el turismo social comenzó a considerarse en la política pública a partir de los años setenta. Sin embargo, éste fue entendido bajo una perspectiva asistencial o retribu-

tiva para los trabajadores, lo que fue desvirtuando su sentido original. De esta forma, cuando escasearon los recursos por las crisis económicas, se canceló el subsidio al Turismo Social. A partir de los años noventa surgieron propuestas del sector privado y social para generar actividades de ecoturismo, deporte, salud, cultura y recreación, entre otras, con un enfoque social. Al paso del tiempo se han incluido bajo el esquema de Turismo Social los principios de accesibilidad, solidaridad y sustentabilidad para el desarrollo de las comunidades. Actualmente Europa, además de ser la región más visitada del mundo, es la que cuenta con el mayor porcentaje de turismo doméstico a nivel global: en Rumania equivale al 94% del turismo total; en Bélgica al 90%; en España y Portugal es el 85%(II); mientras que en México el turismo doméstico equivale al 86% del total(III). En conclusión, el turismo social no debe ser considerado como una actividad de asistencia a los trabajadores ni dirigido a las personas con escasos recursos. El turismo social consiste en llevar el turismo a todos los sectores de la sociedad y por ello involucra a otros productos del turismo como el cultural, ecoturismo y de aventura, deportivo y religioso, así como a otros actores de la sociedad como empresarios, academia y gobierno. a g o s t o 2013

MÉXICO SOCIAL

T { UE DR I TS OM RO I AS LO}C I A L Muchos mexicanos aún no tienen la oportunidad de conocer todas las riquezas de su país; aún queda trabajo por hacer en cuanto a la

diversificación de oferta, promoción de destinos y el desarrollo de programas para que más mexicanos conozcan nuestro país

El Turismo Social en México En los últimos años los esfuerzos de atracción de turistas estuvieron enfocados hacia el turismo internacional. Sin embargo, la actual administración del Presidente Peña Nieto ha reconocido la necesidad por generar una oferta accesible a todos los sectores de la sociedad que se acompañe de una adecuada estrategia de información y promoción. Para ello, el Presidente Peña Nieto ha instruido a conformar una agenda de competitividad de los destinos turísticos de México en donde es primordial la participación coordinada de prestadores de servicios

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

turísticos; tour operadores; entidades gubernamentales; los tres niveles de gobierno; y organismos sindicales, comunitarios y ciudadanos. Se debe aprovechar la infraestructura con la que ya cuenta el país: seis centros integralmente planeados (CIP) en Cancún, Los Cabos, Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Loreto y Litibú en Nayarit. Este último bajo los preceptos de sustentabilidad. En estos desarrollos el gobierno ha proveído la infraestructura (carreteras, alumbrado público, agua potable, etcétera) y el sector privado ha invertido en los desarro-

llos hoteleros y de recreación. Como resultado, Cancún se ha posicionado como el principal centro turístico del país y los otros CIP son destinos de calidad internacional. Se cuenta, además, con el Programa Pueblos Mágicos, y se están desarrollando nuevas rutas turísticas para ofrecer mayor diversidad en la oferta. Adicionalmente, se está trabajando en la certificación bajo el distintivo de Accesibilidad para generar destinos turísticos que también puedan ser disfrutados por personas con discapacidad. En general, México cuenta con infinidad de atractivos naturales, culturales, sociales y arquitectónicos, y muchos mexicanos aún no tienen la oportunidad de conocer todas las riquezas de su país. Aún queda trabajo por hacer en cuanto a la diversificación de oferta, promoción de destinos y el desarrollo de programas para que más mexicanos conozcan nuestro país. Por ello, las estrategias de Turismo Social se encaminarán conforme a las cuatro directrices de la Política Nacional Turística a fin de desarrollar y consolidar una oferta integral hacia los diferentes segmentos de la población y que, al mismo tiempo, represente una fuente de empleo y de ingresos que promueva el desarrollo regional y el crecimiento económico de nuestro país.•

REFERENCIAS: I. Barómetro Mundial del Turismo, Abril de 2013. Organización Mundial del Turismo. II. Eurostatindicators, 2013. http://epp.eurostat. ec.europa.eu/. III. Indicador Trimestral de la Actividad Turística. INEGI. IV. Estudio de Viabilidad del Turismo Social en México. Cestur y Universidad Autónoma Metropolitana. 2012.

T { UE DR I TS OM RO I AS LO}C I A L

ECONOMÍA DEL TURISMO

La importancia del turismo a nivel internacional tiene un impacto directo en las economías de todos los países. El Consejo Mundial de Turismo y Viajes registra en sus informes que el turismo es la industria más grande del mundo, superior a la del automóvil, el acero, productos electrónicos y la agricultura

JOSÉ LUIS CASTRO GÓMEZ Fundador y Socio Mayoritario de Corporate Travel Services, S. A. de C. V. (CTS). Empresario mexicano egresado de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Inició su trayectoria laboral en la agencia considerada como "la madre" de todas las agencias de viajes: Wagonlit Mexicana. Hace más de 16 años su pasión por el turismo lo motivó a formar su propia agencia de viajes, CTS, que hoy en día se ha posicionado como la empresa líder en la gestión de viajes de negocios, no solo en el país, sino también internacionalmente.

a g o s t o 2013 MÉXICO SOCIAL

n México, según la Secretaría de Turismo, la actividad turística contribuyó en el primer trimestre de 2013 con el 9% del Producto Interno Bruto, generando 7.5 millones de empleos, 2.5 millones de ellos de manera directa. Lo anterior representa que esta industria es la tercera fuente de captación de divisas y participan de esta actividad más de 43 mil empresas. El turismo es una actividad de mucha jerarquía, que permite el desarrollo nacional, especialmente sobre la redistribución de la renta, sobre la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, el Producto Interno Bruto y sobre las economías regionales. En México y en otros países, el turismo constituye un sector económico de máxima importancia, tanto por los ingresos de divisas que aporta, como por el considerable volumen de empleo directo e indirecto que genera. El turismo es un sector que re-

cientemente ha registrado una expansión en todo el mundo. Cuenta con un desarrollo relativamente reciente, y como tal, todavía está mostrando un crecimiento sostenido. Los involucrados en el sector turístico sabemos de lo relevante de esta actividad, cuya importancia económica genera movilidad no sólo financiera, sino también social para el desarrollo de cualquier país. La meta del turismo, abordado desde sus diferentes ángulos, es satisfacer las actividades del viajero de negocios que, lejos de casa, requiere servicios de alimentación, alojamiento, transporte, diversión, condiciones de trabajo, pero, fundamentalmente, trato humano. El sector turismo no es una moda en las economías modernas, pero ha crecido hasta convertirse en una actividad de importancia y significado mundial. En varios países, el turismo es el producto más grande en su comercio internacional.

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Hablando de México El turismo mexicano ha generado una derrama económica importante para el país, donde los prestadores de servicios buscan una mayor difusión y atención hacia los turistas nacionales, creando nuevos polos turísticos y recreativos. Gracias a la industria del turismo se han mejorado y rehabilitado diversas vías de comunicaciones y transportes. Entre otros factores, gracias al turismo se remodelan los aeropuertos, se actualizan los sistemas de telecomu-

nicaciones, se genera la apertura de créditos para nuevas infraestructuras de hotelería y prestación de servicios, se abren y remodelan centros de esparcimiento, diversión y espacios que el turista requiere para su estancia. Gracias al turismo se mejora la imagen de una ciudad, una localidad y por consecuencia se crean las condiciones de vida y disfrute de quienes viajan y quienes reciben a los visitantes. Gracias al turismo muchas ciudades en nuestro país han mejorado en su economía y en su seguridad pública. De ese tamaño es la industria del turismo en nuestro país y también el esfuerzo que realizan sociedad, empresa y gobiernos.

El gran reto del turismo del siglo xxi La importancia del turismo social

permite las condiciones necesarias que dan acceso a un gran sector de la población que carece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo comercial, pero que también tiene necesidades humanas de recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes. Es una forma de turismo, más ligado a la naturaleza, a la protección del medio ambiente, es familiar, que tiene a la persona como su centro. Muchas veces administrado por asociaciones sin ánimo de lucro, sino como un servicio social, como lo ofrece turissste y turimss. Este turismo merece especial atención y, sin duda, en breve estará en un punto de crecimiento que permitirá generar una movilidad económica importante y que se sumará al turismo de negocios que actualmente mueve a la economía de México.• Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

El turismo, entonces, es la suma de los fenómenos y relaciones que surgen de la interacción de turistas, proveedores de negocios, gobiernos y comunidades anfitrionas, en el proceso de atraer y alojar a estos turistas y otros visitantes, con las derramas que su presencia genera.

Gracias al turismo muchas ciudades en nuestro país han

mejorado en su economía y en su seguridad pública. De ese tamaño es la industria del turismo en México, y también el esfuerzo que

realizan sociedad, empresa y gobiernos

7.5 millones de empleos generó el turismo, 2.5 de ellos de manera directa

a g o s t o 2013

MÉXICO SOCIAL

9 de agosto: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas Para el año 2010, el 9.9% de la población total de México formaba parte de pueblos indígenas (11,132,562 personas) Las entidades con mayor porcentaje de personas que forman parte de algún pueblo indígena son: Yucatán- 50.39% (985,549 personas) Oaxaca- 45.22% (1,719,464 personas) Chiapas- 31.5% (1,511,015 personas) Campeche- 22.1% (181,805 personas) Guerrero- 18.7% (635,620 personas)

60% de las personas mayores de 5 años que viven en hogares indígenas en México son hablantes de alguna de las 65 variantes de lenguas indígenas; de éstos, 81.6% hablan también español.

1,227,701 personas que viven en hogares indígenas no hablan español

1 DE CADA 5 ES ANALFABETA* De las 7,367,918 personas que forman parte de pueblos indígenas mayores de 15 años:

1,582,420 son analfabetas (21.4%) 1,410,571 no cuenta con ninguna instrucción escolar (19.1%)

1,356,700 cuenta con instrucción primaria terminada (18.4%)

1,303,878 tiene instrucción secundaria terminada (17.7%)

* Estos datos hacen referencia al nivel de instrucción o de alfabetización en español. Actualmente no existen datos confiables en estos rubros de las personas hablantes de alguna lengua indígena.

DESPROTEGIDOS De los 38,020,372 mexicanos que no son derechohabientes de ningún sistema de salud el 12.2% (4,657,042) forman parte de pueblos indígenas.

472, 413 indígenas tienen alguna discapacidad, lo que representa el 4.2% del total de las personas que forman parte de pueblos indígenas en México. El 37.9% (4,224,691) de las personas que forman parte de pueblos indígenas en México está adscrita al Seguro Popular.

SIN TRABAJO, SOBRE TODO LAS MUJERES De la población mayor de 12 años que forma parte de pueblos indígenas:

4,213,748 se encuentran inactivos, de este total, el 75.5% (3,183,098) son mujeres 144,165 se encuentran desocupados, el 14.9% (21,490) son mujeres, mientras que el restante 85.1% (122,675) son hombres.

HOGARES INDÍGENAS: LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA POBREZA En México hay 2,426,290 viviendas que tienen como jefe de familia a una persona que forma parte de algún pueblo indígena, de las cuales: 72.5% cuentan con agua entubada dentro de la vivienda 63.6% tienen drenaje 92.4% cuentan con electricidad 19.3% tienen piso de tierra 64.3% cuentan con radio 70.8% tienen televisión 47.1% cuentan con refrigerador 15.7% tienen teléfono 27.8% cuentan con lavadora 8.7% tienen computadora

UN PAÍS QUE ENVEJECE La población mexicana vive un acelerado proceso de envejecimiento que demanda urgentemente acciones y políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de quienes actualmente son adultas y adultos mayores -uno de los grupos con mayor rezago social y discriminación-, y garanticen que los millones de mexicanas y mexicanos que para 2050 pertenecerán a este grupo etario recibirán la atención, los cuidados y la calidad de vida digna que, como sujetos de derechos, merecen

A D U LT O S M AY O R E S

revolución del envejecimiento La

Queremos resumir la discusión sobre el envejecimiento en dos perspectivas: una mirada cuantitativa y otra cualitativa; en una, estamos agregando más años a la vida, y desde la otra, no necesariamente agregamos más vida a los años. La tensión entre estas dos perspectivas es lo que enriquece el debate sobre el envejecimiento en el mundo y en México

l envejecimiento demográfico es uno de los fenómenos modernos más interesantes por sus repercusiones en la vida económica, social y cultural. México no escapa a este proceso, y lo más relevante es que, dada su propia dinámica e historia demográfica, las características del envejecimiento se dan de manera particular. Actualmente el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (celade, División de Población de la cepal) considera a México como un país en etapa avanzada de su transición demográfica, con niveles de mortalidad y fecundidad en constante descenso, pero con un crecimiento considerable (Chackiel, 2007). Hoy en México, el porcentaje de la población con 60 años y más representa el 8.96% de la población en general que, para el 2010, era de 112 millones de hombres y mujeres. Esto significa que tenemos en el país poco más de 10 millones

VERÓNICA MONTES DE OCA Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Es Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Población por el Colegio de México.

MIRNA HEBRERO

de personas que experimentan la vejez de acuerdo a nuestros patrones multiculturales. Este segmento de la población está creciendo a una tasa promedio anual de 4%, por lo que se estima que para 2050 una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más (Consejo Nacional de Población, 2006). Pero el mayor crecimiento de personas en la etapa de vejez también está acompañado de una mayor longevidad, es decir, no sólo alcanzan la vejez más personas, sino que duran en ella más tiempo, llegando a vivir en edades muy avanzadas. De acuerdo con el Censo de 2010, en el país tenemos más de 700 mil personas con 85 años y más (inegi, 2012); además, actualmente la esperanza de vida de la población mexicana es de 75 años, poco más para las mujeres y menos para los varones. Pero, hoy en día, al llegar al umbral de los 60 años se espera que una persona pueda vivir 22.39 años más (Consejo Nacional de Población, 2002).

Doctora en Estudios de Población por el Colegio de México.

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MÉXICO SOCIAL

A { ED DU ILTTOORS I AMLA}Y O R E S CON MARCADAS DIFERENCIAS

Distrito Federal Nuevo León Coahuila Baja California Jalisco Colima Tamaulipas Sonora Chihuahua México Aguascalientes B.C. Sur Zacatecas Morelos Nayarit Sinaloa Durango Guanajuato Tlaxcala Querétaro Q. Roo Veracruz Michoacán Yucatán S.L. Potosí Hidalgo Puebla Campeche Tabasco Oaxaca Guerrero Chiapas

Edad

Existe una heterogeneidad demográfica en la edad mediana de la población y el porcentaje de personas con 60 años y más en cada entidad, con consecuencias relevantes para el desarrollo del país

Muy bajo

Bajo Edad mediana 2

Medio

Alto

Muy

% población 60 o más

Edad mediana, porcentaje de personas con 60 años y más y grado de marginación por entidad federativa, México, 2010. Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012). Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico; conapo (2011). Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, México, conapo.

ES LA TASA PROMEDIO anual de crecimiento de este grupo de población

1 de cada 4 PERSONAS

tendrá 60 años o más en 2050

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La edad mediana y el porcentaje de adultos mayores varían sustancialmente en las diferentes entidades federativas que muestran grados de marginación muy variables. De esta forma, en el grupo con muy alto grado de marginación se encuentran Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con las más bajas edades medianas, pero en donde Oaxaca presenta una proporción de población con 60 años y más superior al 10% y Chiapas en el opuesto, con sólo 7.3%. Estas tres entidades presentan desafíos en materia de envejecimiento y también retos para superar la pobreza y marginación en el resto de los grupos de su población. Otro segmento de entidades federativas es aquel con alto grado de marginación. Aquí lo que se observa es una tendencia similar, si bien es más uniforme la edad mediana, en donde algunos estados como

Veracruz tienen un mayor porcentaje de población con 60 años y más (10.5), en contraste se ubica Tabasco, con un porcentaje de 7.5% de personas adultas mayores (Ver gráfica). En el otro extremo se ubican las entidades federativas con el menor grado de marginación, aquí se ubican entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y Baja California. La edad mediana más envejecida de las 32 entidades del país corresponde al DF, así como el mayor porcentaje de personas adultas mayores, con ello, el Distrito Federal continúa siendo la entidad atípica del país, con una transición demográfica más avanzada.

Una mirada cuantitativa Desde el primer enfoque, los grandes progresos al prolongar la existencia se han

adjudicado a la ciencia médica a través de una serie de avances quirúrgicos, fármacos y tratamientos, pero es reciente y limitada la atención preventiva, centrada en el autocuidado de la salud y la promoción de estilos de vida saludables. Además, no se ha puesto suficiente atención en dotar de un mayor sentido humano a la prolongación de la existencia, lo que significaría producir un cambio en las desventajas sociales que aquejan a la población más pobre del país. Para profundizar la desigualdad, la lógica neoliberal calcula el costo en salud que se requerirá para atender a éste segmento de la población que de acuerdo a su propio envejecimiento y a los determinantes sociales que les tocó vivir, pueden padecer tanto enfermedades transmisibles como no transmisibles como consecuencia del régimen epidemiológico mixto en México (Samper-Ternent, Michaels-Obregon, Wong, Palloni, 2012). El discurso neoliberal es parcialmente válido, ya que a nivel nacional poco más del 40% de las personas con 60 años o más eran derechohabientes en alguna institución de salud (Conteo General de Población y Vivienda del año 2005), pero lo que sí es cierto es que esta población transitó por cambios en las causas de muerte entre 1980 y 2005, ya que las enfermedades transmisibles que representaban un 32.1% en 1980 pasaron a 13.1% en 2005; las enfermedades no transmisibles de 45.4% a 74.3% respectivamente; y los accidentes y lesiones de 15.8% a 10.7% en el mismo periodo (García y Gloria, 2006). La mayor presencia de enfermedades no transmisibles de larga duración nos alerta sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tanto nutrición y atención médica preventiva universal, lo que representaría un cambio sustancial en los determinantes sociales de la salud en México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la atención médica preventiva en el primer nivel de atención es mucho más económica y eficaz que los grandes tratamientos curativos y poco eficaces. Otro aspecto importante es el tema de las pensiones y las alarmantes estimaciones que se han hecho sobre el costo finan-

ciero que implicarán a razón de la mayor longevidad de los pensionados. Esta afirmación también es parcialmente válida ya que en México sólo el 25 % de las personas con 60 años o más cuentan con pensión y dentro de ellos hay regímenes privilegiados que gastan la mayor parte de los recursos financieros (Ham y Ramírez, 2011). La gran mayoría de los pensionados sólo cuenta con ingresos mínimos provenientes del imss o del issste. En los organismos internacionales cada vez hay más consenso sobre la pertinencia de la pensión universal en la vejez, no sólo porque es el mecanismo más eficiente para enfrentar el proceso de envejecimiento en las sociedades sino porque permite a los individuos ahorrar y prevenir enfermedades no sólo en ellos, sino también en sus familias. La pobreza en la vejez es inadmisible en un país con riqueza humana, social y natural. Hoy ante la crisis financiera que enfrentan los países europeos, las generaciones más jóvenes se han visto protegidos y apoyados por las pensiones de los mayores. En nuestro país el acceso a una pensión descansa en la más absoluta desigualdad, derivado de los diferentes niveles de desarrollo económico del país (servicios, industrial o agrícola) y de la calidad en administración pública en materia de seguridad social en ciertas regiones del país, pero también de la ausencia de un Estado de derecho que proteja a las personas de las desigualdades del desarrollo económico. Por ejemplo, para el año 2000, en Nuevo León el porcentaje de personas adultas mayores con pensión era de 35%, mientras que en Chiapas era del 5% (Garay y

La pobreza en la vejez es inadmisible en un país

con riqueza humana, social y natural. Una sociedad que dignifica a la vejez es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro a g o s t o 2013

MÉXICO SOCIAL

A D U LT O S M AY O R E S

El sector formal de la economía es débil ante el crecimiento del mercado informal donde las personas no pueden ahorrar, no pueden cotizar para tener una pensión y tampoco pueden atender en su totalidad sus necesidades en materia de salud sin que ello implique un gasto de su propio bolsillo

Sólo 25 %

DE LAS PERSONAS CON 60 AÑOS O MÁS CUENTAN CON PENSIÓN

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Montes de Oca, 2011). La participación económica de los mayores en el mercado de trabajo, con respecto a este panorama, tiene un comportamiento inverso a la presencia de pensiones por seguridad social. Es decir, uno observará mayores tasas de participación económica en la vejez cuando más desprotección en materia de seguridad social exista. El comportamiento es preocupante, porque el país sufre un paulatino desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y los ahorros de los trabajadores se han transferido al sector privado, lo cual no garantiza la exención de lucro en los servicios y la pérdida de los ahorros de los trabajadores para alcanzar una pensión mínima. Además, el sector formal de la economía es débil ante el crecimiento del mercado informal donde las personas no pueden ahorrar, no pueden cotizar para tener una pensión y tampoco pueden atender en su totalidad sus necesidades en materia de salud sin que ello implique un gasto de su propio bolsillo.

Darle más vida a los años Si pensamos ahora en esta segunda perspectiva, tendríamos que cambiar los determinantes sociales que producen muertes prematuras por enfermedades transmisibles, accidentes y muertes violentas, y

concientizar a la población sobre asumir el autocuidado de la salud y la adopción de estilos de vida saludables, y atención preventiva y curativa para atender todas las necesidades de salud, lo cual implica una cobertura efectiva universal en salud y no sólo atención básica a través del seguro popular. Tendríamos que mejorar y ampliar los sistemas de educación hasta edades avanzadas que doten de sentido la nueva trayectoria de vida de las personas mayores, a fin de que la longevidad pueda vivirse con calidad de vida. Igualmente, implica darle más atención a la vida con un mayor uso del tiempo en aspectos culturales y de aprendizaje donde los propios mayores sean partícipes de ese desenvolvimiento, pues su experiencia acumulada es central en este proceso. Darle más vida a los años significa contar con ingresos suficientes, y una perspectiva de género que disminuya la inequidad entre ser hombre y mujer en la vejez. Requiere también comenzar a orientar a las jóvenes generaciones de este proceso y de que existen amplias probabilidades de una mayor sobrevivencia en edades avanzadas a fin de procurar planeación en su curso de vida. Una existencia con más vida atraviesa la necesidad de crear empleos que de manera directa e indirecta den satisfacción, autocontrol, protección al trabajador y sus familias, y mejoren sus ingresos sin llegar a la inútil acumulación. Nuevos mecanismos de solidaridad deben ser instrumentados desde las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que acciones colectivas acompañen los procesos de cambio social y demográfico. Para un país donde las familias son el motor central de la existencia es necesario fortalecer las relaciones intergeneracionales, y dotar de sentido y responsabilidad la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos que permitan mayor calidad en los servicios sociales y de salud que atienden a todos los grupos de la población. Una sociedad que dignifica a la vejez es una sociedad que asegura la dignidad de su futuro.•

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Un grupo que demanda

modelos de atención La demanda de servicios y de atención del creciente grupo de población adulta mayor en nuestro país es cada vez más diversa. Ese 9% de la población, según el INEGI (2010), se conforma por un grupo heterogéneo en tanto a su situación de vida y a las necesidades que habrá de atender

egún datos de la CELADE/CEPAL (2006), en 1950 el porcentaje de envejecimiento en la población mexicana era del 7.1%. Descendió en 1975 a 5.7%, y se elevó en 2000 a 6.9%. En tanto que para 2025, se incrementará al 13.9%, y para el 2050 hasta 26.5%. Seremos también más longevos. Se estima que en 2020 la esperanza de vida será de 78 años, y en 2050 los mexicanos vivirán en promedio 81 años, según proyecciones del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI, 2000). En 2010, según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), 3.5 millones de personas mayores de 65 años en México se encontraban en pobreza. De ellas, 800 mil vivían en pobreza extrema. Respecto a los derechos sociales, se observaron rezagos importantes en esta población en varios aspectos, como el educativo (66.2%); la carencia por acceso a los servicios de salud (26.6%); por el acceso a los servicios de se-

ROSAURA ÁVALOS PÉREZ Profesora Investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es Licenciada en Trabajo Social por la ENTS (UNAM), Maestra en Antropología Social por el CIESAS, DF, y cursa el doctorado en Antropología Social de la UNAM. Está adscrita a la Coordinación de Investigación de la ENTS, y actualmente es docente en el Diplomado Envejecimiento Exitoso de la ENTS. Es coautora del libro Migración, redes sociales transnacionales y envejecimiento. Un estudio de las redes familiares de la vejez en Guanajuato. rosauraap@gmail.com

guridad social (28.8%); por la calidad y el espacio de sus viviendas (10.4%); así como la carencia por acceso a la alimentación (21.4%). También se reportó que el 19.2% de este grupo etario tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El incremento de la población y de los años de vida son un reflejo claro del éxito de diferentes esfuerzos del Estado (en el siglo pasado) en la instrumentación de políticas sanitarias, educativas y de infraestructura, por nombrar algunas; así como de aquellas acciones que de manera individual se llevaron a cabo, como la promoción del autocuidado y el evitar los accidentes mortales, entre otras. Aun con todo ello, hay varias las asignaturas pendientes a las que habrá que ponerles atención, como lo muestra el CONEVAL. Es importante señalar que la diversidad del envejecimiento de la población está fuertemente relacionada con las características de los lugares en que vive y a los diferentes factores (biológicos, sociales, culturales, a g o s t o 2013

MÉXICO SOCIAL

A D U LT O S M AY O R E S Es importante contar con una visión en la que los adultos mayores se miren como un grupo que tiene mucho que abonar todavía a la sociedad, y, al mismo tiempo, la sociedad también tiene mucho que retribuirles a ellos. Quizá valdría la pena repensar en “una sociedad para todas las edades”

78 años

se estima que será

LA ESPERANZA DE VIDA en 2020

años

Será en 2050 (INEGI)

políticos, económicos) que se ven involucrados. Ser viejo implica no sólo considerar la edad, sino también las relaciones sociales que se establecen, incluso la percepción que se tiene de ella. De ahí que envejecer en el ámbito urbano, en el rural o pertenecer a un grupo indígena dota de condiciones de vida diversas y da cierto sentido a la vejez. El tema del envejecimiento es un tópico que, en nuestro país, ha llevado a diversos estudiosos de múltiples disciplinas a generar un cúmulo de conocimientos sociológicos, antropológicos, demográficos, que dan cuenta de la situación que prevalece en esta

MODELO DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Marco de los derechos

Política Social

Líneas estratégicas: • Salud • Empleo • Vivienda • Educación • Seguridad y asistencia social • Recreación y cultura • Entornos favorables

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Perspectiva de género

Diagnóstico Gerontológico

Programación de las acciones Fuente: Elaboración propia, junio 2013.

Marco Bioético

Redes Sociales de Apoyo

Evaluación

Sistematización

En la heterogeneidad del envejecimiento, llama la atención lo que varios autores conocen como la feminización de la vejez, pues, según datos del INEGI (2010), las proyecciones de vida son mayores para ellas. Para 2030, las mujeres apenas rebasarán los 80 años de vida, en tanto que los hombres tendrán una esperanza de vida de 76 años. Aunque ello no significa que esos años más de vida los vivan en mejores condiciones, sino en que muchas ocasiones la pobreza, la enfermedad y los maltratos son características de esa etapa de la vida de las mujeres.

materia, así como de los problemas que se asocian a este fenómeno (Montes de Oca, 2010; Montes de Oca y Garay, 2010; Ham, Ramírez y Valencia, 2008; Arroyo, 2009; Benítez, 1998; Quintanar y Teracena, 2008; Enríquez, 2007; González –Celis y Padilla, 2006; Reyes, 2002; Vázquez, 2003; Casas, 1998). Si bien el tema ha permitido desarrollar múltiples investigaciones, también ha concedido mostrar los problemas que están asociados a las condiciones en las que la población envejece. Dichos problemas son un tema que requiere de un conjunto de acciones que brinden atención a esa población que se encuentra en desventaja social. De ahí la importancia de diseñar modelos de atención que conjuguen esfuerzos de diferentes niveles para generar operaciones que lleven a dejar atrás esas condiciones desventajosas que no permiten que las personas adultas mayores gocen de calidad de vida. El modelo, apunta Viscarret (2007), nos sirve para traducir las situaciones a las que

se enfrenta el profesionista que pretende explicar lo que ocurre y dar cuenta de lo que está pasando con el envejecimiento de la población. El modelo sirve también para orientar y guiar la práctica profesional, para que ésta se encuentre fundamentada y garantice una mayor adaptación al problema que se va a atender. El escenario que se nos presenta en torno al envejecimiento de la población en este siglo XXI marca un conjunto de retos a nivel gubernamental, institucional, comunitario, familiar e individual. De ahí que lo que se propone es diseñar modelos de atención que permitan perfilar las acciones que en materia de salud, educación, empleo, vivienda, recreación y cultura que se puedan llevar a cabo en el contexto nacional, estatal, municipal, e incluso a nivel comunitario. La intención implica un esfuerzo multidisciplinario, con claros paradigmas sobre el envejecimiento, en un marco de derechos y con una guía ética para llevar a cabo esa atención.

3.5

millones

DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS en México se encontraban en pobreza en 2010

800 mil

VIVÍAN EN POBREZA EXTREMA (CONEVAL)

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A D U LT O S M AY O R E S Esta inquietud me ha llevado a proponer un esquema que traza y entreteje algunos de los elementos arriba mencionados. Considerar un modelo de atención para las personas adultas mayores implica pensar de manera macro y micro social, pensar en las interrelaciones que tienen los aspectos socioculturales e institucionales que entran en juego. Involucra también los recursos existentes, así como las limitantes que se tienen para desarrollar las acciones; y, de manera general, enlaza las intenciones con las acciones. Así pues, a continuación se muestra el esquema que podría guiar el diseño de los modelos de atención. Finalmente, el modelo es una de las varias opciones que tenemos para brindar una atención más sistematizada, integrada y, sobre todo, con una amplia posibilidad de retroalimentar el quehacer profesional que día con día nos demanda el cambiante perfil del envejecimiento de la población. Con una debida capitalización del modelo, se abrirá la posibilidad de atender los rezagos de aquella población que ya vive la

vejez, y permitirá la adopción de medidas precautorias en aquellos grupos que están envejeciendo. Es importante contar con una visión en la que los adultos mayores se miren como un grupo que tiene mucho que abonar todavía a la sociedad, y, al mismo tiempo, la sociedad también tiene mucho que retribuirles a ellos. Quizá valdría la pena repensar en “una sociedad para todas las edades”, que, por otro lado, ya en la década de los años noventa se promovía. En la heterogeneidad del envejecimiento, llama la atención lo que varios autores conocen como la feminización de la vejez, pues, según datos del INEGI (2010), las proyecciones de vida son mayores para ellas. Para 2030, las mujeres apenas rebasarán los 80 años de vida, en tanto que los hombres tendrán una esperanza de vida de 76 años. Aunque ello no significa que esos años más de vida los vivan en mejores condiciones, sino en que muchas ocasiones la pobreza, la enfermedad y los maltratos son características de esa etapa de la vida de las mujeres.•

REFERENCIAS: I. ARROYO RUELAS CONCEPCIÓN (2009). Dependencia y cuidados en la vejez avanzada de hombres y mujeres en la ciudad de Durango. Un análisis de la subjetividad y la formación de identidades. Tesis de doctorado en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social, UANL, México. II. BENÍTEZ-ZENTENO, RAÚL (1998) La transición demográfica en México: problemas y consecuencias. En Benítez-Zenteno, Raúl. Población y Políticas en México. Antología, Miguel Ángel Porrúa, Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Sociales, México, pp. 13-81. III. CASAS TORRES GARCIELA (1998). Violencia intrafamiliar en la tercer edad. En Revista de Trabajo Social No. 20 Enero - Marzo, ENTS UNAM, México, 1620 pp. IV. Centro Latinoamericano y Caribeños de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL (2006). Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Santiago de Chile. V. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)( 2010). Población Adulta Mayor y Pobreza. Nota informativa. México VI.GONZÁLEZ -CELIS ANA LUISA Y PADILLA ADRIANA (2006). Calidad de Vida y Estrategias de Afrontamiento ante problemas y Enfermedades en Ancianos de la Ciudad de México. En Univ. Psychol. Bogotá (Colombia) 5 (3): 501-509, octubre-diciembre de 2006 VII. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2000) XII Censo General de Población y Vivienda. México. VIII. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010) Censo General de Población y Vivienda 2010. México IX. MONTES DE OCA VERÓNICA Y GARAY SAGRARIO (2010). Los arreglos familiares en la vejez: cambios y permanencias en los hogares mexicanos, 1992 – 2006. Ponencia presentada en el X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, SOMEDE y El Colegio de México. Del 3 al 6 de Noviembre. X. MONTES DE OCA, VERÓNICA (2010). Pensar la vejez y el envejecimiento en el México contemporáneo. En Revista Renglones, No. 62 Marzo – Agosto Universidad Jesuita de Guadalajara, 159 -181 pp. XI.QUINTANAR OLGUÍN FERNANDO Y TARACENA RIUZ B. ELVIA (2008). Reconocimiento del envejecimiento a partir de eventos significativos en acianos rurales en México y España. En Psicología y Salud, Julio – diciembre, ano/vol. 18 número 002. Universidad Veracruzana, Xalapa México, pp. 155 - 164. XII.REYES GÓMEZ, LAUREANO (2002) Envejecer en Chiapas. Etnogerontología Zoque. Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de México XIII.VÁZQUEZ PALACIOS, FELIPE (2003). Contando nuestros días. Un estudio antropológico sobre la vejez. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México XIV.Viscarret Juan Jesús (2007). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Editorial Alianza, Madrid.

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GRUPO BIMBO COMPLETA SU CICLO SUSTENTABLE EN MÉXICO Grupo Bimbo, una empresa con más de 60 años de historia en México, y que actualmente tiene presencia en 19 países de 3 continentes, ha mostrado una evolución constante en sus programas para reducir la huella ambiental de sus operaciones y alcanzar el objetivo de convertirse en una empresa 100% sustentable.

n el marco del pilar planeta, brazo ambiental de su programa de Responsabilidad Social Empresarial Sembrando Juntos, Grupo Bimbo ha implementado numerosos proyectos para cubrir necesidades en materia de reducción de huella de carbono, huella hídrica y el manejo integral de residuos. En este sentido, la reducción de la huella de carbono suma dos esfuerzos fundamentales para la empresa, relacionados con las propias características de ésta, el uso eficiente de la energía y el desarrollo de tecnología en vehículos.

En octubre de 2012, Grupo Bimbo fue más allá, inaugurando el Parque Eólico Piedra Larga, construido en el estado de Oaxaca y que abastece de energía eléctrica a todas las instalaciones del Grupo en nuestro país. Este Parque es hasta ahora el más grande del mundo dedicado a una empresa de la industria de los alimentos. El 18 de julio inauguró en presencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Dr. Miguel Ángel Mancera, el Primer Centro de Ventas Ecológico, situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta vez, logrando conjuntar todas las áreas de protección al ambiente

Corte de listón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y Daniel Servitje, Presidente y Director General de Grupo Bimbo.

en un solo proyecto: sistemas de ahorro de agua, celdas solares, muros verdes y manejo de residuos. Adicionalmente, con energía generada en Piedra Larga, se abastecerá a 73 vehículos que darán servicio a esta zona de forma respetuosa con el medio ambiente, y para los cuales la propia empresa ha desarrollado tecnología de motores eléctricos. El compromiso con la sustentabilidad ha permeado desde los directivos hacia los colaboradores, clientes, inversionistas y consumidores. Grupo Bimbo ha logrado alinear sus intereses comerciales, sociales y ambientales.•

“Flota movida por el viento”

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COLABORACIÓN ESPECIAL

SUSAN PICK Doctora por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y Directora de Yo quiero Yo puedo (IMIFAP). Fue Investigadora invitada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Es miembro del SNI (Nivel III) y de la Academia de la Investigación Científica. Fue presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP); miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Americana de Psicología (APA), así como del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Forma parte del Consejo Editorial del Journal of Applied Psychology y de la Revista Interamericana de Psicología, y ha fungido como asesora de las Secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social de México y otros países de América Latina.

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UNA NUEVA MENTALIDAD Cuando hablamos de un “cambio de mentalidad” podría estar implícito que percibimos nuestra cultura, valores y hasta nuestra esencia como algo negativo y por lo tanto algo que debemos cambiar... no va por ahí el asunto. Veamos. Recuento de nuestro México

dos horas muere una mujer por cáncer de mama. Y así podemos seguir y seguir…

Somos el lugar 50 de 65 países en educación, y sólo 16 de cada 10 mil habitantes estudian algún tipo de posgrado. Por otro lado, ocupamos el segundo lugar en corrupción, a unos pasos de Haití, con el primero. Asimismo, somos el 12° lugar en salario mínimo, en comparación con 20 países de América Latina, por debajo de Guatemala, Haití y Honduras. En lo que se refiere a productividad, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), México ocupaba en 2010 el lugar 16 de una lista de 42 países con los peores niveles de productividad en el mundo respecto de Estados Unidos, lo cual no ha cambiado en los últimos años. Además, en materia de salud resulta que 8 de cada 10 niños tienen obesidad o sobrepeso; una de cada tres mujeres embarazadas es menor de 20 años de edad y cada

¿Qué tienen en común estas problemáticas? Durante casi 30 años Yo quiero Yo puedo (imifap), una organización civil mexicana, ha trabajado de manera innovadora en educación, salud, ciudadanía y productividad, y hemos encontrado que en la medida en la que se educa y se comunica esperando que las personas queden bien con las demás, obedezcan ciegamente sin reflexionar o sigan normas que obstaculizan el desarrollo personal, tanto en casa, en la escuela, en la comunidad o en el trabajo, lo que se está haciendo es favorecer una cultura donde la responsabilidad personal no es de cada persona sino “de los otros” o de factores externos. Algunos ejemplos son las conocidas frases “me equivoqué por tu culpa”; “pobre de ti, vas a ver con tu papá ahorita que llegue”; “si Dios quiere consigo trabajo”;

Foto: cortesía de imifap.

MARTHA GIVAUDAN

“se cayó”; “a ver si te gusta lo que hice”; “no pregunté porque me dio pena”; “me estás haciendo quedar mal”; “lo haces porque digo yo y punto”.

¿Y qué mensaje nos dan estas frases? Que el control de tu vida lo tiene alguien fuera de ti, y que lo que motiva a hacer o no ciertas cosas, no es el deseo de superación o el desarrollo del país, es la culpa, el miedo o la pena. Que las personas son aceptadas en la familia, en la escuela o en el trabajo en la medida en que quedan bien con otras aun cuando actúen de manera contraria a lo que desean o piensan. Es mejor huir del conflicto, no pensar, no enfrentar los problemas y responsabilidades y resolverlas de manera fácil y rápida, aceptando soluciones que no nos convencen, recurriendo a la corrupción y manteniéndose en lo que se espera (o crees que se espera) de ti.

Vicepresidenta Ejecutiva de Yo quiero Yo puedo (IMIFAP). Es Doctora en Investigación y Evaluación de Programas Sociales y Educativos por la Universidad de Tilburg en Holanda y Maestra en Psicología Social por la UNAM. Es miembro del SNI y del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional dePsicología Aplicada. Ha sido vicepresidentadeSociedad Interamericana de Psicología para México y el Caribe, y ha coordinado la Red para Juventud de la UNODC. Forma parte del grupo de asesores de Fundación Mentor.

Cuando se educa para obedecer a través de memorizar, en vez de analizar y reflexionar, se logra justo eso: personas que son sujetos de las decisiones, gustos, necesidades, deseos y hasta caprichos de otros, por lo cual no se responsabilizan de sus decisiones y acciones. Lo que se está haciendo es formar algo parecido a “borreguitos domados”, en vez de a ciudadanos que piensan, analizan, resuelven, comunican, negocian y se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, cuando se trata a las personas con ese enfoque, es difícil crear las condiciones de confianza, derechos e interacción necesarias para que desarrollen plenamente su potencial. No se la creen… ¿y cómo se la van a creer, si nadie les ha dado el beneficio de la duda, las herramientas para desarrollarse, para ser autónomas, para tomar decisiones informadas y actuar sobre éstas? Si en cambio la educación y la visión se centra en formar ciudadanos en los que se a g o s t o 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL

EL DATO Empoderamiento intrínseco Es un cambio de mentalidad sostenible y no transitorio, pues los individuos pasan a ser agentes de cambio que actúan a partir de un proceso que es parte de ellos mismos y no a partir de alguna retribución, aplauso o regalo externo

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confía, y a quienes se busca que participen, que se responsabilicen, que piensen, y a los cuales se quiere apoyar para que se desarrollen en plenitud, el tipo de formación y de interacción en los diferentes ambientes debería ser a través de un enfoque de competencias, que incluya el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos a través de aprender a pensar y de disfrutar el aprendizaje.

El control en sus manos Es así como las personas van mejorando su rendimiento en la escuela, siendo mucho más productivas en sus trabajos y desarrollándose en un ambiente que contribuye a la protección de riesgos para la salud. De esta manera previenen efectivamente embarazos no intencionados, preguntan dudas al personal de salud, se responsabilizan de hábitos de nutrición, se relacionan con otras personas de manera asertiva y no violenta y generan modelos de conductas responsables en diferentes ámbitos; es decir, cada persona, cada ciudadano es un agente de cambio, no tan sólo un sujeto del mismo. Esto significa que ya no esperan que otras les den, les resuelvan y les regalen, sino que cada persona asume el control de

Foto: cortesía de imifap.

La enseñanza basada en competencias logra cambios estructurales en las personas que apuntan hacia un desarrollo humano, social y económico que lleva al tan esperado cambio de mentalidad en beneficio del desarrollo social de nuestro país

su vida, de su participación y de su responsabilidad en diferentes ámbitos. Se encarga y responde por las consecuencias positivas o negativas de sus tareas, de informarse y cuidar su salud; de preguntar, cuestionar y aclarar en casa, en el salón de clases; de ir más allá de lo esperado en su trabajo; de demandar mejor atención en los centros de salud; de denunciar delitos y violencia; y de cuidar su medio ambiente. Lo que sucede cuando se forma a las personas, desde la infancia o en cualquier época de su vida, para analizar, solucionar, decidir de manera informada y responsable; y comunicarse clara y directamente, es que pasan de ser meros sujetos que siguen con la misma inercia de varias generaciones a ser personas que toman el control de sus vidas en sus manos. Son seres capaces de exigir sus derechos y ejercer sus obligaciones, y, lo que es más, se comprometen a ello, logrando una participación personal y social que logra mejoras continuas en su calidad de vida y el desarrollo de su comunidad. Yo quiero Yo puedo (imifap) ha logrado resultados significativos en este sentido, en diferentes grupos de la población a través de la implementación de talleres vivenciales basados en habilidades y competencias. Entre los principales resultados está en tan sólo un año el incremento de más de 20%

FORMANDO AGENTES DE CAMBIO Como resultado de formar ciudadanos a través de un enfoque de competencias, el desarrollo de habilidades y el gusto por el aprendizaje, las personas: • Mejoran su rendimiento en la escuela • Son más productivas en sus trabajos • Cuidan su salud • Se relacionan de manera asertiva y no violenta • Asumen el control de su vida • Denuncian delitos y violencia • Cuidan su medio ambiente • Exigen sus derechos y ejercen sus obligaciones • Participan en el desarrollo de su comunidad

Foto: cortesía de imifap.

en pensamiento crítico en niños, lo que significa que niños y niñas aprenden a reflexionar y a pensar; se incrementa la motivación para el estudio, aumenta en más de 20% el interés científico y disminuye en 24% de deserción escolar. En adolescentes se incrementa el ejercicio responsable de su sexualidad y la toma de decisiones informada; por ejemplo, se ha registrado un aumento de 21% en conductas de prevención de vih/sida. Los padres y madres de familia que participan en los talleres aprenden a prevenir desde la muerte de cuna en los bebés, hasta la obesidad en los niños escolares y el embarazo en la adolescencia, al contar con información y estrategias de comunicación efectivas sobre temas “difíciles”. Respecto a la productividad, las personas que participan en los talleres Yo quiero Yo puedo adquieren herramientas para ahorrar, iniciar sus empresas, trabajar en equipo y tener una tasa de devolución de préstamos del 98%. Y, más allá de estos resultados en cambios de conductas, su capacidad de agencia personal y de empoderamiento intrínseco aumenta también de manera significativa. Esto significa que pasan a ser agentes de cambio, que se ven a sí mismos y actúan a partir de un proceso de empoderamiento que es parte de ellos mismos; es decir, que es intrínseco, y por lo tanto sostenible y no transitorio como lo es aquel que se origina a partir de alguna retribución, aplauso o regalo externo. En diversos escenarios se ha comprobado que la enseñanza basada en competencias, que combina conocimientos objetivos y habilidades en un contexto de aprendizaje participativo logra cambios estructurales en las personas que apuntan hacia un desarrollo humano, social y económico que lleva al tan esperado cambio de mentalidad en beneficio del desarrollo social de nuestro país. Implementar una estrategia con este enfoque requiere de múltiples voluntades políticas para invertir en la formación de promotores, de líderes comunitarios, maestros, padres de familia y personal de las instituciones gubernamentales.

Se requiere crear una sinergia donde se termine con el círculo vicioso de obediencia y de “esta vida me tocó” y “así somos los mexicanos” para perpetuar el círculo virtuoso de transmisión de contenidos y de formación dirigida al empoderamiento intrínseco de las personas desde la infancia hasta la edad adulta. Se requiere de un movimiento que logre fortalecer el tejido social y de preparar a las nuevas generaciones para ser ciudadanos del mundo con todo lo que ello implica.• a g o s t o 2013

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ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL EN ESE SENTIDO, RESULTA FUNDAMENTAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL LA RENOVACIÓN DE LAS POLÍTICAS ASISTENCIALES PARA ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE SOCIEDAD JUSTA, ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL CON PLENA GARANTÍA DE LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL HUMANOS DE LA POBLACIÓN ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL e n econtenidos ro 2013 de esta sección fueron coordinados por la Licenciada Sara Sefchovich MÉXICO SOCIAL 30Los ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL ASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL

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REFLEXIÓN SOBRE LA

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on demasiada frecuencia, los debates políticos y las discusiones académicas dan por garantizada la existencia de instituciones o complejos institucionales que, a fuerza de estar instalados en el horizonte cotidiano de una sociedad como la nuestra, parecen inamovibles e invariables. Se trata de entidades con las que hemos establecido una curiosa familiaridad: la hemos contemplado siempre de manera difusa y lata, pero las echaríamos de menos en seguida si desaparecieran de nuestro espacio de actividad social. Son, en pocas palabras, instituciones que nos han acompañado por tanto tiempo que ya forman parte de nuestra identidad y referentes públicos, pero que, al mismo tiempo y de manera paradójica, continúan siendo grandes desconocidas para la mayoría de nosotros. Me atrevo a decir que éste es el caso de las instituciones asistenciales en México. Lo hemos visto durante largo tiempo como parte esencial de la actividad gubernamental y social del país, pero también hemos ido derivando su discusión hacia terrenos sociopolíticos laterales y no siempre coincidentes con los "grandes problemas nacionales".

Acaso una de las razones que podría explicar esta singular forma en que las instituciones asistenciales "están y no están" en la discusión pública y el debate académico provenga de su bajo perfil conceptual y político. La asistencia social es vista por muchos ciudadanos y, desafortunadamente, por numerosos gobernantes, como una tarea de reparación parcial y coyunturalmente determinada; como una actividad que ha de cubrir los huecos y aceitar los mecanismos precisos para que las verdaderas grandes tendencias "la producción económica, la competencia política, la estabilidad social" puedan darse sin mayores tropiezos. Todavía, para no pocos de los sujetos que definen las prioridades de la gestión estatal y el consecuente gasto público, la asistencia social parece ser una cuestión política complementaria, un incómodo, aunque necesario, compromiso con sectores sociales de los que poco puede esperarse en términos de retribución legitimadora o intercambio político. La misma palabra asistencia, bajo cuya enunciación se engloba una amplia y heterogénea serie de políticas e instituciones públicas y privadas, parece arrastrar todavía la marca peyorativa que su ilustre antecesora, la beneficencia, dejó impresa en las actividades de ayuda y apoyo a las perso-

GILBERTO RINCÓN GALLARDO (1939-2008) In memoriam Luchador social y político mexicano. Fue Presidente del Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (Conapred), y a lo largo de su trabajo luchó contra la discriminación y por los derechos de las personas con discapacidad. Fundó el Movimiento de Liberación Nacional; y contribuyó en la creación del Partido Comunista de México; el Frente Electoral del Pueblo; el Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México, el PRD y el Partido Democracia Social. Fue candidato a la Presidencia de la República en el año 2000.

*Extracto del prólogo de Gilberto Rincón Gallardo al libro La asistencia social en México, Historia y perspectivas, de Mario Luis Fuentes a g o s t o 2013

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No basta con que el gobierno haga suya la responsabilidad de las líneas estructurales de la asistencia social, sino que tiene la obligación de ampliar estas líneas bajo el modelo de un Estado distributivo y de bienestar

nas situadas en las posiciones sociales más débiles. Sin embargo, a poco que se reflexiones sobre la cuestión, se hace evidente que lo que llamamos asistencia social es uno de los reclamos esenciales e impostergables de una sociedad como la nuestra. En una sociedad traspasada por tal cantidad de carencias y desigualdades, la asistencia social no sólo debe ser reformulada para no interpretarse más como una actualización de la caridad benefactora que fue su origen histórico, sino también para mostrar que su función sólo tiene sentido en el marco más amplio de la búsqueda de una sociedad más equitativa y más participativa. En este tenor, las instituciones de asistencia social y, de manera obligada, los proyectos gubernamentales que las dirigen, tienen la obligación, no de tapar los huecos y aceitar

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los mecanismos para que el conjunto del sistema social siga funcionando como suele hacerlo, sino de revertir las condiciones generalizadas de pobreza, marginación y vulnerabilidad que son la fuente de gran parte de nuestros mayores y más dolorosos problemas de convivencia social. Por ello se hace necesaria una nueva perspectiva acerca de la asistencia, una visión de ella que revele tanto la complejidad y urgencia de los retos que actualmente enfrenta, como su vinculación al secular problema de miseria y rezago social de la nación. Aunque tenemos conocimiento del hecho de que nuestro país arrastra una larga cauda histórica de miseria y desigualdad, no deja de causar sorpresa el recuento de los variados mecanismos utilizados en el pasado para enfrentar estos problemas. A lo largo de casi tres siglos se sucedieron y embonaron las instituciones destinadas a aliviar el sufrimiento de los grupos sociales más desfavorecidos. Durante la mayor parte de nuestra historia nacional el término paradigmático es el de "caridad". En efecto, esta virtud de inspiración cristiana se planteó como la perspectiva de moral pública que dio lugar al surgimiento de las instituciones de beneficencia del país. La cristianización de México implicó, en este terreno, la prevalencia durante un largo periodo de una visión caritativa y misericordiosa ante el sufrimiento de los otros. Esta visión conjugó, en una simbiosis explosiva, la compasión por el que sufre con la convicción de que su lugar en la sociedad no está sujeto a discusión. La caridad cristiana, matriz moral y valorativa de la beneficencia, mostraba así una ambivalencia definitoria: por un lado, reclamaba de manera sincera la solidaridad con los que sufrían; por otro, no concebía que este sufrimiento y desprotección transparentara condiciones sociales de injusticia, abuso y explotación. En suma, no existía a la base de este modelo de ayuda social una percepción crítica del origen de la marginación y el desamparo, es decir, una percepción del origen sociopolítico de esas asimetrías sociales. Por ello, el modelo social de beneficencia construido sobre este

paradigma valorativo no pudo ser otro que el de la atención privada y eclesiástica a los grupos e individuos marginados. De hecho, no sería sino hasta la época de la Reforma que este estado de cosas empezaría a cambiar. Sólo la desamortización de los bienes eclesiásticos y la reducción de las prerrogativas de las instituciones religiosas podía permitir la creación de instituciones públicas y, con ellas, el surgimiento de la idea misma de un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, incluso hasta ya entrado el siglo xx, durante el porfirismo, todavía imperaba la visión de la beneficencia como caridad y misericordia antes que como derecho ciudadano o demanda política reivindicativa. En todo caso, el problema de la caridad y la misericordia como criterio único de la acción social frente a los débiles no reside en que esté originado en el cristianismo, sino en que tienden a difuminar y olvidar las razones políticas y económicas que originan las situaciones de desamparo y vulnerabilidad. Las instituciones asistenciales de una sociedad democrática no pueden reducirse a una reproducción ampliada de la beneficencia privada, sino que tienen

que ser establecidas como puntos fijos de una política de Estado. Entre la beneficencia y la asistencia sociales media no sólo un cambio terminológico ya de suyo significativo, sino también una verdadera modificación de la semántica política presente en la tarea de auxiliar a quienes se hallan en situaciones de grave desventaja. Sólo una crpitica democrática de nuestra propia sociedad nos puede permitir este paso de la beneficencia como mera generosidad y desprendimiento a la asistencia como obligación gubernamental y prioridad social. Para la asistencia como obligación política gubernamental todo acto que se quede corto respecto del problema a resolver es un fracaso moral y político. En este sentido, no es gratuito que el cambio de nomenclatura de las instituciones de beneficencia en México tuviera como justificación una reivindicación del compromiso gubernamental con una idea de asistencia como derecho ciudadano. Sin embargo, este reconocimiento de la obligación gubernamental de proporcionar atención a los sectores más débiles de la sociedad no establece, por sí mismo, ni la condición institucional ni la fuerza re-

La asistencia social no sólo debe ser reformulada para no interpretarse más como una actualización de la caridad benefactora que fue su origen histórico, sino también para mostrar que su función sólo tiene sentido en el marco más amplio de la búsqueda de una sociedad más equitativa y más participativa

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formista de las políticas públicas orientadas a la asistencia social. No basta con que el gobierno haga suya la responsabilidad de las líneas estructurales de la asistencia social, sino que tiene la obligación de ampliar estas líneas bajo el modelo de un Estado distributivo y de bienestar. Sólo en la medida en que una reflexión acerca de la asistencia social sirva para reformar y fortalecer la política social en su conjunto, podrá decirse que el estrecho concepto de la asistencia como cobertura de huecos y engrasamiento de la maquinaria social empezará a ser superado. La asistencia social no debe quedarse en el limitado terreno de ayuda a los más desafortunados para paliar las consecuencias de su situación, sino que tienen que asumir una función activa y constructiva para prevenir las situaciones de debilidad y vulnerabilidad sociales. El perfil de las instituciones de asistencia social en una sociedad moderna y plural debe estar definido por un compromiso moral y político con la promoción de las capacidades básicas de todos los miembros de la sociedad y, con mayor énfasis, de aquellos que por razones sociales o por mala fortuna

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se hallen en una situación prolongada de desventaja. La ampliación de la perspectiva de la asistencia social al terreno de la política social en su conjunto, nos enfrenta directamente con los dilemas de la desigualdad y vulnerabilidad característicos de una sociedad como la nuestra. Una concepción realista de la sociedad nos obliga a reconocer que todas las relaciones sociales funcionan bajo la lógica de la especialización y la diferenciación. Sin embargo, este reconocimiento no puede conducirnos a la justificación de diferencias y desigualdades que son evitables y que impiden el desarrollo integral de las potencialidades y talentos de los individuos. Retomando la idea de John Rawls, puede decirse que las únicas desigualdades que una sociedad democrática puede justificar son aquellas que promueven el bienestar de los miembros menos aventajados de esa sociedad. En la base de las políticas públicas asistenciales debe existir una visión moral del ciudadano que permita la definición de las metas a alcanzar y el diseño de los medios que las hagan asequibles. Pese a los indiscutibles logros en salud, educación y atención a la niñez que el Estado mexicano posrevolucionario ha podido generar, lo cierto es que difícilmente podría decirse que ha consolidado un modelo de justicia social a la altura de los requerimientos de sus propios ciudadanos en tanto que personas morales y ciudadanos dotados de derechos fundamentales. Sin duda, la concepción de una sociedad justa y distributiva va más allá de una interpretación funcionalista de las instituciones de asistencia social. No obstante, la única posibilidad de definir tanto las limitaciones objetivas de las políticas efectivas de asistencia social, como el perfil de las tareas que deberá plantearse en el futuro, depende en mucho de la formulación de un modelo normativo de sociedad democrática caracterizado por una plena "inclusividad". Puede decirse que la única vía para lograr que la asistencia social pueda ir más allá de una función meramente restauradora está establecida por su encuadramiento dentro de un proyecto global de justicia social democrática.

Es en este sentido que las instituciones "sociales" de un régimen democrático "dentro de las cuales se cuentan, por supuesto, las asistenciales" deben estar orientadas a la distribución legal, legal y sistemática de la riqueza social. La única justificación pública de un sistema democrático reside en su capacidad de elevar la calidad de vida y las expectativas de los ciudadanos que lo componen, y el diseño de una sociedad de instituciones justas es, simultáneamente, un reclamo ciudadano y una obligación gubernamental. Necesitamos evaluar la función y alcances de las instituciones sociales en México; contemplarlas no como el único resultado posible de nuestra historia compartida, sino como el fruto de determinados equilibrios de poder o de concepciones de la sociedad y prácticas políticas no siempre respaldables o asumibles desde un punto de vista democrático. El lenguaje político contemporáneo define como "política social" al conjunto de estrategias y funcionamientos institucionales destinado a enfrentar lo que genéricamente puede definirse como problemas de "justicia social". En un país como el nuestro, en el que la asimetría en la distribución de la riqueza y el abanico de las desigualdades son tan dramáticos, la cuestión social, vale decir, los retos compartidos de justicia social, se define fundamentalmente como una tarea de reducción de pobreza. En este marco, la evaluación de las instituciones que atienden las cuestiones de justicia pública pasa por el reconocimiento de que la reforma social en clave equitativa debe abocarse a una tarea de distribución de la riqueza social y a la promoción de quienes ocupan las posiciones sociales menos afortunadas. En este sentido, el sistema de instituciones que atienden la cuestión social debe orientarse más a la reducción de las condiciones de pobreza generalizada que a la mera función de paliar sus consecuencias. La reforma de las instituciones de asistencia en México no puede ser la tarea de una "gerencia social" guiada sólo por criterios de maximización y eficiencia. Su posibilidad de cambio efectivo reside en su

vinculación con un proyecto político razonable y compatible con el sistema de instituciones democráticas y republicanas que con tanto esfuerzo estamos construyendo. Una perspectiva crítica de la política social en nuestro país nos lleva a la conclusión de que la reforma estructural de las instituciones de asistencia pública sólo será posible como resultado de su sujeción a una más amplia reforma del Estado mexicano, y reformar el Estado implica generar una estructura política estable, legal e institucionalmente garantizada; un marco público de acción para la actividad política regular que haga fructíferos la competencia y el disenso políticos. Este punto está en conexión directa con la situación de las instituciones asistenciales. Uno de nuestros grandes retos políticos es hacer de la agenda asistencial y de bienestar un asunto de Estado, es decir, una prioridad nacional reconocida por los diversos actores que concurren a la competencia y al debate políticos. El gran desafío contenido en esta tarea reside en que ha de realizarse sin violentar el necesario pluralismo político y las legítimas diferencias entre los programas políticos de una sociedad tan compleja como la nuestra. Por esta razón, la reforma del Estado mexicano requiere no sólo que los actores políticos relevantes tengan la información suficiente acerca de los problemas legales y de diseño institucional que esta complicada tarea supone, sino que posean también la imaginación, la perspicacia y el compromiso políticos para doras a la negociación de una calidad democrática y constitucional más allá de toda duda razonable acerca de posibles compromisos parciales. En el contexto de una reforma democrática e incluyente del Estado mexicano, el tema de la igualdad debe ocupar un lugar central. Las tareas de las instituciones públicas deben ser establecidas bajo el criterio de que una reforma política en el marco de una sociedad con tantas formas de desigualdad sólo tiene sentido si logra romper con la lógica perversa de la injusticia en todos sus niveles.•

Es necesaria una nueva perspectiva acerca de la asistencia, una visión de ella que revele tanto la complejidad y urgencia de los retos que actualmente enfrenta, como su vinculación al secular problema de miseria y rezago social de la nación

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SARA SEFCHOVICH Es Licenciada y Maestra en Sociología y Doctora en Historia por la UNAM, institución en la que labora como investigadora y profesora. Es articulista en el diario El Universal, conferencista y novelista. Ha publicado tres novelas y libros, capítulos y artículos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros sobre sociología, historia de México, cultura, literatura, teoría, discurso y mujeres. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y llevada al cine, radio y televisión. Entre otros, ha obtenido los premios Plural de ensayo; Agustín Yáñez- Planeta de novela; las becas Inba-Fonapas y John Simon Guggenheim; y la Leona Gerard Endowed Lecture de la Universidad de California. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Un siglo de

asistencia social Llevamos un siglo de programas, presupuestos, leyes, instituciones, comisiones y planes y no hemos visto disminuir de manera significativa la cantidad de pobres ni la profundidad de la pobreza

principios del siglo XX se empezó a pensar que si un considerable número de ciudadanos de una nación tenía que subsistir por debajo de un mínimo socialmente aceptado del modelo de vida, entonces la situación sería considerada una anomalía(I); para resolverlo, se decidió que el Estado tenía la obligación de prestar ayuda a las víctimas de las injusticias sociales distributivas más flagrantes y de proteger al individuo de los lados oscuros del libre mercado(II). Así fue como la justicia social pasó de ser una cuestión moral a una de solidaridad concebida como deber del Estado. Nacie-

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ron entonces las políticas de seguridad social, consideradas el método moderno para garantizar el bienestar de las mayorías. Eso significó hacer lo necesario para asegurar la satisfacción de por lo menos los alimentos básicos; atención primaria de salud, abrigo y vivienda; condiciones sanitarias y de educación mínimas(III). En México se adoptó esa propuesta, que además era congruente con los llamados “derechos sociales” plasmados en la Constitución de 1917, entre los cuales estaba el de “emancipar al pueblo de la tiranía de la miseria”, como dijo en aquel momento el diputado Jara(IV). Por eso se crearon legislaciones e instituciones encargadas de ello, como el Seguro

de la era colonial) para los muchos que estaban fuera de las estructuras corporativas. En ella se trataba de acciones destinadas a remediar las carencias inmediatas para quienes no tenían medios suficientes de vida. Se hicieron albergues, asilos, clínicas, dispensarios, comedores públicos, campañas y programas de apoyo(VI). A mediados del siglo se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, se amplió el reparto de desayunos escolares; se abrieron plantas para la elaboración de alimentos y rehidratación de leche; se hicieron campañas de educación y vacunación; guarderías y escuelas; atención a mujeres embarazadas y programas de integración de niños de la calle. El gasto social llegó a ser del 20% del gasto total del gobierno. En los sesenta se creó la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez con propósitos similares a los del

EL ELDATO DATO

México destina 8% de su PIB al gasto social, y ocupa el 20º lugar de los países de la OCDE que asignan un promedio de 20% a ese rubro

INPI.

Social y el ISSSTE y se construyeron grandes centros hospitalarios y unidades habitacionales para atender a los sectores modernizados de la economía: trabajadores de los sindicatos de industria, petroleros y ferrocarrileros; burócratas, ejército y marina. El gobierno estaba tan orgulloso de su creación que hacía grandes discursos sobre cómo “la seguridad social realiza en su más alto grado el ideal de la solidaridad humana mientras que la asistencia responde a móviles filantrópicos, aquella tiene una orientación redistributiva, ésta un caracter remedial”(V); sin embargo, dadas las condiciones que prevalecían en el país, fue necesario también mantener y ampliar la asistencia social (cuya presencia como caridad o filantropía databa

El presidente Echeverría cambió la idea que sostenía este quehacer diciendo que se trataba de “una nueva teoría y práctica de la solidaridad social”, que consistía en convertir a la política asistencial “en un verdadero instrumento de desarrollo”, pasando de las acciones aisladas a una visión global que promoviera el bienestar. Al gasto social se destinó casi la cuarta parte del presupuesto y se echó a andar un amplio programa de salud; se crearon empresas orientadas al abasto y regulación del mercado de productos básicos (Liconsa, Diconsa, Inmecafe, fortalecimiento de Conasupo); se amplió el régimen de seguridad social para incluir a más trabajadores; y se desarrollaron programas para atender a zonas y grupos rezagados. A las instituciones de asistencia se las reformó enfocándolas hacia sectores más amplios y diversos y se hicieron llegar las ayudas hasta los rincones más apartados del país, fueran alimentos; vacunas; alfabetización; creación de empresas productivas familiares; construcción de vivienda; reforestación; fomento al deporte; atención a la farmacodependencia; promoción de la salud, de la paternidad responsable y la planificación familiar; del desarrollo de la comunidad y de capacitación en oficios y combate de plagas. a g o s t o 2013

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ASISTENCIA SOCIAL Con López Portillo se crearon el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que, siguiendo la lógica de moda, le entraron a la planificación, tal que hasta la asistencia social privada se empezó a coordinar desde las instituciones del gobierno. En ese sexenio surgieron programas de ayuda a los pobres, como el de zonas deprimidas y grupos marginados (Coplamar); el Sistema Alimentario Mexicano (SAM); el de desarrollo regional (Proder); y el de desarrollo rural (Pider); y se establecieron “mínimos de bienestar” para dar a los grupos marginados un nivel apropiado de alimentación, salud, vivienda y educación. Con De la Madrid todo cambió. El desastre económico en que estaba sumido el país cuando tomó posesión hizo que se abandonara la concepción del Estado intervencionista y se asumiera la del Estado adelgazado y eficiente: “El nuevo gobierno replanteó los principios de asignación de los bienes y servicios que proveía; por una parte, se estableció el control de precios y subsidios a ciertos productos básicos (tortillas, leche, pan), y por otra, la política social desplazó al sector obrero del centro de la escena para ocupar los recursos en atender a los grupos marginados (a los que se llamó “vulnerables”) que componían casi 55% de la población”, escribió Teresa Incháustegui. Pero el gasto social disminuyó al 17% y para 1988 a apenas 10%(VII). El DIF pasó a ser parte del sector salud y se formó el Sistema Nacional de Asistencia Social, con compromisos, estrategias, leyes y convenios que, además de los sectores tradicionalmente atendidos de niños y mujeres, agregó a los jóvenes y a los viejos (Centros de Integracion Juvenil, Instituto Nacional de la Senectud) y creó filiales en todo el país con manejo propio de recursos. El presidente Salinas jugó un doble juego: por una parte creó la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual correspondía formular, coordinar y llevar a cabo la política social del gobierno federal, y cuyo objetivo central era lograr la superación de la pobreza y alcanzar niveles suficientes de bienestar, y creó programas como Procampo, Pronasol y Progresa destinados a la ayuda directa a

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los pobres; pero, por otra parte, se mantuvo en el marco del neoliberalismo con la disminución del gasto social. Con Zedillo se decidió repartir a los beneficiarios apoyos monetarios que, según cifras oficiales, se le dieron a poco más de 2.5 millones de familias de los 23 millones que según el Consejo Nacional de Población vivían en pobreza extrema. Al mismo tiempo, las instituciones de seguridad social y de asistencia sufrieron recortes tan severos que los ciudadanos se quejaban de la falta de medicinas en aquellas y a estas se les debilitó al punto que rayó en su desmantelamiento. De hecho solo se dejó en pie la ayuda alimentaria, y aun así, según el entonces director del DIF: “900 000 niños dejarían de recibir leche y un millón se quedarían sin tortillas”(VIII). Con Vicente Fox el gasto social siguió siendo del 8%, con lo cual instituciones como el IMSS y el ISSSTE no alcanzaban a dar de manera satisfactoria sus servicios, y mucho menos podían hacerlo las de asistencia social, la cual se llevó la peor parte, porque además se decidió descalificarla. La más entusiasta en las críticas al asistencialismo fue la esposa del Presidente, quien afirmaba que “a la pobreza no se le puede vencer con las viejas políticas asistenciales y paternalistas, tampoco con dádivas o limosnas”, pero, al mismo tiempo, repartía techos de lámina y bicicletas. Al DIF se le abandonó tanto, que hasta su directora, en una declaración insólita para un funcionario, se lamentó públicamente por la falta de recursos y la imposibilidad de conseguirlos. Es muy probable que las acciones a favor de los pobres hubieran disminuído aún más, y muchas hasta desaparecido por completo, si no fuera porque las agencias internacionales decidieron que en el siglo XXI su acción sería el combate a la pobreza. El Banco Mundial, el PNUD, el BID, el FMI y la OCDE apuntaron sus baterías, ideología y recursos a ese objetivo y obligaron a los países a seguirlo. Por eso volvió a México el tema y se crearon otra vez programas o se les cambió el nombre a los que ya existían. Solo que en esa ocasión esas políticas iban con dos

Un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio del presupuesto del gobierno federal hizo evidente que durante los primeros meses del año 2012 no se destinó

“ni un solo peso” a programas de tipo social

agregados: uno, que la política social ya no solamente debía paliar las consecuencias de la pobreza, sino atacar su origen, y otro, la implantación de la estrategia de coparticipación de la población en los programas. La llamada Estrategia Contigo reunió a once secretarías de estado que debían ocuparse de ello. Se crearon programas como Oportunidades para repartir dinero (que, según dijeron, atendía a 25 millones de personas) y para empleo y vivienda (por el que, según dijeron, 40 millones habían recibido créditos al salario). El programa “Pa´ que te alcance”, que el presidente le presumió en 2003 a las agencias internacionales como “el más novedoso conjunto de acciones para atacar el problema de la pobreza alimentaria” nunca funcionó. Felipe Calderón repitió el discurso de que “la política social sería la prioridad

de su gobierno”, aunque lo hizo hasta 17 meses después de que tomó posesión. Así y todo, al poco tiempo ya anunciaba “que la pobreza extrema se redujo 23% y que la desigualdad también descendió de 48 a 43 puntos”. Al final de su mandato, aseguró que estaba entregando Oportunidades a la familia 6.5 millones; al beneficiario 3 millones de “70 y Más”; y la constancia 1 millón de Estancias Infantiles(IX); aunque por esas mismas fechas un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio del presupuesto del gobierno federal hizo evidente que durante los primeros meses del año 2012 “no se ha destinado ni un solo peso” a programas de tipo social(X). Además, según el CONEVAL, entre 2008 y 2010 “el número de personas en situación de pobreza pasó de 48.8 millones a 52 a g o s t o 2013

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ASISTENCIA SOCIAL millones” y que de esas mediciones, 30% correspondía a pobreza extrema(XI). Cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto colocó a la lucha contra la pobreza como uno de los ejes de su gobierno y en él le dio a una política pública asistencial, la llamada Cruzada contra el Hambre, un papel central. Según la SEDESOL, secretaría responsable de dicha política, el encargo tiene dos niveles: una primera fase remedial para atender las carencias inmediatas y, simultáneamente, la generación de las condiciones para que las personas salgan definitivamente de la pobreza por medio de actividades productivas y de acceso a servicios y bienes, a empleo, educación y mercado(XII). Se trata de la repetición de políticas públicas ya intentadas antes y, por lo menos en su primera fase, asistenciales, que van desde repartir despensas hasta fabricar ciertos alimentos nutritivos. Pero el gobierno se niega a reconocer que es así. Siguiendo la moda discursiva, consideran que “el combate al hambre es una inversión que permite grandes ahorros en asistencialismo”(XIII). No veo cuál es el problema de llamar a las cosas por su nombre. Tampoco veo cuál

es el problema con el asistencialismo, que es tan necesario mientras no se logre un desarrollo equitativo. Pero, en todo caso, el tema no es si se llama o no asistencialismo a una política pública, sino qué es lo que se ha hecho mal para que nunca logre su objetivo. Porque llevamos un siglo de programas, presupuestos, leyes, instituciones, comisiones y planes y no hemos visto disminuir de manera significativa ni la cantidad de pobres (con cualquier definición de pobreza que se quiera) ni la profundidad de la pobreza(XIV), ni hemos conseguido evitar que se sigan produciendo pobres(XV). Los estudiosos dan distintas respuestas a esta cuestión. La más común consiste en afirmar que se destina poco dinero para ello. Según la OCDE, México pone 8% de su PIB para el gasto social, cifra que nos coloca en el lugar número 20 de los países que la conforman y que destinan un promedio de 20% a ese rubro(XVI). Pero la más interesante es la de quienes sostienen que el problema es que la política social no ha tenido grandes innovaciones y que aunque se transformen los paradigmas de la acción social, lo que se hace en esta materia sigue siendo lo mismo que ya demostró no funcionar(XVII).•

REFERENCIAS: I. Ferenc Fehér, “Contra la metafísica de la cuestión social”, Políticas de la posmodernidad. Ensayos de crítica cultural, Barcelona, Peninsula, 1989, p. 249-50. II. Agnes Heller, “Ética ciudadana y virtudes cívicas”, en Idem., p. 212 y Fehér, p. 249. III.Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002, p. 89. IV. Luz Lomelí, “Una lectura sociopolítica de la transformación de la política social en México”, en Jorge Alonso, Luis Armando Aguilar y Richard Lang (coordinadores),El futuro del estado social, México, Universidad de Guadalajara-Iteso-Instituto Goethe, 2002, pp. 169-70 y 175. V. Teresa del Cármen Incháustegui Romero, El cambio institucional de la asistencia social en México 1937-1997,Tesis de doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, Mimeo, 1997, pp. 77-81. VI. En adelante, todo lo de la asistencia social es un resumen de los capítulos VI, VII, VIII, de Sara Sefchovich, La suerte de la consorte: las esposas de los gobernantes de México, México, Oceano, tercera edición corregida y puesta al día, 2010. VII. Incháustegui, pp.132 y 230. VIII. Mario Luis Fuentes, Entrevista con Sara Sefchovich, Ciudad de México, México, 5 de diciembre de 1998. IX. Sara Sefchovich, “Regreso al País de mentiras”, País de Mentiras, la distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana, México, Oceano exprés, segunda edición puesta al día, 2012. X. La Jornada, 19 de julio de 2012 XI. José Luis Ortiz Santillán, Analitica.com, 16 de junio de 2012; Jorge Zepeda Patterson, “La crisis que viene”, El Universal, 22 de julio de 2012. XII. Rosario Robles, reunión con editorialistas de El Universal, 22 de marzo de 2013. XIII. José Graziano da Silva, director general de la FAO, Reforma, 2 de mayo de 2013. XIV. Julio Boltvinik, “Pobreza en la ciudad de México”, La Jornada, México, 25 de enero de 2002. XV. Antonio Gazol “Mexico en la construcción de un nuevo orden económico internacional”, en Jorge Eduardo Navarrete (coordinador) La reconstrucción de la politica exterior de Mexico: principios, ámbitos, acciones, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico/ Centro de Investigaiones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2006 p. 347. XVI. Bruno Lautier, “¿Por qué es preciso ayudar a los pobres? Un estudio crítico del discurso del Banco Mundial acerca de la pobreza,” , El futuro del Estado Social, Op. Cit., p. 64. James Wolfensohn del Banco Mundial, dijo en la Cumbre Mundial de Johannesburgo que los países ricos no aportan suficiente presupuesto al combate contra la pobreza en los países pobres y que si le dieran a él 100 billones de dólareslograría en el lapso de una década reducir la pobreza a la mitad”, citado en citado en Sara Sefchovich, “¿Puede ser mejor el imperialismo?”, El Universal, 29 de agosto de 2002. XVII. Rodolfo de la Torre García en El Financiero, 12 de noviembre de 2002.

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Revisión desde un

CLARA JUSIDMAN RAPOPORT Presidenta honoraria de INCIDE Social AC y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Es Economista de la UNAM; ha sido investigadora, funcionaria pública y activista civil. Fue Secretaria de Desarrollo Social del D.F. Ha trabajado los temas de empleo, desarrollo y política social; familias, derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres, democracia, desarrollo de la sociedad civil y determinantes sociales de las violencias.

enfoque de derechos

Se está en el riesgo de privilegiar acciones de asistencia, de ayuda, de apoyo frente a situaciones de hecho, cuando los derechos ya han sido vulnerados, y no la construcción de políticas preventivas, de protección social y de desarrollo que impidan esta vulneración

El propósito del presente texto es apuntar algunos de los temas que deberían ser revisados para ubicar con mayor claridad la función de la asistencia social en el contexto de una política social basada en derechos 42

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istóricamente los colectivos que defienden y promueven los derechos humanos de grupos específicos de población como son las mujeres, las personas con discapacidad, la infancia y la juventud expresan su rechazo a sean consideradas poblaciones vulnerables y a que sus demandas sean atendidas con medidas de asistencia social llevadas a cabo por instituciones y entidades públicas responsabilizadas del diseño y aplicación de esa política. Se han negado así a quedar bajo la tutela del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y han procurado la creación de instituciones especializadas que promuevan sus derechos. Se asumen como titulares de derechos y no como beneficiarios de asistencia. Al tener en cuenta el surgimiento público de las agendas de derechos de varios grupos de población, y en vista del gran crecimiento de las personas en situación de vulnerabilidad debido al aumento de las violencias y de las catástrofes naturales en el país, parecería necesaria una discusión profunda sobre la institucionalidad estatal social a fin de fundamentar una reforma del Estado en la que se reconozca a la asistencia social como una política especializada del desarrollo social, se definan sus alcances, se delimiten los sujetos de sus beneficios, se revisen los servicios que incluye y se especifiquen los agentes públicos, privados y sociales participantes y sus responsabilidades en el sistema nacional de asistencia social. Si bien la actual Ley de Asistencia Social contiene avances sustantivos en estas materias, adolece aún de concepciones que deben ser superadas a la luz de las transformaciones sociales de las últimas décadas.

Parecería necesaria una discusión profunda sobre la institucionalidad estatal social a fin de fundamentar una reforma del Estado en la que se

reconozca a la asistencia social como una política especializada del desarrollo social

Sujetos y servicios De acuerdo con la Ley General de Salud en su artículo 167, la asistencia social se encarga de la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. También de acuerdo con esa Ley incluye un conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral. Se podría suponer que el interés expresado por mejorar y modificar estas últimas se refiere a aquellas circunstancias que son generadoras de posibles vulnerabilidades y no realmente a todo el contexto social para el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, el hecho de la propia denominación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia (DIF) como el responsable principal de la asistencia social parecería ser disfuncional, ya que en última instancia no atiende con suficiencia ni una ni otra cosa. Una ausencia reiterada en México es la de una política de desarrollo y protección de las familias, pero tampoco se puede afirmar que el DIF esté cumpliendo efectivamente con las funciones que la asigna la Ley respec-

tiva en materia de asistencia social, aún menos con la profunda descentralización de sus funciones y recursos hasta el nivel de los municipios. El Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social define con bastante claridad qué niñas, niños y adolescentes son sujetos preferentes de la asistencia social: son aquellos que se encuentran en situación de riesgo o están afectados por desnutrición; maltrato o abuso; abandono; explotación; deficiencias en el desarrollo físico o mental; etcétera. Así también se señalan con claridad los grupos de mujeres, de indígenas y adultos mayores que son sujetos de asistencia; es decir, no todos los integrantes de estos grupos de población son sujetos de asistencia social. En cambio, todos los migrantes y todas las personas con discapacidad sí lo son, de acuerdo con la Ley mencionada. Sin embargo, la fracción III del Artículo 12 incluye como servicio de asistencia social la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la representación jurídica; y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social. La fracción II considera como servicio de asistencia social la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; en la XIII la promoción de acciones y de la participación social a g o s t o 2013

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A { ES DI SI T EO NR CI AI AL }S O C I A L para el mejoramiento comunitario; y en la XIV los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral. Desde el enfoque de derechos humanos parecería cuestionable que los derechos de la infancia, los de las personas con discapacidad y de los migrantes queden incorporados en una Ley y bajo la tutela de organismos del sector salud responsables de la política de asistencia social. Igualmente, la promoción del desarrollo tanto familiar como comunitario se deja en el ámbito de la asistencia social y no como políticas especializadas del desarrollo social. Se limita con ello su integración a otros ámbitos de la política social como son las políticas de educación, vivienda, laboral y alimentaria, entre otras. Al dejarle al DIF durante varias décadas la responsabilidad de la políticas de infancia, de personas con discapacidad, de familias y de desarrollo comunitario la mirada dominante ha sido la de asistencia social y no una política de desarrollo social basada en derechos. Se está en el riesgo de privilegiar acciones de asistencia, de ayuda, de apoyo frente a situaciones de hecho, cuando los derechos ya han sido vulnerados y no la construcción de políticas preventivas, de protección social y de desarrollo que impidan que los derechos de esos grupos sean vulnerados.

Naturaleza Una característica de la asistencia social es que se dirige a atender las necesidades básicas, pero también urgentes, de individuos y grupos de individuos que no están en condiciones de satisfacerlas por ellos mismos. Se suele señalar que atiende carencias urgentes o que ponen en riesgo el sano desarrollo de las

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La Ley de Asistencia Social señala con claridad que no todas las niñas, niños o adolescentes, ni todas las mujeres, indígenas o adultos mayores son sujetos de asistencia social. En cambio, todos los migrantes y todas las personas con discapacidad lo son.

personas y que, por lo tanto, son intervenciones de carácter temporal hasta que logran revertir las condiciones que generan esas necesidades urgentes o las personas se encuentran habilitadas para atender a sus necesidades y se encuentren insertas en la sociedad. Esta característica de la asistencia social podrían conducir a pensar que desde el enfoque de derechos humanos es esta política la que responde a la obligación del Estado de garantizar la realización efectiva de los derechos humanos, especialmente los económicos y sociales, y que se refiere a las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Es interesante destacar en este sentido que la Ley de Asistencia Social no incluye como sujetos de esta política a las poblaciones que viven en pobreza, excepto a algunos grupos que sufren las consecuencias de vivir en esas circunstancias como son niñas, niños

y adolescentes que sufren desnutrición o deficiencias en su desarrollo físico o mental debido a condiciones familiares adversas. Desde el enfoque de derechos humanos el Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de los derechos humanos para todas aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas, pero ampliándolo hacia los individuos que por circunstancias ajenas a su voluntad se ven imposibilitadas de cubrir sus requerimientos alimentarios; de educación; de salud; de trabajo; vivienda; seguridad social; acceso al agua; entre otros derechos económicos, sociales y culturales. El Boletín Mensual de Derecho Comparado Núm. 80 señala que “Asistir significa ayudar o socorrer, es decir, favorecer en caso de necesidad; por lo tanto, es posible utilizar el sinónimo de beneficencia y destacar que su ejercicio se desliga total

y plenamente de la idea de lucro, y se asocia con fines humanitarios en general y actos de solidaridad para el desarrollo social (…) La utilidad y funcionalidad pública de la acción la califica de social (…) La acción es social por su finalidad”, y concluye que “es imprescindible trazar y ejecutar una política integral de protección social, entendida como una noción global de prevención y previsión, de apoyo y asistencia para el bienestar cabal del individuo, ejercida a través de sistemas y técnicas programadas por el Estado, en la que la asistencia social funcione subsidiariamente”. De acuerdo con esta postura se podría sugerir la necesidad de desarrollar un sistema de protección social que respete, proteja y garantice los derechos sociales de toda la población, dentro del cual los programas de asistencia social se responsabilicen temporalmente de los derechos de los grupos en estado de necesidad, vulnerabilidad y riesgo, o desventaja física y mental hasta que salgan de esa condición.

Protección de los derechos humanos La complejidad, la diversidad y la especificidad de las intervenciones en materia de asistencia social derivadas de las características de las poblaciones sujetas a la misma de-

terminan la existencia de diversos riesgos en la provisión de los bienes y servicios necesarios; obligan a la participación de múltiples agentes públicos, privados y sociales; y demandan recursos profesionales, tecnológicos, de instalaciones y financieros elevados. En razón de ello los riesgos de vulneración de los derechos humanos de las poblaciones sujetas a asistencia social son frecuentes y el Estado tiene la obligación de proteger y evitar su ocurrencia. Para el efecto debe desarrollar un amplio sistema de detección, registro, regulación y vigilancia de los servicios de asistencia social prestados por terceros y crear mecanismos efectivos de denuncia, acceso a la justicia y reparación del daño. Asimismo, está obligado a que los servicios de asistencia social pública sean accesibles económica y físicamente; estén disponibles con suficiencia; al alcance de las poblaciones que los requieren; sean de calidad y consideren las características culturales de las poblaciones atendidas. Lo anterior hace necesario el desarrollo de investigaciones sobre los modelos de intervención más pertinentes y actualizados para la atención de las diferentes vulnerabilidades; la preparación de personas calificadas y permanentemente actualizadas para la prestación de los servicios de asistencia social tanto

pública como privada; y el mantenimiento de sistemas de información sobre las poblaciones afectadas; las que son atendidas; y los servicios, instalaciones y profesionales disponibles. Los programas de información, comunicación y capacitación son indispensables tanto para la prevención de riesgos como para la atención adecuada de las personas sujetas de la asistencia social en razón de la diversidad y el gran número de personas y colectivos involucrados. La municipalización de los servicios de asistencia social y las transferencias de recursos públicos hacia servicios privados, como es el caso de los CRIT del Teletón conllevan el riesgo de profundizar la desigualdad en la atención y acentuar la existencia de personas atendidas con servicios de primer mundo frente a una mayoría carente de toda atención. Dentro del debate sobre la cuestión social desde un enfoque de derechos, y ante la necesidad de una nueva institucionalidad pública social, es necesario revisar la ubicación y el alcance de las políticas de asistencia social, de desarrollo y protección de las familias; de protección y promoción de los derechos de la infancia; y de desarrollo comunitario hasta ahora incluidas como atribuciones del actualmente desarticulado Sistema Nacional para la Atención Integral de la Familia.•

REFERENCIAS: I. La asistencia social municipal. [En línea] Disponible en http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOCAL [consulta el 26 de junio de 2013] II.Boletín mexicano de derecho comparado, N° 90. [En línea] Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numeros.htm III.Fletes Corona, Ricardo. Asistencia Social: alcances y limitaciones. [En línea] Disponible en http://sistemadif.jalisco.gob.mx/ceninf/centro_de_informacion/ NINO_DE_Y_EN_LA_CALLE/asistencia_social_alcances_y_limitaciones_DR_RICARDO_FLETES_COLEGIO_DE_JALISCO.pdf IV.Ley de asistencia social. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2013. [En línea] Disponible en http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270.pdf IV.Ley general de salud. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2013. [En línea] Disponible en http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf IV.Reygadas Robles Gil, Rafael. Génesis social de la asistencia, en Vinculando 10 años: 2003-2013. [En línea] Disponible en http://vinculando.org/sociedadcivil/ abriendo_veredas/13_genesis_asistencia.html a g o s t o 2013

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CLARA SCHERER CASTILLO Consultora independiente para CONALEP, el TEPJF, entre otras instituciones; editorialista de Excélsior y subdirectora de la asociación civil Inclusión Ciudadana. Es Licenciada en Pedagogía, con estudios de Maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como Integrante del Consejo Nacional del Programa Nacional de la Mujer; Presidenta de la Contraloría Social de la Comisión Nacional de la Mujer; consultora externa del Banco Mundial; y consultora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue asesora de la Fundación Voz Alternativa, y es socia tesorera de la asociación civil Inclusión Ciudadana. Fue parte del Consejo Consultivo del Partido Alianza Democrática Social y Campesina, y coordinadora de comunicación social de Iniciativa SUMA, democracia es igualdad, financiado por ONU-MUJERES.

El fracaso de la

asistencia social Si consideramos que el objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades, partiremos de una base mínima para entender cómo y por qué la asistencia social en México ha tenido los escasos resultados que reflejan las estadísticas(I)

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ero si no tenemos mucho tiempo para analizarlas, podemos observar lo que vemos día tras día en las calles, en las ciudades, en los pueblos y rancherías de México, y lo que se percibe, que no es más que el fracaso de la asistencia social. La pobreza, sin duda, priva a las personas del ejercicio de sus derechos, cuestión ésta de los derechos que, afortunadamente, ya es mandato constitucional. En México existen profundas desigualdades y la asistencia social, aunque siempre ha estado dirigida a los más desfavorecidos, en la forma de concebir sus políticas ha ido al paso de los cambios ideológicos y de los políticos. ¿Qué ha pasado que no hemos logrado avanzar en la inclusión de todas y todos los mexicanos al ejercicio de sus derechos? Por una parte, y derivado de nuestra historia, confundimos la caridad, el dar limosnas, con la asistencia, y si bien los gobiernos emanados de la revolución intentaron igualar el piso de derechos a los ciudadanos, se olvidaron de la mitad de la población: las mujeres. Igualar a los mexicanos (hombres) mediante la caridad fue imposible. Con los indígenas, por ejemplo, que “quedaron al margen de los beneficios del desarrollo”, la asistencia social ni siquiera los alcanzó. Y sucedió lo que afirma Diego Iturralde: “las actitudes racistas y las prácticas discriminatorias son progresivamente funcionales al mantenimiento de la desigualdad económica y la inequidad política y contribuyen a profundizar la exclusión y a justificarla”(II). Con las mujeres la situación fue mucho más complicada. Madres solteras siempre han existido, y regalarles suéteres o algún dinero no hace más que paliar el frío por una noche o tener para comparar un pan, pero esta actitud no abre la puerta para el acceso a sus derechos. Esta situación

de marginalidad de las mujeres cambió un poco en 1953 (hace 60 años) cuando obtuvimos el derecho al sufragio, porque se inició entonces, con muchas dificultades, el camino hacia la igualdad con los hombres en todos los demás derechos. Siguiendo el hilo de la historia, y si queremos buscarle tres pies al gato, el pensamiento conservador en México decidió que la asistencia social debía estar operada por las mujeres, quienes harían ese trabajo de manera voluntaria (sin pago, como el doméstico y el de cuidado familiar), y se crearon instituciones para organizar acciones de asistencia social, siempre bajo la mirada masculina. En México existía un monopolio partidario y con el apoyo de los actores corporativos se tuvo el soporte suficiente para que las mujeres fueran cooptadas y, por tanto, tuvieran una capacidad relativamente limitada de influir sobre la asistencia social que debe dar el Estado a las carencias, importando desde el primer momento las referidas a la problemática materno–infantil(III). En esos años, la década de los sesenta, los setenta y hasta los ochenta, casi nadie hablaba de derechos humanos y con el “desarrollo estabilizador” se pensaba que la situación de bonanza pronto llegaría para las y los mexicanos. No fue así, y lo que vivimos todas y todos fue la llamada “década perdida”.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia surge con esta visión: que las mujeres apoyen al Estado para cumplir con las personas en desventaja social. ¿Quiénes son estas mujeres? Las esposas de los políticos. ¿Qué capacidades requieren, cuánto presupuesto, cuál estrategia? En los primeros años, a nivel nacional, bastó la buena voluntad. Enfrentar problemas complejos como la desnutrición, las discapacidades o el alcoholismo por supuesto que les fue poco menos que imposible, aunque muchas se empeñaron en intentar modificar el rumbo de la historia. Por ello, no deben sorprendernos anuncios como el de Vicente Fox de que queríamos “changarros” y “vochos” para ser felices. Interesante reflexionar sobre el por qué el DIF surge como una institución federalizada que, si bien tiene como normatividad la que impulsa el DIF Nacional, en cada estado atiende a la población según sus propios lineamientos, capacidades y recursos. Lo mismo sucede en los municipios, donde las esposas de los presidentes municipales, apoyadas por familiares y amigas, persiguen sueños de muy variada trama, sin poder hacerlos realidad. En la década de los ochenta, entre crisis económicas y temblores catastróficos en la Ciudad de México, emergen con fuerza las conocidas organizaciones de la sociedad civil,

El pensamiento conservador en México decidió que la asistencia social

debía estar operada por las mujeres, quienes harían ese

trabajo de manera voluntaria, creando instituciones para organizar acciones de asistencia social, siempre bajo la

mirada masculina

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A { ES DI SI T EO NR CI AI AL }S O C I A L muchas de ellas, defensoras de los derechos humanos, aunque pocas con el anhelo feminista de alcanzar esos derechos para las mujeres. Al mismo tiempo, las esposas de los políticos tienen ya carreras universitarias; muchas de ellas maestrías y doctorados, además de empleo, por lo que el trabajo voluntario empieza a ser rechazado por falta de tiempo. El DIF Nacional se va profesionalizando, y en los DIF estatales las políticas públicas tienen un giro positivo, al dejar de hacer múltiples actividades que no resuelven los problemas (reparto de despensas, juguetes, canastillas para bebés) e intentar diseñar políticas más efectivas para superar la marginación de amplios sectores de la población. El DIF se sectoriza en la Secretaría de Salud y tratan de relegar a las mujeres voluntarias. Se crea entonces el Voluntariado Nacional, con la espo-

sa del Presidente al frente; se dota de presupuesto e instalaciones y se les asignan ciertas tareas, procurando que no impacten al funcionamiento del DIF de manera directa, pero que puedan coadyuvar a sus objetivos, como el conseguir sillas de ruedas, aparatos para las personas sordas, lentes para quienes requieren de ellos. En los estados este proceso no se da, y las esposas de los gobernadores siguen al frente del Patronato del DIF, lo mismo que en los municipios. Será casualidad o serán otra vez las ganas de buscar la lógica en las acciones del poder, pero el DIF se va consolidando como una institución que protege una cierta mirada de lo que debe ser la familia, no a la realidad de las familias mexicanas, sino sólo atiende a las que se asemejan a su ideal. Y entonces, en vez de abrir la puerta al acceso a los derechos humanos de las personas que viven

en desventaja social, protege cada vez con mayor ahínco los privilegios masculinos. Clara muestra de lo anterior fue la política recomendada ante la violencia contra las mujeres por parte de sus maridos, donde por todos los medios el DIF intentó que “la familia no se fracturara” y las mujeres debieron aguantar infinidad de humillaciones y malos tratos, política contraria a la protección de sus derechos. Por unanimidad, fue hasta 2010 que en el Senado de la República se aprueba una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Asistencia Social federal, en la que se plantea incluir una ampliación a las previsiones de preferencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las mujeres(IV). Hasta antes de esta modificación, no se tenía previsto ninguna clase de apoyo para aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica o abuso sexual.

DEL INPI AL DIF La Revista Siglo Mexicano nos cuenta que: • Allá por los años treinta, la mayoría de los niños del barrio de La Lagunilla acudían al colegio vestidos con harapos y huaraches y un vaso de pulque con tortillas duras en el estómago. Ese era su desayuno. Impresionadas por tal situación, un grupo de maestras de la escuela Luis Murrieta deciden aportar su propio dinero para la compra de pan y leche; sin embargo, su propia economía sólo les permitió alimentar a ocho pequeños. • Cambiaron los tiempos y quiso el destino que de ese grupo de mujeres una de ellas, llamada Eva Sámano, se convirtiera en la esposa de Adolfo López Mateos, quien, como presidente de la República, e inspirado en la preocupación de su mujer, el 31 de enero de 1961 decretó la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI). Este nuevo organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendría como principal propósito el proteger a la niñez por todos los medios a su alcance, así como suministrar a los escolares servicios asistenciales complementarios, en especial mediante la distribución de desayunos, tarea que ya había iniciado el gobierno en 1959, cuando se comenzaron a repartir 30 mil raciones que en muy poco tiempo fueron insuficientes. • El INPI continuó esa labor, que no será la única a su cargo, también ofreció los servicios de guarderías, jardín de niños, orientación nutricional, dispensario, banco de leche y centros de rehabilitación para personas con discapacidad. En 1975, la institución cambió de nombre por el de Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia y dos años más tarde se fusiona con el Instituto Mexicano de Asistencia para la Niñez –el famoso IMAN– para dar paso al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se conoce como DIF(V)”.

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Desde la fecha en que se puso en operación el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) (Ver cuadro) el gobierno federal le asignó ser contraparte de UNICEF. Cuando se transforma en DIF, se conserva esta relación, y por ello, el DIF se tiene que involucrar en los trabajos que llevan a la firma de la Convención a favor de la Infancia y Adolescencia (1989) y a tener el liderazgo en la materia en México. Una experiencia que marcó un rumbo distinto para la humanidad fue la firma de esa Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, promovida por James Grant desde UNICEF, en 1989. Ese fue el primer acto importante porque de ahí se derivaron, entre otras políticas, la vacunación universal, logro que resultó de la suma de voluntades, inteligencias, conocimientos y tecnologías, y que ha salvado vidas y salud a millones de niñas y niños sin importar etnia, raza, religión, color; es decir, sin distinción. Aún falta avanzar en este tema en África y algunos otros lugares del planeta, pero, sin duda, ha sido una de las lecciones más importantes para saber que cuando hay liderazgo que sabe sumar voluntades, la realidad sí se puede modificar. Y esto fue posible por considerar que lo trascendente es abrir el acceso a los derechos humanos. Esta espectacular acción impactó a algunos DIF estatales, que modificaron nuevamente su manera de actuar. Lo primero que ha quedado demostrado es que mientras no busquemos insistentemente la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados, lo demás no nos llevará al éxito. En pocas palabras, mientras no erradiquemos la discriminación y seamos capaces de ver como iguales a las otras y los otros, la asistencia social seguirá paliando por ratitos el dolor, pero no mejorará la calidad de vida de nadie. Hoy en México la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados en

Mientras no erradiquemos la discriminación y seamos capaces de ver como iguales a los demás, la asistencia social seguirá paliando por ratitos el dolor, pero no mejorará la calidad de vida de nadie

el tema de la vacunación es una realidad, y, a pesar del ejemplo, las políticas públicas siguen marchando al son de no permitir el acceso a los derechos a las personas. Sorprendente ha sido que cuando los gobiernos federal o estatales tienen entre sus prioridades el “combate a la pobreza” no recurren al DIF en busca de apoyo, conocimiento o siquiera información. Así sucedió con el Programa de “Solidaridad”, en el que no participó el DIF a pesar de su muy larga experiencia, y lo mismo sucedió con Progresa, hoy Oportunidades. Y, por supuesto, en estos programas no privó la mirada a los derechos humanos, sino la idea de que la pobreza no fuera una herencia

para las nuevas generaciones. La discriminación ha seguido haciendo su trabajo, acompañada por la violencia, que es una de sus más efectivas herramientas. La protección a los derechos humanos es una obligación de los Estados y en México está escrito en el Artículo 1º de la Constitución. Ya es, por tanto, no un acto de voluntad de quienes ocupan cargos en las instituciones de asistencia social, sino un mandato constitucional: organizarse y establecer las políticas públicas necesarias que permitan a cada integrante de los grupos que se definen como “vulnerables” restablecer el ejercicio de sus derechos, eliminando la discriminación.•

NOTAS Y REFERENCIAS: I. “La población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas entre 2008 y 2010. CONEVAL http://www.coneval.gob.mx/medicion/ Paginas/Medición/ Pobreza-2010.aspx II. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/39/pr/pr10.pdf III. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032011000100007 IV. http://heraldo.mx/la-ley-de-asistencia-social-atendera-a-mujeres-violentadas/ V. http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mexico/contenidos/recursos/revista2/1961.htm a g o s t o 2013

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A { ES DI SI T EO NR CI AI AL }S O C I A L

SARA LYGEIA MURÚA HERNÁNDEZ. Presidenta de Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C. Exlegisladora de la ALDF en 1997-2000. Autora de la LIAP 1998. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados, el Inmujeres DF y el Indesol, entre otros. Actualmente es consultora independiente en materia de género, política social y Participación Ciudadana.

LORENA VELAZCO Asesora Jurídica en OSC.

DE LA BENEFICENCIA A LA NO DISCRIMINACIÓN Atender a quienes el infortunio ha situado en condiciones de desventaja ha sido una característica de la sociedad mexicana. Nuestro país cuenta con una tradición en materia de asistencia social que se remonta a 500 años, cuando surge en el siglo xvi, sustentada en la caridad cristiana

Recuento histórico Los sismos de 1985 que afectaron a la Ciudad de México, fueron el detonador de la participación social en nuestro país; a partir de esa fecha se incrementa en forma notable el número de organizaciones sociales sin fines de lucro. Las 22 mil organizaciones que hoy existen son el reflejo del interés, vocación de servicio y solidaridad de los mexicanos; las podemos encontrar en todos los ámbitos del quehacer social, sus causas son diversas; hay las que defienden los derechos humanos; las que promueven el desarrollo social y comunitario; las que protegen nuestras riquezas naturales; las que trabajan por la educación y la salud; pero la mayoría, más del 50% del total, son de carácter asistencial. La legislación en materia de asis-

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tencia privada data del 7 de noviembre de 1899, con la publicación de Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Distrito Federal, definiendo acto de beneficencia privada como “todos los que se ejecuten con fondos particulares y con un fin de caridad o instrucción”. Por otro lado, la ley divide a las instituciones de beneficencia en dos grandes campos: el primero, las fundaciones, y el segundo, las asociaciones. Las fundaciones y las asociaciones no son propiamente personas morales, sino actividades reguladas por la ley; la primera se trata de: “(...) el acto por el cual una o más personas destinan a perpetuidad algunos bienes para determinado objeto de beneficencia privada(...)”, y entre esos objetos se encuentra la dotación de hospitales, asilos, orfanatos, o la dotación de colegios, institutos y demás

planteles para la educación primaria, preparatoria o profesional, etcétera; la segunda son “las que se constituyen entre tres o más socios, sin ninguna idea de especulación en beneficio de los mismos y para alguno de los fines indicados en el artículo anterior...”. En 1904, la ley se transforma para convertirse en Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales. El artículo primero de la nueva ley define a los actos de beneficencia privada como aquellos realizados “con fondos particulares y con un fin filantrópico o de instrucción laica”. Se sustituye el término “caridad”, que se identificaba con la religión, por el de “filantropía” que es un concepto más “laico”. Asimismo, el concepto de “fundación” cambia y en lugar de indicar que se trata de destinar a perpetuidad una serie de bienes para fines de beneficencia, se

estima ahora que se trata de actos de carácter permanente. Para 1926, esta misma ley es modificada, y el concepto de acto de beneficencia se transforma, ya que se define como “los ejecutados con fondos particulares, sin objeto de especulación, con un fin humanitario y sin designar individualmente a los beneficiarios”. En este momento se habla de una situación de necesidad del beneficiario y se determina que estos actos se realizarán frente a la generalidad. Sin embargo, el concepto de “fundación” sufre un retroceso, ya que de nueva cuenta se define como “destinar a perpetuidad algunos bienes para un objeto de beneficencia”, y el concepto de asociación se convierte en una definición vaga al indicarse que son “aquellos actos que por su propia naturaleza o por la voluntad de sus autores, no dan origen a una fundación o a una institución temporal”. En el año de 1933 en la legislación del Distrito y Territorios Federales se observan cambios en cuanto a las instituciones de beneficencia privada, se indica que son: “Las particulares que con fines de utilidad pública y no lucrativos, son reconocidas por el estado como auxiliares de la administración pública y con capacidad para poseer un patrimonio propio destinado a la realización de actos de esta índole”. Se introduce en la ley el concepto de “utilidad pública”. Esta ley además de modificar el concepto de beneficencia, también define a las fundaciones y asociaciones, como personas morales, siendo las primeras, las constituidas “para la administración de un conjunto de bienes afectados a actos no lucrativos y de utilidad pública”, en tanto que las asociaciones son “personas morales que, por voluntad de los particulares, se constituyen en los términos de esta ley y cuyos fondos consisten en cuotas de los asociados”. Para 1943 se expide la Ley de Ins-

tituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios Federales, aquí vemos que ya no se denomina a la ley como de Beneficencia Privada, se incluye por primera vez el término “asistencia”. Comentar sobre el cambio de nombre obedece a que determina el objeto de la ley, ya que regula a “sujetos jurídicos” y no sólo “actos jurídicos”. Asimismo, establece que “las instituciones de asistencia privada son entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiados”. Con fecha 1° de diciembre de 1986 se publica decreto por medio del cual se reforman diversos artículos de la ley, así como la denominación de la misma. La ley se denomina a partir de entonces: “Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal”. El año de 1991 es un parteaguas en este sentido ya que se insertan nuevas modificaciones a la ley, agregándose la disposición en el sentido de que: “Podrán acogerse a las disposiciones de esta Ley, las instituciones cuyo objeto sea ejecutar actos de solidaridad que tiendan al desarrollo social”. En la Ley de 1998 las fundaciones y las asociaciones son personas morales, siendo las primeras las que se constituyen por medio de la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la asistencia social, y las segundas las que se constituyen por personas físicas que aportan una cuota periódica o recaudan donativos para el sostenimiento de la institución. Según el fallo emitido en 1999 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “la asistencia social es materia de la salubridad general que, esencialmente, consiste en el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”; y que “la asistencia social la prestan diversos sectores, lo que ha motivado particularmente la diferenciación entre la asistencia privada y la pública atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos con que se presta y de los sujetos que la proporcionan (públicos o privados), pero que coinciden en un fin común que es la asistencia social, con independencia de la naturaleza de tales recursos(I)”. Por su parte en el ámbito federal, la Ley de Asistencia Social indica: “Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de pro-

22 mil

ORGANIZACIONES existen en el país

50% O MÁS

son de carácter asistencial

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A { ES DI SI T EO NR CI AI AL }S O C I A L Atención para alcanzar el desarrollo social

Las Instituciones de Asistencia Privada desarrollan distintos modelos de atención, algunos de corte eminentemente tradicional “asistencialista”, proporcionando servicios y productos a la población sin contraprestación alguna, sin un proyecto de desarrollo de capacidades y de oportunidades, y bajo un esquema de dependencia y subordinación

moción, previsión, prevención, protección y rehabilitación”(II). Hoy estamos ante una agenda que va mucho más allá de “la salubridad general”; concretar esta conducta propiciaría la articulación de una infraestructura integrada por dispensarios, asilos,

1899 Se publica la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Distrito Federal. La ley divide a las instituciones de beneficencia en dos grandes campos: las fundaciones y las asociaciones

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clínicas, hospitales, casas de cuna y centros asistenciales para la población solicitante, la cual tendría una carga onerosa muy grande, y lo que es más importante, no mejoraría las condiciones de vida de la población en general.

Enfrentar los graves fenómenos sociales del país requiere principalmente de que el Estado asuma la responsabilidad política y ética de garantizar a las personas y familias vulnerables el derecho a recibir servicios especializados que les permitan mejorar su calidad de vida y promover su integración al bienestar y el desarrollo, pero también demanda de una mayor participación social, lo que en otras latitudes se conoce como servicio social voluntario, con el fin de complementar el esfuerzo gubernamental en aquellas áreas donde el gobierno es débil o su saber hacer tiene un menor avance. Hasta ahora existen 22 Leyes de Desarrollo Social; 31 Leyes de Asistencia Social; y 28 Leyes de Asistencia Privada, de las cuales, 14 son de Asistencia Privada como tal, tres de Beneficencia Privada, tres de Asistencia Social y Desarrollo Humano; y ocho más que están contenidas en la Ley de Asistencia Social. Ahora, los frentes de la política social son múltiples y de magnitudes enormes. Desde el enfoque de derechos humanos el desarrollo implica el ejercicio universal, progresivo, trasnacional e irreversible de

1904

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1943

La ley se transforma en Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales. Se sustituye el término “caridad” por el de “filantropía”

El concepto de acto de beneficencia se transforma; se define como “los ejecutados con fondos particulares, sin objeto de especulación, con un fin humanitario y sin designar individualmente a los beneficiarios”

Se introduce en la ley el concepto de “utilidad pública”. Esta ley define a las fundaciones y asociaciones como personas morales

Se expide la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito y Territorios Federales y se incluye por primera vez el término “asistencia”

todos los derechos fundamentales. De acuerdo con Amartya Sen “no puede hablarse de que se ha logrado el desarrollo de una nación si no se ha alcanzado el ejercicio colectivo de los derechos sociales y si la estructura de derechos limite la capacidad de las personas para hacerse de bienes y sea, la causante de su estado de privación”(IV). Actualmente debemos de dar un paso adelante y concebir a la asistencia social no como la panacea y única solución, sino como lo que es: una atención emergente a un cierto grupo poblacional, pero para alcanzar el desarrollo social; donde hay que poner la mira es en una visión integral de los derechos humanos, eliminando la discriminación por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana, acercando a la población al libre ejercicio y goce de todos sus derechos. El Derecho internacional determina que el desarrollo social constituye “un proceso... económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población”(V), y obliga a México a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad(VI), así como a proteger y hacer exigibles los derechos sociales a un nivel de vida

adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia(VII).

El desarrollo social Son dos los factores del desarrollo social: el factor asistencia y el propio desarrollo social; lo que Amartya Sen llama dos dimensiones de la intervención social del Estado: la protección entendemos asistencia– que conlleva medidas de urgencia y “protege a grupos vulnerables de emergencias e imprevistos;” y la promoción –entendemos desarrollo–, que se logra a mediano y largo plazos y “busca mejorar las condiciones de vida y la expansión de las capacidades básicas de la población”(VIII). Una adecuada combinación de estos dos factores –asistencia y desarrollo– es la que puede llevar a un desarrollo social democrático, es decir, igualitario, que logre efectivamente un acortamiento de las brechas entre pobres y ricos y un constante mejoramiento de toda la sociedad. Desde luego, debe determinarse bien cuándo habrá que responder mediante políticas de desarrollo, cuándo mediante políticas asistenciales, y cuándo habrá que combinarlas(XIX). Esta última variable es muy importante

para no perpetuar las necesidades asistenciales. Finalmente se considera que la promoción de la participación voluntaria en beneficio social debe tener en cuenta tres aspectos: 1) La redefinición de la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales 2) El fortalecimiento operativo de estas organizaciones sociales de a través de la formación, la capacitación y más recursos para dotarlas de una mayor capacidad humana y técnica y de mejores instrumentos para la gestión y la administración de sus recursos y servicios 3) Una regulación y legislación moderna que responda a las condiciones actuales de la democracia en nuestro país, que asegure la transparencia en el origen y destino de los recursos, así como en los criterios de asignación de los mismos; y un desempeño apegado a normas y códigos de conducta que garanticen respeto a la integridad y los derechos de aquellas personas que son beneficiarias de los servicios que prestan estas organizaciones.• * Consulta las notas y referencias de este artículo en nuestro sitio web www.mexicosocial.org

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La ley se denomina “Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal”

Se insertan nuevas modificaciones a la ley, agregándose la disposición: “Podrán acogerse a las disposiciones de esta Ley, las instituciones cuyo objeto sea ejecutar actos de solidaridad que tiendan al desarrollo social”

Las fundaciones y las asociaciones son personas morales

Un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que: “la asistencia social es materia de la salubridad general”

actualmente Existen 22 Leyes de Desarrollo Social; 31 Leyes de Asistencia Social; y 28 Leyes de Asistencia Privada, de las cuales, 14 son de Asistencia Privada como tal, tres de Beneficencia Privada, tres de Asistencia Social y Desarrollo Humano; y ocho más que están contenidas en la Ley de Asistencia Social.

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¿Qué futuro TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO Socióloga de la UNAM, Doctorada en Ciencias Sociales por FLACSO. Profesora Investigadora del Posgrado en Ciencias sociales y Humanidades de la UACM, especialista en temas de género y políticas públicas. Fue diputada federal, cargo en el que se desempeñó como presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Feminicidios, secretaria en Seguridad Pública, e integrante de Gobernación y Equidad y Género.

tiene la nueva asistencia social? En los últimos treinta años se ha producido en casi todo el mundo un retroceso de los derechos sociales ligados al trabajo y una vuelta a las políticas asistenciales para los excluidos, que crecen proporcional y absolutamente en casi todos los países

a otrora seguridad social, premisa de un nuevo mundo de paz basado en la democracia con justicia social, que los triunfadores de la Segunda Guerra proclamaron como la piedra angular del progreso bajo la responsabilidad y tutela garantista de los Estados nacionales está socavada en sus cimientos; en su lugar ha sido colocada una vieja política del Estado liberal del siglo xix: la asistencia social, en su momento destinada a contener la politización popular que se veía venir de la mano del pauperismo, en un entorno económico dirigido por la desbordada ambición de lucro, sin límites morales para la explotación laboral. Cien años y dos guerras mundiales después de la emergencia de la cuestión social –que podemos datar en 1848 de la mano del movimiento cartista por el derecho al trabajo, al voto universal y la publicación del Manifiesto de Partido Comunista–, los líderes mundiales entendieron que solo un sistema social anclado en la solidaridad

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entre las clases y entre las generaciones podía generar la seguridad y certidumbre que necesitaba: el capital y las empresas para sostenerse y crecer; los trabajadores para proyectar sus vidas basadas en el trabajo digno y honrado; los jóvenes para albergar ilusiones y proyectos que canalizaran positivamente sus ambiciones; y los Estados nacionales para proyectar internacionalmente un mundo de progreso material, paz y justicia. Con esta receta financieramente sustentada en impuestos progresivos se fue fincando un modelo de sociedad garantista de derechos pretendidamente universalizables en temas como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda (en algunos casos incluyendo luz, renta y combustibles); la alimentación, el tiempo libre; los cuidados infantiles derivados del sistema de derechos ligados al trabajo (protección en el trabajo; incapacidad, cesantía, retiro o muerte). La triple alianza entre Tatcher-ReaganWojtyla, que entroniza en los ochenta el Consenso de Washington como nueva

QUÉ ES SALARIATO Régimen de derechos sociales basado en el mundo del trabajo PRECARIATO Término para referirse a la población joven educada, que sale de las universidades y no encuentra trabajo adecuado a su formación y trabajan en empleos temporales, flexibles y mal pagados

receta mundial y acelera la caída del socialismo, deja al mundo por una sola vía para el crecimiento y el desarrollo. En la idea de hacer gobernable la democracia, esta receta propende a la des-sindicalización, la flexibilidad y movilidad laboral, la contención salarial; al Estado mínimo, a la liberalización (derrumbe del modelo de capitalismo nacional) y la promoción de políticas del lado de la oferta (el mercado libre de trabas).

Del “Salariato” al “Precariato” La obra destructiva del mercado –como dirían Marx o Polanyi– hizo lo propio. En los países desarrollados se vieron emerger altas tasas de paro en trabajadores en edad productiva por la reestructuración y relocalización industrial; un creciente desempleo juvenil, empleos temporales, mal pagados, ligados al envejecimiento poblacional; familias atípicas (uniparentales); así como una gran población migrante marginalizada.

Hacia fines de los años noventa esta “nueva pobreza” indicaba el tránsito del “Salariato”, el régimen de derechos sociales basado en el mundo del trabajo (Castel, Robert, 1997)(I), que, herido de muerte, se retiraba en sus confines etarios, en las generaciones nacidas entre los cuarenta y setenta cubiertas por los diversos regímenes de bienestar en crisis, mientras que para los nacidos entre los ochenta y noventa se abría paso al “Precariato”(II). En América Latina el panorama es más complejo en cuanto este tránsito aparece ligado a una década de estancamiento e hiperinflación, fuerte caída salarial y crisis de los servicios sociales en los ochenta, seguida de una nueva ola de modernizaciones en los años noventa, que concluyen la destrucción de la economía campesina –sobreviviente de la primera ola de modernización entre 1940-1960–, desatando una intensa migración interna e internacional, acompañada de una urbanización precaria metropolinizada en ciudades medias, desindustrialización y terciarización.

En América Latina el llamado “Salariato” incorporó en sus mejores años solamente entre el 30% y el 40% de la población que laboraba, y el “Precariato”, con el crecimiento de la economía informal, pasó en los años setenta de aproximadamente de 35% a 38% a cerca de 60% para 2010

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En los noventa se comienza a hablar de una tercera rama de política social, distinta de la seguridad social ligada a los derechos laborales y a la vieja asistencia social destinada a grupos específicos: la “nueva asistencia social o política de protección social”, destinada a combatir la pobreza, la vulnerabilidad, el riesgo y la privación que se consideran socialmente inaceptables en un sistema de gobierno o sociedad 56

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Con el agravante de que en nuestros países el llamado “Salariato” incorporó en sus mejores años solamente entre el 30% y el 40% de la población que laboraba. Nuestro “Precariato” despunta, en cambio, desde los años setenta, con el crecimiento de la economía informal, que pasa aproximadamente de 35% a 38% en esos años a cerca. Los caminos de la política social para enfrentar el proceso destructivo de la solidaridad social basada en los derechos del trabajo han cursado por las pautas de desarrollo dependiente (Pierson, 2000) de los regímenes de bienestar (Gosta Esping Anderse, 1997) en cada país. Ahí donde los regímenes de bienestar fueron más igualitarios y universalistas, el Salariato se

ha mantenido bastante entero, acompañado de programas de asistencia destinados a cubrir a la población en condiciones atípicas que es creciente (países nórdicos). En los que se fundaron según categorías ocupacionales (Francia, Alemania, Austria, los Países Bajos) han surgido sistemas de asistencia para garantizar un piso básico de derechos sociales para todos, es decir, con carácter universalista, destacando los programas de Renta Básica para los excluidos. En tanto, los países liberales con regímenes de bienestar basados en el universalismo residual (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia) se ha producido una segmentación de los sistemas de protección, entre un sector cubierto por

Sin esto signifique que la nueva cuestión social se esté resolviendo(III). En América Latina, región de sociedades duales (O´Donell, 1999) donde sólo la mitad de la población a lo sumo goza de seguridad social, de la mano de las agencias internacionales para el desarrollo, en la década de 1990 se comienza a hablar de una tercera rama de política social, distante y distinta de la seguridad social ligada a los derechos laborales y a la vieja asistencia social destinada a grupos específicos (discapacitados, huérfanos, personas sin familia, etcétera). Se trata de lo que llamarán “nueva asistencia social o política de protección social” destinada a combatir la pobreza, la vulnerabilidad, el riesgo y la privación que se consideran socialmente inaceptables en un sistema de gobierno o sociedad (Conway et al. 2000:2).

Monetarización de los derechos sociales

seguros privados y el resto cubierto por la Social Security, acompañada de una diversidad de programas asistenciales para poblaciones específicas: jóvenes, ancianos, madres y padres solteros; adictos, ayudas y servicios para personas discapacitadas, etcétera. Un rasgo destacable en los países desarrollados es que en buena parte de los casos estas políticas se han distinguido por el intento de formación de redes de protección y asistencia, tejidas con la intervención de actores tanto públicos como privados y comunitarios (Tercer sector) que asignan recursos monetarios, prestan servicios y eslabonan niveles de atención más o menos articulada y exitosamente.

Como resultado, comenzando por México, se iniciaron programas de transferencias monetarias dirigidas inicialmente hacia las madres, como medida para sortear rezagos en salud y educación que perpetuaban la pobreza generacional. Dichos programas, que significaron un giro importante en el enfoque tradicional de la provisión de subsidios asistenciales públicos, tienen cuatro rasgos característicos: 1) seleccionan a familias pobres con niños y adolescentes; 2) condicionan las transferencias a la asistencia escolar (Capital humano) o de otros servicios de salud; 3) se otorgan discrecionalmente por no ser legalmente exigibles como derechos de los ciudadanos; 4) se destinan de manera directa a personas desempleadas que buscan empleo, o a personas mayores (Moreno, L, 2007 y Barrientos 2010). La nueva política ha venido acompañada de la monetarización de los derechos sociales, porque está ligada a la idea del Estado mínimo y a la subrogación de servicios sociales, cuando no de plano a su desmantelamiento. En este sentido está lejos de auspiciar la creación de redes de protección y aun de conservar del poder infra-

NOTAS: I. De acuerdo a la reflexión desarrollada por Robert Castel en la Metamorfosis del Trabajo (Ediciones Paidós Ibérica, 1997) el salariato es el nombre que da al entramado social que liga el trabajo asalariado con el funcionamiento del mercado a través de derechos sociales que permiten a los trabajadores tener una vivienda, consumir, atender su salud y la de su familia en caso de enfermedad o accidente; además de garantizar la educación de sus hijos y asegurar que a la muerte del trabajador sus hijos y esposa serán protegidos. Este régimen según el autor entra en crisis a partir de 1975, cuando por efecto de la crisis de los hidrocarburos se produce el primer estancamiento económico en los países europeos y se intensifica la relocalización industrial hacia los países de la periferia o subdesarrollados. II. Este término acuñado en Italia, se ha vuelto popular en Europa para referirse a la población joven educada, que sale de las universidades y no encuentra trabajo adecuado a su formación y trabajan en empleos temporales, flexibles y mal pagados. Se trata de los ya también llamados mileuristas (El País 23 de octubre de 2005) por que su salario mensual es mas o menos equivalente a mil euros.

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ASISTENCIA SOCIAL

III. Robert Castell señala que lo que se identificó a fines a inicios del siglo XIX como La cuestión socialhacia referencia a la incertidumbre, inquietud o cuestionamiento acerca de la aptitudes de la emergente sociedad industrial para mantener la cohesión entre sus miembros, basada en el reconocimiento de la interdependenciaentre unos y otros, a partir de la toma de conciencia de las condiciones de vida de las poblaciones que eran a la vez agentes y víctimas de la revolución industrial, cuya manifestación mas palmaria se encontraba en el llamadopauperismo.La cuestión social surgía entonces de la fractura entre un orden jurídico-político fundado sobre el reconocimiento de los derechos del ciudadano y un orden económico que generaba miseria masiva, amenazando el orden político y moral. Por lo que se plantea la necesidad de encontrar un remedio eficaz para la plaga, el Estado de Bienestar fue la salida. Una nueva cuestión social surge emperoa partir de los años 70 por la inadaptación de los métodos de gestión bienestaristas de lo social a la caída del paradigma de pleno empleo y el crecimiento de la Esperanza de Vida. Esta nueva cuestión social tiene nuevos rostros y componentes ligadas con la crisis del cuidado por el trabajo delas mujeres; con el trabajo precario, el desempleo juvenil y la diversidad social.

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LA “NUEVA ASISTENCIA SOCIAL O POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL”: • Ha venido acompañada de la monetarización de los derechos sociales, porque está ligada a la idea del Estado mínimo y a la subrogación de servicios sociales, cuando no de plano a su desmantelamiento • Está lejos de auspiciar la creación de redes de protección y aun de conservar del poder infraestructural del Estado Benefactor • No fortalece por tanto las capacidades sociales para hacer frente y revertir los crecientes riesgos de la desafiliación social, que no se reduce a la pobreza de ingreso ni a la carencia de capital humano estructural del Estado Benefactor (eb). No fortalece por tanto las capacidades sociales para hacer frente y revertir los crecientes riesgos de la desafiliación social, que no se reduce a la pobreza de ingreso ni a la carencia de capital humano. Las transferencias monetarias están además muy a tono con los enfoques económicos del “lado de la oferta” que consideran a los servicios sociales públicos en especie distorsionantes en el sistema de precios, con el conveniente agregado de que permiten elevar con cierta rapidez el consumo de los sectores pobres (a veces solo para incrementar la ingesta de refrescos y comida chatarra, además de adquirir televisores y video reproductores). Ciertamente, cumplen con al principio de mayor costo-efectividad, porque en efecto llega a los beneficiarios mayor porcentaje de centavos de cada peso invertido en estos programas. En contrapartida, generan una ética pública harto distante de la relación ciudadanía exigente-gobernantes responsables, porque estos programas de asistencia no son universalistas ni exigibles. Los gobernantes pueden elegir a quiénes se las otorgan y a quiénes no. Se hacen, por tanto, susceptibles al tráfico de votos contra apoyos y no representan por ningún lado un robustecimiento de la cultura ciudadana. Sus logros son efímeros ya que si bien pueden conseguir que un año u otro, un semestre u otro, se logre hacer pasar el ingreso de la población pobre por encima de la línea de so-

LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS: • Generan una ética pública distante de la relación ciudadanía exigentegobernantes responsables, porque estos programas de asistencia no son universalistas ni exigibles • Tienen logros son efímeros ya que si bien pueden conseguir que el ingreso de la población pobre sea superior a la línea de sobrevivencia, esto no significa en realidad que estén mejorando sus condiciones de vida • No significan que se estén desmontando los circuitos del empobrecimiento estructural y desafiliación que ponen en riesgo la paz y el progreso

brevivencia, y no significa en realidad que estén mejorando sus condiciones de vida y mucho menos que se estén desmontando los circuitos del empobrecimiento estructural y desafiliación que ponen en riesgo la paz y el progreso. La rapidez con que se revierten estos logros muestra a las claras su fragilidad.•

m a y o 2013 MÉXICO SOCIAL

Juventud La Encuesta Nacional de Valores en Juventud, 2012 presenta datos relevantes sobre la participación de la juventud en la política y sobre la percepción del mundo laboral que tienen las y los jóvenes. En esta sección presentamos ambas perspectivas

FRÁGIL DEMOCRACIA Los principales resultados sobre la participación de los jóvenes en acciones vinculadas a la política fueron: • 7.9% han asistido a marchas, manifestaciones o movilizaciones. • 8% han interpuesto quejas ante las autoridades • 10.4% han asistido a juntas vecinales • 3.4% han apoyado activamente campañas electorales • 2% han acudido a reuniones políticas convocadas en redes sociales

Interés

46% de los jóvenes declararon tener poco interés en la política, mientras que 43.2% dijeron no tenerlo 37.4% de los jóvenes atribuyeron su poco o nulo interés en la política a la deshonestidad de los políticos; 22.8% a la falta de interés; y 22.7% a no entender de política. 26.4% de los jóvenes declaró que sólo se debe participar en política por obligación; 16.8% opina que deben de participar en política cuando se obtiene algún beneficio; y 20.3% cree que se debe participar cuando se tiene información y responsabilidad

BONO DEMOGRÁFICO EN RIESGO 56.9% asegura que para tener un empleo lo más importante es la educación, mientras que el 26.6% indicó que lo más importante es la experiencia laboral Las características más deseables de los empleos para los jóvenes entrevistados son: un buen salario (84.6%), la estabilidad (42.6%) y las prestaciones (40.4%) 63.6% de los jóvenes opina que encontrar un nuevo trabajo sería difícil o muy difícil, mientras que el 21.6% cree que es fácil o muy fácil 74.3% de los jóvenes prefieren un trabajo estable, pero con pocas posibilidades de progreso 57.4% de los jóvenes entrevistados asegura que

tener una carrera profesional asegura tener trabajo, y el 57.5% dice que las personas con una carrera profesional tienen mayores sueldos que quienes no la tienen

Los que no estudian ni trabajan

31.2% de los encuestados asegura que se encuentran en esa situación porque no quieren estudiar ni trabajar; y el 26.2% afirma que es porque no pudieron hacerlo 1.3% de los encuestados cree que las personas que a b r i l 2013 no estudian ni trabajan son delincuentes MÉXICO SOCIAL 11

Las empresas solidarias mueven a México La empresa Destiladoras de Tepúa fabrica bebidas destiladas de agave en Hermosillo, Sonora. Contacto: destiladorasdtepua@hotmail.com En el Distrito Federal, Vernatur produce y comercializa sal de mar, flor de sal y aceite de limón Contacto: vernatumexico.mex.

En Veracruz: Casa Stivalet, del municipio San Rafael, se dedica a la comercialización de vino de naranja y toronja, así como de licores de diferentes frutas de la región Contacto: ventas@casastivalet.com Página web: www.casastivalet.com Cerro de la Troje elabora en forma artesanal productos derivados del café en el municipio de Coscomatepec Contacto: fajadeorocs@yahoo.com.mx Página web: www.fajadeoro.com Los Productores Agrícolas Pitsburg se dedican a la producción de naranja en Temapache En el municipio Rafael Lucio, Productores de leche la Esperanza de San Miguel producen alimentos balanceados para ganado bovino y porcino, entre otros Contacto: Product.snm@hotmail.com

En Guerrero se dedican a la producción de miel las empresas Miel de la Montaña Amuzga, en Xochitlahuaca, y Miel Tierra Grande Apícola en Hueyitlalpan Contacto: mielamuzga@hotmail.com y mieltierragrande@hotmail.com

Abriendo Caminos produce artículos textiles bordados y uniformes en Tuxtepec Contacto: inotux@hotmail.com; y en el municipio de San Pedro Totolapa la empresa Mujeres de Totolapa se dedica a la producción de mermeladas Contacto: mujeres_de_totolapa@yahoo.com

Conoce más sobre el trabajo de estas empresas en nuestro micrositio: http://esolidarias.mexicosocial.org/