A pesar que en el supuesto reparto de utilidades, a los campesinos, no nos quedan, sino las deudas, la estigrnatización, la mala fama y el peso injusto de la justicia, soportamos todos estos riesgos porque preferimos morir víctimas de la represión o por la inclemencia del trópico y las enfermedades, antes que ver morir a nuestros hijos de hambre en los andenes de las principales ciudades del país. A partir de 2002 con la asunción al poder del Presidente Uribe que se caracterizó por la extrema sumisión a las imposiciones gringas, reforzó el plan de guerra con 2 objetivos, uno acabar de una vez por todas con la insurgencia revolucionaria y dos, acabar con este modelo económico anexo, basado en los plantíos de Coca, marihuana y amapola. Recordemos que según el Doctor, Fernando Londoño, quien fuera Ministro del Interior y de Justicia en el primer Gobierno de Uribe, señaló públicamente, que para cumplir estos dos propósitos solo necesitaban 18 meses, porque según él era un problema de decisión política. En ese momento este gobierno, desencadenó la guerra más brutal de los últimos tiempos, que ocasionó un ingrediente adicional; que con el supuesto propósito de acabar con la guerrilla y las mencionadas plantaciones, lo que se ha desarrollado en los últimos 10 años, es el desplazamiento de más de 2.000.000 de Campesinos, Indígenas y Afros, como quien dice, para que el pez muera hay que quitarle el agua y para pretender acabar por la fuerza estos 2 factores hay que acabar con los habitantes del campo. Sí antes del 2002, a cada arremetida de los gobiernos de tumo y los paramilitares, en las regiones involucradas en este modelo económico anexo, nos profundizábamos más en las selvas de nuestra geografía patria, a partir de ese año se modificó la historia, ha sido tan brutal los métodos represivos que miles de familias se tuvieron que desplazar forzadamente a sus antiguas regiones de origen y si bien no pudieron regresar a estos territorios para continuar subsistiendo de esta economía, sí replicaron ese modelo en sus regiones y más que la pretensión de erradicar totalmente las plantaciones cocaleras, lo que se produjo fue el desplazamiento de estos cultivos a 23 departamentos, lo que demuestra que la famosa política antidrogas, acompañada de la mentalidad guerrerista de los gobiernos que se alternan el poder en nuestro país, se convierte como siempre, en otro de sus acostumbrados fracasos. La política, centrada en la aplicación de la guerra química impuesta por las compañías antinarcóticos operan desde 1980 y las fumigaciones aéreas, años más tarde, puede calcularse que las plantaciones y producción desde esa época hasta la presente, se han multiplicado por diez y hasta ahora los únicos efectos conocidos, somos, los campesinos, indígenas, afro descendientes y el resto de población marginada que subsiste directa o indirectamente de esta economía. Analizando el párrafo anterior, cualquiera podría concluir que lograron disminuir las plantaciones de coca en el País, pero no olvidemos que estos cosecheros temporales, más el resto de población desplazada, en los más de 30 años de trabajar en esa actividad, aprendieron a cultivarla, procesarla en su parte básica y a comercializarla, que es lo que buena parte están haciendo en pequeña escala en sus propias regiones de origen.
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